CHILPANCINGO, Gro: Integrantes de la guardia comunitaria del municipio de Tixtla y activistas boicotearon una actividad proselitista y expulsaron a la candidata a diputada local por el distrito 24 del PRD, Erika Alcaraz Sosa, a quien reprocharon su indiferencia frente al caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Ya se les dijo que no a las elecciones, primero que aparezcan los alumnos y luego las elecciones. Cómo es posible que no sientan dolor? Queremos que se preocupen por los desaparecidos y luego hagan campaña”, expresó un grupo de mujeres respaldadas por miembros de la autodefensa que opera en el barrio del Fortín de la cabecera municipal.
El domingo 19, la regidora con licencia de Tixtla y actual candidata a diputada local, arropada por el presidente del Congreso, el diputado local perredista vinculado con el narco, Bernardo Ortega Jiménez, arribó a esta zona de la cabecera a bordo de una camioneta doble cabina blanca para entregar prendas y ofrecer un espacio deportivo a cambio de que voten por ella.
“Ya estamos hartos de promesas y promesas. Queremos servicios públicos, un mercado funcional, no bolsas y despensas como si fuéramos animales. Con eso engañan al pueblo, la miseria los hace votar”, lanzaron los inconformes mientras exigían que la joven bajara de su vehículo para confrontar sus propuestas de campaña.
Ante la negativa de la candidata, quien decidió permanecer en su camioneta, los activistas advirtieron: “Donde vayan ahí vamos a estar presentes”.
La acción fue video grabada por el grupo de autodefensa y las imágenes las difundieron en redes sociales, donde la protesta en contra de la candidata perredista sintetizó la inconformidad de un sector de la sociedad que exige la cancelación de las elecciones del 7 de junio con el argumento de que la clase política sólo representa los intereses de la delincuencia y grupos de poder.
El municipio de Tixtla es una de las zonas consideradas por autoridades electorales como foco rojo, pues ahí se encuentra la normal rural de Ayotzinapa, así como las familias de al menos tres de los 43 estudiantes desparecidos desde hace siete meses en la ciudad de Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
No aporta ningún elemento novedoso, dice el comisionado nacional de Seguridad. "Son dichos en off’’, señala. Remite a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados por la PGR a raíz del enfrentamiento del 6 de enero. ‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación’’.
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que el nuevo video difundido sobre los hechos violentos ocurridos la madrugada del 6 de enero de este año en Apatzingán no aporta ningún elemento novedoso respecto de lo informado en su momento por la Policía Federal (PF).
‘‘Estoy cierto que este evento se desarrolló, tanto en la madrugada en la plaza de la ciudad de Apatzingán, como en el traslado de los vehículos al corralón, como se anunció en su momento, producto de las investigaciones realizadas’’, dijo el funcionario al ser entrevistado tras la inauguración de la Feria Aeroespacial organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea de Santa Lucía.
Rubido García remitió a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados a raíz del enfrentamiento por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
‘‘Con toda objetividad, y lo digo de manera muy respetuosa, es un video (el recientemente presentado) que no muestra nada. No hay un solo hecho contundente y son dichos en off’’, apuntó el comisionado.
Apenas el sábado pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer la recepción de un video anónimo del cual podían ‘‘inferirse presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal’’, y que del mismo se notificó a la PGR y a su propia unidad de asuntos internos.
Esta vez, el comisionado Rubido apuntó: ‘‘Dijimos que íbamos a dar parte (a la PGR) ante la eventualidad, y quiero enfatizar eso, eventualidad, de una presunta’’ acción de ese tipo por parte de los elementos federales.
A partir de ello, añadió, ‘‘se está trabajando puntualmente porque la averiguación previa sigue radicada, sigue abierta en la PGR, y será la que tenga que dar parte de cómo va’’ esa investigación. Respecto de la indagación de su oficina de asuntos internos, el funcionario aseguró que hasta el momento no se ha obtenido nada que apunte a una mala actuación de la Policía Federal.
‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación de cómo se dieron los acontecimientos. Desde el mismo 6 de enero se hizo la investigación y se mostraron las pruebas a través de las conferencias que en su momento se dieron’’, indicó.
Los más de 60 elementos que participaron en esos operativos en el municipio de Apatzingán ya fueron investigados entre enero y marzo pasado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, a fin de que se establezcan las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en el ámbito administrativo, una vez que se deslinden responsabilidades.
El pasado 6 de enero, en el municipio de Apatzingán, se produjeron dos enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Fuerza Rural, y oficialmente –de acuerdo con información del ex comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo– nueve personas fallecieron en los tiroteos. Aseguró que sólo dos de los cadáveres presentaban impactos de bala coincidentes con los calibres que utilizan las armas de los agentes federales.
‘‘El resto presenta impactos sobre todo de calibre 9 milímetros, mismo que no coincide con las armas oficiales.’’
Durante una conferencia de prensa ofrecida el 12 de enero en la ciudad de Morelia, Castillo Cervantes señaló en esa fecha: ‘‘Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros, y hay dos personas que recibieron impacto de arma de fuego tanto de la PF (como) del grupo civil, y que también son heridas mortales, por lo que es imposible determinar cuál de los balazos provocó la muerte’’.
Enfatizó: ‘‘No estamos frente a hechos de homicidio por parte de autoridades, ni el Ejército (cometió) abuso de autoridad, sino fue legítima defensa’’.
Sin embargo, una investigación periodística señala que los agentes federales habrían abatido a mansalva a los ciudadanos y que incluso hay al menos una persona desaparecida.
Ayer, funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional señalaron que las indagatorias realizadas y entrevistas sostenidas con los pobladores tras los sucesos violentos no arrojaron ninguna evidencia de abuso o uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo, tras la entrega anónima de un video en el que presuntamente existirían imágenes que demostrarían la comisión de actos ilícitos en contra de ciudadanos durante esos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República iniciaron procedimientos de tipo administrativo y una investigación penal para fincar responsabilidades.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rosa Elvira Vargas y Gustavo Castillo.
El fallo de los magistrados, victoria pírrica: Xavier Cortina
Uno de los dos representantes legales de Carmen Aristegui en el litigio contra el Grupo MVS, Xavier Cortina, expresó que la resolución del tribunal colegiado para suspender la reunión conciliatoria prevista para el viernes 24 de abril entre la periodista y los concesionarios de la radioemisora claramente busca evitar que se lleve a cabo una diligencia que hubiera aportado una solución al conflicto planteado.
El abogado Cortina, quien junto a Javier Quijano asumió la defensa de Aristegui a partir de su despido, indicó que es una victoria pírrica de Alejandro y Joaquín Vargas, los dueños de la emisora, quienes intentan bloquear la intervención de la figura arbitral que representa José Woldenberg, a pesar de haber sido contratado por los empresarios con estos fines.
En entrevista con La Jornada, el jurista dijo que se perdió una oportunidad de oro para resolver el conflicto mediante un arbitraje que mutuamente estaba acordado y no entrar a un litigio de largo plazo. Se percibe la deliberada intención de que no se dé este arbitraje. Saben que corren el riesgo de que José Woldenberg no les dé la razón. Aunque bien pudiera ocurrir, también, que el árbitro les hubiera dado la razón a ellos contra la intención de Aristegui de regresar con su noticiero a la emisora.
Cortina agregó que desde el punto de vista de cualquier abogado, cerrar la posibilidad de resolver el conflicto y abrir la perspectiva de un litigio complicado es un error. Pero además el efecto de la suspensión de la audiencia es de muy corto plazo, ya que el lunes debe llevarse a cabo una audiencia incidental en la que el juez Fernando Silva García debe resolver en definitiva cuáles serán los efectos de la suspensión otorgada hoy a MVS por el octavo tribunal colegiado: el juzgador puede reiterar que se mantenga en efecto la suspensión, pero también podría negarla y ahí se abre la posibilidad de conceder la protección constitucional a mi defendida Carmen Aristegui.
Por otra parte, Cortina explicó que es falso que la defensa de Aristegui haya recorrido 16 juzgados distintos para interponer el amparo en favor de su defendida. Afirmó que la periodista sólo presentó un amparo y la autoridad competente lo turnó de manera aleatoria al juzgado correspondiente. No es verdad que este amparo fuera rechazado en 15 juzgados. Hay una confusión. Existen otros amparos interpuestos por ciudadanos en lo individual que reclaman su derecho constitucional a la información en su carácter de audiencias que probablemente hayan sido rechazados. No fue el caso del amparo de mi clienta.
Informó que al menos 150 amparos interpuestos por radioescuchas de Aristegui ya se turnaron y fueron admitidos por el tribunal especializado para casos concernientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BLANCHE PETRICH.
MÉXICO, D.F: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el pago de 7.7 millones de pesos de la empresa Dish a Televisa y Televisión Azteca por los costos de producción de la pauta federal que transmite mediante su señal satelital desde el 5 de abril pasado y el día de la jornada electoral.
Esto luego de atender la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del pasado 16 de abril, en la que revocó parcialmente la sentencia aprobada por el INE y le ordenó un nuevo acuerdo que sustentara los criterios por los que la empresa de televisión restringida debía pagar por una pauta federal.
El acuerdo del INE se aprobó en sesión extraordinaria con seis votos a favor y seis en contra y tras un largo debate originado por la recepción de dos escritos, uno de Televimex (Telvisa) y otro de Dish, en los que ambas empresas pidieron que sus observaciones fueran tomadas en cuenta por el Consejo General.
Mediante oficio, Dish, a través de su apoderado legal, Adrián Ortega, pidió al INE, a primera hora de hoy y con carácter “urgente”, un nuevo acuerdo que modificara las condiciones para la transmisión de la pauta federal y que “las partes involucradas devuelvan las contraprestaciones que ahí se estipulan”, mismas que habría pagado a Televisa, al menos, para la generación de una señal alterna.
Por su parte, la empresa de Emilio Azcárraga Jean envió un oficio a INE la noche del martes en el que le pide mantener su acuerdo del 26 de marzo e impedir que Dish tome una señal como la de Torreón Coahuila, como propuso esa empresa.
Jorge Rubén Vilchis Hernández, representante legal de la televisora, argumentó en el documento que la empresa “ha tenido que erogar recursos para la generación de otra señal diferente a la radiodifundida, con el contenido del Canal de las Estrellas, el Canal 5 y la pauta federal” y ha contratado espacio satelital, que de cancelarse le implicaría “responder por incumplimientos”.
El Consejo General del INI aprobó que se incorporaran los documentos supervinientes de Dish y Televimex en los considerandos del acuerdo y que se hiciera referencia a la respuesta en los mismos.
Sin embargo, dichos escritos no modificaron la decisión del INE que, en acatamiento a la resolución del TEPJF del pasado 16 de abril, avaló en la sesión de hoy las reglas aplicables a la retransmisión de señales radiodifundidas por parte de las concesionarias de televisión restringida satelital.
El INE analizó la propuesta de Dish para cumplir con esa obligación, a través del uso de una señal de Coahuila, pero ratificó la orden de que la empresa pague los 7.7 millones de pesos a Televisa y TV Azteca pro los costos de producción para acceder a la señal con pauta federal que deben transmitir durante el periodo electoral.
Aunque los escritos de Televisa y Dish no modificaron la resolución del INE, sí causaron alargaron la sesión por casi hora y media en que los consejeros discutieron si procedía dar respuesta a los escritos e incluirlos en el acuerdo de acatamiento de sentencia del TEPJF.
Al final, por mayoría de votos resolvieron incluir los escritos en el acuerdo sin que eso modificara su resolución.
Durante la sesión los consejeros también aprobaron cuatro proyectos de dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización y proyectos de resolución de Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y gastos correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2014-2015 en Campeche, Colima, Michoacán y Yucatán.
El tema central fue si era viable imponer la multa de manera inmediata como se hizo en la sesión pasada ante multas al PVEM, decisión que ya fue impugnada por los partidos políticos ahí representados.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, pidió a los consejeros aplicar los mismos criterios a otras decisiones como en el caso del Verde y las televisiones que repartió el gobierno federal con su logotipo “Mover a México”.
También se aprobó el proyecto de acuerdo para modificar los lineamientos para la implementación y operación de los conteos rápidos en los procesos electorales federal y locales 2014 y 2015.
Además se avaló el informe de actividades del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido Febrero-Marzo 2015 y los catálogos de municipios y secciones que conforman el Marco Geográfico Electoral de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Zacatecas, como insumo para la generación de los escenarios de distritación.
Al finalizar la sesión, el consejero presidente Lorenzo Córdova pidió a los presentes en el Consejo General un minuto de silencio por el fallecimiento, el lunes pasado, de la consejera local del Consejo Electoral de Nayarit, Luz María Parra Cabeza de vaca, el lunes pasado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Este miércoles Marcelo Ebrard sostuvo que su sucesor al frente del Gobierno del DF, así como el actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Miguel Ángel Mancera y Joel Ortega, respectivamente, son los responsables del actual “desastre de la Línea 12”.
En el marco de la presentación del libro “Línea 12, historia de una infamia”, del diputado local Cuauhtémoc Velasco, Ebrard Casaubón sentenció:
“Diría yo lo siguiente: El gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, y en particular Adolfo Joel Ortega, que recibieron en definitiva la línea el 8 de julio de 2013, son responsables jurídicos y operativos de lo que hoy dicen es un desastre de la Línea 12, así de sencillo”.
El exjefe de Gobierno y ahora candidato a diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano (MC), destacó que ambos funcionarios recibieron la Línea 12, e incluso a los siete meses de la actual administración firmaron un acta de recepción definitiva.
Por tanto, argumentó, “hay una responsabilidad jurídica establecida por la ley cuando tú recibes en definitiva una obra, te haces responsable jurídicamente de su funcionamiento, operación y mantenimiento, y eso lo han ocultado persistentemente, hoy es muy difícil exigirles eso, pero en la Cámara de Diputados, quién sabe”, advirtió Marcelo Ebrard.
Enseguida cuestionó: “¿Cómo es posible que quien la reciba hoy diga que está mal?”. Más aún, Ebrard, quien inauguró la Línea 12 el 20 de noviembre de 2012, en el crepúsculo de su gobierno, no evadió que pueda tener responsabilidad, pero sostuvo que aún no le han dicho cuál es.
“Sería poco serio de mi parte decir que no tengo nada que ver, yo quiero estar en el debate, se pudo haber reparado antes, no está demostrado que decisiones se hayan tomado por corrupción”, atajó.
Incluso, pronosticó que habrá retraso en la reapertura de la llamada Línea Dorada, ya que lo que buscan las autoridades capitalinas es alargar las críticas contra el gobierno que él encabezó.
En su intervención, Velasco Oliva denunció que fallas en el mantenimiento incidieron en la suspensión del servicio de la Línea 12 del Metro.
“Llegamos a la conclusión de que hubo graves fallas en mantenimiento y operación de la vía”, reveló el exintegrante de la comisión investigadora de la Línea 12 en la ALDF.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
TECÁMAC, Edomex: El presidente Enrique Peña anunció que su administración tiene el objetivo de renovar las flotas aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina, al tiempo que se congratuló por la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado y la Cámara de Diputados.
En el marco de la inauguración de la Feria Aerospacial 2015 en la base aérea militar de Santa Lucía, el primer mandatario del país adelantó que las fuerzas armadas tendrán nuevos aviones y helicópteros para realizar misiones de entrenamiento, rescate, apoyo aéreo cercano, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y para transporte de carga y personal.
“Lo estamos haciendo en sintonía con la acelerada evolución que el sector aeroespacial está teniendo en nuestro país”, dijo tras detallar que se está realizando un esfuerzo inédito con este propósito.
El país, afirmó en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, es el sexto proveedor de partes aeronáuticas a Estados Unidos, y es el décimo quinto productor aeroespacial a escala mundial, pero el objetivo es ubicarse entre los 10 primeros lugares para el 2020.
“Para lograrlo, durante esta administración hemos dado un fuerte impulso a esta actividad a partir del Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial, el Proaéreo, estamos trabajando para que las exportaciones del sector superen los 12 mil millones de dólares anuales y cuenten, al menos, con 50% de contenido nacional en su manufactura”, dijo.
Además, afirmó, las ventajas competitivas de México, a partir de las reformas transformadoras, “nos han convertido en el cuarto destino mundial de inversiones de manufactura aeroespacial”.
Peña Nieto indicó que se busca multiplicar el número de empleos bien remunerados del sector aeroespacial para pasar de 45 mil a 110 mil en 2020, para cuando se estima que aproximadamente un tercio de sus puestos de trabajo requerirán un nivel de preparación de ingeniería avanzada.
Al cancelar el timbre conmemorativo de la inauguración de la feria, indicó que la aviación tiene una historia de más de cien años en México.
La industria aeroespacial, expuso, se encuentra en 17 estados de la República que estarán representados en la Feria Aeroespacial México, igual que 19 instituciones educativas relacionadas con esta asignatura.
El presidente aprovechó para felicitar a diputados y senadores por la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues permitirá combatir esta práctica y fortalecer las instituciones del Estado mexicano.
La Feria Aeroespacial México tiene carácter comercial, está dirigida al ámbito aeronáutico civil, militar y de defensa, y se realizará del 22 al 25 de abril en 112 mil metros cuadrados de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, donde se realizarán demostraciones de vuelo, exhibición de nuevas tecnologías, artículos y servicios, y se impartirán jornadas académicas para promover la capacitación del personal del ámbito aeronáutico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO).
Personal de la Procuraduría General de la República (PGR), elementos de la Secretaría de Marina (Semar), militares, policías federales y ministeriales realizaron la búsqueda de restos humanos en un corralón ubicado en la carretera federal Tamaca-Paso del Toro.
Los elementos de seguridad catearon un encierro de vehículos ubicado en la población de Paso del Toro, en el cual extraoficialmente se han encontrado los restos de cuatro personas sepultadas en fosas clandestinas.
Hasta el momento las autoridades no han emitido una versión oficial de los hechos.
Salomón Baltazar Samayoa, títular de la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos de la PGR, encabeza el operativo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-04-2015/1321739.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de una investigación por el caso de Alondra Luna Núñez, adolescente de 14 años quien fue “sustraída de su escuela y llevada a Estados Unidos”.
A unas horas de que Alondra retornara a su lugar de origen, la CNDH informó en un escueto comunicado de la apertura de la investigación.
Sin dar detalles, la Comisión explica que de acuerdo con la queja presentada “agentes policiales sustrajeron de su escuela a la alumna, a quien llevaron ante la jueza con asiento en Los Reyes, Michoacán, quien otorgó la custodia de la joven a una mujer radicada en la Unión Americana que la reclamó como su hija”.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez informó que solicitará “los informes respectivos a las autoridades señaladas como responsables y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda”.
Hija de Gustavo Luna y Susana Núñez, Alondra fue sacada de las instalaciones de una telesecundaria en Guanajuato por agentes de la Interpol y de la Policía Ministerial Federal, el jueves 16, en acatamiento a un procedimiento de restitución internacional de la menor, interpuesto por Dorotea García ante una juez civil de Michoacán.
Gracias a una prueba de ADN, se demostró que no era hija de Dorotea García Macedo, residente en Houston, quien sostenía que Alondra era la niña que le fue robada en 2007.
Ridícula, la actuación de la policía: REDIM
Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) el caso de Alondra es prueba de que las autoridades siguen “el patrón de no defender a los connacionales frente a las autoridades estadunidenses”.
En un pronunciamiento, el director ejecutivo de la REDIM, José Martín Pérez García, apuntó que “el proceso llevado a cabo por las autoridades policiacas y judiciales cayó en el ridículo, careció de sentido común y respeto a los derechos humanos”.
Para la organización, este caso es preocupante “porque la Policía Federal y las autoridades judiciales ignoraron la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, promulgada por Enrique Peña Nieto en diciembre del año pasado.
De acuerdo con dicha ley, agregó la REDIM, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a “participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten”.
Al señalar que el tratamiento que se dio a Alondra fue de “objeto de disputa”, y no de ciudadana mexicana con derechos, la REDIM consideró que “la actuación de las autoridades ha generado incertidumbre jurídica al violentar las garantías judiciales de ser escuchado, actuar con imparcialidad y tener un juicio justo”.
La REDIM exigió una investigación y sanción a las autoridades responsables de “este proceso irregular” así como una recomendación por parte de la CNDH.
La organización pidió también garantías de seguridad para la adolescente y su familia, así como la asistencia profesional para prevenir el estrés-postraumático, “ocasionado por la privación de su libertad, la sustracción del país y estar en un lugar con un idioma diferente y sin los referentes afectivos con los que cuenta en México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Los narcoestados de México como Tamaulipas, son la mejor prueba del fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto en el combate del crimen organizado que actualmente vive una reorganización territorial y el empoderamiento de recientes cárteles.
El Estado está rebasado. Los hechos violentos en Reynosa demuestran terribles fallos de operatividad por parte de Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad quien ha sido incapaz de detener la escalada de violencia que se registra actualmente en algunos estados de la República.
La ley del narco es más fuerte que el Estado. Las imágenes de bloqueos, balaceras, y vehículos quemados en Reynosa tras la detención de José Tiburcio Hernández Fuentes El Gafe, exhibieron el poderío del Cártel del Golfo (CdeG), frente a unas autoridades incapaces de controlar el caos o de ofrecerle seguridad a los habitantes de Tamaulipas.
El CdeG dirigido aún por Osiel Cárdenas, se reorganiza territorialmente y extiende sus redes comprando voluntades en el gobierno estatal, policías, Marina y Ejército. Solo así, se puede explicar que convierta en su feudo no solo Matamoros, sino otras ciudades del Noreste.
Hernández Fuentes, fue detenido junto con Javier Martín Anguiano Toledo, José Gilberto Zamarripa Vallejo y David Salgado García. Sus cómplices intentaron liberarlos en un auténtico operativo mejor coordinado que el de las autoridades donde participaron aproximadamente 60 personas en 15 camionetas, armados con AK47 y R15, según ha señalado el propio comisionado de Seguridad.
El CdeG evidenció su poderío realizando once bloqueos con camiones, tráilers y autos particulares, perfectamente coordinados para sitiar Reynosa. Su control de la zona es tanto, que atacaron las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y nos dejaron claro quién manda en esa ciudad.
La incapacidad de las autoridades para enfrentar los ataques del CdeG provocó que se cerraran los puentes internacionales, que los candidatos de los distintos partidos suspendieran sus campañas electorales, que los niños fueran a la escuela y que finalmente la gente decidiera quedarse en casa ante el terror que se vivió en las calles de la ciudad.
¿A quién le queda alguna duda de que Tamaulipas es un narcoestado? ¿Cómo es posible que a estas alturas el gobierno federal no haya iniciado ninguna investigación a los narcopolíticos de todos los partidos de Tamaulipas? ¿Acaso no es obvio que tanto el CdeG como los Zetas han penetrado las estructuras del poder político en Tamaulipas? ¿Por qué el gobierno sigue fingiendo, intentando mirar para otro lado para ver si así desaparece el problema?
Seguramente la infiltración de los cárteles de la droga que controlan el Noreste del país llega a muy latas esferas, seguramente incluso hasta el gobierno federal.
La complicidad de las autoridades locales de Reynosa fue evidenciada. Así lo denunció el senador del PAN por Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca quien acusó al alcalde priista de Reynosa, José Elías Leal, de estar vinculado al cártel que domina “la plaza”, al igual que el alcalde de Río Bravo, Rogelio Villaseñor Sánchez.
Si la PGR ya sabe quienes son los políticos que colaboran con los cárteles de la droga, ¿qué espera para actuar?. Tal vez, prefieren que la bomba explote con una desaparición masiva como en Iguala, Guerrero con el perredista José Luis Abarca.
Claro, como aquí se trata de políticos priístas, de gobiernos del partido en el poder, obviamente Enrique Peña Nieto no está dispuesto a darle golpes a la misma piñata y menos en época electoral. Nos queda claro que prefiere que veamos rebasado al Estado.
Lamentablemente, la omisión del gobierno peñista provocará más caos, anarquía y el peligro inminente del empoderamiento de los cárteles de la droga en las propias instituciones.
Los casos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis son una muestra que durante este gobierno están surgiendo organizaciones criminales con el objetivo de dominar nuevos mercados de la droga a nivel internacional.
Si los cuñados y líderes de estos cárteles, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Abigael González Valencia “El Cuini”, son los narcotraficantes más ricos del mundo, según la DEA, será porque este gobierno así lo ha permitido y algo está recibiendo a cambio.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/20-04-2015/33844.
Con excepción del PRI, el resto de las fuerzas políticas con registro electoral y decenas de miles de ciudadanos demandan reiteradamente que se le retire el registro al Partido Verde Ecologista de México por sus constantes violaciones a la ley electoral y al principio de equidad. Ya no es un desafío ni un forcejeo por el monto de las multas, como en 2009 y 2012: la avalancha propagandística del aliado incondicional del PRI sepultó los mecanismos de sanción previstos por el Instituto Nacional Electoral.
MÉXICO, D.F: Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) nadie lo para. Ni siquiera las más de 90 mil firmas que ciudadanos e intelectuales han conseguido mediante una petición en la plataforma Change.org para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le quiten el registro por rebasar el tope de gastos de campaña.
Tampoco han afectado su avalancha propagandística alrededor de 195 millones de pesos acumulados en 11 multas impuestas por el mencionado instituto y ratificadas por el tribunal. Las más recientes, una por 5 millones 411 mil 840 pesos y la otra por 4 millones 167 mil 117, se las impuso la Sala Regional del TEPJF el viernes 17.
Menos aún lo han frenado las denuncias de los partidos políticos ni los reclamos ciudadanos. En plenas campañas electorales, en la Ciudad de México el logotipo del partido está en todos lados.
El tucán en medio de una “V” arriba de la palabra “Verde” en tipografía blanca sobre fondo verde se encuentra en los pasos a desnivel del Periférico, en espectaculares cerca de la sede del INE, en los andenes y vagones del Metro, en el Metrobús y en los promocionales de Tele Urban –el sistema de circuito cerrado de este transporte–, en las zonas de comida rápida de los centros comerciales, en Twitter, en Facebook y otras redes sociales.
La campaña que provoca tanto encono tiene base en una ingeniería electoral planeada para violar la correspondiente ley, reformada en 2014 para evitar casos como el Monexgate de 2012, que benefició al PRI, al PVEM y al actual presidente, Enrique Peña Nieto. Por eso ha enredado a los consejeros del INE, que sólo aplican multas a ese partido porque no pueden demostrar que ya rebasó el tope de gastos.
El domingo12, el representante suplente del Verde ante el instituto, Fernando Garibay Palomino, presentó una impugnación al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1501/2015, firmado por el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados Villagómez, y fechado el miércoles 8.
En dicho documento se informa de las retenciones aplicadas al PVEM en su partida correspondiente a abril por las mencionadas multas, pese a que, según Garibay Palomino, “sólo una de ellas ha sido confirmada por la Sala Superior” del TEPJF.
Tal determinación, argumentó el representante del Verde, es contraria al sistema electoral porque el TEPJF estableció que el financiamiento es un componente fundamental del sistema democrático, “de modo que es predominante el financiamiento público sobre el privado al limitarlo e incluso ampliarlo en época de campaña”.
Agrega que su partido necesita el dinero para desempeñar sus actividades ordinarias y así “cumplir con la encomienda constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática y promover el voto”.
En contraste con el despliegue de su propaganda en todos los lugares y por todos los medios que se percibe todos los días, el representante del Verde se queja de que para partidos como el suyo “…la merma del financiamiento público que legalmente les corresponda, aunque sea en los años que no hay elecciones, se puede constituir en una causa o motivo para que no puedan realizar dichas actividades… y esto puede traer como repercusión su debilitamiento y en algunos casos llevarlos a su extinción, lo que les impediría llegar al proceso electoral o llegar en mejores condiciones al mismo”.
Por ese motivo, en el recurso del PVEM, del que este semanario tiene copia, Garibay Palomino destacó que la retención de su ministración de abril por el INE viola la ley electoral.
Desde el principio de las precampañas, el PVEM desplegó propaganda en vallas, espectaculares, bardas, autobuses y mobiliario urbano. Sus frases: “vales de medicinas”, “propuesta cumplida”, “propuestas cumplidas”, “en el IMSS-ISSSTE”, “a partir del 1 de julio en Edo de Méx”, “no más cuotas obligatorias en escuelas públicas”, “ley aprobada”, “leyes aprobadas”, “sí cumple”, “contamina, paga”, “no más cuotas”, “circo sin animales”.
En todos sus materiales de propaganda aparece su emblema y la palabra “Verde”. Dicha publicidad no está destinada únicamente a dar a conocer a sus precandidatos, en el caso de las precampañas, ni las propuestas de sus candidatos.
Esto provocó que Morena se quejara ante el INE porque, señaló, el PVEM no dirigió esos mensajes únicamente a sus militantes, sino que desde el principio se trata de propaganda genérica del partido, con la cual obtiene ventaja indebida por actos anticipados de campaña y viola el principio de equidad que debe prevalecer en la elección.
Garibay Palomino afirmó que el INE puedo retenerle a su partido 50% de las ministraciones, pues en el catálogo de penas no se prevé que ningún partido pierda el financiamiento o dejarlo sin operatividad; y sin embargo el instituto optó por suspenderle totalmente el financiamiento.
Esto, dice el representante partidista, “aunado a que es evidente que la supresión por acumulación de sanciones en pleno proceso electoral, aun y cuando se tiene el gasto de campaña, afecta sensiblemente los fines del instituto político”.
Por lo tanto, pidió a la Sala Superior del TEPJF que revoque la determinación del oficio del INE y se le retenga al PVEM 50% de su ministración hasta cubrir el monto de las multas. Garibay Palomino firma la queja bajo el lema “Amor, justicia y libertad”.
Las multas, “tibias”
El lunes 13 decenas de miles de ciudadanos, encabezados por quien se identificó como María Santos, subieron a la plataforma Change.org una petición para que el INE y el TEPJF le quiten el registro al PVEM “por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015”.
El documento fue firmado por los analistas políticos Denise Dresser, Leo Zuckerman, Sergio Aguayo y Eduardo Huchim, el expresidente de la Cofetel Mony de Swaan y el exconsejero del IFE Alfredo Figueroa, entre otros, quienes denunciaron “el conjunto de trampas y actos de corrupción cometidos desde que se inició el proceso electoral actual en septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas ilegales en la competencia electoral.”
Según estos ciudadanos, no es la primera vez que el PVEM viola la ley, ya que en 2009, con apoyo de Televisa y Televisión Azteca, logró reducir sustancialmente fuertes multas por sus prácticas publicitarias. “No es casual que nadie como el PVEM promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con estas compañías”, agrega la solicitud en Change. org.
En 2012 fue el TEPJF el que libró al Verde de multas por 200 millones de pesos que el entonces Instituto Federal Electoral le impuso por conductas similares.
De cara a los comicios de junio próximo, el PVEM está gastando recursos millonarios –públicos y privados– desde finales de 2014, sin acatar los tiempos electorales.
En la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-57/2015 y acumulados, que se cita en la petición ciudadana, la Sala Superior del TEPJF señaló que “desde septiembre de 2014 y hasta enero de 2015, por lo menos, el PVEM ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida”.
Sin embargo, el INE aún no ha resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en contra de ese partido en materia de fiscalización.
Con base en los fundamentos legales que adjunta (ordenamientos específicos de la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), los firmantes del documento enumeran las conductas que ameritan el retiro del registro al PVEM:
Uso de recursos públicos y privados ilegales. Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal. Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país. Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país. Propaganda ilegal en tortillerías. Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa. Distribución, en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país. Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse. Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley. Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda. Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.
Añaden que, desde el inicio de las campañas, el PVEM sigue invadiendo las estaciones del Metro con la propaganda que se le ordenó suspender y que tan sólo sus 230 mil promocionales de televisión tienen un costo de 400 millones de pesos, mientras que la sanción apenas alcanza 76 millones.
Frente a esto, califican de tibia la actuación del INE, pues se ha dedicado a imponerle multas mientras el partido sigue actuando al margen de la ley.
“Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo”, advierten.
Impunidad verde
Los representantes de Morena, el PRD, el PAN, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y Concertación Mexicana sostienen que presentaron pruebas contundentes de que el PVEM rebasó el tope de gastos de precampaña, por lo que conforme a la ley tendría que cancelársele el registro.
Entre las empresas contratadas por el PVEM destaca Havas Media, S.A. de C.V., encargada de posicionar al partido como si fuera una marca en parabuses y espectaculares. El costo de este servicio, denunció el senador panista Javier Corral ante el INE, fue de 43 millones 534 mil 868 pesos. La vigencia era del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2014, por lo que el contrato obligaba a dejar de proyectar la publicidad al día siguiente.
También llama la atención el oficio, fechado el 7 de enero, en el que el representante suplente del PVEM ante el Consejo General del INE, Jorge Herrera Martínez, informa:
“Para la elaboración de los promocionales, así como de la propaganda fija denunciada se erogó gasto de producción del partido. Que para tal efecto se celebró un contrato de compra y uso de materiales audiovisuales con la compañía NowMedias por un monto de 200 mil pesos, más IVA. Que el origen de los recursos utilizados para la producción de los promocionales y propaganda denunciada fue a través de financiamiento público del propio partido”.
Sin embargo, este semanario tiene copias de una serie de facturas emitidas por Televisa y Televisión Azteca por la transmisión de promocionales sobre los informes de legisladores del PVEM. Ahí se indica que en los contratos de prestación de servicios el cliente es la Cámara de Senadores, mediante Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Verde.
Con Televisa celebró el contrato DF140945, por 6 millones 190 mil 476 pesos. En la factura no se menciona el método de pago ni el número de cuenta donde deberá depositarse; tampoco el régimen fiscal. Existen numerosos contratos similares firmados por el Niño Verde a nombre del Senado por montos que van desde 500 mil hasta varios millones de pesos.
Otras facturas salieron a nombre de la senadora María Elena Barrera Tapia, con domicilio en Toluca. El contrato se firmó el 25 de noviembre de 2014 y es por 309 mil 523 pesos. Existe uno más, del 12 de diciembre siguiente, por 266 mil 830 pesos.
González Martínez también suscribió contratos millonarios con Televisión Azteca. Uno de ellos, fechado el 28 de octubre de 2014, fue por 4 millones 953 mil 846 pesos, y sólo por transmitirlos, puesto que el PVEM entregó ya producido el material.
En la cláusula séptima de este contrato, realizado para transmitir el informe de labores de la senadora Barrera Tapia, se advierte:
“En virtud de que los spots que se transmitirán por los servicios televisivos que se pactan en este contrato están relacionados con servidores públicos, el cliente expresa su consentimiento para que si alguna autoridad federal o local requiere a TV Azteca la suspensión de los spots del cliente en forma regional o nacional, TV Azteca, en cumplimiento de dicho requerimiento y sin responsabilidad alguna, dejará de transmitir sus spots en la forma que dicha autoridad lo requiera.”
El PVEM no respetó las condiciones de sus contratos ni acató las decisiones de la autoridad electoral. El jueves16, el PRD de Quintana Roo denunció a ese partido por entregar despensas mediante las fundaciones “Niños verdes por amor a México” y “Familia verde”, creadas por el senador González Martínez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó este miércoles a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar, en un plazo de 10 días hábiles, datos sobre recursos asignados de 1994 a 2014 al sindicato de la paraestatal en su sección de Tabasco, tal y como lo solicitó un usuario de la ley de transparencia.
Tras debatir en el pleno del IFAI el tema, a propuesta del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el organismo resolvió hoy un caso sin precedente en México, luego del cual ya todos los sindicatos deberán rendir cuentas de los recursos que reciban de las entidades públicas.
Hace más de cuatro meses el peticionario solicitó a Pemex Gas y Petroquímica Básica le hicieran llegar el listado electrónico con todos y cada uno de los recursos que le fueron transferidos a la sección sindical tabasqueña de 1994 al 2014.
Sin embargo, la paraestatal solicitó prórroga para entregar la información y días después el propio sindicato se amparó para evitar que Pemex entregara al ciudadano la información requerida.
No obstante, luego de que un juez federal desechara la solicitud de amparo, el organismo autónomo garante atrajo el caso y se asumió como la autoridad competente para resolver el recurso de revisión que había interpuesto el peticionario.
Fue así que este miércoles el IFAI resolvió en el pleno ordenar a la paraestatal entregar al ciudadano la información requerida.
Acuña Llamas destacó la relevancia del caso, pues sienta el precedente de que ahora en adelante ya ningún sindicato estará exento de ser escrutado en cuando a los recursos que reciban de las entidades públicas gubernamentales.
El comisionado federal dijo que el recurso de amparo había sido hasta ahora el instrumento más recurrente para que los sindicatos no entregaran o no permitieran que se entregara a los ciudadanos información de cuántos recursos les son transferidos, sin embargo, esto llega a su fin y ya todos los organismos gremiales deberán rendir cuentas ante la ley y la sociedad.
Según el Sistema de Consulta de Registro de Asociaciones de la STPS, en México se encuentran registradas mil 694 organizaciones sindicales, tanto del sector privado como de organismos públicos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
Alondra Luna Núñez, la menor guanajuatense de 14 años que fue separada por la Interpol de sus padres para ser llevada a Estados Unidos por una mujer que la reclamaba como su hija, arribó esta tarde a Guanajuato.
Alondra fue prácticamente secuestrada por la Interpol, que no tuvo información suficiente sobre su identidad y aún así se la llevó de México con anuencia de un juez. La prueba de ADN confirmó que no era ella la que una familia de Estados Unidos exigía como su hija.
“Hicieron las cosas mal porque me separaron de mis padres”, dijo Alondra en conferencia de prensa. Los padres de la menor, Gustavo Luna y Susana Núñez, informaron que analizarán la forma en que procederán para denunciar la violación de derechos humanos luego de que la menor fuera sacada del país.
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dijo que el caso de Alondra es paradigmático “por las graves violaciones a los derechos humanos de la niña y su familia, ejercidos por autoridades mexicanas buscando ‘cumplir la ley’”.
La Redim dijo que Alondra debe recibir ayuda profesional para prevenir el “estrés post-traumático” ocasionado por la privación de su libertad, la sustracción del país y estar en un lugar con un idioma diferente y sin los referentes afectivos con los que cuenta en México.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-04-2015/1321225.
El Observatorio Nacional Ciudadano informó este día que los estados de Guerrero, Morelos y Tamaulipas enfrentan “situaciones críticas” en los delitos de homicidio, extorsión y secuestro.
Al dar a conocer su informe sobre los Delitos de Alto Impacto de febrero de 2015, la organización civil indicó que Guerrero es la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, la cual fue 280.43 por ciento mayor que la nacional.
En Guerrero, la tasa de homicidios intencionales presentó un incremento de 11.7 por ciento, debido a que en febrero de 2015 reportó 3.92 casos por cada 100 mil habitantes, en tanto que en los doce meses inmediatos anteriores la tasa promedio fue de 3.51. Entre enero y febrero de 2015, la tasa de esta entidad incrementó 1.45 por ciento.
En tanto, Morelos registró una tasa de homicidio culposo 146.44 por ciento mayor que la nacional y una tasa de extorsión superior a la del resto del país en un 257.71 por ciento.
El reporte indica que en Tamaulipas las denuncias por secuestro son 693.98 por ciento mayores al promedio nacional.
También dice que respecto a los homicidios dolosos, el incremento de averiguaciones previas más pronunciado fue en el estado gobernado por Egidio Torre Cantú, pasando de un promedio mensual de 51.42 a 67.
El Observatorio Nacional informó que durante el segundo mes del año se reportaron 1401 víctimas por homicidio doloso, de las cuales el 10.92 por ciento perdió la vida en homicidios múltiples.
Mencionó que Nayarit es el único estado, que para todos los estudios, ha sido omiso en las solicitudes de información.
La misma información refirió que el Estado de México, Guerrero y el Distrito Federal registraron la mayor cantidad de secuestros. Se precisó que las tres entidades acumularon el 72.9 por ciento de estos delitos a nivel nacional.
El Observatorio dijo que pareciera que la situación de seguridad ha mejorado o que los estados están maquillando cifras para que así parezca. Francisco Rivas, director general del organismo, dijo que aunque no se puede afirmar que exista dolo por parte de las procuradurías de los estados, se puede decir que están mal informando a la ciudadanía.
Explicó, que con base al reporte, se detectó que las autoridades de Michoacán eliminaron en enero pasado mil 997 averiguaciones previas de 2014. En el mismo sentido Veracruz agregó 23 mil 911 averiguaciones previas a sus registros de 2013 en 2014, en tanto que Nayarit reportó homicidios dolosos y culposos como “otros delitos” o “sin datos”.
“Lo mismo sucede en estados como Jalisco y Tamaulipas, que estadísticamente no reflejan la realidad que están viviendo”, comentó Francisco Rivas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-04-2015/1321148.
MÉXICO, D.F: La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobado el martes pasado por el Senado, significa un avance pero no está completo, afirmó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Miguel Barbosa.
“No llegamos a formar un Sistema Nacional Anticorrupción completo; tendrá que haber debates distintos sobre fuero de manera específica y sobre otros temas que están ahí pendientes”, dijo en entrevista con Milenio Televisión, horas después de que el Senado aprobara las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción.
Barbosa aclaró que el tema del fuero no estaba a debate porque no era parte del contenido del dictamen.
Las bancadas del PRD y del PAN, dijo, llevaron a la discusión lo que le faltaba al SNA, en particular el tema de la eliminación del fuero constitucional. Sin embargo, explicó, la mayoría votó para ratificar lo que envió la Cámara de Diputados, porque de otra forma, se hubiera regresado el dictamen “y el destino legislativo hubiera estado desierto.
“El debate del fuero tiene que ser un debate que demos; lo que hoy estaba en juego es la inclusión al titular del Ejecutivo en responsabilidades iguales a la de cualquier servidor público y no como están ahora”, explicó Barbosa.
Tras la aprobación del SNA el perredista refirió que una vez aprobadas las reformas constitucionales, el Congreso tendrá un año para legislar diversas leyes generales que desarrollan los conceptos contenidos en la reforma.
“Es un avance en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Sasil Dora Luz de León Villard, miembro de una de las familias más empoderadas en el sexenio del gobernador Manuel Velasco Coello, inició una ostentosa campaña electoral en el VI Distrito, que abarca la mitad de esta ciudad, en su búsqueda por una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
A los sus rivales le llamó la atención el despliegue mediático de Sasil Dora Luz de León Villard, quien desde el primer día de campaña se anunció en espectaculares y gallardetes por toda la ciudad. Además, instaló su casa de campaña electoral en el edificio previsto para una plaza comercial, con una renta que podría oscilar entre los 50 y los 90 mil pesos.
Ubicado en pleno Boulevard Belisario Domínguez, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, en una zona comercial y de alta plusvalía, el edificio completo apareció de pronto cubierto de color verde.
Un local en una plaza comercial en ese lugar puede llegar a valer hasta 18 mil pesos, según señalaron comerciantes.
El tope de gasto de campaña para los candidatos a diputado federales es de un millón 260 mil 38 pesos con 61 centavos, según el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los espectaculares rentados cuestan entre 15 y 25 mil pesos.
“No hay, nos han dicho todas las empresas que rentan estos espacios, todos los rentó o el gobierno del estado o el PVEM”, refiere Amadeo Espinosa Ramos, del PT, candidato a una diputación federal por el IX Distrito, en alusión a que la mencionada candidata acaparó todos los espacios publicitarios.
Sasil Dora Luz de León Villard es hija de Óscar de León González, originario de Tapachula, quien a finales de 1994 se asentó en San Cristóbal de Las Casas y se le vinculó a Dante Delgado Ranauro, exgobenador de Veracruz.
Oscar de León González fundó la Unión Nacional Lombardista (UNAL), una organización social que fungió como grupo de choque y que se empoderó en el sexenio del entonces gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, de 1995 a 1997 y parte del 1998.
El padre de Sasil Dora Luz de León Villard tuvo ocho hijos, todos ellos actualmente ocupan espacios políticos importantes y se les vincula con negocios con alcaldías.
Al terminar su protectorado, Oscar de León González fue llevado a prisión por el entonces gobernador Roberto Albores Guillén para poner fin a su imperio político local. Fue acusado de diversos delitos, encarcelado junto a López Ángel y a su hijo Yumaltik de León Villard.
Diputada local con licencia del PVEM, antes de ser candidata a diputada federal, Sasil Dora Luz de León Villard, de 32 años de edad, fue Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM). Una de sus hermanas trillizas, Itzel de León Villard, es diputada local del PAN. Su hermano Yumaltik es regidor por el PRI en el ayuntamiento de Tapachula.
Su hermana Kalinamaya de León Villard fue candidata a alcalde de Tuxtla por el PAN en 2012, actualmente hace las veces de su coordinadora de campaña. La esposa de su hermano Alfredo de León Villard, Karlota Patricia Zuarth Lazarín, es regidora en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
A Alfredo de León Villard se le vinculó recientemente en un acto de corrupción del alcalde de Tenejapa, Esteban Guzmán Jiménez, destituido por el pueblo indígena a través de los usos y costumbres.
Esteban Guzmán Jiménez habría hecho pagos indebidos a constructores por un monto de 100 millones de pesos por concepto de obras que nunca se realizaron, y en donde señala la averiguación previa AA/025/2015, interpuesta por integrantes del actual ayuntamiento de Tenejapa.
Los integrantes del cabildo interpusieron una demanda penal en contra de Esteban Guzmán Jiménez, quien el 3 de febrero fue destituido del cargo por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, desviación de recursos públicos y los que resulten.
Ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores Públicos se presentaron documentos que comprueban que el exedil realizó pagos a empresas sin cumplir las formalidades, es decir, se pagan estimaciones sin verificaciones, sólo se ordenan de manera verbal constantemente con Alfredo de León Villar –hermano de la titular de la Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer y de la diputada local panista, Itzel de León Villar–, quien supuestamente representa a las empresas.
Aún con la denuncia, nunca fue citado a comparecer el empresario que sigue haciendo negocios con los alcaldes de Chiapas.
Esta familia apoyó con recursos económicos y materiales al entonces candidato a gobernador Manuel Velasco Coello, quien ahora la premia con puestos y candidaturas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
CHILPANCINGO, Gro: El diputado federal con licencia y candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Marino Miranda Salgado, y su suplente, el cantante de narcocorridos y alcalde perredista de Acapetalhuaya, Eleuterio Aranda Salgado El Solitario del Sur fueron acusados, a través de narcomantas, de estar al servicio del grupo delictivo La Familia.
Reportes oficiales refieren que ayer por la tarde fueron localizadas al menos tres mantas en distintos puntos de la cabecera de Teloloapan, municipio ubicado en la convulsionada zona norte de la entidad.
El mensaje textual advierte: “Estimada ciudadanía, nosotros no nos metemos con la gente, sólo con los ratas que se quieren acabar el pueblo robando, extorsionando y secuestrando, ya estuvo bien de tanto disfraz de delincuentes. Esto lo decimos por el diputado Marino. Gobierno federal no es posible que le pongas guardias a este ratero si está bien aliado con la Familia Michoacana, quien está pidiendo respaldo y su suplente el Solitario del Sur comandante y operador financiero de La Familia Michoacana. Atte. La gente del pueblo de Teloloapan, Guerrero. Sigues tú Martillo”.
Las mantas localizadas en un parque de la colonia Mexicapan, en la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la colonia Zapata y en la calle principal de la colonia Emiliano Zapata, fueron retiradas por agentes federales, refieren los informes.
El diputado federal con licencia y exalcalde de Teloloapan, Marino Miranda, abandonó nuevamente las filas del PRD y actualmente es el candidato de MC a diputado local por el distrito XX.
En 2008, Miranda Salgado rompió con el PRD y ganó la elección de alcalde de Teloloapan por el partido Social Demócrata, luego regresó a las filas del sol azteca para postularse como candidato a diputado federal por el distrito 2, cargo que dejó ahora para buscar la diputación local por MC.
A principios de septiembre pasado, Joel Miranda Salgado, hermano del diputado federal con licencia, fue encontrado decapitado y con un narcomensaje al interior de una casa materialista en Teloloapan, propiedad de Marino, quien también es conocido como un próspero empresario de la construcción en la zona norte.
El político señalado de manera reiterada por sus presuntos nexos con el grupo delictivo La Familia lleva como suplente al polémico edil perredista del municipio de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), Eleuterio Aranda, conocido como “El Solitario del Sur”, quien públicamente ha exhibido su devoción por los líderes de esta banda criminal afincada en la zona Norte y dirigida por Jonhy Olascoaga Hurtado “El Mojarro”.
Incluso, Pablo Segura Valladares, hermano de Pedro Segura, un próspero ganadero de la región norte señalado de presuntos nexos con La Familia, también renunció al PRD y se postuló como candidato a alcalde de Teloloapan bajo las siglas de MC.
Segura Valladares es suplente del diputado local y exalcalde perredista de General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), Roger Arellano Sotelo, quien solicitó licencia al cargo para regresar como candidato a la alcaldía del mismo municipio por el PRD.
De esta forma, este grupo de políticos, presuntamente ligados al grupo delictivo de La Familia, triangularon posiciones, como en la elección de 2011, para mantener el control político de la zona norte al amparo del MC y del PRD.
Este hecho contrasta con el discurso de los candidatos a gobernador por el PRD y MC, Beatriz Mojica Morga y Luis Walton Aburto, quienes critican la narcopolítica y han ofrecido a la ciudadanía candidatos “limpios” y sin nexos con la delincuencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS..
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