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Muere Alejandro Bautista, uno de los activistas detenidos el 2 de octubre de 2013

MÉXICO, D.F: El activista y comediante Alejandro Bautista Peña, dirigente del grupo En defensa de Cuatlicue, falleció hoy en su domicilio de San Andrés Totoltepec, aparentemente de causas naturales.

Hasta ayer, Bautista había participado en el llamado “Plantón por los 43”, que acampa en el Paseo de la Reforma frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se exige también la libertad de dirigentes sociales presos y de los detenidos en distintas marchas de esta ciudad.

Comediante del género conocido como stand up, Alejandro Bautista participó en pequeños papeles de diferentes películas, principalmente de la India María, hasta que hace unos siete años inició un movimiento en los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México para denunciar despojos de tierras por parte de constructoras e inmobiliarias.

El deceso fue confirmado por Cristina Bautista, hermana del activista. Luego de programar diferentes actividades para hoy, Alejandro se quejó de un dolor en su brazo izquierdo, se recostó y momentos después fue encontrado por su familia sin vida.

Bautista Peña, de 45 años, fue uno de los detenidos en la marcha del 2 de octubre de 2013 que derivó en una violación tumultuaria de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno capitalino. En su caso, fue torturado y confinado en el Reclusorio Norte

Durante un año, el activista social permaneció preso, enfrentando diferentes cargos, hasta que logró demostrar en un juicio de amparo, con los propios videos de las cámaras de vigilancia del GDF, que las imputaciones eran falsas.

Su caso fue retomado por diferentes colectivos de abogados, así como por el Comité Cerezo y, como ocurrió con los otros detenidos, se le consideró un “preso político”.

Desde la administración de Marcelo Ebrard, Bautista interpuso alrededor de 12 denuncias contra servidores públicos del Distrito Federal quienes, documentó, incurrían en diferentes delitos e ilicitudes, para apoderarse de tierras de pueblos originarios en Tlalpan y la Magdalena Contreras.

Entre esos juicios destaca uno que devino en la destitución y proceso penal contra el subdelegado de Tlalpan, Toribio Guzmán Aguirre o Guzmán Paz, que entre otras irregularidades se ostentaba con esos dos apellidos, con uno de los cuales enfrentaba diferentes órdenes de aprehensión.

Además, participó activamente en la oposición a la construcción de la Supervía y se solidarizó contra la instalación de un Walmart en San Pedro Mártir. Luego sería reprimido en la redada que la policía capitalina realizó extraterritorialmente en Teotihuacán, en enero de 2013, también en contra de dicha cadena de supermercados.

Su pequeño colectivo En defensa de Cuatlicue, dedicado a temas de defensa de la tierra y equidad de género, fue sometido desde 2011 a vigilancia de los cuerpos de inteligencia del gobierno capitalino y, a través de filtraciones a la prensa, se le identificó como un colectivo violento y, en ocasiones, como anarquista.

El 6 de noviembre, luego de 400 días de prisión, Bautista Peña fue puesto en libertad al ganar un amparo contra la sentencia de cinco años nueve meses que le impuso un juzgado capitalino. Ese día, el activista cumplió 45 años de edad.

En las semanas siguientes a su liberación se dedicó a participar en diferentes actividades por la libertad de Abraham Cortez, otro detenido el 2 de octubre de 2013 que permanece preso, así como de Jesse Alejandro Montaño “Jamspa”, entre otros capturados en marchas.

En enero pasado, al instalarse el “Plantón por los 43”, en las afueras de la PGR en Reforma, para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, Bautista Peña visitó casi a diario el campamento.

La semana pasada inició una serie de trámites para recuperar sus derechos políticos, suspendidos durante el proceso que enfrentó tras su detención de 2013.

El jueves anterior, Alejandro Bautista cuestionó el papel de Perla Gómez al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), debido a que jamás se pronunció por la probada tortura y detención ilegal de que fue objeto, a pesar de tener un expediente abierto de haber obtenido un amparo.


Tras difundirse su fallecimiento, defensores de derechos humanos, como Gerardo Espino lamentaron en redes sociales que el activista haya muerto sin acceso a la justicia ni a la correspondiente reparación del daño por su encarcelamiento y tortura, en tanto diferentes colectivos recordaron su trayectoria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

El 12 de mayo, la audiencia MVS-Aristegui: juez

Debe resolver si otorga a Aristegui una suspensión definitiva contra el intento de MVS de terminar, anticipadamente, el contrato que firmó con la periodista.

Un juez federal aplazó la audiencia del lunes 27 de abril, en la que escucharía a la periodista Carmen Aristegui y a los representantes de MVS; la nueva fecha que estableció para la misma, es el próximo martes 12 de mayo, a las 10 horas.

Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, atiende el amparo promovido por la periodista, con el que impugnó el intento de terminar, anticipadamente, el contrato que tiene con Noticias MVS, así como los lineamientos que dicha empresa fijó a sus conductores.

De acuerdo con el sitio web del diario Reforma, el juez notificó que el 12 de mayo será la nueva fecha para la audiencia, en la que debe resolver si otorga a Aristegui una suspensión definitiva, y cuáles serían sus efectos legales.

Pese a que el juez buscó una conciliación entre la empresa y la comunicadora, por lo que ordenó una reunión entre ambas partes el pasado 24 de abril, MVS impugnó y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que Silva se excedió al ordenar esa negociación, que quedó cancelada.

La Jornada apuntó que, en un acuerdo judicial publicado este martes en las listas del juzgado octavo de distrito en materia administrativa a cargo del juez, se menciona que el juzgador requirió tanto a Grupo MVS como a Aristegui que aporten todas las pruebas documentales antes de esa fecha para que no vuelva diferirse la audiencia.

En una nota de Alfredo Méndez, publicada este martes en dicho diario, se indica que MVS no había enviado sus informes previos justificados en los que deberá manifestar si son ciertos los actos reclamados por Carmen Aristegui.

En entrevista para La Jornada, el abogado civilista Xavier Cortina, socio de Javier Quijano Baz (ambos abogados de Carmen Aristegui), consideró que el juez Fernando Silva, hijo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, sí tiene posibilidades jurídicas de otorgar una suspensión definitiva a la periodista.

Cortina expuso que el principio fundamental de la suspensión de amparo es que se mantenga la materia del mismo. “La suspensión existe para que no se pierda la materia del amparo. El mayor ejemplo es el de la orden de fusilamiento: se pide la suspensión para que no me fusilen, porque una vez fusilado ya no habría materia para el amparo.

“En ese sentido, existe una serie de principios: la suspensión no procede sobre actos negativos, tampoco se puede conceder sobre actos consumados ni sobre actos futuros de realización incierta. Sin embargo, para que se conceda la suspensión, al juez le basta con determinar si existe el principio jurídico que en la doctrina se conoce como apariencia del buen derecho y el de la ausencia de la medida.

“Entonces: el juez tiene que analizar esos dos supuestos. ¿Cual es la situación de hecho existente en el caso de la señora Aristegui? Y aquí podría decirse: como Carmen ya no está al aire, estamos frente a un hecho consumado. Bueno, pero aquí cabe una acotación: ciertamente no está al aire hoy, no estuvo ayer ni estuvo antier, pero puede estar mañana. Es decir, a Aristegui no la pueden restituir respecto del tiempo pasado, pero sí la pueden reinstalar respecto del tiempo que le falta en su contrato.

En ese sentido, no es que la suspensión sea retroactiva ni restitutoria de garantías, sino que busca cuidar que no se pierda la materia del amparo, y para ello se requiere que a Carmen se le reinstale en lo inmediato en el espacio radiofónico que tenía de lunes a viernes en MVS, expuso el abogado al reportero del referido periódico.


En tanto, CNN informó que, paralelamente al juicio en curso, MVS solicitó que el juez Octavo de Distrito fuera apartado del juicio de amparo. Los magistrados aceptaron este mismo día la solicitud a fin de que la empresa presente sus motivos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ingresos remanentes de Banxico, destinados a infraestructura en 2016: SHCP

Se trata de 31 mil 449 millones de pesos, que fueron enterados a la Tesorería de la Federación. El gobierno federal planteará, en el proyecto de presupuesto 2016, invertir estos recursos para desarrollar programas y proyectos de infraestructura.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los ingresos extraordinarios provenientes del remanente de operación del Banco de México (Banxico) serán destinados a gasto en infraestructura en 2016.

En un comunicado, explica que la Junta Gobierno del instituto central, con base en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, y una vez constituidas las reservas de capital en términos de ley, determinó que hay un remanente de operación de 31.4 mil millones de pesos.

Por tanto, apunta, dicha Junta, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Banco de México, resolvió entregar al gobierno federal el importe íntegro de tal remanente, recursos que representan, por su naturaleza, “un ingreso extraordinario”.

La dependencia expone que el gobierno federal propondrá en el proyecto de presupuesto 2016 invertir estos recursos para desarrollar programas y planes de infraestructura, en un entorno de bajos precios del petróleo.

Precisa que los estados financieros auditados del Banxico al 31 de diciembre pasado muestran un remanente de operación por 31 mil 449 millones de pesos, los cuales fueron enterados a la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Hacienda considera que en congruencia con el reto presupuestal que se enfrentará en 2016 y para dar un uso responsable de estos ingresos extraordinarios, “cubrirá el gasto productivo del próximo año”, sobre todo en proyectos de inversión en infraestructura, privilegiando el uso de dichos recursos a través de inversión pública-privada”.


Con base en lo anterior, el gobierno federal reservará dichos recursos y propondrá a la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico que el recurso extraordinario se ejerza en 2016 en inversión en infraestructura, puntualiza.

FUENTE: ARISTEGI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Harán yaquis caravana nacional en defensa del agua y el territorio

MÉXICO, D.F: En un capítulo más en su lucha por tierras y autonomía, ahora la tribu yaqui, originaria de Sonora, organiza la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, misma que durante el mes de mayo recorrerá 70 localidades en 22 entidades del país.

Su preocupación por “la ola de reformas estructurales capitalistas que están poniendo en peligro la existencia de nuestra nación, despojándonos de nuestro propio territorio y poniendo en riesgo la vida misma con los llamados megaproyectos, la militarización, la inseguridad y la privatización de los bienes comunes” impulsa a los yaquis a realizar esta caravana.

En esta propuesta también intervienen decenas de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos humanos, según Tomás Rojo, vocero del pueblo yaqui.

En entrevista destaca que son tres los objetivos de la caravana:

“Visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se están profundizando en todo México. Fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo neoliberal y sus reformas estructurales, haciendo frente a la creciente criminalización y represión de la protesta social en nuestro país. Y abrir un proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de ley privatizadora del mal gobierno.”

Luego rememora que hacia 2007 se celebró una reunión continental de los pueblos indígenas de América, y allí se hizo una alianza y un pacto en defensa de los pueblos originarios “y, en algún momento que hubiera una afectación, íbamos a recurrir a todos, y estamos apelando a ese pacto, e invitamos a toda la comunidad mexicana”.

El 11 y 13 mayo partirán tres caravanas, una desde Vícam, en Cajeme, Sonora, y otra desde Pijijiapan, Chiapas, y una más de Piedras Negras, Coahuila, hacia la Ciudad de México. Serán 11 días de jornadas a lo largo de las rutas; además, eventos simultáneos se realizarán en otros estados, con acciones, asambleas, foros y conferencias de prensa.

Así, “expondremos las innumerables luchas que están creciendo frente a la imposición corrupta y violenta de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos”, explica Rojo, quien subraya que los recursos naturales están muy ligados a su cultura y costumbres.

El miércoles 20 de mayo celebrarán en Plan de Ayala, Morelos un Encuentro Indígena, Campesino y Popular para relanzar un Nuevo Plan de Ayala en defensa del agua y de la tierra.


Así, las caravanas del norte y del sur convergerán un día después en Xochimilco, Distrito Federal, para luego dirigirse, el viernes 22, al Zócalo de la Ciudad de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE.

Cinco personas son acusadas de esclavizar a una joven en el DF

La joven estaba encadenada y dice que sólo que sólo le daban de comer una vez al día.

Las autoridades de la ciudad de México detuvieron a cinco personas acusadas de mantener a una mujer encadenada a una estación de planchado y forzarla a trabajar en condiciones de esclavitud.

La Procuraduría General de Justicia informó este lunes 27 de abril en un comunicado que cuatro mujeres y un hombre enfrentan cargos por trata de personas por someter a la mujer de 22 años y obligarla a planchar por dos años.

La dependencia señaló que los dueños de la tienda de planchado la contrataron inicialmente y luego la acusaron de robar cosas, por lo que decidieron encadenarla. Si paraba de planchar, la mujer era golpeada e incluso quemada en la espalda.

La mujer declaró que le daban de comer muy poco y solo una vez al día, por lo que llegaba a masticar el plástico con el que cubría la ropa que planchaba.


La Procuraduría refirió que la mujer escapó y denunció el caso, aunque no dio más detalles sobre cómo logró liberarse.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.

Exhibe video acto de brutalidad contra discapacitado de policías de San Andrés Cholula

Circula en las redes sociales un video en el que aparecen al menos una decena de agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, golpeando a un solo hombre, que tiene el dorso desnudo y, al parecer, padece de una discapacidad.


La persona que registró la agresión de los uniformados, o alguien que lo acompaña, exclama en el momento del ataque policiaco: “¡Tiene discapacidad!, ¡ya le echaron gas lacrimógeno!, ¡mira, ya lo están pateando!, ¡no mames, le pasaron la patrulla!”.



FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: YADIRA LLAVEN ANZURES

En tres años, 150 activistas amenazados en Edomex: ONGs

Al dar a conocer el resultado de los cuatro Foros Regionales que se realizaron el pasado domingo, anunciaron una serie de acciones que incluye la toma del edificio sede el Gobierno del Estado de México en Toluca.

CIUDAD DE MÉXICO. En los últimos tres años, al menos 150 defensores de los derechos humanos en el Estado de México fueron víctimas de agresiones o amenazas, incluidas de muerte, por las acciones que realizan, denunciaron Organizaciones No Gubernamentales. 

Advirtieron que entre las víctimas están grupos de indígena en aquella entidad y quienes no sólo han recibido agresiones y amenazas sino también han sufrido despojos de sus tierras.


Al dar a conocer el resultado de los cuatro Foros Regionales que se realizaron el pasado domingo, anunciaron una serie de acciones que incluye la toma del edificio sede el Gobierno del Estado de México, en Toluca, la capital del estado.

Janeth Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, aseguró que se trata de actos para repudiar los constantes actos de violencia, corrupción e impunidad.

“En el Estado de México nos encontramos en un momento donde los megaproyectos de comunicaciones y desarrollo inmobiliarios, están generando una cantidad inimaginable de violaciones a derechos humanos, bajo la complicidad de las autoridades del Gobierno del Estado de México”, dijo.


En conferencia explicó que a partir del miércoles 29 de abril, iniciarán en Texcoco, la caravana “El fuego de la dignidad”. Se trata de un acto de resistencia que consiste en movilizaciones masivas en diferentes municipios mexiquenses y una mega marcha, el 15 de mayo próximo, que busca “tomar la ciudad de Toluca y el edificio sede del gobierno”.

FUENTE: EL FINANCIERO.
AUTOR: DAVID SAÚL VELA.

Los lazos incómodos en el GDF

Carlos Jiménez Rodríguez, hijo de priista y casado con una hija del secretario particular de Miguel Mancera, busca una curul en la ALDF por el PRD y levanta opiniones encontradas por sus familiares.

Está casado con Fernanda, la hija de Luis Serna Chávez, el hombre más cercano a Miguel Ángel Mancera.

Es delfín del exdelegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna; hijo del seis veces diputado del PRI, Manuel Jiménez Guzmán, y aspira a una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Carlos Jiménez Rodríguez aparece en la lista del PRD como uno de los candidatos más jóvenes que busca una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pero su parentesco con el hombre número tres del gobierno capitalino causa ruido.

La  relación suegro-yerno que une a Luis Serna Chávez y Carlos Jiménez Rodríguez comenzó a despertar escozor en el círculo cercano del jefe de Gobierno, en donde se especuló si el secretario particular de Mancera había movido sus influencias para colocar en el tablero al joven que está casado con su hija Fernanda.

La apuesta de Leonel Luna

En medio de la tensión interna por la que atraviesa el gabinete de Miguel Ángel Mancera no faltó quien, al enterarse del parentesco, intentara golpear interna y públicamente al secretario particular que abre, pero que también cierra la puerta a muchos.

Sin embargo, no sólo le pegarían a Luis Serna Chávez, suegro del candidato, también a Leonel Luna, perredista que recientemente rompió vínculos con René Bejarano, y aunque se declaró independiente de tribus, en la práctica ha jugado con Vanguardia Progresista de Héctor Serrano.

Porque Carlos Jiménez Rodríguez, el yerno incómodo, es la apuesta del exdelegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna, para el Distrito electoral número 23 que comprende una zona de grandes contrastes entre pobres y ricos: Jardines del Pedregal, San Ángel Inn, Tizapanes, Chimalistac, La Florida y Las Águilas, pero también Lomás de Tarango, Plateros, Merced Gómez, Olivar del Conde y Alfonso XIII.

El joven candidato es un estuche de sorpresas. Yerno de Luis Serna, delfín de Leonel Luna e hijo de Manuel Jiménez Guzmán, un viejo priista que fue diputado seis veces por el tricolor, que practica la masonería y que además, le elabora los discursos oficiales a Miguel Ángel Mancera.

‘Es mi propio camino’

Reporte Indigo buscó al personaje central de la estrategia con la que presuntamente buscan golpear políticamente al secretario particular de Mancera. Esta es la versión de Carlos Jiménez, el yerno.

“Este es mi propio camino”, dice intentando aclarar que ni su poderoso suegro, Luis Serna, ni su padre, Manuel Jiménez Guzmán, tuvieron que ver con su candidatura”.

Explica que desde hace más de cuatro años conoció a Leonel Luna en un foro al que asistió en Álvaro Obregón, y de ahí lo invitó a trabajar como director de Concertación y Fortalecimiento Ciudadano, luego, pasó al área de Evaluación de Programas y finalmente su secretario particular.

Jiménez Rodríguez asegura que su trabajo como director territorial de San Ángel fue lo que motivó a Leonel Luna para candidatearlo a la Asamblea.

“Leonel (Luna) era totalmente de la corriente de René Bejarano, aunque no tuve la oportunidad de conocerle”, apunta.

Justo durante la elección interna del PRD, Leonel Luna rompió con el líder de la que fuera la corriente más poderosa en el Distrito Federal, IDN.

¿Los motivos?, considerar que no compartía los cuestionamientos que Bejarano hizo en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien acusó de entrometerse en la contienda del Sol Azteca y en la designación de candidaturas.

¿Tú presentaste a tu suegro con Leonel?, se le cuestiona.

“No, yo conocía a Leonel desde antes, si supo quién era mi suegro, coincidieron en la boda, a la que yo lo invité, pero Luis (Serna) no ha tenido nada que ver con mi trayectoria, él no sabía que me iban a postular”, afirma.

Apenas hace cinco meses, Carlos Jiménez se casó con Fernanda, la hija de Luis, evento celebrado en diciembre pasado cuando él ya tenía años que trabajaba para Leonel Luna en Álvaro Obregón.

“A finales de diciembre de 2014, Leonel me comenta que me iba a proponer al partido como diputado, pero que no era nada seguro”, precisa.

El distrito para el que compite Carlos Jiménez, históricamente ha pertenecido al Partido Acción Nacional (PAN) pues estaba dividido electoralmente en Benito Juárez y Álvaro Obregón, sin embargo, explica, que muchos de los líderes lo conocen, resultado del trabajo que realizó en la zona director territorial.

“Mi papá es Manuel Jiménez Guzmán, priista, presidente del PRI en el Distrito Federal y líder del tricolor en la Asamblea. Lo respeto mucho porque ha dedicado su vida a servir a México, como hombre me ha enseñado muchos valores pero este es mi propio camino”, afirma.

Cuando Mancera hacía campaña por la jefatura de Gobierno, Manuel Jiménez Guzmán generó polémica al declarar que, a pesar de ser dirigente del tricolor, su voto sería para Mancera y no para Beatriz Paredes, quien también buscaba gobernar el DF.

“De mi suegro, es un segundo padre, su apoyo es a nivel personal”, subraya.


Carlos Jiménez Rodríguez y Omar Montoy, su suplente de apenas 22 años, encabezan la fórmula más joven en la lista de candidatos a diputados del PRD.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Justicia en México: lejana, incomprensible, con procesos largos y costosos

La mayor parte de los mexicanos carece de las condiciones y de los medios para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas cotidianos.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó foros de consulta ciudadana, en atención a la petición del presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de mejorar la justicia cotidiana en el país.

Los resultados le fueron entregados a Peña el lunes de esta semana y son los siguientes:

El estado de la justicia cotidiana presenta graves problemas que requieren atención urgente.

Por ejemplo:
• Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias;
• Existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos;
• La justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social;
• Se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y
• las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adonde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

El catálogo de problemas identificados es largo, heterogéneo y complejo, señala el CIDE en sus conclusiones.

Las soluciones que propone abarcan un amplio espectro de medidas que pueden agruparse en seis grandes categorías relacionadas con:
• las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto;
• la mala calidad de los conocimientos y condiciones de intervención de los agentes (abogados, jueces, defensores, ministerios públicos, etc.);

• el diseño de los procedimientos que suelen privilegiar la forma sobre el fondo y que tratan igual conflictos de naturaleza muy diversa;

• la falta de capacidades institucionales y recursos de los sistemas de justicia de las entidades federativas;

• un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación (en particular en materia de justicia laboral); y

• la mala calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas en todo el país.

El CIDE pidió crear centros de asistencia jurídica temprana, regular servicios de abogados y revisar el diseño de las juntas de conciliación y arbitraje, así como crear un nuevo modelo de justicia familiar, entre otros puntos.

Además, planteó una estrategia para que los mexicanos conozcan sus derechos y las vías para ejercerlos, la creación de un defensor de las pequeñas empresas, así como medidas específicas para defender a las trabajadoras domésticas y a los migrantes.


Con estas propuestas el presidente Peña Nieto realizará una agenda de reformas que serán sometidas al Congreso bajo una iniciativa de ley.

El resumen ejecutivo y el informe completo sobre la justicia en el país:

Sintesis_JusticiaCotidiana-version-final.pdf by Aristegui Noticias:



Documento_JusticiaCotidiana_VoBo_270415.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de EPN resta importancia a crisis de derechos humanos en México: HRW

Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, problemas extendidos en México, apunta la organización.

México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos, urgió Human Rights Watch en una carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González.

La organización internacional identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos.

Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, observó Human Rights Watch.

Asimismo, se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU: la regla es que estos abusos queden impunes.

“El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.

“La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”, agregó.

Al asumir en marzo de 2015, Gómez González expresó su compromiso de investigar abusos, incluidas desapariciones y torturas, y de establecer como prioridad el trabajo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

En marzo, Juan Méndez, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la “tortura es generalizada en México” y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia.

Sin embargo, a fines de marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto criticó públicamente al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México.

En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex Procurador General Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch.

En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una unidad dedicada a casos de desapariciones. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial.

La nueva Procuradora General, apuntó HRW, debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones.

La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR, sostuvo HRW.

Human Rights Watch también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22.000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas.


La procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Apatzingán: aberrante respuesta federal

MÉXICO, D.F: El reportaje de la matanza de 16 civiles en Apatzingán el pasado 6 de enero, de la periodista Laura Castellanos y divulgado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univision, vuelve a evidenciar un patrón de conducta del Estado mexicano: ejecuciones sumarias, alteración de la escena del crimen, manipulación de dictámenes periciales, exculpación de los miembros de las fuerzas públicas, incriminación de civiles y pretendido fin del expediente.

En hechos anteriores la Procuraduría General de la República (PGR) tenía vías para eludir su responsabilidad, porque siempre habían sido otros ministerios públicos los actuantes en primera instancia. En Tlatlaya, la Procuraduría del Estado de México; en Iguala, la de Guerrero; e incluso en los asesinatos cometidos directamente por efectivos del Ejército: los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el de Jorge Otilio Cantú y el de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, que fueron atendidos por las procuradurías estatales y la militar.

Pero en el caso de Apatzingán, desde el primer momento fue la PGR la que participó en las investigaciones y los detenidos fueron remitidos directamente a su delegación en Morelia, así que no pueden culpar a ninguna otra instancia de la deficiente integración de la averiguación previa.

Por ello es aberrante que “el gobierno de la República” haya solicitado a “la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos ocurridos en Apatzingán…”, como informó el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes 20, tras la difusión del reportaje.

Como en los anteriores casos, las primeras denuncias no fueron suficientes para mover al gobierno federal de la ruta trazada. Cuando las evidencias se hicieron contundentes y se difundieron ampliamente, no tuvieron más alternativa que atenderlas.

Una semana después de la masacre, Francisco Castellanos, corresponsal en Michoacán de este semanario, ya había dejado constancia de que la versión de los lugareños contradecía la del comisionado Alfredo Castillo (Proceso 1994), pero el gobierno simplemente pretendió ignorar la publicación, con la esperanza de que pasara inadvertida y el tema se olvidara. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió y la reiteración de la misma, con mayores elementos, lo obligó a reaccionar.

La respuesta del gobierno federal obedece al mismo patrón: cuando los medios evidenciaron los excesos de las Fuerzas Armadas o de los policías federales, el gobierno inició la integración de expedientes.

Pero en los casos anteriores, asignarle las investigaciones a la PGR parecería lógico, pues no había participado en las averiguaciones previas. En este caso la procuraduría tendrá que reabrir los expedientes y de paso investigar a sus propios agentes, pues fueron ellos quienes, por complicidad o incapacidad, exoneraron a los policías federales, así que difícilmente podrían llegar a conclusiones distintas en estos momentos.

Incluir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal casi parece una burla, pues remite nuevamente al eterno conflicto de la administración pública mexicana: encargar la investigación y eventual sanción de las conductas irregulares a compañeros de trabajo de los presuntos infractores, quienes además dependen del mismo jefe, con lo cual éste se encarga de protegerlos, sobre todo porque en la mayoría de los casos él también estuvo implicado o informado y, por lo tanto, tiene algún tipo de responsabilidad.

Para intentar evitar esta aberración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir su recomendación al gobierno de Puebla por el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie a raíz de las lesiones que le ocasionó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, exigió que se designara un fiscal especial sin dependencia del procurador estatal.

El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, cumplió formalmente la recomendación, aunque en los hechos la burló, pues designó responsable a un funcionario de la misma dependencia, con lo cual en la práctica seguía dependiendo del procurador.

“El gobierno de la República” (para mantener el eufemismo del secretario de Gobernación) repite la fórmula que actualmente mantiene sin determinación los presuntos conflicto de interés en los cuales incurrieron el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda y ahora el secretario de Gobernación: que sea un subordinado del investigado quien lo investigue.

Remiten el caso (en el conflicto de interés, al flamante secretario de la Función Pública; en éste, a la nueva titular de la PGR) con la instrucción de construir una explicación jurídica suficientemente sólida que permita exonerar a los responsables y respaldar la versión oficial.

Esta acción les permite argumentar, en caso necesario, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos que las denuncias públicas presentadas se están investigando y en caso de encontrarse responsabilidades, los servidores públicos recibirán las sanciones que establece la legislación.

Pero como las respuestas son políticas y los casos requieren réplicas jurídicas, los hechos y las evidencias difundidas por los medios son tan contundentes que impiden a los responsables de resolverlos lograrlo, por lo que los expedientes permanecen abiertos y se acumulan uno tras otro. Ninguno de los casos mencionados en este texto ha sido resuelto, todos se encuentran en proceso y desde luego éstos no son los únicos pendientes.


La gravedad de los asuntos, las respuestas cada vez más ineficaces y aberrantes del gobierno y su impacto en la opinión pública amenazan cada día más la gobernabilidad e impiden cualquier repunte económico del país. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso que no logra romper y que cada día se agudiza más.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Partido Verde: nido de delincuentes

MÉXICO, D.F: El rosario de mentiras –y delitos– comienza desde el sobre que recibe el ciudadano en su domicilio: “Para afiliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”.

Pero a menudo el ciudadano que recibe la correspondencia no sólo no es afiliado a ese partido, sino que repudia las prácticas tramposas y delincuenciales de sus dirigentes, como usar sus datos personales y afiliarlos sin su consentimiento.

El engaño –y el delito— continúa cuando el ciudadano abre el sobre y se encuentra con una tarjeta de plástico con su nombre que, denominada “Premia Platino” y con el emblema del PVEM, ofrece descuentos y bonificaciones de dinero en “más de 9 mil negocios participantes”.

Los descuentos de entre 5% y 10% son en las tiendas Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego –cuya hija Ninfa es senadora del PVEM–, y en ópticas Devlyn, mientras que Sears, Chedraui y Farmacias del Ahorro –cuyo dueño es el tío de Jorge Emilio González Martínez, cacique de ese partido– ofrecen bonificaciones en monedero electrónico de entre 10% y 30%.

Es engaño –y delito– porque aun cuando, desde el 10 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió al PVEM dejar de emitir esas tarjetas y a los establecimientos dejar de hacer efectivos los descuentos y bonificaciones, porque “transgrede disposiciones de la normativa electoral”, las tarjetas siguen llegando a los domicilios.

No sólo eso: Los supuestos afiliados al PVEM reciben el sobre con la tarjeta platino, ya en plenas campañas, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que más bien ha solapado a ese partido— lo multó por esa razón con 3.9 millones de pesos.

Aunque Farmacias del ahorro, por ejemplo, ya no otorga bonificación de 30% en “monedero del ahorro”, desde que el INE lo prohibió, otros establecimientos siguen otorgando descuentos y bonificaciones.

Yo mismo lo comprobé: Usando la tarjeta “Premia platino” que le llegó a un familiar, el sábado fui a una sucursal de Farmacias y me dijeron que desde hace dos meses (sic), “por disposición del INE”, ya no otorgaban ningún tipo de descuento con ese instrumento del PVEM.

Hoy lunes hablé al Centro de atención a clientes de “Premia Platino” y la persona que me atendió me confirmó que, después de las elecciones, en todos los establecimientos podrá gozarse de los descuentos, pero “por ahora” la promoción es sólo en las tiendas de autoservicio Chedraui.

–¿En Chedraui sí sigue la promoción?

–Sí. Por cada 500 pesos de compras le bonifican 50 pesos en efectivo– aseguró la operadora, aunque en la publicidad que recibe el ciudadano “afiliado” al PVEM la bonificación es de sólo 5%.

Y, en efecto, así es: El propio PVEM ha difundido que, tras las elecciones, podrán reclamarse los descuentos y bonificaciones prometidas.

Este solo caso sería suficiente para cancelarle el registro al PVEM: No sólo viola la Ley de Protección de datos personales y la ley electoral, que prohíbe la propaganda en medios que no sean textiles, sino que es reincidente.

Más aún: Estas tarjetas son un mecanismo de compra y coacción del voto, como los son también los paquetes de útiles escolares entregados en mochilas, todas con membrete del PVEM.

Hasta ahora el PVEM acumula en cuatro meses 11 multas por un total de 188 millones de pesos por constantes violaciones a la Constitución y a diversas leyes, suficiente para que se le cancele el registro.

Pero los dirigentes de este partido hacen lo que hacen porque son, en realidad, una asociación delictuosa que se sabe impune.


Sabiendo esto, el que vote por el hatajo de criminales del Partido Verde no es víctima, es cómplice…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).

Ahora muestran a hijo de Vallejo tomando whisky con “La Tuta”

MÉXICO, D.F: Esta mañana fueron exhibidos dos nuevos videos que demuestran la estrecha complicidad entre Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo, y el capo Servando Gómez “La Tuta”, líder del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.


El programa Primero Noticias, de Televisa, presentó dos nuevos videos de Vallejo. En uno de ellos se observa cómo Vallejo usaba su influencia para entrar y salir, sin registrarse, del área de detenciones preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Rodrigo Vallejo y sus acompañantes no fueron revisados por los custodios a cargo de la seguridad ni firmaron el libro de registro. El hijo del exgobernador entró a un cuarto donde habló durante ocho minutos con una persona detenida.

En otro video, Vallejo fuma un cigarro y bebe whisky con “La Tuta”. Los acompañan un hombre y una mujer. Los presentes se carcajean y brindan juntos.

En un punto de la conversación, “La Tuta” pregunta a Vallejo: “¿Si llega a faltar tu papá, que sigue?”, en alusión a la enfermedad de hígado que aquejaba al entonces gobernador de Michoacán. Rodrigo Vallejo responde: “Jesús (Reyna) (…) no es porque me cae bien, ni lo quiero, sino que simplemente es una persona que se ha ganado”.

La semana pasada, el programa “Punto de partida”, conducido por la periodista Denise Maerker y producido por Televisa, publicó otro video de Vallejo con “La Tuta”. En él, el capo en reiteradas ocasiones le pide a Rodrigo Vallejo mandarle mensajes a su padre: “Pero dile a tu papá que le conviene traer a Chucho Reyna”, “Yo le mando un video a tu papá con mucho respeto. Si tú tienes la confianza dile por favor que se lo diga”, “Dile a tu papá y es serio que si quiere saber de algún culero que no lo ubique que me den el número de teléfono para que vayan por él y así”.


El pasado once de abril, Rodrigo Vallejo fue liberado del Centro de Readaptación Social de Almoloya, después de difundirse videos y fotografías de sus reuniones con “La Tuta”. El hijo del exgobernador de Michoacán pagó una fianza de siete mil pesos.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Una historia de siempre”, que los ciudadanos no tengan acceso a la justicia

El informe que el CIDE entregó al presidente Peña Nieto sobre el estatus de la justicia cotidiana no plasma un escenario nuevo o desconocido, en realidad es un sistema que siempre ha funcionado así: sin resolver los problemas de la ciudadanía.

Que los ciudadanos no cuenten con un sistema de justicia que les permita resolver problemas cotidianos como el conflicto con un vecino, un despido injustificado o un divorcio no es algo nuevo, pues en realidad, no existen registros en la historia moderna del país de un sistema de justicia eficaz.

Por eso el diagnóstico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) que recibió este lunes el presidente Enrique Peña Nieto sobre cómo la justicia es lejana para los ciudadanos no se enfoca en cómo es que México llegó al punto en que las instituciones de justicia son poco eficaces y lejanas de la sociedad, sino en cómo nunca hemos estado en otro punto.

“Es la historia de siempre y de los pocos estudios que hay, desde los años 60 se presenta el mismo panorama. Hoy es más visible la falta de justicia porque tienes mucho más gente viviendo en ciudades, la población es mayormente urbana y cuando tú estás ya en estos contextos la demanda de justicia es mucho mayor. Al mismo tiempo hay más instituciones, pero nunca hemos podido lograr que la gente vea como algo viable o posible que se resuelva un conflicto en este sistema de justicia”, dijo en entrevista Sergio López Ayllón, Director General del CIDE.

El informe de Justicia Cotidiana hace énfasis en la responsabilidad de los gobiernos estatales, pues el eslabón más débil de la cadena está en los poderes judiciales locales no sólo por la falta de capacidad para atender los conflictos de los ciudadanos sino porque son débiles dese el presupuesto.

“Te doy un dato: el poder judicial federal tiene un presupuesto de 52 mil millones de pesos. El poder Judicial del DF que es el más grande de los poderes judiciales locales tiene 4 mil millones de pesos. ¿Esto a qué nos lleva? el grueso de los conflictos se ha atendido históricamente en sistemas que reciben la menor parte proporcional del presupuesto”.

El presidente Peña Nieto reconoció este lunes 27 de abril el problema y dijo que “cuando la justicia formal es inaccesible o poco útil, se generan espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso”.

Según el mandatario federal, la falta de acceso a la justicia es un mal que ha estado presente en “la vida de los mexicanos por varias décadas” y eso implica un “desafío estructural en materia de justicia cotidiana”.

“En la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados. No obstante su vital importancia, la justicia cotidiana está hoy rezagada y, hay que reconocerlo, olvidada. Y en muchos de los casos, rebasada”, dijo Peña Nieto.

Al respecto, López Ayllón dijo que el principal problema de la justicia en México es que la responsabilidad sobre su incumplimiento “le toca a todos y a nadie”.

“Ciertamente los poderes judiciales tienen un papel muy importante. Pero también las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Contenciosos y todos los actores que hay en medio. ¿En manos de quién está la defensoría pública?, varía de estado en estado. En algunos en Poder Judicial y en otros en Secretarías de Gobierno. Por eso decimos que es un sistema fragmentado y parte fundamental del problema es que no puedes apuntar a un responsable único por la falta de justicia y sus problemas”.

La propuesta del CIDE en ese sentido es crear una instancia de coordinación en la que se llegue a acuerdos políticos pero, sobre todo, que fije responsabilidades puntuales en caso de una mala labor en garantizar el acceso a la justicia y cree mecanismos de operación.

“Un mecanismo que asegure estabilidad financiera a los poderes judiciales locales, una Escuela Nacional de Jueces que permita capacitarlos, uno para tener mejores herramientas de gestión de expedientes judiciales o para mejorar mecanismos de disciplina judicial”, dijo López Ayllón.

El director general del CIDE reconoce que el informe que entregaron a Peña Nieto es abstracto y su puesta en marcha no es tarea fácil, pero la clave está en empezar con cuestiones prácticas y casos concretos.


Por ejemplo, una de las propuestas del CIDE es promover la justicia itinerante: “localidades o pequeñas poblaciones en las que cada ocho días llegue un juez con un mediador y les ayude a resolver sus problemas cotidianos. Eso generaría certidumbre de que hay un estado que se preocupa y ocupa de procedimientos sencillos para disputas menores”.

INFORME.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

El derroche legislativo

A diferencia del ciudadano común, los congresistas en México no están obligados a rendir cuentas por su trabajo y nadie evalúa su productividad. En plena época de austeridad, estos funcionarios reciben onerosos sueldos a costa del erario.

Con salarios y prestaciones de miles de pesos al mes, los diputados de congresos locales representan una erogación de millones para el erario de las entidades, muchas de ellas con altos índices de marginación a pesar de su discurso de austeridad.

En algunos estados, los diputados locales perciben un salario mayor incluso al de los diputados federales.

En el “Diagnóstico del Parlamento Abierto en México”, un estudio realizado por la Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por organizaciones como Fundar, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Borde Político, Transparencia Mexicana, y otras que trabajan en el tema legislativo y de rendición de cuentas, se desglosa el costo de los congresos locales para cada estado.

El análisis muestra que los congresos más caros para sus estados, no siempre son aquellos de los estados más poblados o con un mayor nivel de desarrollo en el país.

Jalisco, el Congreso que más paga a diputados

Los congresistas de la Cámara de Diputados perciben una dieta de 74 mil pesos mensuales; esto, sin contar los apoyos que reciben para Atención Ciudadana y Ayuda Legislativa.

En promedio, el ingreso promedio de los mil 136 diputados locales de todo el país es de 63 mil 167 pesos al mes, solo por concepto de su dieta.

Se podría pensar que los ingresos de los diputados locales son menores a los de legisladores federales. En algunos casos no es así.

Los diputados locales mejor pagados están en el Congreso de Jalisco, donde cada uno de los 39 cobra una dieta de 110 mil 809 pesos al mes, un 75 por ciento más de la media nacional.

El Congreso jalisciense invierte, al mes, 4 millones 321 mil 551 pesos solo en cubrir la dieta de sus legisladores, sin contar otros apoyos con los que cuenten.

En segundo lugar se encuentra el Congreso de Guanajuato, que paga a cada uno de sus 36 diputados una dieta de 107 mil 272 pesos al mes, un total de 44 mil 105 pesos más que el promedio.

El tercer lugar lo ocupa el Congreso de San Luis Potosí, con una dieta mensual de 95 mil 257 pesos al mes que otorga a sus 27 diputados.

El cuarto lugar de los diputados locales mejor pagados lo ocupa el Congreso de Zacatecas, que eroga 95 mil pesos al mes para cada uno de sus legisladores.

En la quinta posición se encuentra el Congreso de Baja California Sur, que paga 88 mil pesos mensuales a los diputados.

Contrario a estos Congresos, se encuentran también aquellos con una remuneración menor al promedio nacional.

El órgano legislativo que menos paga a sus diputados es el de Tlaxcala, donde apenas reciben una dieta de 26 mil 327 pesos mensuales, que representa un 41 por ciento de la media nacional.

El Congreso de Tlaxcala cuenta con 32 diputados en funciones.

En segundo lugar como uno de los congresos más baratos se encuentra el de Yucatán, donde cada uno de sus 25 diputados percibe 35 mil 095 pesos al mes.

Le sigue el Congreso de Oaxaca, que eroga mensualmente 42 mil pesos para cada uno de sus 42 diputados locales.

Se ubica después el Congreso de Sinaloa, que paga 42 mil 463 pesos al mes a sus 40 legisladores.

Y el Congreso de Baja California entra dentro de ese rango, pues ahí se paga 44 mil pesos a sus 25 diputados.

Los parlamentarios de otros congresos importantes en México se ubican en los alrededores de la media.

En el Congreso de Nuevo León, por ejemplo, la paga es de 79 mil 956 pesos al mes. En el Estado de México alcanza los 75 mil 166 pesos. Y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de 51 mil 776 pesos mensuales.

BCS, el Congreso más caro para los ciudadanos

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso del Estado de México son los más onerosos, con un gasto de más de mil 500 y mil 400 millones de pesos al año, respectivamente.

Sin embargo, al tomar en cuenta sus presupuestos y el número de sus habitantes, el costo per cápita se reduce a 172.66 y 98.21 pesos al año, respectivamente.

El costo promedio per cápita de los 32 congresos locales es de 132.17 pesos anuales.

Con base en esa medición, la información revela que el congreso más caro del país es el de Baja California Sur, donde cada uno de sus ciudadanos paga 275.51 pesos al año por mantener a su Poder Legislativo en funciones.

Ese gasto representa el 108 por ciento más de la media nacional. Más del doble de gasto.

En segundo lugar se encuentra el Congreso de Sonora, cuyos ciudadanos erogan 260.63 pesos anuales para financiarlo, un 97 por ciento más que el promedio de todo el país. También, casi el doble.

El tercer congreso más caro es el de Quintana Roo, que cuesta 255.69 pesos al año a su población.

Le sigue el Congreso de Campeche, que cuesta 246.03 pesos anuales a sus ciudadanos.

En el quinto lugar como el Legislativo local más caro está Baja California, con una erogación de 221.04 pesos por cada bajacaliforniano.

Del otro lado de la balanza se encuentran los congresos más baratos para sus ciudadanos.

El primer lugar en esa categoría lo ocupa el Congreso de Puebla, donde sus ciudadanos pagan apenas 28.86 pesos al año. Le sigue Tamaulipas, con un costo de 39.68 pesos anuales.

En tercer lugar se ubica el Legislativo de Hidalgo, para el que los pobladores erogan 42.55 pesos al año.

El Congreso de Chiapas también es de los más baratos, con apenas un costo de 49.06 pesos anuales.

Y aunque se trata de uno de los estados con más desarrollo del país, el Congreso de Nuevo León es el quinto más barato de México, pues sus ciudadanos gastan 65.11 pesos al año para brindarle un Congreso local; esto es un 50 por ciento menos que el promedio nacional.


Sin justificarse, altos ingresos 

Rodrigo Ramírez, investigador de Borde Político, una de las organizaciones que presentó el estudio, consideró que los ingresos de un legislador podrían justificarse si su trabajo se reflejara en mejores condiciones de vida para la sociedad, cuestión que pocas veces ocurre.

“Los ingresos de la ciudadanía jamás llegan ni se acercan a los de estos estados y hay resultados catastróficos. Es muy difícil asimilar el salario de un legislador cuando no sabemos ni siquiera si se lo está ganando o no.

“Nosotros, la ciudadanía, creemos que en este caso los legisladores tienen un presupuesto muy elevado que no se ve reflejado en la realidad nacional, por eso vemos estos índices tan bajos de confianza hacia nuestros legisladores”, afirmó en entrevista.

Además de una deficiente rendición de cuentas, en realidad poco se sabe sobre el trabajo de los congresos locales, que no dejan ver si el Poder Legislativo de un estado vale lo que cuesta.

“Si se hiciera efectivo este gasto, en las noticias veríamos que el Congreso de Baja California Sur, el congreso más caro, está trabajando en tal y tal y tal reforma, que se están consolidando mejores mecanismos de representación política, que hay mucho mayor acercamiento con la ciudadanía, mayor transparencia. Pero en realidad vemos estados que, en lo general, no tienen lo que un parlamentario debería tener”, apuntó Rodríguez.

Para Guillermo Ávila, investigador del capítulo legislativo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y quien también colaboró en la elaboración del diagnóstico, llamó la atención sobre el hecho de que son los propios legisladores quienes imponen y regulan sus salarios y prestaciones.

“En un país tan desigual como México, que haya salarios tan altos y en algunos casos ganan el doble de otros,  y parece que no tiene relación necesariamente con el ingreso bruto de cada estado, ni con el nivel de población; entonces, es un problema que no haya información sobre en qué momento y por qué razón los congresistas, ya sea locales o nacionales, decidan.

“Los congresos son soberanos, deciden sobre su propio gobierno, sobre su administración interna y, en ese sentido, faltan mayores contrapesos que no vengan solamente del Ejecutivo, sino por parte de los grupos ciudadanos”, comentó.

La mejor forma de hacer que un congreso haga valer la inversión de sus ciudadanos en él, apuntó, es acercándose más a la ciudadanía para mejorar la calidad de sus decisiones.

“En principio, tendría que ser más transparente, más abierto, en el sentido no solo de transparencia sino de la disposición de que los grupos ciudadanos puedan incluso visitar el congreso, pero sobre todo, participar en la toma de decisiones.

“Que el trabajo de los legisladores se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos, en reducir la desigualdad, en mejores servicios, en fortalecer los derechos humanos, en mayor control sobre el poder Ejecutivo; y para eso todavía falta un trecho”, expresó.


Para ambos expertos, medir la productividad de los congresos no puede hacerse solo revisando el número de iniciativas o de decretos que se aprueban, sino sobre la incidencia que ellos tienen en la vida de los ciudadanos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

El PRI lidera preferencias electorales en Guerrero

MÉXICO, D.F: El PRI encabeza las preferencias electorales para la renovación de la gubernatura de Guerrero, con 33.3 por ciento de la votación.

El PRD está en segundo lugar, con 24.8 por ciento de las intenciones de voto. El tercer lugar es para Movimiento Ciudadano, con 5 por ciento, seguido del PAN, con 4.30 por ciento.

El Movimiento Regeneración Nacional tiene 2.50 por ciento de intenciones de voto.

El periódico El Universal publicó una encuesta este martes sobre las preferencias electorales en dicha entidad. No obstante, el diario aclara que, por la inseguridad, su estudio no pudo ser aplicado en nueve municipios de la entidad, que comprenden el 9 por ciento de la muestra.


En la encuesta, el 41 por ciento de los consultados declararon no simpatizar por algún partido político. El PRI es el instituto político con más seguidores, con 20.6 por ciento, seguido del PRD, con 11.6 por ciento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de EU extiende su alerta de viaje a Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chalco

MÉXICO, D.F: El gobierno de Estados Unidos extendió su alerta de viaje a los municipios de Nezahualcóyotl, Coacalco, Ecatepec, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca.

Estados Unidos recomienda a sus habitantes no visitar dichos municipios si no es estrictamente necesario.

El gobierno estadunidense alerta respecto al Estado de México: “Muchas áreas del estado tienen altos niveles de delincuencia y la inseguridad, los grupos delictivos organizados han ampliado sus actividades a partir de los estados de Guerrero y Michoacán, y también hay altos niveles de delincuencia callejera”.

Los municipios mencionados colindan con las delegaciones del Distrito Federal Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac.

En un comunicado emitido el pasado 16 de abril, el gobierno de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses del riesgo de viajar a varios puntos de 20 entidades mexicana.


Los únicos estados mexicanos excluidos de esa lista fueron: Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.