HERMOSILLO, Son: La candidata a la gubernatura, Claudia Pavlovich Arellano, quien encabeza la alianza “Por un gobierno honesto y eficaz”, que integran PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue grabada al ordenar al subdelegado administrativo de Sedesol cobrar un “moche” luego de gestionar en 2014 un apoyo económico de 7.5 millones de pesos en favor del empresario sonorense Carlos Gallegos, de Acuícola San Carlos. “Pues pa’ que Carlos (Gallegos) se ponga guapo, porque ahorita va caer, ya que le depositaron el apoyo de 7 millones y medio”, indicó la entonces senadora al subdelegado Luis Carlos Soto Gutiérrez, El Tigre y exenlace empresarial del PRI en la entidad cuando Pavlovich se desempeñaba como dirigente de 2010 a 2012. De acuerdo con las grabaciones publicadas en El Financiero, la conversación se originó con el comisionado nacional de Pesca (Conapesca), Mario Aguilar Sánchez, quien confirmó a la senadora priista que el apoyo ya había sido depositado al titular de Acuícola San Carlos. Después se comunicó con el subdelegado de Sedesol, Soto Gutiérrez, para que le informe a detalle del depósito y ordenarle que exija la comisión o “moche” por la gestión. En respuesta, el subdelegado accede a la solicitud de la entonces legisladora y actual candidata al gobierno de Sonora, quien señala: “Ya estoy en las últimas y tenemos que saber qué opina Carlos (Gallegos)”. Y después dice con enfado: “¿Qué curioso que ustedes no me avisan (Sedesol)?, tampoco me avisa el mismo Carlos (empresario acuícola), me avisa el propio comisionado, pues”. Desde que inició la campaña rumbo a la sucesión gubernamental en Sonora el pasado 6 de abril, Pavlovich se ha visto envuelta en múltiples escándalos sobre uso indebido de funciones, conflicto de interés y tráfico de influencias. El mismo arranque de campaña de Pavlovich se vio empañado por las grabaciones donde el secretario del ayuntamiento de Nogales, Gerardo Rubio, le ofreció “dos maletas llenas de dinero” como apoyo financiero. El exabrupto concluyó en la destitución de Rubio y del delegado de Instituto Nacional de Migración (INM), Alan Echeverría Tobié. Para el 5 de abril, el subprocurador de Auditoría Ambiental de Profepa, Cánek Vázquez Góngora, fue evidenciado luego de enviar tres “mapaches” electorales en favor de la causa priista y de Pavlovich. Ante las acusaciones y pruebas, la dependencia federal lo “desconoció” a través de un comunicado. Finalmente, el jueves 16 de abril se difundió que la candidata “gestionó” más de 350 millones de pesos en licitaciones para constructores sonorenses, en particular Samuel Fraijo, y este último en correspondencia supuestamente trasladaba a la entonces senadora y ahora candidata, de manera gratuita, a Las Vegas y a mítines de campaña. Reconocen voz de Pavlovich El delegado en Sonora del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Encarnación Alfaro, respondió que la voz en las grabaciones es parte de un “montaje electoral” que se facilita a los medios de comunicación. “El que hizo la grabación realizó un montaje que facilitó a los medios… Claro que es la voz de la candidata, pero son una serie de grabaciones en las que luego se montan las frases y se genera un compendio distinto”, justificó.
A fin de conceder la opinión de Pavlovich Arellano ante estas nuevos señalamientos se acudió a la enlace de medios Ivonne Andrade, sin embargo, esta colaboradora no facilitó la entrevista con el argumento de que la candidata se encontraba en la sierra baja sonorense. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
Grupos extremistas y gobiernos han creado ‘el periodo más mortífero’ para periodistas en la historia reciente, revela informe.
En Nigeria y en México, los grupos violentos “tienen un interés intenso en asegurar la cobertura de prensa, mientras que los gobiernos tratan de suprimirla”, dice un informe del Comité para Proteger a los Periodistas, con sede en Nueva York. El reporte, dado a conocer ayer, concluye que grupos extremistas y autoridades gubernamentales que restringen las libertades en su combate a esos extremistas han creado “el periodo más mortífero y peligroso para periodistas en la historia reciente”. El informe del Comité consiste de una colección de ensayos que resaltan las muertes de reporteros en Siria, la censura durante el brote de ébola, el encarcelamiento de periodistas en Egipto y Etiopía e incluso cómo fueron usados periodistas el año pasado en videos de propaganda de extremistas. Además agrega el caso de México, en donde los cárteles de la droga actúan como medios de prensa y promueven sus acciones en YouTube. “La cabeza de uno de los periodistas asesinados en el 2011 en la ciudad de Nuevo Laredo (México) fue colocada con auriculares junto a un teclado”, dice un ensayo de Joel Simon y Samantha Libby. Público en riesgo “Está en juego no solamente la vida de los periodistas, sino también la capacidad del público de saber lo que está sucediendo a su alrededor”, escribe la corresponsal de CNN Christiane Amanpour en la introducción.
Amanpour hace notar que más de mil periodistas en todo el mundo han muerto desde 1992, cuando el Comité comenzó a llevar cuenta. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
México, D.F. Con 330 votos de PRI, PAN, PVEM y Panal, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al reglamento que norma sus actividades, para prohibir que, una vez iniciada cada legislatura, no se puedan integrar nuevos grupos parlamentarios para evitar casos como el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se constituyó en agrupación a partir de enero, una vez que éste obtuvo su registro como partido político. Con esta nueva disposición, se obliga a los partidos a informar, en la primera sesión ordinaria de cada legislatura, de la constitución de sus grupos, y el presidente de la Mesa Directiva hará la declaratoria correspondiente e informará al pleno de los legisladores que no forman parte de alguna bancada. En la discusión del dictamen, el diputado Manuel Huerta (Morena) resaltó que ese instituto político insistirá en la transformación del país por la vía pacífica Huerta sostuvo que el crecimiento de ese partido “es lo que los tiene incómodos, nerviosos a los del PRI y del PAN, porque la gente se ha dado cuenta de lo que ustedes hacen en esta Cámara, de violentar la Constitución, aprobar leyes en contra del pueblo y de poner al límite de la esclavitud a los mexicanos. Traen la consigna de fortalecer la antidemocracia en este país. ¡Qué vergüenza de diputados!”.
El dictamen de la comisión de régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias define que si bien la práctica en la Cámara de Diputados ha sido que las bancadas se integren al inicio de cada legislatura, y de que no es necesaria una definición similar a la que ya existe en el Senado, “no obstante la falta de obligatoriedad para que ambas normas (los reglamentos de cada cámara) tengan iguales preceptos, en este caso de considera procedente incorporar en el reglamento de la Cámara de Diputados, tal disposición, por considerarla complementaria y razonable, con respecto de las normas ya existentes en este tema. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: Enrique Méndez y Roberto Garduño.
XALAPA, Ver: Bajo un cielo nublado, reporteros, activistas, académicos, estudiantes y campesinos recordaron hoy a la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, al cumplirse mil 96 días de su asesinato, aún impune. Durante la movilización para exigir justicia, los manifestantes decidieron rebautizar la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada que se ubica frente al Palacio de Gobierno llamándola “Plaza Regina Martínez”, en memoria de la periodista. Ahí mismo, leyeron varios de los textos publicados por la periodista en el semanario Proceso. Algunos de los asistentes portaron cartulinas en las que se leían los siguientes textos: “Verdad y justicia para Regina Martínez”, “Regina, 3 años de impunidad”, “Fiscalía de la impunidad”, “3 años y nos falta Regina”, “Duarte, asesino de periodistas”. Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en el estado de Guanajuato y amiga personal de Martínez, puso los puntos sobre las íes al afirmar que “no queremos llegar a cuatro años de impunidad”. Con la mirada puesta en el Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Javier Duarte, Espinosa recordó las palabras con las que el fundador de este semanario, Julio Scherer espetó al gobernador, Duarte, un día después del asesinato de Regina Martínez: “No les creemos”.
“Regina tuvo falta de vanidad, a cambio tenía una rectitud y una calidad periodística intachable”, ponderó Verónica Espinosa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
OAXACA, Oax: El padre Alejandro Solalinde Guerra calificó como una “mala señal” que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI haya nombrado al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, como delegado especial en Oaxaca, porque “gente como él debería estar en la cárcel”, dijo. El fundador del albergue Hermanos en el Camino subrayó que a él ya no le extraña nada del Revolucionario Institucional. “Ha llegado al límite del cinismo inimaginable que nos lo mande acá (a Fidel Herrera) y se junte con esa triada que era URO (Ulises Ruiz Ortiz) y el gober precioso (Mario Marín Torres). No es novedad”, apuntó. Añadió: “Lo que sí es triste es que nuestra gente siga soportando esa clase de personas que, como él, deberían estar en la cárcel. Pero mientras el gobierno tenga la sartén por el mango y siga manejando al aparato de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República y los medios de comunicación masiva, la gente tardará un poquito en despertar”. El 1 de julio de 2011, en una entrevista con la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, ejecutada el 28 de abril de 2012 en su domicilio de Xalapa, Solalinde declaró que esa entidad ha sido la más peligrosa para los migrantes, sobre todo durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Destacó que de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fecha 15 de junio de 2009, de 9 mil 758 personas secuestradas en el país, la tercera parte se registró en Veracruz. Para 2010, apuntó, la cifra ascendió a 11 mil 333 plagiados y “la mayoría de los desparecidos fue en Veracruz”. –¿Fidel Herrera encubría a los delincuentes? –le preguntó la reportera. –No sólo eso, yo creo que van a encontrar algo más, ya que existen testimonios de migrantes que fueron entregados a la Secretaría de Gobernación y al Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), donde lo mencionan explícitamente a él –respondió. En esa ocasión Solalinde refirió que durante un encuentro con el actual gobernador le preguntó: “¿Cómo podemos confiar en usted, cuando el anterior gobernador cometió muchas omisiones en este asunto y a usted se le liga directamente con él? Y me respondió: ‘él es Fidel Herrera, a quien respeto, y yo soy Javier Duarte’”. El pasado lunes 20, Fidel Herrera tomó protesta como delegado del CEN del PRI, para aportar su “capital político”, ganar las elecciones del próximo 7 de junio y forjar el camino rumbo a la gubernatura de 2016, dijo. Respecto de las acusaciones que ha recibido de sus detractores que lo acusan de ser un “coyote con sotana” y un “violador de la ley”, Solainde sostuvo: “Nunca he cobrado, todo lo poquito que me da mi familia y nos da la gente, lo invertimos allá (en el albergue ‘Hermanos en el Camino’). Para mí es un honor servir a los migrantes, no tengo necesidad de vivir de los migrantes”.
Por lo tanto, agregó, “pueden decir misa, no me afecta en lo más mínimo, lo único que reafirmo es que el enemigo del Estado es Solalinde”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
México, DF. El presidente de la comisión del Distrito Federal, Mario Delgado, advirtió que en el proyecto de reforma política de la capital del país, cuya discusión inició ya en el Senado, hay una trampa a favor del PRI, toda vez que la forma en que se elegirá a la asamblea constituyente le da una sobrerrepresentación. Sostuvo que la decisión de que 60 por ciento de los constituyentes sean elegidos y 40 por ciento designados, lleva a que el PRI tenga una representación de 32 por ciento, e incluso capacidad de veto en la conformación de la primera Constitución de la ciudad de México. En conferencia de prensa dijo que presentará una reserva sobre ese tema, que está en un agregado que se hizo al dictamen que se vota hoy. Explicó que de acuerdo con los cálculos de la votación así como de los constituyentes designados, tanto por el presidente Enrique Peña Nieto como por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lleva a que a Morena, que tendrá una votación muy superior al PRI en el Distrito Federal, sólo le corresponda 19 por ciento de los constituyentes. Igual es el caso del PRD, que tendría 26 por ciento. Delgado, quien pertenece a la bancada del PRD aunque dejó ese partido, dijo que insistirá para que se modifique a la forma de elegir a la asamblea constituyente, porque de los contrario la primera Constitución para la ciudad de México va a nacer secuestrada por el PRI y el gobierno federal. El coordinador priísta Emilio Gamboa dijo que aunque en su grupo hay algunos inquietudes van a cumplir el acuerdo y a sacar la reforma del Distrito Federal en el transcurso del día o la noche. No descartó que la discusión pudiera irse hasta la media noche. Por su parte el coordinador del PAN, Fernando Herrera, comentó que en su bancada hay posiciones divididas, porque una parte de los senadores del blanquiazul considera que el Distrito Federal debe estar sujeto a las mismas obligaciones y derechos que cualquier otra entidad federativa, específicamente en lo que se refiere al trato fiscal. Gamboa comentó que también entre los senadores del PRI hubo inquietudes en ese sentido, debido a que algunos consideran que la Federación le paga a la capital todo el paquete educativo y todo el paquete de salud. La perredista Alejandra Barrales comentó que en forma alguna se puede dar el mismo trato fiscal al Distrito Federal que a otros estados, ya que en sus hospitales, por ejemplo, no se atiende sólo a capitalinos sino a habitantes de todo el país y lo mismo ocurre con las escuelas además, agregó, por ser la sede del Poder Ejecuto, tiene gastos extras de mantenimiento y no recibe por ejemplo impuesto predial del aeropuerto y de muchas otras instalaciones públicas.
La sesión comenzó cerca de las tres de la tarde y puede prolongarse hasta la media noche, toda vez que habrá diversas reservas. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: REDACCIÓN.
PUEBLA, Pue: En lugar de abrogar la llamada “Ley Bala”, el Congreso local acordó enviarla a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a fin de que los legisladores federales la “fortalezcan y enriquezcan”. Aunque desde hace nueve meses el gobernador Rafael Moreno Valle envió una iniciativa para que se elaborara una nueva ley en la materia y se derogara la también llamada Ley que Protege los Derechos Humanos y que Regula el Uso de la Fuerza Pública, los diputados poblanos la han mantenido vigente. La iniciativa de Moreno Valle para derogar la “Ley Bala” se presentó luego de que el 9 de julio pasado la aplicación de la misma generó que los policías estatales dispararan cartuchos de gas lacrimógeno en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, causando la muerte de un niño de 13 años y lesiones a decenas de habitantes. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, los diputados aprobaron este martes un punto de acuerdo emitido por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para solicitar la revisión de la mencionada ley por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Carlos Martínez Amador, coordinador de la Junta de Gobierno, dijo que pedirán a los legisladores que la evalúen y hagan las observaciones que consideren necesarias para fortalecerla. “La opinión del Congreso de la Unión es importante y de esa manera tendremos una ley más fortalecida con todas las observaciones que pudieran darnos. Es una oportunidad para enriquecerla y fortalecerla”, subrayó. Recordó que la ley sigue vigente porque las fuerzas políticas que componen el Congreso local consideraron que los problemas que surgieron fueron por la forma en que fue implementada, no por su contenido. “Estamos buscando el respaldo de todas las fuerzas, no es un tema de la ley, sino de su ejecución”, precisó. No obstante, organizaciones no gubernamentales han asegurado que el espíritu de dicha legislación es inhibir y limitar las manifestaciones sociales, ya que legitima el uso de la fuerza y de armas no letales, como las balas de goma, para dispersar protestas ciudadanas.
Apenas ayer la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre acusó al gobierno de Puebla de aplicar nuevamente dicha ley al disparar balas de goma durante un operativo contra locatarios del mercado Zaragoza de esta ciudad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a instituciones, autoridades, actores políticos y sociedad en general a evitar y prevenir situaciones que pongan en riesgo los derechos humanos de Alondra Luna, la joven sustraída de su escuela, enviada a Estados Unidos y devuelta al país, mediante la difusión de su imagen, nombre, datos personales y demás información que permita su identificación o propicie una injerencia en su vida privada y su familia. En un comunicado, el organismo señaló que el principio del interés superior de la niñez "hace necesario garantizar la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes a efecto de que no se trasgredan su derechos fundamentales, en particular los relativos a su intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales". En el caso de la adolescente sustraída, añadió, la necesidad de hacer efectiva la protección de los derechos antes mencionados "resulta de particular importancia, tomando en consideración su condición de víctima, así como el hecho de que su exposición pública estaría propiciando que se hicieran del conocimiento general detalles de su vida privada y familiar que podrían vulnerar sus derechos".
En ese mismo sentido, enfatizó que el deber de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es un compromiso común, de autoridades y sociedad, que encuentra su fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, así como en la legislación interna, en particular, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El activista y comediante Alejandro Bautista Peña, dirigente del grupo En defensa de Cuatlicue, falleció hoy en su domicilio de San Andrés Totoltepec, aparentemente de causas naturales. Hasta ayer, Bautista había participado en el llamado “Plantón por los 43”, que acampa en el Paseo de la Reforma frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se exige también la libertad de dirigentes sociales presos y de los detenidos en distintas marchas de esta ciudad. Comediante del género conocido como stand up, Alejandro Bautista participó en pequeños papeles de diferentes películas, principalmente de la India María, hasta que hace unos siete años inició un movimiento en los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México para denunciar despojos de tierras por parte de constructoras e inmobiliarias. El deceso fue confirmado por Cristina Bautista, hermana del activista. Luego de programar diferentes actividades para hoy, Alejandro se quejó de un dolor en su brazo izquierdo, se recostó y momentos después fue encontrado por su familia sin vida. Bautista Peña, de 45 años, fue uno de los detenidos en la marcha del 2 de octubre de 2013 que derivó en una violación tumultuaria de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno capitalino. En su caso, fue torturado y confinado en el Reclusorio Norte Durante un año, el activista social permaneció preso, enfrentando diferentes cargos, hasta que logró demostrar en un juicio de amparo, con los propios videos de las cámaras de vigilancia del GDF, que las imputaciones eran falsas. Su caso fue retomado por diferentes colectivos de abogados, así como por el Comité Cerezo y, como ocurrió con los otros detenidos, se le consideró un “preso político”. Desde la administración de Marcelo Ebrard, Bautista interpuso alrededor de 12 denuncias contra servidores públicos del Distrito Federal quienes, documentó, incurrían en diferentes delitos e ilicitudes, para apoderarse de tierras de pueblos originarios en Tlalpan y la Magdalena Contreras. Entre esos juicios destaca uno que devino en la destitución y proceso penal contra el subdelegado de Tlalpan, Toribio Guzmán Aguirre o Guzmán Paz, que entre otras irregularidades se ostentaba con esos dos apellidos, con uno de los cuales enfrentaba diferentes órdenes de aprehensión. Además, participó activamente en la oposición a la construcción de la Supervía y se solidarizó contra la instalación de un Walmart en San Pedro Mártir. Luego sería reprimido en la redada que la policía capitalina realizó extraterritorialmente en Teotihuacán, en enero de 2013, también en contra de dicha cadena de supermercados. Su pequeño colectivo En defensa de Cuatlicue, dedicado a temas de defensa de la tierra y equidad de género, fue sometido desde 2011 a vigilancia de los cuerpos de inteligencia del gobierno capitalino y, a través de filtraciones a la prensa, se le identificó como un colectivo violento y, en ocasiones, como anarquista. El 6 de noviembre, luego de 400 días de prisión, Bautista Peña fue puesto en libertad al ganar un amparo contra la sentencia de cinco años nueve meses que le impuso un juzgado capitalino. Ese día, el activista cumplió 45 años de edad. En las semanas siguientes a su liberación se dedicó a participar en diferentes actividades por la libertad de Abraham Cortez, otro detenido el 2 de octubre de 2013 que permanece preso, así como de Jesse Alejandro Montaño “Jamspa”, entre otros capturados en marchas. En enero pasado, al instalarse el “Plantón por los 43”, en las afueras de la PGR en Reforma, para exigir justicia por la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, Bautista Peña visitó casi a diario el campamento. La semana pasada inició una serie de trámites para recuperar sus derechos políticos, suspendidos durante el proceso que enfrentó tras su detención de 2013. El jueves anterior, Alejandro Bautista cuestionó el papel de Perla Gómez al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), debido a que jamás se pronunció por la probada tortura y detención ilegal de que fue objeto, a pesar de tener un expediente abierto de haber obtenido un amparo.
Tras difundirse su fallecimiento, defensores de derechos humanos, como Gerardo Espino lamentaron en redes sociales que el activista haya muerto sin acceso a la justicia ni a la correspondiente reparación del daño por su encarcelamiento y tortura, en tanto diferentes colectivos recordaron su trayectoria. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Debe resolver si otorga a Aristegui una suspensión definitiva contra el intento de MVS de terminar, anticipadamente, el contrato que firmó con la periodista.
Un juez federal aplazó la audiencia del lunes 27 de abril, en la que escucharía a la periodista Carmen Aristegui y a los representantes de MVS; la nueva fecha que estableció para la misma, es el próximo martes 12 de mayo, a las 10 horas. Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, atiende el amparo promovido por la periodista, con el que impugnó el intento de terminar, anticipadamente, el contrato que tiene con Noticias MVS, así como los lineamientos que dicha empresa fijó a sus conductores. De acuerdo con el sitio web del diario Reforma, el juez notificó que el 12 de mayo será la nueva fecha para la audiencia, en la que debe resolver si otorga a Aristegui una suspensión definitiva, y cuáles serían sus efectos legales. Pese a que el juez buscó una conciliación entre la empresa y la comunicadora, por lo que ordenó una reunión entre ambas partes el pasado 24 de abril, MVS impugnó y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que Silva se excedió al ordenar esa negociación, que quedó cancelada. La Jornada apuntó que, en un acuerdo judicial publicado este martes en las listas del juzgado octavo de distrito en materia administrativa a cargo del juez, se menciona que el juzgador requirió tanto a Grupo MVS como a Aristegui que aporten todas las pruebas documentales antes de esa fecha para que no vuelva diferirse la audiencia. En una nota de Alfredo Méndez, publicada este martes en dicho diario, se indica que MVS no había enviado sus informes previos justificados en los que deberá manifestar si son ciertos los actos reclamados por Carmen Aristegui. En entrevista para La Jornada, el abogado civilista Xavier Cortina, socio de Javier Quijano Baz (ambos abogados de Carmen Aristegui), consideró que el juez Fernando Silva, hijo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza, sí tiene posibilidades jurídicas de otorgar una suspensión definitiva a la periodista. Cortina expuso que el principio fundamental de la suspensión de amparo es que se mantenga la materia del mismo. “La suspensión existe para que no se pierda la materia del amparo. El mayor ejemplo es el de la orden de fusilamiento: se pide la suspensión para que no me fusilen, porque una vez fusilado ya no habría materia para el amparo. “En ese sentido, existe una serie de principios: la suspensión no procede sobre actos negativos, tampoco se puede conceder sobre actos consumados ni sobre actos futuros de realización incierta. Sin embargo, para que se conceda la suspensión, al juez le basta con determinar si existe el principio jurídico que en la doctrina se conoce como apariencia del buen derecho y el de la ausencia de la medida. “Entonces: el juez tiene que analizar esos dos supuestos. ¿Cual es la situación de hecho existente en el caso de la señora Aristegui? Y aquí podría decirse: como Carmen ya no está al aire, estamos frente a un hecho consumado. Bueno, pero aquí cabe una acotación: ciertamente no está al aire hoy, no estuvo ayer ni estuvo antier, pero puede estar mañana. Es decir, a Aristegui no la pueden restituir respecto del tiempo pasado, pero sí la pueden reinstalar respecto del tiempo que le falta en su contrato. En ese sentido, no es que la suspensión sea retroactiva ni restitutoria de garantías, sino que busca cuidar que no se pierda la materia del amparo, y para ello se requiere que a Carmen se le reinstale en lo inmediato en el espacio radiofónico que tenía de lunes a viernes en MVS, expuso el abogado al reportero del referido periódico.
En tanto, CNN informó que, paralelamente al juicio en curso, MVS solicitó que el juez Octavo de Distrito fuera apartado del juicio de amparo. Los magistrados aceptaron este mismo día la solicitud a fin de que la empresa presente sus motivos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Se trata de 31 mil 449 millones de pesos, que fueron enterados a la Tesorería de la Federación. El gobierno federal planteará, en el proyecto de presupuesto 2016, invertir estos recursos para desarrollar programas y proyectos de infraestructura.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los ingresos extraordinarios provenientes del remanente de operación del Banco de México (Banxico) serán destinados a gasto en infraestructura en 2016. En un comunicado, explica que la Junta Gobierno del instituto central, con base en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal de 2014, y una vez constituidas las reservas de capital en términos de ley, determinó que hay un remanente de operación de 31.4 mil millones de pesos. Por tanto, apunta, dicha Junta, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Banco de México, resolvió entregar al gobierno federal el importe íntegro de tal remanente, recursos que representan, por su naturaleza, “un ingreso extraordinario”. La dependencia expone que el gobierno federal propondrá en el proyecto de presupuesto 2016 invertir estos recursos para desarrollar programas y planes de infraestructura, en un entorno de bajos precios del petróleo. Precisa que los estados financieros auditados del Banxico al 31 de diciembre pasado muestran un remanente de operación por 31 mil 449 millones de pesos, los cuales fueron enterados a la Tesorería de la Federación. La Secretaría de Hacienda considera que en congruencia con el reto presupuestal que se enfrentará en 2016 y para dar un uso responsable de estos ingresos extraordinarios, “cubrirá el gasto productivo del próximo año”, sobre todo en proyectos de inversión en infraestructura, privilegiando el uso de dichos recursos a través de inversión pública-privada”.
Con base en lo anterior, el gobierno federal reservará dichos recursos y propondrá a la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico que el recurso extraordinario se ejerza en 2016 en inversión en infraestructura, puntualiza. FUENTE: ARISTEGI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: En un capítulo más en su lucha por tierras y autonomía, ahora la tribu yaqui, originaria de Sonora, organiza la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, misma que durante el mes de mayo recorrerá 70 localidades en 22 entidades del país. Su preocupación por “la ola de reformas estructurales capitalistas que están poniendo en peligro la existencia de nuestra nación, despojándonos de nuestro propio territorio y poniendo en riesgo la vida misma con los llamados megaproyectos, la militarización, la inseguridad y la privatización de los bienes comunes” impulsa a los yaquis a realizar esta caravana. En esta propuesta también intervienen decenas de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos humanos, según Tomás Rojo, vocero del pueblo yaqui. En entrevista destaca que son tres los objetivos de la caravana: “Visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se están profundizando en todo México. Fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra del modelo neoliberal y sus reformas estructurales, haciendo frente a la creciente criminalización y represión de la protesta social en nuestro país. Y abrir un proceso nacional de organización y articulación en torno a la defensa del agua, su reapropiación por parte de la población y contra la propuesta de ley privatizadora del mal gobierno.” Luego rememora que hacia 2007 se celebró una reunión continental de los pueblos indígenas de América, y allí se hizo una alianza y un pacto en defensa de los pueblos originarios “y, en algún momento que hubiera una afectación, íbamos a recurrir a todos, y estamos apelando a ese pacto, e invitamos a toda la comunidad mexicana”. El 11 y 13 mayo partirán tres caravanas, una desde Vícam, en Cajeme, Sonora, y otra desde Pijijiapan, Chiapas, y una más de Piedras Negras, Coahuila, hacia la Ciudad de México. Serán 11 días de jornadas a lo largo de las rutas; además, eventos simultáneos se realizarán en otros estados, con acciones, asambleas, foros y conferencias de prensa. Así, “expondremos las innumerables luchas que están creciendo frente a la imposición corrupta y violenta de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos”, explica Rojo, quien subraya que los recursos naturales están muy ligados a su cultura y costumbres. El miércoles 20 de mayo celebrarán en Plan de Ayala, Morelos un Encuentro Indígena, Campesino y Popular para relanzar un Nuevo Plan de Ayala en defensa del agua y de la tierra.
Así, las caravanas del norte y del sur convergerán un día después en Xochimilco, Distrito Federal, para luego dirigirse, el viernes 22, al Zócalo de la Ciudad de México. FUENTE: PROCESO. AUTOR: COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE.
La joven estaba encadenada y dice que sólo que sólo le daban de comer una vez al día.
Las autoridades de la ciudad de México detuvieron a cinco personas acusadas de mantener a una mujer encadenada a una estación de planchado y forzarla a trabajar en condiciones de esclavitud. La Procuraduría General de Justicia informó este lunes 27 de abril en un comunicado que cuatro mujeres y un hombre enfrentan cargos por trata de personas por someter a la mujer de 22 años y obligarla a planchar por dos años. La dependencia señaló que los dueños de la tienda de planchado la contrataron inicialmente y luego la acusaron de robar cosas, por lo que decidieron encadenarla. Si paraba de planchar, la mujer era golpeada e incluso quemada en la espalda. La mujer declaró que le daban de comer muy poco y solo una vez al día, por lo que llegaba a masticar el plástico con el que cubría la ropa que planchaba.
La Procuraduría refirió que la mujer escapó y denunció el caso, aunque no dio más detalles sobre cómo logró liberarse. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.
Circula en las redes sociales un video en el que aparecen al menos una decena de agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, golpeando a un solo hombre, que tiene el dorso desnudo y, al parecer, padece de una discapacidad.
La persona que registró la agresión de los uniformados, o alguien que lo acompaña, exclama en el momento del ataque policiaco: “¡Tiene discapacidad!, ¡ya le echaron gas lacrimógeno!, ¡mira, ya lo están pateando!, ¡no mames, le pasaron la patrulla!”.
Al dar a conocer el resultado de los cuatro Foros Regionales que se realizaron el pasado domingo, anunciaron una serie de acciones que incluye la toma del edificio sede el Gobierno del Estado de México en Toluca.
CIUDAD DE MÉXICO. En los últimos tres años, al menos 150 defensores de los derechos humanos en el Estado de México fueron víctimas de agresiones o amenazas, incluidas de muerte, por las acciones que realizan, denunciaron Organizaciones No Gubernamentales. Advirtieron que entre las víctimas están grupos de indígena en aquella entidad y quienes no sólo han recibido agresiones y amenazas sino también han sufrido despojos de sus tierras.
Al dar a conocer el resultado de los cuatro Foros Regionales que se realizaron el pasado domingo, anunciaron una serie de acciones que incluye la toma del edificio sede el Gobierno del Estado de México, en Toluca, la capital del estado. Janeth Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, aseguró que se trata de actos para repudiar los constantes actos de violencia, corrupción e impunidad. “En el Estado de México nos encontramos en un momento donde los megaproyectos de comunicaciones y desarrollo inmobiliarios, están generando una cantidad inimaginable de violaciones a derechos humanos, bajo la complicidad de las autoridades del Gobierno del Estado de México”, dijo.
En conferencia explicó que a partir del miércoles 29 de abril, iniciarán en Texcoco, la caravana “El fuego de la dignidad”. Se trata de un acto de resistencia que consiste en movilizaciones masivas en diferentes municipios mexiquenses y una mega marcha, el 15 de mayo próximo, que busca “tomar la ciudad de Toluca y el edificio sede del gobierno”. FUENTE: EL FINANCIERO. AUTOR: DAVID SAÚL VELA.
Carlos Jiménez Rodríguez, hijo de priista y casado con una hija del secretario particular de Miguel Mancera, busca una curul en la ALDF por el PRD y levanta opiniones encontradas por sus familiares.
Está casado con Fernanda, la hija de Luis Serna Chávez, el hombre más cercano a Miguel Ángel Mancera. Es delfín del exdelegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna; hijo del seis veces diputado del PRI, Manuel Jiménez Guzmán, y aspira a una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Carlos Jiménez Rodríguez aparece en la lista del PRD como uno de los candidatos más jóvenes que busca una curul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pero su parentesco con el hombre número tres del gobierno capitalino causa ruido. La relación suegro-yerno que une a Luis Serna Chávez y Carlos Jiménez Rodríguez comenzó a despertar escozor en el círculo cercano del jefe de Gobierno, en donde se especuló si el secretario particular de Mancera había movido sus influencias para colocar en el tablero al joven que está casado con su hija Fernanda. La apuesta de Leonel Luna En medio de la tensión interna por la que atraviesa el gabinete de Miguel Ángel Mancera no faltó quien, al enterarse del parentesco, intentara golpear interna y públicamente al secretario particular que abre, pero que también cierra la puerta a muchos. Sin embargo, no sólo le pegarían a Luis Serna Chávez, suegro del candidato, también a Leonel Luna, perredista que recientemente rompió vínculos con René Bejarano, y aunque se declaró independiente de tribus, en la práctica ha jugado con Vanguardia Progresista de Héctor Serrano. Porque Carlos Jiménez Rodríguez, el yerno incómodo, es la apuesta del exdelegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna, para el Distrito electoral número 23 que comprende una zona de grandes contrastes entre pobres y ricos: Jardines del Pedregal, San Ángel Inn, Tizapanes, Chimalistac, La Florida y Las Águilas, pero también Lomás de Tarango, Plateros, Merced Gómez, Olivar del Conde y Alfonso XIII. El joven candidato es un estuche de sorpresas. Yerno de Luis Serna, delfín de Leonel Luna e hijo de Manuel Jiménez Guzmán, un viejo priista que fue diputado seis veces por el tricolor, que practica la masonería y que además, le elabora los discursos oficiales a Miguel Ángel Mancera. ‘Es mi propio camino’ Reporte Indigo buscó al personaje central de la estrategia con la que presuntamente buscan golpear políticamente al secretario particular de Mancera. Esta es la versión de Carlos Jiménez, el yerno. “Este es mi propio camino”, dice intentando aclarar que ni su poderoso suegro, Luis Serna, ni su padre, Manuel Jiménez Guzmán, tuvieron que ver con su candidatura”. Explica que desde hace más de cuatro años conoció a Leonel Luna en un foro al que asistió en Álvaro Obregón, y de ahí lo invitó a trabajar como director de Concertación y Fortalecimiento Ciudadano, luego, pasó al área de Evaluación de Programas y finalmente su secretario particular. Jiménez Rodríguez asegura que su trabajo como director territorial de San Ángel fue lo que motivó a Leonel Luna para candidatearlo a la Asamblea. “Leonel (Luna) era totalmente de la corriente de René Bejarano, aunque no tuve la oportunidad de conocerle”, apunta. Justo durante la elección interna del PRD, Leonel Luna rompió con el líder de la que fuera la corriente más poderosa en el Distrito Federal, IDN. ¿Los motivos?, considerar que no compartía los cuestionamientos que Bejarano hizo en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quien acusó de entrometerse en la contienda del Sol Azteca y en la designación de candidaturas. ¿Tú presentaste a tu suegro con Leonel?, se le cuestiona. “No, yo conocía a Leonel desde antes, si supo quién era mi suegro, coincidieron en la boda, a la que yo lo invité, pero Luis (Serna) no ha tenido nada que ver con mi trayectoria, él no sabía que me iban a postular”, afirma. Apenas hace cinco meses, Carlos Jiménez se casó con Fernanda, la hija de Luis, evento celebrado en diciembre pasado cuando él ya tenía años que trabajaba para Leonel Luna en Álvaro Obregón. “A finales de diciembre de 2014, Leonel me comenta que me iba a proponer al partido como diputado, pero que no era nada seguro”, precisa. El distrito para el que compite Carlos Jiménez, históricamente ha pertenecido al Partido Acción Nacional (PAN) pues estaba dividido electoralmente en Benito Juárez y Álvaro Obregón, sin embargo, explica, que muchos de los líderes lo conocen, resultado del trabajo que realizó en la zona director territorial. “Mi papá es Manuel Jiménez Guzmán, priista, presidente del PRI en el Distrito Federal y líder del tricolor en la Asamblea. Lo respeto mucho porque ha dedicado su vida a servir a México, como hombre me ha enseñado muchos valores pero este es mi propio camino”, afirma. Cuando Mancera hacía campaña por la jefatura de Gobierno, Manuel Jiménez Guzmán generó polémica al declarar que, a pesar de ser dirigente del tricolor, su voto sería para Mancera y no para Beatriz Paredes, quien también buscaba gobernar el DF. “De mi suegro, es un segundo padre, su apoyo es a nivel personal”, subraya.
Carlos Jiménez Rodríguez y Omar Montoy, su suplente de apenas 22 años, encabezan la fórmula más joven en la lista de candidatos a diputados del PRD. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
La mayor parte de los mexicanos carece de las condiciones y de los medios para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas cotidianos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó foros de consulta ciudadana, en atención a la petición del presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de mejorar la justicia cotidiana en el país. Los resultados le fueron entregados a Peña el lunes de esta semana y son los siguientes: El estado de la justicia cotidiana presenta graves problemas que requieren atención urgente. Por ejemplo: • Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; • Existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; • La justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social; • Se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y • las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adonde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. El catálogo de problemas identificados es largo, heterogéneo y complejo, señala el CIDE en sus conclusiones. Las soluciones que propone abarcan un amplio espectro de medidas que pueden agruparse en seis grandes categorías relacionadas con: • las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto; • la mala calidad de los conocimientos y condiciones de intervención de los agentes (abogados, jueces, defensores, ministerios públicos, etc.); • el diseño de los procedimientos que suelen privilegiar la forma sobre el fondo y que tratan igual conflictos de naturaleza muy diversa; • la falta de capacidades institucionales y recursos de los sistemas de justicia de las entidades federativas; • un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación (en particular en materia de justicia laboral); y • la mala calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas en todo el país. El CIDE pidió crear centros de asistencia jurídica temprana, regular servicios de abogados y revisar el diseño de las juntas de conciliación y arbitraje, así como crear un nuevo modelo de justicia familiar, entre otros puntos. Además, planteó una estrategia para que los mexicanos conozcan sus derechos y las vías para ejercerlos, la creación de un defensor de las pequeñas empresas, así como medidas específicas para defender a las trabajadoras domésticas y a los migrantes.
Con estas propuestas el presidente Peña Nieto realizará una agenda de reformas que serán sometidas al Congreso bajo una iniciativa de ley. El resumen ejecutivo y el informe completo sobre la justicia en el país: Sintesis_JusticiaCotidiana-version-final.pdf by Aristegui Noticias:
Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, problemas extendidos en México, apunta la organización.
México debe intensificar sus esfuerzos por asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos, urgió Human Rights Watch en una carta enviada a la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González. La organización internacional identificó medidas que debería adoptar la procuradora general para dar cumplimiento a su compromiso de defender los derechos humanos. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, observó Human Rights Watch. Asimismo, se refirió a las conclusiones de varios de sus propios informes, así como a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de múltiples organismos de derechos humanos de la ONU: la regla es que estos abusos queden impunes. “El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes”, sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “La nueva Procuradora General de la República está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores”, agregó. Al asumir en marzo de 2015, Gómez González expresó su compromiso de investigar abusos, incluidas desapariciones y torturas, y de establecer como prioridad el trabajo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. En marzo, Juan Méndez, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la “tortura es generalizada en México” y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia. Sin embargo, a fines de marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto criticó públicamente al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México. En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex Procurador General Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch. En junio de 2013, por ejemplo, la Procuraduría General de la República creó una unidad dedicada a casos de desapariciones. Hasta enero de 2015, la unidad no había obtenido ninguna condena por desapariciones forzadas cometidas desde 2007, según información oficial. La nueva Procuradora General, apuntó HRW, debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones. La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR, sostuvo HRW. Human Rights Watch también manifestó que la PGR debería dar a conocer los nombres de 22.000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas.
La procuradora general también debería asegurar que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El reportaje de la matanza de 16 civiles en Apatzingán el pasado 6 de enero, de la periodista Laura Castellanos y divulgado simultáneamente por Proceso, Aristegui Noticias y Univision, vuelve a evidenciar un patrón de conducta del Estado mexicano: ejecuciones sumarias, alteración de la escena del crimen, manipulación de dictámenes periciales, exculpación de los miembros de las fuerzas públicas, incriminación de civiles y pretendido fin del expediente. En hechos anteriores la Procuraduría General de la República (PGR) tenía vías para eludir su responsabilidad, porque siempre habían sido otros ministerios públicos los actuantes en primera instancia. En Tlatlaya, la Procuraduría del Estado de México; en Iguala, la de Guerrero; e incluso en los asesinatos cometidos directamente por efectivos del Ejército: los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el de Jorge Otilio Cantú y el de los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, que fueron atendidos por las procuradurías estatales y la militar. Pero en el caso de Apatzingán, desde el primer momento fue la PGR la que participó en las investigaciones y los detenidos fueron remitidos directamente a su delegación en Morelia, así que no pueden culpar a ninguna otra instancia de la deficiente integración de la averiguación previa. Por ello es aberrante que “el gobierno de la República” haya solicitado a “la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal investigar los hechos ocurridos en Apatzingán…”, como informó el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el lunes 20, tras la difusión del reportaje. Como en los anteriores casos, las primeras denuncias no fueron suficientes para mover al gobierno federal de la ruta trazada. Cuando las evidencias se hicieron contundentes y se difundieron ampliamente, no tuvieron más alternativa que atenderlas. Una semana después de la masacre, Francisco Castellanos, corresponsal en Michoacán de este semanario, ya había dejado constancia de que la versión de los lugareños contradecía la del comisionado Alfredo Castillo (Proceso 1994), pero el gobierno simplemente pretendió ignorar la publicación, con la esperanza de que pasara inadvertida y el tema se olvidara. Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió y la reiteración de la misma, con mayores elementos, lo obligó a reaccionar. La respuesta del gobierno federal obedece al mismo patrón: cuando los medios evidenciaron los excesos de las Fuerzas Armadas o de los policías federales, el gobierno inició la integración de expedientes. Pero en los casos anteriores, asignarle las investigaciones a la PGR parecería lógico, pues no había participado en las averiguaciones previas. En este caso la procuraduría tendrá que reabrir los expedientes y de paso investigar a sus propios agentes, pues fueron ellos quienes, por complicidad o incapacidad, exoneraron a los policías federales, así que difícilmente podrían llegar a conclusiones distintas en estos momentos. Incluir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal casi parece una burla, pues remite nuevamente al eterno conflicto de la administración pública mexicana: encargar la investigación y eventual sanción de las conductas irregulares a compañeros de trabajo de los presuntos infractores, quienes además dependen del mismo jefe, con lo cual éste se encarga de protegerlos, sobre todo porque en la mayoría de los casos él también estuvo implicado o informado y, por lo tanto, tiene algún tipo de responsabilidad. Para intentar evitar esta aberración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir su recomendación al gobierno de Puebla por el asesinato del menor José Luis Alberto Tehuatlie a raíz de las lesiones que le ocasionó el impacto en la cabeza de un contenedor de gas lacrimógeno, exigió que se designara un fiscal especial sin dependencia del procurador estatal. El gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, cumplió formalmente la recomendación, aunque en los hechos la burló, pues designó responsable a un funcionario de la misma dependencia, con lo cual en la práctica seguía dependiendo del procurador. “El gobierno de la República” (para mantener el eufemismo del secretario de Gobernación) repite la fórmula que actualmente mantiene sin determinación los presuntos conflicto de interés en los cuales incurrieron el presidente, su esposa, el secretario de Hacienda y ahora el secretario de Gobernación: que sea un subordinado del investigado quien lo investigue. Remiten el caso (en el conflicto de interés, al flamante secretario de la Función Pública; en éste, a la nueva titular de la PGR) con la instrucción de construir una explicación jurídica suficientemente sólida que permita exonerar a los responsables y respaldar la versión oficial. Esta acción les permite argumentar, en caso necesario, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos que las denuncias públicas presentadas se están investigando y en caso de encontrarse responsabilidades, los servidores públicos recibirán las sanciones que establece la legislación. Pero como las respuestas son políticas y los casos requieren réplicas jurídicas, los hechos y las evidencias difundidas por los medios son tan contundentes que impiden a los responsables de resolverlos lograrlo, por lo que los expedientes permanecen abiertos y se acumulan uno tras otro. Ninguno de los casos mencionados en este texto ha sido resuelto, todos se encuentran en proceso y desde luego éstos no son los únicos pendientes.
La gravedad de los asuntos, las respuestas cada vez más ineficaces y aberrantes del gobierno y su impacto en la opinión pública amenazan cada día más la gobernabilidad e impiden cualquier repunte económico del país. El gobierno está atrapado en un círculo vicioso que no logra romper y que cada día se agudiza más. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ.
MÉXICO, D.F: El rosario de mentiras –y delitos– comienza desde el sobre que recibe el ciudadano en su domicilio: “Para afiliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”. Pero a menudo el ciudadano que recibe la correspondencia no sólo no es afiliado a ese partido, sino que repudia las prácticas tramposas y delincuenciales de sus dirigentes, como usar sus datos personales y afiliarlos sin su consentimiento. El engaño –y el delito— continúa cuando el ciudadano abre el sobre y se encuentra con una tarjeta de plástico con su nombre que, denominada “Premia Platino” y con el emblema del PVEM, ofrece descuentos y bonificaciones de dinero en “más de 9 mil negocios participantes”. Los descuentos de entre 5% y 10% son en las tiendas Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego –cuya hija Ninfa es senadora del PVEM–, y en ópticas Devlyn, mientras que Sears, Chedraui y Farmacias del Ahorro –cuyo dueño es el tío de Jorge Emilio González Martínez, cacique de ese partido– ofrecen bonificaciones en monedero electrónico de entre 10% y 30%. Es engaño –y delito– porque aun cuando, desde el 10 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió al PVEM dejar de emitir esas tarjetas y a los establecimientos dejar de hacer efectivos los descuentos y bonificaciones, porque “transgrede disposiciones de la normativa electoral”, las tarjetas siguen llegando a los domicilios. No sólo eso: Los supuestos afiliados al PVEM reciben el sobre con la tarjeta platino, ya en plenas campañas, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –que más bien ha solapado a ese partido— lo multó por esa razón con 3.9 millones de pesos. Aunque Farmacias del ahorro, por ejemplo, ya no otorga bonificación de 30% en “monedero del ahorro”, desde que el INE lo prohibió, otros establecimientos siguen otorgando descuentos y bonificaciones. Yo mismo lo comprobé: Usando la tarjeta “Premia platino” que le llegó a un familiar, el sábado fui a una sucursal de Farmacias y me dijeron que desde hace dos meses (sic), “por disposición del INE”, ya no otorgaban ningún tipo de descuento con ese instrumento del PVEM. Hoy lunes hablé al Centro de atención a clientes de “Premia Platino” y la persona que me atendió me confirmó que, después de las elecciones, en todos los establecimientos podrá gozarse de los descuentos, pero “por ahora” la promoción es sólo en las tiendas de autoservicio Chedraui. –¿En Chedraui sí sigue la promoción? –Sí. Por cada 500 pesos de compras le bonifican 50 pesos en efectivo– aseguró la operadora, aunque en la publicidad que recibe el ciudadano “afiliado” al PVEM la bonificación es de sólo 5%. Y, en efecto, así es: El propio PVEM ha difundido que, tras las elecciones, podrán reclamarse los descuentos y bonificaciones prometidas. Este solo caso sería suficiente para cancelarle el registro al PVEM: No sólo viola la Ley de Protección de datos personales y la ley electoral, que prohíbe la propaganda en medios que no sean textiles, sino que es reincidente. Más aún: Estas tarjetas son un mecanismo de compra y coacción del voto, como los son también los paquetes de útiles escolares entregados en mochilas, todas con membrete del PVEM. Hasta ahora el PVEM acumula en cuatro meses 11 multas por un total de 188 millones de pesos por constantes violaciones a la Constitución y a diversas leyes, suficiente para que se le cancele el registro. Pero los dirigentes de este partido hacen lo que hacen porque son, en realidad, una asociación delictuosa que se sabe impune.
Sabiendo esto, el que vote por el hatajo de criminales del Partido Verde no es víctima, es cómplice… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS).
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