Grabaciones ilegales, acusaciones de corrupción, descalificaciones, spots con groserías y señalamientos de la vida personal de los candidatos… la campaña electoral del 2015 ha salpicado los comicios de este 7 de junio.
Lejos de las campañas de propuestas realistas y soluciones a los problemas ciudadanos, los candidatos a puestos de elección popular para los próximos comicios del 7 de junio se han enfrascado en una guerra sucia que parece ser el centro de sus esfuerzos. El mensaje de los partidos es claro: no les importa solucionar las circunstancias adversas que señorean en el país, sino dejar claro que ellos son “menos peores” que sus adversarios. A un mes de la elección, el proceso también se ha visto empañado por la violencia y amenazas que se han realizado a varios candidatos y que, incluso, ya cobró la vida de uno de ellos en Chilapa, Guerrero. La tónica de la campaña electoral comenzó a mostrarse desde el primer día. Spots criticando las acciones de los oponentes, dieron cuenta de la forma en que se llevaría a cabo la guerra electoral del 2015. A los ataques por acciones cometidas entre oponentes políticos, se sumó de forma importante la filtración de grabaciones y documentos que pusieron en entredicho la honorabilidad de varios candidatos. A todo esto, se suma la negativa de la mayoría de los candidatos a participar en la iniciativa #3de3, para hacer transparentes sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos. Según expertos, la forma en que se ha desarrollado la campaña puede llevar a que la ciudadanía pierda aún más interés y crezcan los niveles de abstencionismo. En elecciones intermedias, los niveles de abstencionismo son particularmente elevados. En la elección de 1997, alcanzó el 57 por ciento de los votantes. En el 2003, fue de 41 por ciento. Y para el 2009, estuvo por encima del 44 por ciento. Sin embargo, hay quien opina que las campañas negativas pueden ser una buena oportunidad para que el electorado conozca realmente quiénes son los candidatos y se evidencien actos de corrupción. La batalla por los votos Desde las #PRIngaderas hasta los #MochesDeLosMochos, la guerra sucia ha tenido varios capítulos en los 30 días que ha durado la campaña. Todo comenzó con los spots donde el PAN reprochaba, con palabras altisonantes, el gusto de César Camacho por los relojes de miles de pesos, o las casas en el extranjero que han sido descubiertas a varios políticos del tricolor. Tan inmediato como al día siguiente, el PRI respondió con las acusaciones sobre la exigencia de “moches” o diezmos por los que los panistas han sido acusados en varios municipios del país. La mesa estaba puesta. Las dos principales fuerzas políticas marcarían el ritmo de la campaña política con ataques y pocas propuestas. Según la consultora Integralia, el total de spots transmitidos en el proceso electoral del 2015 –que incluyen la precampaña, la intercampaña y la campaña- alcanzarían los 24 millones 205 mil. Tan solo en la campaña, que arrancó el 5 de abril pasado, serían transmitidos 12.5 millones de anuncios. A pesar del bombardeo de anuncios con críticas, canciones y algunas propuestas, el 66 por ciento del electorado del país considera que los spots no influyen en su decisión de voto, según una encuesta de Parametría. En medio de los ataques de todos contra todos, ha sido el PVEM quien ha aprovechado más el tiempo al aire dando a conocer sus propuestas legislativas, lo que le ha valido avanzar en las encuestas de preferencia electoral. Otro elemento que ha existido en este 2015 ha sido el espionaje. A pesar de que en otros años se utilizó este recurso para denostar a los adversarios, este 2015 han sido repetidas las ocasiones en que se han escuchado grabaciones de los candidatos haciendo gestiones para favorecer negocios de personas cercanas o supuestamente recibiendo recursos para sus campañas. Las filtraciones también han incluido documentos que han mostrado los privilegios de quienes gozan algunos cercanos al poder económico y político. Así, los electores hemos conocido sobre los viajes en avión de Claudia Pavlovich y el “perdón” en el pago de impuestos a Javier Gándara, en Sonora; la “cooperación” que Francisco Domínguez, de Querétaro, y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, recibieron de alguien para su campaña; o el predio con el que lucró Roberto Loyola, en Querétaro. En el primer mes de las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha intervenido solo en el retiro de algunos spots y ha llamado a que los candidatos realicen una campaña de altura. “Necesitamos un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario, dentro de los marcos de la ley, para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada”, ha dicho Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE. Campañas sucias ¿positivas o negativas? Para Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Anáhuac y exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), la campaña política ha sido hueca en sus con tenidos porque los candidatos han mostrado pocas propuestas y se han enfocado en los ataques. “El eje central de la campaña son los spots, y más de la mitad de la gente ve en los spots solamente un torneo de ataques, de planteamientos generales, de guerra sucia bastante mecánica; pero la spotización lo único que ha generado es que sean campañas huecas. “No hemos visto una discusión seria sobre los graves problemas del país y me refiero a temas como el empleo, la inseguridad, la corrupción; y creo que en esos temas hay mucho ruido y pocas nueces”, expuso Guerrero, en entrevista.
Para el académico, las campañas de lodo son normales en todas las democracias del mundo, con la diferencia de que en México los electores no se sienten atraídos a ellas. Los ciudadanos, comentó Guerrero, quisieran un debate de más profundidad y no campañas que son de mercadotecnia política y slogan, y no de ideas y propuestas. “Los electores observan las críticas que se hacen entre los partidos políticos y terminan por concluir que todos son iguales, lo cual genera decepción y abstención”, insistió. Guerrero detalló que algunas elecciones estatales podrían salvarse, como las de Nuevo León o Querétaro, donde los candidatos sí han debatido algunas propuestas valiosas para sus comunidades. “Por supuesto que debe haber ataques, pero si el ataque no se complementa con una buena propuesta, simplemente es como ponerle el ventilador a una alberca de lodo”, sentenció. ‘Lo único que debe estar prohibido es la calumnia’ Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE y director de la consultora Integralia, tiene un punto de vista totalmente contrario. Para Ugalde, el tono negativo de las campañas es necesario y positivo, y un terreno en donde todo se vale, excepto una cosa. “Lo único que debe estar prohibido es la calumnia (que) debe estar fuera de cualquier ámbito de la vida pública y privada en cualquier país. Debe prohibirse, porque es una mentira, es adjudicar un delito a alguien que no lo cometió. Fuera de la calumnia se debe permitir todo. “Puedes hacer juicios, puedes acusar, puedes decir ‘este es un peligro para México’ por supuesto. Pero lo que no se vale es inventar delitos no cometidos. Ese es el único limitante”, afirmó.
En el caso de las filtraciones con grabaciones o documentos obtenidos mediante el espionaje, Ugalde consideró que el valor de los mensajes no puede desdeñarse por la forma en que se obtuvieron. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tamaulipas, Chihuahua y Durango son las entidades más afectadas en 2014 por los cierres. Según la dependencia, el año pasado hubo pérdidas por 48 millones de pesos.
El 86% de los cierres definitivos o temporales de las tiendas Diconsa que se dieron durante el año pasado por inseguridad estuvieron motivados en actividades del crimen organizado. Según datos de esa dependencia, en 2014 se registró el cierre de 43 tiendas, de las cuáles, 37 cerraron por acciones directas del crimen organizado o a que el clima de inseguridad en la región por las actividades de los delincuentes impidió que siguieran operando. La región más afectada fue la Norte-Centro en dónde 12 tiendas –9 de Chihuahua y 3 de Durango– tuvieron que cerrar, en su mayoría, tras ser víctimas del crimen. Otros estados que aparecen en el listado con tiendas cerradas por actividades de la delincuencia son: Tamaulipas con 8 tiendas, Oaxaca con 5, Michoacán y Veracruz con 4 e Hidalgo y Zacatecas con 2. En enero pasado Diconsa informó que los incidentes de los que fueron víctimas las tiendas –entre los que se encuentran robos directos, asaltos a supervisores, crimen organizado o afectaciones por fenómenos naturales– implicaron pérdidas por 48 millones de pesos. Un año antes fueron 58 millones. Los incidentes durante el año pasado sumaron 800 y de éstos, existe el registro de que 43 tiendas que cerraron por inseguridad: 24 temporalmente, 17 de manera definitiva y 2 más que mantienen el estatus “fuera de operación”. El reporte indica que existen otras 6 tiendas –dos en Durango, una en Tamaulipas y tres en Sinaloa– que fueron víctimas de “algún crimen del fuero común”, sin especificar cuál. Diconsa, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, es la instancia encargada del abasto de productos básicos en comunidades rurales con altos y muy altos índices de marginación y con población de entre 200 y 2,500 habitantes. En las tiendas Diconsa se ofrecen productos de la canasta básica para alimentación pero también para higiene personal y se debe garantizar un precio más bajo al del mercado. Hasta marzo de 2015, Diconsa reportó operar 26 mil 023 tiendas en todo el país distribuidas en 15 regiones: Bajío, Centro, Hidalgo, Metropolitana, Michoacán, Noroeste, Norte, Norte-centro, Oaxaca, Pacífico, Peninsular, Sur, Sureste, Tamaulipas y Veracruz. En Liconsa, prevalece el robo En el caso de Liconsa, la entidad de Sedesol a cargo del Programa de Abasto de Leche a precio subsidiado, se reportó que durante 2014 cerraron sólo cuatro Centros de Trabajo por cuestiones de inseguridad. En tres casos el cierre fue temporal y se debió al robo de leche al transportista en tres zonas diferentes de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.
El cuarto caso ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando la distribuidora informó en octubre pasado que era víctima de extorsión y renunció a la distribución, por lo que el centro de Trabajo cerró de manera definitiva. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
MÉXICO, D.F: Luego de la embestida del narco en Jalisco, ocurrida el viernes 1, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó hoy a cinco de los sospechosos y mantiene retenidos bajo investigación a otros seis por los delitos de “delincuencia organizada y terrorismo”. En un comunicado, la dependencia también destacó que por las acciones desplegadas el fin de semana por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició ocho actas circunstanciadas y tres averiguaciones previas. Además, detalló que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) detuvo a 24 personas, de las que cinco aún se encuentran en investigación y el resto fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los delitos que se les imputan a los detenidos, puntualizó la PGR, son portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, homicidio calificado en grado de tentativa y delincuencia organizada. Durante los ataques provocados por integrantes del CJNG, este mismo día la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre el deceso de un militar más, con lo que suman siete los miembros del Ejército abatidos en el ataque al helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea, aparte de un funcionario de la FGEJ. Por ello, aún quedan nueve militares y dos agentes de la Policía Federal (PF) en atención médica en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. En contrapartida, ocho presuntos delincuentes fueron abatidos por las fuerzas federales durante la puesta en marcha del Operativo Jalisco. En un informe detallado relacionado con esta jornada de violencia, la PGR señala que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRAPPA), a través de su delegación en Jalisco, inició ocho actas circunstanciadas por reportes de bloqueos con vehículos incendiados en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior de la entidad, por lo que se integraron dos averiguaciones previas. En relación con estos hechos, la dependencia explica que la Fiscalía estatal detuvo a 19 personas, de las que seis –de forma inmediata– fueron puestas a disposición de la autoridad federal, y a una de las cuales se le ejerció acción penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, así como homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un elemento de la Policía Municipal de Zapopan. Esta averiguación fue radicada ante el Juzgado de Distrito en Turno de Procesos Penales Federales en ese estado, misma que resolverá la situación jurídica del indiciado. En lo que se refiere a las otras cinco personas, estás se encuentran sujetas a investigación por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y terrorismo, ocurridos durante los días en que integrantes del CJNG obligaron al gobernador Aristóteles Sandoval a declarar “alerta roja” en esa zona de la entidad. En el caso de los hechos registrados en el municipio de Tala, la Fiscalía estatal detuvo y puso a disposición de la PGR a cuatro personas, contra quienes se ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de mariguana. Además, dejó abierta la investigación para determinar su probable responsabilidad en la participación de los hechos ocurridos el 1 de mayo. “Cabe destacar que el 4 de mayo la autoridad estatal puso a disposición de la PGR a un detenido más, relacionado con los hechos suscitados el pasado viernes en la zona metropolitana de Guadalajara, y quien ha sido integrado a la indagatoria en la que se encuentran los cinco detenidos anteriormente citados”, indicó la Procuraduría. Por su parte, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició otra averiguación previa, por lo que personal ministerial se encuentra actualmente en el lugar haciendo las indagatorias correspondientes.
Por lo que respecta a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ésta desplegó peritos en las disciplinas de balística y video desde el viernes 1 y, al día de hoy, también se encuentran trabajando en la entidad peritos en ingeniería y arquitectura, medicina, antropología, dactiloscopia, fotografía, criminalística, genética, y tránsito terrestre, además de agentes de investigación federal, quienes colaboran en la investigación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: En una ceremonia realizada en el Campo Militar número 1, el presidente Enrique Peña Nieto rindió homenaje póstumo a seis de los soldados caídos el pasado 1 de mayo en el ataque a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dicho homenaje se llevó a cabo antes de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmara el deceso de la séptima víctima tras el derribo por parte del crimen organizado, del helicóptero Cougar matrícula 1009 que trasladaba a 16 militares y dos elementos de la Policía Federal (PF). Los 11 pasajeros restantes continúan hospitalizados. En el evento de esta tarde, realizado a puerta cerrada en la explanada de la Fuerza Especial de Reacción del Campo Militar estuvieron presentes los deudos de las víctimas a quienes el mandatario federal ofreció sus condolencias y les entregó una bandera nacional. Asimismo, encabezó la ceremonia luctuosa que incluyó una salva de fusilería y el toque de silencio en honor a los seis fallecidos. Durante la ceremonia, según refirió la Presidencia en un comunicado, el comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, general Miguel Ángel Aguirre Lara, también ofreció condolencias a nombre de los integrantes de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. El pasado viernes, dijo a los deudos, “sucedió un hecho lamentable que conmocionó a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas” pero les garantizó que no están solos. “Cuentan con todo el apoyo institucional, cuentan con el apoyo fraternal de cada miembro de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad”, ofreció. Luego, agradeció a Peña Nieto su presencia en el homenaje luctuoso, la cual es muestra –dijo– de “su liderazgo como comandante supremo y ratifica su constante preocupación por su tropas”. En la ceremonia estuvieron presentes, además de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y de Hacienda, Luis Videgaray. También participaron el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; la procuradora General de la Republica, Arely Gómez, y el comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, Eugenio Ímaz Gispert, Director General del CISEN; además del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Más tarde, la Sedena confirmó la muerte de otro soldado que estaba entre los 12 heridos del derribo del helicóptero, el pasado 1 de mayo, en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, a unos 240 kilómetros de Guadalajara. El día del ataque por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) seis elementos del Ejército murieron y 12 resultaron heridos –10 soldados y dos policías federales– quienes fueron trasladados al Hospital Central Militar, para su atención.
La Sedena no ha proporcionado información sobre el estado de salud de cada uno de los sobrevivientes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La máxima autoridad electoral en México determinó que el partido debe sustituir a tres candidatos para cumplir con la cuota de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló este miércoles 6 de mayo las campañas de los 45 candidatos a diputados locales en esa entidad – hasta mañana a las 10:50 horas–, con la exigencia de sustituir a tres candidatos para cumplir con la cuota de género. De acuerdo con un reporte del diario Reforma, Javier Rivera, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), consideró excesiva la decisión de la máxima autoridad electoral en México. “De los 45 solamente tuvimos tres errores, son tres cambios que habremos de realizar, en una es hombre por mujer y en otra hombres por mujeres, por eso consideramos excesivo que nos hayan cancelado el registro de los 45 distritos.
“En estricto sentido no deben hacer campaña porque ha quedado sin efecto su inscripción ante el Instituto Electoral, insisto no la compartirnos porque eso genera inequidad en la contienda”, dijo, de acuerdo con el diario mexicano. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: A partir de este miércoles, cualquier servidor público capitalino implicado en el delito de desaparición forzada podrá ser condenado a una pena de 20 a 40 años de prisión y la inhabilitación definitiva para ejercer un cargo en el gobierno. Así lo dio a conocer el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, al promulgar y publicar el Decreto de Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local destacó que la publicación de dicha ley significa “un avance para la Ciudad de México, un compromiso para los servidores públicos y una señal de que en la capital del país se trabaja en la atención y protección de las víctimas”. Agregó que también impulsa un trabajo de adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos y de la desaparición forzada. El decreto incluye la elaboración de un Sistema de Información de Víctimas de Desaparición para el intercambio de información con las demás entidades federativas y la generación de un esquema “eficiente” de búsqueda de las víctimas con la Procuraduría General de la República (PGR) para su localización. En su discurso, Mancera Espinosa llamó a trabajar en una homologación federal en la parte general del Código Penal pues destacó la importancia de no tener tipificados de manera diferente la autoría, la tentativa y las formas de participación en los delitos. “Debemos tener una homologación a nivel federal porque si no, vamos a tener un Procedimiento Penal que es muy bueno, que esté homologado, una ley general, pero en el momento de trabajar la autoría, la participación, la tentativa, todas las tareas que tienen que ver con la parte general, vamos a encontrar varias contradicciones”, alertó. Por ello, el funcionario adelantó que su administración presentará en breve una iniciativa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que ésta la envíe al Congreso de la Unión. Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que esta ley llena “importantes vacíos legales que existían” y da “ejemplo de buenas prácticas” sobre cómo responder a la necesidad de una adecuada tipificación de estos delitos. El especialista destacó: “Se incluye el tipo penal de la desaparición forzada perpetrada por particulares además de aquella donde hay intervención de agentes del Estado directa o indirectamente, porque no puede ignorarse que en el contexto reciente de nuestro país se perpetran sinnúmero de desapariciones de este tipo”. Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comentó que con la promulgación de esta ley se da un “avance significativo” en el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en las Convenciones de las que México es parte. Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), destacó que con esta promulgación se fija un criterio sobre todo en desaparición entre particulares, tipo penal que no existe en otras legislaciones. Otro factor a resaltar, dijo en entrevista posterior al acto oficial, es la parte de la declaración de ausencia “para que no se paralicen los trámites de las personas que están en espera de que regrese con vida su familiar. Son dos grandes aspectos que se regulan en esta legislación”. Gómez Gallardo mencionó la importancia de que existan registros confiables que generen bases de datos adecuadas, “porque no tenemos una certeza institucional, coordinada en el país que nos permita identificar todos los casos, pero más que nada prevenirlos y atenderlos”. –En el caso del DF, ¿hay alguna recomendación a alguna dependencia por desaparición forzada?, le preguntó la prensa. –Tenemos 22 quejas en los términos, pero se están documentando, aseguró. “Ley criminal única” Al término del acto oficial, Miguel Ángel Mancera propuso homologar los códigos penales del país en su parte general, así como avanzar hacia una “ley criminal única”, como ya sucede en otros países. En conferencia de prensa, detalló que hay causales previstas en el Código Penal del Distrito Federal que no existen en otras entidades. Por ejemplo, explicó, la “tentativa” de un delito tiene una descripción en la Ciudad de México distinta a otros estados.
Por ello, agregó, “si inicias la persecución de un delito aquí (en el DF), pero concluye en otro estado y en ese estado no se sanciona la tentativa, pues ya no hay delito”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Jaid Mothe Hernández, subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso, indicó la Procuraduría de Puebla, que agregó que el presunto responsable no tiene derecho a la libertad bajo fianza.
El subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, asesinó al joven Ricardo Cadena y no se trató de un accidente como había confesado el propio policía, informó la tarde de este miércoles 6 de mayo la Procuraduría General de Justicia de Puebla. “Al realizar la reconstrucción de los hechos, dictámenes periciales en criminología, criminalística y balística, entre otros, así como diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público y la Policía Ministerial, establecen que el presunto responsable detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso. “Lo anterior se confirma también ante la herida por proyectil de arma de fuego que presentaba el cuerpo del joven en el cráneo y que fue la causa de su fallecimiento”, indica un comunicado emitido por la Procuraduría. Tras realizar la reconstrucción de los hechos y ante las pruebas recabadas, la Procuraduría estatal ejercitó acción penal en contra de Jaid Mothe Hernández por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, sin que tenga derecho a la libertad bajo fianza. La dependencia indicó que, hasta el momento, se descarta que existan evidencias de que Ricardo Cadena y sus acompañantes hayan cometido algún delito, ya que se establece que salían caminando de un establecimiento en el que habrían consumido bebidas alcohólicas, sin que posteriormente se tuviese registro de su participación en otro tipo de circunstancias. La Procuraduría señaló que la averiguación previa sigue abierta para deslindar responsabilidades de terceras personas, mientras que Jaid Mothe Hernández, quedó a disposición del Juez Penal de Cholula. Horas antes, el procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourguet, había indicado que Ricardo Cadena no estaba pintando un grafiti, sino que fue interceptado por la policía cuando salía de un centro nocturno. “No hubo un tema de grafiti, eso creo que sí es importante aclararlo, porque en los medios se ha manejado mucho, ellos (Ricardo Cadena, su hermano y un amigo) venían saliendo de un lugar de estos conocidos como botaneros, cuando fueron interceptados por la policía municipal, fueron correteados, los jóvenes trataron de correr al ver la presencia policiaca, y ocurrió el lamentable hecho, que, desde luego, vamos a deslindar responsabilidades”, señaló el procurador. Carrancá Bourguet señaló que la noche del lunes 4 de mayo se realizó una reconstrucción de los hechos en la que se recabaron indicios que podrían determinar si hubo un forcejeo entre Ricardo Cadena y el subdirector de Seguridad Pública de San Pedro Cholula. Jaid Mothe Hernández se entregó a las autoridades el pasado 3 de mayo por la noche para ser investigado por el asesinato de Ricardo Cadena, de 18 años, quien falleció por un disparo en la nuca. “Me bajo (de la patrulla) yo y me voy sobre la calle N. Morones y ya estas personas iban corriendo, entonces empiezo a correr. Mi arma la llevo a la altura del pecho, entonces voy corriendo cuando me sale una persona de entre los vehículos y me impacta. Mi arma la llevaba a la altura del pecho y forcejeamos en esa parte y es cuando se ocasiona el accidente”, dijo Mothe Hernández al reportero Odilón Darios, citado en una nota de e-consulta. “La versión que nosotros tenemos es que (los policías) recibieron un reporte acerca de que se encontraban un grupo de jóvenes en la vía pública, hablan de que estaban pintando alguna barda, algún grafiti (…)”, dijo a Animal Político el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa Torres.
El hermano de Ricardo Cadena, quien estaba con él e incluso fue detenido, dijo: “Todos nos echamos a correr, mi hermano me dijo ‘Córrele, si no te van a agarrar’. Entonces yo me fui a esconder al bar donde estábamos y me sacó la patrulla, pero me sacó a golpes. Entonces ya me subieron a la camioneta y escuché el sonido del arma. Ya después se alteraron los policías y se fueron muy rápido y me llevaron detenido. Los que me detuvieron a mí eran tres o cuatro, no vi porque me tenían sometido”, de acuerdo con un reporte de e-consulta. Consultar el comunicado íntegro que emitió la Procuraduría de Puebla:
MÉXICO, D.F: Las escenas de Jalisco, el pasado viernes 1, y semanas antes las Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, sin contar las de otros estados, muestran la situación de guerra no convencional que vive el país desde hace varios años, así como el crecimiento del poderío del crimen organizado que hace ya rato rebasó al gobierno federal y a las fuerzas armadas. Y el hecho de que las fuerzas del crimen organizado se presenten en plenas elecciones, en un momento que además se intenta sujetar a los medios de comunicación con la verdad oficial para aparentar que la violencia es menos seria de lo que es, agrava más la situación de ingobernabilidad, ya que aquellas se colocan en el escenario político como un grupo de poder capaz de retar al Ejército, al tiempo que envían el mensaje de que pueden imponer a las autoridades sin importar el resultado de las elecciones. Las últimas imágenes de Jalisco y Tamaulipas fueron tomadas en su mayoría por la propia ciudadanía, no por los medios de comunicación, expuestos a la violencia como la mayor parte de los mexicanos. Dichas escenas parecen sacadas de una guerra: militares acribillados, autos y camiones incendiados, caminos bloqueados y aeronaves derribadas con bazucas tierra-aire en poder de los grupos criminales. La prensa mexicana, sobre todo la de los estados más violentados por el crimen organizado y las autoridades cómplices, ha sido golpeada duramente, y los reporteros que viven en esos lugares se han convertido en combatientes, pues tienen que entrar a las zonas de conflicto donde un ejército de soldados y policías se enfrenta con otro ejército de sicarios fuertemente armados que controlan el territorio. Estos reporteros nada tienen que ver con los locutores, comentaristas, conductores, articulistas y columnistas que desde sus escritorios hacen un periodismo cómodo, defendiendo al gobierno y al sistema político que se ha corrompido en su estructura dando paso al narco Estado o narco gobierno, como en los casos de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Convertidos a golpes de realidad, los reporteros locales son ya corresponsales de una guerra que no quiere ser reconocida por las autoridades y que en estos momentos impacta a todos los actores políticos, sociales y económicos. Son testigos también de la transformación de la vida cotidiana en esas zonas donde políticos, policías y narcotraficantes forman un solo tronco común con raíces históricas tan profundas que reverdecen sin importar que les corten las ramas. Historiadores del momento, los reporteros y fotógrafos que se han adentrado a cubrir esta guerra no convencional tienen el pulso del fracaso de la estrategia militar y policiaca que ha implementado el gobierno mexicano en los estados.
Fracaso que tiene múltiples consecuencias, de las cuales las más graves y serias son: la censura y autocensura en los medios de comunicación, el surgimiento del narco Estado, la transformación del narcotráfico en crimen organizado, ingobernabilidad, debilidad de las instituciones y, principalmente, miles de muertes que siguen ocurriendo mientras el gobierno federal insiste en su versión oficial de una situación ya está controlada, justificando con ello la realización de las elecciones, el próximo 7 de junio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).
MÉXICO, D.F: Los representantes de los partidos ante el INE que forman la alianza en Sonora, encabezada por el PRI, solicitaron al Consejo General que atraiga el proceso electoral en esa entidad, ante “la ilegal intromisión en el proceso del actual gobernador Guillermo Padrés para favorecer al PAN y a su candidato Javier Gándara”. En rueda de prensa, en la sede del INE, los representantes y consejeros del Poder Legislativo del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado Marco Antonio Bernal y el senador Carlos Puente; del PVEM, Jorge Herrera, y el diputado priista Jorge Enrique Doler, además del diputado Luis Antonio González Roldán, del Panal, acusaron a Padrés de desviar más de 780 millones de pesos hacia actos proselitistas. “Estamos en presencia de una elección de Estado, cuando vemos que el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, junto con el procurador del estado, con el afán de favorecer al candidato Javier Gándara, giran instrucciones a los policías, quienes detuvieron a personas que repartían propaganda electoral negativa y calumniosa en contra de la candidata a la gubernatura por el PRI, Claudia Pavlovich Arellano”, acusó Ramírez Marín al dar lectura a un comunicado. También acusó al secretario ejecutivo de Seguridad Pública en Sonora, Ernesto Munro Palacio, de abstenerse de actuar ante las denuncias interpuestas por el partido o la candidata, a quien “han estado acosando y agredido a su persona y a su familia”. Ramírez Marín señaló que, por el contrario, este funcionario difunde mensajes en redes sociales y en entrevistas periodísticas para generar temor entre los sonorenses e inhibir el ejercicio del voto ciudadano el próximo 7 de junio. “Existe una elección de Estado cuando se dan a conocer y divulgan conversaciones alteradas, editadas y fragmentadas producto de la intervención de comunicaciones privadas del que ha sido objeto Claudia Pavlovich”, se quejó. El priista consideró “obvio” que el gobernador quiera proteger su salida y la única forma de lograrlo es posicionar y hacer ganar, a cualquier costo, al candidato del PAN. Luego de la denuncia pidió tres cosas: Que Padrés “saque las manos de la elección a gobernador” y “cese de manera inmediata a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al secretario ejecutivo de Seguridad Pública y ordene a los servidores públicos a su cargo se abstengan de emplear recursos en el desarrollo de la campaña de Javier Gándara”. Finalmente, que el INE verifique si puede ejercer su facultad de atracción del proceso electoral “para elegir gobernadora en el estado de Sonora”, emplazó Ramírez Marín.
A pregunta expresa sobre si existe viabilidad en realizar lo anterior, el priista sostuvo que su petición está basada en el artículo 124 de la Ley General de Procedimientos Electorales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Para el capitalismo neoliberal, los migrantes son objetos desechables de un proyecto comercial en el que no tienen cabida, afirmaron en Estados Unidos el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, y el sacerdote Alejandro Solalinde. En una conferencia que ofrecieron anoche en la Universidad de Columbia, en Nueva York, sobre la “emergencia humanitaria” generada por el modo en que se concibe la migración, los sacerdotes destacaron que la migración contemporánea, y la manera en que las autoridades nacionales la han entendido y tratado, está determinada por el modelo económico del capitalismo neoliberal. En lugar de reconocer sus derechos, añadieron, el capitalismo neoliberal los criminaliza. “Cambiar el trato a los migrantes es cambiar el modelo económico que se caracteriza por la eliminación de la gente. Ya ni siquiera hablamos de exclusión, sino directamente de eliminación. Es lo que dice el Papa (Francisco), que esta es la cultura del descarte”, puntualizó el obispo de Saltillo. Por su parte, Solalinde dijo que es preciso entender la migración como uno de los numerosos elementos de un sistema complejo, mundial e interconectado, dominado por un capitalismo neoliberal que genera una enorme violencia contra las personas. “Si analizamos la realidad como elemento disperso, no vamos a encontrar ni pies ni cabeza, pero si intentamos una lectura de la complejidad actual con esta clave sistémica, entonces sí vamos a entender lo que está pasando, y vamos a encontrar que una de sus causas es el capitalismo neoliberal”. El director del albergue “Hermanos en el Camino”, localizado en Ixtepec, Oaxaca, explicó que a fin de transformar las dinámicas generadas por el capitalismo, es preciso crear movimientos sociales que rescaten el “espíritu comunitario de la cultura”, que ha sido rebasada por el individualismo, “que nos hace mezquinos, nos hace competir y nos dispersa”. Luego habló del movimiento de la Constituyente ciudadana-popular, que –dijo– busca entrar en diálogo con la sociedad entera a fin de construir en consenso un nuevo marco jurídico. “Se trata de buscar juntos caminos que nos ayuden a encontrar una solución en red, pero el problema es que estamos dispersos, que no tenemos una conciencia de grupo, y que nos hemos vueltos individualistas y egoístas”, manifestó. Vera coincidió en el llamado a participar en la Constituyente ciudadana-popular desde la identidad propia de cada movimiento social, aunque con unidad de objetivos.
“A todos debemos escuchar, todos deben participar, nadie debe quedar fuera. Se trata de alcanzar de manera especial a aquellos que están más lejos. Se trata de que nos pongamos en movimiento para hacer un diálogo nacional, de incluir a la sociedad toda en conjunta”, enfatizó el fraile dominico e ingeniero civil. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Aunque el reportero asesinado el pasado 4 de mayo reporteó durante más de 25 años para medios de comunicación veracruzanos, la Fiscalía del Estado se deslindó de investigar el caso alegando que el cuerpo del comunicador fue hallado en Acatlán de Pérez, municipio oaxaqueño ubicado a unos 10 kilómetros de la localidad veracruzana de Tezonapa.
Aunque el periodista Armando Saldaña reporteó durante más de 25 años para numerosos medios de comunicación de Veracruz, como El Mundo de Córdoba, La Crónica de Tierra Blanca, y más recientemente en la emisora de radio la Ke Buena, la Procuraduría de Justicia del Estado se deslindó ayer de investigar el homicidio del comunicador, alegando que su cuerpo fue hallado el pasado 4 de mayo en los alrededores de Acatlán de Pérez; municipio de Oaxaca que está a tan sólo unos 10 kilómetros de Tezonapa, la localidad veracruzana de la que era originario el reportero. “Este hallazgo lamentable fue en Oaxaca. Y no encuentro razones para hacerlo aquí (la investigación), ya que no hay absolutamente ninguna evidencia, ningún indicio, ninguna averiguación o expediente, que oriente a pensar que aquí (en el estado de Veracruz) se cometió algún hecho que a la postre haya producido algún efecto en el hallazgo de Armando Saldaña”, dijo en un mensaje a medios el fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, quien puntualizó que “son hechos que acontecen a Oaxaca y a los que el estado de Veracruz es totalmente ajeno”. Cuando se le cuestionó por la labor periodística que realizaba en la entidad Armando Saldaña, que ya es el periodista veracruzano número 12 asesinado en el presente gobierno de Javier Duarte, el fiscal insistió en que serán las autoridades de Oaxaca las que deberán realizar todas las diligencias en el caso. “Hay datos que ya fluyen en torno a que Armando prestaba servicios de corresponsalía a algunos medios con sede en el estado de Veracruz. Pero eso no es indicativo absolutamente de nada; el núcleo de la indagatoria es la causa por la cual se ubicó el cuerpo sin vida de Armando”, recalcó Bravo.
“En ese caso –añadió-, no hay ni una sola investigación o manifestación que oriente a que en Veracruz se cometiera un hecho original que, con posterioridad, hubiera producido algún efecto en el hallazgo del cuerpo. No tenemos ni una sola investigación”. ENTREVISTA:
“No sabemos por qué lo mataron” Por su parte, la familia del comunicador asegura que aún no sabe cuál pudo haber sido el móvil por el que asesinaron a Armando Saldaña, y negaron que el periodista reportara en la radio temas relacionados con el robo de ductos de Pemex –los chupaductos, como se les conoce en la zona- y el crimen organizado. “No sabemos por qué mataron a mi padre. Él no se metía en nada de eso (los ‘chupaductos’). El programa que tenía –La Grilla. Punto y Debate- era sobre política veracruzana; de lo que dicen y hacen aquí los políticos y los candidatos. Era un programa más que nada de la vida política”, señala en entrevista con Animal Político la hija del comunicador, Marlén Saldaña. Hasta el momento, Marlén asegura que nadie de las autoridades de Veracruz ni de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se ha puesto en contacto con la familia para informarles en qué estado se encuentran las investigaciones.
“Lo único que exigimos es que se esclarezca lo que le pasó a mi padre. Lo mataron con alevosía y ventaja. Solo pedimos que se aclare todo y que lo dejen descansar en par. Mi padre no debía nada a nadie”, concluye la hija del periodista asesinado.
Artículo 19 exige a Fiscalía de delitos contra la prensa que atraiga el caso La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 denuncia que, al margen de qué autoridad investigue el caso, el homicidio de Armando Saldaña pone de manifiesto la latente situación de riesgo que enfrentan los periodistas en Veracruz y Oaxaca. “Armando desempeñaba su labor en Veracruz, y aunque el cuerpo fue hallado en Oaxaca, es importante resaltar que el homicidio del comunicador se suma a una nula capacidad de las autoridades estatales por garantizar el libre flujo de información en esta zona que comprende a dichas entidades”, señala la organización civil en un comunicado, en el que además recuerda que en Veracruz suman ya 17 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha, mientras que Oaxaca contabiliza siete homicidios de periodistas en el mismo periodo de tiempo. Ante esta situación, Artículo 19 demanda que las autoridades investiguen la relación del asesinato con la labor periodística que Armando Saldaña realizaba en el estado de Veracruz, por lo que pide que la FEADLE atraiga el caso, “para que pueda realizar las pesquisas necesarias en los dos estados y así esclarecer este asesinato y garantizar el acceso a la justicia”. En tanto que este miércoles 6 de mayo, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del reportero y denunció el clima de impunidad que azota a México.
“Estamos ante otro asesinato que de acuerdo a la experiencia podría correr el riesgo de quedar impune y sin justicia, como muchos otros casos en México, donde los violentos y la inacción imponen las reglas del juego”, expresó el presidente de la SIP Gustavo Mohme en un comunicado de prensa.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, planteó la necesidad de revisar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por el Inegi y que es la principal fuente de información de la medición de la pobreza en el país, para contar con un instrumento que también capte la afiliación a los programas sociales.
Desde 2008, el gobierno mexicano mide la pobreza considerando el ingreso de las familias, su posibilidad de comprar una canasta básica, el acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud a la alimentación y a la viviendo. Sin embargo, esto podría cambiar: la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, propuso agregar a la metodología la cobertura de los programas sociales. “Si bien el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ha representado un paso importante para superar la visión de la pobreza como una situación que deriva únicamente del ingreso, pienso que debemos trabajar para afinar los instrumentos para levantar información que se ajuste a nuestra concepción multidimensional de la pobreza. “Si podemos avanzar en la captación de una información relacionada con el ingreso, en la construcción de carencias, en el análisis de cobertura de programas sociales en el diseño muestral de las encuestas que utilizamos para definir y medir los rezagos sociales, estaremos dando un paso muy importante”, dijo Robles en un discurso que días después la propia Sedesol rechazó proporcionar a los medios. De aprobarse esta propuesta, los resultados de la población en pobreza en México cambiarían abruptamente, pues es precisamente la precaria situación del ingreso –que se mantiene estancado desde hace al menos 20 años– lo que ubica a más de la mitad de la población del país como pobre. De acuerdo con los especialistas en desarrollo social Mario Luis Fuentes y Rogelio Gómez Hermosillo, hay varios riesgos de modificar la información en la que se basa la metodología de medición de la pobreza, el primero de ellos que los resultados dejen de ser comparables con los que se presentaron anteriormente y así perder la posibilidad de saber si la pobreza, como se mide hoy, se ha incrementado o se ha reducido, y el segundo, que se haga una medición “a modo”. “Por un lado está el medir el impacto de la política social y en ese sentido hay que ser muy cauto porque se puede buscar una medición a modo, aunque comparto que hay que fortalecer la ENIGH porque las carencias y vulnerabilidades que hoy medimos son más complejas de lo que hoy sabemos”, dijo Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Para Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y extitular de Oportunidades, los objetivos expuestos por la Secretaria no tienen que ver con la finalidad de la medición de la pobreza en el país. “No le corresponde a la medición de la pobreza reflejar el trabajo de los tres órdenes de gobierno, eso se tiene que dar con los resultados, con que la gente tenga mejor ingreso y menos carencias sociales que es lo que mide la metodología, así que el primer punto que debe aclarar es qué es lo que quiere”, dijo en entrevista. Para el especialista, el punto no debe ser cómo se mide o no la pobreza, sino los resultados que hoy no tienen los programas de gobierno para mejorar los ingresos de las familias, así como sus niveles de salud o educación. Recordó que el objetivo de la actual metodología de medición de la pobreza es que sea transparente, para que a través de la ENIGH y con el procedimiento del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social -responsable de medir la pobreza- cualquier ciudadano pueda llegar a los mismos resultados. En tanto, Fuentes se pronunció por modificar las fuentes de la metodología de medición de la pobreza, pero para incorporar el impacto que la inseguridad pública y la falta de acceso a la justicia tienen entre los más pobres del país. “Estoy convencida de que necesitamos revisar el ciclo completo de la política pública para contar con información que nos permita construir mejores indicadores, A partir de ese ejercicio tendremos mejores herramientas en coordinación, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales para abatir la pobreza. “Pero lo más importante, se podrá acreditar con plenitud el trabajo que realizan los tres órdenes de gobierno, los estatales, los municipales y el federal, y se les podrá reconocer con participación en el presupuesto el esfuerzo que hayan realizado, porque ese es el interés que tenemos: promover los incentivos correctos y no otros incentivos perversos de mantenerse en la pobreza para tener más recursos”, agregó Robles en su mensaje. Actualmente la partida presupuestal más grande para las familias pobres, los recursos destinados al programa Prospera, antes Oportunidades, es canalizada directamente por la Federación a los beneficiados, sin que los gobiernos estatales o municipales tengan acceso a ellos. Aunque la pobreza en el país se mide desde 2002, fue en 2008 cuando se adoptó la actual metodología de medición multidimensional, la cual se basa en el ingreso que tienen las familias y sus posibilidades de comprar una canasta básica, pero también en su acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud, a la alimentación y a la vivienda. Para hacerlo se modificó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para añadir el módulo que mencionó la Secretaria, el de Condiciones Socioeconómicas, y también se amplió la muestra de hogares consultados, al pasar de 20 mil a 62 mil para poder reflejar las condiciones económicas y sociales de las personas a nivel estatal y municipal. Todos estas modificaciones, que forman parte de la Ley General de Desarrollo Social, fueron elaboradas por especialistas de instituciones como Colmex, PNUD, CIDE, entre otras.
Según la Ley General de Desarrollo Social, cualquier metodología de medición de la pobreza que se haya aprobado debe aplicarse en el país al menos por 10 años, por lo que los cambios impulsados por Robles podrían entrar en vigor hasta 2018, cuando se haga la medición que haga el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MARGARITA VEGA.
MÉXICO, D.F: El nuevo candidato de la coalición PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Jesús Parra García, admitió que si bien le fue difícil aceptar el llamado a participar, finalmente lo hizo porque es “un hombre de partido”. El dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, dio a conocer ayer la designación de Parra García, luego de que José Santos Valdivia, suplente de Ulises Fabián Quiroz, asesinado el pasado viernes 1, rechazó la candidatura por temor y por la seguridad de su familia y de él mismo. En entrevista con Radio Fórmula, el nuevo abanderado admitió que las circunstancias que actualmente se viven en la entidad son peligrosas, pero “soy un hombre de instituciones, soy un hombre que durante más de 20 años le he servido a mi instituto político y, atento al llamado, lo acepto con todas las situaciones que puedan pasar”. Parra García señaló que después de conocerse su designación, recibió muchas llamadas de aliento, apoyo y solidaridad por parte de la población de Chilapa. “Me siento cobijado por mi pueblo, un pueblo noble, un pueblo que vamos a seguir adelante primeramente Dios”, destacó el experredista, y aseguró que tiene todas las posibilidades de ganar, porque ha hecho un trabajo durante muchos años y la gente está con él. El candidato del PRI-PVEM informó que esta mañana realizaría algunas actividades y que estaría presente en la reunión de trabajo del líder nacional del PRI, César Camacho, en Chilpancingo. El pasado viernes 1, el abanderado priista a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue ejecutado en las inmediaciones del poblado de Atzacoaloya, ubicado en la región Centro de Guerrero. El hecho se registró cerca de las 6 de la tarde, sobre la carretera que conecta el poblado indígena con la cabecera municipal, cuando el candidato regresaba de un acto de campaña. Según los reportes, un grupo armado emboscó el convoy en el que se trasladaba Quiroz, a quien los sicarios bajaron de la camioneta y lo fusilaron frente a sus colaboradores. La víctima fungía como secretario de Finanzas de la administración del actual alcalde priista de Chilapa, Francisco Javier García González, quien ha sido vinculado públicamente con el narcotráfico.
La plaza de ese municipio es disputada por una célula de la banda de Los Rojos y el grupo criminal denominado Los Ardillos, dirigido por los hermanos del presidente del Congreso de Guerrero, el diputado local perredista Bernardo Ortega Martínez. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa mantienen vigente su demanda de exigir al gobierno la búsqueda de sus hijos. Un grupo de ellos se encuentra ahora en España, concretamente en la ciudad de Zaragoza, desde donde pidieron a la comunidad europea apoyar su lucha iniciada hace más de siete meses en Iguala, Guerrero. En la caravana europea, de la que forman parte Eleucadio Ortega, padre de Mauricio, uno de los estudiantes desaparecidos; Omar García, estudiante y superviviente de los hechos, y Román Hernández, miembro de una agrupación de derechos humanos de la zona, han alertado de los “riesgos” de que en México se esté instalando un “régimen autoritario” que da prioridad a los intereses privados sobre el respeto pleno a los derechos humanos. Asimismo, recordaron que la demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente continúa mientras no haya pruebas científicas que demuestren que fueron asesinados o calcinados, como lo sugirió el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. En rueda de prensa en esa ciudad española, Omar García reconoció que la inseguridad en México es “algo de todos los días”, pero que “no hay una intención de darle solución al problema” y que “la delincuencia organizada ha penetrado en las instituciones mexicanas”. De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, el superviviente de la tragedia de Iguala relató que cada día desaparecen 14 mexicanos, y acusó a Estados Unidos y a algunos países de la Unión Europea de apoyar a México con armas para su “supuesta guerra contra el narco”. En el caso europeo, lamentó que “por cada eurodiputado que se levanta para reclamar respeto a los derechos humanos, se levantan diez pidiendo respeto a las inversiones”, e instó a las instituciones europeas a que exijan garantías a los derechos humanos en su país antes que a los intereses privados. En su oportunidad, Eleucadio Ortega acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de la desaparición forzada de su hijo y 42 compañeros más, y aseguró que continúan “en pie de lucha” y que no han aceptado el dinero que les ofrecían las autoridades porque eso significaría que están “vendiendo” a sus hijos. También exigió el retiro de todos los policías y militares de Guerrero porque, dijo, están “intimidando” a la población. De igual manera, los integrantes de la Caravana 43 exigieron al gobierno de Peña Nieto que en la investigación que se sigue incluya las medidas y recomendaciones propuestas por los grupos de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La gira europea de la Caravana 43 inició en abril pasado en Noruega y, luego de pasar por Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Suiza y Francia, llegó a la ciudad española de Zaragoza y proseguirá por Madrid y Barcelona, antes de continuar hacia Holanda, Bélgica y Reino Unido, donde concluirá el próximo martes 19. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) reabrir la investigación en contra de Telcel (Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V.) por incurrir en prácticas monopólicas –que derivó en una multa de casi 12 mil millones de pesos–, la cual posteriormente fue condonada por la autoridad con el compromiso de la empresa telefónica de cumplir cinco puntos que garantizaran que las tarifas de interconexión móvil no serían una barrera para la entrada de nuevos operadores a los mercados de telefonía. En votación dividida (tres a dos), los ministros le dieron la razón a la empresa Cablemás (de Grupo Televisa) que se inconformó en contra de la decisión de la Cofeco de condonar la multa multimillonaria a Telcel. La mayoría integrada por (Margarita Luna Ramos, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora) consideraron que ante la posibilidad de que los denunciantes “hayan sufrido un daño o perjuicio”, era necesario que la Cofeco reabriera la investigación correspondiente. Sin embargo, respecto a la multa que quedó sin efecto, los ministros no se pronunciaron al respecto porque el plazo para analizar este tema ya había concluido.
Los ministros de la minoría, Juan N. Silva Meza y Fernando Franco, consideraron que la Cofeco sí tiene facultades para llegar a un acuerdo con Telcel y revocar la multa con el propósito de mejorar el servicio de interconexión, sin embargo, sus compañeros se impusieron. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JESÚS ARANDA.
De acuerdo con la encuesta, realizada del 5 al 8 de marzo pasado, el político tiene el 50% de las preferencias.
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Gándara, tiene el 50% de las preferencias electorales para ganar la gubernatura de Sonora, lo cual lo ubica por encima de su principal adversaria, Claudia Pavlovich, del PRI, quien acumula un 42%.
De acuerdo con una encuesta de Parametría, realizada entre el 5 y el 8 de marzo pasado, los candidatos del PRD, PT y Morena, Carlos Navarro, Jaime Moreno y Javier Lamarque, respectivamente, se encuentran muy por debajo con un 2% cada uno.
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