Informe: gobiernos, criminales y actores sociales cercan el periodismo en Guerrero

En Guerrero no existen condiciones para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil y del gremio. Existe el riesgo que se convierta en “un estado de silencio total”, dicen.

Los profesionales de la información en la entidad se encuentran sitiados por varios frentes: por un lado, los gobiernos municipales y el estatal; por el otro, los dueños de los medios de comunicación, el crimen organizado y los actores sociales, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Y esto pone en riesgo la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, documentaron.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, Propuesta Cívica, Casa de los Derechos de Periodistas, entre otras organizaciones realizaron una misión de observación en el estado de Guerrero donde registraron que parte de la crisis proviene de los mismo dueños de comunicación al no brindar derechos laborales, ni garantías de libertad de expresión para sus trabajadores.


Sumado a los problemas que ya se arrastraban desde hace varios años, los hechos ocurridos en el municipio de Iguala en septiembre de 2014, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, destapó la ola de censura y violencia en contra de los reporteros.

“Durante 2014 encontramos un registro de diversas agresiones a 46 periodistas en el estado de Guerrero. […] Las agresiones registradas van desde amenazas, hostigamientos, robo a domicilios, agresiones físicas durante las coberturas informativas, secuestro, extorsiones telefónicas y el homicidio de dos periodistas”, dice el “Informe sobre la situación del ejercicio del periodismo en Guerrero, obstáculos y carencias”.

En el estado de Guerrero han sido asesinados 12 periodistas entres los años 2002-2014. Dos ocurrieron en 2014: Jorge Torres Palacios y Miguel Ángel Guzmán. El periodista Marco Antonio López del periódico Novedades de Acapulco se encuentra desaparecido desde 2011 y hasta la fecha se desconoce su paradero. La Fiscalía local informó que hasta el momento existen 20 averiguaciones previas; a estos hechos se suman las agresiones que no han sido registradas.

Durante la presentación, Pepe Jiménez de Periodistas de a Pie y observador para el informe dijo que “en Guerrero no hay condiciones para ejercer el periodismo” y advirtió que hay zonas, como en la sierra, en donde no se puede dar cobertura, por tanto se corre el riesgo que el estado se convierta en un lugar con un silenciamiento total “como en Tamaulipas”.

“Se esta cubriendo el estado de Guerrero aparentemente con normalidad, lo curioso al hacer este tipo de observaciones desde fuera, lo que podemos entender en que no se está haciendo un periodismo con la calidad que se tendría que hacer. Sin calificar si es buen o mal periodismo […]. Las condiciones no están. Por que hay una realidad, donde tú no puedes ir a Iguala, no se puede entrar a Cocula…”, informó Jiménez, y además detalló que las zonas más riesgosas son la montaña, Tierra Caliente y el puerto.

“De acuerdo con los testimonios recabados con periodistas de Chilpancingo se pudo corroborar que las agresiones de las cuales han sido objeto provienen en mayoría de los servidores públicos, destacando entre ellos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, empresas de seguridad privada, Policía Federal, Ejército mexicano, además de integrantes de la CETEG”, agrega el documento.

Durante la presentación del informe Jiménez detalló que en la entidad en gremio está “polarizado”, pues muchos reporteros son “alineados” y otros intentan hacer un periodismo crítico; sin embargo, dijo, a veces la libertad de expresión se ve coartada desde las redacciones, donde los directivos y editores deciden la línea editorial.

“Sólo en algunos casos cuentan con prestaciones sociales. Otros tienen contratos laborales temporales para evitar generar antigüedad laboral, no cuentan con capacitación en cuestiones legales o de riesgo, no cuentan con un seguro de vida, cubren horarios de 12 a 14 horas, las empresas no les proporcionan herramientas para su trabajo”, describe el informe.

Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras expuso que los comunicados “no cuentan con el apoyo de sus editores”. Otra problemática, dijo, se da cuando un actor político o social no está de acuerdo con una nota y ataca al periodista que sale a la calle a buscar la noticia.


En el informe se critican también los apoyos económicos por parte del gobierno local, la impunidad en las investigaciones, y la omisión por los Poderes del Estado ante la situación que atraviesa el ejercicio periodístico en Guerrero.

FUENTE: SIN EMBAARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-04-2015/1326561.

Rogelio Ortega es la mejor opción para mantener la paz en Guerrero: PRI

El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, celebró la permanencia de Rogelio Ortega Martínez al frente del Gobierno de Guerrero, ante la conveniencia de evitar mayores riesgos y que se puedan generar problemas dentro de la entidad, ante el clima político que se vive.

Al término de un acto organizado por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, en el que se presentaron tres libros, Camacho Quiroz señaló que ante el clima en que se encuentra la entidad, lo más conveniente es la permanencia de Rogelio Ortega, pues “sería riesgoso pensar en alguien nuevo y que se pudieran generar más problemas”.

Por encima de la coyuntura electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere que en Guerrero haya civilidad, orden, democracia y que sólo hay una manera civilizada de dirimir controversias y puntos de vista, que es votando, para lo cual los candidatos de esa fuerza política recorrerán Guerrero, enfatizó.

Aseguró que la más importante de las armas para que permanezca la concordia y se prevea el desarrollo económico y la paz es con la credencial de elector, por lo que reiteró que los ciudadanos deberán salir a votar el próximo 7 de junio.

Camacho Quiroz advirtió que hay intereses con nombre y apellido que tienen causas que van contra el interés público, pero que la forma de hacerlo valer es reprobable.

El dirigente priista enfatizó que cometer delitos, alterar el orden y ahuyentar a los ciudadanos amenaza a la democracia y no es una posición cívica ni edificante.


“Creemos que los ciudadanos de Guerrero quieren elecciones y se están integrando los comités del Instituto Nacional Electoral y estoy seguro que se superarán los problemas para que haya elecciones y que seguro estoy, estarán concurridas”, señaló el líder nacional del PRI.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-04-2015/1327039.

PAN sí pagó para que Alondra fuera a mitin, revela su madre

MÉXICO, D.F: Susana Núñez Granados, madre de Alondra Luna Núñez, la adolescente que fue llevada por la fuerza a Estados Unidos, desmintió a la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, al revelar que el PAN habría pagado al padre de su hija, Gustavo Luna, para que llevara a la menor al mitin de ese partido, el sábado 25.

La declaración de Susana Núñez se dio después de que la exsecretaria de Desarrollo Social dijo que la niña asistió de forma voluntaria al evento para acompañar a la candidata a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo, y “agradecerle el apoyo que le brindó a su familia”.

De acuerdo con la madre de Alondra, desde que su hija regresó de Estados Unidos –adonde fue llevada después de que una mujer la reclamó como su hija– se fue a vivir con su padre, Gustavo Luna, quien se ha aprovechado de la situación.

“Él nada más la tiene para explotarla. Sí quiero que le reparen el daño, pero que su papá no esté explotando a la niña, porque eso es lo que está haciendo: explotando a la niña y la está mal aconsejando”, subrayó la mujer.

“Yo creo que sí (le pagaron), porque también me dijeron que ya le van a hacer una fiesta de 15 años inolvidable a la niña”, añadió en entrevista con el portal de noticias Zona Franca.

Susana Núñez explicó que desde hace siete años se separó de Gustavo Luna, quien enfrenta un proceso legal porque durante seis años no ha pagado la manutención de Alondra y sus dos hermanos. No obstante, agregó, desde el regreso de su hija a México, aquel decidió quedarse con la adolescente para “explotarla”.

Mientras tanto, en las redes sociales comenzó a circular un video de Gustavo Luna acompañado de Alondra, en el que rechaza y se manifiesta indignado por las críticas en contra de la candidata del PAN a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo Martínez, por llevar al frente de la marcha a la joven, a quien incluso vistieron con una blusa azul.

“Estoy indignado con lo que están haciendo respecto a la amiga Ruth, no se vale lo que hacen, lo que están publicando en radio o televisión”.

Según Luna, está agradecido con la candidata panista por ayudarlo a comunicarse con el gobierno estatal. “Yo le hablé a la amiga Ruth, no hay otra persona más, yo fui a su evento porque yo quise, porque la quería saludar”, apuntó.

Por separado, Ruth Lugo aseguró que el propio Gustavo Luna fue el que le habló por teléfono para pedir que le permitieran acompañar a los candidatos en la marcha.

“Jamás fue, ni será nuestra intención usar el caso (de Alondra) como estrategia electoral. No obstante, la voluntad de cualquier ciudadano que desee sumarse a nuestra campaña de forma libre, responsable y desinteresada, siempre será bien recibida”, señaló.

Luego del mitin del pasado sábado 25 en Guanajuato, Josefina Vázquez Mota escribió en Twitter el siguiente mensaje: “Alondra Luna nos acompaña en campaña a favor de Acción Nacional, buscamos un México justo y con paz #CambienosElRumbo”.

Entrevistada durante el recorrido, Vázquez Mota incluso anunció que escribirá un libro sobre la tragedia de Alondra, de quien, dijo, “no solamente conozco su caso, he tenido el privilegio de conversar con ella, de escucharla, le he preguntado cuál ha sido su sentir y su experiencia”.

Añadió: “El caso de Alondra nos deja muchas lecciones, de aquello que no debe repetirse, y del cuidado que debe tenerse en cualquier ser humano respecto de sus derechos humanos y respecto de una certeza por parte de la autoridad”.

La panista adelantó que lo recaudado por las ventas del libro sobre Alondra será donado a organizaciones que busquen fortalecer el sistema de justicia del país.

Y, además, tanto Vázquez Mota como el PAN de Guanajuato y sus candidatos locales planean sufragar los gastos para la fiesta de 15 años de la joven, cuya familia ya había cancelado la celebración porque el dinero no les alcanza.


“Hemos platicado también con más alegría de sus próximos XV años, sé que es una fiesta muy importante y le he pedido a nuestra próxima alcaldesa y a nuestro próximo diputado, y estamos de mucho ánimo de que el próximo 10 de agosto podamos acompañar a Alondra, si ella nos acepta; ella dice que le da mucha ilusión festejar este año, y que sin duda no va a olvidar nunca en su vida”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCÍON.

Alistan senadores dictamen que favorece minería peligrosa, acusa ONG

MÉXICO, D.F: Un dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que favorece la extracción carbonera con procedimientos letales, será presentado mañana (Martes) al pleno del Senado para su aprobación.

La Familia de Pasta de Conchos, organización que agrupa a defensores de derechos humanos laborales y víctimas de la minería de carbón de Coahuila, dio a conocer hoy una serie de anomalías en el dictamen que van desde la falta de conceptos y definiciones, hasta regulaciones técnicas que hacen legal el tipo de minería en la que han muerto 105 personas en los últimos nueve años.

Los documentos del predictamen fueron entregados a Apro junto con un análisis de la mencionada organización ciudadana que, entre otras cosas, expone la laxitud para prohibir la minería de alto riesgo, sino que carece de estímulos para los empresarios que sí respetan normas de seguridad e higiene.

En febrero de 2014, víctimas y defensores acudieron al Senado de la República para exponer la necesidad de las prohibiciones. Con fotografías, estudios técnicos, expedientes de diferentes casos y comparativos con legislaciones internacionales, demostraron que los llamados pocitos, las cuevas y lo que ahora han dado en llamar minitas de arrastre son altamente peligrosas.

Los pocitos son tiros verticales sin salida ni ventilación, cuya estructura es insuficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores ante una contingencia; las cuevas son eso, y en meses recientes se ha mostrado que operan inclusive en paredes de tajos (minas a cielo abierto) abandonados; en tanto, las minas de arrastre, consideradas las más seguras por su diseño, son invocadas por productores para no invertir en medidas de seguridad bajo la expresión “minita de arrastre”.

El dictamen que se presentará mañana, no sólo evita definir los diferentes procesos, los aborda de manera indistinta y aplica el vocablo, “pocito artesanal” o “mina artesanal”, sin contemplar qué es artesanal y no, pues no establece cómo deben ser.

Peor aún. Prohíbe los tiros verticales a 100 metros de profundidad, pero permite a más de 100 metros, sin contemplar que a mayor profundidad mayor es el riesgo en los llamados “pocitos” que, actualmente operan en muchos casos a 80 metros.

Permiten además la operación de tiros inclinados a menos de 100 metros, cuando esa es precisamente la modalidad en la que operan las cuevas, a las que sólo se les amarra un carro a un malacate rudimentario y que es el tipo de extracción en la que se han registrado más accidentes.

La Familia de Pasta de Conchos advierte también que se autoriza la operación de tajos a cielo abierto pero no se establece la forma de operación, mecanismos para el financiamiento de los empresarios del carbón ni las sanciones para quienes operen de manera ilegal o para la reparación del daño ambiental una vez que se abandonan los tajos.

Además, el artículo 343 E, que pretende reformarse, plantea que los responsables y encargados directos de la operación, serán sancionados cuando no implementen medidas de seguridad. Sin embargo, en ese caso, no se menciona a los concesionarios ni empresarios de las minas.

La propuesta en el mencionado artículo es tan laxa, que ni siquiera contempla ese tipo de sanciones para quienes operen de manera clandestina, por lo que se deja la puerta abierta a la ilegalidad.

Otro aspecto tiene que ver con las sanciones, pues en el dictamen se contemplan penas de prisión de 6 a 9 años y multas de hasta 10 mil salarios mínimos, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores en tiros verticales “en forma artesanal”.

De acuerdo a la Familia de Pasta de Conchos, “no es la vida y la integridad de los trabajadores lo que importa, pues si matan de 1 a 15 trabajadores o a 65 la pena es la misma. No aplican acumulación. Es una penalización dedicada a pozos y cuevas, pero no a la gran minería como la de Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores”.

En 2012 y 2013, Apro informó de diferentes irregularidades en el proceso legislativo, primero cuando un dictamen que prohibía la minería de alto riesgo, que estaba aprobada en comisión, fue modificado para su publicación durante la aprobación de la Reforma Laboral. El mismo procedimiento ocurrió durante la Reforma Energética, dejando a salvo los intereses empresariales.

En esas discusiones legislativas y en la actual, se emplea el término “minería artesanal”, como si se tratara de una tradición o de derechos adquiridos por usos y costumbres, cuando en realidad, toda la extracción carbonera depende de acaudaladas familias, políticos y más recientemente, también por el cartel de Los Zetas (Proceso 1880).

Además de caciques locales relacionados con los tres partidos de mayor representación electoral, destacan políticos como Rogelio Montemayor Seguy, exdirector de Pemex; empresarios como Antonio Nerio, quien el año pasado compró el club de béisbol Saraperos; y narcotraficantes como Heriberto Lazcano Lazcano, quien llegó a poseer ese tipo de minas que en el Senado llaman “artesanales”.

Desde el siniestro en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, a la fecha, han muerto 170 trabajadores por condiciones de inseguridad en las minas de carbón, 105 de ellos, en pocitos y cuevas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Difiere juez sentencia sobre caso Aristegui

MÉXICO, D.F: El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, difirió la audiencia incidental sobre el amparo 672/2015 de la periodista Carmen Aristegui para la próxima semana. En esta audiencia, deberá resolver si concede la suspensión definitiva a favor o en contra de la comunicadora que conducía la Primera Emisión de MVS Radio.

El abogado Xavier Cortina afirmó que el juez les informó que le solicitó a la empresa Grupo MVS, de Joaquín Vargas, nueva documentación para poder emitir la suspensión definitiva.

La audiencia estaba prevista para este lunes 27 de abril en las oficinas del Juzgado Octavo a las 10:30 de la mañana. Ahí fueron notificadas las partes sobre el diferimiento.

Hasta ahora, el juez Silva García sólo ha resuelto una suspensión provisional a favor de Aristegui, en donde estableció que el contrato de la periodista con MVS debe mantenerse vigente y consideró que la decisión de la empresa de emitir lineamientos editoriales representan una “modificación unilateral de las condiciones del contrato” y que “sus efectos pueden generar un efecto inhibidor de la libertad de expresión”.

Aristegui dejó de conducir la Primera Emisión de MVS Radio desde el lunes 16 de marzo, cuando ya no se le permitió ingresar a la cabina de transmisión.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Protestas de CNTE contra reformas; insta a paro general

Orizaba, Ver.- En su más reciente comunicado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelanta que reiniciará movilizaciones para llegar al paro nacional en mayo y hacer suyo el reclamo de abrogar el paquete de reformas estructurales del gobierno federal; también lamentan que el Poder Legislativo haya autorizado la portación y uso de armas a agentes policiacos extranjeros.

“La ineptitud, el entreguismo, la debilidad y la desvergüenza del grupo antinacional y pro gringo de Enrique Peña Nieto lo conducen, día a día, a dejar la seguridad nacional en manos de los mayores explotadores, intervencionistas y guerreristas del mundo, los imperialistas al norte del río Bravo”, expone el documento.

Sobre el caso Ayotzinapa menciona que, “se presenta como espejo mundial donde se miran los dolores y rabias de los asesinados, desaparecidos, olvidados, despojados, encarcelados de cualquier rincón del mundo. Muestra lo que somos y lo que queremos cambiar, lo existente y transformable. Estos hechos también se han convertido en una ventana para asomarse y ver el mundo que se va y el horizonte que puede venir. Entre tanto las ciudades en el mundo se ven agitadas en veces por las gritaderas y otras tantas por el silencio que estremece la piel. El dolor y la rabia en 200 ciudades de Estados Unidos con la caravana 43; en Europa con las 14 que está recorriendo la Euro-caravana 43 y próximamente en el sur del continente con la Caravana 43 Suramérica se está desplegando el gran telar hecho puente, una vez que se ha enlazado desde cada resistencia y organización el reencuentro con el compromiso y consecuencia de los de abajo”.

Aseguran que el gobierno federal le ha declarado la guerra al pueblo mexicano, imponiendo a sangre y fuego sus reformas estructurales a través del terrorismo de Estado, “por ello la CNTE ha decidido continuar su jornada de lucha en 2015 con una nueva etapa de unidad, de activismo político y proceso organizativo para pasar a la ofensiva y emplazar al gobierno peñista, haciendo un llamado a todos los sectores explotados de la sociedad para enfrentar unitariamente las agresiones de este régimen y generemos las condiciones para la construcción del Frente Único de Lucha que nos permita arribar a la Gran Huelga Nacional”.

En esta organización, “continuamos exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de seis personas, entre ellas tres normalistas, crímenes de Estado perpetrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero”. También se pide la abrogación de las reformas estructurales, defensa de la educación pública, plazas automáticas a los egresados de normales públicas del país, alto al Terrorismo de Estado y renuncia de Peña Nieto”.

“La CNTE denuncia un caso más de lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, documentó y denunció a nivel internacional sobre que en México la judicialización mediante acusaciones falsas de la comisión de delitos diversos ha sido una constante en el Estado mexicano para obstaculizar y tratar de desactivar a las y los líderes comunitarios, a las y los defensores de derechos humanos y a las y los luchadores sociales”.

Las protestas iniciarán el primero de mayo con los referentes en lucha en contra de las reformas estructurales, por la defensa de la estabilidad y seguridad laboral y aumento salarial en la Ciudad de México.

Anuncian partidos respaldo a contrarreforma a Ley del IPE

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldarán y buscarán que se apruebe la contrarreforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado que elaboraron organizaciones de jubilados y pensionados. El diputado panista Alejandro Zairick y de MC, Cuauhtémoc Pola, dieron a conocer que tras reunirse con integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz y del Frente en Defensa del IPE (Copipev, Fedipev) escucharon la iniciativa que ellos realizaron la cual, consideraron, corrige los errores aprobados por la mayoría priísta.

Debido a ello, dijeron que van a retomar la propuesta hecha por los pensionados y jubilados para buscar contra reformar la Ley del IPE, que ha sido declarada anticonstitucional en algunos de sus artículos.

El panista Alejandro Zairick reprochó que la mayoría priísta haya aprobado la Ley del IPE enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, a pesar de ir en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Recordó que en la sesión en que se aprobó dicha Ley, la bancada del AN votó en contra y se ha mantenido pendiente de que en Veracruz no se violen los derechos laborales de los trabajadores.

Dijo que esa Ley ha sido calificada de anticonstitucional por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues se trata de una legislación agresiva que debe reformarse a la brevedad.

Por su parte Cuauhtémoc Pola mencionó que de ser necesario se recurrirá a la movilización social para obligar al Congreso del Estado a que tome en cuenta, estudie y dictamine a favor, la iniciativa con proyecto de reforma a la Ley del IPE. Anunció que su partido retomará la propuesta elaborada por el Copipev y Fedipev, para reformar la Ley avalada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues afecta los derechos laborales de la burocracia tanto en activo como jubilados y pensionados.

“Si bien es cierto que el PRI y sus aliados son mayoría, lo cierto es que se trata de una iniciativa que viene respaldada por miles de ciudadanos que se están sumando a este proyecto en todo el estado de Veracruz, y que los diputados de oposición estamos analizando detenidamente, trabajando artículo por artículo, y que en su momento la estaríamos presentado como iniciativa por parte de la oposición”, expresó.


Señaló que los legisladores de oposición coinciden con los jubilados de que debe reformarse la actual Ley por ser violatoria a sus derechos y citó que con el nuevo ordenamiento aprobado por los diputados del tricolor y sus aliados, deja vaga la definición del Instituto, por lo que habrá que recuperar y dejar bien establecido que es de carácter público e interés general.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
AUTOR: Fernando Inés CarmonaJair García.

PRI denuncia a la delegación Coyoacán por el reparto de tarjetas con dinero en efectivo

Según el presidente del PRI-DF, las tarjetas del programa "Para ti" se entregan con la condición de que la gente entregue su credencial de elector.

El Partido Revolucionario Institucional capitalino presentó una denuncia ante el INE contra autoridades de la delegación Coyoacán, por la aplicación del programa “Para ti”.


El representante priista ante el organismo, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el dirigente de ese partido en la capital, Mauricio López Velázquez, informaron que la queja quedó asentada ante el INE, a fin de que se evite la aplicación de ese programa con el que se entregarían 13 mil 163 tarjetas, cada una con un monto de cuatro mil 40 pesos.

López Velázquez criticó que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) no ha atendido queja alguna presentada por el PRI local de las 84 que han presentado desde octubre a la fecha, por lo que le han perdido confianza y han recurrido al INE, “donde sí se les da trámite”.

“Hoy tenemos duda porque de las 84 quejas, hasta ahora ninguna ha sido atendida desde el mes de octubre; en su mayoría, por actos anticipados de campaña y por violación a las reglas electorales”, reiteró Mauricio López.

El presidente del PRI-DF dijo que la confianza de esa fuerza política en la autoridad electoral local dependerá de las resoluciones, la constancia, la congruencia, lo imparcial y lo oportuno en que puedan actuar en el IEDF, y a partir de ello se ratificará o no.

En entrevista con medios de comunicación en las instalaciones del INE, el líder priista señaló actos irregulares y de posible violación de delitos electorales por autoridades de Coyoacán.


En específico refirió que se pretende beneficiar a más de 13 mil personas en pobreza extrema con la entrega de tarjetas del programa “Por ti”, con la condición de que entreguen su credencial de elector.

El Coneval tiene registrado alrededor de 7 mil personas en pobreza extrema y el programa social se entrega a 13 mil: @MauricioLopezV— PRI DF (@ComitePRIDF) abril 27, 2015

El programa “Por Ti” carece de estudios de pobreza para su otorgamiento: @MauricioLopezV, presidente del #PRIDF pic.twitter.com/lERhgo14wy— PRI DF (@ComitePRIDF) abril 27, 2015

No queremos que el capital social de la Ciudad se convierta en capital electoral en beneficio de un Partido. #PRIDF pic.twitter.com/uENSKaCZRj— PRI DF (@ComitePRIDF) abril 27, 2015

Por ello pidió al INE la suspensión de este programa, toda vez que no hay documentos de las condiciones en que se entrega ese beneficio implementado desde 2013, pero que en tiempos electorales se reafilia a la gente a través de brigadistas.

Por tal motivo se ha pedido la suspensión del programa y que se reinicie una vez que concluya el proceso electoral, además de que se sancione a quienes lo están operando.

También llamó al análisis de fondo de cómo operan los programas sociales en el Distrito Federal, toda vez que en los últimos meses tan solo en la delegación Iztapalapa se han entregado aproximadamente 11 mil despensas, lo que vulnera la contienda.


Al respecto, el candidato del PRI a diputado por la delegación Coyoacán, Aarón Jiménez, acusó a las autoridades de esa demarcación de implementar los programas sociales en tiempos de campaña, así como de discriminación, intimidación y agresiones, pues les impiden usar bardas y espacios públicos para llevar a cabo el proselitismo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

La justicia está rezagada, olvidada y rebasada, admite Peña Nieto

MÉXICO, D.F: La justicia en sus diferentes materias está rezagada, olvidada y rebasada. Es excluyente, lenta compleja y costosa, además de inaccesible y poco útil, por lo que genera espacios de ilegalidad, impunidad, corrupción y abuso.

Esos fueron los calificativos que empleó el presidente Enrique Peña Nieto al recibir este lunes una serie de propuestas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en diferentes materias jurídicas que, mandatario e institución, dieron en llamar “justicia cotidiana”.

Durante el acto celebrado en el Museo Nacional de Antropología, Peña Nieto sostuvo que se trata de “un desafío estructural”, y reconocerlo es el primer paso para encontrar soluciones de fondo.

“Cuando hablamos de justicia pareciera que sólo nos referimos a aquello que tiene que ver con el ámbito penal, cuando de los millones de asuntos –más de dos millones 100 mil, según el CIDE– que se ventilan en distintas instancias de justicia de nuestro país, solamente 13% tienen que ver con el ámbito penal. Los otros son del ámbito laboral, civil y mercantile”, explicó.

En su mensaje, Peña Nieto consideró que los males de esas materias jurídicas están presentes desde hace décadas y se agravaron por el crecimiento de las ciudades y la población.

Las propuestas de reforma en “justicia cotidiana” fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado 27 de noviembre, en medio de la crisis de su administración detonada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y luego por los escándalos relacionados con contratistas gubernamentales proveedores de casas para la familia presidencial y colaboradores cercanos al mandatario.

Entre las 10 medidas anunciadas en aquella ocasión, Peña Nieto destacó la instrucción al CIDE para que elaborara propuestas, con lo que –dijo– se dará paso a una nueva etapa de reformas.

El CIDE y otras otras 14 instituciones y organizaciones relacionadas con la ciencia juridical participaron en foros donde surgió un diagnóstico y las propuestas que se le entregaron hoy a Peña Nieto.

Como se recordará, algunos de los tópicos abordados en lo que el mandatario llama “justicia cotidiana” estaban incluidos en los acuerdos del Pacto por México, cuyos trabajos se cerraron una vez que fueron aprobadas las 11 reformas de contenido económico predominantemente.

Al acto asistieron el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; el director del CIDE, Sergio López Ayllon, así como legisladores federales y representantes del Poder Judicial federal y de las entidades federativas.


Previo a la llegada de Peña Nieto, una mampara, de las que suelen emplearse para adornar los actos presidneciales, cayó sin que hubiera lesionados. Al arribar el Ejecutivo, personal de logística y el Estado Mayor Presidencial ya habían reparado el desperfecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Tribunal revoca formal prisión a esposa de José Luis Abarca

MÉXICO, D.F: A siete meses del ataque contra estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Iguala, Guerrero, en el que tres normalistas resultaron muertos y 43 más desaparecidos, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde igualteco José Luis Abarca.

Esto respecto a la causa penal 105/2014 en la que la PGR la acusó de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

La resolución  del Tribunal Unitario fue dictada el 24 de abril pasado y fue notificada a Pineda Villa un día después, el sábado 25, en el penal federal en Tepic, Nayarit, donde se encuentra detenida. Apro pudo corroborar la determinación del tribunal este lunes 27 en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal.

Esta era la acusación más grave que la PGR tenía contra la exprimera dama de Iguala, a quien el gobierno de Enrique Peña Nieto acusa, junto con su esposo, de supuestamente haber sido los principales autores del ataque y desaparición de los normalistas.

Pese a las declaraciones de la PGR ante la opinión pública, hasta ahora no ha podido presentar ante la autoridad judicial un caso sólido contra la esposa de Abarca ni por los eventos del 26 de septiembre ni por su presunta pertenencia a Guerreros Unidos.

El Tribunal Unitario determinó en su resolución que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Federales en el Estado de México, quien dictó el auto de formal prisión el 9 de enero de 2015, violó el debido proceso contra Pineda Villa porque no le permitió presentar pruebas en su defensa, por lo que le ordenó reponer el procedimiento.

La esposa de Abarca es hermana de los presuntos narcotraficantes Mario y Alberto Pineda Villa, quienes trabajaron con el Cártel de Sinaloa y, posteriormente, con los Beltrán Leyva. La hermana de José Luis Abarca, la maestra Roselia Abarca, ha afirmado a esta reportera en entrevista que pese a los lazos familiares no había contacto entre su cuñada y su familia desde hacía décadas.

En la averiguación previa AP PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014  abierta por la desaparición de los 43 normalistas, se encuentran incluidas  declaraciones ministeriales de  Salomón Pineda Bermúdez y Leonor Villa Ortuño, padre y madre de la esposa de Abarca, rendidas en mayo y junio de 2013  que corroboran esa información.

En sus declaraciones, afirmaron que ellos no tenían ningún contacto con su hija y yerno desde hacia años “por tener mala relación con su yerno”.

Las declaraciones fueron rendidas en el marco del secuestro de Villa Ortuño registrado en mayo de 2013 a manos de un grupo criminal que pretendía que  devolviera dinero que supuestamente habían robado sus hijos Alberto y Mario.

María de los Ángeles Pineda Villa fue detenida con su esposo el 4 de noviembre pasado. A falta de pruebas,  la PGR solicitó un primer arraigo por 40 días el cual le fue concedido por un juez el 5 de noviembre. El arraigo venció el 15 de diciembre y la PGR solicitó ampliar el arraigo por 20 días más mientras seguía la investigación.

De acuerdo con los expedientes obtenidos por el semanario Proceso (número 1999),  durante ese tiempo la PGR intentó obtener un auto de formal prisión en contra de la esposa de Abarca por delincuencia organizada en la causa penal 100/2014 abierta en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, pero el juez negó la orden de aprehensión por falta de pruebas.

La PGR, en aquel entonces encabezada por  Jesús Murillo Karam, apeló la resolución pero un tribunal unitario de Tamaulipas ratificó la decisión del juzgado.

A punto de que se venciera el segundo arraigo con los mismos elementos  que consideró el Juez de Tamaulipas insuficientes, el 28 de diciembre de 2014 la  PGR,  a través de la causa penal 105/2014,  pidió al Juzgado Tercero de Distrito de Proceso Penales Federales  en el Estado de México la orden de aprehensión, misma que fue concedida sin permitir que la defensa presentara pruebas a su favor.

Cuando el 5 de enero de 2015 venció el arraigo Pineda Villa fue detenida y remitida al penal federal femenil en Tepic, Nayarit por  la causa penal 105/2014.

De acuerdo con el expediente, dicha acusación se basa en las declaraciones rendidas por el otrora testigo colaborador estrella de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, bajo el nombre clave de “Mateo” cuyos falsos testimonios  exhibieron la ineficiencia  y abusos de la PGR en los casos de la llamada “Operación Limpieza” y el abierto contra  cinco militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare.

Ya presa, la PGR intentó obtener otro auto de formal prisión contra Pineda Villa por delincuencia organizada a través de la causa penal 01/2015 abierta  en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, quien también se negó a conceder la orden por falta de pruebas por parte de la PGR.

De acuerdo con la información obtenida por fuentes de información vinculadas al caso, se espera que en la reposición del procedimiento el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales tome la misma resolución que las otras tres instancias judiciales  por lo que se ordenaría su liberación.

Sólo quedaría pendiente la acusación por supuesto intento de cohecho. En la revista Proceso (No. 1999) se reveló que en las  distintas causas penales abiertas contra Abarca y su esposa se señalan tres lugares distintos donde supuestamente la pareja fue detenida.

Según la PGR y los videos difundidos a través de los medios masivos de comunicación, la pareja fue detenida la madrugada del 4 de noviembre en una casa ubicada en una zona popular en la delegación Iztapalapa en un aparatoso operativo producto, supuestamente, de meses de trabajo de inteligencia.

Pero según otros partes informativos de la Policía Federal a los que tuvo acceso Proceso, la pareja fue detenida en el interior de un taxi y, de acuerdo con versiones de los policías, habían cometido el delito de cohecho al intentar sobornarlos para que los dejaran ir. En otro reporte de la misma PF afirmaron que detuvieron a Abarca en las inmediaciones de la SEIDO.

La orden de aprehensión por el supuesto cohecho también fue apelada por sus abogados y la próxima resolución podría exhibir la presunta fabricación de pruebas por parte de la PGR contra Abarca y su esposa. Además, esta última obtendría su libertad.


Murillo Karam fue removido sorpresivamente de la PGR en febrero pasado, días después de que Proceso publicó la investigación sobre las graves inconsistencias en las acusaciones contra el exalcalde de Iguala y su esposa. Murillo es ahora secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.

“Un circo”, las campañas en México: The Independent

MÉXICO, D.F., 27 de abril: El listado “surrealista” de candidatos para las elecciones del próximo 7 de junio, que incluye un futbolista, un payaso y un exparticipante de Big Brother, se asemeja más a un circo o “espectáculo de televisión” producto de un “creciente sentimiento de desilusión” entre los mexicanos , consignó hoy el diario británico The Independent.

Esa situación, advirtió el rotativo, se ve agravada por un movimiento de “alto perfil”, para boicotear las elecciones en las que están en juego mil 200 cargos de elección popular.

Todo ello se da, abundó, cuando el presidente Enrique Peña Nieto registra el índice de aprobación “más bajo de cualquier presidente en las últimas dos décadas” y aún le faltan tres años más en el cargo.

El diario señaló que si bien las candidaturas del exbig brother Patricio Zambrano, el futbolista Cuauhtémoc Blanco, y el payaso Lagrimita pueden haber capturado la imaginación de la nación, “las encuestas indican que pocos de los candidatos disidentes de México son propensos a triunfar en las elecciones”.

El “reparto” de candidatos de la farándula y el deporte fue posible gracias a que por primera vez se permite la participación de candidatos independientes, “un desarrollo no deseado de los tres grandes partidos (PRI, PAN y PRD) que han sido asfaltadas por años de derramamiento de sangre.

“Se estima que 100 mil personas han sido asesinadas desde 2006 y al menos 23 mil han desaparecido, incluyendo 43 estudiantes que fueron secuestrados infamemente en el sur de México en septiembre pasado”, destacó el diario.

El gobierno, subrayó The Independent, dice que los estudiantes fueron masacrados por una banda de narcotraficantes, pero sus padres continúan buscándolos incansablemente y además están pidiendo un boicot nacional de las elecciones con el argumento de que un voto para cualquier político “es un voto por la corrupción y la impunidad”.

El diario entrevistó a Mario César González, padre de Cesar Manuel, uno de los 43 desaparecidos, quien afirmó que su posición es que no habrá elección alguna hasta que los jóvenes aparezcan.

“Hemos esperado mucho tiempo, pero el gobierno está simplemente jugando con nosotros. Si no responden a nuestras peticiones entonces estamos dispuestos a hacer lo necesario para detener las elecciones”, dijo el padre al diario británico.

Entrevistó también a Patricio Zambrano, presentador de televisión y exconcursante de la versión mexicana de Big Brother, candidato a alcalde de Monterrey, capital de los negocios de México.

Zambrano dijo al diario que es un servidor público, no un político porque “los políticos de hoy en día están robando el futuro de nuestros niños. Están acumulando las mayores deudas en la historia en Monterrey (…). Hay dos millones de personas que viven en la pobreza aquí en Nuevo León, que es el segundo estado más rico del país.

“Desafortunadamente estamos gobernados por ladrones desvergonzados que se esconden detrás de los vehículos blindados y guardaespaldas con ametralladoras, mientras que demanda México es perfectamente seguro”, dijo El pato Zambrano quien comentó además que hizo público su número de celular para atender a los leoneses.

The Independent también hizo referencia al futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien contenderá por la alcaldía de Cuernavaca “una ciudad que una ONG mexicana declaró que es el lugar más violento del país en febrero”, destacó el rotativo.

“Habiendo crecido en uno de los barrios más duros de la Ciudad de México, el señor Blanco, de 42 años, cree que él es capaz de restaurar la ley y el orden en Cuernavaca”, subrayó.

Blanco, “es el segundo máximo goleador de México de todos los tiempos”, abundó. Protagonizó tres Copas del Mundo y terminó su carrera profesional el martes pasado, ayudando a Puebla FC a una victoria por 4-2 en la final de la copa nacional de México. “Ahora es libre para centrarse exclusivamente en su campaña, tendrá que esperar a un resultado igualmente positivo en las urnas en junio”, señaló el diario.

La política mexicana, recalcó el diario, parece cada vez más un circo y como ejemplo mencionó el caso de Guillermo Cienfuegos, el famoso payaso Lagrimita y estrella de la televisión de los niños quien es candidato a la alcaldía de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, bajo el lema: “Es tiempo para un payaso real gobernar”.

Sin embargo, aclaró que las aspiraciones políticas del payaso de vieron truncadas cuando las autoridades electorales le prohibieron su registro después de encontrar cientos de entradas duplicadas en la lista de firmas que necesitaba para respaldar su candidatura.

A pesar de ello, el payaso está luchando contra la decisión ante un tribunal, sin dejar de hacer campaña en su carpa de circo móvil.

Contra el pronóstico de especialistas que afirman que estas candidaturas no tienen posibilidades de ganar por su falta de experiencia, el exbig brother dijo a The Independent que la inexperiencia no debe contar en su contra.


Después de todo, dijo, “los que están capacitados para gobernar, por lo menos en México, han robado a ciegas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueba NL ley de desaparición forzada

Monterrey, NL. Entre aplausos y lágrimas se aprobó la tarde de este lunes la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada en el Congreso de Nuevo León.

El llanto y la alegría fue de las madres y esposas de desaparecidos, integrantes de Grupo Amores y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), quienes exigieron durante meses la aprobación de la legislación.

Desde hoy esa Ley que protege a las familias de los desaparecidos es una realidad, los 38 diputados presentes en la sesión votaron a favor.

Virginia Buenrostro, integrante de Grupo Amores y con dos de sus dos hijos desaparecidos desde 2010, dijo que 54 familias ya están listas para solicitar esa declaración.

“Lo mejor de esta Ley es que le da dignidad a nuestros desaparecidos y que le quita una parte de la carga a las familias”, agregó la también activista.

La hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC, manifestó que son más de mil familias las que al final se verán beneficiadas.

“Todas las familias que ya pusieron una denuncia pueden solicitar esta declaración de ausencia”, manifestó la religiosa.

El diputado Luis David Ortiz, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, explicó que no fue posible incluir en la legislación la congelación de deudas y créditos hipotecarios.

Tampoco conservar para las familias los beneficios ligados al trabajo del ausente, como los servicios médicos, debido a que los congresos estatales no tienen ingerencia en temas laborales y mercantiles.

Sin embargo, está en preparación una iniciativa a nivel federal que incluirá esos puntos y que será impulsada por CADHAC y otras organizaciones, agregó la hermana Consuelo Morales.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ERICK MUÑIZ.

Mexicanos ven la justicia como un ‘sueño': 20 propuestas del CIDE para cambiarlo

El CIDE, a petición de Peña Nieto, analizó cómo está el acceso a la justicia cotidiana en el país y concluyó que los procesos son largos y costosos y pocas veces sirven para resolver los conflictos de la ciudadanía.

En México, los procesos para acceder a la justicia son largos, costosos, poco flexibles y en la mayoría de los casos ni siquiera son útiles para resolver los problemas de la ciudadanía.

Pero además, lo complicado de acceder a la justicia ha provocado que se perciba el concepto como algo lejano e incomprensible y que los ciudadanos no sepan a donde acudir cuando necesitan resolver un conflicto. Estas son las conclusiones del Informe de Justicia Cotidiana que realizó el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) a petición del presidente Enrique Peña Nieto, como parte de la reforma de seguridad, justicia y Estado de Derecho que presentó en noviembre del año pasado.

Tras realizar consultas con 425 expertos en 15 foros distintos, recopilar 485 testimonios y 600 propuestas, el CIDE entregó este lunes a Peña Nieto un Informe de conclusiones y recomendaciones para identificar los principales problemas para acceder a la justicia cotidiana, es decir, aquella que involucra actividades comunes de cualquier sociedad con la familia, entre trabajadores o comunidades.


Según el informe, se encontraron diversos problemas que pudieron ser catalogados en seis grandes temas:

• La falta de información que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia;
• la mala calidad de abogados, defensores, jueces o ministerios públicos;
• resistencia de las instituciones pare renovar procesos;
• la mala calidad de las leyes;
• falta de capacidad en los sistema de justicia para resolver conflictos;
• y el diseño de procedimientos complicados que no privilegian las necesidades de la ciudadanía.

El objetivo del CIDE con el Informe entregado este lunes a Peña Nieto durante una ceremonia en el Museo Nacional de Antropología es que se elabore una política pública de acceso a la justicia de corto, mediana y largo plazo.

En ésta, hace énfasis la institución académica, es indispensable la participación de sociedad civil y academia; pero sobre todo de los estados, pues la justicia cotidiana recae principalmente en ámbitos locales.

En total, el CIDE y otras instituciones académicas que participaron en el informe como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entregaron al Ejecutivo 20 recomendaciones generales para mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia cotidiana.

1. Impulsar una cultura de derecho. La población tiene poco o nulo conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, concluye el CIDE. La propuesta es que haya una estrategia de comunicación que permita a la sociedad familiarizarse con sus derechos y obligaciones.
2. La falta de coordinación entre órdenes de gobierno provoca que las políticas, leyes y reglamentos no sean efectivos en el país, lo que no sólo provoca fallas en el acceso a la justicia sino corrupción. Se propone crear un programa con convenios de colaboración sobre medidas de acceso a la justicia, entre los tres niveles de gobierno.
3. Diseñar procedimientos y mecanismos que faciliten y homologuen los requisitos para obtener documentos oficiales como actas de estado civil, títulos de propiedad o testamentos. El objetivo es reducir la marginación jurídica actual de la ciudadanía.
4. Se deben mejorar los servicios jurídicos profesionales, lo que incluye abogados, jueces o ministerios públicos; por lo que es necesario revisar programas de formación y la regulación del ejercicio de la profesión.
5. Revisar de manera documentada y rigurosa el diseño de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues la información recabada en el informe concluye que su desempeño no es el idóneo y tienen graves problemas en la operación.
6. Fortalecer el sistema nacional de protección al consumidor que actualmente lidera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
7. Iniciar un Programa de Implementación de Juicios Orales Mercantiles en todo el país a favor de los emprendedores.
8. Crear la figura del defensores de los emprendedores, pues actualmente se enfrentan a órganos jurisdiccionales, gubernamentales y regulatorios que desconocen la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas; lo que genera la aplicación desproporcional de la ley.
9. Se propone incorporar al sistema la función de jueces itinerantes para comunidades pequeñas o rurales, lo que permitirá que en esos sitios se cuente con mecanismos para la resolución de conflictos.
10. Crear una policía de proximidad para resolver conflictos sencillos e identificar factores de riesgo que pudieran generar conflictos mayores.
11. Los migrantes mexicanos carecen de medios para reinsertarse en sus comunidades de origen, lo que genera situaciones extremas de marginación y un problema grave de acceso a la justicia. Se propone fortalecer los programas del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Educación Pública y Relaciones Exteriores para crear políticas públicas que garanticen la reinserción en sus comunidades, con especial atención a que puedan tener una identificación e incorporarse a sistemas de educación y salud.
12. El informe propone que para las trabajadores domésticas, víctimas constantes de injusticia, se adopten medidas para garantizar sus derechos sociales y se diseñen contratos para regular su situación laboral.
13. Los órganos de gobierno no trabajan para resolver los conflictos de la ciudadanía, se propone regular la labor discrecional de funcionarios y mejorar la atención en el seguimiento de litigios.
14. Crear un mecanismo de coordinación nacional para los impartidores de justicia con el fin de facilitar acciones conjuntas entre sistemas estatales.
15. Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, procesos de mediación, conciliación o arbitraje. Para ello, se propone mejorar el diseño de Centros de Justicia Alternativa y crear nuevas figuras de negociación para resolver conflictos legales.
16. Crear y distribuir manuales con protocolos de actuación para autoridades escolares que deben resolver conflictos en las escuelas.
17. Que el Ejecutivo federal convoque a una instancia que proponga una política de acceso a la justicia en los términos del informe del CIDE. En ésta deberán participar los tres poderes, tres niveles de gobierno, academia, sociedad civil y órganos con autonomía constitucional.
18. Otra de las propuestas es la creación de centros de asistencia jurídica temprana para orientar, canalizar y apoyar a las personas con conflictos.
19. Se recomienda la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con participación de los poderes judiciales estatales para diseñar un nuevo modelo de justicia familiar que puede ser probado y aplicado gradual y diferenciadamente en todo el país.
20. La falta de una entidad federal que coordine la acción del gobierno federal en materia de justicia provoca desigualdades en el acceso y la calidad de la justicia. Se recomienda la creación de una instancia (puede ser una dependencia o entidad ya existente o una nueva) que sea responsable de la coordinación del Ejecutivo con el poder judicial, estados y defensorías de oficio.

Informe completo:

JusticiaCotidiana:

  JusticiaCotidiana

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO

AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Denuncian oootro presunto desvío de recursos en Veracruz

Los presuntos desvíos, en el programa de apoyo a jornaleros agrícolas; en supuestos robos de tarjetas bancarias; robos de cheques; obras fantasmas...

El senador Alejandro Encinas denunció ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, un presunto desvío de recursos públicos que originalmente estaban destinados a programas sociales en Veracruz.

Aunque reconoció que la denuncia de hechos se basa en filtraciones, que podrían tratarse de “un conflicto dentro de los grupos políticos del PRI en Veracruz” y un “fuego amigo”, el legislador remarcó que “el tipo de información que se ofrece es gente de adentro, que tiene acceso a documentación oficial, que conoce la distribución de las tarjetas, tiene acceso a los programas de beneficiarios, hizo un trabajo especial para acreditarlo y pues evidentemente, el objetivo central es el delegado (Marcelo Montiel Montiel, delegado de la Sedesol en Veracruz)”.

Encinas apuntó que desvío -según las filtraciones- podría ascender a 500 millones de pesos. 

Así lo expuso este lunes en conferencia de prensa:

“El pasado jueves 16 de abril, alrededor de las 14 horas, fue entregado en mis oficinas del Senado de la República, un sobre conteniendo una carta dirigida a mi persona, suscrito por ‘Funcionarios Honestos de la Sedesol de Veracruz’. Ese sobre incluía una USB, con información relacionada con esa dependencia, donde se presentan diversos documentos y testimonios de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de al menos 500 millones de pesos…

“Tras el análisis de la misma y la consulta a diversas fuentes considero que existen elementos suficientes que permiten acreditar cómo opera el desvío de recursos públicos a favor de un partido político; los mecanismos mediante los cuales se desvían recursos de Sedesol para fines ajenos a la política social, así como las debilidades de los sistemas de control y fiscalización de los mismos.

“Cabe mencionar que el presunto desvío de los recursos que hoy presentamos, son distintos a los reportados en febrero pasado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, correspondiente a la cuenta pública de 2013, donde se señala que el estado de Veracruz, donde residen más de 4.1 millones de mexicanos en situación de pobreza, fue la entidad de la República que registró el mayor número de irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2013, casi el doble de Michoacán, entidad que aparece en segundo sitio…

“Hay que recordar también como ese mismo año, el PAN exhibió conversaciones telefónicas de funcionarios de la Sedesol en Veracruz, que acordaban utilizar los recursos de la dependencia para beneficiar al PRI en las elecciones locales de ese año, haciendo uso indebido de más de 360 millones de pesos destinados a programas como Oportunidades, Piso Firme, y 65 y más, que dio lugar al desafortunado comentario del presidente Peña Nieto en defensa de la titular de la dependencia con el famoso ‘Rosario no te preocupes, hay que aguantar’.

“Escándalo que por cienrto hizo tambalear al Pacto por México; que retrasó la presentación de la reforma financiera, y que costó el empleo a varios funcionarios menores de la Sedesol en Veracruz, así como la separación del delegado en el estado, Ranulfo Márquez Hernández, hoy secretario estatal de desarrollo social en Veracruz, quien fue sustituido por Marcelo Montiel Montiel, actual delegado y personaje central en las denuncias que en unos momentos más presentaremos…

“La información que se nos entregó, ésta que vamos a entregarles también a ustedes, corresponde a una presumible filtración resultado de diferendos en la disputa política y el control de recursos federales en el estado de Veracruz, que protagonizan diversas facciones del PRI, y esas mantiene el formato y orden originales; no ha sido editada ni modificada.

“Se trata de un USB que con 623 archivos que ocupan 10.8 GB, contienen un video que da soporte a las siete partes en que se presenta la información, más una carpeta de archivos que apoyan los contenidos de cada video, integrado por imágenes de documentación de control interno, correos electrónicos, formatos y facturas, así como videos testimoniales de personas que dicen ser beneficiarias o gestoras de los programas de Sedesol en Veracruz…

“Los capítulos que integran esta denuncia son:

• Robo de apoyo a jornaleros agrícolas
• Robo de tarjetas bancarias
• Robo de cheques – falsificación de firmas
• Obras fantasma del programa 3X1 de Migrantes
• Robo en el apoyo a gestores voluntarios
• Obras fantasma Programa Empleo Temporal

“De acuerdo con la información contenida, de los 8 millones de pesos destinados al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sólo se distribuyeron 2 millones a los beneficiarios.

“Se documenta, o se pretende documentar también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de mil 512 pesos y que en total suman 302 mil 400 pesos.

“De la misma forma se denuncia la operación sistemática y permanente de falsificación de expedientes y firmas, endoso de cheques y sustracción de cobros, también se demuestra la falsificación de las facturas.

“Y finalmente, se registran más de 100 obras públicas cobradas y reportadas que no se realizaron y que involucrarían a funcionarios federales, estatales y municipales, empleados de telégrafos, empresas y trabajadores externos“, indicó el senador.

Como lo publicó este sitio, en 2013, el PAN reveló una estructura paralela del PRI, conformada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, operaba a favor del tricolor en la entidad, junto con funcionarios del gobierno de Javier Duarte. Todo lo descubrió y denunció ante la PGR el Partido Acción Nacional. “Ladrones electorales”, calificaron los panistas.


Tras descubrirse la operación priista, Ranulfo Márquez Hernández fue removido de su cargo como delegado de la Sedesol en Veracruz. A Ranulfo lo sustituyó Montiel Montiel, mientras el ex delegado federal, ahora es el titular de la Sedesol en Veracruz.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿Quién gana con nuestra salida del aire?”

“¿Quién gana con nuestra salida del aire? ¿Quién es quien realmente no quiere que se divulgue la información que investigamos? Y algo aún más incomprensible: ¿Por qué MVS intenta aniquilar un modelo de comunicación que lejos de ser destruido debería repetirse en todo el país, en toda la industria?”, son las preguntas que lanza la periodista Carmen Aristegui, en entrevista con Blanche Petrich, publicada este lunes en La Jornada.

Su caso lo considera “un momento clave para que los informadores nos enfrasquemos en una seria reflexión sobre cómo andan las cosas en la relación entre los periodistas y los empresarios, sobre cuál es el mejor modelo para que todos –prensa, empresas y audiencias– ejerzan sus derechos para realizar y ofrecer mejores contenidos producto de un trabajo hecho en libertad, resultado del esfuerzo profesional y ético. Esa es la batalla principal, tiene que ver con los contenidos que le damos al público y la conciencia que asuma la sociedad mexicana de sus derechos”.

Aristegui mencionó que meses antes de su salida, los Vargas -dueños de MVS- le solicitaron “que esa investigación –de la Casa Blanca– no saliera”.

“El reportaje no se transmitió en primera instancia en el noticiario de MVS, porque cuando nosotros estábamos aún con la investigación en curso –habíamos hecho consultas en la Presidencia, en la Secretaría de la Función Pública– ellos nos pidieron comprensión”, indicó.

“Fue una conversación difícil. Me solicitaron que esa investigación no saliera en el noticiario. Alegaron lo que yo sé que es cierto: su vulnerabilidad ante el poder político, porque son empresarios que dependen mucho del ámbito gubernamental para sus negocios, sus concesiones, la 2.5, lo que es el negocio principal de MVS”, apuntó.

“Les planteo que no podía aceptar censura y menos en un reportaje de esa naturaleza, que la sociedad tenía derecho a saber eso y que no la íbamos a meter en un cajón. Para no generar ruptura con ellos, la salida para nosotros es que la divulgaríamos de otra manera. No nos comprometimos a no hablar de ello en MVS, sino que la estación no fuera la señal de origen del reportaje”, abundó.


Y recordó que en el primer despido de la empresa, “Joaquín Vargas fue una caja de cristal y asumió con valentía el costo de decir lo que pasó. Reconoció que Los Pinos le dijo que si recontrataba a la periodista, a su proyecto empresarial se lo llevaba la chingada… (ahora) no es la misma ecuación política. No es lo mismo Calderón de salida que Enrique Peña con casi cuatro años de presidencia enfrente”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI.