Ordena el INE al PVEM suspender la entrega de mochilas escolares

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE lo acordó en acatamiento a sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral; también ordena al gobernador chiapaneco evitar propaganda personalizada.

Otra vez el INE ordena suspender la entrega de mochilas escolares al Partido Verde.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó –por unanimidad de votos de sus integrantes- al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suspender la entrega de mochilas, lápices, plumas, gomas, termos, cuadernos, reglas y relojes, que no sean reciclables, biodegradables o que no estén elaborados con material textil, como lo establece la ley electoral.

De acuerdo con un comunicado del INE, los integrantes de la Comisión fijaron un plazo que no podrá exceder las 24 horas, a partir de la notificación correspondiente, para que cancele la distribución de estos útiles escolares, y presente documentos y pruebas a la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto sobre el cumplimiento de este acuerdo.

En una segunda sesión extraordinaria urgente, la Comisión ordenó –por unanimidad de votos de sus integrantes- al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello (quien este sábado contrajo nupcias con la cantante Anahí), adoptar las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de comunicación social de su dependencia no se genere información o propaganda, ya sea con carácter institucional, con fines educativos o de orientación social, que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.


De igual forma, ordenó al periódico “Tabasco Hoy”, con circulación en los estados del sureste del país, se abstenga de contratar propaganda en la que aparezca la imagen y nombre del mandatario chiapaneco, Manuel Velasco Coello.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Regina, tres años de impunidad

El 28 de abril de 2012 la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada. Desde ese momento las irregularidades y las dudas se desataron. Pese a que hay un detenido, el crimen sigue impune: el acusado denuncia tortura, la Suprema Corte aún analiza la validez del proceso, las pruebas son endebles y contradictorias, hay un sospechoso prófugo y la versión oficial parece fabricada para darle carpetazo a un asunto que toca en lo más hondo la libertad de expresión, las garantías de informar y ser informado y el estado de derecho.

MÉXICO, D.F: Hace tres años nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió.

La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).

Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con el encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva.

Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han podido encontrar.

Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario. Laura Angelina Borbolla, titular de la fiscalía especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR, están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera, asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012.

Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero tampoco se ha acreditado que así sea.

La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil del homicidio fue un robo simple perpetrado por Hernández Silva El Silva y Hernández Domínguez El Jarocho.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2008, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL)

Jorge Ramos: Los Pinos cierra las puertas a Univisión

Jorge Ramos, el periodista mexicano que aprovechó el foro de una cena de la revista Time para increpar al gobierno de Enrique Peña Nieto, acusarlo de corrupto y censor y demandar su renuncia, habló con Proceso para puntualizar sus argumentos. Si bien considera que la mayoría de la prensa nacional está alineada con el poder, acota que aún hay medios independientes que siguen dando la batalla,  y expresa sus esperanzas en  mujeres periodistas, entre ellas  Carmen Aristegui. Revela que el acceso a Los Pinos, el acceso al presidente Peña Nieto, está vedado para Univisión.

WASHINGTON: Jorge Ramos, el conductor estelar del principal noticiario en español en Estados Unidos de la cadena de televisión Univision, no se anda por las ramas al hacer una evaluación sobre la prensa independiente en México y la que está al servicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El periodista mexicano afirma que no le queda la menor duda de que hay prensa que sigue y cumple la línea que le dicta el gobierno de Peña Nieto, y refiere que afortunadamente aún hay medios independientes que “no se dejan y no se van a callar”.

En entrevista con Proceso, Ramos habla de su derecho a opinar, a criticar al gobierno y a exigirle a Peña Nieto su renuncia por el simple hecho de que él, el periodista, es mexicano.

La semana pasada, al participar en la cena-gala de la revista estadunidense Time –la cual lo ubicó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo–, el conductor de Univision condenó la censura a la prensa mexicana y criticó al semanario que lo agasajó por publicar su portada de “Saving México” con la fotografía de Peña Nieto.

“El presidente de México, Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera, y al menos uno de sus secretarios compraron casas a contratistas del gobierno y después de eso, esos contratistas obtuvieron millones de dólares del gobierno”, dijo Ramos a los asistentes del festejo de Time.

“En cualquier país con un poco de estado de derecho, el presidente hubiera sido forzado a renunciar. ¿Adivinen qué pasó?”, preguntó a los asistentes para enseguida contestar: “El presidente de México no renunció y los periodistas que denunciaron la corrupción fueron despedidos. Eso no es estar salvando a México”.

Proceso busco a los directivos de Time para preguntarles si están arrepentidos de su portada de Peña Nieto con el título de “Saving México”. “No vamos a hacer ningún comentario”, fue la respuesta oficial enviada por correo electrónico.


(Fragmento de la entrevista que se publica en la revista Proceso 2008, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Autovictimización presidencial

MÉXICO, D.F: Los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) –e incluso antes, en su periodo como presidente electo– fueron de reconocimiento, beneficio de la duda y esperanza de que el rumbo del país habría de ser mejor que con Felipe Calderón, quien salió mal de su gobierno por su fallida guerra personal contra el crimen organizado.

Hoy, dos años después, Peña Nieto está en el peor de los mundos, sin visos de que la situación nacional vaya a mejorar. Veamos.

Primero. Altos funcionarios del gobierno creen o quieren hacer creer que las cosas en México van de maravilla. Arguyen que la prensa extranjera orquestó una campaña contra el gobierno de Peña Nieto, sólo ve el vaso medio vacío y no reconoce su esfuerzo por sacar al país adelante.

Pretenden crear la idea de que en la economía todo iría muy bien con la gestión de Luis Videgaray, pues se quieren convencer de que ha hecho lo correcto en los tiempos adecuados. En la lógica de estos funcionarios, si no se han dado los resultados esperados, eso no es culpa del secretario de Hacienda; el argumento justificativo es que ha habido factores externos magnificados por una compleja red de malos mexicanos en connivencia con la prensa extranjera para dinamitar la confianza en el país. La economía vive, en gran medida, del factor subjetivo de la credibilidad, de la certidumbre en el tiempo, y eso se llama confianza.

En suma, de acuerdo con esa percepción que sale de la oficina presidencial, las aviesas intenciones y acciones de la prensa extranjera, junto con los escasos medios mexicanos críticos que no se suman a “mover a México”, han hecho naufragar “artificialmente” al gobierno de Peña Nieto en apenas dos años, tiempo récord en la historia contemporánea del país.

La prensa extranjera aliada, receptora y reproductora de los mensajes originados por los mexicanos resentidos, siguiendo la misma versión, por distintas razones, todas ellas ajenas a los mejores intereses del país, han magnificado lo que sucede. Por ejemplo, se aduce que Juan Méndez, relator especial de la ONU, se extralimitó al afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos, específicamente la tortura, son generalizadas. El gobierno mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideran que éstos son eventos aislados y están debidamente identificados y controlados.

Segundo. Que alguien crea en esta explicación-justificación de por qué hace agua la estructura gubernamental por todos lados es una estulticia que no resiste el menor análisis. ¿Cómo podría explicarse que en los primeros meses del gobierno la prensa extranjera tratara bien al presidente y poco tiempo después haya cambiado su percepción? La explicación es muy sencilla. El quid del asunto es que el propio Peña Nieto se ha convertido en el pasivo central de su gobierno, por sus propias acciones: Conflictos de interés, opacidad, impunidad, corrupción, incapacidad política… Lo más reciente: la ocupación de ostentosas residencias en el sector más exclusivo de las Lomas de Chapultepec por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, y el desmentido de Osorio que se exhibe a sí mismo porque los reporteros Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa no se fueron con versiones o rumores, sino con pruebas en la mano, que están a la vista de todos. Eso se llama cinismo puro y duro.

De esta suerte, no hay ningún complot o red para que Peña Nieto se encuentre con las peores calificaciones en muchos rubros. Me queda claro que ese modus operandi está en su propia naturaleza y no puede ir contra sí mismo. Esa naturaleza contra natura de la democracia es reportada por la prensa extranjera y los contados medios críticos mexicanos, entre ellos Proceso, porque es de interés público. No es, por supuesto, un asunto personal, de empatía o antipatía, sino de actos que forman una serie continuada en el tiempo, día tras día, que convierten al gobierno federal en foco de atención mediática recurrente, toda vez que sus acciones se superan una a la otra en una suerte de concurso para ver cómo pueden realizarse de la peor manera.

Cuando uno creía que ya había visto todo, Peña Nieto siempre sorprende con algo más burdo o absurdo, como el nombramiento de Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública, llevado de la mano de José Antonio Meade y Luis Videgaray para vigilar a sus propios amigos –a quienes les debe el puesto–, y al jefe de ellos. Eso en sí mismo ofende la inteligencia de todos. Reconozco la capacidad retórica y sofista de quienes son capaces de presentar este espectáculo como un serio instrumento de lucha contra la corrupción.

Tercero. A dos años, la esperanza de que Enrique Peña Nieto pueda cambiar es como creer que la reforma del sistema educativo va a funcionar o que desaparecerá la contaminación ambiental del Valle de México. Lo deseable sería que los grandes segmentos de la población ejercieran su derecho a decir no, a denunciar, a exigir cuentas. Pero eso el propio gobierno nos lo ha quitado desde niños con un sistema educativo acrítico que forma técnicamente pero que evade abordar asuntos como la justicia social o el reparto equitativo de la riqueza social.


Son algunas islas en el mar de la resignación y de la derrota anticipada las que luchan por poner un alto a lo que sucede en México. Qué bueno que eso exista para crear un limitado pero existente contrapeso social a los actos que se aparten de la ley. También es positivo que la prensa extranjera, o buena parte de ella, y los medios independientes mexicanos, no sean refractarios al clima de crisis, depredación e incertidumbre que impera en todo México. No es, por supuesto, una solución de fondo, pero sí un dique para que algunos, los más notorios al menos, de los actos delictivos o ilícitos del gobierno no se queden sin consecuencias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

41 mil 737 asesinatos, de diciembre 2012 a marzo 2015

El sexenio del ex presidente Felipe Calderón cerró con aproximadamente 70 mil homicidios dolosos; la administración de Enrique Peña Nieto ya acumula más de la mitad de esa cifra, en menos de tres años de gobierno.

41 mil 737 personas han sido asesinadas desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre 2012, hasta marzo de este año.

Así lo revelan las propias cifras oficiales, algunas ya ocultas, las más recientes a la vista.

En diciembre de 2012 se registraron mil 696 asesinatos; en 2013 sumaron 18 mil 447 los homicidios dolosos; en 2014, 17 mil 317; y de enero a marzo 2015 ya van 4 mil 277 muertos en hechos violentos.

En los primeros tres meses de este año, los lugares más violentos son el Estado de México (560 asesinatos); Guerrero (433); Chihuahua (326); Tamaulipas (254) y Jalisco (253).

En tanto, en el mismo periodo de tiempo, han denunciado, en todo el país, 340 secuestros y mil 333 extorsiones.


Los datos oficiales de los primeros tres meses de este año:

Victimas2015_032015.pdf by Aristegui Noticias:

  Victimas2015_032015.pdf

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El reportaje de la ‘casa blanca’ es similar al caso Watergate: académicos en Londres

Los periodistas de The Washington Post fueron premiados en 1973, y en México los de MVS fueron despedidos.

Las razones reales del despido de Carmen Aristegui en MVS tienen que ver con el reportaje publicado sobre la ‘casa blanca’, que involucra a Enrique Peña Nieto, afirmó José Antonio Brambila, de la Universidad de Sheffield.

El académico explicó que el reportaje expuso la corrupción al nivel más alto y el conflicto de interés del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con un contratista federal, lo cual destrozó la confianza pública y generó una gran cobertura internacional, justo cuando  intentaba convencer a inversionistas extranjeros para inyectar recursos al país.

Brambila participó el 21 de abril en una charla en Londres con Ella McPherson (Cambridge) titulada “libertad de expresión, poder y los medios en México: el caso de Carmen Aristegui”, organizado por la Sociedad Mexicana de la University College London (UCL) .

Para el académico es poco justificado el despido de Aristegui porque no había problemas económicos de la empresa, dado que el programa era uno de los más populares de la radio en México y deja muchas dudas la reacción tan violenta del Grupo MVS.

“El trabajo periodístico es comparado en importancia al escándalo Watergate en 1973, que expuso el actividades ilegales del presidente (Richard) Nixon en Estados Unidos y terminó con su renuncia un año después”, dijo.

Añadió que mientras en ese caso los periodistas se mantuvieron en el Washington Post, aun con la presión de la administración de Nixon, el equipo de investigación que publicó el “Whitehousegate” en México, fueron despedidos.

“Mientras en Estados Unidos, Bob Woodward y Carl Bernstein ganaron el Premio Pulizter, en México, Carmen Aristegui su equipo de 19 personas perdieron su empleo”, explicó.

Woodward y Bernstein ganaron el premio por servicio público, porque el periodismo de investigación es un bien público, dijo.

El llamado “Watchdog jouralism” es crucial no sólo para ayudar entender  sobre las acciones públicas sino para hacer que rindan cuentas empresarios y figuras de la política y denunciar las fallas del gobierno.

El académico se pregunta si el gobierno o la gente en el poder puede silenciar a Aristegui, qué pasa con otros periodistas que no tienen popularidad e influencia como ella.

Como conclusión, dijo, el caso  significa un examen, no sólo para el sistema político y judicial, sino para la nueva democracia por varios elementos:  El despido de Aristegui podría ser un punto de quiebre para el país, por el surgimiento del periodismo de investigación de colaboración,  plataformas para denuncias anónimas como MéxicoLeaks y miles de personas protestando en las calles, en redes sociales y vía firmas electrónicos por el derecho de las audiencias, como uno de los momentos en que la sociedad es consciente de ello.

Ella McPherson, de la Universidad de Cambridge, explica que lo que se ve en México es un Estado que se ha excedido en el uso del poder, entre otros temas.


La académica explicó que el caso Aristegui – MVS es el reflejo de un debate sobre el uso del poder en respuesta a un contrapoder simbólico, donde el Estado piensa que está bien “apagar” el debate por la fuerza en lugar de involucrarse con él, aun teniendo los recursos para ganar.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Gaviota, otra crisis para Peña

MÉXICO, D.F: La actriz con licencia de Televisa Angélica Rivera se ha convertido en uno de los flancos débiles del presidente. Su interpretación como primera dama le está causando más daño que beneficio a Peña Nieto.

El pacto inicial con Televisa para atraer votos a favor de Peña Nieto devino en crisis para el presidente. En apenas dos años, Angélica Rivera pasó a ser un problema.

Lo peor para Peña y la Presidencia de la República es que aún le quedan cuatro años ya no para guardar las formas del matrimonio, sino para evitar que escalen los actos públicos de frivolidad de Rivera y sus hijas. Han sido tan reiterados que parecen ser a propósito.

Los vestidos, los viajes, los maquillistas, las compras, las sesiones fotográficas, todo cuanto Angélica Rivera ha dejado ver han tenido un costo político para Peña.

El conflicto de interés que representó la llamada Casa Blanca demostró que la actriz de Televisa ya no le es útil a Peña Nieto. Al contrario, exacerbó los ánimos con el video que grabó para justificar la adquisición de la millonaria residencia.

Televisa tampoco pudo detener la indignación social por más que haya salido a decir que apoyó a su actriz para la compra de la casa de las Lomas.

Algo no está funcionado en la triada Peña-Televisa-Rivera que el propio conductor de la televisora, Carlos Loret de Mola, ha salido a cuestionar en su columna del periódico El Universal el comportamiento de su excompañera de trabajo como esposa del presidente (Una crisis llamada primera dama, jueves 23 de abril).

Horas después, la Presidencia de la República tomó la decisión de relegarla de su sitio oficial. El argumento es que se trata de una modificación temporal bajo el argumento de las restricciones en temporada electoral. Suena a excusa. Aunque ahora goza del erario, Rivera no es funcionaria pública y por tanto no le aplican las mismas restricciones de los funcionarios públicos.

Después de las elecciones se verá si la actriz regresa al lugar privilegiado de la página de la Presidencia como había estado, en el que aparecía a un lado de Peña Nieto. Para dar con ella, ahora hay que recurrir a buscadores.

No es la primera vez que un presidente de la República tiene que guardar la forma de su matrimonio. El más reciente fue Carlos Salinas. Tampoco, en que la esposa del presidente representa un conflicto. Marta Sahagún es el ejemplo inmediato.

Pero Angélica Rivera es un problema todavía mayor. Ausente de los asuntos públicos, es ajena a las actividades de interés social, pero goza de los beneficios del erario. Lo suyo es el espectáculo y tiene su propia poderosa red de relaciones e influencia.


Nadie esperaba que se convirtiera en una primera dama con iniciativa, pero tampoco en que fuera una crisis más de Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Alto a la Corte

MÉXICO, D.F: Si un gobierno democráticamente electo es derrocado por la fuerza, a ese fenómeno le llamamos “golpe de Estado”. Vale la pena preguntarnos cómo nombrar al hecho de que una Constitución sea abiertamente desconocida, ignorada, depuesta por parte de alguna autoridad del Estado.

¿Le denominamos “fraude constitucional”, “golpe de estado a la Constitución”, o cómo? Más grave todavía y sin importar el nombre que le queramos dar, ¿Cómo nos referimos al hecho de que el último garante de nuestra Constitución, nuestra Suprema Corte, sea la que de forma manifiesta deponga las promesas constitucionales a base de interpretaciones contrarias a su texto, su mandato, su esencia, a su razón de ser?

Este último fenómeno es el que ha venido transcurriendo durante el mes de abril y es importante reflexionar al respecto para ponerle un alto a la Corte, un hasta aquí, un ¡no más! En cualquier democracia que se respete, toda autoridad tiene que rendir cuentas de sus acciones, de sus decisiones, pero en México tal parece que quienes integran la Corte pueden hacer lo que quieran por quince años, sin consecuencia alguna.

Tienen la costumbre de asumirse como autoridad máxima e incuestionable en el ámbito judicial, subordinando al resto de juzgados y tribunales del país que tienen una idéntica responsabilidad de garantizar nuestros derechos.

Se les puede defender alegando que no hacen lo que quieren, sino que interpretan la Constitución y demás normas de nuestro sistema jurídico, pero si se mira con mayor detenimiento, ¿Qué pasa si so pretexto de interpretar la Constitución, lo que hacen es desobedecer mandatos claros que ella establece? Me refiero al principio pro persona, esencia de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Dice el párrafo segundo del artículo primero constitucional que en todo tiempo se debe favorecer a las personas la protección más amplia. Eso es una orden constitucional y su desacato por cualquier autoridad debería tener consecuencias, incluso si esa autoridad es la Suprema Corte de Justicia del país.

Si por vía de sus resoluciones, la Corte modifica las promesas que la Constitución nos hace en forma de reconocimiento de nuestros derechos, a eso no se me ocurre mejor forma de identificarlo que como una “contra-reforma jurisdiccional”. Nuestros derechos humanos no pueden quedar tambaleantes a la espera de las determinaciones de la Corte, a menos que la seguridad que la reforma de derechos humanos de 2011 pretendió reconocernos, quede también por el suelo. Si la Constitución nos “promete” el respeto y garantía de nuestros derechos humanos, “compromete” con ello a todas las autoridades, todas, sin excepciones.

En esta lógica, si la Corte no puede desacatar el mandato de guiar todo su actuar de cara al principio pro persona, tampoco puede desdecirse cuando quiera y de la forma en que le plazca. No puede retroceder en sus propios criterios cuando ellos han servido para garantizar nuestros derechos. Quienes integran la Corte cumplen con un servicio público y como autoridad que son, tienen la obligación de atender el principio de progresividad y no regresividad. De modo alguno queda sujeto a su personal criterio interpretativo, disminuir los estándares de protección que las personas hemos alcanzado y que nos reconocen la Constitución, los tratados internacionales de los que México es parte y sus interpretaciones más garantistas.

¿A qué obedece todo este razonamiento? A que en la discusión del expediente varios 1396/2011 sobre los casos de Inés y Valentina con motivo del cumplimiento que se debe dar a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las (y nos) favorecen, una mayoría integrada encabezada por los ministros Aguilar y Pardo y secundada por los ministros Pérez, Franco y Medina, más la ministra Luna, el pasado martes 21 de abril, ha pretendido fijar como criterio imperante una vía para desconocer los estándares más protectores de derechos si chocan con las restricciones que para ellos la Constitución establece.

Han pretendido reabrir con ello un debate derivado de la resolución de la contradicción de tesis 293/2011, y que básicamente consistió en determinar que todas las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias de observar, siempre que resulten más favorables para la protección de las personas, incluso si al cumplirlas se tienen que inaplicar restricciones expresas a derechos contenidas en la Constitución. Ahora lo que buscan es pretextar un supuesto análisis de correspondencia entre derechos que estimó vulnerados la Corte Interamericana con los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, para por esa vía cambiar el estándar y entronizar a las restricciones constitucionales de derechos.


Ese es uno de los diversos puntos de discusión que actualmente está inacabada en la Suprema Corte, pero desde mi opinión, el más trascendente del asunto. Por supuesto, se me podrá decir que el ministro Medina puede pronunciarse por vez primera y alterar el fiel de la balanza, pero no es así, ni él ni sus colegas de la nueva mayoría pueden ignorar y contradecir el principio de progresividad, sin desconocer la Constitución, ni él ni la nueva mayoría pueden interrumpir la jurisprudencia derivada de aquella contradicción de tesis 293/2011 sin seguir el procedimiento legalmente establecido para ello, pero sobre todo, nadie en la Corte puede desobedecer el principio pro persona y adoptar interpretaciones que no resulten en el favorecimiento de la protección más amplia de nuestros derechos. Y si así lo pretenden, les debemos poner un alto, no para que fallen conforme al sentir social, sino para que cumplan con su responsabilidad máxima: que en el ejercicio de sus funciones no incurran en actos u omisiones que redunden en el perjuicio de un interés público fundamental como es garantizar nuestros derechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS MIGUEL CANO LÓPEZ (ANÁLISIS).

Codhem acusa a perito y ministeriales del Edomex de tortura

MÉXICO, D.F: Por encontrar evidencias de un perito y policías ministeriales que incurrieron en actos arbitrarios y posiblemente constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomendación 13/2015 a la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM).

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión encargada de velar por el respeto a las garantías individuales de los mexiquenses, tres policías ministeriales detuvieron en el municipio de Acolman a tres ocupantes de un vehículo, a quienes acusaron de robar en una tienda de conveniencia ubicada en Ecatepec.

La agente del Ministerio Público (MP) responsable no reportó la presencia de lesiones y el médico legista omitió la revisión física; en presencia de los agentes, sólo preguntó a los detenidos su estado físico, lo cual se tradujo como un acto intimidatorio que tenía como fin ocultar las agresiones de que fueron sujetos.

A petición de su abogado particular, se solicitó de nueva cuenta la revisión y el perito designado calificó la existencia de lesiones físicas, lo cual denotó que pudieron perpetrarse acciones contrarias a la legalidad, transgrediendo la integridad física de las tres personas.

Por estos hechos, el organismo requirió a la dependencia el inicio de una carpeta de investigación en contra de estos servidores públicos involucrados.

Además, para evitar que se repitan esas conductas, la Codhem recomendó a la PGJEM articular una estrategia integral de prevención y atención a hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También recomendó profesionalizar a los servidores públicos sobre el protocolo de actuación en la investigación del delito de robo; implementar una política de protección y respeto al principio de seguridad jurídica, debida diligencia y deber de cuidado; y aplicar evaluaciones de control de confianza a los servidores públicos.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: CORRESPONSALIA (PROCESO)

AMLO exige a Pemex entregar a tabasqueños usufructo del petróleo

Comalcalco, Tab. Andrés Manuel López Obrador exigió a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar a los tabasqueños lo que les corresponde por la explotación del hidrocarburo de esta zona del país, pues mencionó que “Tabasco es un pueblo petrolero, pero sin dinero”.

Dijo entonces que se tienen que cancelar las llamadas reformas estructurales: la laboral porque afecta a los trabajadores, la educativa porque daña al magisterio, la fiscal porque perjudica a los comerciantes y empresarios, asimismo la energética, porque el petróleo es del pueblo de México y de la nación, no es de Enrique Peña, ni del gobierno federal, menos del extranjero.

Explicó que el cáncer de México sigue siendo la corrupción y que por eso es necesario terminar con el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, pues resaltó que este país no sale adelante por ese gran problema y “México es de los países donde existe más corrupción”.

En sus encuentros que sostuvo hoy con simpatizantes y militantes de su partido aprovechó para aclarar que él solo avala a los candidatos de Morena, tras afirmar que algunos andan diciendo que se quedaron en el PRD pero apoyan a López Obrador. “Nosotros no nos juntamos con gente que no les tenemos confianza”, aseveró.

Ante sus partidarios que a pesar del calor de más de 40 grados se concentraron en el parque de beisbol Antonio Valenzuela Alamilla, de esta cabecera municipal, el fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo hincapié frente a sus paisanos que el mayo lastre que arrastra México es el flagelo de la corrupción.

Explicó que "por la corrupción en la punta de una pirámide está la minoría que amasa fortunas y abajo hay millones de pobres" y llamó a los mexicanos a seguir luchando por combatirla para que haya una mejor distribución de la riqueza en México.

El político tabasqueño comenzó este viernes una gira de dos días por su estado natal con un mitin en la plaza principal del municipio de Paraíso, en donde explicó que todo el militante que se quedó en el PRD ahí se está pudriendo y no pertenecen a Morena.

En esta entidad existe una confusión porque militantes perredistas dicen públicamente que se quedaron en ese partido, pero que en realidad apoyan el movimiento de López Obrador, entre ellos funcionarios del gobierno del estado que encabeza el perredista Arturo Núñez Jiménez.

Debido a ello el líder de Morena fue “aclarando parada” en cada plaza que piso este día, al precisar en su intervención:

“Hay muchos que andan diciendo que se quedaron en el PRD y me apoyan. No es cierto. Lo que se quedaron en el PRD o ya están podridos o están a punto de podrirse, ya no estamos con ellos", exclamó ante la ovación de sus partidarios.

Durante su gira de hoy López Orador también estuvo por la tarde en el municipio de Cárdenas, donde abordó un tema que es toral para una amplia franja de tabasqueños, como lo es la resistencia civil contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), movimiento en el que participan más de 400 mil deudores en protesta por las altas tarifas.

El pasado 27 de marzo el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza y el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, firmaron dos Convenios de Colaboración con el que pretenden terminar con la resistencia civil a través de apoyos a usuario, pero no dejaron satisfechos a los deudores porque sólo aplica para los que deben menos de 23 mil pesos.

López Obrador, quien fue el impulsor de la resistencia civil hace 19 años, sostuvo este día que “no se acepta ese convenio con la CFE, (porque) se tiene que condonar a todos el pago de la luz eléctrica, no sólo a un grupo, y debe de haber tarifa justa”, agregó que si no se cumplen esas condiciones, “no hay ningún acuerdo con la federación" y no lo deben aceptar los tabasqueños ni el gobernador Arturo Núñez, indicó.

En esta entidad había expectación por conocer en tiempo electoral el discurso de López Obrador sobre su relación con el gobernador del estado, que decidió permanecer en el PRD, y fue en una entrevista con reporteros en donde tocó el tema.

Al referirse al mandatario estatal el ex candidato presidencial mencionó que respeta a Arturo Núñez pero manifestó que "no estamos subordinados a ningún gobierno, pues cada vez que viene Peña a Tabasco solo es aplaudirle, ya al carajo con eso".

Dijo que Núñez, no actúa eficazmente, “está muy cercano a Peña y Videgaray, pero no se atreve a exigir lo que a la entidad le corresponde por derecho y justicia”, subrayó.

También anticipó que el próximo 18 de mayo presentará en Villahermosa su nuevo libro titulado “El Poder en el Trópico”.

Este sábado el presidente del Consejo Nacional de Morena continuará sus denominadas “conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México” en los municipios tabasqueños de Tacotalpa. Macuspana y concluirá en Centro, cuya cabecera es Villahermosa.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: RENÉ ALBERTO LÓPEZ.

En Morelia, enfrentamiento deja cuatro muertos

Los hechos ocurrieron esta tarde, minutos antes de las 19:00 horas; el intercambio a tiros ocurrió durante lo que fue señalado como un operativo de las fuerzas de seguridad.

Morelia, Michoacán.- Como resultado de un enfrentamiento, cuatro personas resultaron muertas y tres más lesionadas durante el fuego registrado esta tarde en la ciudad de Morelia.

Los hechos ocurrieron el viernes 24 de febrero, minutos antes de las 19:00 horas sobre la calle Sauce de la colonia Jardines del Rincón, ubicada al sur de la Capital Michoacana.

Tras el enfrentamiento, al lugar arribó personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE),  para hacer el levantamiento de los cuerpos, así como iniciar las indagatorias correspondientes.

De los lesionados, se confirmó que fueron atendidos cerca del lugar de los hechos, para después ser trasladados a un hospital bajo vigilancia y consignarlos ante la autoridad competente.


Cabe mencionar que el enfrentamiento que duró cerca de 10 minutos provocó también pánico entre los vecinos del lugar y padres de familia que recogían a sus hijos en la escuela primaria Justo Sierra, ubicada a tan solo 50 metros de la balacera.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.

Hallan dos cuerpos desmembrados y uno calcinado en Chihuahua

Chihuahua, Chih: Tres personas fueron ejecutadas la mañana de hoy en esta ciudad. Dos de los cuerpos fueron desmembrados y el tercero, de una mujer, se encontró calcinado.

En la calle Montes Americanos, cerca de la avenida La Cantera, al norte de esta capital, se localizó una cabeza humana en el interior de un vehículo. Metros adelante, en una alcantarilla, la policía encontró el cuerpo, al lado del cual se halló una bolsa con otra víctima descuartizada.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los dos ejecutados era primo hermano de un agente ministerial. Más tarde el fiscal de la Zona Centro dio a conocer que una de las víctimas se llamaba Dagoberto Sotelo Borunda.

Los restos de ambas personas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con vecinos del lugar, varios vehículos arribaron a la zona esta mañana y abandonaron un Sentra verde. En esa unidad los agentes localizaron la cabeza humana.

En otro hecho, alrededor de las 11:00 horas se halló el cuerpo de una mujer en las cercanías de un cerro ubicado en el kilómetro 20 de la carretera a Ciudad Juárez, por el fraccionamiento de Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad.


Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Única acudieron al lugar, donde localizaron el cadáver calcinado y prendas de vestir de mujer, por lo que de inmediato se dio aviso Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Confirman sentencia a asesinos de “El Chaparro”, involucrado en el caso Heaven

MÉXICO, D.F: Magistrados de la Primera Sala Penal, ratificaron a sentencia a los asesinos de Horacio Vite Ángel, El Chaparro, narcomenudista del bar Black caso que derivó en la desaparición y asesinato de 12 jóvenes del Bar Heaven en mayo de 2013.

El Juez 4 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte emitió una sentencia de 27 años de prisión a Obrayan Enrique Torres Razo o Bryan Enrique Torres Razo y Jesús Abdiel Vega Lemus, por homicidio calificado.

En tanto que Mario Cerón recibiría una condena de 20 años, siete meses y 15 días de prisión, por homicidio calificado en calidad de auxiliador, según la causa penal 176/2013.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó además que tres deberán pagar 327 mil 685 pesos por concepto de reparación del daño.

Los sentenciados acudieron la madrugada del 24 de mayo de 2013 al bar Black, en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc, donde tras una discusión con Horacio Vite Ángel por el control del naromenudeo en el bar, lo sacaron del lugar y asesinaron de un disparo.

Dos días después, el 26 de mayo Ernesto Espinosa Lobo, socio del bar After Heaven, en complicidad con empleados del lugar, encabezó un operativo para levantar a 12 jóvenes del barrio de Tepito, en represalia por el asesinato de Vite Ángel.


Entre los jóvenes levantados y asesinados, había dos miembros del grupo delictivo de Los Tepis, Jerzy Ortiz Ponce y Said Sánchez García, a quienes el grupo contrario La Unión acusó de participar en el asesinato de Vite Ángel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El cura abusador que permanece impune

El defensor del joven Jesús Romero Colín insiste en que el cardenal Norberto Rivera debe sujetarse a las leyes y denunciar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al sacerdote Carlos López Valdés, quien abusó de su cliente. De no hacerlo, dice, habría un problema de soberanía. Y lamenta las argucias del abogado del cardenal, Armando Martínez, quien argumenta que “desde el punto de vista canónico” la situación está finiquitada.  Por lo pronto, el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

MÉXICO, D.F: A pesar de que el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México determinó que su ­sacerdote Carlos López Valdés abusó sexualmente del menor Jesús Romero Colín, la arquidiócesis se niega a denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); también se muestra renuente a colaborar en el proceso que esta instancia lleva.

Esa actitud viola las leyes civiles y ha permitido que el pederasta continúe en libertad, afirma el abogado de la víctima, Luis Ángel Salas, quien ya estudia la posibilidad de acudir a los tribunales internacionales.

Sin embargo, para el abogado de la arquidiócesis, Armando Martínez, ésta no se ve obligada a denunciar penalmente al pederasta porque ya lo hizo la víctima. Y asegura que la Iglesia cumplió con su obligación de inhabilitarlo como sacerdote en 2011. Y si canónicamente resultó culpable –argumenta–, el expárroco continúa en libertad porque para la procuraduría capitalina sigue siendo inocente, aunque pueda parecer paradójica esta situación.

El defensor de Romero Colín asegura tajante:

“En cuanto lo halló culpable, la arquidiócesis de México estuvo obligada a denunciar penalmente a su sacerdote ante la procuraduría, como lo marca la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual estipula claramente que ninguna creencia podrá negar las leyes del país porque entonces habría un problema de soberanía.

“El arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, no puede decir: ‘Yo sólo me baso en las leyes canónicas’. ¡No! Debe sujetarse a las leyes mexicanas. Incluso el mismo Papa Francisco está pidiendo denunciar a los curas pederastas ante las autoridades civiles, en su actual política de ‘tolerancia cero’.”

De acuerdo con la legislación civil, dice el abogado Salas, López Valdés cometió por lo menos tres delitos: violación equiparada, corrupción de menores y pornografía infantil.

Y asegura que la arquidiócesis lleva años negándose a cooperar en el proceso que le lleva la PGDF al hoy expárroco:

“En 2008 nosotros le empezamos a pedir a la arquidiócesis los primeros documentos. Y desde entonces se ha estado negando a cooperar. Varias veces también llegamos a solicitar audiencia con el cardenal Rivera. Y hasta febrero pasado nos recibió, comprometiéndose a apoyarnos. Pero en los hechos todavía no vemos nada”.

–¿Qué documentos eclesiásticos están pidiendo actualmente?

–Pedimos una relación de las parroquias donde estuvo oficiando el padre Carlos López de 1993 a 2013, pues siguió oficiando durante y después del proceso eclesiástico que lo condenó. También pedimos que la arquidiócesis nos diga quiénes eran sus superiores inmediatos durante el tiempo en que cometió sus abusos sexuales, para así ir delimitando responsabilidades. Y, por supuesto, necesitamos documentación de su expediente en el tribunal eclesiástico, como su declaración de culpabilidad.

Castigo de papel

El denunciante Romero Colín era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan. Desde entonces y hasta 1999 –un periodo de cinco años– el sacerdote estuvo abusando sexualmente del menor.

Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a revelar tales hechos a sus padres, quienes eran muy cercanos al párroco. Lo hizo hasta 2007. Inmediatamente, su familia denunció al cura tanto en la arquidiócesis como en la PGJDF. Ante lo irrefutable de las pruebas –como fotografías donde aparece el religioso abusando de menores–, la Iglesia lo declaró culpable y lo suspendió como sacerdote en 2011.

Pero el castigo eclesiástico quedó en el puro “papel”, pues el pederasta –a decir del joven– siguió oficiando durante los cuatro años en que se le sometió a juicio; aun lo sigue haciendo en el estado de Morelos. Romero Colín también asegura que Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, entonces obispos auxiliares del cardenal Rivera, tenían pleno conocimiento de sus abusos desde años antes de que se le sometiera a juicio, y pese a ello decidieron encubrirlo (Proceso 2004).

El abogado Salas insiste en que, por lo pronto, debe presentarse a declarar Jonás Guerrero, actual obispo de Culiacán, ya que entonces era encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del pederasta.

“Nosotros ya antes habíamos requerido a Jonás Guerrero, pero fue justo cuando lo sacan de la arquidiócesis de México y lo hacen obispo de Culiacán. Marcelino Hernández (actual obispo de Colima) también estaba al tanto de los delitos del padre Carlos porque intentó ayudarlo psicológicamente para que no siguiera delinquiendo”, comenta.

El único subalterno del cardenal al que la procuraduría citó a declarar fue Alberto Pacheco, a cargo entonces del Tribunal Eclesiástico. “En su comparecencia, Pacheco incurrió en falsedad porque negó los hechos contra el padre Carlos que le imputó su propio tribunal. Desgraciadamente, Pacheco murió el año pasado”, dice el abogado Salas.

–¿Debe también comparecer el cardenal Rivera?

–Primero trataremos de que haya orden de aprehensión contra Carlos (López) Valdés. Y esperamos que el cardenal nos aporte elementos para obtenerla, como nos lo prometió en la reunión que tuvimos con él.

Alude al encuentro que, el pasado 18 de febrero, sostuvo él y Romero Colín con el cardenal. Ahí también estuvieron Armando Martínez, abogado del cardenal, y el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar.

Ese día, comenta el entrevistado. “entregamos al cardenal 16 anexos del caso. Él prometió apoyarnos y designó a su abogado como enlace con nosotros. Yo me he comunicado telefónicamente con Armando Martínez y él me ha dicho que después me regresa la llamada. No lo ha hecho. En esas estamos. Hasta hoy la arquidiócesis no ha querido cooperar”.

Y respecto a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF, a cargo de las indagatorias, Salas señala que “ha actuado de manera negligente en el proceso. Lleva ocho años con las mismas diligencias por practicar, al grado de que ni siquiera ha podido localizar a López Valdés. En fin, ha mostrado una clara negación de acceso a la justicia”.

Indica que incluso la instancia que lleva el caso –el Juzgado 55, en Materia Penal, del Distrito Federal– “le ha dicho a la procuraduría que necesita perfeccionar su investigación porque es muy deficiente y omisa, pues a partir de ella no se puede determinar ningún tipo delictual”.

–¿Han acudido a otras instancias para conseguir justicia?

–Sí, el año pasado interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al parecer pronto emitirá una recomendación tanto a la procuraduría como a la arquidiócesis, por sus violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de Romero Colín.

Las justificaciones

El abogado Salas refiere que, en caso de que definitivamente se cierren todas las puertas en México, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver si ésta canaliza el caso a la Corte ­Interamericana.

Por lo pronto, dice, el Comité de Derechos del Niño, de la ONU, le dio entrada al caso de Romero Colín, junto con otros dos casos de pederastia sacerdotal en México: el de Marcial Maciel y el del padre Nicolás Aguilar, quien, por cierto, también fue ­sacerdote de Rivera Carrera.

A diferencia del defensor de la víctima, el abogado del cardenal, Armando Martínez, señala categórico que la arquidiócesis no denunció penalmente a su ­sacerdote pederasta porque no estuvo obligada a hacerlo. Argumenta:

“Nosotros no teníamos por qué denunciar debido a que ya había una denuncia presentada ante la procuraduría. Es decir; la noticia criminis ya la había dado la propia víctima al Ministerio Público.”

De esta manera –indica–, no se infringió el artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas, el cual ordena textualmente a las distintas iglesias que “deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”.

El también presidente del Colegio de Abogados Católicos desmiente cualquier acusación de encubrimiento o de falta de cooperación contra el cardenal Rivera, pues, enfatiza, el purpurado cumplió con su obligación de someter a juicio eclesiástico al pederasta. Dice:

“Es absolutamente falso que la arquidiócesis no quiera cooperar. Desde el punto de vista canónico, la situación del padre Carlos está finiquitada. Ha sido reducido al estado laical absolutamente. Tuvo suspensión ad divinis, significa que está suspendido para siempre del ejercicio sacerdotal. Es un civil más. Esto quedó establecido por decreto e inscrito en la Santa Sede. ¿Si esto no es cooperar, entonces cómo puede llamarse?”

–La defensa de la víctima señala que ustedes no quieren aportar las pruebas de su tribunal eclesiástico para utilizarlas en la procuraduría.

–Nosotros no podemos abrir, a instancias de ningún particular, los archivos de la arquidiócesis. Sólo los abriremos a petición de la autoridad. Pero hasta el momento no nos ha pedido nada la autoridad, en este caso la Procuraduría del Distrito Federal, que es quien ejercita la acción penal. Si nos hace esa petición, nosotros inmediatamente le llevamos nuestros archivos. Estamos plenamente dispuestos.

“En este caso queremos seguir cooperando, incluso coadyuvar en la investigación. Durante la reunión con el joven Jesús y sus abogados, nosotros claramente les dijimos que estamos dispuestos a coadyuvar. Pero no estamos acreditados en el expediente para la coadyuvancia. No tenemos personalidad jurídica. En este momento sólo la tienen la víctima, el acusado y el Ministerio Público. Quiero ayudar a Jesús, pero, por respeto, no puedo meterme oficiosamente en un asunto que no me corresponde.”

–Sin embargo, a la procuraduría llegó a comparecer Alberto Pacheco, del tribunal eclesiástico. Se dice que ahí declaró que no le constaba la culpabilidad del padre Carlos…

–En esa ocasión yo acompañé al padre Pacheco, quien era el vicario judicial de la arquidiócesis. Hará unos tres o cuatro años, no recuerdo con precisión porque no tengo el expediente. Él respondió a todas las preguntas que le hizo el Ministerio Público. No recuerdo que haya cometido una falsedad de declaración. Tampoco recuerdo si ya entonces se había dado la sentencia eclesiástica. Pero bueno, él ya murió, y la acción penal se extingue con la muerte.

–Si se les requiere, ¿también irían a declarar los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, así como el cardenal Rivera Carrera?

–¡Claro! Y el cardenal se lo dijo personalmente a Jesús: “Lo que me pidan, eso haré”. El cardenal ya ha declarado otras veces ante el Ministerio Público. Esta no sería la primera vez. Decían que al obispo Jonás se le había movido a Culiacán para evitarle esta situación. ¡Por Dios! Culiacán también está en México y mediante un exhorto puede ser citado. Yo mismo le he dicho: “Monseñor Jonás, necesito que usted declare si es requerido”. Y él me ha contestado: “A la hora que sea, lo que necesiten”. Los tres son ciudadanos mexicanos, tienen domicilio fijo y están ejerciendo.

–Pese al castigo eclesiástico, se comenta que el pederasta oficiaba misas durante el tiempo que duró su proceso eclesiástico y actualmente lo sigue haciendo en el estado de Morelos. ¿Es cierto?

–Durante su proceso, en efecto, el padre estuvo oficiando indebidamente en los velatorios del ISSSTE que están en la avenida San Fernando. También tuvimos conocimiento de que lo hacía en algunos lugares privados, como centros de retiro y cosas así. Ante esto, la arquidiócesis le envió cartas al director de los velatorios para decirle que el padre Carlos había perdido sus licencias ministeriales y no debía oficiar. También se mandaron cartas a la gente. Se dieron los avisos correspondientes.

“Y actualmente, que yo sepa, no está oficiando en Morelos. Me comentan que trabaja de ‘cerillo’ en un centro comercial de Villa Coapa, que anda por esos rumbos. Todas las diócesis están notificadas para impedirle ejercer el sacerdocio. Es todo lo que podemos hacer. La Iglesia no tiene policías ni tampoco la autoridad del Estado para arrestarlo.

“En lo personal me duele mucho este caso, pues el padre Carlos fue mi párroco y conocí a la gente que trabajaba con él. A Jesús lo conocí de monaguillo. También conozco a sus papás. Es una lástima que el muchacho haya caído en manos de abogados que no tienen ninguna estrategia jurídica. Yo estoy dispuesto a asesorarlos.”

–¿Para las autoridades civiles no es válida la sentencia de culpabilidad del tribunal eclesiástico?

–¡No! Porque nuestra Constitución prohíbe los tribunales especiales. Para las autoridades mexicanas, todo tribunal eclesiástico es absolutamente inexistente. Sus fallos no tienen ninguna repercusión. ¡No existen!

–¿Un mismo acto puede ser delito para la Iglesia y no serlo para el Estado?

–Por supuesto. El ejemplo más claro es el del aborto, que está prohibidísimo por la Iglesia, merece la pena de excomunión, y, sin embargo, es permitido por varias legislaciones civiles.

–Y en el caso del padre López Valdés, ¿resultó culpable para la Iglesia e inocente para la procuraduría capitalina?


–Así es. No han podido adecuar su conducta a ningún tipo penal. Por desgracia, en ese ámbito civil la Iglesia no puede hacer nada, está atada de manos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.

Presidente del INE observa disminución en posturas a favor del boicot electoral

MÉXICO, D.F: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que cada vez son menos las voces que piden boicotear las elecciones del próximo 7 de junio.

“Muchos grupos que hace tiempo habían planteado esa intención, sin avalar o convocar a la ciudadanía a votar, han cambiado el tono y rechazo a las elecciones”, afirmó.

Además, descartó la intención da generar un ambiente militarizado para llevar a cabo los comicios y pidió “no bajar la guardia” en el caso de estados complejos como Guerrero, donde –aseguró– “el proceso va avanzando”.

“Nuestra intención no es generar un ambiente militarizado, de policía, para desarrollar las elecciones, esto no es conveniente, pero nuestro mandato es permitirle a los ciudadanos que ejerzan con libertad su voto y tenemos que generar esas condiciones (…).

“No estamos pensando en operativos especiales, por supuesto la comunicación y coordinación la tenemos, la estamos afinando, pero a todos conviene que el próximo 7 (de junio) exista paz y tranquilidad para poder ejercer el derecho al voto”, señaló en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.

Luego de referirse a los convenios de colaboración para la custodia de materiales sensibles que comenzarán a distribuirse a partir del mes de mayo, Córdova precisó que a partir de este momento “las bodegas de los 300 consejos distritales cuentan con acompañamiento de fuerzas armadas”, y el día de la jornada electoral “va a ocurrir lo que ha pasado permanentemente, además de que las policías están a disposición en caso de ser requeridas por el INE”.

Subrayó que el 7 de junio habrá que tener mucho cuidado “para que sean muy cautelosos en algunas zonas donde pudiera haber conflicto, pero habrá una coordinación de seguridad para garantizar el clima pacífico y se ejerza el voto libre de los ciudadanos”.

En Guerrero, agregó, en 82% de las casillas de la entidad hay más del doble de ciudadanos aptos para ser funcionarios de casilla, y resaltó que muchos grupos que hace tiempo habían planteado boicotear las elecciones, “han cambiado el tono”.


Córdova aseguró que no existe preocupación respecto a que no se realicen las elecciones, aunque admitió que el momento más delicado y vulnerable será el mismo día de los comicios. “El proceso se construye día a día”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Revisa CNDH la actuación de autoridades en el caso Alondra Luna

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó información de dependencias federales y estatales a fin de saber si en el caso de la sustracción de Alondra Luna Núñez si actuaron para preservar el interés superior de la menor.

Las dependencias a las que solicitó información son: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Presidencia del Sistema DIF en Michoacán y, “con respeto a la independencia del Poder Judicial en esa entidad”, al Tribunal Superior de Justicia.

El organismo advirtió en un comunicado que en caso de existir vacíos o lagunas en la normativa, será necesario subsanarlas “para prevenir posteriores violaciones a derechos humanos en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes”.

La solicitud de información, abundó la CNDH, se hizo dentro del trámite e integración del expediente de queja que inició con motivo de la sustracción de Alondra, la adolescente a quien agentes de la Interpol y Policía Ministerial Federal se llevaron por la fuerza el pasado jueves 16 de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Guanajuato, luego de que una juez civil de Michoacán resolvió un procedimiento de restitución internacional para que la menor fuera entregada en Houston Texas a Dorotea García Macedo, quien pretendía reconocerla como la hija que perdió en 2007.

Alondra viajó a Estados Unidos supervisada por la Interpol e ingresó a Estados Unidos con la visa y documentos de Alondra Díaz, la hija desaparecida de Dorotea.

La CNDH indicó que una vez que se reciban los informes solicitados, realizará el análisis de éstos y demás elementos de convicción que se integren al expediente de queja a fin de emitir “el pronunciamiento que proceda sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos de la adolescente sustraída”.

Resultará determinante, indicó el organismo, que en su actuación las autoridades hayan tomado en consideración y buscado preservar el interés superior de la menor.

Y advirtió que en caso de advertirse lagunas u omisiones en el marco normativo aplicable a estos casos, “se propondrán las reformas procedentes a efecto de prevenir que, en lo sucesivo, la falta de regulación pueda propiciar violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se lleguen a encontrar en circunstancias similares”.


Asimismo, indicó que, al margen de este caso, solicitará a las instancias competentes dar seguimiento a las investigaciones que tendrían que estar realizando, para la localización de la menor que habría sido arrebatada a Dorotea García en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Procuraduría de Michoacán investiga el caso de la niña Alondra

La dependencia estatal abrió una investigación por posibles delitos en el traslado, por error, de la joven de 14 años a Estados Unidos.

A sus 14 años, Alondra Luna pasó al menos una semana en Estados Unidos, lejos de sus padres, por un error: exámenes de ADN demostraron que no era hija de la mujer de Texas que reclamaba ser su madre.  Ahora, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán inició una investigación por presuntos delitos cometidos en este hecho.

En un comunicado, la dependencia estatal informó este viernes 24 de abril que investiga a la Juez de Primera Instancia en materia Civil, con sede en los Reyes, quien permitió que Alondra fuera llevada Houston, Tecas, donde Dorotea García aseguraba que ella era su hija raptada por su padre casi 10 años.

“Con base a notas periodísticas y material audiovisual difundido en diversos medios de comunicación nacional y estatal, en los que se advierten probables actos que atentan contra el interés superior del niño y que pueden ser constitutivos de un hecho ilícito, la representación social lleva a cabo las investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades (sic)”, detalla el comunicado de la Procuraduría estatal.

El caso atrajo atención internacional la semana pasada, cuando circuló en medios sociales un video en el que se le veía resistirse y gritar mientras agentes mexicanos la obligaban a entrar en un vehículo policial.

La jueza Cinthia Elodia Mercado dijo el miércoles a la AP que había cumplido con su obligación de asegurarse de que se seguían las convenciones internacionales sobre secuestro de niños.


“Nuestra única tarea es resolver si el menor debe ser devuelto o no”, dijo la jueza vía telefónica, aunque evitó dar detalles específicos del caso.

FUENTE: 

Amenazan con vengar a presuntos “zetas” ejecutados en Veracruz

En un narcomensaje sobre el cual colocó tres cabezas de cerdo y coronas de muerto, el cártel de Los Zetas advirtió que tomará venganza por la muerte de cuatro presuntos sicarios abatidos el pasado martes 21 en el municipio de Ángel R. Cabada, a manos de elementos de la Fuerza Civil (FC).

Xalapa, Ver: En un narcomensaje sobre el cual colocó tres cabezas de cerdo y coronas de muerto, el cártel de Los Zetas advirtió que tomará venganza por la muerte de cuatro presuntos sicarios abatidos el pasado martes 21 en el municipio de Ángel R. Cabada, a manos de elementos de la Fuerza Civil (FC).

“Lo que hiciste no es de aplaudirse, si quieres un topon real (sic) ya lo tendrás, tienes que salir de tu cueva”, decían las mantas y lonas que fueron colocadas en puntos visibles de Lerdo de Tejada y Boca del Río.

La advertencia de Los Zetas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, FC y el delegado policiaco de la región, Paulino Cortés, ocurre un día después de que concluyó la primera reunión de procuradores y fiscales de la zona sur-sureste del país, acto protocolario donde fuerzas federales y estatales “blindaron” diversos municipios de la región.

El pasado martes 21, cuatro presuntos sicarios fueron abatidos en la carretera federal 180, en el municipio de Ángel R. Cabada, durante un enfrentamiento que se suscitó a raíz de los patrullajes de reconocimiento y vigilancia en esa zona de ingenios cañeros y ganadería.

Ese día, al detectar un vehículo sospechoso en la congregación de Brazo de la Palma, elementos de la FC marcaron el alto al conductor, pero éste hizo caso omiso. En ese momento los ocupantes de la unidad empezaron a disparar contra los uniformados. Cinco delincuentes murieron.

Según elementos policiacos que pidieron el anonimato, el narcomensaje es en respuesta a la muerte de los presuntos zetas.

En enero pasado el comandante de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, Armando Sánchez Garibay, fue emboscado en la carretera 180 por pistoleros que emplearon granadas y rifles de asalto. El mando policiaco perdió la vida junto con dos miembros de su escolta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.