martes, 5 de mayo de 2015

Jalisco: ‘Bomba’ electoral

La ola de violencia que ha azotado a Jalisco en las últimas semanas provocada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación enturbia un proceso electoral enardecido por las denuncias y ataques en contra de aspirantes a puestos de elección popular

La irrupción violenta del Cártel de Jalisco Nueva Generación ha provocado una crisis de seguridad en Jalisco que se perfila para convertirse en un factor decisivo en las elecciones que se celebran  en este estado.

La administración estatal encabezada por el gobernador Aristóteles Sandoval tiene que enfrentar hoy una ola de violencia sin precedentes que azota la entidad atribuible al CJNG.

Pero también los tapatíos tienen que sortear un proceso electoral enturbiado por la muerte de aspirantes a cargos de elección popular y por las denuncias presentadas por la intervención del padre del mandatario estatal en la elección.

En el último mes el narco ha desafiado a las autoridades en Jalisco con la emboscada de 15 policías estatales, que murieron cerca del municipio de San Sebastián del Oeste.

La violencia en  Jalisco alcanzó su punto álgido el 1 de mayo, día en que se registraron 39 narcobloqueos en 25 municipios de la entidad, dejando un saldo de 15 personas muertas y 19 detenidas.

La violencia se ha extendido a los procesos de elección de candidatos. El 13 de diciembre de 2014, días antes de que se definiera la candidatura de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el municipio de San Sebastián del Oeste, Efrén Álvarez Torres, quien se perfilaba para ser la cara de esa mancuerna partidista, fue asesinado cuando salía de una veterinaria, en el municipio de Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara.

Álvarez López había sido alcalde de San Sebastián del Oeste. Pretendía encabezar en este 2015 la alianza amarilla-azul, de nueva cuenta por el mismo municipio de la costa de Jalisco.

El mismo día que falleció, también desapareció uno de sus colaboradores cercanos.

El perredista ya había sido víctima de un atentado. Ocurrió el 30 de enero de 2012, cuando se encontraba en compañía de su familia, al interior de su hogar. Varios hombres armados llegaron a su finca, en el poblado San Felipe de Híjar, en San Sebastián del Oeste, y dispararon con ametralladoras.

Por ese hecho, la familia del exedil presentó una denuncia ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR).

Dos años después, las balas alcanzaron a Álvarez López. 

Hoy, la fórmula PAN-PRD carece de un candidato por la alcaldía de San Sebastián del Oeste, por obvias razones de seguridad.

En Jalisco el periodo electoral ha traído consigo la revelación también de que el padre del gobernador, Leonel Sandoval Figueroa, metió mano en la campaña del PRI por la capital de Jalisco.

Una serie de audios difundidos en los que se escucha la voz del progenitor del mandatario, muestran el llamado que éste hizo a la “movilización” de priistas –un acto ilegal, reconoce–, para el día de la elección, con el único afán de refrendar la victoria del PRI en Guadalajara.

“Las desapariciones de personas, una política estatal de mando único fallida y la falta de recursos para tal modelo de seguridad pública en la entidad, han deteriorado más el escenario de seguridad en el estado, aseguró el dirigente del PRD Jalisco.

Una violencia anunciada

El 6 de abril pasado, un convoy de la Fuerza Única de Jalisco, que se dirigía desde Puerto Vallarta hacia la zona metropolitana de Guadalajara, fue atacado por un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sobre la carretera Mascota-Puerto Vallarta, a la altura del poblado Soyatán, del municipio de San Sebastián del Oeste.

En el ataque, 15 policías estatales murieron y otros cinco resultaron lesionados. 

Las autoridades de Jalisco dijeron que la acción se debió –igual que un atentado cometido el mes anterior contra el jefe de la policía estatal, Alejandro Solorio– al abatimiento de uno de los jefes del CJNG, Heriberto Acevedo Cárdenas, alias “El Gringo”.

Acevedo Cárdenas había muerto el 23 de marzo de 2015, en un enfrentamiento en el municipio de Zacoalco de Torres, según la versión oficial. A él se le atribuía el homicidio de cuatro militares, en una agresión contra el Ejército mexicano en el municipio de Guachinango, en mayo de 2014.

A la emboscada de abril pasado, se sumó la jornada violenta del 1 de mayo, cuando se registraron 39 bloqueos con vehículos incendiados en Jalisco.

El saldo de ese día: 25 municipios afectados, 15 personas muertas, 19 lesionadas y 19 detenidas. Incendios en cinco gasolineras y tres bancos; y más de 26 rutas de transporte público suspendidas.

Ya desde octubre del 2014, los propios partidos políticos en la entidad habían sostenido un encuentro con el gobernador para proteger los comicios de este año del crimen organizado.

En la reunión, el planteamiento del mandatario fue poner a disposición de los partidos “fichas” con información de inteligencia, sobre los candidatos a diferentes cargos de elección popular.

“Se hicieron planteamientos que resultan absurdos, cuando te dicen: tu partido, pregúntale al Gobierno del Estado si alguna persona está involucrada con el crimen organizado”, declaró Hugo Luna, presidente de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, en ‘Elecciones vulnerables ante la delincuencia’, publicado por Reporte Indigo el 11 de noviembre del año pasado.

Gustavo Macías Zambrano, dirigente estatal del PAN, reconoció en esa misma entrega que los candidatos suelen ser presionados a través de chantajes u ofrecimientos económicos, por parte de grupos criminales.


Leonel, absuelto

El 1 de mayo pasado, mientras las llamas consumían automotores en diferentes bloqueos en la entidad, atribuidos al CJNG, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) resolvió que Leonel Sandoval Figueroa, no había cometido ninguna infracción electoral, aun cuando en varias grabaciones llama a cometer actos ilegales para que el PRI gane en la jornada electoral del 7 de junio próximo.

“Se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia atribuidas a los ciudadanos Jorge Leonel Sandoval Figueroa, María de los Ángeles Arredondo Torres, Héctor Manlio Martell Gámez, Miriam Cedillo Álvarez, German Roberto Figueroa Meza, Salvador Serrano Magallanes, Gustavo Guzmán Soto y al Partido Revolucionario Institucional, en los términos de la sentencia”.

La resolución corresponde al expediente PSE-TEJ-92-2015, que el Triejal emitió el viernes pasado.

El proceso sancionador especial había sido promovido por el PAN y su presidente en Jalisco, Gustavo Macías Zambrano.

Los panistas presentaron como pruebas transcripciones publicadas en la prensa de los audios difundidos de la participación de Leonel Sandoval en asambleas de MAS Jalisco, un movimiento que encabeza al interior del PRI local.

“Es una acción ilegal (la movilización), ilícita el día de la elección, pero eso no lo vamos a andar diciendo”, “afortunadamente nos hace ya la tarea el Tribunal Electoral” y “el gobernador está poniendo todo de su parte, todo el apoyo que se le pueda brindar a Ricardo Villanueva (candidato priista a Guadalajara)”, son algunas de las frases más célebres de Leonel Sandoval en el audio en cuestión.

En su resolución de 66 páginas, el Triejal aseguró que:

“Con los citados elementos indiciarios simples, no prueba fehacientemente, ni genera certeza respecto de que las manifestaciones que se atribuyen a quienes en ellas se mencionan, se hayan realizado por los sujetos denunciados […] con las notas periodísticas no acredita la existencia de los hechos que en ellas se refiere objeto de la denuncia”.

Para Raúl Vargas López, presidente estatal del PRD, el episodio de Leonel Sandoval representa el exceso de la política.


“Son excesos de la arrogancia y de la falta de respeto hacia la autoridad. Es un tema que medio Guadalajara, que medio Jalisco sabía, pero que ahora se tiene la certeza de lo que se venía sabiendo”, señaló.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA, MAURICIO FERRER

Hágase la luz

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la esperada Ley General de Transparencia; aseguró mayor rendición de cuentas.

Con la Ley General de Transparencia, México amplia y fortalece los mecanismos de acceso a la información que serán de carácter nacional y permitirá que el Estado mexicano adopte el nuevo paradigma de un gobierno abierto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto de promulgación de esta nueva ley, realizado ayer en Palacio Nacional, Peña Nieto dijo que esta legislación cerrará espacios a la opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y la hará más clara, además de que generará más confianza en la sociedad pues amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia.

El mandatario destacó el compromiso de los representantes del Estado mexicano a favor de la transparencia y afirmó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un nuevo paradigma para que los servidores públicos trabajen en conjunto con la sociedad para hacer de su gestión una más abierta y cercana.

En su mensaje, Peña Nieto recordó que la Constitución reconoce en el artículo 6 el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano y que para hacerlo efectivo en todo el país se promulga su ley reglamentaria.

Características de la ley

El presidente enlistó algunas característica de esta ley, entre ellas que amplía en número de sujetos obligados, incluyendo a particulares que ejerzan recursos públicos; homologa las facultades de los órganos garantes de la transparencia en todo el país con una misma norma regulatoria y amplía la garantía de la información. 

También implica un principio de máxima transparencia al disminuir las causas de reserva de la información y fortalece la defensa de los ciudadanos, porque aumenta en 15 causas las posibilidades de que la población se queje de que los funcionarios le nieguen información.

Del mismo modo el presidente de la República destacó que la nueva ley de transparencia incluye la creación de consejos consultivos en el que participan ciudadanos para garantizar la difusión de la información. 

Aclaró que los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos, a saber qué hacen sus autoridades y a saber cuáles con sus resultados. 


“En nuestro país, la democracia y el acceso a la información han evolucionado juntos, reforzándose mutuamente”, expresó.

FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

El lanzacohetes que derribó aeronave en Jalisco, un “caza helicópteros” usado por 70 Ejércitos

Hay cinco cárteles en México con lanzacohetes capaces de derribar aeronaves. En el sexenio pasado se aseguraron por lo menos 80 de estas armas.

El viernes 1 de mayo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó y derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con la misma estrategia de los terroristas en Medio Oriente: utilizando un lanzacohetes de fabricación rusa –diseñados para destruir tanques– y aprovechando el factor sorpresa para dañar la aeronave con un impacto directo o con la onda expansiva.

El arma utilizada, confirmó el comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido, fue el lanzacohetes denominado RPG-7 cuya ojiva alcanzó el motor trasero del helicóptero que logró aterrizar de emergencia antes de incendiarse por completo. Seis militares murieron.

Fuentes consultadas por Animal Político indicaron que los ocupantes de la aeronave no alcanzaron a ver siquiera el sitio preciso de donde vino el disparo y por tanto los pilotos no tuvieron oportunidad de esquivarlo.

Organizaciones terroristas como el Estado Islámico, el Taliban o las fuerzas rebeldes en Somalia y Siria han conseguido derribar así helicópteros de Estados Unidos o de los ejércitos de la OTAN y sus aliados.

En México es la primera vez que un cártel del narcotráfico consigue dañar un aparato aéreo de las fuerzas de seguridad utilizando un arma de ese tipo. Animal Político publicó que el Ejército llevaba 132 aparatos perdidos por accidentes, algunos en operaciones contra el narco, pero nunca por una agresión directa.

El antecedente más significativo de los últimos años había sido el de los operativos contra el crimen organizado de Michoacán el sexenio pasado, donde helicópteros de Policía Federal fueron agredidos con rifles francotirador tipo Barret. Algunas aeronaves fueron alcanzadas pero sin daños significativos.


Datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que tan solo en el sexenio pasado se encontraron y aseguraron poco más de 80 lanzacohetes tipo RPG y similares a distintas células del crimen organizado, la mayoría de ellos en el norte del país.

Las investigaciones de la Unidad especializada en Investigación de Acopio de Armas de Fuego, Explosivos y Terrorismo de la SEIDO, a partir de los decomisos realizados, identifican a cinco organizaciones criminales en nuestro país que tendrían en su poder armamento de este tipo: Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, El cártel de Jalisco Nueva generación y La Familia/Caballeros Templarios.

El rastreo realizado por la PGR indica que la mayoría de los lanzacohetes provienen, como ocurre con otras armas de alto poder, de los Estados Unidos y son ingresados a México a través de la frontera norte. Aunque los precios varían, las autoridades calculan que los delincuentes pueden conseguir modelos en el mercado negro desde tres mil dólares, y las ojivas desde 300.

Viejo pero poderoso

Los lanzacohetes RPG fueron diseñados originalmente por ingenieros de la Unión Soviética en la década de los 60 ante la necesidad de contar con un arma de alto poder antitanque, pero lo suficientemente ligera para que pudiera ser llevada por unidades de infantería. Actualmente sigue en producción con varias evoluciones y es fabricado por la empresa de armamento rusa Bazalt

El RPG es el lanzacohetes antitanque más usado en el mundo debido a su eficiencia y relativo bajo costo. Es capaz de disparar una gran diversidad ojivas de calibre 40 u 85 milímetros que alcanzan una velocidad de casi 300 metros por segundo y pueden golpear objetivos hasta a 900 metros de distancia.

El lanzacohetes el cual no supera los 8 kilos de peso y puede ser disparado por una sola persona. Basta colocarle la ojiva, recargar el arma en el hombro que funge como punto de apoyo, apuntar y accionar el gatillo.


La explicación del fabricante ruso de su letal lanzacohetes revela el porqué, aun en caso de que no haya un impacto directo, el RPG resulta casi siempre letal:
“La explosión de la ojiva produce un campo de alta temperatura con un alto efecto incendiario y simultáneamente forma una onda de choque de gran alcance y con astillas (…) Aun cuando no haya un impacto directo, la conjunción de estos factores y el efecto de ola de la explosión aseguran la derrota del enemigo hasta en un radio de 10 metros alrededor del punto de impacto”.
El fabricante presumió además que se está desarrollando un nuevo tipo de ojiva con capacidad de penetrar los blindajes actuales más gruesos y efectivos con que cuentan los nuevos tanques o vehículos terrestres blindados.

El RPG-7 es un arma adoptada oficialmente por fuerzas armadas de más de 70 países en el mundo y ha sido utilizada en su uso convencional antitanque en múltiples conflictos bélicos, por ejemplo la Guerra de Vietnam o la intervención soviética en Afganistán.

Pero los ejércitos no son los únicos usuarios de estos lanzacohetes. Desde la época de la guerra fría varias fuerzas rebeldes y luego terroristas adoptaron el RPG como una de sus armas predilectas, no solo para atacar tanques sino otro tipo de objetivos, situación que prevalece hasta la actualidad.

Caza helicópteros

En las últimas décadas, los helicópteros de distintas fuerzas armadas en el mundo han sido blanco de ataques de organizaciones terroristas que utilizan el RPG-7. Aunque no es un arma diseñada para ese fin ni cuenta con un sistema que guíe al proyectil, son varios los casos ya en donde los agresores han tenido éxito, en gran parte gracias a la onda expansiva de la explosión que describe el fabricante.

Uno de los casos más famosos fue el ocurrido en 1993 en la llamada batalla de Mogadiscio en Somalia, recreada en el libro y la cinta La Caída del Halcón Negro. En aquel incidente, civiles armados con RPG-7 consiguieron impactar dos helicópteros Black Hawk de la División de Operaciones Especiales del Ejército estadunidense.

Las aeronaves no explotaron en el aire pero el daño a los motores traseros terminaron provocando que los mismas perdieran potencia y pese a las maniobras de lso pilotos acabaron en el suelo.

Una década después, en el 2003, la agencia Reuters informó que en Irak un helicóptero de la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos fue alcanzado en la cola y motor trasero por un proyectil de un RPG-7 provocando que la aeronave se viniera abajo.

En octubre de 2014 un helicóptero de las fuerzas armadas de Irak –que cuentan con el apoyo de la OTAN-, fue derribado por atacantes del estado Islámico que usaron un RPG para inhabilitarlo, según lo reportado por la agencia AP.


En el reciente incidente ocurrido el viernes 1 de mayo en Jalisco, la onda expansiva del impacto alcanzo la parte trasera del helicóptero tipo Cougar provocando que este perdiera potencia. La tripulación apenas consiguió descender de emergencia a tierra, pero el fuego terminó consumiendo la aeronave.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Aureoles y Orihuela, empatados en Michoacán: Parametría

La tercera en preferencias es la candidata del PAN, Luisa María Calderón.

Con 33% de las preferencias, Silvano Aureoles (del la coalición PRD, PT, PANAL y PES) y José Ascensión Orihuela (del PRI-PVEM) lideran las encuestas para ganar la gubernatura de Michoacán, de acuerdo con Parametría.


Ambos candidatos con seguidos de cerca por la candidata del PAN, Luisa María Calderón, quien tiene un 31%, según la encuesta realizada el 18 y 19 de abril pasado.



Parametria Michoacan Abril (1):



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/05/aureoles-y-orihuela-empatados-en-michoacan-parametria/

Libera juez a activistas de la zona maya de Quintana Roo

CANCÚN, Q. Roo: Luego de que el Juzgado Sexto de Distrito determinó en dos ocasiones el incumplimiento de su sentencia de amparo por falta de pruebas para justificar la formal prisión en contra de los dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, el juez penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruiz Ortega, determinó liberar a ambos activistas.

Los luchadores sociales fueron procesados por el delito de “sabotaje” al encabezar protestas contra el aumento de las tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la zona maya de la entidad.

Esquivel y Cab y Brito Piña salieron de la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto a las 17:50 horas, luego de ser detenidos el 15 de agosto; días después, el 24 del mismo mes, el juez Javier Ruiz Ortega dictó a ambos la formal prisión por el delito de sabotaje.

“No le quedó de otra al juez (Ruiz Ortega) que dejarlos en libertad”, dijo a Apro Silvestre Moreno Hernández, abogado de los luchadores sociales.

El lunes anterior, el juez Sexto de Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, determinó que Ruiz Ortega incurrió por segunda ocasión en incumplimiento de sentencia, al reiterar el auto de formal prisión contra los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, presos desde hace ocho meses.

El juez federal había resuelto una demanda de amparo en favor de los activistas y había ordenado a Ruiz Ortega resolver con pruebas la formal prisión o, en su defecto, dejarlos en libertad.

El 15 de abril, el encargado del Juzgado Sexto de Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, determinó por primera ocasión que el juez penal de Carrillo Puerto incurrió en inejecución de sentencia y le ordenó corregir su fallo contra Esquivel y Cab y Brito Piña, también secretaria de finanzas del comité municipal del partido Morena.

De manera paralela, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito inició un proceso contra el juez Ruiz Ortega por desacatar los términos de la sentencia de amparo

Al mismo tiempo, exigió al juzgador cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos en los que se definió la sentencia en el juicio de garantías y le dio un plazo de 24 horas para hacerlo.

En el juicio de amparo 588/2014, el juez federal ordenó a Ruiz Ortega que dictara un nuevo fallo a partir de “analizar exhaustivamente los medios de convicción con que se cuenta, a fin de establecer si es jurídicamente viable otorgarles el valor probatorio que establece la legislación adjetiva penal”.

Asimismo, “extraer de las pruebas que cumplieron con las exigencias legales de valoración, los datos, indicios, inferencias, motivos o circunstancias que le permitan tener por acreditado cada uno de los elementos del delito”.

Además, “precisar las pruebas con que se acredite cada uno de esos elementos del ilícito, con la exposición de los motivos, razones y circunstancias del por qué son eficaces para ello”.

No obstante, el juez penal de Carrillo Puerto determinó dictar a los acusados un tercer auto de formal prisión en los mismos términos de los dos anteriores y con las mismas supuestas pruebas.

Ante ello, el juzgador federal resolvió ayer que Ruiz Ortega incurrió otra vez en incumplimiento de sentencia.

Luego de ello, el juez Ruiz Ortega revocó el auto de formal prisión y dio la libertad por falta de elementos a Esquivel y Cab y Brito Piña.

El abogado Silvestre Moreno destacó que “nunca se configuró el delito de sabotaje. Nunca hubo un daño a la vida económica, política y cultural y de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto por los protestas contra CAPA. Nunca se pudo configurar algún delito”, sentenció.

Moreno Hernández dijo que se cometió una injusticia contra sus clientes, que sólo ejercieron su derecho a la libre manifestación. “Esa es una página negra en la historia de Quintana Roo”, fustigó.

El 11 de agosto, decenas de personas encabezadas por Esquivel y Cab y Brito Piña tomaron las oficinas de la CAPA en Felipe Carrillo Puerto, en protesta por el elevado cobro de las tarifas y la instalación de medidores en colonias populares.

En respuesta, la directora general de la paraestatal, Paula González Cetina, presentó una demanda penal contra quienes resultaran responsables.

El viernes 15, activistas del Cocopo denunciaron la desaparición de Alfredo Esquivel y de Teresita Brito Piña cuando se dirigían a Tihosuco, comunidad ubicada a 35 kilómetros al noroeste de Felipe Carrillo Puerto.

Esquivel y Cab y Brito Piña fueron detenidos el lunes siguiente en las inmediaciones del parque principal de Felipe Carrillo Puerto y se les fincaron cargos de sabotaje, sin derecho a fianza.

Y un día después granaderos desalojaron violentamente a unas 150 personas que mantenían un bloqueo en las oficinas de la CAPA.

Sigue preso Canché

Derivado de las protestas contra la CAPA continúan en prisión el periodista y activista maya Pedro Canché Herrera; en tanto pesa una orden de captura sobre el secretario de organización del Comité Estatal de Morena, Omar Sánchez Cutis.

Desde diversos espacios, Canché Herrera dio a conocer las protestas de la Cocopo, la detención de Esquivel y Cab y Brito Piña y del desalojo violento de la plaza principal de Felipe Carrillo Puerto.

Además, difundió un video en el que formuló severas críticas contra el gobernador priista Roberto Borge Ángulo.

El periodista maya fue detenido el 30 de agosto en la gasolinería de Felipe Carrillo Puerto, también acusado de sabotaje y de pagar a personas para que participaran en los protestas contra CAPA.

En paralelo, el juez Ruiz Ortega liberó orden de aprehensión contra Sánchez Cutis, radicado en Cancún, quien fue a Felipe Carrillo Puerto para encabezar la defensa de Esquivel y Cab y Brito Piña.


Sin embargo, el secretario de organización de Morena evadió la orden de aprehensión, también por el delito de sabotaje, y permanece en calidad de prófugo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Jornaleros de San Quintín piden a Mancera apoyo para formar sindicato

MÉXICO, D.F: Voceros del movimiento de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, solicitaron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que los auxilie “con sus mejores abogados” para formar un “sindicato legal y formalmente integrado”.

La petición la realizaron el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, a través de un oficio que entregaron al secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, según un comunicado del gobierno capitalino.

En el documento los jornaleros expresaron su “confianza” en el gobierno capitalino “para que la constitución de su sindicato se convierta en una de las principales conquistas de su movimiento”.

Según el GDF, Mancera Espinosa instruyó a las secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), y Desarrollo Económico (Sedeco) para integrar un equipo jurídico que apoye a los jornaleros “a la brevedad posible”.

La petición de los jornaleros de San Quintín se dio luego de una serie de comunicaciones que inició el mismo Miguel Ángel Mancera cuando el conflicto de los trabajadores estaba en su apogeo –con huelga y bloqueos carreteros–, pero también en el momento en que él  impulsaba su iniciativa de elevar el salario mínimo en el DF y en todo el país.

El pasado 7 de abril, el mandatario capitalino hizo pública una carta en la que expresaba su “solidaridad” con los jornaleros:

“Queremos manifestar que su movilización y protesta ilustra muy bien la realidad laboral de los trabajadores mexicanos, es decir, la realidad de jornadas completas, de sol a sol, con un pago muy precario y en condiciones muy desiguales –así sea mediante contrato individual o colectivo– frente a sus patrones”.

En la carta les dijo: “Sabemos que –por fortuna– ustedes no ganan el salario mínimo, pero para lograr el incremento a 100 ó 120 pesos diarios, han tenido que sacrificar algunas prestaciones (aguinaldo, vacaciones, séptimo día, etcétera), bajo situaciones absolutamente ajenas a un país que se dice democrático y se quiere moderno”.

Una semana después de la misiva –el 15 de abril–, Mancera Espinosa abrió las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento a los voceros del movimiento, quienes encabezaban una serie de marchas y bloqueos en las principales calles de la Ciudad de México.


En una reunión privada, ofreció a los jornaleros la garantía de libre manifestación en las calles del DF y se ofreció como intermediario de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por narcoviolencia renueva EU alerta de viaje a Jalisco; “se restableció el orden”: SRE

MÉXICO, D.F: El Departamento de Estado actualizó hoy sus “alertas de viaje” a México, y aconsejó a los ciudadanos estadunidenses “tomar precauciones al viajar en el estado de Jalisco”.

Lo anterior debido a que “enfrentamientos violentos entre organizaciones criminales y autoridades gubernamentales, así como disturbios como barricadas de vehículos incendiados que bloquean las principales vías de acceso y carreteras, son problemas actuales que ocurren típicamente sin prevenir” y que “la situación de seguridad en la frontera con los estados de Michoacán y Zacatecas sigue siendo inestable”.

Enseguida, la Cancillería mexicana emitió un comunicado en el que aseveró que “los hechos ocurridos en algunos municipios de Jalisco el pasado 1 de mayo se suscitaron en reacción al trabajo coordinado que encabeza el Gobierno de la República para desarticular organizaciones delictivas que operan en la región” y subrayó que “se ha restablecido el orden en los municipios afectados e imperan condiciones de normalidad”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abundó que el gobierno “ha subrayado su más firme compromiso para garantizar la vigencia del Estado de Derecho en la entidad y la seguridad de todos sus habitantes y quienes ahí se encuentran, así como la del personal consular estadunidense que labora en la región”.}

Las alertas de viaje del Departamento de Estado se destinan tanto a los turistas, consejos y funcionarios establecidos en México, a quienes prohíben trasladarse a las zonas que cuentan con la mención “diferir viajes no esenciales”.

De acuerdo con las alertas de viaje actuales, sólo 12 estados de la República se encuentran “sin alerta particular”: el Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

El Departamento de Estado urgió a sus connacionales a no pisar ocho entidades: Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, así como los municipios que conforman la zona metropolitana del Estado de México. Y aconsejó ser muy cuidadoso al viajar en los 12 estados restantes.


En general, la Cancillería llama a sus connacionales de visita en México a “bajar su perfil y evitar de exhibir sus indicadores de riqueza como joyería de apariencia lujosa, relojes o cámaras” y les advierte sobre los riesgos de sufrir secuestros y asaltos, de noche y de día.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Programas de salud para niños, opacos y sin impacto en la población: Save The Children

Seis programas federales enfocados a la salud de niños y niñas en el país son ineficientes, opacos en la distribución de recursos, con subejercicio y  carecen de indicadores para conseguir el objetivo de superar la pobreza, concluye la organización internacional Save the Children en el estudio “Salud infantil en México. Análisis exploratorio de la política pública y presupuestal 2000-2015”.

El informe presentado este martes 5 de mayo, detectó que el presupuesto para IMSS-Prospera, Prospera (antes Oportunidades), Programa de Apoyo Alimentario, Unidades Médicas Móviles, Seguro Médico Siglo XXI y Salud Materna y Perinatal, no rebasa 3% del gasto programable, pese a que son las estrategias más relevantes para la salud infantil de las niñas y los niños más marginados.

El informe concluye que a pesar de que han existido programas millonarios dirigidos a los más marginados durante los últimos 15 años, los niveles de pobreza no han disminuido de manera significativa y los retos en materia de salud siguen siendo los mismos: la desigualdad, el acceso y la calidad. “Algo parece no estar funcionando en términos de eliminar las causas estructurales de la pobreza y la marginación”.

En relación a la transparencia en la ejecución de los miles de millones de pesos etiquetados para los programas, se destaca que ninguno presenta información desagregada de cuánto se invierte en intervenciones y acciones específicas “con lo cual resulta difícil conocer el destino de los recursos y saber si éstos se asignan a las intervenciones más efectivas para la salud”.

Además, pese a que la mayoría de los programas cuentan con reglas de operación y por lo tanto con evaluaciones de desempeño por parte de el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, sólo Prospera cuenta con evaluaciones de impacto. “Esto hace difícil conocer la medida en la cual cada uno de estos programas contribuye de manera puntual a mejorar la salud y la alimentación de las niñas y los niños”.

Con estas seis estrategias impulsadas por el gobierno federal, solo proporcionan el primer nivel de atención en salud para las poblaciones más marginadas, lo que “no permite resolver emergencias y depende de la eficiencia en la referencia a servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención”, advierte el estudio.

¿Son eficientes los programas de salud?

Prospera, antes Oportunidades, opera en todo el país, especialmente en los estados del centro y sur del país. Hasta el año 2013, se atendió a cerca de 6 millones de familias de 105 mil 588 localidades marginadas del país.

En los últimos 14 años se duplicó el presupuesto al pasar de 24 mil millones de pesos en el 2001 a más de 40 mil millones de pesos en 2015.

Save the Children resalta que este programa, que sobrevivió a los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ha sido renombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, “ha logrado incrementar de manera sustancial a su padrón”, pero “no queda del todo claro la medida en la cual las personas que reciben estos apoyos salen de la pobreza”.

Aunque el programa cubre necesidades básicas, “en un contexto nacional en donde el crecimiento económico no es sostenido, suficiente ni equitativo no queda claro que las capacidades que se adquieren a través del programa se traduzcan en un aumento en su nivel socioeconómico y de oportunidades”. Más aún, la pobreza no se ha superado, pues 46 millones de mexicanos viven en esa condición.

La recomendación de la organización es que el programa “ajuste su visión de largo plazo y haga cambios basados en las evidencias de evaluaciones internas, externas y de impacto”.

Save the Children también analiza una partida presupuestal millonaria destinada específicamente a la salud. Se trata del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a través del cual se entregan recursos a las entidades federativas.

En el desglose se observa que en tres de las entidades en donde existe mayor carencia en servicios de salud, el gasto federalizado no llega a rebasar los 3 mil millones de pesos.  Michoacán, por ejemplo, es la entidad que menos recursos recibirá para el ejercicio fiscal del 2015.

El Estado de México es la entidad que más recursos recibe en el agregado llegando a casi 9 mil millones de pesos. Otras entidades con rezagos importantes como Oaxaca y Chiapas, en cambio, reciben una proporción que no supera los 5 mil millones de pesos.

La distribución de los recursos se realiza con base en una fórmula, que toma en cuenta la población total, el índice de marginación y el índice estandarizado de mortalidad, entre otras cosas.

Sin embargo, la organización internacional cuestiona: ¿por qué de todas formas lo que le llega de este fondo a las entidades con mayores rezagos es una proporción baja en comparación con otras entidades?

El Programa de Ayuda Alimentario (PAL) enfocado a la población más rezagada del país, ha recibido aproximadamente 5 mil millones de pesos al año en el componente alimentario, mientras que el programa Prospera recibió 40 mil millones de pesos; pero lo poco que tiene, no lo ejerce.

En 2010, cuando tuvo un presupuesto de 6 mil 58 millones de pesos, “no se ejerce arriba de 4 mil 200 millones de pesos”.

El único programa dirigido a niñas y niños menores de cinco años es el Seguro Médico Siglo XXI, iniciado en 2007 con el nombre de Seguro Médico para una Nueva Generación. En recibió 3 mil 387 millones de pesos, el mayor presupuesto desde que se creó. En todos los años de operación, existe una tendencia al subejercicio.

El IMSS-Prospera no cuenta con evaluaciones de impacto recientes que ayuden a dilucidar su efectividad. De acuerdo a la evaluación de desempeño del CONEVAL, la proporción de partos atendidos institucionalmente aumentó en 13% y 96% de las mujeres embarazadas afiliadas a IMSS-Prospera fueron derivadas a parteras calificadas.

Aunque se notan aumentos constantes en los recursos destinados al programa, los indicadores de gestión miden productividad y no calidad en los servicios o el incremento en las capacidades de la población en materia de salud.

En el programa de Salud Materna y Perinatal se destaca que los montos destinados son bastante elevados pero no son eficientemente designados. En 2002, 64% del gasto total devengado se destinó a servicios personales (salarios), 28% a materiales y suministros, 6% a servicios generales (agua, luz, etc.) y el 2% a gasto de capital (inversión en obra pública).

Además, también es opaco, pues con la información pública disponible no se puede conocer cuánto se asigna y se gasta en torno a las intervenciones, “una de las demandas permanentes es que se transparenten los recursos del programa”.


Las Unidades Médicas Móviles es el programa que recibe la proporción más reducida del presupuesto con solo 0.08% de la suma total. Del 2007 al 2012 el programa muestra una tendencia errática, de ahí que en 2012 y 2013 se atendiera a menos personas de las que se había planteado.

Adicionalmente, en todos los años el presupuesto para UMM muestra subejercicio; tan solo en 2008, un año después de su inserción, el programa subejerció casi la mitad de los recursos asignados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Mexicanos en Francia piden al Presidente Hollande retirar invitación de honor a EPN

La comunidad mexicana en Francia, así como el Colectivo Paris Ayotzinapa y la asociación France Amérique Latine (FAL) enviaron una carta al Presidente de Francia, François Hollande, en la que expresan su rechazo a la visita del mandatario Enrique Peña Nieto el próximo 14 de julio, invitado de honor de la fiesta nacional francesa.

En abril de 2014 la invitación se hizo pública, ahora las organizaciones y la comunidad reconocen que en ese entonces no se podían prever los trágicos acontecimientos que han sacudido a México en los últimos meses, “hechos graves que comprometen la responsabilidad del Presidente mexicano”.

“Es por eso que le rogamos reconsiderar la pertinencia de dicha invitación, puesto que los honores reservados al señor Enrique Peña Nieto nos parecen ahora desafortunados y fuera de lugar. Lejos de acercar al pueblo francés y al pueblo mexicano, dichos honores pueden lastimar sus lazos amistosos y opacar la imagen de Francia”.

La misiva recopila las crisis en derechos humanos de las que han sido participe instituciones estatales, específicamente los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, donde hubo involucramiento del Ejército, Policía Municipal y Policía Federal, respectivamente.

“Un informe especial de la Organización de las Naciones Unidas, avalado por el Gobierno mexicano, estima el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2006 y el 2012 en más de 70 mil”, expuso la carta.

En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los firmantes lamentan que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto pretenda hacer ver que este caso es un hecho aislado.
“Decenas de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron atacados por la Policía municipal, bajo las órdenes del alcalde de Iguala con la probable complicidad del Ejército”.
La misiva recuerda, también, el desafortunado papel que ha tenido el Gobierno federal para esclarecer los acontecimientos y llevar justicia a las familias, ya que los 43 estudiantes siguen desaparecidos y “el Gobierno trató de cerrar el caso dando su ‘verdad histórica’ de los hechos”.

Sin embargo, se hace ver al Presidente Hollande, importantes organizaciones internacionales rechazan esa versión al igual las familias de las víctimas, al ser “desmentida por especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, de Amnesty International, de Human Rights Watch, y por miembros del Parlamento europeo”.

La carta recalca que uno de los antecedentes de Peña Nieto es la represión a los campesinos de Atenco en el 2006, cuando era Gobernador del Estado de México. Los hechos del 3 y de 4 de mayo representaron la detención del 207 personas, así como la tortura de agresión sexual de 27 mujeres, entre ellas algunas europeas.

La comunidad mexicana en Francia trajo a colación que la crisis de la violencia en México está siendo arrastrada desde el 2006, con el Gobierno de Felipe Calderón, a la fecha .

“Se han producido más de 160 mil muertes violentas, 43 mil de las cuales ocurrieron a partir de la llegada al poder del señor Enrique Peña Nieto”, sostienen los firmantes de esta carta, basados en cifras oficiales.

Por último, en materia de libertad de expresión, los mexicanos en el país galo expresaron que están al corriente de que las agresiones a los periodistas se han aumentado sensiblemente desde la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto.

“En los cuatro últimos años, 97 han sido asesinados en México. Además, los ataques y la censura infligidos a los medios de comunicación críticos se multiplican”. Así como la privación de antena en marzo a periodistas con una importante repercusión en las audiencias como es el caso de Carmen Aristegui, quien develó a través de una investigación el conflicto de interés de una lujosa residencia del Presidente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La cara criminal de la elección

La PGR ubica a Jalisco entre los 10 estados con la mayor incidencia de delitos electorales en nueve años

Jalisco llegó a la actual contienda por los espacios del poder público como una de las entidades con la mayor incidencia delictiva de índole electoral a nivel nacional, según las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Un informe de esta área de la Procuraduría General de la República (PGR), que reúne la cara criminal de los tres últimos comicios –de 2006 a junio de 2014–, obtenido por Reporte Indigo, ubica a Jalisco en el top ten de los estados donde las fuerzas políticas burlan más la ley para anular a sus rivales.

Los partidos en Jalisco han sido investigados por la Fepade inclusive por la recepción y utilización de fondos provenientes de actividades ilícitas, un tema sensible por la influencia que puede adquirir el crimen organizado en el triunfo de candidatos que le son afines.

Por la mira de la Fepade también han pasado sacerdotes que buscan injerir sobre el voto de los feligreses; ciudadanos comunes; funcionarios electorales que olvidan la imparcialidad;  y servidores públicos que desvían los recursos de gobierno por una opción política.

Todo esto hace de Jalisco el octavo estado del país con más delitos electorales, con 343 averiguaciones iniciadas por la Fepade.

Los resultados de la Fepade en Jalisco en el combate a la delincuencia electoral son mucho mejores a los que ha obtenido desde el fuero común la Fiscalía General local (antes la Procuraduría estatal).

Si bien la Fiscalía local abrió en el mismo periodo 140 averiguaciones por delitos electorales, y detuvo a 12 personas, al final liberó a todas ya que no reunió los elementos de prueba necesarios  para ejercitarles acción penal.

Esto significa que en nueve años, a pesar de las múltiples acusaciones de corrupción y actos ilícitos que se dirigieron entre sí los partidos en pugna, las autoridades locales no pudieron encarcelar a nadie por ello. 

En cambio, con la Fepade de la PGR ocurre una cosa muy distinta: con sus investigaciones se giraron 42 órdenes de aprehensión que cumplimentó con las detenciones respectivas.

Ello condujo a la obtención ante tribunales de 28 sentencias condenatorias en contra de los culpables de estos delitos electorales en el estado, un indicador en el que la Fiscalía local se halla en ceros; en todo el país la Fepade concretó mil 564 aprehensiones y mil 105 condenas.

El dinero del narco en los comicios

El riesgo latente de que el crimen organizado tenga una injerencia determinante en el proceso electoral, llevó al Ejecutivo estatal y a las fuerzas políticas a instalar una mesa de coordinación.

Hay antecedentes que indican que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya expansión atrajo ya los reflectores nacionales e internacionales, está interesado en el desarrollo de la contienda.

El 30 de octubre de 2014, por ejemplo, la Fiscalía señaló a siete miembros del CJNG de los asesinatos en Cabo Corrientes del edil Juan Carlos Gordian, y el exalcalde, Carlos Orozco, ambos del PRI, de los que trascendió que habrían rechazado una propuesta de colaboración del cártel para esta elección.

1. Esta es la primera elección en que la Fiscalía local tiene facultades para indagar el uso de fondos de origen ilícito en los partidos, y rebases del tope de gasto de campaña, tras la reforma político-electoral que dio lugar a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

2. Los delitos más perseguidos en Jalisco por la Fepade son los relacionados con la expedición ilícita de credenciales para votar, y alteraciones a los registros electorales, le siguen la compra o coacción del voto y el acarreo de votantes.

Última hora

> 600
miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación han sido derenidos en la actual administración estatal, de acuerdo al fiscal Luis Carlos Nájera

> 15
personas murieron en la jornada violenta del pasado fin de semana

> 8
de los fallecidos pertenecían al crimen organizado

> 6

de los muertos eran militares, de acuerdo a datos oficiales

FUENTE. REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

Rebeldía indígena

Cherán demostró desde el 2011 que se puede gobernar sin necesidad de partidos, y a eso se sumó la comunidad de Santa Cruz, no solo en lo político sino también en lo social porque fue de las primeras comunidades indígenas con un grupo de autodefensa. Cherán y Santa Cruz Tanaco han tratado de mantener su vida fuera de la influencia del gobierno estatal de Michoacán. Por eso, han expulsado de sus localidades a los elementos de las policías locales y diversos funcionarios de gobierno. Los indígenas han tomado la aplicación de la justicia también en sus manos, en base a sus usos y costumbres.

En una jornada cívica ejemplar, la mayoría de los vecinos del municipio de San Francisco Cherán, en el corazón de la Meseta Purépecha, llevaron a cabo el domingo pasado el segundo proceso de elección independiente, en donde sin urnas, sin publicidad, ni papeletas o gastos oficiales, se eligió al órgano de gobierno local.

Sin necesidad de contar con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Mayor de Cherán quedó formalmente constituido como único mando que tendrá a su cargo la ejecución de programas de gobierno, obras, servicios e impartición de justicia para los casi 17 mil habitantes de esa localidad marginada.

La segunda jornada electoral independiente de Cherán fue coincidente con el primer proceso de elección de mandos de gobierno de la comunidad de Santa Cruz Tanaco, en donde hace menos de 15 días los indígenas también elegieron a sus autoridades al margen del calendario electoral del INE, para distanciarse de los gobiernos partidistas.

En Cherán, mediante el voto libre y directo de una asamblea popular en la que participaron el 89 por ciento de los vecinos con capacidad de elegir, fueron designados los 12 funcionarios locales que por espacio de tres años ejercerán el mando de gobierno. Cada uno de los cuatro barrios del municipio está representado equitativamente.

Cherán se deslindó del gobierno estatal y de los partidos políticos, incluyendo los órganos electorales, por el abandono social en que se mantuvo esa localidad los últimos 20 años, y fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un resolutivo jurídico emitido el 23 de mayo del 2014.

La comunidad de Cherán integró su cuerpo de gobierno en el denominado Consejo Mayor, que ahora lo conforman Mario López Hernández, Austreberto Macías Gerónimo, Alfredo Mateos Hurtado, Pedro Chávez Sánchez, Salvador Campos Ninis, Dolores Gembe, Salvador Bautista Tehandón, Severiana Fabián Turga, Enedino Madrigal, María Elena Hurtado Rosas, Víctor Hugo Campanur Sixto y Benito Ninis Estrada.

Un pueblo avanzado

Al llegar a su término el periodo de gestión del primer consejo electo autónomamente no ha sido necesaria la presentación de un informe de gobierno para destacar los logros que se hicieron en los tres años de servicio. Los avances se notan a la vista. Cherán tiene otra cara desde que se gobierna por sí mismo.

Atrás ha quedado la presencia del crimen organizado que mantuvo en vilo a la comunidad entera. Los robos, secuestros, extorsiones y homicidios mantienen una tasa cero desde hace un año. No hay vestigios del crimen organizado.  

El 100 por ciento del presupuesto destinado a esa localidad se aplica en obras de infraestructura, las que han crecido en los últimos 14 meses, mejorando el suministro de agua potable, servicios de salud y eventos culturales.

Un ejemplo para los demás

Durante la elección del Consejo Mayor del pueblo de Cherán no se evitó la presencia de observadores del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), organismo que no fue requerido por la comunidad indígena.

Los que sí fueron invitados en calidad de observadores fueron los representantes de al menos otras siete comunidades indígenas de Michoacán.

Los invitados aseguraron que el ejemplo de la comunidad de Cherán se habrá de extender por toda la zona indígena del estado, harta de los gobiernos partidistas.

Algunos no descartan la posibilidad de que antes de las próximas elecciones comunes, se lleve el proceso de elección de mandos de gobierno por medio de usos y costumbres ancestrales.

Votan por su independencia

Con una participación ciudadana del 98 por ciento de las personas con capacidad de voto, el 26 de abril de este año se llevó a cabo, de manera ejemplar, la primera elección indígena en Santa Cruz Tanaco, Michoacán.

Por primera vez en esta comunidad no se permitió la injerencia de los partidos políticos ni órganos electorales. El consejo ciudadano electo como gobierno de esa localidad entrará en funciones el 1 de septiembre.

Sin embargo, el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en un acuerdo al margen de las decisiones del pueblo de Santa Cruz Tanaco, acordó sesionar mañana 6 de mayo para validar el proceso electoral, a fin de entregar constancias de mayoría a los que resultaron ganadores del proceso, pese a que los organizadores indígenas no las han pedido.

El gobierno electo en la comunidad de Santa Cruz, reconocido ya por el 100 por ciento de los que participaron en la jornada electoral tendrá una vigencia de tres años, y los integrantes del cuerpo colegiado solo podrán renunciar por problemas de salud o por causas graves, que serán sometidas al grueso de la población.

El proceso electoral de Santa Cruz Tanaco no costó al erario público. Fue sufragado por los vecinos de la misma comunidad, quienes se hicieron cargo de toda la elección. No hubo dispendio de dinero en campañas electorales. Los candidatos propuestos de cada uno de los barrios fueron elegidos a mano alzada en la plaza principal del lugar.

Frente a la austeridad con que esa localidad indígena llevó su jornada electoral se observó el gasto que el IEM hizo al designar una comisión de funcionarios observadores que nunca fueron solicitados por la comunidad, a fin de “garantizar que la jornada se llevara a cabo en forma pacífica y ordenada”, justificó el órgano electoral de Michoacán.

El centro de la violencia


La independencia de Santa Cruz Tanaco no es fortuita. Destaca la ola de violencia que se intensificó en los últimos 10 años en que predominó el cartel de Los Templarios.



FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Tribunal mutilado

A poco más un mes de la elección del próximo 7 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está incompleto. Con solo seis de los siete magistrados en funciones, las decisiones del pleno pueden terminar en empate.

A pesar de que desde marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió la terna al Senado con sus tres candidatos propuestos para ocupar la vacante que dejó el exmagistrado Alejandro Luna Ramos, en la Cámara Alta no se procesó la elección.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentará el próximo proceso electoral del 7 de junio, incompleto.

Fue la bancada del PRI, liderada por Emilio Gamboa, la que no quiso concretar el nombramiento el nuevo magistrado.

Esto ocurrió a pesar de que Javier Aguayo, Enrique Aguirre y Julio César Cruz, los tres finalistas propuestos por la Corte, fueron declarados como idóneos para ocupar el lugar en el TEPJF.

Ahora, con solo seis de los siete magistrados en funciones, el Tribunal se enfrentará al que ha sido catalogado como uno de los procesos electorales más complejos de la historia, por las nuevas reglas que fueron establecidas en la reforma político electoral y que ahora harán su debut.

Las decisiones del pleno de la Sala Superior del TEPJF pueden resultar en un empate en las votaciones.

En ese caso, la votación deberá resolverse por el voto de calidad del magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, cercano al expresidente Alejandro Luna Ramos.

Para el PAN, esto representa un peligro. El blanquiazul ha acusado que la falta de un magistrado electoral pone en duda las resoluciones del Tribunal y, por ende, de todo el proceso electoral.

El TEPJF ha jugado un papel fundamental en las pasadas elecciones federales.

En el 2006 calificó la elección presidencial y otorgó el triunfo a Felipe Calderón, a pesar de las protestas de la izquierda que alegaban un fraude electoral.

En el 2012, el TEPJF desechó los recursos presentados por partidos de izquierda que pedían la nulidad de la elección presidencial por el uso de tarjetas de despensa a cambio de votos, entre otras acusaciones.

En el 2015 y con las nuevas reglas de fiscalización, el papel del Tribunal Electoral será crucial para resolver los conflictos electorales por la imposición de sanciones.

Las reglas vigentes este año pueden consistir, incluso, en la nulidad de los comicios en algún distrito o estado, o el retiro del triunfo a algún candidato ganador, que no haya cumplido con los criterios de fiscalización o haya rebasado el tope de campaña.

La judicialización del proceso electoral estará a la orden del día.

¿Fraude o falta de consenso?

En la versión oficial, las bancadas del PRI y el PVEM en el Senado detuvieron el avance en el nombramiento del nuevo magistrado por un desacuerdo interno sobre la persona que debían apoyar.

Sin embargo, el PAN acusó que el tricolor planea un fraude electoral y, por ello, han decidido dejar incompleto al principal árbitro electoral.

Fernando Herrera, coordinador de la bancada de senadores del albiazul, lanzó la acusación contra el tricolor.

Su grupo parlamentario, incluso, inició un juicio ante el propio Tribunal para que éste obligue al Senado a convocar a un periodo extraordinario y realizar el nombramiento.

“Es evidente que el PRI prepara el fraude electoral. Su posición revela que el PRI ya se sabe perdedor en las elecciones; eso explica su táctica política usurera.

“El PRI ha calculado que los resultados serán por márgenes muy pequeños y que las elecciones pueden terminar en los tribunales. Por eso están aferrados a ganar en los tribunales lo que pierdan en las urnas”, sentenció Herrera.

Emilio Gamboa Patrón, líder de los senadores priistas, señaló que su bancada no aceptaría presiones porque el nombramiento debía ser hecho con total responsabilidad, sin importar que demorara aún varios meses.

Acusó a la oposición de tomar como pretexto la falta de nombramiento del nuevo magistrado para justificar una posible derrota en las urnas.

“Ahí no se ganan las elecciones. Si ellos están creyendo o ya piensan que van a llevar al Trife todas las elecciones, es un problema de ellos.

“Nosotros estamos trabajando para ganar el próximo 7 de junio las elecciones con los votos, como se gana una elección (…) Me parece que están viendo ellos que van a perder”, sentenció Gamboa.

En los próximos días, el Tribunal Electoral deberá resolver el juicio interpuesto por el PAN.

La falta de los legisladores

Esta no es la primera vez que el Congreso de la Unión deja incompleto a un órgano electoral por pugnas partidistas.

En octubre del 2010, tres consejeros electorales del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) terminaron su periodo y la Cámara Baja tardó más de un año en nombrar a quienes los sucederían.

En ese entonces, fue la bancada del PAN, bajo la coordinación de Josefina Vázquez Mota, quien detuvo el nombramiento por considerar que se impulsaba a candidatos cercanos al PRI.

En el 2011, el tricolor presentó un recurso ante el TEPJF para obligar a la Cámara de Diputados a realizar el nombramiento de los consejeros.

El TEPJF resolvió pedir a la Cámara Baja que se tomaran las provisiones necesarias para el nombramiento de los consejeros. Dos semanas después, en diciembre de ese año, el pleno nombraba a los tres nuevos integrantes del IFE.

En ese caso, el trabajo del IFE estuvo obstaculizado por la falta de tres de sus miembros por los empates en las votaciones, pero también en las labores de las comisiones del órgano por lo que muchas decisiones fueron pospuestas por la falta de avance en los análisis.

Luna Ramos, la controversia


Quien logre tener el lugar vacante en el pleno del TEPJF, llegará a un espacio que estuvo ocupado por un magistrado que estuvo en el ojo del huracán.

Uno de los señalamientos que fue realizado contra Alejandro Luna Ramos fue que al menos 11 de sus familiares ocupaban cargos públicos en el Poder Judicial, y otros estaban en la nómina de la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal.

Reporte Índigo publicó en enero del 2014 que el entonces presidente del TEPJF mantenía en nómina a hermanos, hijos, esposas, exesposas, yernos, nueras y sobrinos.

¿El motivo? El pago de favores que recibió de Felipe Calderón luego de haber cabildeado a favor de declarar válida la elección presidencial del 2006. 

> Vive poder judicial eclipse de 'Lunas'

Reporte Índigo publicó en enero del 2014 que el entonces presidente del TEPJF mantenía en nómina a hermanos, hijos, esposas, exesposas, yernos, nueras y sobrinos.

¿Qué hace el TEPJF?

> Resuelve las impugnaciones a las elecciones del presidente de la República, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores, tanto de mayoría relativa como plurinominales.

> Recibe y resuelve las controversias a actos o resoluciones del Instituto Nacional Electoral.

> Interviene si se niega el registro a un aspirante. 

> Puede anular la votación en una o varias casillas electorales.

> Sanciona a quienes participan en la elección por tener conductas indebidas.

Controversial

Luna Ramos participó con más que su voto en varias resoluciones controversiales del TEPJF:

> En 2013 se concedió la condonación al PVEM por haber cometido violaciones al modelo de comunicación política en las elecciones del 2009; el argumento fue que el entonces IFE tuvo errores procesales.


> En el 2014, durante su presidencia, se intentó establecer el “haber de retiro”, una pensión vitalicia para los magistrados electorales una vez que dejaran su cargo. Al final se le dio marcha atrás.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.