El Sistema Anticorrupción es aprobado en el Senado; ahora pasa a los congresos estatales

Será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Senado de la República remitió a los congresos estatales, para su aprobación, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción.

Durante una sesión de más de 12 horas y que concluyó en los primeros minutos de este miércoles 22 de abril, fueron aprobadas en lo particular las reservas a los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113 y 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero, Transitorios.

Además de la adición de los artículos 61, 111, 112 y Décimo Segundo Transitorio, no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que se aprobaron en sus términos.

Las artículos fueron reservados por los senadores Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín González, Alejandra Barrales Magdaleno, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Alejandro Encinas Rodríguez y Mario Delgado Carillo, del PRD.

Asimismo por Martín Orozco Sandoval, Ernesto Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Roberto Gil Zuarth y Salvador Vega Casillas, del PAN, y Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del PT, de manera respectiva.

Previamente, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general la minuta por la que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política.

También establece al Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Concluida la discusión sobre este tema, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer a la asamblea que el Senado recibió de la Secretaría de Gobernación la terna propuesta por el Ejecutivo federal.

Esto con el propósito de cubrir la vacante en el cargo del titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compuesta por José Antonio Alcántara Mayida, Felipe Ortuño Arzate y Alma América Torres Luna.

De igual forma el Ejecutivo federal propuso para el cargo de consejero independiente en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), a Héctor Moreira Rodríguez.


Además de la ratificación de José Julián Sidaoui Dib como integrante independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

Enviará INE a SCT el caso de Pavlovich y las avionetas

"Nosotros no tenemos forma de saber si esa aeronave contaba con un permiso para operar como una aeronave comercial": Benito Nacif

El caso de la candidata priista en Sonora, Claudia Pavlovich, y las avionetas llegará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) enviará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el expediente de los gastos de precampaña de Claudia Pavlovich para que proceda ante el uso aparentemente ilegal de la aeronave Cessna N233JH.

“De ser el caso habría que darle vista a la autoridad competente para conocer este tipo de infracciones que, según entiendo, son las autoridades federales en materia de Comunicaciones y Transportes”, afirmó el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización.

“No son cosas que saltan del análisis de la fiscalización, nosotros no tenemos forma de saber si esa aeronave contaba con un permiso para operar como una aeronave comercial. Esa parte no la tenemos analizada, podría hacerlo la Unidad Técnica o la Comisión de Fiscalización a la luz de información superveniente. Tenemos reunión de trabajo el próximo lunes, creo que sería el momento para plantearlo”.

Lo que estaría enviando la comisión sería el dictamen de gastos de precampaña que fue aprobado hace una semana por el Consejo General del INE y en el que aparece la aportación del uso de la aeronave que el empresario Samuel Fraijo hizo a la campaña de la candidata priista al Gobierno de Sonora.

Aunque en el expediente no aparece la fotografía de la aeronave arrendada, tanto el empresario como la candidata han aceptado que la utilizada fue la avioneta Cessna con matrícula N233JH, de bandera estadounidense e imposibilitada para ser utilizada con fines comerciales.


Adicionalmente, se daría parte a la SCT del uso de esta aeronave durante la campaña de la priista sonorense, ya que la avioneta Cessna de la empresa Acuícola Sayari fue utilizada durante el primer mes de campaña, que arrancó la primera semana de marzo, y hasta que su uso fue denunciado por el diario Reforma, la semana pasada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

Tribunal revoca suspensión de amparo otorgado a Aristegui

México, DF. Por unanimidad de tres, votos el octavo tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional concedida la semana pasada por el juez federal Fernando Silva García a la periodista Carmen Aristegui con la que se obligaba a Grupo MVS a sostener una reunión conciliatorio el viernes con su ex conductora.

Según consta en registro del Poder Judicial Federal, los magistrados, superiores jerárquicos del juez, coincidieron en que el hijo del ministro Juan Silva Meza excedió los alcances propios que permiten la figura legal de la suspensión de amparo.

Ahora habrá que esperar a que el próximo lunes se efectúe una audiencia incidental en la que el propio juez Silva determinará si sostiene su argumentos y concede una suspensión definitiva o si niega la misma.


Por el momento quedó cancelada con esta resolución del tribunal la obligación que tenía MVS de reunirse el viernes con Aristegui.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

MVS pide cambiar al juez que aceptó amparo de Aristegui

La empresa quiere que sea otro juzgador quien lleve el caso; ambas partes deberán reunirse este viernes, por orden judicial, y después asistir a una audiencia.

MVS solicitó que el juez federal Fernando Silva García deje de ser quien conozca y resuelva el amparo promovido por la periodista Carmen Aristegui, luego de que esa empresa intentara romper el contrato que tenía con la comunicadora.

De acuerdo con Reforma, MVS promovió este martes la recusación del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien ya dio luz verde al amparo que promovió Aristegui, y ordenó a las dos partes sentarse a negociar, antes de la audiencia que tendrán a finales de este mes.

El recurso promovido por la compañía fue turnado a un tribunal colegiado de circuito; ante ello, Silva debe rendir un informe en 24 horas para dar respuesta a las causas que argumenta MVS.

Si el juez niega la causa de impedimento, pero posteriormente es comprobada, se expone a una destitución del cargo y podría alcanzar una pena de dos a seis años.


El escrito presentado por MVS no es de carácter público.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aerolíneas bajo la lupa

Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación en contra de las empresas de transporte aéreo por supuestas prácticas monopólicas absolutas, lo que podría ser una de las causas de ineficiencia y baja calidad con la que opera esta industria nacional.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer ayer a través del Diario Oficial de la Federación una investigación en el mercado de transporte aéreo por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Esto significa que las autoridades cuentan con la información suficiente como para sospechar que las aerolíneas mexicanas están coludidas y manipulan el mercado para su beneficio.

Esto podría haber permitido que las empresas abusaran de los consumidores estableciendo precios más altos sin tener si quiera que ofrecer un buen servicio.

La autoridad tiene un plazo de entre 30 y 120 días hábiles contados a partir del 3 de febrero pasado, periodo que podría ser ampliado hasta cuatro veces, para publicar sus hallazgos y tomar las medidas necesarias.

En caso de que se compruebe una práctica monopólica absoluta, las aerolíneas podrían ser sancionadas con multas que equivalen al 10 por ciento de sus ingresos económicos. Por su parte, los directivos involucrados podrían ser inhabilitados por 5 años, pagar multas de hasta 200 mil veces el salario mínimo e incluso recibir una condena en prisión de entre 5 y 10 años.

“La Cofece precisa que el acuerdo sólo se refiere al inicio de un procedimiento indagatorio, sin que se hayan identificado a este momento en definitiva actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la (ley)”, explicó la comisión mediante un comunicado de prensa.

Aunque a la fecha no se puede afirmar que las aerolíneas mexicanas hayan realizado prácticas monopólicas, lo que sí es un hecho es que llevan años operando de manera ineficiente.

Actualmente, el mercado mexicano está encabezado por Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, y las dos operadoras de bajo costo Interjet y Volaris.

Mercado estancado

La industria aérea ha ganado mala fama entre los mexicanos debido a sus costos elevados y mal servicio.

Parte de este problema se debe a que las aerolíneas son protegidas por el Gobierno que cierra las puertas a la competencia internacional.

De acuerdo con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sólo el 5 por ciento de los 120 millones de mexicanos utiliza el transporte aéreo, mientras que en Estados Unidos, donde se encuentra el mayor mercado de este tipo en el mundo, es de 55 por ciento.

Parte del problema es que no existe una verdadera oferta aérea en el país. Entre el 2003 y el 2013 esta industria creció a una tasa media anual de 1 por ciento.

Asimismo, mientras que México cuenta con 318 aeronaves para uso comercial, el país de vecino tiene alrededor de 7 mil.

Esta gran diferencia es la que le preocupa a las empresas nacionales cuando se propone algún cambio a la ley que permita la entrada de competencia estadounidense.

La mejor solución

Los problemas de la industria aérea no se pueden negar, pero encontrar una solución puede ser complicado.

La competencia suele traer beneficios para los consumidores. Entre más empresas, más es la presión por satisfacer a los clientes para que no se vayan con el rival.

Es por esto que, sobre todo desde el año pasado, existen varias propuestas para realizar un acuerdo bilateral con Estados Unidos que permita una política de cielos abiertos.

Actualmente, la operación de aerolíneas extranjeras en México está sujeta a una gran cantidad de requisitos legales que representan un costo adicional. Con la adoptación de una política de cielos abiertos, los estadounidenses podrían operar en igualdad de circunstancias contra las empresas mexicanas.

Críticos de la medida afirman que con esto se acabaría la industria nacional porque no se encuentra en igualdad de circunstancias para competir.

Pero este tipo de proteccionismo perjudica más a la industria. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, México, Brasil y Colombia se encuentran entre los países de latinoamérica que tienen un marco legal alejados de los estándares internacionales.

No obstante, el año pasado surgieron protestas en torno a una posible negociación entre México y Estados Unidos para establecer una relación de cielos abiertos. Después de varios meses en los que el Gobierno sugirió que esto sería una realidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte negó cualquier tipo de arreglo ante la presión de empresas y sindicatos.


Mientras tanto, lo más perjudicados siguen siendo los consumidores.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ALEJANDRO DABDOUB.

Marzo, el mes con el mayor número de homicidios en 9 meses

Hay seis estados con incremento sostenido de crímenes en 2015, entre ellos Veracruz y Guerrero.

La tendencia a la baja en homicidios que se venía registrando a lo largo de este sexenio terminó: marzo dejó mil 441 personas asesinadas, la cifra más alta de los últimos nueve meses en México. Antes, en febrero,  ya se había registrado el promedio diario de crímenes más elevado – 50- desde el año pasado.

El estado de México, Guerrero y Chihuahua son los estados con el mayor número de personas asesinadas en 2015, pero hay seis entidades, entre ellas Veracruz y Morelos, que registran un incremento sostenido mes a mes en homicidios.

De acuerdo con las cifras actualizadas que proporcionan las procuradurías y fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se abrieron mil 310 averiguaciones previas por casos de homicidio doloso con un total de mil 441 personas asesinadas. Este número de casos y de víctimas es el más alto que se registra en el país desde mayo de 2014.


En suma, el primer trimestre de este año cerró con tres mil 853 homicidios dolosos en el país, cantidad que si bien es inferior al mismo periodo de 2014, también pone en evidencia un incremento en comparación con el último trimestre del año pasado, en el que hubo tres mil 794 averiguaciones por homicidio.

Homicidios dolosos (víctimas) | Create infographics

Homicidios dolosos  (Averiguaciones previas) | Create infographics

Desde diciembre del 2014 no se ha logrado descender del rango de al menos mil 400 personas asesinadas en un mes. En febrero se registró el promedio diario más alto de asesinatos: 50 casos cada 24 horas.

La cantidad de homicidios dolosos registrados en los tres primeros meses del 2015 pone a México con una incidencia de homicidios violentos que aún está por encima del 2009 y los años anteriores a ese, tanto en el número total de denuncias como en la tasa de casos por cada 100 mil habitantes.

El experto en temas de seguridad y narcotráfico Alejandro Hope dijo en febrero que era muy complicado que el descenso en el número de homicidios se mantuviera luego del comportamiento que se observaba en las cifras de los últimos meses. Estimó que 2015 podría cerrar con un total de crímenes casi idéntico al del año pasado o incluso superior.

El estado de México acumuló el mayor número de homicidios de enero a marzo de 2015: 498 averiguaciones previas con 560 víctimas. En segundo lugar está Guerrero con 433 expedientes y 433 personas asesinadas.  Le  siguen Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. Todas esas entidades tienen en común la presencia de células del crimen organizado.

Un dato que llama la atención es el de seis entidades del país en donde el incremento de homicidios, mes con mes, ha sido sostenido este año. Destaca Morelos, en donde la cifra de crímenes casi se duplicó en un solo mes.

Los estados con menos homicidios según la estadística oficial son Yucatán con diez personas asesinadas en los tres primeros meses del año, Aguascalientes con 12 víctimas y Tlaxcala y Nayarit con 15 casos respectivamente.

Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo señalan que más de la mitad de los homicidios dolosos de este año – 56%– se cometieron con armas de fuego.

Bajan plagios en estados, repuntan casos federales

En marzo se registraron, según los datos oficiales, 80 averiguaciones previas por secuestro a nivel estatal. Se trata de la menor cifra mensual desde diciembre del 2010 y concuerda con la tendencia a la baja que han venido reportando las procuradurías de los estados. El número de víctimas de plagio – 92 – también es el menor registrado desde el año pasado cuando se comenzó a publicar esta estadística.

La realidad es un poco distinta en los casos federales. La Procuraduría General de la República (PGR) reportó en marzo 42 averiguaciones previas por secuestro en marzo, cifra por encima de los 37 casos en febrero.

Con esto el primer trimestre del año cierra con 394 averiguaciones previas por secuestro, contando casos federales y estatales, según las cifras oficiales. Este balance es menor al reportado por la organización no gubernamental Alto al Secuestro, que informó que el número de plagios fue de 428 en los primeros tres meses del 2015.

Las entidades que encabezan la incidencia en secuestros en lo que va de este año son Tamaulipas, estado de México, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Solo esas cinco entidades acumulan 7 de cada 10 víctimas de secuestro.

En el tema de las extorsiones, marzo registró 443 averiguaciones previas por ese delito, por lo que el primer trimestre del año cerró con mil 274 casos. Es una reducción en el número de denuncias del 26% en comparación con los tres primeros meses del 2014.

Jalisco es la entidad con el mayor número de extorsiones en lo que va de este año al acumular 209 víctimas en total. Cabe señalar que se trata de uno de los cuatro estados considerados como prioritarios por el gabinete de seguridad debido al fortalecimiento de la delincuencia organizada y en especial del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Dudan de los datos

Representantes de la sociedad civil han expresado en los últimos días sus dudas respecto a las mediciones de la incidencia delictiva oficial, sobre todo por la posible manipulación de los datos en los estados.

Por ejemplo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi Domínguez, dijo que el sostener el nivel delictivo solo en las averiguaciones puede generar incentivos perversos, como por ejemplo, que las fiscalías opten por reportar menos averiguaciones o hacerlas con un delito erróneo.

“Se necesita cambiar la forma de medir la incidencia delictiva en México y tomar en cuenta otros factores como la victimización por cada cien mil habitantes, además de que no puede desecharse el valor de la cifra negra que ya es medido por instancias como el INEGI”, dijo tras la presentación del Índice Global de Impunidad 2015.


Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, también advirtió sobre la posible manipulación de los datos, como puede ser el clasificar los homicidios dolosos como no intencionales. En el análisis más reciente de las cifras reportadas en febrero, el Observatorio detectó además que estados como Sinaloa y Sonora no reportaron un solo caso de robo a transeúnte.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

‘Al Jazeera’ retoma el caso Aristegui: “México incrementa presión hacia periodistas”

"México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual", apunta.

Texto en español de Jesse Franzblau, traducido por Francesca Emanuele, publicado por Al Jazeera el pasado 8 de abril:

México incrementa la presión  hacia periodistas

La revelación de secretos estatales y la censura de los medios

El 15 de marzo, el conglomerado mediático mexicano, MVS Comunicaciones, despidió a la galardonada periodista de investigación Carmen Aristegui después de rechazar su petición de reincorporar al trabajo a dos de sus colegas. Daniel Lizárraga e Irving Huerta fueron despedidos una semana antes por MVS Radio, alegando que la causa del despido fue por haber utilizado, sin permiso, el logotipo de la empresa para apoyar a MéxicoLeaks, una nueva plataforma de denuncia, puesta en marcha desde el 10 de marzo por un conjunto de cinco medios de comunicación, más dos asociaciones civiles.

Sin embargo, previamente Aristegui y su equipo de reporteros hicieron un reportaje de investigación sobre la lujosa mansión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual fue construida por un grupo de bienes raíces que más tarde ganó lucrativos contratos gubernamentales.

El despido de una de las periodistas de radio más importantes de México ha despertado preocupaciones por el regreso al país de las llamadas “malas y viejas formas“, cuando el gobierno mexicano podía contar con la colaboración de los propios medios de comunicación para reprimir las voces críticas periodísticas.

En las horas posteriores a la matanza de estudiantes de 1968 por parte de las fuerzas de seguridad en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México, las autoridades se movilizaron rápidamente para encubrir los asesinatos, confiscando películas, reportajes inéditos, y otros documentos periodísticos que cubrieron la protesta. El gobierno quería desaparecer el problema de los estudiantes y las noticias del derramamiento de sangre: México se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de verano de 1968.

No fue sino hasta 2002 que el diario El Universal publicó fotos de aquel día, de un rollo sin revelar con imágenes que se mantuvieron en secreto durante décadas. El encubrimiento de la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en un momento en que los medios de comunicación eran aliados dispuestos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que gobernó México durante siete décadas consecutivas. Esta es una de las principales razones por las que la masacre de Tlatelolco, junto con un sinnúmero de otras atrocidades cometidas durante el período de la “guerra sucia” en México, permaneció en la opacidad durante años.

Mientras Peña Nieto y los índices de aprobación de su partido, el PRI, se desploman, parece que es vital para su futuro político el mantener la cultura de secretismo, y el silenciar a los disidentes. En un reciente artículo de opinión, “Todos somos Carmen“, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor John Ackerman realizó una oportuna conexión entre el despido de Aristegui y las próximas elecciones legislativas en junio. Regularmente, el programa de Aristegui dio cabida a las posturas de partidos de la oposición, y trató temas controversiales, entre ellos el asesinato en junio pasado de 22 personas en Tlatlaya, y el secuestro y desaparición de 43 estudiantes a finales del año pasado de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

El escándalo también llega en un momento crucial en la lucha por el acceso a la información gubernamental sobre los abusos de poder en México. Los periodistas están usando cada vez más la Ley de Transparencia del país, que incluye una cláusula específica que exige la revelación de información en caso de graves violaciones a los derechos humanos, para destapar secretos de Estado, corrupción y abusos de poder. Esta es información que de no ser por la posibilidad de recurrir a la ley, sería información clasificada.

Los periodistas despedidos del conglomerado MVS apelaron a esta cláusula para obtener documentación sobre los asesinatos de Tlatlaya y el intento de encubrimiento por parte del ejército. Del mismo modo, el principal organismo de supervisión del acceso a la información en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al ejército a revelar documentación relativa a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, apelando a la misma cláusula. Como respuesta a otra orden de IFAI, el pasado diciembre la Fiscalía General dio a conocer un documento secreto sobre las masacres de San Fernando de 2010-2011, resultante de una solicitud que yo mismo presenté. Los documentos contenían nueva información sobre las conexiones entre la policía y el, tristemente célebre, cártel de drogas Los Zetas en el momento de las masacres.

Hay otros casos en los que el acceso a documentación gubernamental podría implicar al gobierno de Peña Nieto como cómplice en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. La divulgación de secretos de Estado expone ampliamente al gobierno al escrutinio nacional e internacional. Pero es precisamente el tipo de publicidad que el gobierno de Peña Nieto intenta evitar a toda costa. La desclasificación de información se convierte particularmente en una tarea más complicada cuando se trata de cuestiones referentes a las relaciones entre Estados Unidos y México, donde miles de millones de dólares en asistencia estadounidense para la seguridad están en juego. Ambos gobiernos se apoyan en campañas coordinadas de relaciones públicas para justificar que Washington continúe financiando la guerra contra las drogas.

Durante el año pasado, el gobierno de Peña Nieto emprendió agresivas campañas de relaciones públicas, las que dieron como resultado una cobertura internacional positiva hacia las amplias reformas económicas del presidente. Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time en febrero de 2014, con una leyenda que decía, “Saving México” (Salvando México). The Economist también ha defendido el programa de reformas del asediado presidente. Incluso al inicio de la tragedia de Ayotzinapa, The Economist continuó elogiando las reformas estructurales de Peña Nieto, defendiendo una “presidencia prometedora”, si bien reconoció la inexistencia del Estado de derecho en México.

No obstante, el despido de Aristegui y su equipo constituye un punto de inflexión. Se ha producido un cambio que ha alejado los ciegos halagos internacionales para con la administración de Peña Nieto. Por ejemplo, la noticia de The Economist sobre el caso Aristegui señaló que el hecho de que haya sucedido en este momento “plantea la sospecha de que el gobierno —que está luchando para recuperar su popularidad a menos de tres meses de las elecciones de medio término— haya presionado a MVS Radio”. El New York Times apuntó a que el escándalo se está viendo como un “golpe a la libertad de expresión”, enlazando directamente el despido de los periodistas con sus reportajes sobre la mansión de Peña Nieto.

México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual. La creación de MéxicoLeaks desencadenó la serie de eventos que condujo al despido de Aristegui. MVS Radio se negó a unirse al conjunto que ha creado la plataforma, y despidió a sus periodistas. En respuesta, el grupo ciber-activista Anonymous hackeó el sitio web de MVS Radio y anunció que esta empresa de comunicaciones participará en MéxicoLeaks “involuntariamente”, sugiriendo tener la intención de filtrar correo internos y otros documentos y enviarlos a la plataforma de denuncia.

MéxicoLeaks espera exponer la corrupción política, los abusos de derechos humanos y otros malos usos del poder institucional y económico. Forma parte de la investigación periodística mexicana, que sigue creciendo a pesar de los enormes obstáculos. Los periodistas de investigación han descubierto información oculta no sólo sobre el papel de la policía federal y militar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también de los intentos del gobierno para ocultar información pertinente, enterrar los errores de sus investigaciones y reprimir conclusiones indeseables.


Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estaban preparándose para un viaje a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad los interceptaron y los secuestraron. Detalles importantes sobre su destino siguen siendo desconocidos. Ojalá que los periodistas de México venzan esta cultura de secretismo para garantizar que las familias de las víctimas y el público mexicano no tengan que esperar décadas hasta conocer toda la verdad detrás de esta tragedia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En San Quintín las jornaleras mueren por nulos servicios médicos

Valle de San Quintín, BC: Lucila Hernández, líder jornalera, viajó hasta la ciudad de México para exponer ante legisladores federales las condiciones de explotación en que viven, y lo primero que pidió fue que se construyera un hospital de especialidades.

“Es que eso urge”, dijo Lucila al relatar el caso de tres personas (dos mujeres y un recién nacido) que murieron durante los últimos dos años en el trayecto del rancho “Los Pinos”, su comunidad, al centro de la ciudad de Ensenada, a cuatro horas de distancia en autobús.

Las dos mujeres fallecidas necesitaban ser atendidas por un especialista en urgencias médicas o complicaciones durante el embarazo. Además, a falta de servicios adecuados tuvieron que utilizar varios transportes (ambulancia, automóvil particular y autobús) para recorrer 170 kilómetros.

Y es que en este Valle, con una población de más de 80 mil personas y 43 mil hectáreas de superficie agrícola, sólo hay dos pequeñas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una del Seguro Popular (SP) y un hospital que no atiende especialidades.

La misma Lucila, quien en días pasados exigió a funcionarios federales que apoyen su lucha para abolir la explotación en el campo, enfrentó un calvario durante más de un año para atender un padecimiento de miomas en los ovarios.

La indígena mixteca que reside en este lugar desde hace 30 años, dice que esa enfermedad “la arrancó” del campo, a donde no ha de volver aunque sane.

Cuenta que un asiento de escritorio le sirvió como silla de ruedas durante un año, mientras se reponía de la fuerte infección en los intestinos que le originó el mal tratamiento y la insensibilidad y negligencia de un médico del SP que aún sigue en funciones.

Su nuevo médico (un especialista particular que la atiende gratuitamente gracias a la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) asegura que si la mujer no hubiera llegado a Ensenada a pedir ayuda especializada, ahora tendría cáncer.

Por el costo de los traslados y los medicamentos, la enfermedad de Lucila consumió los ahorros de su familia y las pequeñas ganancias de una tienda de abarrotes que levantó con un préstamo, pero que ya cerró. Ahora ella duerme en el suelo en un petate.

La mujer, originaria de Oaxaca, está acostumbrada a ser líder, a gestionar mejoras comunitarias y a no obedecer a nadie, por eso nunca ascendió a “mayordoma” en los campos agrícolas, ni conservó por varios años un mismo empleo.

La ahora presidenta de su comunidad lucha porque dos de sus vecinas, ambas jornaleras, reciban la atención y los recursos económicos que necesitan para atender los padecimientos relacionados con la salud reproductiva, comunes entre las mujeres mayores de 40 años de edad que habitan en el Valle.

“Las casitas”

Mientras caminaba por el rancho “Los Pinos”, también conocido como “Las Casitas”, Lucila levantaba polvo de estas calles alineadas por varias casas construidas con materiales de desecho, y señalaba a las niñas y niños que esperaban solos a que sus padres regresaran del campo tras cumplir su jornada laboral de nueve horas.

Lucila se detuvo frente a un cuarto verde de cemento de no más de 20 metros cuadrados. A diferencia de los otros terrenos, en el patio de esta casa no florece la manzanilla.

“Ahí vivía Enedina Muñoz; murió a los 40 años de edad porque le colapsaron los riñones mientras la llevaban en ambulancia hasta Ensenada”, cuenta. A la mujer le sobreviven sus dos hijos y su esposo.

La misma suerte corrieron Leonila –mientras estaba en labor de parto a bordo de un coche particular– y un recién nacido que murió de regreso a la comunidad porque le entró polvo a sus pulmones.

En una casa con techo y paredes de lámina vive Maura, la mujer de 48 años que padece quistes en los senos y que no habla de su padecimiento porque le avergüenza.

Maura es de Sinaloa y tiene más de tres años lidiando con el médico del Valle, porque aún no recibe un tratamiento que la alivie.
En otra de las calles está el domicilio de Rosario, que cada martes deja a sus tres hijos y su esposo carpintero –con parálisis en las piernas provocado por un accidente de trabajo– para irse hasta Ensenada a sus citas médicas.

Maura empezará con quimioterapias en próximos meses, por lo que tendrá que viajar hasta Tijuana, a seis horas del Valle, en dirección hacia el norte.

Luego de platicar con el esposo de Rosario, Lucila se encontró a Hilda, una mujer de 42 años que camina con dificultad entre el polvo y las piedras de estas calles.

Hilda está enferma de las rodillas, ya fue operada de una de ellas y ahora toma un mar de medicamentos. La inyectan cada semana para que no se le hinchen ni le duelan, y aunque necesita una segunda operación, teme que ésta le impida volver a caminar para siempre.

Por el constante dolor en sus articulaciones, Hilda –que en ese momento regresaba del campo– no terminó la pizca de la mora que a diario debe realizar en seis surcos de 100 metros cada uno. Y aunque se llevó toda la mañana de rodillas, la mujer sólo ganó 60 pesos.

Pésima atención en salud

Uno de los principales impedimentos para que todas las jornaleras reciban atención adecuada es que muchas de ellas carecen de seguridad social por falta de documentos, como el acta de nacimiento.

La Casa de la Mujer Indígena (Cami), una organización civil que defiende los derechos de las mujeres en San Quintín, ha insistido a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero que realicen campañas que permitan a sus paisanos tramitar sus papeles.

De acuerdo con un estudio realizado en 2010 por la Cami, sólo 27% de las 419 mujeres que fueron entrevistadas estaban afiliadas al IMSS. Y según datos recientes que dieron directivos de la institución en las recientes negociaciones con los jornaleros, de una población trabajadora que podría superar las 80 mil personas, sólo 17 mil están afiliadas al Seguro Social.

Algunas jornaleras consultadas comentaron que el trámite del acta de nacimiento es casi imposible para las oriundas de Guerrero, ya que el gobierno estatal se niega a facilitarlo y porque el Registro Civil en Ensenada les pide 350 pesos por persona para realizar el trámite, sin que esto les asegure que tendrán los documentos.

Irene Herrera Verduzco, trabajadora social del IMSS en San Quintín, asegura que luego de que inició el paro de labores en el campo, en marzo pasado, el personal sanitario tiene la orden de no regresar a ningún paciente por el sólo hecho de no tener dinero para pagar una foto que exige su registro.

“Nunca habíamos tenido tanta gente. Es que siempre se les ayuda, pero si ahora no tienen para pagar una copia o una foto, yo hablo con la de la papelería para que se las deje más barata”, explica.

Además, un hospital de especialidades es “urgente”, coincide Irene con Lucila, porque todos los días se usan las ambulancias para llevar a las mujeres del Valle hasta Ensenada.

Sin dar cifras porque “no están a la mano”, la trabajadora sostiene que el principal padecimiento por el que las jornaleras buscan atención es la lumbalgia, dolores en articulaciones y accidentes en el trabajo, como heridas, esguinces, fracturas, picaduras de abeja, cuerpos extraños en los ojos, o choques de automóviles en el trayecto al campo.

En el área de ginecología las mujeres acuden con más frecuencia por cáncer cérvico uterino, embarazos de alto riesgo, miomas o quistes, e infecciones en la matriz, dice.

La trabajadora social asegura que si bien no se han realizado estudios al respecto, los químicos y fertilizantes que se usan en los ranchos podrían estar vinculados con los padecimientos de las jornaleras; sin embargo, ya se “está trabajando para que se dejen de usar esos productos químicos”, subraya.

Las ambulancias del IMSS, agrega, están a disposición de las trabajadoras, y en caso de emergencia médica los vehículos van hasta los centros de trabajo para llevarlas a Ensenada.


Mientras la trabajadora social concedía la entrevista se vio obligada a explicar a los familiares de una paciente de psiquiatría que su cita médica –prescrita como urgente– tendría que postergarse hasta el próximo mes por falta de espacio en la agenda… y por falta de una ambulancia que la lleve hasta el consultorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.

“No es lo mismo que me mate cualquier persona a que me mate el Ejército”: diputada

Contradicciones e impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de civiles en el Estado de México, señala Loretta Ortíz Ahlf.

El caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, está lleno de contradicciones por parte de las autoridades y “lo que se está haciendo es mantener la impunidad, la falta de información nos dice que esto se va a seguir manteniendo en lo oscuro”, afirmó Loretta Ortíz Ahlf, diputada que integró la comisión especial que investigó los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado. 

En entrevista para Aristegui CNN, expuso: “Cuando iniciamos las investigaciones, para coadyuvar a la investigación con esta Comisión especial de Tlatlaya, nos abocamos a tener reuniones”.

Primero se reunieron con el alto comisionado de Naciones Unidas; también con el entonces procurador Jesús Murillo Karam; así mismo con altos mandos de la Sedena, y con personal de la Procuraduría General del Estado de México.

“A  todas las reuniones  nos presentamos con una serie de cuestionamientos, algunos que atendían a respuestas que aún no tenemos, como por ejemplo, lo de la cadena de mando, los que ejecutaron en violación de los derechos humanos, no actuaron por inspiración ni ocurrencia, nunca se nos dio explicación alguna”, apuntó.

La Secretaría de la Defensa Nacional dice que “como ya no tiene jurisdicción, como ya el asunto tenía jurisdicción la procuraduría del Estado de México y luego la de la República (PGR), que no podía dar ninguna información.  Apenas hace una semana, mandaron un informe que es un insulto a la inteligencia, alegan que no tienen que dar información alguna, que son un poder independiente”.

“Dicen que el artículo 116 los exime de dar información. Si esa respuesta se la dan al Congreso, ¿qué será a los ciudadanos, periodistas…?”, preguntó.

“¿Esa independencia los justifica a hacer los actos que realizan, como una ejecución?”, abundó la diputada.

“¿Dónde quedan los derechos humanos y las garantías fundamentales de las víctimas y de toda la sociedad que tiene derecho a la información?, ¿dónde, en la Constitución, se excusa a alguna secretaría o dependencia?“, continuó.

Aseveró que “en el caso de la PGR, tuvimos entrevista con el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Hay contradicción en lo declarado por las dependencias”. 

Murillo dijo “son ocho los que participaron, es una diferencia de ocho a 12, los demás no son responsables”.

“No es lo mismo que me mate cualquier persona a que me mate el Ejército”, sentenció Loretta Ortíz.

Recordó que “En Tlatlaya fueron ejecutadas 15 personas, y  dentro de las contradicciones la PGR , la misma Sedena, dicen que hubo un enfrentamiento y no, fueron ejecutados”.

“Cualquier persona tiene derecho a un debido proceso y debe ser llevado a juicio, aunque haya sido el peor de los criminales”, sostuvo.

Además, “llamó la atención que el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, en su presentación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que sí, que era una masacre, lo reconoció”.


“Hay certeza de que los de la Sedena tuvieron conocimiento a las 5:45 horas, y según Manzur les notificaron hasta las seis de la mañana, entonces de las seis de la mañana a las 12:30 que se presentan, hubo tiempo suficiente para poder cambiar la escena del crimen, es precisamente  lo que se puntualiza en el informe de la CNDH”, concluyó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Jornada de violencia en Tamaulipas: reportan bloqueos en Altamira y Tampico

Usuarios de redes sociales han reportado camiones incendiados y balaceras en Tampico y Altamira.

A menos de una semana de que tres personas murieron durante una jornada de enfrentamientos y bloqueos en Reynosa, Tamaulipas, usuarios han reportado este miércoles 22 de abril que nuevamente hay bloqueos carreteros y balaceras, pero ahora en Tampico y Altamira.


De acuerdo con los reportes, se registra un enfrentamiento en el libramiento poniente de Tampico. Asimismo, hay camiones incendiados en el norte de Tampico –colindante con Altamira–.

La Secretaría de Seguridad Pública Tamaulipas confirmó a través de Twitter los bloqueos:

SSPTAM @SSPTAM

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#SDR Puente Arteli Norte eviten zona #altamira 11:29 Hrs autoridades en movimiento

11:34 - 22 abr 2015

SSPTAM @SSPTAM

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#SDR eviten zona #altamira #tampico Puente Tanhcol 11:22 Hrs autoridades atendiendo

11:28 - 22 abr 2015

El área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que este día se realizó un operativo de las Fuerzas Especiales, tras el cual cuatro personas resultaron detenidas.

Hasta el momento no hay reportes de personas heridas o muertas.

Los enfrentamientos del 18 de abril pasado ocurrieron tras la detención en Tamaulipas de José Tiburcio Hernández Fuentes, conocido como El Gafe, y quien es considerado como el líder del Cártel del Golfo. 


En conferencia de prensa en ese momento, el Grupo Coordinación Tamaulipas informó: “Derivado del operativo, integrantes del mismo grupo delictivo reaccionaron atacando a elementos de las fuerzas federales y de Fuerza Tamaulipas (policía estatal), realizando algunos bloqueos en la ciudad”.

Los reportes de los enfrentamientos y bloqueos de este miércoles:

Carlos Manuel Juárez @cmanueljuarez

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Comienzan a incendiar camiones. Éste en el puente de Arboledas en #Altamira #Tampico

11:20 - 22 abr 2015

57

ValorPorTamaulipas @ValorTamaulipas

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#SDRTampico "Movilización de autoridades en el centro tampico"

11:57 - 22 abr 2015

ValorPorTamaulipas @ValorTamaulipas

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#SDRAltamira "Carretera Tampico mante ala altura del bar camaleón cruce de carretera Tampico mante y colonia... http://fb.me/3V3KDDx9W 

11:34 - 22 abr 2015

FUETNE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/04/otra-jornada-de-bloqueos-carreteros-en-tamaulipas/.

Reforman el proceso de justicia para adolescentes; el internamiento será el último recurso

Los adolescentes infractores serán procesados a través de un sistema de justicia oral y sólo se impondrán medidas proporcionales a las faltas que hayan cometido aquellos mayores de 14 años.

Los adolescentes infractores serán procesados a través de un sistema de justicia oral y sólo se impondrán medidas proporcionales a las faltas que hayan cometido aquellos mayores de 14 años, considerando al internamiento como último recurso y por el menor tiempo posible.

Así lo acordaron los diputados en las reformas constitucionales en materia de justicia penal para adolescentes que deben ser avaladas por al menos 17 entidades federativas para su promulgación.

De acuerdo con los legisladores, las medidas serán acorde a las faltas, disposición que pretende evitar que los centros de detención se conviertan en “escuelas del crimen” y los menores que comentan faltas menores no lleguen a los centros de internamiento que poco abonan a la reinserción social.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 23 entidades del país, los adolescentes reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de internamiento.

En Chiapas, por ejemplo, las sanciones por parte del personal de custodia consiste en rociar a los menores con gas lacrimógeno, encierro en una celda insalubre, permanecer en posturas forzadas, vendados de los ojos, maltratos físicos, insultos, amenazas e inmovilización con esposas por lapsos prolongados.

Pero esas prácticas se replican en 37 de los 56 centros de internamiento de todo el país, según lo documentó la CNDH con base en 743 entrevistas anónimas a internos y entrevistas a directores, personal médico, de seguridad y custodia y de áreas técnicas.

Hasta febrero de 2014, cuando se realizaron las visitas, había 4 mil 448 hombres y 286 mujeres recluidos en los centros de internamiento; de ellos, mil 841 se encuentran sujetos a procedimiento y 2 mil 893 estaban cumpliendo una medida de tratamiento.

Se comprobó que en 45 centros no se respeta el derecho de audiencia, no se elabora una resolución escrita al respecto; se imponen sanciones en régimen de aislamiento, por lapsos excesivos y sin recibir atención de las áreas técnicas; se restringe la visita familiar, las comunicaciones telefónicas y el acceso a las actividades relacionadas con los programas individualizados de ejecución.

Además, en la práctica, el internamiento no es una medida para reencauzar al menor infractor, sino que, incluso, rompe con los lazos familiares o de contacto con el exterior. En 48 centros se limita la visita familiar entre uno y tres días a la semana y como caso extremo se encuentra Chihuahua, donde la visita sólo se autoriza cada 15 días.

¿Qué aprobaron los diputados?

Los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron con 398 votos a favor y ninguno en contra, el sistema integral de justicia para adolescentes durante la sesión de este martes 21 de abril.

Se aplicará a quienes tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se atribuya la comisión de un delito y para aquellos menores de 12 años, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

“El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito”, advierte la minuta.

Se establece que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, con la garantía del debido proceso y la independencia de las autoridades. Las medidas impuestas deberán ser “proporcionales” al delito cometido y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente.

Se aprobó que siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva , como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa.


En tanto, los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.