La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, planteó la necesidad de revisar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por el Inegi y que es la principal fuente de información de la medición de la pobreza en el país, para contar con un instrumento que también capte la afiliación a los programas sociales.
Desde 2008, el gobierno mexicano mide la pobreza considerando el ingreso de las familias, su posibilidad de comprar una canasta básica, el acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud a la alimentación y a la viviendo.
Sin embargo, esto podría cambiar: la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, propuso agregar a la metodología la cobertura de los programas sociales.
“Si bien el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ha representado un paso importante para superar la visión de la pobreza como una situación que deriva únicamente del ingreso, pienso que debemos trabajar para afinar los instrumentos para levantar información que se ajuste a nuestra concepción multidimensional de la pobreza.
“Si podemos avanzar en la captación de una información relacionada con el ingreso, en la construcción de carencias, en el análisis de cobertura de programas sociales en el diseño muestral de las encuestas que utilizamos para definir y medir los rezagos sociales, estaremos dando un paso muy importante”, dijo Robles en un discurso que días después la propia Sedesol rechazó proporcionar a los medios.
De aprobarse esta propuesta, los resultados de la población en pobreza en México cambiarían abruptamente, pues es precisamente la precaria situación del ingreso –que se mantiene estancado desde hace al menos 20 años– lo que ubica a más de la mitad de la población del país como pobre.
De acuerdo con los especialistas en desarrollo social Mario Luis Fuentes y Rogelio Gómez Hermosillo, hay varios riesgos de modificar la información en la que se basa la metodología de medición de la pobreza, el primero de ellos que los resultados dejen de ser comparables con los que se presentaron anteriormente y así perder la posibilidad de saber si la pobreza, como se mide hoy, se ha incrementado o se ha reducido, y el segundo, que se haga una medición “a modo”.
“Por un lado está el medir el impacto de la política social y en ese sentido hay que ser muy cauto porque se puede buscar una medición a modo, aunque comparto que hay que fortalecer la ENIGH porque las carencias y vulnerabilidades que hoy medimos son más complejas de lo que hoy sabemos”, dijo Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
Para Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y extitular de Oportunidades, los objetivos expuestos por la Secretaria no tienen que ver con la finalidad de la medición de la pobreza en el país.
“No le corresponde a la medición de la pobreza reflejar el trabajo de los tres órdenes de gobierno, eso se tiene que dar con los resultados, con que la gente tenga mejor ingreso y menos carencias sociales que es lo que mide la metodología, así que el primer punto que debe aclarar es qué es lo que quiere”, dijo en entrevista.
Para el especialista, el punto no debe ser cómo se mide o no la pobreza, sino los resultados que hoy no tienen los programas de gobierno para mejorar los ingresos de las familias, así como sus niveles de salud o educación.
Recordó que el objetivo de la actual metodología de medición de la pobreza es que sea transparente, para que a través de la ENIGH y con el procedimiento del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social -responsable de medir la pobreza- cualquier ciudadano pueda llegar a los mismos resultados.
En tanto, Fuentes se pronunció por modificar las fuentes de la metodología de medición de la pobreza, pero para incorporar el impacto que la inseguridad pública y la falta de acceso a la justicia tienen entre los más pobres del país.
“Estoy convencida de que necesitamos revisar el ciclo completo de la política pública para contar con información que nos permita construir mejores indicadores, A partir de ese ejercicio tendremos mejores herramientas en coordinación, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales para abatir la pobreza.
“Pero lo más importante, se podrá acreditar con plenitud el trabajo que realizan los tres órdenes de gobierno, los estatales, los municipales y el federal, y se les podrá reconocer con participación en el presupuesto el esfuerzo que hayan realizado, porque ese es el interés que tenemos: promover los incentivos correctos y no otros incentivos perversos de mantenerse en la pobreza para tener más recursos”, agregó Robles en su mensaje.
Actualmente la partida presupuestal más grande para las familias pobres, los recursos destinados al programa Prospera, antes Oportunidades, es canalizada directamente por la Federación a los beneficiados, sin que los gobiernos estatales o municipales tengan acceso a ellos.
Aunque la pobreza en el país se mide desde 2002, fue en 2008 cuando se adoptó la actual metodología de medición multidimensional, la cual se basa en el ingreso que tienen las familias y sus posibilidades de comprar una canasta básica, pero también en su acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud, a la alimentación y a la vivienda.
Para hacerlo se modificó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para añadir el módulo que mencionó la Secretaria, el de Condiciones Socioeconómicas, y también se amplió la muestra de hogares consultados, al pasar de 20 mil a 62 mil para poder reflejar las condiciones económicas y sociales de las personas a nivel estatal y municipal. Todos estas modificaciones, que forman parte de la Ley General de Desarrollo Social, fueron elaboradas por especialistas de instituciones como Colmex, PNUD, CIDE, entre otras.
Según la Ley General de Desarrollo Social, cualquier metodología de medición de la pobreza que se haya aprobado debe aplicarse en el país al menos por 10 años, por lo que los cambios impulsados por Robles podrían entrar en vigor hasta 2018, cuando se haga la medición que haga el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARGARITA VEGA.
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