El tricolor se vio obligado a sacar de la contienda a algunos candidatos varones para colocar a mujeres y cumplir con la equidad de género... pero todas eran familiares de los excandidatos.
Tal parece que el discurso de la equidad de género que pregonan priistas a nivel nacional se topó con pared en el estado de Querétaro, donde revivieron aquella figura de las “Juanitas”.
Luego de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PRI de Querétaro se vio obligado a bajar de la contienda a algunos candidatos varones que competirían por alcaldías… y en su lugar colocaron a mujeres que son familiares de esos aspirantes.
La intención es que, al llegar al poder, las mujeres pidan licencia y su lugar pueda ser tomado por los candidatos originales que se encontraban en la contienda.
La decisión de quién los sustituiría en la candidatura quedó en manos de los propios candidatos varones.
Esta determinación se tomó con el argumento de que los candidatos y sus familias “quedaron dañados psicológicamente” por haberlos bajado de la competencia, por lo que merecían nombrar a sus sucesoras, según fuentes del PRI Querétaro.
Así, en nueve municipios de la entidad, el PRI sustituyó a sus candidatos varones por mujeres.
En seis casos, sus sustitutas son familiares muy cercanos a ellos, que les garantizarán el acceso a la presidencia municipal cuando ellas renuncien al cargo, aun cuando los electores no voten por ellos.
Lo mismo ocurrió en el PAN, donde se sustituyó a candidatos por sus esposas o hermanas.
El establecimiento de la paridad de género en Querétaro costó a ciudadanos y ciudadanas meses de litigios legales que concluyeron en una sentencia histórica que estableció en Querétaro la paridad “efectiva en el cargo”.
Las mujeres de ese estado litigaron para que la nueva disposición de paridad de género fuera establecida no solo en las candidaturas, sino en los cargos de la administración pública.
Ahora, el caso de Querétaro será ejemplo nacional para otros donde se procesen juicios por la equidad.
Sin embargo, para llegar hasta ahí, un grupo de mujeres –y algunos hombres- comenzaron con un litigio que involucró también a los partidos políticos y que terminó en esa resolución de la máxima autoridad electoral.
La historia comenzó en febrero pasado, cuando el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social (PES) se inconformaron ante el Tribunal Electoral estatal por los criterios de paridad de género que habían sido aprobados unos días antes por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
En esos criterios se determinaba que las mujeres tendrían presencia en la mitad de los lugares para las planillas que competirían por las alcaldías, sin importar el cargo que ocuparan en ellas. Se trataba solo de una paridad vertical.
Los partidos inconformes pidieron que la paridad de género fuera real y se diera la mitad de las candidaturas a alcaldías a mujeres. Que la paridad fuera también horizontal.
Activistas y miembros de diferentes partidos políticos conformaron un comité para llamar a que se firmara un pacto para la paridad de género rumbo al proceso electoral del 7 de junio.
Las mujeres priistas buscaron el apoyo de Delvim Bárcenas Nieves, diputada federal por Querétaro. Nada ocurrió.
Incluso, Josefina Meza, líder del Frente Político Nacional de Mujeres, estuvo en huelga de hambre para presionar a una resolución positiva.
El 19 de marzo, el Tribunal Electoral de Querétaro resolvió que la mitad de las candidaturas a diputaciones locales debían ser mujeres, y que ellas tendrían que encabezar las listas de regidurías plurinominales para los municipios.
Esto pareció demasiado a algunos ciudadanos y a los partidos PRI, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano –partido que se desdijo de su intención de abrir espacios a las mujeres, pues había promovido el primer recurso-, quienes se inconformaron por tener que dar tantas candidaturas a las mujeres.
Al mismo tiempo, tres personas impugnaron en sentido contrario la resolución del Tribunal Estatal, pues consideraron que era insuficiente.
Presentaron un recurso de revisión ante la Sala Regional de Monterrey del TEPJF. Y ahí, los hombres de esos partidos perdieron más de lo que pensaban.
El 5 de abril, el TEPJF en su Sala Regional de Monterrey, determinó que debía darse la mitad de las candidaturas a las alcaldías y a diputaciones locales a mujeres.
Incluso, en su sentencia, dejó establecido que en la asignación de las diputaciones plurinominales, se debe garantizar que las mujeres ocuparán la mitad de los cargos, por lo que sin importar el orden en que se encuentren –si hay un hombre antes que ellas en las listas-, se tomará primero a las mujeres para que lleguen al Congreso local en igualdad de circunstancias.
Así, el TEPJF garantizó la paridad efectiva en el cargo y no solo en las candidaturas que den los partidos.
Bajo ese principio, mujeres activistas consideran que aun cuando una “juanita” pida licencia al cargo de presidenta municipal, la acción podrá impugnarse para que sea designada otra mujer en su lugar, y no los aspirantes que se bajaron de la contienda.
Las esposas, al quite
Cuando el TEPJF estableció que se debía sustituir a los candidatos hombres por mujeres, en el PRI estatal se prendieron los focos rojos.
Mujeres de varios municipios, que habían participado en las contiendas internas para obtener la nominación del tricolor, pensaron que serían tomadas en cuenta para ocupar el lugar de quienes debían abandonar su lugar.
En la minuta de una reunión del presidente estatal del PRI, Mauricio Ortiz Proal, con mujeres priistas -de la que Reporte Índigo tiene copia-, quedó plasmado que la razón de tal deferencia fue el daño económico y psicológico que se había causado a los aspirantes fallidos.
“El presidente del partido dice que los candidatos han sufrido daño moral, psicológico y económico y que han acudido al partido (PRI) llorando”, escribió una de las asistentes a la reunión del 9 de abril.
Sin embargo, Ortiz Proal –quien es hijo de Fernando Ortiz Arana, uno de los priistas más prominentes de la entidad-, determinó que fueran los candidatos fallidos quienes tuvieran la posibilidad de nombrar a sus sustitutas.
Fuentes cercanas a la negociación indicaron que en dicha determinación intervino también Roberto Loyola, candidato del PRI a la gubernatura de Querétaro.
Incluso, Ortiz Proal públicamente reconoció que estas mujeres después podrían renunciar para que los hombres tuvieran acceso al cargo público; medios locales publicaron expresiones del presidente estatal del PRI en el sentido de que él no interferiría en las decisiones de cada ayuntamiento si resuelven que la “juanita” tome el cargo.
Así, fueron sustituidos por mujeres los candidatos a las alcaldías de los municipios de Landa de Matamoros, Arroyo Seco, San Joaquín, Peñamiller, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo, Pinal de Amoles, Tolimán y Huimilpan.
En los primeros seis casos, las candidaturas se sustituyeron con familiares de los aspirantes fallidos.
Fuentes del PRI estatal indicaron que en algunos casos se hizo firmar documentos a las mujeres que se convirtieron en candidatas para garantizar que dejarán el cargo si ganan la elección.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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