martes, 5 de mayo de 2015

Por narcoviolencia renueva EU alerta de viaje a Jalisco; “se restableció el orden”: SRE

MÉXICO, D.F: El Departamento de Estado actualizó hoy sus “alertas de viaje” a México, y aconsejó a los ciudadanos estadunidenses “tomar precauciones al viajar en el estado de Jalisco”.

Lo anterior debido a que “enfrentamientos violentos entre organizaciones criminales y autoridades gubernamentales, así como disturbios como barricadas de vehículos incendiados que bloquean las principales vías de acceso y carreteras, son problemas actuales que ocurren típicamente sin prevenir” y que “la situación de seguridad en la frontera con los estados de Michoacán y Zacatecas sigue siendo inestable”.

Enseguida, la Cancillería mexicana emitió un comunicado en el que aseveró que “los hechos ocurridos en algunos municipios de Jalisco el pasado 1 de mayo se suscitaron en reacción al trabajo coordinado que encabeza el Gobierno de la República para desarticular organizaciones delictivas que operan en la región” y subrayó que “se ha restablecido el orden en los municipios afectados e imperan condiciones de normalidad”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abundó que el gobierno “ha subrayado su más firme compromiso para garantizar la vigencia del Estado de Derecho en la entidad y la seguridad de todos sus habitantes y quienes ahí se encuentran, así como la del personal consular estadunidense que labora en la región”.}

Las alertas de viaje del Departamento de Estado se destinan tanto a los turistas, consejos y funcionarios establecidos en México, a quienes prohíben trasladarse a las zonas que cuentan con la mención “diferir viajes no esenciales”.

De acuerdo con las alertas de viaje actuales, sólo 12 estados de la República se encuentran “sin alerta particular”: el Distrito Federal, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

El Departamento de Estado urgió a sus connacionales a no pisar ocho entidades: Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, así como los municipios que conforman la zona metropolitana del Estado de México. Y aconsejó ser muy cuidadoso al viajar en los 12 estados restantes.


En general, la Cancillería llama a sus connacionales de visita en México a “bajar su perfil y evitar de exhibir sus indicadores de riqueza como joyería de apariencia lujosa, relojes o cámaras” y les advierte sobre los riesgos de sufrir secuestros y asaltos, de noche y de día.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Programas de salud para niños, opacos y sin impacto en la población: Save The Children

Seis programas federales enfocados a la salud de niños y niñas en el país son ineficientes, opacos en la distribución de recursos, con subejercicio y  carecen de indicadores para conseguir el objetivo de superar la pobreza, concluye la organización internacional Save the Children en el estudio “Salud infantil en México. Análisis exploratorio de la política pública y presupuestal 2000-2015”.

El informe presentado este martes 5 de mayo, detectó que el presupuesto para IMSS-Prospera, Prospera (antes Oportunidades), Programa de Apoyo Alimentario, Unidades Médicas Móviles, Seguro Médico Siglo XXI y Salud Materna y Perinatal, no rebasa 3% del gasto programable, pese a que son las estrategias más relevantes para la salud infantil de las niñas y los niños más marginados.

El informe concluye que a pesar de que han existido programas millonarios dirigidos a los más marginados durante los últimos 15 años, los niveles de pobreza no han disminuido de manera significativa y los retos en materia de salud siguen siendo los mismos: la desigualdad, el acceso y la calidad. “Algo parece no estar funcionando en términos de eliminar las causas estructurales de la pobreza y la marginación”.

En relación a la transparencia en la ejecución de los miles de millones de pesos etiquetados para los programas, se destaca que ninguno presenta información desagregada de cuánto se invierte en intervenciones y acciones específicas “con lo cual resulta difícil conocer el destino de los recursos y saber si éstos se asignan a las intervenciones más efectivas para la salud”.

Además, pese a que la mayoría de los programas cuentan con reglas de operación y por lo tanto con evaluaciones de desempeño por parte de el Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, sólo Prospera cuenta con evaluaciones de impacto. “Esto hace difícil conocer la medida en la cual cada uno de estos programas contribuye de manera puntual a mejorar la salud y la alimentación de las niñas y los niños”.

Con estas seis estrategias impulsadas por el gobierno federal, solo proporcionan el primer nivel de atención en salud para las poblaciones más marginadas, lo que “no permite resolver emergencias y depende de la eficiencia en la referencia a servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención”, advierte el estudio.

¿Son eficientes los programas de salud?

Prospera, antes Oportunidades, opera en todo el país, especialmente en los estados del centro y sur del país. Hasta el año 2013, se atendió a cerca de 6 millones de familias de 105 mil 588 localidades marginadas del país.

En los últimos 14 años se duplicó el presupuesto al pasar de 24 mil millones de pesos en el 2001 a más de 40 mil millones de pesos en 2015.

Save the Children resalta que este programa, que sobrevivió a los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ha sido renombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, “ha logrado incrementar de manera sustancial a su padrón”, pero “no queda del todo claro la medida en la cual las personas que reciben estos apoyos salen de la pobreza”.

Aunque el programa cubre necesidades básicas, “en un contexto nacional en donde el crecimiento económico no es sostenido, suficiente ni equitativo no queda claro que las capacidades que se adquieren a través del programa se traduzcan en un aumento en su nivel socioeconómico y de oportunidades”. Más aún, la pobreza no se ha superado, pues 46 millones de mexicanos viven en esa condición.

La recomendación de la organización es que el programa “ajuste su visión de largo plazo y haga cambios basados en las evidencias de evaluaciones internas, externas y de impacto”.

Save the Children también analiza una partida presupuestal millonaria destinada específicamente a la salud. Se trata del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a través del cual se entregan recursos a las entidades federativas.

En el desglose se observa que en tres de las entidades en donde existe mayor carencia en servicios de salud, el gasto federalizado no llega a rebasar los 3 mil millones de pesos.  Michoacán, por ejemplo, es la entidad que menos recursos recibirá para el ejercicio fiscal del 2015.

El Estado de México es la entidad que más recursos recibe en el agregado llegando a casi 9 mil millones de pesos. Otras entidades con rezagos importantes como Oaxaca y Chiapas, en cambio, reciben una proporción que no supera los 5 mil millones de pesos.

La distribución de los recursos se realiza con base en una fórmula, que toma en cuenta la población total, el índice de marginación y el índice estandarizado de mortalidad, entre otras cosas.

Sin embargo, la organización internacional cuestiona: ¿por qué de todas formas lo que le llega de este fondo a las entidades con mayores rezagos es una proporción baja en comparación con otras entidades?

El Programa de Ayuda Alimentario (PAL) enfocado a la población más rezagada del país, ha recibido aproximadamente 5 mil millones de pesos al año en el componente alimentario, mientras que el programa Prospera recibió 40 mil millones de pesos; pero lo poco que tiene, no lo ejerce.

En 2010, cuando tuvo un presupuesto de 6 mil 58 millones de pesos, “no se ejerce arriba de 4 mil 200 millones de pesos”.

El único programa dirigido a niñas y niños menores de cinco años es el Seguro Médico Siglo XXI, iniciado en 2007 con el nombre de Seguro Médico para una Nueva Generación. En recibió 3 mil 387 millones de pesos, el mayor presupuesto desde que se creó. En todos los años de operación, existe una tendencia al subejercicio.

El IMSS-Prospera no cuenta con evaluaciones de impacto recientes que ayuden a dilucidar su efectividad. De acuerdo a la evaluación de desempeño del CONEVAL, la proporción de partos atendidos institucionalmente aumentó en 13% y 96% de las mujeres embarazadas afiliadas a IMSS-Prospera fueron derivadas a parteras calificadas.

Aunque se notan aumentos constantes en los recursos destinados al programa, los indicadores de gestión miden productividad y no calidad en los servicios o el incremento en las capacidades de la población en materia de salud.

En el programa de Salud Materna y Perinatal se destaca que los montos destinados son bastante elevados pero no son eficientemente designados. En 2002, 64% del gasto total devengado se destinó a servicios personales (salarios), 28% a materiales y suministros, 6% a servicios generales (agua, luz, etc.) y el 2% a gasto de capital (inversión en obra pública).

Además, también es opaco, pues con la información pública disponible no se puede conocer cuánto se asigna y se gasta en torno a las intervenciones, “una de las demandas permanentes es que se transparenten los recursos del programa”.


Las Unidades Médicas Móviles es el programa que recibe la proporción más reducida del presupuesto con solo 0.08% de la suma total. Del 2007 al 2012 el programa muestra una tendencia errática, de ahí que en 2012 y 2013 se atendiera a menos personas de las que se había planteado.

Adicionalmente, en todos los años el presupuesto para UMM muestra subejercicio; tan solo en 2008, un año después de su inserción, el programa subejerció casi la mitad de los recursos asignados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Mexicanos en Francia piden al Presidente Hollande retirar invitación de honor a EPN

La comunidad mexicana en Francia, así como el Colectivo Paris Ayotzinapa y la asociación France Amérique Latine (FAL) enviaron una carta al Presidente de Francia, François Hollande, en la que expresan su rechazo a la visita del mandatario Enrique Peña Nieto el próximo 14 de julio, invitado de honor de la fiesta nacional francesa.

En abril de 2014 la invitación se hizo pública, ahora las organizaciones y la comunidad reconocen que en ese entonces no se podían prever los trágicos acontecimientos que han sacudido a México en los últimos meses, “hechos graves que comprometen la responsabilidad del Presidente mexicano”.

“Es por eso que le rogamos reconsiderar la pertinencia de dicha invitación, puesto que los honores reservados al señor Enrique Peña Nieto nos parecen ahora desafortunados y fuera de lugar. Lejos de acercar al pueblo francés y al pueblo mexicano, dichos honores pueden lastimar sus lazos amistosos y opacar la imagen de Francia”.

La misiva recopila las crisis en derechos humanos de las que han sido participe instituciones estatales, específicamente los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán, donde hubo involucramiento del Ejército, Policía Municipal y Policía Federal, respectivamente.

“Un informe especial de la Organización de las Naciones Unidas, avalado por el Gobierno mexicano, estima el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2006 y el 2012 en más de 70 mil”, expuso la carta.

En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los firmantes lamentan que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto pretenda hacer ver que este caso es un hecho aislado.
“Decenas de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron atacados por la Policía municipal, bajo las órdenes del alcalde de Iguala con la probable complicidad del Ejército”.
La misiva recuerda, también, el desafortunado papel que ha tenido el Gobierno federal para esclarecer los acontecimientos y llevar justicia a las familias, ya que los 43 estudiantes siguen desaparecidos y “el Gobierno trató de cerrar el caso dando su ‘verdad histórica’ de los hechos”.

Sin embargo, se hace ver al Presidente Hollande, importantes organizaciones internacionales rechazan esa versión al igual las familias de las víctimas, al ser “desmentida por especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, de Amnesty International, de Human Rights Watch, y por miembros del Parlamento europeo”.

La carta recalca que uno de los antecedentes de Peña Nieto es la represión a los campesinos de Atenco en el 2006, cuando era Gobernador del Estado de México. Los hechos del 3 y de 4 de mayo representaron la detención del 207 personas, así como la tortura de agresión sexual de 27 mujeres, entre ellas algunas europeas.

La comunidad mexicana en Francia trajo a colación que la crisis de la violencia en México está siendo arrastrada desde el 2006, con el Gobierno de Felipe Calderón, a la fecha .

“Se han producido más de 160 mil muertes violentas, 43 mil de las cuales ocurrieron a partir de la llegada al poder del señor Enrique Peña Nieto”, sostienen los firmantes de esta carta, basados en cifras oficiales.

Por último, en materia de libertad de expresión, los mexicanos en el país galo expresaron que están al corriente de que las agresiones a los periodistas se han aumentado sensiblemente desde la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto.

“En los cuatro últimos años, 97 han sido asesinados en México. Además, los ataques y la censura infligidos a los medios de comunicación críticos se multiplican”. Así como la privación de antena en marzo a periodistas con una importante repercusión en las audiencias como es el caso de Carmen Aristegui, quien develó a través de una investigación el conflicto de interés de una lujosa residencia del Presidente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La cara criminal de la elección

La PGR ubica a Jalisco entre los 10 estados con la mayor incidencia de delitos electorales en nueve años

Jalisco llegó a la actual contienda por los espacios del poder público como una de las entidades con la mayor incidencia delictiva de índole electoral a nivel nacional, según las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Un informe de esta área de la Procuraduría General de la República (PGR), que reúne la cara criminal de los tres últimos comicios –de 2006 a junio de 2014–, obtenido por Reporte Indigo, ubica a Jalisco en el top ten de los estados donde las fuerzas políticas burlan más la ley para anular a sus rivales.

Los partidos en Jalisco han sido investigados por la Fepade inclusive por la recepción y utilización de fondos provenientes de actividades ilícitas, un tema sensible por la influencia que puede adquirir el crimen organizado en el triunfo de candidatos que le son afines.

Por la mira de la Fepade también han pasado sacerdotes que buscan injerir sobre el voto de los feligreses; ciudadanos comunes; funcionarios electorales que olvidan la imparcialidad;  y servidores públicos que desvían los recursos de gobierno por una opción política.

Todo esto hace de Jalisco el octavo estado del país con más delitos electorales, con 343 averiguaciones iniciadas por la Fepade.

Los resultados de la Fepade en Jalisco en el combate a la delincuencia electoral son mucho mejores a los que ha obtenido desde el fuero común la Fiscalía General local (antes la Procuraduría estatal).

Si bien la Fiscalía local abrió en el mismo periodo 140 averiguaciones por delitos electorales, y detuvo a 12 personas, al final liberó a todas ya que no reunió los elementos de prueba necesarios  para ejercitarles acción penal.

Esto significa que en nueve años, a pesar de las múltiples acusaciones de corrupción y actos ilícitos que se dirigieron entre sí los partidos en pugna, las autoridades locales no pudieron encarcelar a nadie por ello. 

En cambio, con la Fepade de la PGR ocurre una cosa muy distinta: con sus investigaciones se giraron 42 órdenes de aprehensión que cumplimentó con las detenciones respectivas.

Ello condujo a la obtención ante tribunales de 28 sentencias condenatorias en contra de los culpables de estos delitos electorales en el estado, un indicador en el que la Fiscalía local se halla en ceros; en todo el país la Fepade concretó mil 564 aprehensiones y mil 105 condenas.

El dinero del narco en los comicios

El riesgo latente de que el crimen organizado tenga una injerencia determinante en el proceso electoral, llevó al Ejecutivo estatal y a las fuerzas políticas a instalar una mesa de coordinación.

Hay antecedentes que indican que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya expansión atrajo ya los reflectores nacionales e internacionales, está interesado en el desarrollo de la contienda.

El 30 de octubre de 2014, por ejemplo, la Fiscalía señaló a siete miembros del CJNG de los asesinatos en Cabo Corrientes del edil Juan Carlos Gordian, y el exalcalde, Carlos Orozco, ambos del PRI, de los que trascendió que habrían rechazado una propuesta de colaboración del cártel para esta elección.

1. Esta es la primera elección en que la Fiscalía local tiene facultades para indagar el uso de fondos de origen ilícito en los partidos, y rebases del tope de gasto de campaña, tras la reforma político-electoral que dio lugar a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

2. Los delitos más perseguidos en Jalisco por la Fepade son los relacionados con la expedición ilícita de credenciales para votar, y alteraciones a los registros electorales, le siguen la compra o coacción del voto y el acarreo de votantes.

Última hora

> 600
miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación han sido derenidos en la actual administración estatal, de acuerdo al fiscal Luis Carlos Nájera

> 15
personas murieron en la jornada violenta del pasado fin de semana

> 8
de los fallecidos pertenecían al crimen organizado

> 6

de los muertos eran militares, de acuerdo a datos oficiales

FUENTE. REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

Rebeldía indígena

Cherán demostró desde el 2011 que se puede gobernar sin necesidad de partidos, y a eso se sumó la comunidad de Santa Cruz, no solo en lo político sino también en lo social porque fue de las primeras comunidades indígenas con un grupo de autodefensa. Cherán y Santa Cruz Tanaco han tratado de mantener su vida fuera de la influencia del gobierno estatal de Michoacán. Por eso, han expulsado de sus localidades a los elementos de las policías locales y diversos funcionarios de gobierno. Los indígenas han tomado la aplicación de la justicia también en sus manos, en base a sus usos y costumbres.

En una jornada cívica ejemplar, la mayoría de los vecinos del municipio de San Francisco Cherán, en el corazón de la Meseta Purépecha, llevaron a cabo el domingo pasado el segundo proceso de elección independiente, en donde sin urnas, sin publicidad, ni papeletas o gastos oficiales, se eligió al órgano de gobierno local.

Sin necesidad de contar con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Mayor de Cherán quedó formalmente constituido como único mando que tendrá a su cargo la ejecución de programas de gobierno, obras, servicios e impartición de justicia para los casi 17 mil habitantes de esa localidad marginada.

La segunda jornada electoral independiente de Cherán fue coincidente con el primer proceso de elección de mandos de gobierno de la comunidad de Santa Cruz Tanaco, en donde hace menos de 15 días los indígenas también elegieron a sus autoridades al margen del calendario electoral del INE, para distanciarse de los gobiernos partidistas.

En Cherán, mediante el voto libre y directo de una asamblea popular en la que participaron el 89 por ciento de los vecinos con capacidad de elegir, fueron designados los 12 funcionarios locales que por espacio de tres años ejercerán el mando de gobierno. Cada uno de los cuatro barrios del municipio está representado equitativamente.

Cherán se deslindó del gobierno estatal y de los partidos políticos, incluyendo los órganos electorales, por el abandono social en que se mantuvo esa localidad los últimos 20 años, y fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un resolutivo jurídico emitido el 23 de mayo del 2014.

La comunidad de Cherán integró su cuerpo de gobierno en el denominado Consejo Mayor, que ahora lo conforman Mario López Hernández, Austreberto Macías Gerónimo, Alfredo Mateos Hurtado, Pedro Chávez Sánchez, Salvador Campos Ninis, Dolores Gembe, Salvador Bautista Tehandón, Severiana Fabián Turga, Enedino Madrigal, María Elena Hurtado Rosas, Víctor Hugo Campanur Sixto y Benito Ninis Estrada.

Un pueblo avanzado

Al llegar a su término el periodo de gestión del primer consejo electo autónomamente no ha sido necesaria la presentación de un informe de gobierno para destacar los logros que se hicieron en los tres años de servicio. Los avances se notan a la vista. Cherán tiene otra cara desde que se gobierna por sí mismo.

Atrás ha quedado la presencia del crimen organizado que mantuvo en vilo a la comunidad entera. Los robos, secuestros, extorsiones y homicidios mantienen una tasa cero desde hace un año. No hay vestigios del crimen organizado.  

El 100 por ciento del presupuesto destinado a esa localidad se aplica en obras de infraestructura, las que han crecido en los últimos 14 meses, mejorando el suministro de agua potable, servicios de salud y eventos culturales.

Un ejemplo para los demás

Durante la elección del Consejo Mayor del pueblo de Cherán no se evitó la presencia de observadores del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), organismo que no fue requerido por la comunidad indígena.

Los que sí fueron invitados en calidad de observadores fueron los representantes de al menos otras siete comunidades indígenas de Michoacán.

Los invitados aseguraron que el ejemplo de la comunidad de Cherán se habrá de extender por toda la zona indígena del estado, harta de los gobiernos partidistas.

Algunos no descartan la posibilidad de que antes de las próximas elecciones comunes, se lleve el proceso de elección de mandos de gobierno por medio de usos y costumbres ancestrales.

Votan por su independencia

Con una participación ciudadana del 98 por ciento de las personas con capacidad de voto, el 26 de abril de este año se llevó a cabo, de manera ejemplar, la primera elección indígena en Santa Cruz Tanaco, Michoacán.

Por primera vez en esta comunidad no se permitió la injerencia de los partidos políticos ni órganos electorales. El consejo ciudadano electo como gobierno de esa localidad entrará en funciones el 1 de septiembre.

Sin embargo, el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en un acuerdo al margen de las decisiones del pueblo de Santa Cruz Tanaco, acordó sesionar mañana 6 de mayo para validar el proceso electoral, a fin de entregar constancias de mayoría a los que resultaron ganadores del proceso, pese a que los organizadores indígenas no las han pedido.

El gobierno electo en la comunidad de Santa Cruz, reconocido ya por el 100 por ciento de los que participaron en la jornada electoral tendrá una vigencia de tres años, y los integrantes del cuerpo colegiado solo podrán renunciar por problemas de salud o por causas graves, que serán sometidas al grueso de la población.

El proceso electoral de Santa Cruz Tanaco no costó al erario público. Fue sufragado por los vecinos de la misma comunidad, quienes se hicieron cargo de toda la elección. No hubo dispendio de dinero en campañas electorales. Los candidatos propuestos de cada uno de los barrios fueron elegidos a mano alzada en la plaza principal del lugar.

Frente a la austeridad con que esa localidad indígena llevó su jornada electoral se observó el gasto que el IEM hizo al designar una comisión de funcionarios observadores que nunca fueron solicitados por la comunidad, a fin de “garantizar que la jornada se llevara a cabo en forma pacífica y ordenada”, justificó el órgano electoral de Michoacán.

El centro de la violencia


La independencia de Santa Cruz Tanaco no es fortuita. Destaca la ola de violencia que se intensificó en los últimos 10 años en que predominó el cartel de Los Templarios.



FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Tribunal mutilado

A poco más un mes de la elección del próximo 7 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está incompleto. Con solo seis de los siete magistrados en funciones, las decisiones del pleno pueden terminar en empate.

A pesar de que desde marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió la terna al Senado con sus tres candidatos propuestos para ocupar la vacante que dejó el exmagistrado Alejandro Luna Ramos, en la Cámara Alta no se procesó la elección.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentará el próximo proceso electoral del 7 de junio, incompleto.

Fue la bancada del PRI, liderada por Emilio Gamboa, la que no quiso concretar el nombramiento el nuevo magistrado.

Esto ocurrió a pesar de que Javier Aguayo, Enrique Aguirre y Julio César Cruz, los tres finalistas propuestos por la Corte, fueron declarados como idóneos para ocupar el lugar en el TEPJF.

Ahora, con solo seis de los siete magistrados en funciones, el Tribunal se enfrentará al que ha sido catalogado como uno de los procesos electorales más complejos de la historia, por las nuevas reglas que fueron establecidas en la reforma político electoral y que ahora harán su debut.

Las decisiones del pleno de la Sala Superior del TEPJF pueden resultar en un empate en las votaciones.

En ese caso, la votación deberá resolverse por el voto de calidad del magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, cercano al expresidente Alejandro Luna Ramos.

Para el PAN, esto representa un peligro. El blanquiazul ha acusado que la falta de un magistrado electoral pone en duda las resoluciones del Tribunal y, por ende, de todo el proceso electoral.

El TEPJF ha jugado un papel fundamental en las pasadas elecciones federales.

En el 2006 calificó la elección presidencial y otorgó el triunfo a Felipe Calderón, a pesar de las protestas de la izquierda que alegaban un fraude electoral.

En el 2012, el TEPJF desechó los recursos presentados por partidos de izquierda que pedían la nulidad de la elección presidencial por el uso de tarjetas de despensa a cambio de votos, entre otras acusaciones.

En el 2015 y con las nuevas reglas de fiscalización, el papel del Tribunal Electoral será crucial para resolver los conflictos electorales por la imposición de sanciones.

Las reglas vigentes este año pueden consistir, incluso, en la nulidad de los comicios en algún distrito o estado, o el retiro del triunfo a algún candidato ganador, que no haya cumplido con los criterios de fiscalización o haya rebasado el tope de campaña.

La judicialización del proceso electoral estará a la orden del día.

¿Fraude o falta de consenso?

En la versión oficial, las bancadas del PRI y el PVEM en el Senado detuvieron el avance en el nombramiento del nuevo magistrado por un desacuerdo interno sobre la persona que debían apoyar.

Sin embargo, el PAN acusó que el tricolor planea un fraude electoral y, por ello, han decidido dejar incompleto al principal árbitro electoral.

Fernando Herrera, coordinador de la bancada de senadores del albiazul, lanzó la acusación contra el tricolor.

Su grupo parlamentario, incluso, inició un juicio ante el propio Tribunal para que éste obligue al Senado a convocar a un periodo extraordinario y realizar el nombramiento.

“Es evidente que el PRI prepara el fraude electoral. Su posición revela que el PRI ya se sabe perdedor en las elecciones; eso explica su táctica política usurera.

“El PRI ha calculado que los resultados serán por márgenes muy pequeños y que las elecciones pueden terminar en los tribunales. Por eso están aferrados a ganar en los tribunales lo que pierdan en las urnas”, sentenció Herrera.

Emilio Gamboa Patrón, líder de los senadores priistas, señaló que su bancada no aceptaría presiones porque el nombramiento debía ser hecho con total responsabilidad, sin importar que demorara aún varios meses.

Acusó a la oposición de tomar como pretexto la falta de nombramiento del nuevo magistrado para justificar una posible derrota en las urnas.

“Ahí no se ganan las elecciones. Si ellos están creyendo o ya piensan que van a llevar al Trife todas las elecciones, es un problema de ellos.

“Nosotros estamos trabajando para ganar el próximo 7 de junio las elecciones con los votos, como se gana una elección (…) Me parece que están viendo ellos que van a perder”, sentenció Gamboa.

En los próximos días, el Tribunal Electoral deberá resolver el juicio interpuesto por el PAN.

La falta de los legisladores

Esta no es la primera vez que el Congreso de la Unión deja incompleto a un órgano electoral por pugnas partidistas.

En octubre del 2010, tres consejeros electorales del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) terminaron su periodo y la Cámara Baja tardó más de un año en nombrar a quienes los sucederían.

En ese entonces, fue la bancada del PAN, bajo la coordinación de Josefina Vázquez Mota, quien detuvo el nombramiento por considerar que se impulsaba a candidatos cercanos al PRI.

En el 2011, el tricolor presentó un recurso ante el TEPJF para obligar a la Cámara de Diputados a realizar el nombramiento de los consejeros.

El TEPJF resolvió pedir a la Cámara Baja que se tomaran las provisiones necesarias para el nombramiento de los consejeros. Dos semanas después, en diciembre de ese año, el pleno nombraba a los tres nuevos integrantes del IFE.

En ese caso, el trabajo del IFE estuvo obstaculizado por la falta de tres de sus miembros por los empates en las votaciones, pero también en las labores de las comisiones del órgano por lo que muchas decisiones fueron pospuestas por la falta de avance en los análisis.

Luna Ramos, la controversia


Quien logre tener el lugar vacante en el pleno del TEPJF, llegará a un espacio que estuvo ocupado por un magistrado que estuvo en el ojo del huracán.

Uno de los señalamientos que fue realizado contra Alejandro Luna Ramos fue que al menos 11 de sus familiares ocupaban cargos públicos en el Poder Judicial, y otros estaban en la nómina de la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal.

Reporte Índigo publicó en enero del 2014 que el entonces presidente del TEPJF mantenía en nómina a hermanos, hijos, esposas, exesposas, yernos, nueras y sobrinos.

¿El motivo? El pago de favores que recibió de Felipe Calderón luego de haber cabildeado a favor de declarar válida la elección presidencial del 2006. 

> Vive poder judicial eclipse de 'Lunas'

Reporte Índigo publicó en enero del 2014 que el entonces presidente del TEPJF mantenía en nómina a hermanos, hijos, esposas, exesposas, yernos, nueras y sobrinos.

¿Qué hace el TEPJF?

> Resuelve las impugnaciones a las elecciones del presidente de la República, gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores, tanto de mayoría relativa como plurinominales.

> Recibe y resuelve las controversias a actos o resoluciones del Instituto Nacional Electoral.

> Interviene si se niega el registro a un aspirante. 

> Puede anular la votación en una o varias casillas electorales.

> Sanciona a quienes participan en la elección por tener conductas indebidas.

Controversial

Luna Ramos participó con más que su voto en varias resoluciones controversiales del TEPJF:

> En 2013 se concedió la condonación al PVEM por haber cometido violaciones al modelo de comunicación política en las elecciones del 2009; el argumento fue que el entonces IFE tuvo errores procesales.


> En el 2014, durante su presidencia, se intentó establecer el “haber de retiro”, una pensión vitalicia para los magistrados electorales una vez que dejaran su cargo. Al final se le dio marcha atrás.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Sylvana Beltrones: la heredera del poder tiene curul segura en el Congreso

“En política, los tacones no son lo importante”, expresa la feminista Pilar Muriedas cuando piensa en Sylvana, la única hija de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gobernador de Sonora de 1991 a 1997, y de Sylvia Sánchez, mujer dedicada al hogar. La figura de Sylvana aparece en estos días tanto en las revistas de socialité como las que relatan información nacional.

Las primeras, a veces, la adjetivizan como “la entaconadísima”. Las segundas dan cuenta de la diputación plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la que contendrá en las elecciones del próximo 7 de junio, un sitio casi seguro para mantenerse en el escena pública.

Resulta difícil no observar en la persona de Sylvana Beltrones Sánchez la mezcla de sus pares de Christian Louboutin, cuyo precio promedio son mil dólares, con sus cargos públicos. El periodista Beto Tavira relató que en 2013 en su plataforma Cuna de Grillos que Sylvana llegó así –entaconada– a la Dirección de Gestión Estratégica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) donde ocupó la silla principal.

Hay otro objeto de diseñador que está en su consumo: las bolsas. En 2012, cuando se inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Sylvana Beltrones apareció en la revista Quién en un listado de “mujeres que amamos”. Compartió créditos con la cantante Ely Guerra y la actriz Montserrat Oliver. La publicación resaltó que la hija de Beltrones es amante de los zapatos de suela roja de Louboutin y las bolsas de Louis Vuitton.

Más allá de la construcción social de las bolsas y los zapatos de tacón, Pilar Muriedas, con larga experiencia en el estudio de la mujer en el ámbito público, pone énfasis en que en política, “el foco debe estar en la cabeza y no en los pies. Igual como son juzgados los hombres, así deben serlo las mujeres. Como otras, ella tuvo que decidir. Y ha decidido estar en los cargos públicos. Si no lo hubiera hecho, nadie hablaría de su forma de vestir”.


La carrera de Sylvana Beltrones Sánchez se vuelve controvertida dada su brevedad. Es ahora mismo subsecretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). La primera vez que ocupó un asiento en el Congreso de la Unión fue en 2012 como diputada federal suplente. Ese mismo año, fue nombrada secretaria general adjunta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Luego, ocupó la silla de la Dirección de Gestión Estratégica del Fonatur, institución a cargo de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables en México. Egresó de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura en Derecho; pero su cédula profesional aún no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Se trata de una heredera del poder y que hasta ahora, no ha mostrado preparación académica. De modo que como personaje político, Sylvana Beltrones representa la clase alta. La que se mueve desde el peldaño más alto. Es un estilo que ella ha elegido. Por ahora es difícil no ver su traslúcida vida social que predomina sobre la profesional. Quizá en el futuro, ambos caminos se equilibren y nos brinden otro ser político”, expresa Gustavo Leal, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco.

SU INFANCIA Y SU PADRE

“Mi suegra hacía muchas burlas porque como llegaba a las 11 o a las 12 de la noche, preguntaba si mi trabajo era de velador”, le dijo Manlio Fabio Beltrones a la revista Quién en una entrevista en 2012. Cuando era novio de Silvia –la madre- se desempeñaba como secretario particular del subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios; trabajaba de ocho de la mañana a 11 de la noche. La medianoche era el único espacio para verla. En la misma ocasión, admitió que les fue difícil procrear a Sylvana y ello fue la justificación de que la pareja sólo tuviera una hija.

Sylvana Beltrones fue procreada mientras su padre crecía como político en Sonora. En esa entidad del norte de México, dirigió al Comité Ejecutivo Estatal, en 1985; y fue secretario de Gobierno y luego Gogernador, de 1991 a 1997. La gubernatura, la arrancó cuando Sylvana tenía nueve años. De modo que durante el mandato estatal, ella se convirtió en adolescente y luego, en adulta.

La familia no ha vivido por completo en Sonora. Los cargos públicos de Manlio Fabio Beltrones los hicieron mudarse a la Ciudad de México. De 2004 a 2005 –años en que Sylvana inició la Universidad- Manlio Fabio Beltrones presidió la Cámara de Diputados; de 2006 a 2007, fue presidente del Senado y de 2010 a 2011, repitió en ese cargo. Ya había sido, de 1988 a 1991, subsecretario en la Secretaría de Gobernación.

Hoy es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El crecimiento de Sylvana Beltrones Sánchez coincidió con un acontecimiento histórico en la Historia reciente de México: el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo de 1994. Su padre fue uno de los políticos más visibles en la administración de la tragedia. El día de la tragedia, hubo una reunión de gobernadores en la Ciudad de México, convocada por el presidente del consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE). Estuvieron todos, con excepción de Manlio Fabio Beltrones. Cuando ocurrió el asesinato, fue él quien estuvo más cerca del lugar de los hechos porque Ernesto Ruffo Appel, Gobernador de Baja California, no se encontraba en su demarcación, dada la reunión en el IFE.

El Presidente Carlos Salinas de Gortari le pidió ayuda a Beltrones. Una de las preguntas que el ex Presidente tuvo que contestar a la Fiscalía Especializada fue por qué le solicitó ayuda al Gobernador de Sonora y no al de Baja California, lugar del asesinato. “Busqué al Gobernador de Baja California y se me informó que no estaba en su estado. Por ese motivo, y estando presente en mi despacho el coordinador de la campaña de Colosio, el doctor Zedillo, me comuniqué con el Gobernador de Sonora para pedirle que siendo el más cercano al lugar de los hechos, se trasladara a la ciudad de Tijuana, cosa que hizo”, respondió Salinas.

La primera declaración ministerial de Mario Aburto –el asesino confeso- ocurrió a las 19:30. Después del interrogatorio, entre las personas que hablaron con Aburto está Manlio Fabio Beltrones quien se presentó en los separos de la Procuraduría General de la Repúbclica (PGR) en Tijuana como “enviado presidencial” y sacó al detenido para hablar con él “en la playa” (Expediente Colosio, contenido en la PGR). A partir de este episodio, el fantasma de la suspicacia cayó sobre su ser. Surgió la hipótesis de que hay dos Aburtos, uno el capturado en el mitin; otro, el que fue sido presentado a los medios. El cambio se habría hecho después del interrogatorio.


Tres años después, volvió a la controversia. Un reporte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), citado por el diario The New York Times en 1997, lo acusó de proteger al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos. El mismo año, la PGR desmintió la información difundida por el periódico estadounidense.

En 2008, Sylvana contrajo nupcias con Pablo Escudero quien es miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A esta boda, celebrada en el Colegio de las Vizcaínas, asistieron 700 personas; entre ellos, Enrique Peña Nieto (ahora Presidente de la República), Santiago Creel, Olegario Vázquez Raña, Juan Francisco Ealy, Raúl Salinas, Joaquín López Dóriga y Esteban Moctezuma. Hoy son padres de dos hijos.

Su nominación como Diputada por la vía plurinominal despertó algunas críticas. Su nombre apareció al lado al de la actriz, Carmen Salinas. Esa propuesta del PRI fue calificada como “deliberadamente superficial” con la postulación de personalidades del espectáculo y el jet-set mexicano para atraerse votos. La revista “Política y Estilo”, la describió en un texto que incluyó ironía: “Ella es bonita, guapa, atractiva; además, es millonaria, tiene mucho estilo, es fashion, conoce de moda, y su cuerpo es cubierto por las marcas de los diseñadores más respetados del mundo…ah, pero si le faltaba algún ingrediente a tan amplia personalidad, podemos cerrar su maravilloso círculo diciendo que su papá es Manlio Fabio Beltrones”.

La relación entre los Beltrones y la candidata de Sonora al Gobierno del Estado, Claudia Pavlovich, es cercana. Sylvana fue una de las invitadas especiales al arranque de campaña, efectuado en Cajeme.


Sylvana Beltrones Sánchez es vicepresidenta de la Fundación Beatriz Beltrones –nombre de su abuela- dedicada a prevenir el cáncer de mama y cérvicouterino. En octubre de 2012, organizó un desfile para recaudar fondos. Entre sus invitados, estaban el empresario Carlos Slim Domit, Arturo Elías Ayub con su esposa, Johanna Slim; Emilio Gamboa, Alberto Cinta y Silvia Rojo. En la ocasión, Manlio Fabio Beltrones dijo: “Mi hija, mi mujer y yo sufrimos con el cáncer de mi madre que la llevó a la muerte… Cuando se tiene esa enfermedad, la agonía no es sólo de quien la padece, sino de la familia completa; queremos seguir trabajando con el propósito de que menos mujeres en Sonora tengan este problema”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-05-2015/1331615

Guanajuato, Colima, Coahuila y BC caen en el Índice Delictivo: aumenta la inseguridad

Guerrero y Morelos son los estados donde hay mayor percepción de inseguridad; el homicidio doloso rebasó al secuestro como el crimen que más preocupa a ciudadanos.

En México el crimen que más preocupa y que tiene mayor incidencia es el homicidio doloso, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) en su Índice Delictivo ‘8 Delitos Primero’, basado en datos de 2013.
El índice estima la cantidad de crímenes reportados por cada estado de la República Mexicana y lo contrasta con la percepción de inseguridad que genera en cada entidad. Esto coloca al homicidio doloso por encima del secuestro, crimen que ocupaba el primer lugar en 2012.

De acuerdo con el CIDAC, cinco estados presentaron una caída importante en el índice: Guanajuato (del lugar 12 al 20), Colima (del 16 al 21), Coahuila (del 15 al 22), Baja California (del 11 al 23) y Sinaloa (del 24 al 30); la entidad con una mejora más significativa fue Nayarit (del 26 al 10).


Los estados donde hay una situación más severa son Guerrero y Morelos, que ocupa el lugar 32 y 31 respectivamente (los más graves) en una lista donde el CIDAC asigna un valor a cada demarcación para medir el nivel de percepción de inseguridad que se tiene con respecto a los crímenes cometidos.

La Ciudad de México se encuentra en el lugar 17, con una categoría de ‘Afectación Grave’, mientras, que los tres primeros estados con categoría ‘moderada’ son Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala.


“A grandes rasgos el modelo considera el impacto del delito junto con el cálculo que hacen las personas de la probabilidad de que éste les ocurra”, afirma el CIDAC sobre el índice que presenta.

Informe completo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.


Denuncian acoso por parte de directora de Buen Gobierno; quita salario a empleado

La directora de Buen Gobierno y Proyectos Especiales del ayuntamiento, Zazil Reyes Contreras, fue denunciada por el empleado de confianza César Antonio Vázquez Méndez, ya que durante siete meses lo obligó a entregarle el 50 por ciento de su sueldo y el aguinaldo completo del año 2014.

En conferencia de prensa, el empleado de confianza adscrito a la dirección de Buen Gobierno y Proyectos Especiales recordó que al ingresar a laborar Reyes Contreras le especificó las condiciones de su trabajo y dada la necesidad que se vive en el país tuvo que aceptar.

“Me obligó a darle el 50 por ciento de mi sueldo, pues ella me dijo que sería de manera temporal porque tenía otra persona operando en colonias, que necesitaba reubicar, que sólo serían tres meses”, explicó.

Sin embargo pasaron siete meses, y la directora continúa el descuento del salario y del aguinaldo, por lo que se atrevió a denunciarla públicamente, además de que en los últimos meses ha sufrido acoso laboral.

“El ayuntamiento me paga 12 mil pesos mensuales de los cuales yo le entregaba la mitad durante siete meses a Zazil, más el aguinaldo que ella se quedó, me ha quitado más de 40 mil pesos”, expuso.
A partir del 4 de marzo, cuando se negó a darle la mitad del pago de su salario, la directora comenzó las represalias en su contra, de lo cual hay testigos que incluso quisieron defenderlo, pero la mujer amenazó con despedirlos.

El afectado mostró en su teléfono celular las conversaciones sostenidas con Reyes Contreras, donde la funcionaria municipal lo condiciona, lo despide del trabajo y lo humilla al decirle que “Por dignidad deberías de renunciar, no eres bien querido aquí… Para lo que te contrate no sirves”.

Mencionó que durante este tiempo laboró al servicio de Reyes Contreras en la oficina del palacio municipal, así como también realizó limpiezas en las bodegas de la dirección de Buen Gobierno y de la particular de la directora.

Señaló que cuenta con fotografías que sirven como testimonio de que no fueron entregadas despensas para damnificados del huracán Odile por instrucciones de la funcionaria municipal.


“Cuando entré me dijo que iba a fungir como secretario particular, pero ahora notifica por oficios unos temas que quiere que investigue, que son extensos, y ella quiere que en unas horas le dé la investigación y me empiezan a presionar por teléfono para hostigarme; no me ha dado ni un solo día de descanso en ocho meses”, acusó.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ/AGENCIAS.

Aprovechan burócratas celebración oficial para denunciar a RMV

En las inmediaciones del Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, trabajadores despedidos injustamente por el gobierno estatal que encabeza el panista, Rafael Moreno Valle Rosas, denuncian su situación y reclaman su reinstalación inmediata.

Los burócratas reparten volantes en los que describen, entre otras cosas que, por la decisión arbitraria de Moreno Valle de echarlos a la calle, sus familias se han quedado sin atención médica.


La ceremonia oficial por la Batalla del 5 de Mayo está por iniciar.

FUENTE: LA JORNADA ORIENTE.
AUTOR: Martín Hernández Alcántara

Asesinan a otro profesor en Oaxaca

OAXACA, Oax: La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó el asesinato de otro profesor y simpatizante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en el municipio de Putla de Guerrero.

De acuerdo con reportes de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, cuando Anastasio Nicolás Hernández caminaba por la calle Quintana Roo de esa localidad y fue atacado por la espalda.

El maestro de educación media superior sufrió cinco impactos de arma de fuego y quedó tendido boca abajo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) arribaron al sitio donde se perpetró el crimen para iniciar las primeras indagatorias.

Horas antes la PGJE informó que había iniciado la investigación por la muerte de Benjamín García Sandoval, otro profesor de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quien fue ejecutado la tarde de ayer en el mismo municipio, apenas 12 horas antes del crimen de Nicolás Hernández.

En la calle California esquina con Michoacán, un grupo de sujetos que circulaba en un automóvil tipo Tsuru blanco disparó contra el maestro de 40 años de edad, originario de San Miguel Copala, quien trabajaba en las oficinas de la Zona Escolar Indígena.


Después de la ruptura entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y el Partido Unidad Popular (PUP), en lo que va del año se han cometido siete crímenes de integrantes de esos grupos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Muere trabajador del Metro durante retiro de trenes; cierran cuatro estaciones

MÉXICO, D.F: Las estaciones Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán de la Línea 5 del Metro están cerradas por el choque de dos trenes ocurrido ayer lunes.

En estos momentos personal intenta retirar uno de los trenes dañados por el choque, precisó Joel Ortega, director del Metro.

En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario mencionó que, debido a la suspensión del servicio en dichas estaciones, el gobierno del Distrito Federal ofrece servicio gratuito de autobuses por parte de la Red de Transporte de Pasajeros.

Ortega precisó que personal del Metro recuperó las dos cajas negras de los trenes; con ellas y las cámaras de vigilancia se analizará cuál fue la razón del choque.

También dio a conocer que un trabajador cayó a las vías del Metro en la estación del Metro cuando se realizaban labores de retiro de trenes.

El trabajador, que laboraba en el techo de los trenes, murió después de ser trasladado al hospital.


Ayer chocaron dos trenes del Metro en la estación Oceanía, lo que dejó un saldo oficial de seis personas lesionadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rarámuris frenan obras del gasoducto El Encino-Topolobampo

San Luis de Majimachi, Chih: El pasado viernes 1 de mayo habitantes de esta comunidad perteneciente al municipio de Bocoyna lograron frenar las obras de construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo en el tramo que cruza por su territorio, debido a que siguen sin recibir información clara sobre el proyecto y a la presión que ejercen las empresas Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI) y TransCanada, principalmente, para que la población rarámuri reciba dinero a cambio de sus parcelas.

La decisión de impedir las obras se llevó a cabo de común acuerdo con los pueblos vecinos de Majimachi, Pitorreal y Kawirare, y de los gobernadores indígenas de Repechike y Rochivo.

El pasado 21 de febrero, en una reunión realizada en Creel con representantes de la Secretaría de Energía (Sener), el gobernador de San Luis Majimachi suscribió un acuerdo de consentimiento, pero lo hizo bajo presión y sin conocer el contenido del proyecto. Por tal razón, la comunidad desconocieron el convenio y decidieron no ratificarlo en una reunión celebrada el 17 de marzo en esta comunidad.

A pesar de no contar con el consentimiento de la población, las empresas reiniciaron las obras amparados en la aprobación de ejidatarios a quienes ya les habían pagado sus parcelas, aseguró Sserafín Mendoza Hernández, gestor de la empresa GDI.

Los opositores al gasoducto de San Luis indicaron que una cosa es el ejido y otra la comunidad indígena, que, advirtieron, debe ser consultada.

San Luis de Majimachi tiene 144 ejidatarios mestizos e indígenas y alrededor de 400 habitantes indígenas. A varios ejidatarios ya les dieron dinero por su tierra de 4 a 5 mil pesos.

“Han ejercido presión contra gobernadores para obtener las firmas, no les explican de manera sencilla”, dice Fátima Valdivia, del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos Indígenas en la Tarahumara.

“Fueron presionados (los gobernadores) por la CDI y Coordinación de la Tarahumara para que firmaran. TransCanada está ofreciendo beneficios pero no saben qué ofrecieron (…) les piden escuelas, arreglar la comunidad, luz eléctrica, pero eso es obligación de los gobiernos”, opina Javier Molina, habitante del ejido de San Luis de Majimachi.

La obra del gasoducto en ese tramo inició noviembre de 2014 y a los tres meses acordaron suspenderla hasta que concluyera la consulta, mientras que en la Baja Tarahumara continúa.

Los pobladores aseveran que la Coordinación Estatal de la Tarahumara ha estado presionando porque la empresa ofrece un fondo social para las comunidades y esa instancia se quiere quedar con una parte para “administrarlo”, pero hasta ahora nadie les ha dicho a cuánto asciende ese fondo ni para qué lo van a utilizar.

En la reunión de febrero “un gobernador de la Baja Tarahumara, de Basonaivo, dijo en público: ‘esto es lo que necesitamos’ y nos aseguraron que la empresa iba a venir a explicar”, refirió otro poblador de Majimachi, Alberto Rojo Cruz.

“Nos engañan para las firmas nada más, y mucha gente se conforma con despensas porque no saben de qué se trata”, agrega Manuel Batista.

Fátima Valdivia explica que hay una evidente inclinación del gobierno federal y del estatal, hacia la empresa, aun cuando deberían proteger a las comunidades indígenas o mínimo, permanecer neutrales.

“A mi madre ya le destruyeron toda su parcela, se han llevado aguajes, parcelas de maíz, sólo quieren darles 4 mil pesos pero casi nadie sabe leer. A Luis Cobos Cruz le tumbaron su maíz el año pasado; a Martín Felipe se lo tumbaron cerca de la carretera; a Albino Caraveo Castillo le dieron 5 mil pesos y se quedó conforme porque estaba borracho”, detalla Javier Molina, quien indica que a varias comunidades llevan bastante vino para convencer a los indígenas.

Por la parcela de maíz de la mamá de Javier Molina, Guadalupe González Cervantes, pasaron la maquinaria de las empresas. “Cuando mi mamá fue a reclamar le dijeron que yo había firmado pero nunca firmé nada”, asegura Javier Molina.

Guadalupe y Javier denunciaron que otro hermano de éste, Manuel Molina, es el tesorero del comisariado ejidal y ha trabajado en complicidad con la empresa. Además es consuegro del alcalde de Bocoyna, Ernesto Estrada.

Melesio Torres Cruz, primer gobernador de Pitorreal, dijo que ellos apenas presentaron la solicitud pero no los han consultado, sólo han ido a juntas al centro de reunión en Majimachi.

“No sabemos por qué siguieron con la obra, están violentando nuestros derechos (…) no dicen nada de vamos a empezar a trabajar ni nada y luego después nos dijeron que mejor aceptemos el dinero, porque si no después va a ser a fuerzas porque así dice la ley y no nos van a pagar nada”, dicen los pobladores indígenas.

Relatan que en 2013, la gente de la CDI y las empresas llegaron con una mochila con dinero, y aunque “Raúl” de la Procuraduría Agraria les dijo que así no se debía hacer, “no lo dejaron hablar porque dijeron que venían arreglados de afuera”.

“Hicieron un contrato por 18 meses, en septiembre se vence, se supone que ya deben dejar los tubos enterrados”, indicó Batista.

Además, reclaman, las compañías no contratan gente de la región como en las motosierras, veladores, para las banderas, “sólo contrataron gente de San Matilde para el desmonte, pero según dijeron que iban a poner viveros para trasplantar las plantas medicinales y las especiales y como vieron que no era cierto, muchos ya no quisieron seguirle”, indican.

El pasado viernes 1, alrededor de las 11 de la mañana, la gente de San Luis de Majimachi acompañada de otras comunidades, se acercaron a las máquinas pesadas que abren camino por 560 kilómetros desde Chihuahua hasta Topolobampo, la mayor parte en la Sierra Tarahumara.

“Venimos a ver qué ha sucedido, porque habíamos quedado que no iban a seguirle con las máquinas”, cuestionó uno de los pobladores a los ingenieros encargados de la obra, quienes respondieron que tenían entendido que hoy se reunirían en Majimachi.

Serafín Mendoza, de la empresa GDI y Rafael Espinoza, de TransCanada explicaron a los pobladores que la siguiente reunión sería hoy en la comunidad, pero justificaron que continuaron la obra porque tienen el permiso de ejidatarios.

Les reclamaron que la comunidad nunca aceptó que continuaran con la obra, menos cuando vieron que se trata de tirar tanto árbol.

Rafael Espinoza les pidió identificarse para conocer quiénes eran de la comunidad y le reclamaron que el problema es que no les respetaron la última etapa de la consulta.

Luego, les explicaron que una parte son los ejidatarios, que son mestizos e indígenas, que es sólo una parte del problema, y otra es la comunidad indígena, que debe ser consultada porque así lo piden las leyes federales e internacionales.

“No se han respetado acuerdos”, reclamó otro de ellos.

Sólo se estaban revisando aguajes y arroyos con la comisión de cada comunidad-, respondió Espinoza.

En Majimachi no nos hemos puesto acuerdo como comunidad para ver los beneficios que tendrá, por eso no ha ratificado acuerdos.

El soporte que tenemos (para continuar la obra) es permiso de ejido, el acta de asamblea del reparto de dinero entre ejidatarios. El comisionado dice que tiene reparto, consta en el acta, aseguró el ingeniero Serafín Mendoza.

“No consta en acta de asamblea”, recriminó el sacerdote Javier Ávila, quien fue testigo en aquella reunión.

En la asamblea la comunicación fue para ver si se cambiaba o no, la autenticidad ejidal-, abundó el sacerdote. Incluso la Procuraduría Agraria dijo que no era lega la manera en la que lo estaban haciendo, se retiró, insistió el sacerdote.

La justificación, el soporte legal con el que trabajamos es ese, se verá en la reunión del 4 de mayo, va a ser importante para llegar a acuerdos. No estamos actuando de mala fe-, dijo el ingeniero Mendoza.

En la última reunión que fue sólo con gobernadores, no podían decidir solos porque no era acuerdo de la comunidad, los presionaron para que continuara la obra porque si no se los llevaban al bote-, dijo Javier Molina.

Posteriormente, Citlali Quintana, del Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos Indígenas en la Tarahumara, insistió que una cosa es la negociación con el ejido y otra la consulta a la comunidad, por lo que acordaron que la reunión de hoy 4 de mayo, sólo será para tomar acuerdos con los ejidatarios y posteriormente la comunidad dará una fecha para la consulta, a través de la Sener.

Serfín Mendoza pidió a los manifestantes que les permitieran concluir el sábado pasado para detener la obra, porque representa mucho gasto para la empresa. Luego de deliberar entre ellos, por una unanimidad y con la mano levantada, les informaron a los encargados de las empresas que se debían retirar ya hasta que la comunidad llegue a un acuerdo.

En entrevista con Apro, Serfín Mendoza explica que ellos como empresa han mostrado apertura para las solicitudes y trabajan “lo más legalmente posible en función de la gente que demuestra la legalidad de sus tierras”.

Asegura que cuando no cuentan con título de propiedad, les ayudan a obtenerlo, sin embargo, en el caso de Repechique, donde piden el reconocimiento de sus tierras para llegar a acuerdos, indicó que desconoce la problemática.

“Recorremos junto con los propietarios las tierras, o los buscamos en su casa”, insistió, aunque reconoció que la empresa no los capacitó en cuanto a la ley que exige que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada. “La empresa sólo busca perfiles, por ejemplo, yo soy ingeniero agrónomo con maestría en Desarrollo Rural y tengo experiencia en el área rural”, dijo Serafín Mendoza.

Después culpa a las organizaciones civiles y al sacerdote “El Pato” Ávila, que aunque lo conoció ese día, lo culpó de haber pedido dinero a la empresa para convencer a los indígenas que cedan sus tierras, pero como no se lo dieron, él los ha apoyado para que defiendan su territorio.

“Creo yo que aquí (en el tramo de Bocoyna) ha afectado (a la empresa) la influencia que ejercen ciertos personajes. Otro señor, Javier Molina, trabaja sus camionetas y quería trabajar en el proyecto y le dijeron que no, por eso está reclamando. Cada uno defiende lo suyo, pero pueden sembrar cerca de sus tierras. Hay casos en los que citamos a la comunidad para ofrecer trabajo, como en Panalachi, pero sólo llegaron dos”, justificó.

El Pato Ávila respondió que la declaración del ingeniero es una vergüenza sobre todo por la responsabilidad tan seria que tiene.

“Me da pena que ni siquiera la ley conozcan. Si puede demostrar de lo que me culpa, le exijo que lo haga. De tan estúpida y corriente, es risible su difamación”, dijo el sacerdote, quien refirió que la empresa y el gobierno son los nuevos fariseos.

Como sacerdotes, dijo, tienen la obligación de defender a los pueblos indígenas, tal como lo enseñó Jesucristo, quien incluso expulsó a los fariseos de su templo.

En cuanto al proyecto, Serafín Mendoza dijo que ya casi concluyeron el tramo de Carichií a Pacigochi y más allá de Panalachi a Cuiteco, del municipio de Urique, pero aún les falta Creel, La Laguna y Panalachi, del municipio de Bocoyna.


Las etapas son la apertura de pista; desfile de tubería por donde bajan los tubos trabajo de doblado y soldadura; ensanjado y en su caso, uso de explosivos y descenso de tubería. Al último dejan el trabajo más fino para los cruces de carreteras, ferrocarriles y arroyos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.