Los presuntos desvíos, en el programa de apoyo a jornaleros agrícolas; en supuestos robos de tarjetas bancarias; robos de cheques; obras fantasmas...
El senador Alejandro Encinas denunció ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, un presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a programas sociales en Veracruz. Aunque reconoció que la denuncia de hechos se basa en filtraciones, que podrían tratarse de “un conflicto dentro de los grupos políticos del PRI en Veracruz” y un “fuego amigo”, el legislador remarcó que “el tipo de información que se ofrece es gente de adentro, que tiene acceso a documentación oficial, que conoce la distribución de las tarjetas, tiene acceso a los programas de beneficiarios, hizo un trabajo especial para acreditarlo y pues evidentemente, el objetivo central es el delegado (Marcelo Montiel Montiel, delegado de la Sedesol en Veracruz)”. Encinas apuntó que desvío -según las filtraciones- podría ascender a 500 millones de pesos. Así lo expuso este lunes en conferencia de prensa: “El pasado jueves 16 de abril, alrededor de las 14 horas, fue entregado en mis oficinas del Senado de la República, un sobre conteniendo una carta dirigida a mi persona, suscrito por ‘Funcionarios Honestos de la Sedesol de Veracruz’. Ese sobre incluía una USB, con información relacionada con esa dependencia, donde se presentan diversos documentos y testimonios de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de al menos 500 millones de pesos… “Tras el análisis de la misma y la consulta a diversas fuentes considero que existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político; los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de Sedesol para fines ajenos a la política social, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización de los mismos. “Cabe mencionar que el presunto desvío de los recursos que hoy presentamos, son distintos a los reportados en febrero pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, correspondiente a la cuenta pública de 2013, donde se señala que el estado de Veracruz, donde residen más de 4.1 millones de mexicanos en situación de pobreza, fue la entidad de la República que registró el mayor número de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2013, casi el doble de Michoacán, entidad que aparece en segundo sitio… “Hay que recordar también como ese mismo año, el PAN exhibió conversaciones telefónicas de funcionarios de la Sedesol en Veracruz, que acordaban utilizar los recursos de la dependencia para beneficiar al PRI en las elecciones locales de ese año, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme, y 65 y más, que dio lugar al desafortunado comentario del presidente Peña Nieto en defensa de la titular de la dependencia con el famoso ‘Rosario no te preocupes, hay que aguantar’. “Escándalo que por cienrto hizo tambalear al Pacto por México; que retrasó la presentación de la reforma financiera, y que costó el empleo a varios funcionarios menores de la Sedesol en Veracruz, así como la separación del delegado en el estado, Ranulfo Márquez Hernández, hoy secretario estatal de desarrollo social en Veracruz, quien fue sustituido por Marcelo Montiel Montiel, actual delegado y personaje central en las denuncias que en unos momentos más presentaremos… “La información que se nos entregó, ésta que vamos a entregarles también a ustedes, corresponde a una presumible filtración resultado de diferendos en la disputa política y el control de recursos federales en el estado de Veracruz, que protagonizan diversas facciones del PRI, y esas mantiene el formato y orden originales; no ha sido editada ni modificada. “Se trata de un USB que con 623 archivos que ocupan 10.8 GB, contienen un video que da soporte a las siete partes en que se presenta la información, más una carpeta de archivos que apoyan los contenidos de cada video, integrado por imágenes de documentación de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos testimoniales de personas que dicen ser beneficiarias o gestoras de los programas de Sedesol en Veracruz… “Los capítulos que integran esta denuncia son:
Robo de apoyo a jornaleros agrícolas
Robo de tarjetas bancarias
Robo de cheques – falsificación de firmas
Obras fantasma del programa 3X1 de Migrantes
Robo en el apoyo a gestores voluntarios
Obras fantasma Programa Empleo Temporal
“De acuerdo con la información contenida, de los 8 millones de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios. “Se documenta, o se pretende documentar también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de mil 512 pesos y que en total suman 302 mil 400 pesos. “De la misma forma se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, también se demuestra la falsificación de las facturas. “Y finalmente, se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos“, indicó el senador. Como lo publicó este sitio, en 2013, el PAN reveló una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.
Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz. A Ranulfo lo sustituyó Montiel Montiel, mientras el ex delegado federal, ahora es el titular de la Sedesol en Veracruz. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
“¿Quién gana con nuestra salida del aire? ¿Quién es quien realmente no quiere que se divulgue la información que investigamos? Y algo aún más incomprensible: ¿Por qué MVS intenta aniquilar un modelo de comunicación que lejos de ser destruido debería repetirse en todo el país, en toda la industria?”, son las preguntas que lanza la periodista Carmen Aristegui, en entrevista con Blanche Petrich, publicada este lunes en La Jornada. Su caso lo considera “un momento clave para que los informadores nos enfrasquemos en una seria reflexión sobre cómo andan las cosas en la relación entre los periodistas y los empresarios, sobre cuál es el mejor modelo para que todos –prensa, empresas y audiencias– ejerzan sus derechos para realizar y ofrecer mejores contenidos producto de un trabajo hecho en libertad, resultado del esfuerzo profesional y ético. Esa es la batalla principal, tiene que ver con los contenidos que le damos al público y la conciencia que asuma la sociedad mexicana de sus derechos”. Aristegui mencionó que meses antes de su salida, los Vargas -dueños de MVS- le solicitaron “que esa investigación –de la Casa Blanca– no saliera”. “El reportaje no se transmitió en primera instancia en el noticiario de MVS, porque cuando nosotros estábamos aún con la investigación en curso –habíamos hecho consultas en la Presidencia, en la Secretaría de la Función Pública– ellos nos pidieron comprensión”, indicó. “Fue una conversación difícil. Me solicitaron que esa investigación no saliera en el noticiario. Alegaron lo que yo sé que es cierto: su vulnerabilidad ante el poder político, porque son empresarios que dependen mucho del ámbito gubernamental para sus negocios, sus concesiones, la 2.5, lo que es el negocio principal de MVS”, apuntó. “Les planteo que no podía aceptar censura y menos en un reportaje de esa naturaleza, que la sociedad tenía derecho a saber eso y que no la íbamos a meter en un cajón. Para no generar ruptura con ellos, la salida para nosotros es que la divulgaríamos de otra manera. No nos comprometimos a no hablar de ello en MVS, sino que la estación no fuera la señal de origen del reportaje”, abundó.
Y recordó que en el primer despido de la empresa, “Joaquín Vargas fue una caja de cristal y asumió con valentía el costo de decir lo que pasó. Reconoció que Los Pinos le dijo que si recontrataba a la periodista, a su proyecto empresarial se lo llevaba la chingada… (ahora) no es la misma ecuación política. No es lo mismo Calderón de salida que Enrique Peña con casi cuatro años de presidencia enfrente”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: CARMEN ARISTEGUI.
Los apoyos que pidieron fueron de hasta 10 mil dólares. Uno de los involucrados en el asunto dice que "la petición de patrocinios no es un método corrupto u oscuro, sino una práctica común".
El programa Sin Censura reveló cómo desde las oficinas del Consulado General de México en Chicago se gestionaron recursos para la celebración del Grito de Independencia, en septiembre del año pasado. Dicho programa de radio indicó que en lo que se le conoce como “pase de charola” participaron al menos tres funcionarios del consulado, quienes solicitaron dinero a empresas de Chicago, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. En los audios de conversaciones telefónicas se puede escuchar, por ejemplo, a Alfonso Rosas Joule, encargado de Organizaciones Comunitarias del Consulado General de México en Chicago, quien le pide a un empresario un donativo del cual se le daría una factura del Museo de Arte Mexicano, como si hubiera apoyado al museo, pero el dinero sería destinado para el evento de fiestas patrias. En una de las llamadas se escucha que la petición a los empresarios es hasta de 10 mil dólares. Mientras que a través de correos electrónicos, Humberto Martínez Pelayo, administrador del Consulado General de México en Chicago, enlista paquetes de publicidad, para anunciarse en el acto del Grito de Independencia, con costos que van desde los mil hasta los 15 mil dólares. El cónsul de México en Chicago es el conocido priista Carlos Jiménez Macías; uno de sus últimos trabajos en México fue como operador de la campaña de Eviel Pérez Magaña en Oaxaca, quien perdió en 2010 frente al actual gobernador Gabino Cué.
En el canal de Youtube de Univisión se encuentran imágenes del acto del Grito de Independencia, encabezado por Jiménez Macías, en septiembre 2014:
La versión del consulado El consultado mexicano en Chicago fue consultado sobre el tema por este medio de comunicación. La respuesta a la solicitud de información fueron “antecedentes” como los siguientes: El Consulado General de México convocó el 6 de marzo de 2014 a una reunión en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago para hablar sobre la organización del “204 Aniversario de la Independencia de México” en Harrison Park de Chicago. Dicha reunión estuvo encabezada por el Cónsul General de México, Carlos Jiménez Macías y ante la participación de 133 líderes comunitarios se tomó acuerdo para la creación del “Comité organizador de los festejos de las Fiestas Patrias 2014”. Dicho Comité designó a 13 personalidades que integran el Consejo Directivo y Consejo de Transparencia. “El Comité Fiestas Patrias trabajó de manera independiente y el Consulado General de México no recibió dinero alguno. El ingreso de los fondos se hizo a través del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago por ser una organización sin fines de lucro y la administración de estos fondos estuvo a cargo del Consejo Directivo, encabezado por Carlos Tortolero, quien funge como Director de dicho museo”, señaló el consulado. En una carta que se expone a continuación, Tortolero explica que “como la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto limitado para organizar estos festejos, el Consulado en Chicago, como todos los Consulados de México, tiene la autorización de buscar patrocinios. Cualquier persona familiarizada con la gestión de eventos en Estados Unidos sabrá que la petición de patrocinios no es un método corrupto u oscuro, sino una práctica común, permitida por la ley. Así, con el objetivo de dar claridad y certeza jurídica a la captación de los recursos económicos, decidimos que el Museo Nacional de Arte Mexicano, mediante una cuenta especial, fuera el único que recibiera los patrocinios… El Consulado no ha recibido, ni recibirá, un solo dólar“. Demanda Sobre este caso, el columnista de La Jornada, Julio Hernández, expuso que “la difusión de esa información llevó al despacho estadunidense de abogados Ancel Glink, Diamond Bush, DiCianni y Krafthefer a un amago de demanda por difamación al empresario Adolfo Vega (acusándolo de haber grabado la conversación telefónica con el funcionario consular), a su empresa La Bodega (dedicada a la importación de productos mexicanos), al periodista Vicente Serrano (conductor del programa Sin Censura, en español, el más importante y crítico de la región que tiene como capital a Chicago) y al programa en sí”. “El amago de demanda fue presentado en nombre del consulado general de México en Chicago, a cargo de Carlos Jiménez Macías, político priísta de larga experiencia en el Congreso federal y en cargos y delegaciones de su partido. Pedro Fregoso júnior, en nombre del bufete Ancel Glink y asociados, acusó al empresario Vega de haber grabado la conversación y de haberla entregado al periodista Serrano. Además, menciona el hecho de que el estudio de Sin Censura está en instalaciones de La Bodega. Además de la obtención ilegal de esas grabaciones, el abogado representante del consulado mexicano asegura que tales audios fueron editados, que se usó al aire en radio la impropia expresión de pasando la charola y que el funcionario Rosas jamás dijoéchanos la mano, estamos jodidos. “Al gobierno mexicano, al consulado general en Chicago y a su actual titular, Carlos Jiménez Macías (un político cuya carrera en México ha estado exenta de escándalos o excesos, caracterizado por un trato amable y formas cuidadosas), les asiste el derecho de recurrir a las instancias legales para litigar lo que conforme a su interés convenga. En ese tenor es que se contrató un equipo de litigio, se presentó una demanda y debería resolverse el conflicto conforme a derecho, llevándolo hasta el final, para que una sentencia en firme, y no algún arreglo discrecional, restituyera honor y fama a la institución gubernamental mexicana y sus funcionarios si hubiesen sufrido daño. “Pero el pasado marzo el abogado Fregoso júnior solicitó al empresario Vega (de origen mexicano, pero ciudadano estadunidense, al igual que Serrano) 350 mil dólares para cerrar el caso. Lo había hecho de manera verbal, pero se le pidió que confirmara la petición por escrito. Así lo hizo, en una carta con el título deConfidencial, sólo para intenciones de arreglo, en papel membretado del bufete encabezado por Ancel Glink, remarcando que actúa en nombre del consulado mexicano en Chicago y solicitando una inmediata retractación pública del empresario Vega, del periodista Serrano y del programa Sin Censura, más la entrega de 350 mil dólares (http://bit.ly/1J8SjMC)… “Con esta pretensión de demandar a un empresario (sin relación accionaria o injerencia alguna en Sin Censura), a un periodista y a un programa radiofónico crítico, la administración federal peñista da un salto de frontera en cuanto a confrontar a voces información y análisis que con espíritu crítico revisan el actuar gubernamental. A fin de cuentas, no se ha difundido la relación de ingresos y egresos en esa ceremonia de fiestas patrias en Chicago (ni en el resto de ciudades del extranjero donde también se pide cooperación privada y se ejerce dinero público)”, apuntó Hernández en su columna.
El consulado de México en Chicago señaló a este medio que “grabar una conversación sin consentimiento previo, es considerado un delito en Estados Unidos. Actualmente no existe demanda alguna pero si pudiera presentarse, no es contra el locutor Vicente Serrano, sino contra la persona que grabó el audio, ya que son dos cosas diferentes”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 18 denuncias penales formales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de diversas instancias del gobierno de Veracruz, algunas de las cuales datan del año 2006, cuando todavía era gobernador Fidel Herrera Beltrán. El grupo de denuncias más recientes, fueron interpuestas en el mes de noviembre del año pasado en contra de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, tanto la ASF como la PGR mantienen secrecía sobre los nombres a quienes van dirigidas. Estos datos se encuentran contenidos en el sitio http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales donde se incluye el listado de todas las dependencias federales y entidades con alguna denuncia. Debido a que la ASF estableció que los montos donde se presentaron los posibles daños patrimoniales contra Hacienda Pública federal, se localizaron en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), serían funcionarios de las secretarías de Educación, Salud, Seguridad y Finanzas y Planeación, así como la Fiscalía General del Estado (FGE) los que estarían involucrados. Tanto la ASF como la PGR se negaron a dar a conocer el nombre de los funcionarios o ex funcionarios públicos del gobierno estatal señalados en las 18 denuncias penales, aunque confirman la existencia de tales acusaciones y el involucramiento de servidores públicos de distintas dependencias del gobierno estatal. Las denuncias penales que han sido mencionadas recientemente en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, incluidos algunos que hoy en día son candidatos a diputados federales, son las que la ASF presentó a finales del año pasado. La PGR en un lapso de 10 días, recibió un total de 15 denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno del estado de Veracruz. Del 11 al 20 de noviembre del año pasado la PGR fue recibiendo cada una de las denuncias en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal que hasta el momento mantiene en secrecía y únicamente se ha establecido que son relacionadas a un presunto desvío de recursos de la cuenta pública del año 2012. La denuncia más antigua, es derivada de la auditoría número 523 a la cuenta pública de 2006 contra el gobierno de Veracruz, por irregularidades detectadas en construcción de hospitales, y por ello se interpuso denuncia el 30 de noviembre de 2007. De la cuenta pública 2010, cuando todavía era gobernador Fidel Herrera Beltrán, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia contra el gobierno estatal por la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, que tuvo un costo de 15 millones 280 mil pesos y se cayó ante la primer crecida del río Atoyac. La ASF analizó la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos. Resulta que al abrir la bitácora de la obra se encontró que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán Karl.
La FGE también está señalada como una de las dependencias denunciadas ante la PGR, pues de la cuenta pública 2010 se establece un presunto desvío de recursos del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública (FASP) en una obra relacionada con la construcción del servicio médico forense. FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ. AUTOR: JAIR GARCÍA.
Ortega ocupará el cargo hasta octubre próximo, cuando entregue la administración pública estatal a quien resulte ganador en los comicios del 7 de junio.
Por 34 votos a favor y siete en contra, el Congreso de Guerrero –instituido en Colegio Electoral– ratificó este lunes 27 de abril a Rogelio Ortega Martínez como gobernador “sustituto” de esta entidad federativa, cargo que habrá de ocupar hasta octubre próximo, cuando entregue la administración pública estatal a quien resulte ganador en los comicios del 7 de junio. A favor de la ratificación de Ortega Martínez –quien ya había ocupado un primer interinato de seis meses al frente del Ejecutivo estatal, del 26 de octubre de 2014 al pasado 25 de abril–, se pronunciaron las bancadas del PRD (promovente del nombramiento, por ser el partido que ganó en las pasadas elecciones a la gubernatura guerrerense), el PRI, el PAN, y el PVEM, mientras que en contra se pronunció el partido Movimiento Ciudadano. Entre los argumentos para respaldar a Ortega Martínez –quien la semana pasada insinuó que había legisladores que pedían dinero a cambio de su apoyo–, el Partido Acción Nacional, en voz del diputado Marcos Efrén Parra, advirtió que colocar en el cargo a una persona distinta generaría efectos adversos en términos “económicos, políticos y sociales” para la entidad, debido al ambiente de “convulsión” política en el que se encuentra Guerrero. Además, señaló, “queda poco tiempo” como para que una persona distinta a Ortega pudiera realizar un efectivo proceso de entrega de la administración pública al próximo gobernador, que será electo en dos meses. Por su parte, en nombre del PRI y del PVEM, el diputado Héctor Apresa Patrón señaló que “no vamos a obstaculizar al partido que ganó (la gubernatura) en las urnas (en referencia al PRD)” la posibilidad de proponer a quien ocupe este cargo en sustitución de Ángel Aguirre, quien el sábado anunció oficialmente que no regresaría a la gubernatura. Por último, en nombre del PRD, el diputado Bernardo Ortega aseguró que, pese a “eventuales diferencias políticas”, Rogelio Ortega Martínez es el político más adecuado para dar conducción al proceso de cierre administrativo. Asimismo, llamó a los grupos sociales que han manifestado su inconformidad con la política estatal a conducirse dentro del marco de la legalidad y principalmente a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a los padres de los 43 alumnos de este centro educativo desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala, les pidió “que actúen con cordura”. Los siete votos en contra de la designación de Rogelio Ortega como gobernador “sustituto”, fueron de la bancada del partido Movimiento Ciudadano, cuyo representante, Óliver Hernández Flores, ennumeró las principales fallas cometidas por éste, siendo gobernador “interino”, entre las cuales destacan: la represión de maestros en Chilpancingo y en Acapulco, que ha dejado en distintos operativos más de cien heridos y al menos un muerto; así como la malversación de fondos presuntamente donados a la Universidad Autónoma de Guerrero. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
“Si logramos que se sentencie al policía por tortura, sería un paso. No es justicia, pero tiene una importancia en términos judiciales”, ya que “comenzaríamos a sentar un precedente”.
Lydia Cacho se careó la semana pasada con uno de sus torturadores, en lo que considera es “el caso más emblemático de un ataque directo a la libertad de expresión y a una periodista”; todo lo expone en el libro Los demonios del Edén, sobre las redes de pederastia y pornografía infantil en México. En entrevista para Aristegui CNN, el viernes, expuso que “a seis meses de la publicación del libro, el empresario Kamel Nacif le pide al ‘góber precioso”, Mario Marín, que me mandara a unos policías para que me arrestaran y para que me dieran unos coscorrones. Dentro de la planeación de los hechos estaba: una violación, malos tratos, amenaza de muerte… la intención de esta detención arbitraria, era justamente lograr que yo retirara los dichos de mi libro y que dijera que estaba lleno de mentiras”. “Durante 20 horas de camino de Cancún a Puebla, los judiciales se dedicaron a amenazarme, me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez me metieron a la cárcel, tenía las advertencias de que iba a ser violada, en cuanto salgo de la cárcel bajo fianza, acusada de difamación y pasé un juicio de un año. En ese momento hice mi primera declaración”, relató. En sus primeras declaraciones, dijo: “sufrí tortura, amenaza de muerte, que estaba involucrado el gobernador. Era mi dicho contra todos estos personajes poderosos”. “Después revelan las grabaciones entres esos personajes, y yo entablo una demanda”, continuó. Sin embargo, “al policía que encabezó el traslado, nunca lo detuvieron en 10 años, el juez devolvió a Puebla y lo congelaron, después pedimos que lo atrajera la Procuraduría General de la República (PGR), y lo metió en el cajón del olvido, hasta que el año pasado ante la Organización de las Naciones Unidas se demostró la tortura y curiosamente la PGR decidió sacar el caso del olvido y detuvieron a José Montaño (policía)”, reveló la periodista. Aseveró que “estamos en un momento histórico en México en el que ya tenemos una ley federal de protección de víctimas, que apenas está entrando en vigor y en la que en los juzgados están comenzando a entender cómo llevarla a cabo”. “Los operadores, los jueces las juezas, están aprendiendo a hacerlo. Yo estuve en uno de estos ejercicios iniciales en el Distrito Federal y pedí que no me pusieran de frente a mi agresor. Una cosa es que sea fuerte y otra que quiera ser revictimizada por el hombre que me torturó, que me amenazó de muerte sistemáticamente y que me dijo que si lo arrestaban se iba a encargar de que me mataran aunque estuviera en la cárcel. Por lo que creo que mi vida corre peligro, todavía”, explicó. “Estuvimos en el Reclusorio Oriente, en los juzgados federales con mis abogados, me asignaron el área de províctimas, me asignó sicólogo y médico. Estuvieron todo el tiempo conmigo, las preguntas de los abogados son brutales. En total fueron seis horas desde que entramos hasta que salimos, me pidieron que describiera cómo fueron las agresiones”, recordó. “Fue muy desgastante emocionalmente”, acotó. “En este encuentro de las dos fuerzas es muy desgastante para la víctima”. Cacho remarcó que “son torturadores que por un lado son servidores públicos, a los que se les ordenó. Los policías obedecían las órdenes, pero lo hacían con cierto gozo. Además de las órdenes y los permisos que le habían dado”. Confió en que “si logramos que se sentencie al policía por tortura, sería un paso. No es justicia, pero tiene una importancia en términos judiciales” ya que “comenzaríamos a sentar un precedente”. “Esta sentencia podría ser muy importante, y decir a cualquier policía que se atreva a repetir una tortura como esta, tendrá que pagarlo”, comentó. El caso incluso derivó en un libro escrito por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abordan el caso, por lo que la periodista afirmó que el caso “se convirtió en el caso más emblemático de un ataque directo a la libertad de expresión y a una periodista, por parte de miembros de un gobierno estatal, del poder judicial y por empresarios vinculados con delitos relacionados a la delincuencia organizada”. “La historia ya se está empezando a contar después de una década, los mismos ministros dijeron que este caso, demostraba todos los vicios del poder”.
“¿Qué sucedía hace 10 años, cómo lo hacían y cómo lo hacen ahora? Ahora compran empresarios, medios, dan órdenes para que desaparezcan periodistas”, señaló la periodista. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Grupo Radio Centro no pagó los 3 mil 58 millones de pesos que ofreció por la cadena de TV, por lo que fue declarado "desierto" el proceso de licitación de una de las dos nuevas cadenas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) analiza si la nueva licitación de televisión abierta será por una cadena nacional, local o combinada, dijo el Comisionado Presidente del organismo, Gabriel Contreras. “El instituto tiene la convicción de resolver lo más pronto posible para generar condiciones de certidumbre en el mercado. Estamos en los análisis técnicos de viabilidad económica y después de eso se tomará una determinación”, señaló. Precisó que el Régimen Transitorio del Decreto a las reformas a la Constitución ordenó concursar dos cadenas y ya se cumplió, por lo que en la actualidad se evalúa cuál será la mejor decisión respecto a la cadena que se declaró desierta. El comisionado apuntó que no existe fecha límite para volver a lanzar la convocatoria, ya que se “está analizando con absoluta seriedad”. La tercera cadena de televisión -después de Televisa y Azteca- fue otorgada hace unas semanas a Cadena Tres, de Olegario Vázquez Aldir. El 1 de enero de 2016 arranca la transmisión digital nacional de Grupo Imagen. El título de concesión para operar es por 20 años. Grupo Radio Centro había ganado la otra cadena, pero no efectuó el pago de la misma.
Por lo pronto, “no vamos precipitar ninguna resolución, está por delante un análisis serio que tenga que ver con las frecuencias del espectro y con la portabilidad del nuevo modelo que se adopte y en razón de eso se tomará la decisión, lo vamos a hacer a la brevedad posible pero no hay una fecha para ello”, indicó el comisionado Contreras. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno de Guillermo Padrés "perdonó" más de 700 millones de pesos de impuestos a empresas; el SAT indaga posibles irregularidades.
El Servicio de Administración Tributaria investiga irregularidades en la fiscalización del gobierno de Sonora, que condonó 708 millones de pesos a empresas El domingo, el líder priista, César Camacho, solicitó investigar al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por dicha condonación, a empresas cercanas a su administración, su familia y al candidato panista Javier Gándara Magaña. “Lo que vemos es una absoluta incongruencia no sólo del gobernador Padrés, sino del candidato Gándara, que además de ser compañeros de partido son cómplices en la comisión de conductas antisociales, que esperemos se investiguen hasta sus últimas consecuencias”, expuso. Esto ocurre luego de que el domingo, el diario Reforma publicó que 41 empresas, entre ellas las del gobernador Padrés, de su familia y del candidato Javier Gándara, resultaron beneficiadas por el “perdón” de impuestos, por casi 708 millones de pesos.
Las revelaciones ocurren en medio de la disputa electoral en ese estado, que elegirá gobernador en junio próximo. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
De los 68 candidatos a gobernadores de los 10 partidos políticos, solo 7 han publicado los documentos, los #3de3, como se le conoce.
Son candidatos, hacen campaña para conseguir votos, pero ¿qué tan dispuestos están a transparentar su situación económica antes de conseguir un cargo público? ¿Y a hacer pública su trayectoria profesional y política? La respuesta está en los datos del Instituto Nacional Electoral y la iniciativa ciudadana “Candidato Transparente”: poco o casi nada. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana impulsan “Candidato transparente” en la que exhortan a los aspirantes a hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. La premisa es sencilla: “que los candidato se comprometa de manera tangible a poner los intereses de México antes de los suyos. Un candidato que no pueda hacer esto no merece un solo voto, menos gobernar”, sostienen los organizadores. Pero la mayoría ha ignorado la iniciativa ciudadana. De los 68 candidatos a gobernadores de los 10 partidos políticos, solo 7 han publicado los documentos, los #3de3, como se le conoce. Se trata de los candidatos a Baja California Sur, Ricardo Barroso (PRI) y Carlos Mendoza (PAN). De Colima, José Ignacio Peralta (PRI) y Martha Zepeda (PRD). De Michoacán, Luisa María Calderón (PAN); de Nuevo León, Asael Mendoza (PT) y por Querétaro, Francisco Domínguez (PAN). De los 500 candidatos a alcaldías en todo el país, apenas 24 han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. De ellos, 8 buscan una jefatura delegacional en el Distrito Federal. Por la Miguel Hidalgo: Arne Aus Den Ruthen (Independiente), Laura Ballesteros (PRI), Xóchitl Gálvez (PAN) y David Razú (PRD). Por la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal (Morena); Magdalena Contreras, Tania Borbolla (PAN); Cuajimalpa, Jenny Saltiel (Morena) y en Benito Juárez, Christian Von Roehrich (PAN). Entre los diputados, la convocatoria ha tenido menor eco. Son 2 mil 600 los registrados por mayoría relativa y solo 30 (1%) han cumplido con el #3de3. De los mil 850 candidatos a diputaciones plurinominales, solo tres panistas lo han hecho (Luis Manuel Muñoz, Cecilia Romero y Brenda Velázquez). La exigencia sobre transparentar su situación patrimonial antes de ocupar un cargo público ocurre en medio de escándalos que incluye al presidente, Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre beneficios económicos por parte de empresarios que obtuvieron contratos de obra pública, o los moches para diputados. En la página www.candidatotransparente.mx el lector puede consultar el nombre de los candidatos a los cargos de elección popular y si aún no ha hecho pública la información, pueden solicitárselo a su cuenta de twitter, donde le aparecerá el mensaje: “¿Quieres mi voto? ¡Súmate a #3de3!”. ¿Y su experiencia profesional? Aunque la ley electoral se reformó y los contendientes tienen nuevas reglas, no están obligados a dar a conocer su situación patrimonial y ni siquiera sus perfiles profesionales, aunque el INE tiene una plataforma lista para que, de buena voluntad, lo hagan. La revisión hecha por Animal Político hasta este domingo 26 de abril, de los 2 mil 600 diputados por mayoría relativa, apenas 6.4% (162) han publicado su historia profesional y/o laboral, trayectoria política y/o participación social, medios de contacto y han contestado una pregunta: ¿Por qué soy candidato? Peor aún, hay institutos políticos como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano que ninguno de sus candidatos ha hecho público su currículum. El PRI, partido en el poder, apenas tres de sus candidatos han enviado esta información. Se trata de los candidatos de Tabasco, María Elena Silvan y Armando Beltrán y de Tamaulipas, Luis Guevara; mientras que en coalición con el PVEM, suman 29. Del PRD, partido de izquierda, solo tres candidatos, han participado en esta iniciativa. De Hidalgo, Vanessa Vera y de Puebla, Arturo Loyola y Jacobo Aguilar. Y en coalición con el Partido del Trabajo son tres más. Del PAN son 10. Por Aguascalientes, Jorge López; Baja California, Exaltación González; de Durango, Daniel Delgado, Carolina Vázquez, Luis Galindo. En Hidalgo, José María Lozano, Rubén Muñoz y Roxana Montealegre. De Jalisco, Elías Íñiguez; en el Estado de México, Angélica Moya y en Oaxaca, Mariuma Vadillo. El partido que más candidatos hizo públicos sus datos es Morena, con 30 aspirantes. Le sigue el Partido del Trabajo, con 28; Encuentro Social con 27, Nueva Alianza 13.
Por primera vez, además, habrá candidatos independientes, pero hasta el momento solo cuatro han hecho público su currículum. En el Distrito Federal, Eliseo Rosales y Antonio Mota; en Sinaloa, Manuel Clouthier y Diana Chavira de Tamaulipas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR:
El secretario de Gobernación destacó la detención de 14 de los 15 delincuentes más buscados que generaban violencia, y la baja de los índices de todos los delitos en el estado.
En menos de un año “hay grandes resultados en materia de seguridad en Tamaulipas, el avance es notorio pues han disminuido los índices delictivos”, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En conferencia de prensa luego de la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional en el estado, el funcionario federal destacó la detención de 14 de los 15 delincuentes más buscados que generaban violencia, y la baja de los índices de todos los delitos en el estado. El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó la “gran coordinación que permite entregar mejores resultados”, como es en el aumento en el número de detenidos por hechos delictivos. Osorio Chong apuntó que en menos de un año de estrategia, hay buenos resultados en seguridad en el estado, a pesar de algunos “eventos especiales”, como los bloqueos. El pasado 17 de abril se registraron bloqueos, incendios y enfrentamientos en Reynosa, Tamaulipas. Un día después, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, confirmó la captura de José Tiburcio Hernández Fuentes, “el Gafe”, presunto líder del cártel del Golfo. Según Rubido, “el Gafe” era responsable de e impulsor de la violencia generada en corredor Matamoros-Valle Hermoso-Río Bravo. Al saber que “El Gafe” se encontraba en las instalaciones de la PGR, un grupo armado llegó al lugar y comenzó a disparar, por lo que elementos federales y militares repelieron la agresión desde la azotea. Cuatro días después también se registraron bloqueos, incendios y enfrentamientos, pero ahora en Tampico y Altamira. Un día después, la Marina informó la captura de nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial responsable de los hechos en dichos municipios.
La dependencia federal detalló que un policía estatal de Fuerza Tamaulipas falleció durante los bloqueos, mientras que otros dos policías resultaron lesionados. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Cinco años antes del choque de trenes del 26 de enero pasado, que dejó 29 lesionados, el Gobierno estatal y la SCT Jalisco fueron advertidos del ‘serio riesgo operativo’ en la Línea 1, cuyo sistema de control ‘obsoleto’ podía causar una colisión tarde o temprano. Nada se hizo para corregirlo.
El Gobierno de Jalisco sabía desde 2010 que la Línea 1 del Tren Ligero presentaba un serio riesgo de sufrir una colisión entre sus vagones en un momento u otro. El riesgo lo aporta la carencia de un sistema de control y señalización en sus tramos a cielo abierto y la obsolescencia del que está en sus túneles. La advertencia que hizo una consultora para corregir esta situación nunca fue atendida por las autoridades: no lo hizo la pasada gestión del exgobernador, Emilio González, del PAN, ni la actual de Aristóteles Sandoval, del PRI. El choque finalmente ocurrió el 26 de enero pasado, a las 18:37 horas, y causó lesiones en 29 personas. Las consecuencias pudieron ser mucho peores si la conductora del tren no hubiera realizado una maniobra súbita de frenado que redujo la velocidad de 67.38 km/h a 34.67 km/h. Un sistema de control y señalización sirve para que haya una transmisión de información entre las vías, el tren y el centro de mando, así éste puede conocer y monitorear la ubicación precisa de los convoyes, entre otros aspectos. Con la tecnología actual estos sistemas pueden detener de manera automática a los trenes en riesgo de colisión ante un error humano, pero la Línea 1 carece de un equipo así en sus tramos a superficie, y el de sus túneles, que data de 1989, es hoy “obsoleto”. Hace casi cinco años tanto al Estado como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su Centro Jalisco, se les hizo ver que este equipo incompleto y rudimentario del Tren “resulta obsoleto e inclusive riesgoso”, genera “un serio riesgo operativo, ya que la operación está supeditada a posibles errores humanos” y que: “Las condiciones actuales de señalización resultan totalmente fuera de norma” de adquirirse más trenes, así lo plasmó el 29 de julio de 2010 la consultora Rehovot en el estudio “Justificación Económica para Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad de Guadalajara-Zapopan”. Aunque la corrección preventiva de esta deficiencia habría evitado el accidente, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) atribuyeron toda la responsabilidad a los trabajadores involucrados, y señalaron como causa el “error humano” sin reparar en el estudio desoído. Dan la alerta y los ignoran El Estado y el Centro SCT Jalisco contrataron a Rehovot para elaborar análisis cuyas metas eran la extensión de la Línea 1 hacia Tlajomulco de Zúñiga, y las primeras valoraciones para un tren Guadalajara-Zapopan, a la postre, la Línea 3 que hoy está en ejecución. Esa advertencia no pudo ser más explícita: “La Línea 1 registra un sistema de señalización exclusiva para la parte del trayecto subterráneo (…) el cual funciona mediante un mecanismo de toque (…) este sistema resulta obsoleto e inclusive riesgoso, ya que los sistemas de señalización actuales funcionan por logaritmos digitales, además de contar con sistemas de GPS para localizar los trenes. “Los trayectos exteriores no cuentan con sistema de señalización, por lo tanto, los operadores de los trenes frenan o aceleran con base a su propio criterio de acuerdo a las condiciones de tráfico, es decir, el sistema de operación se realiza de manera visual. “En el corto plazo tanto la señalización obsoleta del túnel como la ausencia de señalización de los trayectos exteriores representan un serio riesgo operativo, ya que la operación está supeditada a posibles errores humanos, inclemencias climatológicas o bien posibles fallas electromecánicas.” “En el mediano plazo, las condiciones actuales de señalización resultan totalmente fuera de norma en el caso que el ente operador adquiera un número mayor de trenes, ya que esta acción reduciría el intervalo de frecuencias entre trenes”, lo que eleva la probabilidad de percance. Todos estos riesgos hoy persisten para los 146 mil pasajeros que a diario mueve la Línea 1. La versión oficia En el peritaje del choque expuesto por las autoridades, se dijo que “se debió a un error humano”, y se responsabilizó de ello a tres trabajadores. Primero: Liliana Magaña, la conductora del tren que dio el alcance. De ella se dijo que contaba con la visibilidad, distancia y tiempo suficientes para haber frenado su unidad, al avistar que otro convoy estaba detenido en las afueras de la Estación Periférico Norte, un tramo superficial. Un tren así requiere una distancia de 175 metros para detenerse, y Magaña tuvo visibilidad de la obstrucción desde 208 metros antes; incluso, por la cantidad de personas transportadas pudo hacerlo en solo 97 metros, pero conducía “sin la debida precaución y cuidado”, según el IJCF. Segundo: José Alfredo Aguilera, conductor del vagón que fue impactado, paró por dos minutos al ingreso de esa Estación en espera de que saliera otro convoy; no avisó al Centro de Control de su detención y ubicación (y sin aviso, lo desconoce ante la carencia del sistema citado). Tercero: Helio Igor Hernández, despachador de la Estación, debió reportar al Centro que un carro estaba parado. Los tres están sujetos a procedimientos sancionatorios del Siteur y a una averiguación del Ministerio Público. El titular de Siteur, Rodolfo Guadalajara, resume las causas: “Un conductor del tren 6 que no reacciona a tiempo teniendo velocidad y distancia para hacerlo; un conductor de tren 5 que debió haber avisado a cuarto de control que estaba estático; y un despachador que debió haber avisado al cuarto que el tren 5 estaba estático”. Nada se dijo aquella vez sobre la advertencia del estudio.
Ahogado el niño… El equipo “obsoleto” del Tren no se incluyó entre las causas del choque, y no obstante, el titular de Siteur usó la ocasión para anunciar que finalmente se adquiriría un sistema de señalización. “El Tren Ligero tiene varias carencias y es desde su construcción, su diseño; la Línea 1 no cuenta con ningún sistema de control y señalización y en 25 años no se ha hecho absolutamente nada para ello. “Vamos en este segundo semestre a invertir 317 millones de pesos en un sistema de control y señalización, es un sistema automático de protección de trenes, que pese al error humano los trenes pueden actuar en frenado y velocidad para evitar un percance”. Jaime Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, un conocedor del Tren, apunta que ese choque pudo tener consecuencias muy graves, sobre todo de haberse dado a velocidad de crucero, por lo que el estudio no debió desoírse. “Debemos de atender, de escuchar las indicaciones, máxime si ellos lo contrataron, se hizo una inversión ¿para qué? “Pudiera ser -está bien, me das tres recomendaciones, atiendo dos y la tercera la ponemos en lista de espera-, pero una lista de espera lo más pronto posible. “Si a mí el mecánico me dice que mis frenos, mis balatas ya están muy desgastadas y no las cambio, pues entonces ¿para qué lo llevé al mecánico?”, cuestiona Ramírez.
Lo central, piensa: “Es prevenir accidentes, es invertirle para estar seguros o estar más seguros de que no va a ocurrir algún accidente grave, en donde con una vida que se salve paga totalmente el equipo, pero bueno, a veces se menosprecia esa inversión”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: LUIS HERRERA.
Nueva medida obligará a los gobiernos estatales y municipales a revelar el monto y las condiciones de la deuda con la Federación.
La reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios ya fue aprobada por 19 Congresos estatales, con lo que se tiene la aprobación del Constituyente Permanente. En breve, el Congreso de la Unión realizará su declaratoria para que sea promulgada y entre en vigencia. Así lo informó ayer el coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, quien dijo que a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación los gobiernos locales están obligados a hacer público el monto y condiciones de la deuda contratada con la Federación. “Se pondrá fin al abuso y al desorden en la contratación de deuda pública por parte de gobernadores y alcaldes, 19 Congresos estatales aprobaron ya está minuta, por lo que seguramente en breve se emitirá la declaratoria de validez constitucional, que marcará la entrada en vigor de esta importante reforma”, afirmó. Falta compromiso Ahora, dijo Anaya Cortés, resta que los estados y municipios se comprometan a fondo con la estricta aplicación de la legislación vigente. El panista señaló que en los últimos siete años, la deuda en los estados y municipios (que asciende a 510 mil millones de pesos) ha crecido más de 150 por ciento; “pero lo más alarmante es que el 70 por ciento de ese dinero, lo están utilizando los gobernadores y los presidentes municipales para gasto corriente”. Explicó que con la reforma, se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados locales para aprobar deuda; se prohíbe que la deuda se utilice para gasto corriente, ya que sólo podrá destinarse a inversión productiva.
El líder parlamentario calificó de alarmante el desorden en el manejo de la deuda de los estados por parte de las tesorerías locales, y mencionó que entre las entidades que más deben, en proporción a sus participaciones federales, están: Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y Veracruz. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: REDACCIÓN.
Detención de “El Comandante 22”, supuesto jefe de plaza de un grupo del crimen organizado en Reynosa, origina nuevos enfrentamientos y bloqueos esta ciudad.
Por tercera vez en menos de dos semanas, la detención de un presunto líder delincuencial originó ayer bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales en Tamaulipas. De acuerdo con fuentes oficiales, se trata de un sujeto apodado “El Comandante 22”. El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó ayer que en los enfrentamientos en Reynosa fueron abatidos tres criminales. El reporte oficial del GCT indica que, aproximadamente a las 5:00 horas del domingo, elementos de la Policía Federal y la Armada de México fueron atacados luego de que detuvieron a un probable jefe de plaza en Reynosa sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la colonia del Río. En ese lugar fueron detenidos tres hombres armados, entre ellos uno apodado “El Comandante 22”, supuesto jefe de plaza de un grupo del crimen organizado. Los bloqueos fueron desactivados por elementos federales hasta las 9 de la mañana. Irá Osorio Chong El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presidirá la reunión del gabinete de Seguridad Nacional, que sesionará hoy en esta ciudad fronteriza.
En dicha junta se sostendrán un encuentro de trabajo con el GCT y analizarán las acciones que se despliegan dentro de la Estrategia de Seguridad. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
Las argucias legales, los ataques y las fintas amenazan con volver interminable el litigio en el cual se enfrentan la periodista Carmen Aristegui y el Grupo MVS. Pero mientras las cosas siguen su lento camino en los tribunales, la prensa ha empezado a jugar un papel que se quiere ver como definitorio. Artículos y columnas periodísticos han empezado a ser esgrimidos como “pruebas” del consorcio de Joaquín Vargas para, entre otras cosas, desprestigiar al juez que amparó a la comunicadora.
MÉXICO, D.F: El litigio entre Carmen Aristegui y Grupo MVS entrará en una nueva fase cuando el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, se pronuncie este lunes 27 frente a un caso que trascendió las esferas judiciales para entrar al terreno mediático a través de presiones, distorsiones informativas y columnas periodísticas cuyos textos se convierten en “prueba judicial” de la empresa de Joaquín Vargas para pedir la remoción del juez. El abogado Xavier Cortina, quien encabeza con Javier Quijano la defensa de la periodista, explica a Proceso que hay tres posibles escenarios ante la decisión del juez: que conceda la suspensión definitiva del amparo 672/2015, lo que implicaría “la reinstalación de Carmen Aristegui en los términos tutelados por el contrato con MVS que está vigente”; que niegue la suspensión definitiva, lo cual implicará una prolongación del litigio judicial, o un escenario “muy remoto”, donde se podría pedir de nuevo la intervención del árbitro designado por ambas partes, José Woldenberg. El miércoles 22 los tres magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal revocaron la suspensión provisional otorgada por el juez el lunes 13 y que proponía la reunión de común acuerdo entre Aristegui, los directivos de MVS y Woldenberg para llegar a una solución negociada. Los magistrados María Gabriela Rolón Montaño, Óscar Fernando Hernández Bautista y María Guadalupe Saucedo, la ponente, determinaron –a menos de 24 horas de que los abogados de MVS interpusieran el recurso de queja ante ese tribunal colegiado– que la reunión de conciliación entre las partes ordenada por Silva García era improcedente, pero no negaron la jurisdicción del juez ni cuestionaron el fondo del litigio, que es la vigencia del contrato de Carmen Aristegui con Grupo MVS. Para Cortina esta resolución fue “exprés”, pero advirtió que los jueces “no negaron la restitución del contrato que Aristegui había firmado con MVS y que fue violado al imponerse unos lineamientos editoriales que iban en contra de este contrato. Este es el fondo del asunto”. Explica: “Es importante aclarar que el contrato de Aristegui con MVS es de carácter asociativo. Ella no era una empleada más del grupo. El contrato fue mediado, negociado por Carmen y MVS después de una experiencia previa de censura. Por eso se plantearon reglas para modificarlo, como fue la temporalidad, un Código de Ética con pleno respeto a la autonomía editorial y la participación de un árbitro consentido por ambas partes.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2008 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: Elementos de la Armada de México y la Policía Federal (PF) detuvieron hoy a un presunto líder criminal en Reynosa, Tamaulipas apodado El Comandante 22 junto con otros dos presuntos delincuentes. La captura de El Comandante 22 desató varios narcobloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Armada y la PF. Las autoridades reportaron además que tres integrantes de un grupo delictivo fueron abatidos. Tras la detención del líder de la plaza, miembros de su grupo intentaron rescatarlo lo que originó un enfrentamiento entre fuerzas estatales y federales contra civiles armados, en el cual murieron tres personas. En un comunicado el Grupo Coordinación Tamaulipas indicó que la detención ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas afuera de un salón de fiestas ubicado en el Libramiento Oriente, a la altura de la colonia Del Río. En ese lugar fueron detenidos tres hombres armados, entre ellos El Comandante 22, supuesto jefe de plaza del grupo criminal. Integrantes del mismo grupo intentaron rescatar a los detenidos por lo que realizaron tres bloqueos sobre los bulevares Colosio y Oriente, así como enfrentamientos contra elementos de la Base de Operaciones Mixtas. Además de los detenidos y abatidos, se aseguraron seis vehículos, cuatro armas largas y una corta, 149 cartuchos y 20 bolsas de plástico que contenían mariguana.
Los detenidos mientras tanto fueron puestos a disposición de las autoridades federales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Jaime Rodríguez, postulado hoy como candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, es implicado en el despojo de 80 hectáreas que realizó en el 2011 la empresa Javer a miembros de la comunidad de El Fraile en el municipio de García.
Un grupo de habitantes de García denunció que el ahora candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez, formó parte de un plan que ejecutó una constructora para despojarlos de manera violenta de sus tierras. Estas familias que vivían en la comunidad conocida como El Fraile I aseguraran que hace cuatro años fueron desalojados de sus viviendas por civiles armados encapuchados, que actuaron en complicidad con elementos de la Policía del Municipio de García bajó las órdenes del entonces Alcalde de García y hoy aspirante a la gubernatura del Estado. El desalojo de las tierras de El Fraile I, que llevó a cabo la Constructora Javer, propiedad de Salomón Marcuschamer, se ejecutó sin ninguna orden judicial de por medio. Los denunciantes están convencidos de que “El Bronco” intervino a favor de la constructora para hacerse ilegalmente de las 80 hectáreas de las que tenían posesión desde los años 70´s y 80´s. “Jaime se amafió con el constructor, el Gobierno del Estado, el municipio, para que se quedaran con todas las tierras”, asegura José Manuel Mendoza Contreras, uno de los habitantes despojados de El Fraile I. “Si como alcalde hizo esto, yo me pregunto cómo será como gobernador en caso de que llegue”. Los despojados de El Fraile I –en su mayoría personas de la tercera edad, con el estado de salud deteriorado y de condición social baja- presentaron la denuncia penal 17/2012 por el despojo sufrido por parte de la empresa Javer. Tras dos años de litigio, lograron que la empresa los indemnizara por el despojo de sus terrenos y les cediera un terreno de 20 hectáreas para su reubicación. En cambio ellos tuvieron que desistirse de la demanda penal presentada en contra de Javer en donde se involucraba también al hoy candidato a la gubernatura. “El Bronco”, cuando trabajó en la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Estado, entre el 2006 y 2009, estuvo a cargo de las negociaciones para liberar el derecho de vía para la prolongación de la Avenida Lincoln hasta el centro de García. Durante su gestión como Alcalde de García, su administración también se vio implicada en el desalojo violento del ejido El Palmital para que otra constructora - Construcciones y Servicios del Noreste- lograra hacerse de la posesión legal de estos terrenos para su urbanización. En el desalojo El Palmital una persona fue abatida por el Ejército, cuando fue confundida con un miembro del crimen organizado. “Él (Jaime Rodríguez) siempre nos dijo que teníamos que salirnos, que nuestras tierras iban a hacer urbanizadas”, recuerda Emiliano Mendoza Contreras, uno de los comuneros de El Fraile I. La denuncia que presentaron los habitantes de El Fraile I terminó con la liberación por parte del Ministerio Público de órdenes de aprehensión por el delito de abuso de autoridad en contra de 6 policías municipales de García que participaron en este desalojo violento. “Nos dejaron sin nada” La madrugada del 29 de septiembre de 2011 fue el día en que los habitantes de El Fraile I perdieron todo el patrimonio que habían conseguido en casi 40 años. Sus casas, sus pertenencias, sus animales, sus cultivos. Su tierra. Todo prácticamente. Algunos testimonios indican que fueron desalojados a punta de pistola por un grupo de civiles encapuchados y entregados a elementos de la Policía Municipal de García para ser llevados a las celdas municipales. Casi al mismo tiempo que las familias eran sacadas de sus casas y luego arrestadas, máquinas retroexcavadoras y camiones con el logo de Javer demolían sus hogares y destruían sus cosas. Los desalojados aseguran que la Constructora Javer irrumpió en sus propiedades –sin ninguna orden judicial para desalojarlos- a eso de las 5 de la mañana. Esteban Guardiola Puente tenía 36 años de vivir en ese sitio. La madrugada del 29 de septiembre fue sacado de manera violenta de su casa junto con su esposa y sus hijos. En total 10 personas de su familia fueron arrestados. “En ese momento se acabó todo lo que teníamos”, recuerda Guardiola Puente, mientras observa con tristeza fotografías del rebaño de cabras que perdió en el operativo. “Fue una barbaridad lo que hicieron. Llegaron a las 5 de la mañana. Nos sacaron y tumbaron todo: las casas, los animales, todo lo destruyeron. Nos dejaron si nada”. De la casa de José Manuel Mendoza Contreras no sólo se llevaron a él y a su esposa, sino también a sus dos hijas, Ana y Azucena, quienes en ese entonces tenían 11 y 10 años de edad. Las dos niñas incluso fueron recluidas con sus padres en la celda municipal de García, en una violación de sus derechos humanos. “Nosotros le seguimos echando la culpa a Javer y a Jaime”, dice la señora Martha Contreras Maldonado. “La verdad no nos gustaría que quedara él”. Hoy esta mujer asegura que ha recibido recados anónimos que amenazan de muerte a sus hijas si continua con los señalamientos. “Yo si tengo miedo por las niñas la verdad”. Los habitantes de El Fraile I estaban en proceso de escrituración de sus predios. Pero tenían acreditada legalmente la posesión de estos terrenos ubicados entre la Avenida Lincoln y la vía de ferrocarril Torreón-Monterrey, en el municipio de García. Documentos del IFE, Procampo, Sagarpa, confirmaban la posesión legal por más de 30 años de estos predios donde hoy existe una de los sectores del fraccionamiento Valle de Lincoln que construyó Javer.
La madrugada del 29 de septiembre la maquinaría de Javer se encargó de hacer pedazos toda esta documentación. Hoy en el lugar donde vivían los habitantes de El Fraile I hay casas de la colonia Valle de Lincoln, un fraccionamiento que comenzó a construir la empresa Javer mucho tiempo antes de que se iniciara la construcción de la prolongación Lincoln que hizo urbanizables esta zona de García. Desde hace 2 años –tras llegar a un acuerdo extrajudicial con Javer por la denuncia presentada- los habitantes de El Fraile I viven en una zona de 19 hectáreas que la constructora les entregó cruzando la vía férrea Monterrey-Torreón. Es un lugar inhóspito: No tienen ningún servicio público ni tampoco la constructora ha cumplido con la escrituración. Las familias que viven aquí carecen de un domicilio legal. Los niños –para llegar a la escuela más cercana- tienen que rodear cerca de 3 kilómetros porque no pueden cruzar por el fraccionamiento que construyó Javer en sus antiguas tierras. En el convenio firmado con Javer para que se desistan de la denuncia, la constructora se compromete a indemnizarlos y entregarles 20 hectáreas localizadas en la parte norte de la vía del ferrocarril. Durante su arresto en la cárcel municipal los habitantes de El Fraile I confirmaron que detrás de su arresto estaba involucrado Jaime Rodríguez, entonces alcalde de García y hoy candidato a la gubernatura del Estado. “Ahí (en la cárcel) no se movía la hoja del árbol sino era a través de Jaime”, recuerda Miguel Árce Carrizales, también recluido la madrugada del 29 de septiembre de 2011 por los elementos policiacos. Ese día a Miguel Árce lo sacaron de su propiedad junto con su esposa a punta de pistola. “El azúcar me subió a 400 y me puse muy grave”, recuerda este hombre. En el operativo los policías municipales agarraron parejo: se llevaron a Margarito Muñiz López y a su compañera Carolina, quienes tenían más de 80 años.
“Una persona así (como Jaime) no tiene cerebro capaz para ser gobernador. Una persona de ese tipo no le conviene a nadie”, dice Emiliano Mendoza Contreras, otro de los despojados de El Fraile I. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
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