El aspirante a gobernar Querétaro llegó a la Secretaría de Gobierno y el trámite se autorizó.
Cuando Roberto Loyola Vera, actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Querétaro y ex alcalde de la capital de esa entidad, ocupaba la Secretaría de Gobierno estatal, un fideicomiso en el que él participa y que administraba un terreno de 847 mil 223 metros cuadrados, en una zona ecológica frente al nuevo aeropuerto de la capital del estado, cambió de uso de suelo, de conservación y protección especial, al concepto de detonador de manufactura y logística.
El valor estimado de esa propiedad en 2007, antes del cambio de uso de suelo, era de 114.36 pesos el metro cuadrado, pero con su nuevo estatus se incrementó a 2 mil 500 pesos el metro cuadrado, lo que en la actualidad representa un monto de 2 mil 118 millones 5 mil 500 pesos.
Según la información que consta en documentos obtenidos por este diario, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, en 2007 dos grupos de personas se constituyeron en fideicomitentes y fideicomisarios del fideicomiso 170074421, bajo escritura 23183, ante la notaría 19 en esa entidad, para administrar el predio.
En un primer grupo se registraron Mirén Sabiñe Astigarraga, Gregorio Alfredo Fernández Astigarraga y Markel Estepan Fernández Astigarraga. Y en un segundo, Alfredo Fernández Astigarraga, Juan Manuel Fernández Sobrino, Juan Carlos Loyola Vera, Roberto Loyola Vera (hermano del ex gobernador panista Ignacio Loyola Vera), Ignacio Loyola Arana y Pedro Cuevas Garza.
Estos últimos declararon, según hizo constar el notario, que llevarán a cabo directa o indirectamente un desarrollo inmobiliario en el terreno denominado Potrero Grande, del distrito de Tolimán, Querétaro, que además cuenta con dos pozos de agua profunda. Originalmente, dicho predio tenía una superficie de 427 mil 107 metros cuadrados, con objeto de realizar un desarrollo inmobiliario.
El proyecto estuvo detenido cuatro años. Coincidió con la designación de Roberto Loyola como titular de la Secretaría de Gobierno, en enero de 2011, que el proceso de cambió de uso de suelo se materializó en menos de un mes.
El 19 de mayo de ese año la representante de Scotiabank Inverlat Mónica Guadalupe Morales Porras, que actuó como apoderada legal de ese banco ante los socios del proyecto, solicitó el cambio de los usos originales de suelo, conocidos como PEPE (Protección Ecológica Protección Especial) y PDNE (Proyectos Detonadores de Negocios y Entretenimiento), a un uso mixto que sería PDNE y PDML (Proyectos Detonadores Manufactura y Logística), es decir, de uso industrial.
Poco antes de cumplirse cuatro semanas, el 16 de junio de 2011, el Registro Público dio el visto bueno a la solicitud y un mes más tarde, el 14 de julio, los inversionistas constituyeron un nuevo fideicomiso, el 170074439, mediante la escritura 78213 en la notaría 7 de Querétaro. En ese documento se hizo constar la trasmisión de propiedad en ejecución parcial del fideicomiso 170074421.
En esa operación se hizo constar la fusión del predio Potrero Grande contenido en el fideicomiso 170074421 con el 170074439, con lo cual se obtuvo una nueva superficie total de 847 mil 223.38 metros cuadrados.
Antes de concluir el año, el 16 de diciembre de 2011, se autorizó la licencia para la ejecución de obras de urbanización para el Parque Industrial AeroTech correspondiente a una primera etapa en una superficie de 547 mil 253 metros cuadrados, a favor del fideicomiso que ostenta el predio Potrero Grande, que administra Scotiabank Inverlat. Para entonces el valor estimado del metro cuadrado se incrementó a 2 mil 500 pesos.
Ese aumento del valor de las tierras ubicadas frente al aeropuerto de Querétaro obedece a las ventajas logísticas de la terminal para un mercado de 45 millones de habitantes de la zona centro y norte del país, así como a las empresas aeroespaciales, partes automotrices, tecnologías de la información, entre otras, como se presenta en la página oficial de AeroTech.
AUTOR: Enrique Méndez y Roberto Garduño.
