Carlos Jiménez Rodríguez, hijo de priista y casado con una hija del secretario particular de Miguel Mancera, busca una curul en la ALDF por el PRD y levanta opiniones encontradas por sus familiares.
Está casado con Fernanda, la hija de Luis Serna Chávez, el hombre más cercano a Miguel Ángel Mancera. Es delfín del exdelegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna; hijo del seis veces diputado del PRI, Manuel Jiménez Guzmán, y aspira a una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Carlos Jiménez Rodríguez aparece en la lista del PRD como uno de los candidatos más jóvenes que busca una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pero su parentesco con el hombre número tres del gobierno capitalino causa ruido. La relación suegro-yerno que une a Luis Serna Chávez y Carlos Jiménez Rodríguez comenzó a despertar escozor en el círculo cercano del jefe de Gobierno, en donde se especuló si el secretario particular de Mancera había movido sus influencias para colocar en el tablero al joven que está casado con su hija Fernanda. La apuesta de Leonel Luna En medio de la tensión interna por la que atraviesa el gabinete de Miguel Ángel Mancera no faltó quien, al enterarse del parentesco, intentara golpear interna y públicamente al secretario particular que abre, pero que también cierra la puerta a muchos. Sin embargo, no sólo le pegarían a Luis Serna Chávez, suegro del candidato, también a Leonel Luna, perredista que recientemente rompió vínculos con René Bejarano, y aunque se declaró independiente de tribus, en la práctica ha jugado con Vanguardia Progresista de Héctor Serrano. Porque Carlos Jiménez Rodríguez, el yerno incómodo, es la apuesta del exdelegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna, para el Distrito electoral número 23 que comprende una zona de grandes contrastes entre pobres y ricos: Jardines del Pedregal, San Ángel Inn, Tizapanes, Chimalistac, La Florida y Las Águilas, pero también Lomás de Tarango, Plateros, Merced Gómez, Olivar del Conde y Alfonso XIII. El joven candidato es un estuche de sorpresas. Yerno de Luis Serna, delfín de Leonel Luna e hijo de Manuel Jiménez Guzmán, un viejo priista que fue diputado seis veces por el tricolor, que practica la masonería y que además, le elabora los discursos oficiales a Miguel Ángel Mancera. ‘Es mi propio camino’ Reporte Indigo buscó al personaje central de la estrategia con la que presuntamente buscan golpear políticamente al secretario particular de Mancera. Esta es la versión de Carlos Jiménez, el yerno. “Este es mi propio camino”, dice intentando aclarar que ni su poderoso suegro, Luis Serna, ni su padre, Manuel Jiménez Guzmán, tuvieron que ver con su candidatura”. Explica que desde hace más de cuatro años conoció a Leonel Luna en un foro al que asistió en Álvaro Obregón, y de ahí lo invitó a trabajar como director de Concertación y Fortalecimiento Ciudadano, luego, pasó al área de Evaluación de Programas y finalmente su secretario particular. Jiménez Rodríguez asegura que su trabajo como director territorial de San Ángel fue lo que motivó a Leonel Luna para candidatearlo a la Asamblea. “Leonel (Luna) era totalmente de la corriente de René Bejarano, aunque no tuve la oportunidad de conocerle”, apunta. Justo durante la elección interna del PRD, Leonel Luna rompió con el líder de la que fuera la corriente más poderosa en el Distrito Federal, IDN. ¿Los motivos?, considerar que no compartía los cuestionamientos que Bejarano hizo en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien acusó de entrometerse en la contienda del Sol Azteca y en la designación de candidaturas. ¿Tú presentaste a tu suegro con Leonel?, se le cuestiona. “No, yo conocía a Leonel desde antes, si supo quién era mi suegro, coincidieron en la boda, a la que yo lo invité, pero Luis (Serna) no ha tenido nada que ver con mi trayectoria, él no sabía que me iban a postular”, afirma. Apenas hace cinco meses, Carlos Jiménez se casó con Fernanda, la hija de Luis, evento celebrado en diciembre pasado cuando él ya tenía años que trabajaba para Leonel Luna en Álvaro Obregón. “A finales de diciembre de 2014, Leonel me comenta que me iba a proponer al partido como diputado, pero que no era nada seguro”, precisa. El distrito para el que compite Carlos Jiménez, históricamente ha pertenecido al Partido Acción Nacional (PAN) pues estaba dividido electoralmente en Benito Juárez y Álvaro Obregón, sin embargo, explica, que muchos de los líderes lo conocen, resultado del trabajo que realizó en la zona director territorial. “Mi papá es Manuel Jiménez Guzmán, priista, presidente del PRI en el Distrito Federal y líder del tricolor en la Asamblea. Lo respeto mucho porque ha dedicado su vida a servir a México, como hombre me ha enseñado muchos valores pero este es mi propio camino”, afirma. Cuando Mancera hacía campaña por la jefatura de Gobierno, Manuel Jiménez Guzmán generó polémica al declarar que, a pesar de ser dirigente del tricolor, su voto sería para Mancera y no para Beatriz Paredes, quien también buscaba gobernar el DF. “De mi suegro, es un segundo padre, su apoyo es a nivel personal”, subraya.
Carlos Jiménez Rodríguez y Omar Montoy, su suplente de apenas 22 años, encabezan la fórmula más joven en la lista de candidatos a diputados del PRD. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
La mayor parte de los mexicanos carece de las condiciones y de los medios para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas cotidianos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó foros de consulta ciudadana, en atención a la petición del presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de mejorar la justicia cotidiana en el país. Los resultados le fueron entregados a Peña el lunes de esta semana y son los siguientes: El estado de la justicia cotidiana presenta graves problemas que requieren atención urgente. Por ejemplo: • Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; • Existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; • La justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social; • Se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y • las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adonde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. El catálogo de problemas identificados es largo, heterogéneo y complejo, señala el CIDE en sus conclusiones. Las soluciones que propone abarcan un amplio espectro de medidas que pueden agruparse en seis grandes categorías relacionadas con: • las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto; • la mala calidad de los conocimientos y condiciones de intervención de los agentes (abogados, jueces, defensores, ministerios públicos, etc.); • el diseño de los procedimientos que suelen privilegiar la forma sobre el fondo y que tratan igual conflictos de naturaleza muy diversa; • la falta de capacidades institucionales y recursos de los sistemas de justicia de las entidades federativas; • un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación (en particular en materia de justicia laboral); y • la mala calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas en todo el país. El CIDE pidió crear centros de asistencia jurídica temprana, regular servicios de abogados y revisar el diseño de las juntas de conciliación y arbitraje, así como crear un nuevo modelo de justicia familiar, entre otros puntos. Además, planteó una estrategia para que los mexicanos conozcan sus derechos y las vías para ejercerlos, la creación de un defensor de las pequeñas empresas, así como medidas específicas para defender a las trabajadoras domésticas y a los migrantes.
Con estas propuestas el presidente Peña Nieto realizará una agenda de reformas que serán sometidas al Congreso bajo una iniciativa de ley. El resumen ejecutivo y el informe completo sobre la justicia en el país: Sintesis_JusticiaCotidiana-version-final.pdf by Aristegui Noticias:
Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, problemas extendidos en México, apunta la organización.
México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos, urgió Human Rights Watch en una carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González. La organización internacional identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, observó Human Rights Watch. Asimismo, se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU: la regla es que estos abusos queden impunes. “El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”, agregó. Al asumir en marzo de 2015, Gómez González expresó su compromiso de investigar abusos, incluidas desapariciones y torturas, y de establecer como prioridad el trabajo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. En marzo, Juan Méndez, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la “tortura es generalizada en México” y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia. Sin embargo, a fines de marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto criticó públicamente al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México. En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex Procurador General Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch. En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una unidad dedicada a casos de desapariciones. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial. La nueva Procuradora General, apuntó HRW, debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones. La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR, sostuvo HRW. Human Rights Watch también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22.000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas.
La procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El reportaje de la matanza de 16 civiles en Apatzingán el pasado 6 de enero, de la periodista Laura Castellanos y divulgado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univision, vuelve a evidenciar un patrón de conducta del Estado mexicano: ejecuciones sumarias, alteración de la escena del crimen, manipulación de dictámenes periciales, exculpación de los miembros de las fuerzas públicas, incriminación de civiles y pretendido fin del expediente. En hechos anteriores la Procuraduría General de la República (PGR) tenía vías para eludir su responsabilidad, porque siempre habían sido otros ministerios públicos los actuantes en primera instancia. En Tlatlaya, la Procuraduría del Estado de México; en Iguala, la de Guerrero; e incluso en los asesinatos cometidos directamente por efectivos del Ejército: los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el de Jorge Otilio Cantú y el de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, que fueron atendidos por las procuradurías estatales y la militar. Pero en el caso de Apatzingán, desde el primer momento fue la PGR la que participó en las investigaciones y los detenidos fueron remitidos directamente a su delegación en Morelia, así que no pueden culpar a ninguna otra instancia de la deficiente integración de la averiguación previa. Por ello es aberrante que “el gobierno de la República” haya solicitado a “la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos ocurridos en Apatzingán…”, como informó el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes 20, tras la difusión del reportaje. Como en los anteriores casos, las primeras denuncias no fueron suficientes para mover al gobierno federal de la ruta trazada. Cuando las evidencias se hicieron contundentes y se difundieron ampliamente, no tuvieron más alternativa que atenderlas. Una semana después de la masacre, Francisco Castellanos, corresponsal en Michoacán de este semanario, ya había dejado constancia de que la versión de los lugareños contradecía la del comisionado Alfredo Castillo (Proceso 1994), pero el gobierno simplemente pretendió ignorar la publicación, con la esperanza de que pasara inadvertida y el tema se olvidara. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió y la reiteración de la misma, con mayores elementos, lo obligó a reaccionar. La respuesta del gobierno federal obedece al mismo patrón: cuando los medios evidenciaron los excesos de las Fuerzas Armadas o de los policías federales, el gobierno inició la integración de expedientes. Pero en los casos anteriores, asignarle las investigaciones a la PGR parecería lógico, pues no había participado en las averiguaciones previas. En este caso la procuraduría tendrá que reabrir los expedientes y de paso investigar a sus propios agentes, pues fueron ellos quienes, por complicidad o incapacidad, exoneraron a los policías federales, así que difícilmente podrían llegar a conclusiones distintas en estos momentos. Incluir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal casi parece una burla, pues remite nuevamente al eterno conflicto de la administración pública mexicana: encargar la investigación y eventual sanción de las conductas irregulares a compañeros de trabajo de los presuntos infractores, quienes además dependen del mismo jefe, con lo cual éste se encarga de protegerlos, sobre todo porque en la mayoría de los casos él también estuvo implicado o informado y, por lo tanto, tiene algún tipo de responsabilidad. Para intentar evitar esta aberración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir su recomendación al gobierno de Puebla por el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie a raíz de las lesiones que le ocasionó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, exigió que se designara un fiscal especial sin dependencia del procurador estatal. El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, cumplió formalmente la recomendación, aunque en los hechos la burló, pues designó responsable a un funcionario de la misma dependencia, con lo cual en la práctica seguía dependiendo del procurador. “El gobierno de la República” (para mantener el eufemismo del secretario de Gobernación) repite la fórmula que actualmente mantiene sin determinación los presuntos conflicto de interés en los cuales incurrieron el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda y ahora el secretario de Gobernación: que sea un subordinado del investigado quien lo investigue. Remiten el caso (en el conflicto de interés, al flamante secretario de la Función Pública; en éste, a la nueva titular de la PGR) con la instrucción de construir una explicación jurídica suficientemente sólida que permita exonerar a los responsables y respaldar la versión oficial. Esta acción les permite argumentar, en caso necesario, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos que las denuncias públicas presentadas se están investigando y en caso de encontrarse responsabilidades, los servidores públicos recibirán las sanciones que establece la legislación. Pero como las respuestas son políticas y los casos requieren réplicas jurídicas, los hechos y las evidencias difundidas por los medios son tan contundentes que impiden a los responsables de resolverlos lograrlo, por lo que los expedientes permanecen abiertos y se acumulan uno tras otro. Ninguno de los casos mencionados en este texto ha sido resuelto, todos se encuentran en proceso y desde luego éstos no son los únicos pendientes.
La gravedad de los asuntos, las respuestas cada vez más ineficaces y aberrantes del gobierno y su impacto en la opinión pública amenazan cada día más la gobernabilidad e impiden cualquier repunte económico del país. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso que no logra romper y que cada día se agudiza más. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ.
MÉXICO, D.F: El rosario de mentiras –y delitos– comienza desde el sobre que recibe el ciudadano en su domicilio: “Para afiliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”. Pero a menudo el ciudadano que recibe la correspondencia no sólo no es afiliado a ese partido, sino que repudia las prácticas tramposas y delincuenciales de sus dirigentes, como usar sus datos personales y afiliarlos sin su consentimiento. El engaño –y el delito— continúa cuando el ciudadano abre el sobre y se encuentra con una tarjeta de plástico con su nombre que, denominada “Premia Platino” y con el emblema del PVEM, ofrece descuentos y bonificaciones de dinero en “más de 9 mil negocios participantes”. Los descuentos de entre 5% y 10% son en las tiendas Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego –cuya hija Ninfa es senadora del PVEM–, y en ópticas Devlyn, mientras que Sears, Chedraui y Farmacias del Ahorro –cuyo dueño es el tío de Jorge Emilio González Martínez, cacique de ese partido– ofrecen bonificaciones en monedero electrónico de entre 10% y 30%. Es engaño –y delito– porque aun cuando, desde el 10 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió al PVEM dejar de emitir esas tarjetas y a los establecimientos dejar de hacer efectivos los descuentos y bonificaciones, porque “transgrede disposiciones de la normativa electoral”, las tarjetas siguen llegando a los domicilios. No sólo eso: Los supuestos afiliados al PVEM reciben el sobre con la tarjeta platino, ya en plenas campañas, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que más bien ha solapado a ese partido— lo multó por esa razón con 3.9 millones de pesos. Aunque Farmacias del ahorro, por ejemplo, ya no otorga bonificación de 30% en “monedero del ahorro”, desde que el INE lo prohibió, otros establecimientos siguen otorgando descuentos y bonificaciones. Yo mismo lo comprobé: Usando la tarjeta “Premia platino” que le llegó a un familiar, el sábado fui a una sucursal de Farmacias y me dijeron que desde hace dos meses (sic), “por disposición del INE”, ya no otorgaban ningún tipo de descuento con ese instrumento del PVEM. Hoy lunes hablé al Centro de atención a clientes de “Premia Platino” y la persona que me atendió me confirmó que, después de las elecciones, en todos los establecimientos podrá gozarse de los descuentos, pero “por ahora” la promoción es sólo en las tiendas de autoservicio Chedraui. –¿En Chedraui sí sigue la promoción? –Sí. Por cada 500 pesos de compras le bonifican 50 pesos en efectivo– aseguró la operadora, aunque en la publicidad que recibe el ciudadano “afiliado” al PVEM la bonificación es de sólo 5%. Y, en efecto, así es: El propio PVEM ha difundido que, tras las elecciones, podrán reclamarse los descuentos y bonificaciones prometidas. Este solo caso sería suficiente para cancelarle el registro al PVEM: No sólo viola la Ley de Protección de datos personales y la ley electoral, que prohíbe la propaganda en medios que no sean textiles, sino que es reincidente. Más aún: Estas tarjetas son un mecanismo de compra y coacción del voto, como los son también los paquetes de útiles escolares entregados en mochilas, todas con membrete del PVEM. Hasta ahora el PVEM acumula en cuatro meses 11 multas por un total de 188 millones de pesos por constantes violaciones a la Constitución y a diversas leyes, suficiente para que se le cancele el registro. Pero los dirigentes de este partido hacen lo que hacen porque son, en realidad, una asociación delictuosa que se sabe impune.
Sabiendo esto, el que vote por el hatajo de criminales del Partido Verde no es víctima, es cómplice… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).
MÉXICO, D.F: Esta mañana fueron exhibidos dos nuevos videos que demuestran la estrecha complicidad entre Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo, y el capo Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.
El programa Primero Noticias, de Televisa, presentó dos nuevos videos de Vallejo. En uno de ellos se observa cómo Vallejo usaba su influencia para entrar y salir, sin registrarse, del área de detenciones preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Rodrigo Vallejo y sus acompañantes no fueron revisados por los custodios a cargo de la seguridad ni firmaron el libro de registro. El hijo del exgobernador entró a un cuarto donde habló durante ocho minutos con una persona detenida. En otro video, Vallejo fuma un cigarro y bebe whisky con “La Tuta”. Los acompañan un hombre y una mujer. Los presentes se carcajean y brindan juntos. En un punto de la conversación, “La Tuta” pregunta a Vallejo: “¿Si llega a faltar tu papá, que sigue?”, en alusión a la enfermedad de hígado que aquejaba al entonces gobernador de Michoacán. Rodrigo Vallejo responde: “Jesús (Reyna) (…) no es porque me cae bien, ni lo quiero, sino que simplemente es una persona que se ha ganado”. La semana pasada, el programa “Punto de partida”, conducido por la periodista Denise Maerker y producido por Televisa, publicó otro video de Vallejo con “La Tuta”. En él, el capo en reiteradas ocasiones le pide a Rodrigo Vallejo mandarle mensajes a su padre: “Pero dile a tu papá que le conviene traer a Chucho Reyna”, “Yo le mando un video a tu papá con mucho respeto. Si tú tienes la confianza dile por favor que se lo diga”, “Dile a tu papá y es serio que si quiere saber de algún culero que no lo ubique que me den el número de teléfono para que vayan por él y así”.
El pasado once de abril, Rodrigo Vallejo fue liberado del Centro de Readaptación Social de Almoloya, después de difundirse videos y fotografías de sus reuniones con “La Tuta”. El hijo del exgobernador de Michoacán pagó una fianza de siete mil pesos.
El informe que el CIDE entregó al presidente Peña Nieto sobre el estatus de la justicia cotidiana no plasma un escenario nuevo o desconocido, en realidad es un sistema que siempre ha funcionado así: sin resolver los problemas de la ciudadanía.
Que los ciudadanos no cuenten con un sistema de justicia que les permita resolver problemas cotidianos como el conflicto con un vecino, un despido injustificado o un divorcio no es algo nuevo, pues en realidad, no existen registros en la historia moderna del país de un sistema de justicia eficaz. Por eso el diagnóstico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) que recibió este lunes el presidente Enrique Peña Nieto sobre cómo la justicia es lejana para los ciudadanos no se enfoca en cómo es que México llegó al punto en que las instituciones de justicia son poco eficaces y lejanas de la sociedad, sino en cómo nunca hemos estado en otro punto. “Es la historia de siempre y de los pocos estudios que hay, desde los años 60 se presenta el mismo panorama. Hoy es más visible la falta de justicia porque tienes mucho más gente viviendo en ciudades, la población es mayormente urbana y cuando tú estás ya en estos contextos la demanda de justicia es mucho mayor. Al mismo tiempo hay más instituciones, pero nunca hemos podido lograr que la gente vea como algo viable o posible que se resuelva un conflicto en este sistema de justicia”, dijo en entrevista Sergio López Ayllón, Director General del CIDE. El informe de Justicia Cotidiana hace énfasis en la responsabilidad de los gobiernos estatales, pues el eslabón más débil de la cadena está en los poderes judiciales locales no sólo por la falta de capacidad para atender los conflictos de los ciudadanos sino porque son débiles dese el presupuesto. “Te doy un dato: el poder judicial federal tiene un presupuesto de 52 mil millones de pesos. El poder Judicial del DF que es el más grande de los poderes judiciales locales tiene 4 mil millones de pesos. ¿Esto a qué nos lleva? el grueso de los conflictos se ha atendido históricamente en sistemas que reciben la menor parte proporcional del presupuesto”. El presidente Peña Nieto reconoció este lunes 27 de abril el problema y dijo que “cuando la justicia formal es inaccesible o poco útil, se generan espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso”. Según el mandatario federal, la falta de acceso a la justicia es un mal que ha estado presente en “la vida de los mexicanos por varias décadas” y eso implica un “desafío estructural en materia de justicia cotidiana”. “En la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados. No obstante su vital importancia, la justicia cotidiana está hoy rezagada y, hay que reconocerlo, olvidada. Y en muchos de los casos, rebasada”, dijo Peña Nieto. Al respecto, López Ayllón dijo que el principal problema de la justicia en México es que la responsabilidad sobre su incumplimiento “le toca a todos y a nadie”. “Ciertamente los poderes judiciales tienen un papel muy importante. Pero también las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Contenciosos y todos los actores que hay en medio. ¿En manos de quién está la defensoría pública?, varía de estado en estado. En algunos en Poder Judicial y en otros en Secretarías de Gobierno. Por eso decimos que es un sistema fragmentado y parte fundamental del problema es que no puedes apuntar a un responsable único por la falta de justicia y sus problemas”. La propuesta del CIDE en ese sentido es crear una instancia de coordinación en la que se llegue a acuerdos políticos pero, sobre todo, que fije responsabilidades puntuales en caso de una mala labor en garantizar el acceso a la justicia y cree mecanismos de operación. “Un mecanismo que asegure estabilidad financiera a los poderes judiciales locales, una Escuela Nacional de Jueces que permita capacitarlos, uno para tener mejores herramientas de gestión de expedientes judiciales o para mejorar mecanismos de disciplina judicial”, dijo López Ayllón. El director general del CIDE reconoce que el informe que entregaron a Peña Nieto es abstracto y su puesta en marcha no es tarea fácil, pero la clave está en empezar con cuestiones prácticas y casos concretos.
Por ejemplo, una de las propuestas del CIDE es promover la justicia itinerante: “localidades o pequeñas poblaciones en las que cada ocho días llegue un juez con un mediador y les ayude a resolver sus problemas cotidianos. Eso generaría certidumbre de que hay un estado que se preocupa y ocupa de procedimientos sencillos para disputas menores”. INFORME. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
A diferencia del ciudadano común, los congresistas en México no están obligados a rendir cuentas por su trabajo y nadie evalúa su productividad. En plena época de austeridad, estos funcionarios reciben onerosos sueldos a costa del erario.
Con salarios y prestaciones de miles de pesos al mes, los diputados de congresos locales representan una erogación de millones para el erario de las entidades, muchas de ellas con altos índices de marginación a pesar de su discurso de austeridad. En algunos estados, los diputados locales perciben un salario mayor incluso al de los diputados federales. En el “Diagnóstico del Parlamento Abierto en México”, un estudio realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por organizaciones como Fundar, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Borde Político, Transparencia Mexicana, y otras que trabajan en el tema legislativo y de rendición de cuentas, se desglosa el costo de los congresos locales para cada estado. El análisis muestra que los congresos más caros para sus estados, no siempre son aquellos de los estados más poblados o con un mayor nivel de desarrollo en el país. Jalisco, el Congreso que más paga a diputados Los congresistas de la Cámara de Diputados perciben una dieta de 74 mil pesos mensuales; esto, sin contar los apoyos que reciben para Atención Ciudadana y Ayuda Legislativa. En promedio, el ingreso promedio de los mil 136 diputados locales de todo el país es de 63 mil 167 pesos al mes, solo por concepto de su dieta. Se podría pensar que los ingresos de los diputados locales son menores a los de legisladores federales. En algunos casos no es así. Los diputados locales mejor pagados están en el Congreso de Jalisco, donde cada uno de los 39 cobra una dieta de 110 mil 809 pesos al mes, un 75 por ciento más de la media nacional. El Congreso jalisciense invierte, al mes, 4 millones 321 mil 551 pesos solo en cubrir la dieta de sus legisladores, sin contar otros apoyos con los que cuenten. En segundo lugar se encuentra el Congreso de Guanajuato, que paga a cada uno de sus 36 diputados una dieta de 107 mil 272 pesos al mes, un total de 44 mil 105 pesos más que el promedio. El tercer lugar lo ocupa el Congreso de San Luis Potosí, con una dieta mensual de 95 mil 257 pesos al mes que otorga a sus 27 diputados. El cuarto lugar de los diputados locales mejor pagados lo ocupa el Congreso de Zacatecas, que eroga 95 mil pesos al mes para cada uno de sus legisladores. En la quinta posición se encuentra el Congreso de Baja California Sur, que paga 88 mil pesos mensuales a los diputados. Contrario a estos Congresos, se encuentran también aquellos con una remuneración menor al promedio nacional. El órgano legislativo que menos paga a sus diputados es el de Tlaxcala, donde apenas reciben una dieta de 26 mil 327 pesos mensuales, que representa un 41 por ciento de la media nacional. El Congreso de Tlaxcala cuenta con 32 diputados en funciones. En segundo lugar como uno de los congresos más baratos se encuentra el de Yucatán, donde cada uno de sus 25 diputados percibe 35 mil 095 pesos al mes. Le sigue el Congreso de Oaxaca, que eroga mensualmente 42 mil pesos para cada uno de sus 42 diputados locales. Se ubica después el Congreso de Sinaloa, que paga 42 mil 463 pesos al mes a sus 40 legisladores. Y el Congreso de Baja California entra dentro de ese rango, pues ahí se paga 44 mil pesos a sus 25 diputados. Los parlamentarios de otros congresos importantes en México se ubican en los alrededores de la media. En el Congreso de Nuevo León, por ejemplo, la paga es de 79 mil 956 pesos al mes. En el Estado de México alcanza los 75 mil 166 pesos. Y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de 51 mil 776 pesos mensuales. BCS, el Congreso más caro para los ciudadanos La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso del Estado de México son los más onerosos, con un gasto de más de mil 500 y mil 400 millones de pesos al año, respectivamente. Sin embargo, al tomar en cuenta sus presupuestos y el número de sus habitantes, el costo per cápita se reduce a 172.66 y 98.21 pesos al año, respectivamente. El costo promedio per cápita de los 32 congresos locales es de 132.17 pesos anuales. Con base en esa medición, la información revela que el congreso más caro del país es el de Baja California Sur, donde cada uno de sus ciudadanos paga 275.51 pesos al año por mantener a su Poder Legislativo en funciones. Ese gasto representa el 108 por ciento más de la media nacional. Más del doble de gasto. En segundo lugar se encuentra el Congreso de Sonora, cuyos ciudadanos erogan 260.63 pesos anuales para financiarlo, un 97 por ciento más que el promedio de todo el país. También, casi el doble. El tercer congreso más caro es el de Quintana Roo, que cuesta 255.69 pesos al año a su población. Le sigue el Congreso de Campeche, que cuesta 246.03 pesos anuales a sus ciudadanos. En el quinto lugar como el Legislativo local más caro está Baja California, con una erogación de 221.04 pesos por cada bajacaliforniano. Del otro lado de la balanza se encuentran los congresos más baratos para sus ciudadanos. El primer lugar en esa categoría lo ocupa el Congreso de Puebla, donde sus ciudadanos pagan apenas 28.86 pesos al año. Le sigue Tamaulipas, con un costo de 39.68 pesos anuales. En tercer lugar se ubica el Legislativo de Hidalgo, para el que los pobladores erogan 42.55 pesos al año. El Congreso de Chiapas también es de los más baratos, con apenas un costo de 49.06 pesos anuales. Y aunque se trata de uno de los estados con más desarrollo del país, el Congreso de Nuevo León es el quinto más barato de México, pues sus ciudadanos gastan 65.11 pesos al año para brindarle un Congreso local; esto es un 50 por ciento menos que el promedio nacional.
Sin justificarse, altos ingresos Rodrigo Ramírez, investigador de Borde Político, una de las organizaciones que presentó el estudio, consideró que los ingresos de un legislador podrían justificarse si su trabajo se reflejara en mejores condiciones de vida para la sociedad, cuestión que pocas veces ocurre. “Los ingresos de la ciudadanía jamás llegan ni se acercan a los de estos estados y hay resultados catastróficos. Es muy difícil asimilar el salario de un legislador cuando no sabemos ni siquiera si se lo está ganando o no. “Nosotros, la ciudadanía, creemos que en este caso los legisladores tienen un presupuesto muy elevado que no se ve reflejado en la realidad nacional, por eso vemos estos índices tan bajos de confianza hacia nuestros legisladores”, afirmó en entrevista. Además de una deficiente rendición de cuentas, en realidad poco se sabe sobre el trabajo de los congresos locales, que no dejan ver si el Poder Legislativo de un estado vale lo que cuesta. “Si se hiciera efectivo este gasto, en las noticias veríamos que el Congreso de Baja California Sur, el congreso más caro, está trabajando en tal y tal y tal reforma, que se están consolidando mejores mecanismos de representación política, que hay mucho mayor acercamiento con la ciudadanía, mayor transparencia. Pero en realidad vemos estados que, en lo general, no tienen lo que un parlamentario debería tener”, apuntó Rodríguez. Para Guillermo Ávila, investigador del capítulo legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y quien también colaboró en la elaboración del diagnóstico, llamó la atención sobre el hecho de que son los propios legisladores quienes imponen y regulan sus salarios y prestaciones. “En un país tan desigual como México, que haya salarios tan altos y en algunos casos ganan el doble de otros, y parece que no tiene relación necesariamente con el ingreso bruto de cada estado, ni con el nivel de población; entonces, es un problema que no haya información sobre en qué momento y por qué razón los congresistas, ya sea locales o nacionales, decidan. “Los congresos son soberanos, deciden sobre su propio gobierno, sobre su administración interna y, en ese sentido, faltan mayores contrapesos que no vengan solamente del Ejecutivo, sino por parte de los grupos ciudadanos”, comentó. La mejor forma de hacer que un congreso haga valer la inversión de sus ciudadanos en él, apuntó, es acercándose más a la ciudadanía para mejorar la calidad de sus decisiones. “En principio, tendría que ser más transparente, más abierto, en el sentido no solo de transparencia sino de la disposición de que los grupos ciudadanos puedan incluso visitar el congreso, pero sobre todo, participar en la toma de decisiones. “Que el trabajo de los legisladores se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, en reducir la desigualdad, en mejores servicios, en fortalecer los derechos humanos, en mayor control sobre el poder Ejecutivo; y para eso todavía falta un trecho”, expresó.
Para ambos expertos, medir la productividad de los congresos no puede hacerse solo revisando el número de iniciativas o de decretos que se aprueban, sino sobre la incidencia que ellos tienen en la vida de los ciudadanos. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: El PRI encabeza las preferencias electorales para la renovación de la gubernatura de Guerrero, con 33.3 por ciento de la votación. El PRD está en segundo lugar, con 24.8 por ciento de las intenciones de voto. El tercer lugar es para Movimiento Ciudadano, con 5 por ciento, seguido del PAN, con 4.30 por ciento. El Movimiento Regeneración Nacional tiene 2.50 por ciento de intenciones de voto. El periódico El Universal publicó una encuesta este martes sobre las preferencias electorales en dicha entidad. No obstante, el diario aclara que, por la inseguridad, su estudio no pudo ser aplicado en nueve municipios de la entidad, que comprenden el 9 por ciento de la muestra.
En la encuesta, el 41 por ciento de los consultados declararon no simpatizar por algún partido político. El PRI es el instituto político con más seguidores, con 20.6 por ciento, seguido del PRD, con 11.6 por ciento. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobierno de Estados Unidos extendió su alerta de viaje a los municipios de Nezahualcóyotl, Coacalco, Ecatepec, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca. Estados Unidos recomienda a sus habitantes no visitar dichos municipios si no es estrictamente necesario. El gobierno estadunidense alerta respecto al Estado de México: “Muchas áreas del estado tienen altos niveles de delincuencia y la inseguridad, los grupos delictivos organizados han ampliado sus actividades a partir de los estados de Guerrero y Michoacán, y también hay altos niveles de delincuencia callejera”. Los municipios mencionados colindan con las delegaciones del Distrito Federal Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac. En un comunicado emitido el pasado 16 de abril, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses del riesgo de viajar a varios puntos de 20 entidades mexicana.
Los únicos estados mexicanos excluidos de esa lista fueron: Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron este lunes un acuerdo de procedimientos para que una misión de visitantes extranjeros examine el proceso electoral del próximo 7 de junio. Durante la ceremonia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que a 40 días de los comicios el proceso avanza pese a las complejidades y obstáculos. “Pretender impedir el desarrollo de los procesos electorales es un fenómeno que el Instituto Nacional Electoral, de la mano de otras instituciones del Estado (…) se está sorteando exitosamente hasta este momento”, destacó. También recordó las observaciones que la OEA hizo tras la elección presidencial de 2012, en especial “la importancia de evitar que la disponibilidad de recursos financieros alterara la equidad de las contiendas”. En ese informe, añadió, alertaban sobre la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y consolidar en la ley los mecanismos de equidad entre los géneros. Y aseguró que esas inquietudes forman parte de las nuevas reglas electorales en el país y están siendo aplicadas por primera vez en este proceso. El consejero presidente resaltó que en algunas zonas del país se ha pretendido obstaculizar el proceso electoral, con la finalidad de obtener solución a problemas estructurales que no corresponden ni al ámbito de la autoridad electoral y que tampoco podrían ser resueltas solamente mediante el ejercicio del sufragio. Por su parte, Laura Chinchilla, jefa de la misión de la OEA en México, destacó que el país “tiene la gran oportunidad de presentarle al mundo una serie de reformas bastante revolucionarias en materia electoral”. La expresidenta de Costa Rica precisó que los objetivos centrales de la misión son monitorear y fiscalizar el proceso electoral con base en los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos. Tras ello, agregó, la misión realizará un informe general. “Sobre la marcha estaremos trasladando esto a las autoridades mexicanas y al final estaremos brindando los informes pertinentes para que con ellos se puedan nutrir los ajustes. El tamaño de la misión no lo hemos resuelto. Esta misión de avanzada busca medir las dimensiones del reto que tenemos por delante y será observada por muchas naciones interesadas en el resultado de la misma y por especialistas con una gran solidez que vendrán a verificar la mecánica del voto”. Sobre las entidades donde podría haber riesgos electorales para la misión por cuestiones de inseguridad o conflicto social, Chinchilla destacó que se trata de regiones muy reducidas en comparación con las secciones electorales que tiene todo el país.
“De manera que no vemos que se vaya a afectar nuestro trabajo, y por lo demás estamos viendo un trabajo muy importante de organización y de procurar las garantías de manera coordinada entre las autoridades electorales y las autoridades gubernamentales, así que esperamos que no haya problemas, pero lo más importante es que tampoco se vea afectado el ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos”, indicó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El diputado exigió al SAT que investigue el supuesto perdón fiscal –por más de 14 millones de pesos– que el Gobierno de Padrés otorgó al actual candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad.
Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pidió que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice una investigación sobre el supuesto perdón fiscal que se otorgó al candidato panista a la gubernatura de Sonora, en lo que calificó como los “nuevos moches”. Beltrones, quien también coordina a la bancada priista en la Cámara Baja, señaló que debe terminarse la discrecionalidad con la que los gobernadores condonan impuestos. “De resultar esto un hecho real, amerita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revise, en sus términos, lo que son los convenios de coordinación fiscal que permiten que algunos estados, discrecionalmente, lleven a cabo estos perdones fiscales a sus amigos, a sus socios o a sus favoritos. “Lo cual vendría –en el caso de no detenerse a tiempo esta facultad discrecional, de llevar a cabo autocorrecciones o ajustes en los impuestos que deben pagar obligatoriamente todos los mexicanos– a que se instaurase lo que podría ser un nuevo ‘moche fiscal’ sobre lo que está aconteciendo en algunos estados de la República, en específico en el estado de Sonora”, expuso el líder priista en conferencia. Según una investigación del diario Reforma, el Gobierno de Sonora “perdonó” impuestos a 41 empresas cercanas al gobernador Guillermo Padrés, incluyendo un adeudo por más de 14 millones de pesos a Javier Gándara, el candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad. Al propio Padrés, se le “perdonaron” casi 15 millones de pesos en impuestos. La omisión de impuestos se realizó bajo el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que se firmó con el Gobierno federal; se llegó a esa determinación tras simular auditorías. Beltrones sostuvo que el esquema de los convenios de coordinación fiscal debe realizarse siempre en acompañamiento con el Gobierno federal, de tal manera que no se cometan arbitrariedades en el cobro de impuestos de manera selectiva. En el futuro, comentó el legislador, ninguna entidad federativa debe hacerlo de forma discrecional para evitar que el pago de impuestos se realice de forma selectiva. “El Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligado a hacer una investigación sobre una denuncia tan grave como la que ha acontecido alrededor de que hay favoritos a los que se les condonan los impuestos en algunas entidades de la República con auditorías amañadas. “Insisto, esto coloquialmente podría denominarse ‘los nuevos moches fiscales’ y esto no se puede permitir. En México todos estamos obligados a pagar impuestos”, dijo. En época electoral Antes de que comenzara la campaña del actual proceso electoral, políticos panistas han sido acusados de pedir dinero o “moches” a cambio de la asignación de recursos para la construcción de obras en algunas partes del país. Una vez comenzada la campaña, el PRI utilizó el asunto para lanzar ataques contra el PAN. Incluso, se creó el hashtag #LosMochesDeLosMochos para denunciar esta práctica en el proceso electoral.
Al finalizar, Beltrones alertó sobre la posibilidad de que los “moches fiscales” puedan constituirse en algo cotidiano en algunos estados del país. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Antes del violento desalojo en El Fraile I, comuneros de La Ventura aceptaron dejar sus tierras para la construcción de un fraccionamiento porque Jaime Rodríguez se comprometió a regularizarles su nuevo asentamiento... llevan ocho años esperando.
Para los habitantes de la comunidad La Ventura, ubicada en el municipio de García, la palabra de Jaime Rodríguez tiene poco valor. Hace 8 años el ahora candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León hizo un compromiso con estas personas. “El Bronco” se comprometió a regularizar sus tierras, a cambio de que aceptaran el plan de reubicación propuesto por la constructora Casas Javer para vivir en un nuevo asentamiento en este municipio metropolitano de Monterrey. El propósito del entonces director de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León era liberar los terrenos donde vivía la gente de La Ventura desde hace más de 30 años para que la empresa Javer –propiedad de Salomón Marcuschamer- construyera el fraccionamiento Valles de Lincoln en García. Ellos confiaron en la palabra del ahora aspirante a la gubernatura de Nuevo León. Pero 8 años después viven peor que antes: en un terreno mucho menor que el que tenían y sin ninguna escritura que legalmente respalde su nuevo patrimonio. “El ingeniero Jaime Rodríguez vino y nos prometió que en tres meses iban a estar las escrituras. Era algo sencillo: tierra por tierra. Ten y dame”, recuerda Genaro García, uno de los afectados. “Ya pasaron 8 años y sólo hemos tenido del señor puras evasivas. Hoy estamos peor que como estábamos antes”. Como director de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos de Nuevo León, Rodríguez fue el responsable de liberar el derecho de vía para la ampliación de la avenida Lincoln hasta el centro del municipio de García. El expriista también se involucró en las negociaciones de compra-venta entre empresas inmobiliarias con los propietarios y posesionarios de los terrenos ubicados a un costado de la nueva vía. Por la vía violenta... Reporte Indigo publicó ayer la denuncia de habitantes de la comunidad El Fraile I, que aseguran que cuando fue alcalde de este municipio, “El Bronco” formó parte del plan que ejecutó una constructora para despojarlos de manera violenta de sus tierras. Tras dos años de litigio, los afectados lograron que un Juez los acreditara como dueños legítimos y obligó a la empresa Javer a indemnizarlos y reubicarlos en otra zona. En la investigación las autoridades judiciales encontraron culpables a seis policías municipales por el delito de abuso de autoridad y despojo de bienes. A diferencia de la gente de El Fraile I, los comuneros de La Ventura aceptaron dejar sus tierras por “las buenas”, a cambio de una reubicación, pero principalmente por la posibilidad de tener escrituras por primera vez en sus vidas. Hoy, la gente de la comunidad de La Ventura señala al candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León como el responsable de la situación irregular que enfrentan actualmente por no tener escrituras. “Es Jaime Rodríguez Calderón el que tiene todo parado aquí”, dice Teodoro Oviedo Cerda, otro de los afectados de La Ventura. “En García todos sabemos que es Jaime quien dice lo que se hace”. Para concretar la regularización de la tierra de los habitantes de La Ventura, se formó la empresa inmobiliaria Las Láminas, vinculada a la empresa Javer. Los afectados aseguran que ya no existe legalmente. “¿A quién recurrimos ahora?”, se preguntan. La zona del municipio de García donde viven actualmente los reubicados de La Ventura aparece en los planos de desarrollo urbano como área verde municipal. No tiene servicios públicos y se llega a través de un camino de terracería en malas condiciones. “Nosotros no nos oponemos a la urbanización”, aclara Oligario Ortiz, presidente de la asociación de afectados de esta comunidad. “Nuestra inquietud es por qué ha pasado tanto tiempo y por qué tantas promesas. “Si en realidad sólo era una firma, el Municipio nos iba a ayudar con la firma para que nosotros pudiéramos escriturar individualmente”. Por la vía pacífica a cambio de tierra En las negociaciones los comuneros de La Ventura aceptaron entregar el 35 por ciento de sus predios originales con la excusa de que eran para áreas verdes y vialidades del fraccionamiento Valle de Lincoln. A cada uno se le entregaron dos lotes en el fraccionamiento y el resto en un predio pegado al cerro. Hoy esas áreas verdes han sido vendidas por colaboradores del actual candidato a la gubernatura de Nuevo León que trabajan en el Municipio de García. Hay un dato curioso. La mayoría de los afectados por La Ventura votaron a favor de Jaime Rodríguez –con la promesa de la escrituración- en las elecciones por la alcaldía de García en el 2009. “Votamos por él con la promesa de que nos iba a ayudar con la regularización”, dice Genaro García, vecino de esta comunidad. “Pero cuando él estuvo como alcalde nos puso un montón de trabas… que porque fulano todavía no arreglaba, que porque fulano le faltaba… jamás vimos una respuesta. “Hoy van 8 años y ahorita se quiere postular para gobernador. ¿Qué podemos esperar de él? La gente que no lo conoce cometerá el peor error de su vida si vota por él”. -¿No votarás por él? “Ni aunque me pague. Si eso hizo con una pequeña comunidad, qué no hará con todo el Estado. ¿A qué le tiramos con un gobernador como él?”.
En García, a Jaime Rodríguez se le involucra también en otro despojo ocurrido en su administración como alcalde en la comunidad de El Palmital, donde incluso un ingeniero resultó muerto durante un enfrentamiento con militares. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dio a conocer hoy su informe anual sobre los ataques a la prensa en el que figura México, como uno de los países del mundo con mayores riesgos para los comunicadores por asuntos vinculados con organizaciones criminales. En 2014, detalló, en América Latina, Paraguay registró la muerte de tres periodistas en el ejercicio de su profesión el mismo número que en México, por dos en Brasil. Según el documento difundido en la ciudad de Nueva York, el enfrentamiento entre grupos terroristas y gobiernos ha convertido a estos últimos años en los más peligrosos para los periodistas. “Desde ciberseguridad hasta seguridad física, los desafíos que enfrentan los periodistas hoy son más complejos que nunca, y vienen de lugares tradicionalmente calientes como Medio Oriente, África y América Latina así como de países comparativamente estables en Europa, Asia y América del Norte”, afirma en el prólogo Christiane Amanpour, periodista de CNN. Según Amanpour, la amenaza más grande no es uno o dos individuos ni está confinada a un determinado país o año. “Una batalla por la información está en curso en el mundo y está evolucionando en modos extremadamente peligrosos, Lo único constante, como siempre, es que los periodistas están en el frente de batalla”, agregó. Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, afirmó por su parte que “los periodistas están atrapados en una dinámica de terror”, amenazados por actores no estatales y con limitaciones en sus derechos civiles, incluida la libertad de prensa por parte de los gobiernos. Los 60 asesinatos confirmados de periodistas extranjeros perpetrados por el Estado Islámico en Siria e Irak contribuyeron a convertir a 2014 en uno de los años más mortíferos para esta profesión, subrayó el organismo. “Algunos periodistas son secuestrados o asesinados por grupos militantes mientras otros son vigilados, censurados o detenidos por gobiernos que buscan responder a esa amenaza, real o percibida”, señaló el CPJ.
La semana pasada, el organismo publicó un informe con los 10 países con más censura en el mundo. La lista es encabezada por Eritrea, Corea del Norte y Arabia y Cuba figura en el décimo lugar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
.jpg)
