Durante la gala de la revista estadounidense Time en la cual fue reconocido como una de las cien personas más influyentes del mundo, el periodista mexicano Jorge Ramos aprovechó el micrófono para mencionar la corrupción que se vive en países latinoamericanos como México y Venezuela, aludiendo de forma directa al Presidente Enrique Peña Nieto.
Hablando en español, Ramos dijo: “Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos, eso es corrupción. Por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar”.
Jorge Ramos fue incluido este año entre los 100 personajes más influyentes del mundo, la célebre lista anual de la revista, honor que comparte con líderes mundiales como Barack Obama, Angela Merkel y Vladimir Putin, el Papa Francisco, para solo mencionar algunos de los más importantes. Durante su intervención, el periodista también rindió tributo a los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos y que viven situaciones difíciles.
“Es muy difícil ser un inmigrante porque tienes que dejar todo (…) Usted sale de su casa, de su familia, de sus amigos, de su cultura, de su idioma y a veces de su alma”, dijo Ramos durante la ceremonia celebrada el martes en Nueva York.
El periodista mexicano brindó por tres grupos de rebeldes a quienes “respeta y admira mucho”, entre ellos los periodistas que han denunciado la corrupción en México. También destacó la lucha de quienes llamó sus “héroes”, los Dreamers, jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad y que fueron traídos por sus padres, mismos que no tienen asegurada su permanencia en EU.
“Saben, ellos son jóvenes, estudiantes indocumentados que vinieron a este país cuando eran muy chicos … Porque el Congreso no ha hecho absolutamente nada en la última década sobre la inmigración, los dreamers han tomado el liderazgo”, dijo Ramos. Ramos rindió homenaje a los presos políticos en Venezuela, entre ellos el encarcelado líder de la oposición, Leopoldo López. “Nicolás Maduro, libere a Leopoldo López y a todos los prisioneros políticos. Sólo en las dictaduras hay prisioneros políticos”, dijo el periodista.
El mexicano lleva muchos años abogando por las causas de los hispanos, en particular por una reforma migratoria que permita que más de 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos puedan tener documentos y residencia legal. El pasado 16 de abril, Jorge Ramos fue elegido como una de las cien personas más influyentes del mundo por la revista Time y en entrevista para la agencia EFE dijo que en el reconocimiento subyace el “poder de 60 millones de latinos en Estados Unidos, el poder de millones de inmigrantes”. Además, la revista omitió por segundo año consecutivo al Presidente mexicano, a pesar de que en febrero de 2014 le dedicó su portada bajo el conocido lema de “Salvando a México”. La última ocasión en que Peña Nieto figuró en la lista que realiza año con año la publicación norteamericana fue en 2013. “Él combina el carisma de [Ronald] Reagan, el intelecto de [Barack] Obama y las habilidades políticas de [William] Clinton”, así describió la revista en esa ocasión al mandatario mexicano que ocupó el lugar 46.
Casi un año después, Time llevó a Peña Nieto en su portada bajo el título “Salvando a México”. En el reportaje escrito por Michael Crowley, se planteó cómo”las reformas radicales de Enrique Peña Nieto han cambiado la narrativa en su nación manchada por el narco”. El cover interior fue titulado por los editores: “El Comité para salvar México”. Ahí aparecía una foto del Jefe del Ejecutivo federal junto con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong y el encargado de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso. El artículo planteaba que Peña Nieto había descubierto que llevar la Presidencia de la República es “una empresa muy seria, especialmente en este momento crucial de la historia de México”. Refería que las reformas estructurales conseguidas por Peña Nieto en su primer año de gobierno podían dar un giro a la economía y también a la situación de violencia que vive el país”.
Sin embargo, el mandatario reformista del que hablaba Time hace más de un año fue omitido en su lista de las 100 personas más influyentes en la que sí aparecen figuras como Kim Kardashian, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. VÍDEO:
Mandos de seguridad pública de los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate pactaron hoy reforzar las operaciones estratégicas para inhibir los delitos de alto impacto en la región. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya, destacó la necesidad de unir los esfuerzos en la aplicación de esquemas para evitar que los delitos de las últimas semanas afecten la percepción de seguridad. Respecto de la incidencia delictiva general en Tijuana, el funcionario destacó la disminución de 11 por ciento, comparado con 2014 durante los periodos de enero a marzo, mientras que en homicidios hay una baja de 27 por ciento. Refirió que las pugnas entre narcomenudistas son las principales líneas de investigación, para detener a los grupos criminales dedicados a la venta de droga en diversas zonas de la ciudad. Dijo que estas acciones serán evaluadas en la próxima reunión del Grupo Coordinación de Baja California, encabezada por el Ejecutivo del estado, con la participación de alcaldes y otros mandos de los municipios. Durante la reunión se trataron además aspectos sobre la integración de la Policía Estatal Preventiva a los patrullajes de la Base de Operaciones Mixtas de la Policía Municipal y el Ejército. También se acordó reforzar la seguridad en zonas de mayor índice de homicidios y venta de droga, el intercambio de información, trabajos de inteligencia e investigaciones conjuntas, y operativos coordinados.
En la reunión estuvieron además el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, Alejandro Lares Valladares y el director de Seguridad Pública de Playas de Rosarito, Joaquín Olea López, entre otros. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-04-2015/1321907.
NUEVO LAREDO, Tamps: La presunta detención de José Silvestre Haro, El Chive o R1, líder de una célula del Cártel del Golfo, provocó una ola de violencia en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, que incluyó balaceras y bloqueos con vehículos incendiados. De manera extraoficial se habla de al menos media docena de muertos, aunque el Grupo de Coordinación Tamaulipas sólo reportó cuatro policías heridos y no precisó si el capo capturado es El Chive, como se difundió en las redes sociales. El enfrentamiento de este miércoles, como sucedió el viernes pasado en la ciudad fronteriza de Reynosa, ocurrió cuando los presuntos delincuentes intentaron liberar a su jefe, que oficialmente no ha sido identificado. “Elementos de las fuerzas federales detuvieron mediante un operativo especial al presunto jefe de un grupo delincuencial que opera en el municipio de Altamira”, al sur de Tamaulipas, informó en un comunicado el Grupo de Coordinación Tamaulipas, que integra las fuerzas de seguridad desplegadas en esta región. Junto con el capo, señaló el organismo, fueron capturados tres de sus cómplices, por lo que sicarios tomaron vehículos –algunos de los cuales fueron incendiados– para bloquear accesos viales a los municipios de Altamira, Madero y Tampico “en un intento por evitar que los detenidos fueran llevados a la Ciudad de México”, señaló el grupo en su comunicado. Añadió que después de tres horas las autoridades lograron controlar la violencia y que “cuatro elementos de Fuerza Tamaulipas (policías) resultaron heridos, pero ningún ciudadano civil”, detalló la institución que tampoco reportó víctimas mortales. Sin embargo, según fuentes municipales consultadas por Apro, al menos seis personas perdieron la vida en las balaceras, entre ellos un policía que recibió un balazo en el pecho que le atravesó el pulmón. “La ciudad se paralizó. Se tuvieron que desalojar personal de una empresa, cerrar las escuelas y suspender clases en todos los planteles educativos”, dijo la fuente quien solicitó el anonimato. Recordó que desde meses atrás las facciones de “Los Fresitas” se disputan el control de la zona metropolitana de Tampico con de los “Dragones de Sheyla”. Las balaceras y bloqueos con camiones y tráileres incendiados, iniciaron alrededor de las 10 de la mañana en el municipio de Altamira, que forma parte de la zona metropolitana de Tampico, donde presuntamente fue detenido El Chive. Según las primeras versiones, los presuntos delincuentes comenzaron a realizar bloqueos con camiones y tráileres incendiados en distintos puntos para evitar que los detenidos fueran trasladados al aeropuerto de Tampico y de ahí llevarlo a la Ciudad de México. Decenas de camiones, autos y tráileres en llamas se observaron en importantes cruceros de la zona metropolitana, acción que llevaron a cabo los criminales para cortar el paso de las fuerzas armadas. Debido al robo de camiones, las rutas urbanas suspendieron el servicio. También se reportó el desalojo de empleados de una fábrica de Altamira y cadáveres tirados en zonas como la Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP), alertó sobre situaciones de riesgo que iniciaron alrededor de las 11:00 horas en Altamira y Tampico. A través de su cuenta de Twitter, que funge como un sistema de alerta temprana sobre situaciones de riesgo, la dependencia pidió a la ciudadanía evitar el ejido Cuauhtémoc, en Altamira, por la zona del Aeropuerto. En un primer tuit, a las 11:19 horas, informó que las autoridades ya atendían la situación. Minutos después, a las 11:22 horas, la SSP también recomendó a la población evitar la zona del Puente Tanhcol, entre Altamira y Tampico. Posteriormente, indicó que también había situación de riesgo en el puente Arteli Norte, en Altamira. A través de las redes sociales Valor por Tamaulipas y ciudadanos difundieron fotografías de autobuses, tráileres y vehículos incendiados en distintos puntos del estado. “Se puso muy feo, similar a lo que en días pasados ocurrió en Reynosa. En algunas partes no hay Internet y no salen llamadas de celulares”, contó a Apro una fuente de la alcaldía de Tampico que solicitó el anonimato. Usuarios de redes sociales reportaron enfrentamientos entre soldados y civiles armados en Altamira, cerca de la zona del Barquito y del CRIT, mientras que en la carretera Tampico-Mante se registró un bloqueo a la altura de la empresa Maseca. Según Valor por Tamaulipas, que reporta situaciones de riesgo (SDR) en la entidad, en escuelas como el ITESM no se permitió la salida de alumnos durante las balaceras. Los estudiantes tuvieron que ser acuartelados porque a pocos metros de distancia un vehículo ardía en llamas y se escuchaban disparos. Desde el interior del campus algunos alumnos publicaron fotos en las redes sociales donde se podía apreciar el humo que salía del vehículo incendiado, “#SDRAltamira, está toda la carretera bloqueada, en el tec de mty nos tienen encerrados y no nos dejan salir por nada, están los camiones incendiados por este lado”, informó un usuario a través de Valor por Tamaulipas. También reportaron la presencia de una treintena de camionetas de la Gendarmería bloqueando la carretera de Morón y Francisco I. Madero en espera de quienes pudieran huir de la situación. Un seguidor de Valor por Tamaulipas informó que fuerzas federales y civiles armados pasaron balaceándose durante una persecución rumbo al corredor urbano. Mientras que en Cuauhtémoc, en Altamira, “había cuerpos en la carretera”. ”#SDRTampico Autobús Bosque vs. Boulevard quemándose afueras del mejor pan aeropuerto”, escribió un usuario en el perfil de Valor por Tamaulipas. Entre otros mensajes, los usuarios informaban de las persecuciones, quema de autobuses y bloqueos. “#SDRTampico ‘Bloqueo carretera Tampico- Mante a la altura del panadería ‘el mejor pan’ (después del aeropuerto)”, “#SDRAltamira ‘Acaban de balacear la cruz roja zona norte en Tampico habia unos estatales ahí pasaron 2 vehículos disparando’” (sic), “#SDRAltamira balaceras en varias partes de altamira están atravesando tráileres”, reportaban usuarios de redes sociales. El ataque a la Cruz Roja, según versiones de medios locales se produjo cuando un policía estatal herido era trasladado a las instalaciones de la benemérita institución, delegación Tamaulipas, en la zona norte de Tampico. Un grupo de hombres armados arribó al lugar y baleó las instalaciones.
Las imágenes que subieron a la red de los narcobloqueos y los vehículos incendiados fueron muy similares a lo que ocurrió el pasado viernes 17, cuando elementos del Ejército capturaron al jefe de la Plaza de Reynosa del Cártel de Golfo, identificado como José Hugo Rodríguez, El Gafe. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Diputados de PRI, PRD, PVEM y Panal aprobaron la nueva Ley de Ahorro y Crédito que permitirá establecer un fideicomiso de mil 720 millones de pesos para pagar a los usuarios defraudados por Ficrea. En medio de recriminaciones de legisladores del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y algunos perredistas –quienes consideraron la acción como “electorera” y que deja en la impunidad a funcionarios hacendarios que toleraron el fraude–, el pleno aprobó con 328 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones la llamada “Ley Ficrea”. El PAN rechazó la creación del fideicomiso, pues sostuvo que se trata de un “rescate” que se pagará con dinero de los contribuyentes, pero que además se libera de toda responsabilidad a funcionarios de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, pues “ellos son tan responsables como el propio defraudador”. “Llamemos a las cosas por su nombre: amigo ciudadano, con tu dinero de lo que entra a las arcas federales se pagará a los ahorradores defraudados”, sostuvo desde tribuna la legisladora Raquel Jiménez Cerrillo al argumentar el voto en contra de su fracción, el PAN. Antes, la diputada de MC, Zuleyma Huidobro, acusó a los promotores de la iniciativa el buscar un “efecto electorero”, y recordó que “la República más corrupta es la que tiene más leyes”. La “Ley Ficrea”, añadió, afectará a las sociedades cooperativas comunitarias (Soficos) a las cuales se les obligará a cambiar sus reglas, lo que llevará inevitablemente a su desaparición por considerarse inviables. “Si quieren hacer algo por los ahorradores, exhorten al gobierno a cumplir la ley, a los funcionarios de Hacienda a vigilar. Esto de Ficrea no hubiera pasado si Hacienda y la CNBV hubieran vigilado. Por un error de unos, ahora van a pagar otros, como son las Soficos”, sostuvo. El panista Juan Bueno Torio aclaró que su partido no está en contra de los ahorradores que fueron defraudados, sino de que se pretenda pagar con dinero de los contribuyentes la omisión de las autoridades y el fraude del socio principal de Ficrea, Antonio Olvera Amezcua. Los defensores de la ley, como la priista Patricia Araujo de la Torre, Héctor Astudillo, del PVEM; la petista Lilia Aguilar, o el perredista Fernando Belaunzarán, rechazaron en todo momento que se trate de un “segundo Fobaproa”, pues justificaron que el fideicomiso se “monetizará” con los activos de Leadman Trade, otra de las empresas creadas por Olvera Amezcua y a través de la cual trianguló recursos de los ahorradores para sacarlo del país. Hasta el momento se tienen contabilizados activos por 3 mil 584 millones de pesos de Leadman Trade, mientras que el fraude rebasa los 6 mil millones de pesos con la afectación de 6 mil ahorradores. Los afectados no recuperarán todo su dinero de inmediato, pero a partir del mes de mayo podrán presentar sus documentos para iniciar los trámites de devolución. Quienes ahorraron un millón de pesos –cerca de 40% de los estafados– recibirán todo su dinero, en tanto que aquellos que rebasen dicha cantidad sólo podrán tener acceso a una parte, “y se tendrán que poner en la fila” para recuperarlo. En nombre de Morena, la diputada Luisa María Alcalde Luján recriminó a aquellos legisladores que ayer rechazaron apoyar a los trabajadores de Mexicana de Aviación, a través de un fondo para volver a echar a andar la aerolínea, y ahora aseguran que respaldan a los defraudados de Ficrea. Consideró “un absurdo” que se pretenda ayudar a 6 mil defraudados cuando esta nueva ley afectará a cuando menos 6 millones de personas que viven en comunidades y cuyo único acceso al crédito es mediante las llamadas Sofincos, mismas que tenderán a desaparecer con la nueva ley, debido a los requisitos adicionales que se les exigirán. “Con la nueva ley se afectará la capacidad de fondeo de las Sofincos y desaparecerán, mientras que a las autoridades de la Condusef, Unidad de Inteligencia Financiera y CNBV no se les responsabilizará”, dijo y pidió no avalar la ley para dar tiempo y escuchar a las sociedades cooperativas que saldrán afectadas Por su parte, el perredista Uriel Flores Aguayo criticó que la nueva ley la haya elaborado Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y otras autoridades del gobierno federal, cuando lo que tenía que haber hecho es “poner su renuncia por delante, por omiso, inepto e irresponsable”. Además, vaticinó que en los próximos días, ante la paupérrima oferta electoral, aparecerá esta ley como parte de los nuevos spots propagandísticos de PRI y PVEM. La diputada del PAN, Raquel Jiménez Cerrillo, reclamó que con la “Ley Ficrea” se pretenda rescatar a los ahorradores cuando esos recursos deberían bajar en obra pública, programas de salud, educación y cultura a las zonas más pobres del país. Insistió en que su partido no está en contra de los ahorradores que fueron defraudados por Olvera Amezcua, sino en contra de las acciones del gobierno, mismo que mientras rescata a los afectados de Ficrea, por otro lado recorta cerca de 3 mil 750 millones de pesos a Sedesol, de los cuales mil 500 millones (es decir, una cantidad similar para el “rescate de Ficrea”) eran para programas de desarrollo de zonas prioritarias y donde viven “los más pobres de los pobres del país”. “El PAN exige que se tomen todos las medidas procedimentales para detener a Olvera Amezcua y que se finquen responsabilidades a los funcionarios que no pudieron supervisar. Porque ellos son responsables, como el propio defraudador socio de Ficrea”, destacó. La demanda, a pesar de ser respaldada por Morena, MC y algunos legisladores del PRD, quedó en el aire.
En tanto, de las 369 cajas de ahorro que hay en el país, 25 de ellas que operan en zonas comunitarias se aprestan a desaparecer, pues no podrán cumplir con las nuevas reglas que le impondrá esta nueva ley de ahorro y crédito avalada hoy en San Lázaro. FUENTE: PROCESO. AUTRO: JESUSA CERVANTES.
XALAPA, Ver: Al menos 750 maestros de la Sección 56 del SNTE se encuentran boletinados por el Buró de Crédito, luego de que funcionarios de la Secretaría de Educación (SEV) “jinetearon” recursos de sus préstamos hipotecarios –obtención de autos, adquisición de vivienda y créditos para deuda– con la empresa Intermercado, S.A. de C.V., la que ahora reclama a los docentes el pago de 11 millones de pesos, más intereses moratorios. Entre los funcionarios del gobierno de Javier Duarte involucrados en el desvío de recursos, dos ya no trabajan en la SEV, pues andan en campaña política: Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación y hoy candidato del PRI a diputado federal por Xalapa, y Edgar Spinoso, exoficial mayor del órgano educativo y hoy candidato del PVEM por el distrito de Martínez de la Torre. Los docentes María del Refugio Zum Basurto y Elizabeth García Chávez entregaron a Apro un listado de los docentes que adquirieron préstamos con esta sociedad financiera de objeto múltiple (Intermercado) y a quienes quincena tras quincena se les descontaban –vía nómina– recursos para el respectivo pago. Sin embargo, la SEV, dependencia del gobierno de Javier Duarte, no “depositaba” los pagos a la empresa. El representante legal de Intermercado, Carlos Gidi Blanchet, aseguró que desde febrero del año en curso y por instrucciones del oficial mayor de la SEV, Vicente Benítez, la dependencia ordenó “suspender” los pagos vía nómina de los docentes y que los deudores “se las arreglaran como pudieran”. Benítez fue extesorero del gobierno de Duarte al inicio de su sexenio y cesado en las precampañas federales de 2012 cuando la PGR le abrió una investigación –de la que salió exonerado– por trasladar 25 millones de pesos en efectivo del aeropuerto de Xalapa a Toluca, Estado de México, recursos que políticos de oposición interpretaron que era para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. “La Sefiplan ordenó cancelar los pagos de maestros a proveedores, vulneró mandatos y convenios entre sindicatos y empresas, lo que no sabemos es ¿dónde quedó el dinero que quincenalmente nos descontaban? Ahora nosotros tenemos que cargar con las consecuencias del historial negativo que ya registramos en el Buró de Crédito”, acusó Elizabeth García. Los docentes ponderan que quincena tras quincena, entre los 750 maestros que tenían pasivos con Intermercado, tenían descuentos que iban de los 500 a los mil 900 pesos, dependiendo el tipo de crédito adquirido. Cada mes –apuntan– el descuento global era de 145 mil pesos. Aunque el gobierno de Duarte y las nuevas autoridades de la SEV intentaron “conciliar la controversia suscitada”, el dinero descontado a los trabajadores no fue regresado y la empresa Intermercado continúa “requiriendo el pago” a los 750 docentes afectados, quienes ya se encuentran imposibilitados de adquirir crédito bancario o alguna tarjeta de tienda comercial, “porque los funcionarios del gobierno defraudaron y desviaron nuestro dinero”, denunciaron.
Iván Gidi, el apoderado legal de la empresa, expone que desde la Oficialía Mayor de la SEV y con el aval de la Subdirección de Nóminas estatal, el gobierno de Duarte ordenó suspender los pagos del “Listado de la Clave 37”, con el que ahora los docentes tendrán que “volver a pagar” el pasivo que vienen arrastrando desde los últimos dos años, pues se incumplió el “convenio de colaboración” pactado entre la SEV, directivos de Intermercado y cúpulas del SNTE. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
'Reforma' publica una foto en la que el senador fue captado viendo un catálogo de yates; él es dueño de una embarcación y ha regalado un par a sus hijos.
Reforma publica este miércoles 22 de abril una fotografía en la que se captó a los senadores priistas Carlos Romero Deschamps (quien fungió como líder del sindicato petrolero) y Gerardo Sánchez, ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), viendo un catálogo de yates en plena discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. El senador es dueño de un yate llamado ‘El Indomable’, en el que fue visto llegando a Isla Mujeres, Quintana Roo; este navío está valuado en más de 1.5 millones de dólares. De igual forma, el líder sindical ha regalado otras embarcaciones a sus hijos: una con valor de un millón de dólares a uno y otra de medio millón de dólares a su hija. Paulina, hija de Romero Deschamps, fue también protagonista de una historia de lujos. En mayo de 2012 se hizo público que ella disfrutaba de viajes por todo el mundo, paseos en yates y comidas en restaurantes exclusivos. Todo esto contrastó con la situación de Pemex para ese entonces, cuando se reportaban pérdidas millonarias.
Durante la sesión en la que Romero Deschamps fue visto ojeando el catálogo se avalaron cambios a 14 artículos del a Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
El Senado de la República remitió a los congresos estatales, para su aprobación, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción. Durante una sesión de más de 12 horas y que concluyó en los primeros minutos de este miércoles 22 de abril, fueron aprobadas en lo particular las reservas a los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113 y 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero, Transitorios. Además de la adición de los artículos 61, 111, 112 y Décimo Segundo Transitorio, no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que se aprobaron en sus términos. Las artículos fueron reservados por los senadores Benjamín Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín González, Alejandra Barrales Magdaleno, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Alejandro Encinas Rodríguez y Mario Delgado Carillo, del PRD. Asimismo por Martín Orozco Sandoval, Ernesto Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Roberto Gil Zuarth y Salvador Vega Casillas, del PAN, y Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, del PT, de manera respectiva. Previamente, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general la minuta por la que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política. También establece al Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Concluida la discusión sobre este tema, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer a la asamblea que el Senado recibió de la Secretaría de Gobernación la terna propuesta por el Ejecutivo federal. Esto con el propósito de cubrir la vacante en el cargo del titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compuesta por José Antonio Alcántara Mayida, Felipe Ortuño Arzate y Alma América Torres Luna. De igual forma el Ejecutivo federal propuso para el cargo de consejero independiente en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), a Héctor Moreira Rodríguez.
Además de la ratificación de José Julián Sidaoui Dib como integrante independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
"Nosotros no tenemos forma de saber si esa aeronave contaba con un permiso para operar como una aeronave comercial": Benito Nacif
El caso de la candidata priista en Sonora, Claudia Pavlovich, y las avionetas llegará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) enviará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el expediente de los gastos de precampaña de Claudia Pavlovich para que proceda ante el uso aparentemente ilegal de la aeronave Cessna N233JH. “De ser el caso habría que darle vista a la autoridad competente para conocer este tipo de infracciones que, según entiendo, son las autoridades federales en materia de Comunicaciones y Transportes”, afirmó el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Fiscalización. “No son cosas que saltan del análisis de la fiscalización, nosotros no tenemos forma de saber si esa aeronave contaba con un permiso para operar como una aeronave comercial. Esa parte no la tenemos analizada, podría hacerlo la Unidad Técnica o la Comisión de Fiscalización a la luz de información superveniente. Tenemos reunión de trabajo el próximo lunes, creo que sería el momento para plantearlo”. Lo que estaría enviando la comisión sería el dictamen de gastos de precampaña que fue aprobado hace una semana por el Consejo General del INE y en el que aparece la aportación del uso de la aeronave que el empresario Samuel Fraijo hizo a la campaña de la candidata priista al Gobierno de Sonora. Aunque en el expediente no aparece la fotografía de la aeronave arrendada, tanto el empresario como la candidata han aceptado que la utilizada fue la avioneta Cessna con matrícula N233JH, de bandera estadounidense e imposibilitada para ser utilizada con fines comerciales.
Adicionalmente, se daría parte a la SCT del uso de esta aeronave durante la campaña de la priista sonorense, ya que la avioneta Cessna de la empresa Acuícola Sayari fue utilizada durante el primer mes de campaña, que arrancó la primera semana de marzo, y hasta que su uso fue denunciado por el diario Reforma, la semana pasada. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN
México, DF. Por unanimidad de tres, votos el octavo tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional concedida la semana pasada por el juez federal Fernando Silva García a la periodista Carmen Aristegui con la que se obligaba a Grupo MVS a sostener una reunión conciliatorio el viernes con su ex conductora. Según consta en registro del Poder Judicial Federal, los magistrados, superiores jerárquicos del juez, coincidieron en que el hijo del ministro Juan Silva Meza excedió los alcances propios que permiten la figura legal de la suspensión de amparo. Ahora habrá que esperar a que el próximo lunes se efectúe una audiencia incidental en la que el propio juez Silva determinará si sostiene su argumentos y concede una suspensión definitiva o si niega la misma.
Por el momento quedó cancelada con esta resolución del tribunal la obligación que tenía MVS de reunirse el viernes con Aristegui. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
La empresa quiere que sea otro juzgador quien lleve el caso; ambas partes deberán reunirse este viernes, por orden judicial, y después asistir a una audiencia.
MVS solicitó que el juez federal Fernando Silva García deje de ser quien conozca y resuelva el amparo promovido por la periodista Carmen Aristegui, luego de que esa empresa intentara romper el contrato que tenía con la comunicadora. De acuerdo con Reforma, MVS promovió este martes la recusación del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien ya dio luz verde al amparo que promovió Aristegui, y ordenó a las dos partes sentarse a negociar, antes de la audiencia que tendrán a finales de este mes. El recurso promovido por la compañía fue turnado a un tribunal colegiado de circuito; ante ello, Silva debe rendir un informe en 24 horas para dar respuesta a las causas que argumenta MVS. Si el juez niega la causa de impedimento, pero posteriormente es comprobada, se expone a una destitución del cargo y podría alcanzar una pena de dos a seis años.
El escrito presentado por MVS no es de carácter público. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación en contra de las empresas de transporte aéreo por supuestas prácticas monopólicas absolutas, lo que podría ser una de las causas de ineficiencia y baja calidad con la que opera esta industria nacional.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer ayer a través del Diario Oficial de la Federación una investigación en el mercado de transporte aéreo por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas. Esto significa que las autoridades cuentan con la información suficiente como para sospechar que las aerolíneas mexicanas están coludidas y manipulan el mercado para su beneficio. Esto podría haber permitido que las empresas abusaran de los consumidores estableciendo precios más altos sin tener si quiera que ofrecer un buen servicio. La autoridad tiene un plazo de entre 30 y 120 días hábiles contados a partir del 3 de febrero pasado, periodo que podría ser ampliado hasta cuatro veces, para publicar sus hallazgos y tomar las medidas necesarias. En caso de que se compruebe una práctica monopólica absoluta, las aerolíneas podrían ser sancionadas con multas que equivalen al 10 por ciento de sus ingresos económicos. Por su parte, los directivos involucrados podrían ser inhabilitados por 5 años, pagar multas de hasta 200 mil veces el salario mínimo e incluso recibir una condena en prisión de entre 5 y 10 años. “La Cofece precisa que el acuerdo sólo se refiere al inicio de un procedimiento indagatorio, sin que se hayan identificado a este momento en definitiva actos que, en su caso, puedan constituir una violación a la (ley)”, explicó la comisión mediante un comunicado de prensa. Aunque a la fecha no se puede afirmar que las aerolíneas mexicanas hayan realizado prácticas monopólicas, lo que sí es un hecho es que llevan años operando de manera ineficiente. Actualmente, el mercado mexicano está encabezado por Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, y las dos operadoras de bajo costo Interjet y Volaris. Mercado estancado La industria aérea ha ganado mala fama entre los mexicanos debido a sus costos elevados y mal servicio. Parte de este problema se debe a que las aerolíneas son protegidas por el Gobierno que cierra las puertas a la competencia internacional. De acuerdo con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sólo el 5 por ciento de los 120 millones de mexicanos utiliza el transporte aéreo, mientras que en Estados Unidos, donde se encuentra el mayor mercado de este tipo en el mundo, es de 55 por ciento. Parte del problema es que no existe una verdadera oferta aérea en el país. Entre el 2003 y el 2013 esta industria creció a una tasa media anual de 1 por ciento. Asimismo, mientras que México cuenta con 318 aeronaves para uso comercial, el país de vecino tiene alrededor de 7 mil. Esta gran diferencia es la que le preocupa a las empresas nacionales cuando se propone algún cambio a la ley que permita la entrada de competencia estadounidense. La mejor solución Los problemas de la industria aérea no se pueden negar, pero encontrar una solución puede ser complicado. La competencia suele traer beneficios para los consumidores. Entre más empresas, más es la presión por satisfacer a los clientes para que no se vayan con el rival. Es por esto que, sobre todo desde el año pasado, existen varias propuestas para realizar un acuerdo bilateral con Estados Unidos que permita una política de cielos abiertos. Actualmente, la operación de aerolíneas extranjeras en México está sujeta a una gran cantidad de requisitos legales que representan un costo adicional. Con la adoptación de una política de cielos abiertos, los estadounidenses podrían operar en igualdad de circunstancias contra las empresas mexicanas. Críticos de la medida afirman que con esto se acabaría la industria nacional porque no se encuentra en igualdad de circunstancias para competir. Pero este tipo de proteccionismo perjudica más a la industria. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, México, Brasil y Colombia se encuentran entre los países de latinoamérica que tienen un marco legal alejados de los estándares internacionales. No obstante, el año pasado surgieron protestas en torno a una posible negociación entre México y Estados Unidos para establecer una relación de cielos abiertos. Después de varios meses en los que el Gobierno sugirió que esto sería una realidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte negó cualquier tipo de arreglo ante la presión de empresas y sindicatos.
Mientras tanto, lo más perjudicados siguen siendo los consumidores. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ALEJANDRO DABDOUB.
Hay seis estados con incremento sostenido de crímenes en 2015, entre ellos Veracruz y Guerrero.
La tendencia a la baja en homicidios que se venía registrando a lo largo de este sexenio terminó: marzo dejó mil 441 personas asesinadas, la cifra más alta de los últimos nueve meses en México. Antes, en febrero, ya se había registrado el promedio diario de crímenes más elevado – 50- desde el año pasado. El estado de México, Guerrero y Chihuahua son los estados con el mayor número de personas asesinadas en 2015, pero hay seis entidades, entre ellas Veracruz y Morelos, que registran un incremento sostenido mes a mes en homicidios. De acuerdo con las cifras actualizadas que proporcionan las procuradurías y fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se abrieron mil 310 averiguaciones previas por casos de homicidio doloso con un total de mil 441 personas asesinadas. Este número de casos y de víctimas es el más alto que se registra en el país desde mayo de 2014.
En suma, el primer trimestre de este año cerró con tres mil 853 homicidios dolosos en el país, cantidad que si bien es inferior al mismo periodo de 2014, también pone en evidencia un incremento en comparación con el último trimestre del año pasado, en el que hubo tres mil 794 averiguaciones por homicidio.
Desde diciembre del 2014 no se ha logrado descender del rango de al menos mil 400 personas asesinadas en un mes. En febrero se registró el promedio diario más alto de asesinatos: 50 casos cada 24 horas. La cantidad de homicidios dolosos registrados en los tres primeros meses del 2015 pone a México con una incidencia de homicidios violentos que aún está por encima del 2009 y los años anteriores a ese, tanto en el número total de denuncias como en la tasa de casos por cada 100 mil habitantes. El experto en temas de seguridad y narcotráfico Alejandro Hope dijo en febrero que era muy complicado que el descenso en el número de homicidios se mantuviera luego del comportamiento que se observaba en las cifras de los últimos meses. Estimó que 2015 podría cerrar con un total de crímenes casi idéntico al del año pasado o incluso superior. El estado de México acumuló el mayor número de homicidios de enero a marzo de 2015: 498 averiguaciones previas con 560 víctimas. En segundo lugar está Guerrero con 433 expedientes y 433 personas asesinadas. Le siguen Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. Todas esas entidades tienen en común la presencia de células del crimen organizado. Un dato que llama la atención es el de seis entidades del país en donde el incremento de homicidios, mes con mes, ha sido sostenido este año. Destaca Morelos, en donde la cifra de crímenes casi se duplicó en un solo mes. Los estados con menos homicidios según la estadística oficial son Yucatán con diez personas asesinadas en los tres primeros meses del año, Aguascalientes con 12 víctimas y Tlaxcala y Nayarit con 15 casos respectivamente. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo señalan que más de la mitad de los homicidios dolosos de este año – 56%– se cometieron con armas de fuego. Bajan plagios en estados, repuntan casos federales En marzo se registraron, según los datos oficiales, 80 averiguaciones previas por secuestro a nivel estatal. Se trata de la menor cifra mensual desde diciembre del 2010 y concuerda con la tendencia a la baja que han venido reportando las procuradurías de los estados. El número de víctimas de plagio – 92 – también es el menor registrado desde el año pasado cuando se comenzó a publicar esta estadística. La realidad es un poco distinta en los casos federales. La Procuraduría General de la República (PGR) reportó en marzo 42 averiguaciones previas por secuestro en marzo, cifra por encima de los 37 casos en febrero. Con esto el primer trimestre del año cierra con 394 averiguaciones previas por secuestro, contando casos federales y estatales, según las cifras oficiales. Este balance es menor al reportado por la organización no gubernamental Alto al Secuestro, que informó que el número de plagios fue de 428 en los primeros tres meses del 2015. Las entidades que encabezan la incidencia en secuestros en lo que va de este año son Tamaulipas, estado de México, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Solo esas cinco entidades acumulan 7 de cada 10 víctimas de secuestro. En el tema de las extorsiones, marzo registró 443 averiguaciones previas por ese delito, por lo que el primer trimestre del año cerró con mil 274 casos. Es una reducción en el número de denuncias del 26% en comparación con los tres primeros meses del 2014. Jalisco es la entidad con el mayor número de extorsiones en lo que va de este año al acumular 209 víctimas en total. Cabe señalar que se trata de uno de los cuatro estados considerados como prioritarios por el gabinete de seguridad debido al fortalecimiento de la delincuencia organizada y en especial del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Dudan de los datos Representantes de la sociedad civil han expresado en los últimos días sus dudas respecto a las mediciones de la incidencia delictiva oficial, sobre todo por la posible manipulación de los datos en los estados. Por ejemplo, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Andrea Ambrogi Domínguez, dijo que el sostener el nivel delictivo solo en las averiguaciones puede generar incentivos perversos, como por ejemplo, que las fiscalías opten por reportar menos averiguaciones o hacerlas con un delito erróneo. “Se necesita cambiar la forma de medir la incidencia delictiva en México y tomar en cuenta otros factores como la victimización por cada cien mil habitantes, además de que no puede desecharse el valor de la cifra negra que ya es medido por instancias como el INEGI”, dijo tras la presentación del Índice Global de Impunidad 2015.
Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, también advirtió sobre la posible manipulación de los datos, como puede ser el clasificar los homicidios dolosos como no intencionales. En el análisis más reciente de las cifras reportadas en febrero, el Observatorio detectó además que estados como Sinaloa y Sonora no reportaron un solo caso de robo a transeúnte. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
"México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual", apunta.
Texto en español de Jesse Franzblau, traducido por Francesca Emanuele, publicado por Al Jazeera el pasado 8 de abril: México incrementa la presión hacia periodistas La revelación de secretos estatales y la censura de los medios El 15 de marzo, el conglomerado mediático mexicano, MVS Comunicaciones, despidió a la galardonada periodista de investigación Carmen Aristegui después de rechazar su petición de reincorporar al trabajo a dos de sus colegas. Daniel Lizárraga e Irving Huerta fueron despedidos una semana antes por MVS Radio, alegando que la causa del despido fue por haber utilizado, sin permiso, el logotipo de la empresa para apoyar a MéxicoLeaks, una nueva plataforma de denuncia, puesta en marcha desde el 10 de marzo por un conjunto de cinco medios de comunicación, más dos asociaciones civiles. Sin embargo, previamente Aristegui y su equipo de reporteros hicieron un reportaje de investigación sobre la lujosa mansión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual fue construida por un grupo de bienes raíces que más tarde ganó lucrativos contratos gubernamentales. El despido de una de las periodistas de radio más importantes de México ha despertado preocupaciones por el regreso al país de las llamadas “malas y viejas formas“, cuando el gobierno mexicano podía contar con la colaboración de los propios medios de comunicación para reprimir las voces críticas periodísticas. En las horas posteriores a la matanza de estudiantes de 1968 por parte de las fuerzas de seguridad en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México, las autoridades se movilizaron rápidamente para encubrir los asesinatos, confiscando películas, reportajes inéditos, y otros documentos periodísticos que cubrieron la protesta. El gobierno quería desaparecer el problema de los estudiantes y las noticias del derramamiento de sangre: México se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de verano de 1968. No fue sino hasta 2002 que el diario El Universal publicó fotos de aquel día, de un rollo sin revelar con imágenes que se mantuvieron en secreto durante décadas. El encubrimiento de la masacre de Tlatelolco tuvo lugar en un momento en que los medios de comunicación eran aliados dispuestos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que gobernó México durante siete décadas consecutivas. Esta es una de las principales razones por las que la masacre de Tlatelolco, junto con un sinnúmero de otras atrocidades cometidas durante el período de la “guerra sucia” en México, permaneció en la opacidad durante años. Mientras Peña Nieto y los índices de aprobación de su partido, el PRI, se desploman, parece que es vital para su futuro político el mantener la cultura de secretismo, y el silenciar a los disidentes. En un reciente artículo de opinión, “Todos somos Carmen“, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor John Ackerman realizó una oportuna conexión entre el despido de Aristegui y las próximas elecciones legislativas en junio. Regularmente, el programa de Aristegui dio cabida a las posturas de partidos de la oposición, y trató temas controversiales, entre ellos el asesinato en junio pasado de 22 personas en Tlatlaya, y el secuestro y desaparición de 43 estudiantes a finales del año pasado de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El escándalo también llega en un momento crucial en la lucha por el acceso a la información gubernamental sobre los abusos de poder en México. Los periodistas están usando cada vez más la Ley de Transparencia del país, que incluye una cláusula específica que exige la revelación de información en caso de graves violaciones a los derechos humanos, para destapar secretos de Estado, corrupción y abusos de poder. Esta es información que de no ser por la posibilidad de recurrir a la ley, sería información clasificada. Los periodistas despedidos del conglomerado MVS apelaron a esta cláusula para obtener documentación sobre los asesinatos de Tlatlaya y el intento de encubrimiento por parte del ejército. Del mismo modo, el principal organismo de supervisión del acceso a la información en México, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al ejército a revelar documentación relativa a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, apelando a la misma cláusula. Como respuesta a otra orden de IFAI, el pasado diciembre la Fiscalía General dio a conocer un documento secreto sobre las masacres de San Fernando de 2010-2011, resultante de una solicitud que yo mismo presenté. Los documentos contenían nueva información sobre las conexiones entre la policía y el, tristemente célebre, cártel de drogas Los Zetas en el momento de las masacres. Hay otros casos en los que el acceso a documentación gubernamental podría implicar al gobierno de Peña Nieto como cómplice en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. La divulgación de secretos de Estado expone ampliamente al gobierno al escrutinio nacional e internacional. Pero es precisamente el tipo de publicidad que el gobierno de Peña Nieto intenta evitar a toda costa. La desclasificación de información se convierte particularmente en una tarea más complicada cuando se trata de cuestiones referentes a las relaciones entre Estados Unidos y México, donde miles de millones de dólares en asistencia estadounidense para la seguridad están en juego. Ambos gobiernos se apoyan en campañas coordinadas de relaciones públicas para justificar que Washington continúe financiando la guerra contra las drogas. Durante el año pasado, el gobierno de Peña Nieto emprendió agresivas campañas de relaciones públicas, las que dieron como resultado una cobertura internacional positiva hacia las amplias reformas económicas del presidente. Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time en febrero de 2014, con una leyenda que decía, “Saving México” (Salvando México). The Economist también ha defendido el programa de reformas del asediado presidente. Incluso al inicio de la tragedia de Ayotzinapa, The Economist continuó elogiando las reformas estructurales de Peña Nieto, defendiendo una “presidencia prometedora”, si bien reconoció la inexistencia del Estado de derecho en México. No obstante, el despido de Aristegui y su equipo constituye un punto de inflexión. Se ha producido un cambio que ha alejado los ciegos halagos internacionales para con la administración de Peña Nieto. Por ejemplo, la noticia de The Economist sobre el caso Aristegui señaló que el hecho de que haya sucedido en este momento “plantea la sospecha de que el gobierno —que está luchando para recuperar su popularidad a menos de tres meses de las elecciones de medio término— haya presionado a MVS Radio”. El New York Times apuntó a que el escándalo se está viendo como un “golpe a la libertad de expresión”, enlazando directamente el despido de los periodistas con sus reportajes sobre la mansión de Peña Nieto. México podría pronto darse cuenta de que no es fácil silenciar a los medios de comunicación en la era digital actual. La creación de MéxicoLeaks desencadenó la serie de eventos que condujo al despido de Aristegui. MVS Radio se negó a unirse al conjunto que ha creado la plataforma, y despidió a sus periodistas. En respuesta, el grupo ciber-activista Anonymous hackeó el sitio web de MVS Radio y anunció que esta empresa de comunicaciones participará en MéxicoLeaks “involuntariamente”, sugiriendo tener la intención de filtrar correo internos y otros documentos y enviarlos a la plataforma de denuncia. MéxicoLeaks espera exponer la corrupción política, los abusos de derechos humanos y otros malos usos del poder institucional y económico. Forma parte de la investigación periodística mexicana, que sigue creciendo a pesar de los enormes obstáculos. Los periodistas de investigación han descubierto información oculta no sólo sobre el papel de la policía federal y militar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también de los intentos del gobierno para ocultar información pertinente, enterrar los errores de sus investigaciones y reprimir conclusiones indeseables.
Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estaban preparándose para un viaje a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad los interceptaron y los secuestraron. Detalles importantes sobre su destino siguen siendo desconocidos. Ojalá que los periodistas de México venzan esta cultura de secretismo para garantizar que las familias de las víctimas y el público mexicano no tengan que esperar décadas hasta conocer toda la verdad detrás de esta tragedia. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Valle de San Quintín, BC: Lucila Hernández, líder jornalera, viajó hasta la ciudad de México para exponer ante legisladores federales las condiciones de explotación en que viven, y lo primero que pidió fue que se construyera un hospital de especialidades. “Es que eso urge”, dijo Lucila al relatar el caso de tres personas (dos mujeres y un recién nacido) que murieron durante los últimos dos años en el trayecto del rancho “Los Pinos”, su comunidad, al centro de la ciudad de Ensenada, a cuatro horas de distancia en autobús. Las dos mujeres fallecidas necesitaban ser atendidas por un especialista en urgencias médicas o complicaciones durante el embarazo. Además, a falta de servicios adecuados tuvieron que utilizar varios transportes (ambulancia, automóvil particular y autobús) para recorrer 170 kilómetros. Y es que en este Valle, con una población de más de 80 mil personas y 43 mil hectáreas de superficie agrícola, sólo hay dos pequeñas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una del Seguro Popular (SP) y un hospital que no atiende especialidades. La misma Lucila, quien en días pasados exigió a funcionarios federales que apoyen su lucha para abolir la explotación en el campo, enfrentó un calvario durante más de un año para atender un padecimiento de miomas en los ovarios. La indígena mixteca que reside en este lugar desde hace 30 años, dice que esa enfermedad “la arrancó” del campo, a donde no ha de volver aunque sane. Cuenta que un asiento de escritorio le sirvió como silla de ruedas durante un año, mientras se reponía de la fuerte infección en los intestinos que le originó el mal tratamiento y la insensibilidad y negligencia de un médico del SP que aún sigue en funciones. Su nuevo médico (un especialista particular que la atiende gratuitamente gracias a la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) asegura que si la mujer no hubiera llegado a Ensenada a pedir ayuda especializada, ahora tendría cáncer. Por el costo de los traslados y los medicamentos, la enfermedad de Lucila consumió los ahorros de su familia y las pequeñas ganancias de una tienda de abarrotes que levantó con un préstamo, pero que ya cerró. Ahora ella duerme en el suelo en un petate. La mujer, originaria de Oaxaca, está acostumbrada a ser líder, a gestionar mejoras comunitarias y a no obedecer a nadie, por eso nunca ascendió a “mayordoma” en los campos agrícolas, ni conservó por varios años un mismo empleo. La ahora presidenta de su comunidad lucha porque dos de sus vecinas, ambas jornaleras, reciban la atención y los recursos económicos que necesitan para atender los padecimientos relacionados con la salud reproductiva, comunes entre las mujeres mayores de 40 años de edad que habitan en el Valle. “Las casitas” Mientras caminaba por el rancho “Los Pinos”, también conocido como “Las Casitas”, Lucila levantaba polvo de estas calles alineadas por varias casas construidas con materiales de desecho, y señalaba a las niñas y niños que esperaban solos a que sus padres regresaran del campo tras cumplir su jornada laboral de nueve horas. Lucila se detuvo frente a un cuarto verde de cemento de no más de 20 metros cuadrados. A diferencia de los otros terrenos, en el patio de esta casa no florece la manzanilla. “Ahí vivía Enedina Muñoz; murió a los 40 años de edad porque le colapsaron los riñones mientras la llevaban en ambulancia hasta Ensenada”, cuenta. A la mujer le sobreviven sus dos hijos y su esposo. La misma suerte corrieron Leonila –mientras estaba en labor de parto a bordo de un coche particular– y un recién nacido que murió de regreso a la comunidad porque le entró polvo a sus pulmones. En una casa con techo y paredes de lámina vive Maura, la mujer de 48 años que padece quistes en los senos y que no habla de su padecimiento porque le avergüenza. Maura es de Sinaloa y tiene más de tres años lidiando con el médico del Valle, porque aún no recibe un tratamiento que la alivie. En otra de las calles está el domicilio de Rosario, que cada martes deja a sus tres hijos y su esposo carpintero –con parálisis en las piernas provocado por un accidente de trabajo– para irse hasta Ensenada a sus citas médicas. Maura empezará con quimioterapias en próximos meses, por lo que tendrá que viajar hasta Tijuana, a seis horas del Valle, en dirección hacia el norte. Luego de platicar con el esposo de Rosario, Lucila se encontró a Hilda, una mujer de 42 años que camina con dificultad entre el polvo y las piedras de estas calles. Hilda está enferma de las rodillas, ya fue operada de una de ellas y ahora toma un mar de medicamentos. La inyectan cada semana para que no se le hinchen ni le duelan, y aunque necesita una segunda operación, teme que ésta le impida volver a caminar para siempre. Por el constante dolor en sus articulaciones, Hilda –que en ese momento regresaba del campo– no terminó la pizca de la mora que a diario debe realizar en seis surcos de 100 metros cada uno. Y aunque se llevó toda la mañana de rodillas, la mujer sólo ganó 60 pesos. Pésima atención en salud Uno de los principales impedimentos para que todas las jornaleras reciban atención adecuada es que muchas de ellas carecen de seguridad social por falta de documentos, como el acta de nacimiento. La Casa de la Mujer Indígena (Cami), una organización civil que defiende los derechos de las mujeres en San Quintín, ha insistido a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero que realicen campañas que permitan a sus paisanos tramitar sus papeles. De acuerdo con un estudio realizado en 2010 por la Cami, sólo 27% de las 419 mujeres que fueron entrevistadas estaban afiliadas al IMSS. Y según datos recientes que dieron directivos de la institución en las recientes negociaciones con los jornaleros, de una población trabajadora que podría superar las 80 mil personas, sólo 17 mil están afiliadas al Seguro Social. Algunas jornaleras consultadas comentaron que el trámite del acta de nacimiento es casi imposible para las oriundas de Guerrero, ya que el gobierno estatal se niega a facilitarlo y porque el Registro Civil en Ensenada les pide 350 pesos por persona para realizar el trámite, sin que esto les asegure que tendrán los documentos. Irene Herrera Verduzco, trabajadora social del IMSS en San Quintín, asegura que luego de que inició el paro de labores en el campo, en marzo pasado, el personal sanitario tiene la orden de no regresar a ningún paciente por el sólo hecho de no tener dinero para pagar una foto que exige su registro. “Nunca habíamos tenido tanta gente. Es que siempre se les ayuda, pero si ahora no tienen para pagar una copia o una foto, yo hablo con la de la papelería para que se las deje más barata”, explica. Además, un hospital de especialidades es “urgente”, coincide Irene con Lucila, porque todos los días se usan las ambulancias para llevar a las mujeres del Valle hasta Ensenada. Sin dar cifras porque “no están a la mano”, la trabajadora sostiene que el principal padecimiento por el que las jornaleras buscan atención es la lumbalgia, dolores en articulaciones y accidentes en el trabajo, como heridas, esguinces, fracturas, picaduras de abeja, cuerpos extraños en los ojos, o choques de automóviles en el trayecto al campo. En el área de ginecología las mujeres acuden con más frecuencia por cáncer cérvico uterino, embarazos de alto riesgo, miomas o quistes, e infecciones en la matriz, dice. La trabajadora social asegura que si bien no se han realizado estudios al respecto, los químicos y fertilizantes que se usan en los ranchos podrían estar vinculados con los padecimientos de las jornaleras; sin embargo, ya se “está trabajando para que se dejen de usar esos productos químicos”, subraya. Las ambulancias del IMSS, agrega, están a disposición de las trabajadoras, y en caso de emergencia médica los vehículos van hasta los centros de trabajo para llevarlas a Ensenada.
Mientras la trabajadora social concedía la entrevista se vio obligada a explicar a los familiares de una paciente de psiquiatría que su cita médica –prescrita como urgente– tendría que postergarse hasta el próximo mes por falta de espacio en la agenda… y por falta de una ambulancia que la lleve hasta el consultorio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
Contradicciones e impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de civiles en el Estado de México, señala Loretta Ortíz Ahlf.
El caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, está lleno de contradicciones por parte de las autoridades y “lo que se está haciendo es mantener la impunidad, la falta de información nos dice que esto se va a seguir manteniendo en lo oscuro”, afirmó Loretta Ortíz Ahlf, diputada que integró la comisión especial que investigó los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado. En entrevista para Aristegui CNN, expuso: “Cuando iniciamos las investigaciones, para coadyuvar a la investigación con esta Comisión especial de Tlatlaya, nos abocamos a tener reuniones”. Primero se reunieron con el alto comisionado de Naciones Unidas; también con el entonces procurador Jesús Murillo Karam; así mismo con altos mandos de la Sedena, y con personal de la Procuraduría General del Estado de México. “A todas las reuniones nos presentamos con una serie de cuestionamientos, algunos que atendían a respuestas que aún no tenemos, como por ejemplo, lo de la cadena de mando, los que ejecutaron en violación de los derechos humanos, no actuaron por inspiración ni ocurrencia, nunca se nos dio explicación alguna”, apuntó. La Secretaría de la Defensa Nacional dice que “como ya no tiene jurisdicción, como ya el asunto tenía jurisdicción la procuraduría del Estado de México y luego la de la República (PGR), que no podía dar ninguna información. Apenas hace una semana, mandaron un informe que es un insulto a la inteligencia, alegan que no tienen que dar información alguna, que son un poder independiente”. “Dicen que el artículo 116 los exime de dar información. Si esa respuesta se la dan al Congreso, ¿qué será a los ciudadanos, periodistas…?”, preguntó. “¿Esa independencia los justifica a hacer los actos que realizan, como una ejecución?”, abundó la diputada. “¿Dónde quedan los derechos humanos y las garantías fundamentales de las víctimas y de toda la sociedad que tiene derecho a la información?, ¿dónde, en la Constitución, se excusa a alguna secretaría o dependencia?“, continuó. Aseveró que “en el caso de la PGR, tuvimos entrevista con el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Hay contradicción en lo declarado por las dependencias”. Murillo dijo “son ocho los que participaron, es una diferencia de ocho a 12, los demás no son responsables”. “No es lo mismo que me mate cualquier persona a que me mate el Ejército”, sentenció Loretta Ortíz. Recordó que “En Tlatlaya fueron ejecutadas 15 personas, y dentro de las contradicciones la PGR , la misma Sedena, dicen que hubo un enfrentamiento y no, fueron ejecutados”. “Cualquier persona tiene derecho a un debido proceso y debe ser llevado a juicio, aunque haya sido el peor de los criminales”, sostuvo. Además, “llamó la atención que el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, en su presentación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que sí, que era una masacre, lo reconoció”.
“Hay certeza de que los de la Sedena tuvieron conocimiento a las 5:45 horas, y según Manzur les notificaron hasta las seis de la mañana, entonces de las seis de la mañana a las 12:30 que se presentan, hubo tiempo suficiente para poder cambiar la escena del crimen, es precisamente lo que se puntualiza en el informe de la CNDH”, concluyó. VÍDEO:
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