Los métodos de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), subraya, incluyen campañas de “nombrar y avergonzar”, que corren bien en los medios sociales, y en los últimos meses, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y tras las acusaciones generalizadas de corrupción, sus acciones han sido destacadas.
Convencieron al gobierno de Enrique Peña Nieto a ir más allá de lo que originalmente quería en una reforma anticorrupción, apunta la revista, y resalta una declaración del panista Fernando Rodríguez Doval, uno de los redactores de la ley: “Yo iría tan lejos como para decir que, sin ellos, esta reforma no habría ocurrido”. La publicación no recupera las posiciones que minimizan tal logro.
Lo que si resalta The Economist, es que en México hay ahora ONG más especializadas (tecnócratas, las llama) y otras VIP con ligas fuertes con el gobierno. Pero también están los grupos civiles que han metido presión en las calles a temas como el de los 43 estudiantes desaparecidos, los conflictos de interés y la corrupción, destaca.
Estas ONG, sostiene, tienen hoy una voz, aunque dependen de los medios (prensa y redes sociales) para difundirla con éxito. Pero han logrado, como sucedió con las protestas en las calles contra Enrique Peña Nieto por la muerte de los 43 estudiantes y por el papel de su esposa Angélica Rivera en un potencial escándalo de conflicto de intereses, sacar al gobierno de su búnker.
La publicación resalta el caso de Viridiana Ríos, una activista de 32 años de edad que se crió en los suburbios pobres de la Ciudad de México, pero no es de izquierdas. Se educó en Harvard y utiliza el análisis, estadísticas y campañas en medios sociales a favor de un gobierno limpio.
“En lugar de adoptar las tácticas de los agitadores entusiastas de la calle, es parte de un movimiento de ‘expertos’ de la sociedad civil que está adquiriendo gran influencia en México. Sus armas son hechos y argumentos sólidos. ‘Somos la tecnocracia de la sociedad civil’, dice ella”.
En abril, grupos sociales presionaron con éxito para abrir el acceso a la información gubernamental y también lanzaron un “observatorio civil” para supervisar la construcción de un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, dice la publicación inglesa.
El gobierno asegura que tendrá un costo de 169 mil millones de pesos (11 millones de dólares), pero no ha dicho dónde está el dinero y de dónde vendrá. “Y una organización, Mexicanos Primero, encabezada por un miembro de una familia industrial prominente, está tomando acciones legales para obligar a la Secretaría de Gobernación a no ceder a los profesores radicales que se oponen a una reforma de la educación”.
The Economist sostiene que los métodos de las ONG incluyen campañas de “nombrar y avergonzar” que corren bien en los medios sociales. México ¿Cómo Vamos? ha diseñado –por ejemplo– un “alcoholímetro” anti-corrupción, y muestra en tiempo real cuáles estados han aprobado la reforma anticorrupción. Diez de los 32 estados ya habían ratificado.
Recientemente, añade, dos organizaciones no gubernamentales, el IMCO y Transparencia Mexicana, crearon una plataforma llamada Tres de tres, que anima a los candidatos en las elecciones legislativas del próximo 7 de junio al ir más allá de los requisitos legales y hacer públicos sus activos, los intereses y las pruebas de que pagan impuestos.
“La cabeza del IMCO, Juan Pardinas, dice que el objetivo es superar una crisis de credibilidad política en México. Se insta a los votantes a enviar tweets a los candidatos donde dicen que los apoyarán sólo si aportan la información. Para el 29 de abril, 100 políticos habían respondido, incluyendo nueve candidatos a gobernador”.
Agrega: “No ha sido fácil para las organizaciones no gubernamentales alcanzar esta influencia en un país donde la élite tecnócrata brinca automáticamente a formar parte del gobierno. Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, ha cooptado la sociedad civil. Su mal manejo en los esfuerzos de rescate tras el terremoto de México de 1985 produjo un aumento del activismo de base. Grupos de la sociedad civil ganaron mayor prominencia por luchar contra el fraude durante las elecciones en los años 1988 y 1994, hasta que el PRI finalmente perdió sus 72 años en el poder, en 2000”.
Según la revista británica, “después de un período de calma, el número de ONG creció de nuevo por los problemas de seguridad interna de México, que aumentaron a finales de los 2000. Algunas, con el apoyo de grupos empresariales mexicanos, se convirtieron en altamente eficaces para lograr que el gobierno hiciera frente a la violencia relacionada con las drogas en ciudades del norte como Ciudad Juárez y Monterrey”.
No obstante, resalta, hubo, una división social, de acuerdo con Juan Salgado del CIDE. “Debido a que los delitos violentos afectaron tanto a ricos como a pobres, grupos de víctimas con dinero hicieron conexiones poderosas con el gobierno. Él (Salgado) les llama las ‘ONG VIP’. Las organizaciones sociales anti-crimen tienden a ser más pobres, más ideológicas y más centradas en las causas de la delincuencia y en los derechos humanos. Y tienen eco más fuerte en las protestas callejeras que en el gobierno”.
Las organizaciones sociales, apunta, pueden desdeñar a sus hermanos más tecnocráticos, etiquetarlos como títeres neoliberales y gubernamentales. “De hecho, algunos de sus líderes son graduados del ITAM, una de las más prestigiosas universidades de México, que desprecia los sesgos ideológicos que afligen a la mayoría de las otras. Se inculca un enfoque basado en la evidencia”.
Los tecnócratas, puntualiza, tienen un pragmatismo que hace que su agenda sea difícil de precisar. Por ejemplo, el IMCO apoya la reforma energética, al igual que los negocios, pero también hace campaña contra la obesidad, de la que se culpa en parte a la industria alimentaria.
Sobre la corrupción y la transparencia, dice, muchas ONG se han unido y también dependen de los movimientos de ciudadanos para poner al gobierno a la defensiva, como las protestas en las calles del año pasado contra Peña Nieto por la muerte de los estudiantes y por el papel de su esposa en un potencial escándalo de conflicto de intereses.
Estos incidentes obligaron al gobierno a salir de su búnker, dijo a The Economist Luis Rubio, jefe de CIDAC, un grupo de expertos. “Ellos tienen un nuevo pragmatismo. Al final se dieron cuenta de que necesitaban cierta legitimidad”.
Sin embargo, sostuvo Rubio, las ONG necesitan. Y Viridiana Ríos lo explicó así: “Tenemos una voz. Pero la prensa y las redes sociales son nuestro megáfono”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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