“En política, los tacones no son lo importante”, expresa la feminista Pilar Muriedas cuando piensa en Sylvana, la única hija de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gobernador de Sonora de 1991 a 1997, y de Sylvia Sánchez, mujer dedicada al hogar. La figura de Sylvana aparece en estos días tanto en las revistas de socialité como las que relatan información nacional.
Las primeras, a veces, la adjetivizan como “la entaconadísima”. Las segundas dan cuenta de la diputación plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la que contendrá en las elecciones del próximo 7 de junio, un sitio casi seguro para mantenerse en el escena pública.
Resulta difícil no observar en la persona de Sylvana Beltrones Sánchez la mezcla de sus pares de Christian Louboutin, cuyo precio promedio son mil dólares, con sus cargos públicos. El periodista Beto Tavira relató que en 2013 en su plataforma Cuna de Grillos que Sylvana llegó así –entaconada– a la Dirección de Gestión Estratégica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donde ocupó la silla principal.
Hay otro objeto de diseñador que está en su consumo: las bolsas. En 2012, cuando se inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Sylvana Beltrones apareció en la revista Quién en un listado de “mujeres que amamos”. Compartió créditos con la cantante Ely Guerra y la actriz Montserrat Oliver. La publicación resaltó que la hija de Beltrones es amante de los zapatos de suela roja de Louboutin y las bolsas de Louis Vuitton.
Más allá de la construcción social de las bolsas y los zapatos de tacón, Pilar Muriedas, con larga experiencia en el estudio de la mujer en el ámbito público, pone énfasis en que en política, “el foco debe estar en la cabeza y no en los pies. Igual como son juzgados los hombres, así deben serlo las mujeres. Como otras, ella tuvo que decidir. Y ha decidido estar en los cargos públicos. Si no lo hubiera hecho, nadie hablaría de su forma de vestir”.
La carrera de Sylvana Beltrones Sánchez se vuelve controvertida dada su brevedad. Es ahora mismo subsecretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). La primera vez que ocupó un asiento en el Congreso de la Unión fue en 2012 como diputada federal suplente. Ese mismo año, fue nombrada secretaria general adjunta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Luego, ocupó la silla de la Dirección de Gestión Estratégica del Fonatur, institución a cargo de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables en México. Egresó de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura en Derecho; pero su cédula profesional aún no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Se trata de una heredera del poder y que hasta ahora, no ha mostrado preparación académica. De modo que como personaje político, Sylvana Beltrones representa la clase alta. La que se mueve desde el peldaño más alto. Es un estilo que ella ha elegido. Por ahora es difícil no ver su traslúcida vida social que predomina sobre la profesional. Quizá en el futuro, ambos caminos se equilibren y nos brinden otro ser político”, expresa Gustavo Leal, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco.
SU INFANCIA Y SU PADRE
“Mi suegra hacía muchas burlas porque como llegaba a las 11 o a las 12 de la noche, preguntaba si mi trabajo era de velador”, le dijo Manlio Fabio Beltrones a la revista Quién en una entrevista en 2012. Cuando era novio de Silvia –la madre- se desempeñaba como secretario particular del subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; trabajaba de ocho de la mañana a 11 de la noche. La medianoche era el único espacio para verla. En la misma ocasión, admitió que les fue difícil procrear a Sylvana y ello fue la justificación de que la pareja sólo tuviera una hija.
Sylvana Beltrones fue procreada mientras su padre crecía como político en Sonora. En esa entidad del norte de México, dirigió al Comité Ejecutivo Estatal, en 1985; y fue secretario de Gobierno y luego Gogernador, de 1991 a 1997. La gubernatura, la arrancó cuando Sylvana tenía nueve años. De modo que durante el mandato estatal, ella se convirtió en adolescente y luego, en adulta.
La familia no ha vivido por completo en Sonora. Los cargos públicos de Manlio Fabio Beltrones los hicieron mudarse a la Ciudad de México. De 2004 a 2005 –años en que Sylvana inició la Universidad- Manlio Fabio Beltrones presidió la Cámara de Diputados; de 2006 a 2007, fue presidente del Senado y de 2010 a 2011, repitió en ese cargo. Ya había sido, de 1988 a 1991, subsecretario en la Secretaría de Gobernación.
Hoy es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El crecimiento de Sylvana Beltrones Sánchez coincidió con un acontecimiento histórico en la Historia reciente de México: el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994. Su padre fue uno de los políticos más visibles en la administración de la tragedia. El día de la tragedia, hubo una reunión de gobernadores en la Ciudad de México, convocada por el presidente del consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE). Estuvieron todos, con excepción de Manlio Fabio Beltrones. Cuando ocurrió el asesinato, fue él quien estuvo más cerca del lugar de los hechos porque Ernesto Ruffo Appel, Gobernador de Baja California, no se encontraba en su demarcación, dada la reunión en el IFE.
El Presidente Carlos Salinas de Gortari le pidió ayuda a Beltrones. Una de las preguntas que el ex Presidente tuvo que contestar a la Fiscalía Especializada fue por qué le solicitó ayuda al Gobernador de Sonora y no al de Baja California, lugar del asesinato. “Busqué al Gobernador de Baja California y se me informó que no estaba en su estado. Por ese motivo, y estando presente en mi despacho el coordinador de la campaña de Colosio, el doctor Zedillo, me comuniqué con el Gobernador de Sonora para pedirle que siendo el más cercano al lugar de los hechos, se trasladara a la ciudad de Tijuana, cosa que hizo”, respondió Salinas.
La primera declaración ministerial de Mario Aburto –el asesino confeso- ocurrió a las 19:30. Después del interrogatorio, entre las personas que hablaron con Aburto está Manlio Fabio Beltrones quien se presentó en los separos de la Procuraduría General de la Repúbclica (PGR) en Tijuana como “enviado presidencial” y sacó al detenido para hablar con él “en la playa” (Expediente Colosio, contenido en la PGR). A partir de este episodio, el fantasma de la suspicacia cayó sobre su ser. Surgió la hipótesis de que hay dos Aburtos, uno el capturado en el mitin; otro, el que fue sido presentado a los medios. El cambio se habría hecho después del interrogatorio.
Tres años después, volvió a la controversia. Un reporte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), citado por el diario The New York Times en 1997, lo acusó de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos. El mismo año, la PGR desmintió la información difundida por el periódico estadounidense.
En 2008, Sylvana contrajo nupcias con Pablo Escudero quien es miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A esta boda, celebrada en el Colegio de las Vizcaínas, asistieron 700 personas; entre ellos, Enrique Peña Nieto (ahora Presidente de la República), Santiago Creel, Olegario Vázquez Raña, Juan Francisco Ealy, Raúl Salinas, Joaquín López Dóriga y Esteban Moctezuma. Hoy son padres de dos hijos.
Su nominación como Diputada por la vía plurinominal despertó algunas críticas. Su nombre apareció al lado al de la actriz, Carmen Salinas. Esa propuesta del PRI fue calificada como “deliberadamente superficial” con la postulación de personalidades del espectáculo y el jet-set mexicano para atraerse votos. La revista “Política y Estilo”, la describió en un texto que incluyó ironía: “Ella es bonita, guapa, atractiva; además, es millonaria, tiene mucho estilo, es fashion, conoce de moda, y su cuerpo es cubierto por las marcas de los diseñadores más respetados del mundo…ah, pero si le faltaba algún ingrediente a tan amplia personalidad, podemos cerrar su maravilloso círculo diciendo que su papá es Manlio Fabio Beltrones”.
La relación entre los Beltrones y la candidata de Sonora al Gobierno del Estado, Claudia Pavlovich, es cercana. Sylvana fue una de las invitadas especiales al arranque de campaña, efectuado en Cajeme.
Sylvana Beltrones Sánchez es vicepresidenta de la Fundación Beatriz Beltrones –nombre de su abuela- dedicada a prevenir el cáncer de mama y cérvicouterino. En octubre de 2012, organizó un desfile para recaudar fondos. Entre sus invitados, estaban el empresario Carlos Slim Domit, Arturo Elías Ayub con su esposa, Johanna Slim; Emilio Gamboa, Alberto Cinta y Silvia Rojo. En la ocasión, Manlio Fabio Beltrones dijo: “Mi hija, mi mujer y yo sufrimos con el cáncer de mi madre que la llevó a la muerte… Cuando se tiene esa enfermedad, la agonía no es sólo de quien la padece, sino de la familia completa; queremos seguir trabajando con el propósito de que menos mujeres en Sonora tengan este problema”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-05-2015/1331615
Guerrero y Morelos son los estados donde hay mayor percepción de inseguridad; el homicidio doloso rebasó al secuestro como el crimen que más preocupa a ciudadanos.
En México el crimen que más preocupa y que tiene mayor incidencia es el homicidio doloso, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) en su Índice Delictivo ‘8 Delitos Primero’, basado en datos de 2013.
El índice estima la cantidad de crímenes reportados por cada estado de la República Mexicana y lo contrasta con la percepción de inseguridad que genera en cada entidad. Esto coloca al homicidio doloso por encima del secuestro, crimen que ocupaba el primer lugar en 2012.
De acuerdo con el CIDAC, cinco estados presentaron una caída importante en el índice: Guanajuato (del lugar 12 al 20), Colima (del 16 al 21), Coahuila (del 15 al 22), Baja California (del 11 al 23) y Sinaloa (del 24 al 30); la entidad con una mejora más significativa fue Nayarit (del 26 al 10).
Los estados donde hay una situación más severa son Guerrero y Morelos, que ocupa el lugar 32 y 31 respectivamente (los más graves) en una lista donde el CIDAC asigna un valor a cada demarcación para medir el nivel de percepción de inseguridad que se tiene con respecto a los crímenes cometidos.
La Ciudad de México se encuentra en el lugar 17, con una categoría de ‘Afectación Grave’, mientras, que los tres primeros estados con categoría ‘moderada’ son Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala.
“A grandes rasgos el modelo considera el impacto del delito junto con el cálculo que hacen las personas de la probabilidad de que éste les ocurra”, afirma el CIDAC sobre el índice que presenta.
Informe completo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La directora de Buen Gobierno y Proyectos Especiales del ayuntamiento, Zazil Reyes Contreras, fue denunciada por el empleado de confianza César Antonio Vázquez Méndez, ya que durante siete meses lo obligó a entregarle el 50 por ciento de su sueldo y el aguinaldo completo del año 2014.
En conferencia de prensa, el empleado de confianza adscrito a la dirección de Buen Gobierno y Proyectos Especiales recordó que al ingresar a laborar Reyes Contreras le especificó las condiciones de su trabajo y dada la necesidad que se vive en el país tuvo que aceptar.
“Me obligó a darle el 50 por ciento de mi sueldo, pues ella me dijo que sería de manera temporal porque tenía otra persona operando en colonias, que necesitaba reubicar, que sólo serían tres meses”, explicó.
Sin embargo pasaron siete meses, y la directora continúa el descuento del salario y del aguinaldo, por lo que se atrevió a denunciarla públicamente, además de que en los últimos meses ha sufrido acoso laboral.
“El ayuntamiento me paga 12 mil pesos mensuales de los cuales yo le entregaba la mitad durante siete meses a Zazil, más el aguinaldo que ella se quedó, me ha quitado más de 40 mil pesos”, expuso.
A partir del 4 de marzo, cuando se negó a darle la mitad del pago de su salario, la directora comenzó las represalias en su contra, de lo cual hay testigos que incluso quisieron defenderlo, pero la mujer amenazó con despedirlos.
El afectado mostró en su teléfono celular las conversaciones sostenidas con Reyes Contreras, donde la funcionaria municipal lo condiciona, lo despide del trabajo y lo humilla al decirle que “Por dignidad deberías de renunciar, no eres bien querido aquí… Para lo que te contrate no sirves”.
Mencionó que durante este tiempo laboró al servicio de Reyes Contreras en la oficina del palacio municipal, así como también realizó limpiezas en las bodegas de la dirección de Buen Gobierno y de la particular de la directora.
Señaló que cuenta con fotografías que sirven como testimonio de que no fueron entregadas despensas para damnificados del huracán Odile por instrucciones de la funcionaria municipal.
“Cuando entré me dijo que iba a fungir como secretario particular, pero ahora notifica por oficios unos temas que quiere que investigue, que son extensos, y ella quiere que en unas horas le dé la investigación y me empiezan a presionar por teléfono para hostigarme; no me ha dado ni un solo día de descanso en ocho meses”, acusó.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ/AGENCIAS.
En las inmediaciones del Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, trabajadores despedidos injustamente por el gobierno estatal que encabeza el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, denuncian su situación y reclaman su reinstalación inmediata.
Los burócratas reparten volantes en los que describen, entre otras cosas que, por la decisión arbitraria de Moreno Valle de echarlos a la calle, sus familias se han quedado sin atención médica.
La ceremonia oficial por la Batalla del 5 de Mayo está por iniciar.
FUENTE: LA JORNADA ORIENTE.
AUTOR: Martín Hernández Alcántara
OAXACA, Oax: La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó el asesinato de otro profesor y simpatizante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en el municipio de Putla de Guerrero.
De acuerdo con reportes de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, cuando Anastasio Nicolás Hernández caminaba por la calle Quintana Roo de esa localidad y fue atacado por la espalda.
El maestro de educación media superior sufrió cinco impactos de arma de fuego y quedó tendido boca abajo.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) arribaron al sitio donde se perpetró el crimen para iniciar las primeras indagatorias.
Horas antes la PGJE informó que había iniciado la investigación por la muerte de Benjamín García Sandoval, otro profesor de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien fue ejecutado la tarde de ayer en el mismo municipio, apenas 12 horas antes del crimen de Nicolás Hernández.
En la calle California esquina con Michoacán, un grupo de sujetos que circulaba en un automóvil tipo Tsuru blanco disparó contra el maestro de 40 años de edad, originario de San Miguel Copala, quien trabajaba en las oficinas de la Zona Escolar Indígena.
Después de la ruptura entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Partido Unidad Popular (PUP), en lo que va del año se han cometido siete crímenes de integrantes de esos grupos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Las estaciones Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán de la Línea 5 del Metro están cerradas por el choque de dos trenes ocurrido ayer lunes.
En estos momentos personal intenta retirar uno de los trenes dañados por el choque, precisó Joel Ortega, director del Metro.
En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario mencionó que, debido a la suspensión del servicio en dichas estaciones, el gobierno del Distrito Federal ofrece servicio gratuito de autobuses por parte de la Red de Transporte de Pasajeros.
Ortega precisó que personal del Metro recuperó las dos cajas negras de los trenes; con ellas y las cámaras de vigilancia se analizará cuál fue la razón del choque.
También dio a conocer que un trabajador cayó a las vías del Metro en la estación del Metro cuando se realizaban labores de retiro de trenes.
El trabajador, que laboraba en el techo de los trenes, murió después de ser trasladado al hospital.
Ayer chocaron dos trenes del Metro en la estación Oceanía, lo que dejó un saldo oficial de seis personas lesionadas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
San Luis de Majimachi, Chih: El pasado viernes 1 de mayo habitantes de esta comunidad perteneciente al municipio de Bocoyna lograron frenar las obras de construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo en el tramo que cruza por su territorio, debido a que siguen sin recibir información clara sobre el proyecto y a la presión que ejercen las empresas Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI) y TransCanada, principalmente, para que la población rarámuri reciba dinero a cambio de sus parcelas.
La decisión de impedir las obras se llevó a cabo de común acuerdo con los pueblos vecinos de Majimachi, Pitorreal y Kawirare, y de los gobernadores indígenas de Repechike y Rochivo.
El pasado 21 de febrero, en una reunión realizada en Creel con representantes de la Secretaría de Energía (Sener), el gobernador de San Luis Majimachi suscribió un acuerdo de consentimiento, pero lo hizo bajo presión y sin conocer el contenido del proyecto. Por tal razón, la comunidad desconocieron el convenio y decidieron no ratificarlo en una reunión celebrada el 17 de marzo en esta comunidad.
A pesar de no contar con el consentimiento de la población, las empresas reiniciaron las obras amparados en la aprobación de ejidatarios a quienes ya les habían pagado sus parcelas, aseguró Sserafín Mendoza Hernández, gestor de la empresa GDI.
Los opositores al gasoducto de San Luis indicaron que una cosa es el ejido y otra la comunidad indígena, que, advirtieron, debe ser consultada.
San Luis de Majimachi tiene 144 ejidatarios mestizos e indígenas y alrededor de 400 habitantes indígenas. A varios ejidatarios ya les dieron dinero por su tierra de 4 a 5 mil pesos.
“Han ejercido presión contra gobernadores para obtener las firmas, no les explican de manera sencilla”, dice Fátima Valdivia, del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos Indígenas en la Tarahumara.
“Fueron presionados (los gobernadores) por la CDI y Coordinación de la Tarahumara para que firmaran. TransCanada está ofreciendo beneficios pero no saben qué ofrecieron (…) les piden escuelas, arreglar la comunidad, luz eléctrica, pero eso es obligación de los gobiernos”, opina Javier Molina, habitante del ejido de San Luis de Majimachi.
La obra del gasoducto en ese tramo inició noviembre de 2014 y a los tres meses acordaron suspenderla hasta que concluyera la consulta, mientras que en la Baja Tarahumara continúa.
Los pobladores aseveran que la Coordinación Estatal de la Tarahumara ha estado presionando porque la empresa ofrece un fondo social para las comunidades y esa instancia se quiere quedar con una parte para “administrarlo”, pero hasta ahora nadie les ha dicho a cuánto asciende ese fondo ni para qué lo van a utilizar.
En la reunión de febrero “un gobernador de la Baja Tarahumara, de Basonaivo, dijo en público: ‘esto es lo que necesitamos’ y nos aseguraron que la empresa iba a venir a explicar”, refirió otro poblador de Majimachi, Alberto Rojo Cruz.
“Nos engañan para las firmas nada más, y mucha gente se conforma con despensas porque no saben de qué se trata”, agrega Manuel Batista.
Fátima Valdivia explica que hay una evidente inclinación del gobierno federal y del estatal, hacia la empresa, aun cuando deberían proteger a las comunidades indígenas o mínimo, permanecer neutrales.
“A mi madre ya le destruyeron toda su parcela, se han llevado aguajes, parcelas de maíz, sólo quieren darles 4 mil pesos pero casi nadie sabe leer. A Luis Cobos Cruz le tumbaron su maíz el año pasado; a Martín Felipe se lo tumbaron cerca de la carretera; a Albino Caraveo Castillo le dieron 5 mil pesos y se quedó conforme porque estaba borracho”, detalla Javier Molina, quien indica que a varias comunidades llevan bastante vino para convencer a los indígenas.
Por la parcela de maíz de la mamá de Javier Molina, Guadalupe González Cervantes, pasaron la maquinaria de las empresas. “Cuando mi mamá fue a reclamar le dijeron que yo había firmado pero nunca firmé nada”, asegura Javier Molina.
Guadalupe y Javier denunciaron que otro hermano de éste, Manuel Molina, es el tesorero del comisariado ejidal y ha trabajado en complicidad con la empresa. Además es consuegro del alcalde de Bocoyna, Ernesto Estrada.
Melesio Torres Cruz, primer gobernador de Pitorreal, dijo que ellos apenas presentaron la solicitud pero no los han consultado, sólo han ido a juntas al centro de reunión en Majimachi.
“No sabemos por qué siguieron con la obra, están violentando nuestros derechos (…) no dicen nada de vamos a empezar a trabajar ni nada y luego después nos dijeron que mejor aceptemos el dinero, porque si no después va a ser a fuerzas porque así dice la ley y no nos van a pagar nada”, dicen los pobladores indígenas.
Relatan que en 2013, la gente de la CDI y las empresas llegaron con una mochila con dinero, y aunque “Raúl” de la Procuraduría Agraria les dijo que así no se debía hacer, “no lo dejaron hablar porque dijeron que venían arreglados de afuera”.
“Hicieron un contrato por 18 meses, en septiembre se vence, se supone que ya deben dejar los tubos enterrados”, indicó Batista.
Además, reclaman, las compañías no contratan gente de la región como en las motosierras, veladores, para las banderas, “sólo contrataron gente de San Matilde para el desmonte, pero según dijeron que iban a poner viveros para trasplantar las plantas medicinales y las especiales y como vieron que no era cierto, muchos ya no quisieron seguirle”, indican.
El pasado viernes 1, alrededor de las 11 de la mañana, la gente de San Luis de Majimachi acompañada de otras comunidades, se acercaron a las máquinas pesadas que abren camino por 560 kilómetros desde Chihuahua hasta Topolobampo, la mayor parte en la Sierra Tarahumara.
“Venimos a ver qué ha sucedido, porque habíamos quedado que no iban a seguirle con las máquinas”, cuestionó uno de los pobladores a los ingenieros encargados de la obra, quienes respondieron que tenían entendido que hoy se reunirían en Majimachi.
Serafín Mendoza, de la empresa GDI y Rafael Espinoza, de TransCanada explicaron a los pobladores que la siguiente reunión sería hoy en la comunidad, pero justificaron que continuaron la obra porque tienen el permiso de ejidatarios.
Les reclamaron que la comunidad nunca aceptó que continuaran con la obra, menos cuando vieron que se trata de tirar tanto árbol.
Rafael Espinoza les pidió identificarse para conocer quiénes eran de la comunidad y le reclamaron que el problema es que no les respetaron la última etapa de la consulta.
Luego, les explicaron que una parte son los ejidatarios, que son mestizos e indígenas, que es sólo una parte del problema, y otra es la comunidad indígena, que debe ser consultada porque así lo piden las leyes federales e internacionales.
“No se han respetado acuerdos”, reclamó otro de ellos.
Sólo se estaban revisando aguajes y arroyos con la comisión de cada comunidad-, respondió Espinoza.
En Majimachi no nos hemos puesto acuerdo como comunidad para ver los beneficios que tendrá, por eso no ha ratificado acuerdos.
El soporte que tenemos (para continuar la obra) es permiso de ejido, el acta de asamblea del reparto de dinero entre ejidatarios. El comisionado dice que tiene reparto, consta en el acta, aseguró el ingeniero Serafín Mendoza.
“No consta en acta de asamblea”, recriminó el sacerdote Javier Ávila, quien fue testigo en aquella reunión.
En la asamblea la comunicación fue para ver si se cambiaba o no, la autenticidad ejidal-, abundó el sacerdote. Incluso la Procuraduría Agraria dijo que no era lega la manera en la que lo estaban haciendo, se retiró, insistió el sacerdote.
La justificación, el soporte legal con el que trabajamos es ese, se verá en la reunión del 4 de mayo, va a ser importante para llegar a acuerdos. No estamos actuando de mala fe-, dijo el ingeniero Mendoza.
En la última reunión que fue sólo con gobernadores, no podían decidir solos porque no era acuerdo de la comunidad, los presionaron para que continuara la obra porque si no se los llevaban al bote-, dijo Javier Molina.
Posteriormente, Citlali Quintana, del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos Indígenas en la Tarahumara, insistió que una cosa es la negociación con el ejido y otra la consulta a la comunidad, por lo que acordaron que la reunión de hoy 4 de mayo, sólo será para tomar acuerdos con los ejidatarios y posteriormente la comunidad dará una fecha para la consulta, a través de la Sener.
Serfín Mendoza pidió a los manifestantes que les permitieran concluir el sábado pasado para detener la obra, porque representa mucho gasto para la empresa. Luego de deliberar entre ellos, por una unanimidad y con la mano levantada, les informaron a los encargados de las empresas que se debían retirar ya hasta que la comunidad llegue a un acuerdo.
En entrevista con Apro, Serfín Mendoza explica que ellos como empresa han mostrado apertura para las solicitudes y trabajan “lo más legalmente posible en función de la gente que demuestra la legalidad de sus tierras”.
Asegura que cuando no cuentan con título de propiedad, les ayudan a obtenerlo, sin embargo, en el caso de Repechique, donde piden el reconocimiento de sus tierras para llegar a acuerdos, indicó que desconoce la problemática.
“Recorremos junto con los propietarios las tierras, o los buscamos en su casa”, insistió, aunque reconoció que la empresa no los capacitó en cuanto a la ley que exige que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada. “La empresa sólo busca perfiles, por ejemplo, yo soy ingeniero agrónomo con maestría en Desarrollo Rural y tengo experiencia en el área rural”, dijo Serafín Mendoza.
Después culpa a las organizaciones civiles y al sacerdote “El Pato” Ávila, que aunque lo conoció ese día, lo culpó de haber pedido dinero a la empresa para convencer a los indígenas que cedan sus tierras, pero como no se lo dieron, él los ha apoyado para que defiendan su territorio.
“Creo yo que aquí (en el tramo de Bocoyna) ha afectado (a la empresa) la influencia que ejercen ciertos personajes. Otro señor, Javier Molina, trabaja sus camionetas y quería trabajar en el proyecto y le dijeron que no, por eso está reclamando. Cada uno defiende lo suyo, pero pueden sembrar cerca de sus tierras. Hay casos en los que citamos a la comunidad para ofrecer trabajo, como en Panalachi, pero sólo llegaron dos”, justificó.
El Pato Ávila respondió que la declaración del ingeniero es una vergüenza sobre todo por la responsabilidad tan seria que tiene.
“Me da pena que ni siquiera la ley conozcan. Si puede demostrar de lo que me culpa, le exijo que lo haga. De tan estúpida y corriente, es risible su difamación”, dijo el sacerdote, quien refirió que la empresa y el gobierno son los nuevos fariseos.
Como sacerdotes, dijo, tienen la obligación de defender a los pueblos indígenas, tal como lo enseñó Jesucristo, quien incluso expulsó a los fariseos de su templo.
En cuanto al proyecto, Serafín Mendoza dijo que ya casi concluyeron el tramo de Carichií a Pacigochi y más allá de Panalachi a Cuiteco, del municipio de Urique, pero aún les falta Creel, La Laguna y Panalachi, del municipio de Bocoyna.
Las etapas son la apertura de pista; desfile de tubería por donde bajan los tubos trabajo de doblado y soldadura; ensanjado y en su caso, uso de explosivos y descenso de tubería. Al último dejan el trabajo más fino para los cruces de carreteras, ferrocarriles y arroyos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró que no promoverá el abstencionismo, pero tampoco llamará a votar el próximo 7 de junio, “porque voten por el color que voten, dijo, esto se va a poner peor”. Lo que todos los pueblos deben hacer, subrayó, es “organizarse”.
De acuerdo con Moisés, en estos días “que hay esa cosa que llaman proceso electoral, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención (…) Esa y otras tonterías dicen quienes en balde tiene la cabeza grande, pues ni siquiera estudian la historia”.
En el marco del seminario denominado “Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”, que se realiza desde ayer en la Universidad de la Tierra y concluirá el próximo sábado 9, el subcomandante fijó la postura oficial del EZLN sobre los comicios del próximo 7 de junio.
“Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos, lo que hacemos cada que se puede es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita”.
Como pueblos originarios de estas tierras, agregó, ellos ya conocen las acciones de los partidos políticos, “que han ido tejiendo una mala historia con malas personas”.
Según el subcomandante zapatista, esos partidos políticos sólo han servido para dividir a los pueblos y comunidades en todo el país. Los partidos políticos, insistió, confrontan, usan a los de abajo para llegar a posiciones y posteriormente, ya arriba, se olvidan de ellos. Sólo les dan migajas para usarlos, y así hasta el próximo proceso electoral.
“Acá abajo, sea por el color que sea, rojo, amarrillo, verde, azul o descolorido, los partidos políticos no son lo que dicen ser, que los políticos que llegan son como ‘salvadores’, que los van a sacar de la pobreza. Sólo llegan para usarlos en sus mezquinos intereses de lograr las posiciones políticas que aspiran”.
Prosiguió: “Los políticos y sus partidos sólo usan la pobreza para venir a dar migajas, para tomarse la foto de que están ayudando a los más jodidos, a los más pobres, a los desposeídos. Sin embargo, sólo los usan para venir y tomarse la foto”.
Los zapatistas desde hace muchos años han decidido mejor organizarse, y el que quiera votar que vote, pero el voto no sacará a nadie de la pobreza, lo mejor es la organización colectiva como lo han hecho los rebeldes, organizarse para salir adelante, no esperar a que lleguen otros con engaños y falsas promesas, dijo.
“No les decimos que voten. Tampoco les decimos que no voten. No les decimos que entren de zapatistas, porque bien lo sabemos por nuestra historia que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista”.
Añadió: “No nos burlamos. Simple y sencillamente les decimos que se organicen”.
Cuando nos preguntan qué hacer, simplemente les decimos: “Ahí vas a ver tu mismo qué haces, lo que llega en tu corazón, en tu cabeza, y no lo que llega otro a decirte que tienes que hacer.
“Nosotros no les decimos mentiras, no les echamos grandes rollos, ni discursos. Nosotros sólo les decimos la verdad: Se va a poner peor”, sostuvo.
Y es que los de allá arriba sólo viven de engañar a la gente, por lo que es menester organizarse abajo, porque las soluciones las hace el pueblo, no los líderes, no los partidos, precisó.
Luego soltó: “Si el (Manuel) Velasco da cachetadas con la mano, esos partidistas dan cachetadas con su racismo mal escondido”.
Explicó que ellos saben perfectamente bien lo que son las elecciones, pero los zapatistas, agregó, tienen otro tiempo, otra geografía, otro calendario de cómo hacer elecciones en territorio rebelde, con resistencia.
“Mientras allá arriba gastan millones de pesos en propaganda electoral, en toneladas de basura de plástico, en lonas con fotografías de rateros y criminales, en territorio zapatista han encontrado otra forma de hacer sus elecciones sin falsas promesas ni engaños”.
En las comunidades autónomas se hace efectiva la consigna que dice: “Acá el pueblo manda y el gobierno obedecen”.
Esa, añadió, es ya la vida zapatista en los pueblos. Es una cultura de verdad. “Cierto que hemos tenido muchos errores, muchas fallas. Cierto que tendremos más, pero son nuestras fallas. Nosotros la cometemos y nosotros la pagamos, mientras allá arriba son los partidos y sus líderes los que comenten esas fallas, pero al final de cuentas son los de abajo los que la pagan.
“Por eso de lo que viene de las elecciones en el mes de junio, ni nos va ni nos viene. Ni llamamos a votar, ni llamamos a no votar. No nos interesa. Es más, ni nos preocupa. A nosotras y nosotros los zapatistas lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos desprecia y nos roba”.
Las elecciones que organiza el sistema capitalista sólo sirven para perpetuar a los de allá arriba en el poder, apuntó.
“Si usted ya pensó que no va a votar, nosotros decimos que está bien, tampoco decimos que está mal. Sólo le decimos que creemos que no basta, que hay que organizarse. Y, claro, que se prepare porque le van a echar la culpa de las miserias de la izquierda partidista institucional”.
Remató: “Nosotros, los y las zapatistas, no nos cansamos de decir: organícense, organicémonos, cada quien en su lugar, luchemos por organizarse, trabajemos por organizarse, pensemos por empezar a organizar y encontrémonos para unir nuestras organizaciones por un mundo donde los pueblos mandan y el gobierno obedece”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
“Quienes pretenden amagar a los ciudadanos y hacerlos que no vayan a las urnas, les decimos que se equivocan, la mejor forma de hacerle frente a la política de la fuerza, es poniendo la fuerza de la política”, dijo César Camacho.
El presidente del PRI, César Camacho Quiroz, señaló que la tarea de su partido es mirar para adelante e insistir en la coordinación de los ámbitos de gobierno para garantizar a la población que tengan la libertad y confianza de acudir el 7 de junio a votar.
Advirtió que su partido no se va a amedrentar por ninguna amenaza, ni velada, ni franca del crimen organizado.
Ante los señalamientos de la candidata del PAN a la gubernatura de Michoacán, que la seguridad va en retroceso, el dirigente del tricolor recordó que poco más de 92 capos de los más buscados están en la cárcel, y fueron detenidos por la administración de Enrique Peña Nieto.
En entrevista con los medios en el estado de Coahuila, Camacho Quiroz dijo “tenemos la firme decisión de no cejar en el compromiso de hacer que la seguridad la volvamos a tener después de muchos años y de una guerra absurda que tuvo como saldo 100 mil muertos”, al recordar a los gobiernos panistas.
“Basta que ustedes revisen las estadísticas para que vean la baja sensible que tuvo la delincuencia organizada, los homicidios dolosos, los delitos de alto impacto en Coahuila a partir del primer mes de 2013, recién iniciada la gestión de Enrique Peña”.
El líder nacional del tricolor recordó que Guerrero ha presentado incidentes lamentables, condenables, y advirtió que han pedido con energía una pronta y certera investigación de la muerte del candidato del PRI de Chilapa.
Explicó que han sintetizado en tres grandes vertientes la oferta política, que son educación, empleos y seguridad, y aseguró que esto atraerá a los ciudadanos, quienes ya no quieren ver descalificaciones, ni una campaña basada en una especie de “el otro es peor que yo”, que es como otro partido ha querido participar en estos comicios.
Sobre los ataques permanentes contra el Partido Verde Ecologista de México, Camacho Quiroz dijo que más bien es la desesperación de algunos que ya no encuentran argumentos para posicionarse y suponen que es pegándole al otro cómo van a ganar prosélitos, aseguró que se equivocan y que el PRI no se va a detener en sus propuestas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Es "importante que las recomendaciones se vuelvan vivas, que los estados presten más atención, y que efectivamente haya una obligación e incluso se tomen ciertas medidas que permitan exigir", señaló Alicia Vargas.
En junio, México va a comparecer ante el Comité de derechos del niño de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.
El informe que se entrega y se analiza por el comité, “tiene una dimensión de examen internacional, en materia de derechos de la infancia; los expertos independientes suelen invitar a los gobiernos a superar vacíos”, señaló Juan Martín, Director Ejecutivo Red por los Derechos de la Infancia en México.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que “México firmó Convención del niño, un instrumento internacional que hace 25 años se logró, México fue durante 10 años uno de los principales promotores”.
“México está comprometido a entregar informes periódicos al organismo, que tiene comités que analizan qué tanto se está cumpliendo con los niños”.
Señaló que “lamentablemente en el caso del Estado mexicano, tiende a entregar los informes con mucho retraso, en este caso le llamó el informe consolidado cuarto y quinto”.
“Ahora el Estado estará en audiencia en junio próximo, nosotros vamos como testigos, y posteriormente el país recibirá recomendaciones”, comentó.
Cabe destacar que el país “ya ha recibido un paquete de recomendaciones del Comité, los cuales lamentablemente, tienen escaso avance, quizá el más importante se refiere a la aprobación de la Ley General de derechos de la infancia”.
Además indicó que “Estados Unidos no ha reconocido la Convención de los derechos del niño. Es la convención más firmada, pero la menos aplicada”.
El Comité de derechos del niño “está integardo por especialistas que tienen generalmente enfásis temáticos, por ejemplo hay quienes tienen mucho interés en saber qué se está haciendo entorno a primera infancia, niños de cero a ocho años, otros en ámbitos de educación, abuso sexual contra niños y pederastia, uno de los temas que seguramente se va a abordar con el Estado mexicano es qué ha hecho frente a casos como los Legionarios de Cristo”.
También hay “una preocupación, especialmente en el caso de México, del grave daño que ocasiona el crimen organizado y la omisión del Estado frente a este poder, y particularmente con los derechos de la infancia”.
Otro de los temas es “la inversión, cuánto se está invirtiendo y cuál es la eficencia de esa inversión”.
Aseveró que “siete de cada diez familias en este país, ya no dejan salir a sus niños a la calle, con toda la afectación que esto conlleva, están más tiempo encerrados”.
“El Estado mexicanio no ha atendido recoemendaciones internacionales… y nos lleva a casos como Tlatlaya”, comentó.
“Más atención”
Por su parte Alicia Vargas, directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, dijo que es “importante que las recomendaciones se vuelvan vivas, que los estados presten más atención, y que efectivamente haya una obligación e incluso se tomen cieras medidas que permitan exigir”.
Esperemos que en las próximas recomendaciones “sean no solamente al Estado, sino a la sociedad civil, para darle seguimiento y acompañar estas recomendaciones”.
Lo que se entregó “es un informe temático que presenta información estadistíca basado en datos que el propio Estado va generando, realacionados con desaparición forzada, narcoexplotación, feminicidios, maltarto infantil, trata de ser un cuerpo general de las principales problemáticas en nuestro país”.
También “acabamos de presentar un informe, haciendo un recuento del estado de situación de la infancia en el 2014, donde estos temas se vuelven a abordar y se presenta un estado de situación que sería como nuestra agenda pendiente para darle seguimiento en este 2015, en coherencia con este informe alternativo, respecto a cuáles son las tareas pendientes”.
“El tema de la educación, de la falta de cobertura, de la falta de capoacidad del sistema, los homicidios en la infancia, incremento de violencia hacia los niños, los feminicidios en niñas y adolescentes… y buscar que en el Estado de México se emita una alerta de género”, señaló.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Un “deslizamiento por lluvia” en la pendiente de estación Oceanía de la línea 5 del Metro en dirección a Politécnico ocasionó el choque entre dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) que dejó seis personas lesionadas, informó el director de la dependencia, Joel Ortega.
Sin embargo, reportes de paramédicos hablaron de hasta 17 heridos; uno de gravedad con la pierna prensada.
En una precipitada entrevista en el lugar del incidente, el funcionario no descartó que el choque fuera también por una falla en el sistema automatizado de la red.
“Seguramente en las concisiones de lluvia debió haber habido alguna falla, pero no quiero adelantar, esto es motivo de una investigación del Comité de Asuntos Relevantes como lo señala nuestro estatuto”, dijo Ortega Cuevas.
Agregó que el tren salía de la estación Peñón de Los Baños, cuando entró en una pendiente pronunciada y que, por la tormenta que cayó en la zona de la línea que corre por la superficie, ya no pudo frenar y se impactó con el tren que iba a salir de la misma estación.
El director del STC informó que los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales y que el Metro se hará cargo de todos los gastos de atención y recuperación.
Añadió que los conductores de los dos trenes fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades, además de que se les practicara la prueba de la alcoholemia.
El choque ocurrió aproximadamente a las 18:15 horas y desde ese momento el servicio en la estación quedó suspendido, mientras llegaban los equipos de emergencia y protección civil para atender a los lesionados, entre ellos una menor de cinco años, y desalojar a los pasajeros.
Gilberto Gómez Lemuz, de 35 años, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné y fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A las 18:31, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció en su cuenta de Twitter: “Informa @MetroCDMX de un alcance de dos trenes en la estación del metro Oceanía, cuerpos de emergencia trabajan en el lugar #mm”.
El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, se trasladó hasta el lugar del percance para coordinar las acciones de seguridad. Personal de la Policía Federal y del Ejército prestó ayuda en el lugar.
Horas antes del accidente, el STC difundió un comunicado en el que destacó la inversión de 5.5 millones de pesos en la impermeabilización de techos y colocación de techumbres en diversos espacios institucionales.
El propósito, explicó, fue para “mantener las instalaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) en mejores condiciones de funcionamiento y evitar que fenómenos naturales como las precipitaciones pluviales y las filtraciones de los mantos freáticos, afecten el rendimiento de los equipos”.
El 4 de agosto de 2009, en medio de una intensa lluvia nocturna, dos trenes de la línea 2 del STC-Metro protagonizaron un alcance en la estación Nativitas, donde hubo al menos seis pasajeros lesionados, entre ellos un bebé.
El incidente sucedió a las 20:31 horas, en dirección al norte. Los primeros informes oficiales reportaron que un tren tuvo problemas en el modo de conducción, por lo que solicitó ayuda al Puesto Central de Control del sistema. El tren que lo seguía se acercó para engancharlo y remolcarlo hacia una “vía muerta”, donde se revisaría la falla.
La maniobra se hizo sin desalojar a los pasajeros. Al acercase el tren no alcanzó a frenar por la lluvia que invadía las vías y generó un golpe brusco que causó la caída de pasajeros que resultaron con golpes y torceduras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Más de treinta personas desde diferentes ángulos vieron exactamente lo mismo: un grupo de policías federales masacrando a un puñado de hombres desarmados que mantenían las manos arriba y se hincaban ante la petición de la autoridad. La masacre de Apatzingán documentada por la reconocida periodista Laura Castellanos no es producto de un dicho, sino la documentación de un hecho concreto sobre el cuál hay videos, fotografías, una diversidad importante de testimonios de personas que atestiguaron los hechos en el momento en que sucedieron.
Frente a este reportaje publicado en el portal aristeguinoticias.com, el ex comisionado para la paz en Michoacán, el mal logrado ex procurador del Estado de México Alfredo Castillo, vuelve a negar los hechos y se esconde tras su nuevo puesto burocrático (seguramente se lo dieron por ser experto en hacer de la falsedad un deporte).
No es de sorprender que Castillo mienta, se equivoque y vuelva a mentir, ya lo hizo hace años con el ominoso caso de la pequeña Paulette, la niña asesinada cuyo cadáver no localizó el equipo de Castillo y que días más tarde apareció como por obra de magia bajo el colchón sin que el procurador dudase de los resultados de las pesquisas.
Ese es otro hecho contundente: Castillo es un funcionario público acostumbrado a falsificar testimonios oficiales para ocultar su ineficiencia, acostumbrado a adulterar la evidencia para justificar su ineptitud y con ello fortalecer la impunidad. Lo que en realidad frustra a la sociedad es que los dichos de un mediocre servidor público se antepongan frente a los hechos concretos de una masacre con claros tintes de limpieza social ejecutada por autoridades mexicanas. Ante lo evidente sigue preguntar lo importante ¿quién dio las órdenes a los policías federales de ultimar a los miembros de la Fuerza Rural que meses antes fueran reconocidos por el comisionado Castillo? ¿por qué tanto analistas políticos de medios de comunicación decidieron ignorar la masacre de Apatzingán? Acaso podremos demostrar que esta masacre es parte de una estrategia iniciada desde tiempos de la guerra calderonista, y de ser así, estos asesinatos se suman a los crímenes de Estado que deben ser demostrados frente a tribunales internacionales. La fallida guerra calderonista sigue tan viva como antes, pero a diferencia del sexenio panista Peña Nieto ha optado por fortalecer la simulación de negociación de conflictos que permitiría que las fuerzas rurales trabajen contra el narcoestado. Esta simulación tranquiliza controla temporalmente y divide a los grupos civiles rurales hastiados de la violencia generada por la ingobernabilidad que abre las puerta a gobiernos municipales paralelos operados por la delincuencia organizada. Si esto puede demostrarse jurídicamente, la comunidad internacional podrá comprender por qué nacen nuevos cárteles y la inseguridad crece en lugar de debilitarse.
A las y los reporteros nos corresponde documentar hechos reales; buscar la historia, entrevistar a tantas personas involucradas y testigos como sea posible, contrastar las fuentes, entender el contexto en que se dan los hechos y narrarlos tal como son. Eso hizo la colega Laura Castellanos con el caso Apatzingán, sin embargo, como en cientos de casos en que las autoridades quedan en entredicho frente a crímenes de Estado y violaciones a los derechos humanos, los políticos y servidores públicos se convierten en una suerte de charlatanes de la justicia. Para la prensa son claros los casos en que las declaraciones mentirosas de los representantes del gobierno abonan a la impunidad. Todos, o su mayoría, están documentados, grabados en video y voz; ya son parte de la historia reciente.
La prensa mexicana que no se ha sometido al poder político es la gran aliada de la sociedad civil; no es casualidad que las amenazas desgasten a reporteras y reporteros, o que el sitio de Aristegui Noticias haya sido derribado por un ataque cibernético luego de subir esta nota y sus videos hace unos días. Lo que sorprendió es que los editores, incluso de medios que se consideran libres, hayan ignorado con tal flagrancia el reportaje #FueronLosFederales que rebela la masacre de Apatzingán, porque muestra en realidad a quién protege el ex comisionado Castillo. Ahora queda responder la pregunta ¿quién dio las órdenes a los federales que cometieron un crimen? ¿quién saboteó al medio que nos dio a conocer esta historia?
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO.
MÉXICO, D.F: A nueve años de la represión en San Salvador Atenco, 11 mujeres que litigan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto obstaculiza el proceso y trata de confundir a los integrantes del organismo.
En conferencia de prensa, tres de las víctimas y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informaron que en días pasados el gobierno del Estado de México notificó que había conformado un fideicomiso para sufragar las indemnizaciones de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual ante la CIDH.
Al respecto, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y la abogada del caso, Stephanie Brewer, señalaron que el anuncio del gobierno de Eruviel Ávila tiene la intención de convencer a los comisionados de la CIDH sobre la supuesta disposición del Estado mexicano de llegar a una solución amistosa con las víctimas.
No sólo eso, también busca que no emitan un informe de fondo en el que se exhiba la cadena de mando del operativo donde podría salir a flote la responsabilidad de Peña Nieto.
Bárbara Italia Méndez, Edith Rosales Gutiérrez y Norma Jiménez Osorio, tres de las mujeres agredidas en mayo de 2006, recordaron que desde 2008, cuando ingresaron su queja ante la CIDH, hicieron pública su decisión de rechazar una salida negociada, posición que reiteraron ante el organismo en una audiencia pública en Washington, en marzo de 2013.
Brewer dijo que pese a esa posición, representantes del Estado mexicano continuaron acercándose a los abogados y enviaron escritos a la CIDH para insistir en la solución amistosa, y en “varias ocasiones pidieron que no emitiera el informe de fondo porque el Estado iba a solucionar el caso a nivel interno”.
La abogada resaltó que el gobierno estatal anunció la constitución de “un fondo ad hoc de indemnización para las mujeres denunciantes del caso a través del Instituto de Atención a Víctimas del Estado de México, lo que consideramos un acto de presión y hostigamiento”.
En la página 21 de la Gaceta del gobierno del Estado de México, con fecha 19 de marzo, se publicó un Edicto por el que se notifica a las 11 mujeres y al Centro Prodh sobre la creación de un “fondo de atención que a su favor ha constituido el gobierno del Estado de México en su calidad de victimas de los hechos sucedidos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San salvador Atenco”.
El fondo, del que no se detallan montos, “se encuentra a su disposición (de las víctimas) en las oficinas que ocupa el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (IAVDEM)”, en Metepec.
El aviso está firmado por la directora general del IAVDEM,, Marcela Mora Córdoba.
Edith Rosales consideró “ofensivo” el edicto, además de que, dijo, pone en riesgo a las mujeres al hacer creer a la opinión pública que van a recibir recursos.
“La intención es pagar para acabar con el proceso de lucha. No vamos a vender la dignidad, tienen que hacer justicia real, definir dónde está la cadena de mando, que tiene que llegar hasta el que se jactó de haber implementado el operativo, porque hasta ahora ninguno de la cadena de mando está detenido ni procesado”, subrayó.
Bárbara Méndez, quien en marzo de 2013 fue la encargada de leer la carta firmada por 11 mujeres en la audiencia en Washington, reiteró al Estado mexicano que “no hay salida amistosa” ni negociada.
“No se trata de dinero, sino de dignidad y justicia, y no vamos a cesar el paso hasta que lo consigamos. Ya no somos sólo 11, en este camino hemos conseguido fortalecer el camino de otras mujeres torturadas sexualmente por militares, policías y marinos”, sostuvo.
De su lado, Norma Jiménez apuntó que aunque no pudieron acudir todas las denunciantes a la conferencia de prensa, hay un acuerdo entre las 11 de continuar el litigio ante la CIDH, “aunque a lo largo de estos nueve años hayamos recibido golpes del Estado mexicano para que desistamos”.
Para Stephanie Brewer, la intención de publicar el edicto tiene como objetivo “presionar a las mujeres, dilatar el proceso ante la CIDH y confundir. Pretenden hacer creer a la CIDH que hay un diálogo y negociación con el fin de bloquear el informe de fondo”.
La abogada recordó que uno de los objetivos de las mujeres es que en el informe de fondo el organismo dé lineamientos para lograr “cambios estructurales que pongan fin a la tortura sexual”, además de que la CIDH podría decidir llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), si es que las recomendaciones que emita en su resolución no son atendidas.
Al señalar que hay probabilidades de que la conclusión del organismo se dé a conocer en alguno de los dos periodos de sesiones que se desarrollarán este año (julio u octubre), Mario Patrón recordó que en el informe del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, se reconoció que en México “el grado de impunidad de la tortura sexual es todavía mayor a la que se aplica para incriminar a personas en delitos”.
De igual manera, destacó que en el operativo de mayo de 2006 fueron detenidas 47 mujeres; al ser remitidas, 26 de ellas denunciaron tortura sexual, pero sólo 11 decidieron continuar la lucha por el castigo a los responsables.
“Al Estado mexicano no le interesa hacer justicia, verdad y reparación, sino atajar un caso en el que está involucrado el presidente y antes era gobernador. Esta campaña para dilatar gira en la lógica de intentar comprar la palabra de las victimas con dinero”, puntualizó el director del Centro Prodh.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
México, DF. Autoridades mexicanas encontraron los cadáveres de dos de los tres soldados desaparecidos tras el derribo el viernes de un helicóptero militar a manos de narcotraficantes en el estado de Jalisco, confirmó el lunes el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Una fuente del gobierno federal explicó a la AFP que los dos cuerpos fueron detectados en la búsqueda del fin de semana "en el entorno del accidente del helicóptero".
Con el hallazgo de estos cuerpos suman cinco los militares muertos en el derribo de la aeronave Cougar, un hecho inédito en los últimos años de lucha contra los cárteles mexicanos, para el cual Rubido confirmó que los sicarios usaron un lanzacohetes.
Tras el ataque, "originalmente se hablaba de tres desaparecidos, las pruebas de ADN desafortunadamente muestran que son cinco los fallecidos", explicó Rubido en entrevista para televisión.
Rubido apuntó que el soldado que todavía no han encontrado "es de las personas que pudieron haber fallecido cuando se prende fuego el helicóptero".
"Yo creo que desafortunadamente ahí lo podríamos encontrar", dijo el comisionado sin descartar tampoco otras posibilidades como que pudiera haber sido secuestrado por los narcotraficantes.
De acuerdo con el gobierno, el ataque ocurrió la mañana del viernes en pleno lanzamiento de una operación militar en la región para desarticular al pujante cártel Jalisco Nueva Generación. Varios helicópteros localizaron en la carretera un convoy de vehículos con hombres armados. El Cougar derribado, que iba en cabeza, recibió un impacto en el rotor de cola cuando estaba haciendo una maniobra de aproximación, explicó Rubido.
El comisionado confirmó que el arma usada por los narcotraficantes fue un lanzacohetes RPG, lo cual "demuestra la capacidad de fuego de este grupo".
Además de los cinco militares muertos y uno desaparecido, a bordo del helicóptero iban otros 10 soldados y dos policías federales que resultaron heridos.
Rubido no precisó si creen que en alguno de los vehículos perseguidos se trasladaba el líder del cártel, Nemesio Oseguera alias El Mencho, pero recalcó que a raíz de estos hechos "habrá una significativa fuerza del Estado mexicano en la búsqueda de estos delincuentes".
El ataque al helicóptero ocurrió al inicio de una jornada en la que el cártel hizo una demostración de fuerza sembrando el temor en 25 municipios de Jalisco, incendiando vehículos, bloqueando carreteras y quemando bancos y gasolineras.
Esta organización criminal, que para algunos especialistas ya está entre las más poderosas de México, mantiene desde hace semanas una fuerte ofensiva contra las autoridades que incluyó una emboscada en abril en la que mató a 15 policías estatales.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
Están convencidas de que policías y militares se los llevaron en diciembre de 2013. Desaparecieron después de una operación de seguridad, coinciden. Indagan por cuenta propia ante la inacción de autoridades ministeriales. Cada reunión con el MP, una pérdida de tiempo.
Veracruz, Ver. Angélica María Berrospe Medina tiene un hijo desaparecido desde hace más de un año. Durante días lo buscó en cárceles y hospitales del estado, sin dar con una sola pista. Ahora, cuando se entera de que las autoridades encuentran una fosa clandestina, corre para ver si allí está el muchacho.
En abril pasado, ella y otros padres en la misma situación arribaron a unos terrenos situados al norte del puerto de Veracruz, donde la Procuraduría General de la República (PGR) encontró restos humanos inhumados clandestinamente. Las víctimas habían sido decapitadas.
Ella y los demás padres aguardan resultados de las pruebas de ADN y gestionan que la dependencia siga con la búsqueda de entierros clandestinos.
En este trajinar, Angélica se hizo amiga de Amelia Hernández Namorado, Velia Aurora García Cruz, y Dolores González Cortés. Viven en la misma colonia, la Formando Hogar del puerto, pero no se conocían hasta que comenzaron a verse en el Ministerio Público porque las cuatro perdieron a sus hijos entre el 9 y 11 de diciembre de 2013.
Todas señalan que las desapariciones ocurrieron después de una operación de fuerzas estatales y están seguras de que alguien se los llevó.
Cuando acuden al Ministerio Público para saber cómo van las pesquisas para localizar a sus hijos, en lugar de darles respuestas las reciben con más preguntas: ¿Qué más ha investigado, señora? ¿Qué más sabe? ¿Quiere ampliar su declaración con esos datos?
Las mujeres coinciden en que ellas –que investigan sin método ni preparación– son capaces de aportar más datos que el personal de la Fiscalía General del Estado.
Ellos no dan resultados. Cada reunión es pérdida de tiempo y dinero, reprocha Velia Aurora García Cruz, madre de Ricardo Adrián García Cruz, desaparecido el 9 diciembre del 2013.
Ese día el joven y su amigo David Salas Sarías fueron interceptados por supuestos policías estatales en la carretera Veracruz-Cardel. Su desaparición quedó consignada ante la cuarta agencia del Ministerio Público en la investigación 1416/2013.
“Estamos como los padres de los normalistas, buscando nosotros mismos –expresa Angélica María, madre de Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 17 años–. Busco a mi hijo en cárceles y fosas. No voy a parar hasta encontrarlo.”
Recuerda el día en que se lo llevaron de su casa: ¿Dónde está el cabrón?, gritaban agentes estatales y marinos que allanaron su casa, a las 14:20 horas del 11 de diciembre de 2013. Sin mencionar nombres ni orden de cateo, irrumpieron en cocina, sala y baño, hasta encontrar una habitación al fondo de la casa, cerrada con llave. Con las culatas rompieron la chapa. Jonathan estaba escondido debajo de la cama; su esposa, en el clóset.
Los uniformados lo sometieron y lo subieron a la patrulla. Desde entonces Angélica Berrospe no sabe nada de él.
A Concepción Marcial Chapo le sucedió lo mismo. En la camioneta en que se llevaron a Jonathan subieron a su nieto, Víctor Álvarez Damián (expediente 1269/2013, integrado en la agencia cuarta).
Lo sacaron de su trabajo, un taller mecánico en la avenida Cuauhtémoc, donde realizaba cambios de aceite. La policía argumenta que participó en un robo, recuerda Concepción. Sin embargo, ni Víctor Álvarez ni Jonathan Isacc ni Ricardo Adrián fueron consignados.
Las madres averiguaron que el día de esa operación se realizaron más detenciones en colonias aledañas. Muchos ingresaron a la cárcel preventiva conocida como el penalito de Playa Linda, en las instalaciones de lo que fue la Policía Intermunicipal, ahora bajo el control de la Policía Naval. Tras pagar multas, los liberaron.
Un muchacho que fue secuestrado el mismo día que Víctor le dijo a mi hija que lo había visto en la camioneta el día que lo detuvieron. Pero también le dijo que cuando llegó a Playa Linda ya no lo vio en los separos, relató Concepción.
En los días siguientes a la desaparición de sus hijos, las madres acudieron a diario a la cárcel preventiva, hasta que las autoridades pasaron de regañarlas, por no entender que ahí no estaban sus hijos, a ignorarlas.
Por ello, Angélica, Amelia, Velia y Dolores decidieron integrarse a la Red de Madres Buscando a sus Hijos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Eirinet Gómez.
