MÉXICO, D.F: En una ceremonia realizada en el Campo Militar número 1, el presidente Enrique Peña Nieto rindió homenaje póstumo a seis de los soldados caídos el pasado 1 de mayo en el ataque a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dicho homenaje se llevó a cabo antes de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmara el deceso de la séptima víctima tras el derribo por parte del crimen organizado, del helicóptero Cougar matrícula 1009 que trasladaba a 16 militares y dos elementos de la Policía Federal (PF). Los 11 pasajeros restantes continúan hospitalizados. En el evento de esta tarde, realizado a puerta cerrada en la explanada de la Fuerza Especial de Reacción del Campo Militar estuvieron presentes los deudos de las víctimas a quienes el mandatario federal ofreció sus condolencias y les entregó una bandera nacional. Asimismo, encabezó la ceremonia luctuosa que incluyó una salva de fusilería y el toque de silencio en honor a los seis fallecidos. Durante la ceremonia, según refirió la Presidencia en un comunicado, el comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, general Miguel Ángel Aguirre Lara, también ofreció condolencias a nombre de los integrantes de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad. El pasado viernes, dijo a los deudos, “sucedió un hecho lamentable que conmocionó a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas” pero les garantizó que no están solos. “Cuentan con todo el apoyo institucional, cuentan con el apoyo fraternal de cada miembro de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad”, ofreció. Luego, agradeció a Peña Nieto su presencia en el homenaje luctuoso, la cual es muestra –dijo– de “su liderazgo como comandante supremo y ratifica su constante preocupación por su tropas”. En la ceremonia estuvieron presentes, además de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y de Hacienda, Luis Videgaray. También participaron el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; la procuradora General de la Republica, Arely Gómez, y el comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, Eugenio Ímaz Gispert, Director General del CISEN; además del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. Más tarde, la Sedena confirmó la muerte de otro soldado que estaba entre los 12 heridos del derribo del helicóptero, el pasado 1 de mayo, en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, a unos 240 kilómetros de Guadalajara. El día del ataque por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) seis elementos del Ejército murieron y 12 resultaron heridos –10 soldados y dos policías federales– quienes fueron trasladados al Hospital Central Militar, para su atención.
La Sedena no ha proporcionado información sobre el estado de salud de cada uno de los sobrevivientes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La máxima autoridad electoral en México determinó que el partido debe sustituir a tres candidatos para cumplir con la cuota de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló este miércoles 6 de mayo las campañas de los 45 candidatos a diputados locales en esa entidad – hasta mañana a las 10:50 horas–, con la exigencia de sustituir a tres candidatos para cumplir con la cuota de género. De acuerdo con un reporte del diario Reforma, Javier Rivera, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), consideró excesiva la decisión de la máxima autoridad electoral en México. “De los 45 solamente tuvimos tres errores, son tres cambios que habremos de realizar, en una es hombre por mujer y en otra hombres por mujeres, por eso consideramos excesivo que nos hayan cancelado el registro de los 45 distritos.
“En estricto sentido no deben hacer campaña porque ha quedado sin efecto su inscripción ante el Instituto Electoral, insisto no la compartirnos porque eso genera inequidad en la contienda”, dijo, de acuerdo con el diario mexicano. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: A partir de este miércoles, cualquier servidor público capitalino implicado en el delito de desaparición forzada podrá ser condenado a una pena de 20 a 40 años de prisión y la inhabilitación definitiva para ejercer un cargo en el gobierno. Así lo dio a conocer el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, al promulgar y publicar el Decreto de Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local destacó que la publicación de dicha ley significa “un avance para la Ciudad de México, un compromiso para los servidores públicos y una señal de que en la capital del país se trabaja en la atención y protección de las víctimas”. Agregó que también impulsa un trabajo de adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos y de la desaparición forzada. El decreto incluye la elaboración de un Sistema de Información de Víctimas de Desaparición para el intercambio de información con las demás entidades federativas y la generación de un esquema “eficiente” de búsqueda de las víctimas con la Procuraduría General de la República (PGR) para su localización. En su discurso, Mancera Espinosa llamó a trabajar en una homologación federal en la parte general del Código Penal pues destacó la importancia de no tener tipificados de manera diferente la autoría, la tentativa y las formas de participación en los delitos. “Debemos tener una homologación a nivel federal porque si no, vamos a tener un Procedimiento Penal que es muy bueno, que esté homologado, una ley general, pero en el momento de trabajar la autoría, la participación, la tentativa, todas las tareas que tienen que ver con la parte general, vamos a encontrar varias contradicciones”, alertó. Por ello, el funcionario adelantó que su administración presentará en breve una iniciativa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que ésta la envíe al Congreso de la Unión. Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que esta ley llena “importantes vacíos legales que existían” y da “ejemplo de buenas prácticas” sobre cómo responder a la necesidad de una adecuada tipificación de estos delitos. El especialista destacó: “Se incluye el tipo penal de la desaparición forzada perpetrada por particulares además de aquella donde hay intervención de agentes del Estado directa o indirectamente, porque no puede ignorarse que en el contexto reciente de nuestro país se perpetran sinnúmero de desapariciones de este tipo”. Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comentó que con la promulgación de esta ley se da un “avance significativo” en el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en las Convenciones de las que México es parte. Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), destacó que con esta promulgación se fija un criterio sobre todo en desaparición entre particulares, tipo penal que no existe en otras legislaciones. Otro factor a resaltar, dijo en entrevista posterior al acto oficial, es la parte de la declaración de ausencia “para que no se paralicen los trámites de las personas que están en espera de que regrese con vida su familiar. Son dos grandes aspectos que se regulan en esta legislación”. Gómez Gallardo mencionó la importancia de que existan registros confiables que generen bases de datos adecuadas, “porque no tenemos una certeza institucional, coordinada en el país que nos permita identificar todos los casos, pero más que nada prevenirlos y atenderlos”. –En el caso del DF, ¿hay alguna recomendación a alguna dependencia por desaparición forzada?, le preguntó la prensa. –Tenemos 22 quejas en los términos, pero se están documentando, aseguró. “Ley criminal única” Al término del acto oficial, Miguel Ángel Mancera propuso homologar los códigos penales del país en su parte general, así como avanzar hacia una “ley criminal única”, como ya sucede en otros países. En conferencia de prensa, detalló que hay causales previstas en el Código Penal del Distrito Federal que no existen en otras entidades. Por ejemplo, explicó, la “tentativa” de un delito tiene una descripción en la Ciudad de México distinta a otros estados.
Por ello, agregó, “si inicias la persecución de un delito aquí (en el DF), pero concluye en otro estado y en ese estado no se sanciona la tentativa, pues ya no hay delito”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Jaid Mothe Hernández, subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso, indicó la Procuraduría de Puebla, que agregó que el presunto responsable no tiene derecho a la libertad bajo fianza.
El subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, asesinó al joven Ricardo Cadena y no se trató de un accidente como había confesado el propio policía, informó la tarde de este miércoles 6 de mayo la Procuraduría General de Justicia de Puebla. “Al realizar la reconstrucción de los hechos, dictámenes periciales en criminología, criminalística y balística, entre otros, así como diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público y la Policía Ministerial, establecen que el presunto responsable detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso. “Lo anterior se confirma también ante la herida por proyectil de arma de fuego que presentaba el cuerpo del joven en el cráneo y que fue la causa de su fallecimiento”, indica un comunicado emitido por la Procuraduría. Tras realizar la reconstrucción de los hechos y ante las pruebas recabadas, la Procuraduría estatal ejercitó acción penal en contra de Jaid Mothe Hernández por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, sin que tenga derecho a la libertad bajo fianza. La dependencia indicó que, hasta el momento, se descarta que existan evidencias de que Ricardo Cadena y sus acompañantes hayan cometido algún delito, ya que se establece que salían caminando de un establecimiento en el que habrían consumido bebidas alcohólicas, sin que posteriormente se tuviese registro de su participación en otro tipo de circunstancias. La Procuraduría señaló que la averiguación previa sigue abierta para deslindar responsabilidades de terceras personas, mientras que Jaid Mothe Hernández, quedó a disposición del Juez Penal de Cholula. Horas antes, el procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourguet, había indicado que Ricardo Cadena no estaba pintando un grafiti, sino que fue interceptado por la policía cuando salía de un centro nocturno. “No hubo un tema de grafiti, eso creo que sí es importante aclararlo, porque en los medios se ha manejado mucho, ellos (Ricardo Cadena, su hermano y un amigo) venían saliendo de un lugar de estos conocidos como botaneros, cuando fueron interceptados por la policía municipal, fueron correteados, los jóvenes trataron de correr al ver la presencia policiaca, y ocurrió el lamentable hecho, que, desde luego, vamos a deslindar responsabilidades”, señaló el procurador. Carrancá Bourguet señaló que la noche del lunes 4 de mayo se realizó una reconstrucción de los hechos en la que se recabaron indicios que podrían determinar si hubo un forcejeo entre Ricardo Cadena y el subdirector de Seguridad Pública de San Pedro Cholula. Jaid Mothe Hernández se entregó a las autoridades el pasado 3 de mayo por la noche para ser investigado por el asesinato de Ricardo Cadena, de 18 años, quien falleció por un disparo en la nuca. “Me bajo (de la patrulla) yo y me voy sobre la calle N. Morones y ya estas personas iban corriendo, entonces empiezo a correr. Mi arma la llevo a la altura del pecho, entonces voy corriendo cuando me sale una persona de entre los vehículos y me impacta. Mi arma la llevaba a la altura del pecho y forcejeamos en esa parte y es cuando se ocasiona el accidente”, dijo Mothe Hernández al reportero Odilón Darios, citado en una nota de e-consulta. “La versión que nosotros tenemos es que (los policías) recibieron un reporte acerca de que se encontraban un grupo de jóvenes en la vía pública, hablan de que estaban pintando alguna barda, algún grafiti (…)”, dijo a Animal Político el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa Torres.
El hermano de Ricardo Cadena, quien estaba con él e incluso fue detenido, dijo: “Todos nos echamos a correr, mi hermano me dijo ‘Córrele, si no te van a agarrar’. Entonces yo me fui a esconder al bar donde estábamos y me sacó la patrulla, pero me sacó a golpes. Entonces ya me subieron a la camioneta y escuché el sonido del arma. Ya después se alteraron los policías y se fueron muy rápido y me llevaron detenido. Los que me detuvieron a mí eran tres o cuatro, no vi porque me tenían sometido”, de acuerdo con un reporte de e-consulta. Consultar el comunicado íntegro que emitió la Procuraduría de Puebla:
MÉXICO, D.F: Las escenas de Jalisco, el pasado viernes 1, y semanas antes las Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, sin contar las de otros estados, muestran la situación de guerra no convencional que vive el país desde hace varios años, así como el crecimiento del poderío del crimen organizado que hace ya rato rebasó al gobierno federal y a las fuerzas armadas. Y el hecho de que las fuerzas del crimen organizado se presenten en plenas elecciones, en un momento que además se intenta sujetar a los medios de comunicación con la verdad oficial para aparentar que la violencia es menos seria de lo que es, agrava más la situación de ingobernabilidad, ya que aquellas se colocan en el escenario político como un grupo de poder capaz de retar al Ejército, al tiempo que envían el mensaje de que pueden imponer a las autoridades sin importar el resultado de las elecciones. Las últimas imágenes de Jalisco y Tamaulipas fueron tomadas en su mayoría por la propia ciudadanía, no por los medios de comunicación, expuestos a la violencia como la mayor parte de los mexicanos. Dichas escenas parecen sacadas de una guerra: militares acribillados, autos y camiones incendiados, caminos bloqueados y aeronaves derribadas con bazucas tierra-aire en poder de los grupos criminales. La prensa mexicana, sobre todo la de los estados más violentados por el crimen organizado y las autoridades cómplices, ha sido golpeada duramente, y los reporteros que viven en esos lugares se han convertido en combatientes, pues tienen que entrar a las zonas de conflicto donde un ejército de soldados y policías se enfrenta con otro ejército de sicarios fuertemente armados que controlan el territorio. Estos reporteros nada tienen que ver con los locutores, comentaristas, conductores, articulistas y columnistas que desde sus escritorios hacen un periodismo cómodo, defendiendo al gobierno y al sistema político que se ha corrompido en su estructura dando paso al narco Estado o narco gobierno, como en los casos de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Convertidos a golpes de realidad, los reporteros locales son ya corresponsales de una guerra que no quiere ser reconocida por las autoridades y que en estos momentos impacta a todos los actores políticos, sociales y económicos. Son testigos también de la transformación de la vida cotidiana en esas zonas donde políticos, policías y narcotraficantes forman un solo tronco común con raíces históricas tan profundas que reverdecen sin importar que les corten las ramas. Historiadores del momento, los reporteros y fotógrafos que se han adentrado a cubrir esta guerra no convencional tienen el pulso del fracaso de la estrategia militar y policiaca que ha implementado el gobierno mexicano en los estados.
Fracaso que tiene múltiples consecuencias, de las cuales las más graves y serias son: la censura y autocensura en los medios de comunicación, el surgimiento del narco Estado, la transformación del narcotráfico en crimen organizado, ingobernabilidad, debilidad de las instituciones y, principalmente, miles de muertes que siguen ocurriendo mientras el gobierno federal insiste en su versión oficial de una situación ya está controlada, justificando con ello la realización de las elecciones, el próximo 7 de junio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).
MÉXICO, D.F: Los representantes de los partidos ante el INE que forman la alianza en Sonora, encabezada por el PRI, solicitaron al Consejo General que atraiga el proceso electoral en esa entidad, ante “la ilegal intromisión en el proceso del actual gobernador Guillermo Padrés para favorecer al PAN y a su candidato Javier Gándara”. En rueda de prensa, en la sede del INE, los representantes y consejeros del Poder Legislativo del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado Marco Antonio Bernal y el senador Carlos Puente; del PVEM, Jorge Herrera, y el diputado priista Jorge Enrique Doler, además del diputado Luis Antonio González Roldán, del Panal, acusaron a Padrés de desviar más de 780 millones de pesos hacia actos proselitistas. “Estamos en presencia de una elección de Estado, cuando vemos que el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, junto con el procurador del estado, con el afán de favorecer al candidato Javier Gándara, giran instrucciones a los policías, quienes detuvieron a personas que repartían propaganda electoral negativa y calumniosa en contra de la candidata a la gubernatura por el PRI, Claudia Pavlovich Arellano”, acusó Ramírez Marín al dar lectura a un comunicado. También acusó al secretario ejecutivo de Seguridad Pública en Sonora, Ernesto Munro Palacio, de abstenerse de actuar ante las denuncias interpuestas por el partido o la candidata, a quien “han estado acosando y agredido a su persona y a su familia”. Ramírez Marín señaló que, por el contrario, este funcionario difunde mensajes en redes sociales y en entrevistas periodísticas para generar temor entre los sonorenses e inhibir el ejercicio del voto ciudadano el próximo 7 de junio. “Existe una elección de Estado cuando se dan a conocer y divulgan conversaciones alteradas, editadas y fragmentadas producto de la intervención de comunicaciones privadas del que ha sido objeto Claudia Pavlovich”, se quejó. El priista consideró “obvio” que el gobernador quiera proteger su salida y la única forma de lograrlo es posicionar y hacer ganar, a cualquier costo, al candidato del PAN. Luego de la denuncia pidió tres cosas: Que Padrés “saque las manos de la elección a gobernador” y “cese de manera inmediata a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al secretario ejecutivo de Seguridad Pública y ordene a los servidores públicos a su cargo se abstengan de emplear recursos en el desarrollo de la campaña de Javier Gándara”. Finalmente, que el INE verifique si puede ejercer su facultad de atracción del proceso electoral “para elegir gobernadora en el estado de Sonora”, emplazó Ramírez Marín.
A pregunta expresa sobre si existe viabilidad en realizar lo anterior, el priista sostuvo que su petición está basada en el artículo 124 de la Ley General de Procedimientos Electorales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Para el capitalismo neoliberal, los migrantes son objetos desechables de un proyecto comercial en el que no tienen cabida, afirmaron en Estados Unidos el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, y el sacerdote Alejandro Solalinde. En una conferencia que ofrecieron anoche en la Universidad de Columbia, en Nueva York, sobre la “emergencia humanitaria” generada por el modo en que se concibe la migración, los sacerdotes destacaron que la migración contemporánea, y la manera en que las autoridades nacionales la han entendido y tratado, está determinada por el modelo económico del capitalismo neoliberal. En lugar de reconocer sus derechos, añadieron, el capitalismo neoliberal los criminaliza. “Cambiar el trato a los migrantes es cambiar el modelo económico que se caracteriza por la eliminación de la gente. Ya ni siquiera hablamos de exclusión, sino directamente de eliminación. Es lo que dice el Papa (Francisco), que esta es la cultura del descarte”, puntualizó el obispo de Saltillo. Por su parte, Solalinde dijo que es preciso entender la migración como uno de los numerosos elementos de un sistema complejo, mundial e interconectado, dominado por un capitalismo neoliberal que genera una enorme violencia contra las personas. “Si analizamos la realidad como elemento disperso, no vamos a encontrar ni pies ni cabeza, pero si intentamos una lectura de la complejidad actual con esta clave sistémica, entonces sí vamos a entender lo que está pasando, y vamos a encontrar que una de sus causas es el capitalismo neoliberal”. El director del albergue “Hermanos en el Camino”, localizado en Ixtepec, Oaxaca, explicó que a fin de transformar las dinámicas generadas por el capitalismo, es preciso crear movimientos sociales que rescaten el “espíritu comunitario de la cultura”, que ha sido rebasada por el individualismo, “que nos hace mezquinos, nos hace competir y nos dispersa”. Luego habló del movimiento de la Constituyente ciudadana-popular, que –dijo– busca entrar en diálogo con la sociedad entera a fin de construir en consenso un nuevo marco jurídico. “Se trata de buscar juntos caminos que nos ayuden a encontrar una solución en red, pero el problema es que estamos dispersos, que no tenemos una conciencia de grupo, y que nos hemos vueltos individualistas y egoístas”, manifestó. Vera coincidió en el llamado a participar en la Constituyente ciudadana-popular desde la identidad propia de cada movimiento social, aunque con unidad de objetivos.
“A todos debemos escuchar, todos deben participar, nadie debe quedar fuera. Se trata de alcanzar de manera especial a aquellos que están más lejos. Se trata de que nos pongamos en movimiento para hacer un diálogo nacional, de incluir a la sociedad toda en conjunta”, enfatizó el fraile dominico e ingeniero civil. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Aunque el reportero asesinado el pasado 4 de mayo reporteó durante más de 25 años para medios de comunicación veracruzanos, la Fiscalía del Estado se deslindó de investigar el caso alegando que el cuerpo del comunicador fue hallado en Acatlán de Pérez, municipio oaxaqueño ubicado a unos 10 kilómetros de la localidad veracruzana de Tezonapa.
Aunque el periodista Armando Saldaña reporteó durante más de 25 años para numerosos medios de comunicación de Veracruz, como El Mundo de Córdoba, La Crónica de Tierra Blanca, y más recientemente en la emisora de radio la Ke Buena, la Procuraduría de Justicia del Estado se deslindó ayer de investigar el homicidio del comunicador, alegando que su cuerpo fue hallado el pasado 4 de mayo en los alrededores de Acatlán de Pérez; municipio de Oaxaca que está a tan sólo unos 10 kilómetros de Tezonapa, la localidad veracruzana de la que era originario el reportero. “Este hallazgo lamentable fue en Oaxaca. Y no encuentro razones para hacerlo aquí (la investigación), ya que no hay absolutamente ninguna evidencia, ningún indicio, ninguna averiguación o expediente, que oriente a pensar que aquí (en el estado de Veracruz) se cometió algún hecho que a la postre haya producido algún efecto en el hallazgo de Armando Saldaña”, dijo en un mensaje a medios el fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, quien puntualizó que “son hechos que acontecen a Oaxaca y a los que el estado de Veracruz es totalmente ajeno”. Cuando se le cuestionó por la labor periodística que realizaba en la entidad Armando Saldaña, que ya es el periodista veracruzano número 12 asesinado en el presente gobierno de Javier Duarte, el fiscal insistió en que serán las autoridades de Oaxaca las que deberán realizar todas las diligencias en el caso. “Hay datos que ya fluyen en torno a que Armando prestaba servicios de corresponsalía a algunos medios con sede en el estado de Veracruz. Pero eso no es indicativo absolutamente de nada; el núcleo de la indagatoria es la causa por la cual se ubicó el cuerpo sin vida de Armando”, recalcó Bravo.
“En ese caso –añadió-, no hay ni una sola investigación o manifestación que oriente a que en Veracruz se cometiera un hecho original que, con posterioridad, hubiera producido algún efecto en el hallazgo del cuerpo. No tenemos ni una sola investigación”. ENTREVISTA:
“No sabemos por qué lo mataron” Por su parte, la familia del comunicador asegura que aún no sabe cuál pudo haber sido el móvil por el que asesinaron a Armando Saldaña, y negaron que el periodista reportara en la radio temas relacionados con el robo de ductos de Pemex –los chupaductos, como se les conoce en la zona- y el crimen organizado. “No sabemos por qué mataron a mi padre. Él no se metía en nada de eso (los ‘chupaductos’). El programa que tenía –La Grilla. Punto y Debate- era sobre política veracruzana; de lo que dicen y hacen aquí los políticos y los candidatos. Era un programa más que nada de la vida política”, señala en entrevista con Animal Político la hija del comunicador, Marlén Saldaña. Hasta el momento, Marlén asegura que nadie de las autoridades de Veracruz ni de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se ha puesto en contacto con la familia para informarles en qué estado se encuentran las investigaciones.
“Lo único que exigimos es que se esclarezca lo que le pasó a mi padre. Lo mataron con alevosía y ventaja. Solo pedimos que se aclare todo y que lo dejen descansar en par. Mi padre no debía nada a nadie”, concluye la hija del periodista asesinado.
Artículo 19 exige a Fiscalía de delitos contra la prensa que atraiga el caso La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 denuncia que, al margen de qué autoridad investigue el caso, el homicidio de Armando Saldaña pone de manifiesto la latente situación de riesgo que enfrentan los periodistas en Veracruz y Oaxaca. “Armando desempeñaba su labor en Veracruz, y aunque el cuerpo fue hallado en Oaxaca, es importante resaltar que el homicidio del comunicador se suma a una nula capacidad de las autoridades estatales por garantizar el libre flujo de información en esta zona que comprende a dichas entidades”, señala la organización civil en un comunicado, en el que además recuerda que en Veracruz suman ya 17 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha, mientras que Oaxaca contabiliza siete homicidios de periodistas en el mismo periodo de tiempo. Ante esta situación, Artículo 19 demanda que las autoridades investiguen la relación del asesinato con la labor periodística que Armando Saldaña realizaba en el estado de Veracruz, por lo que pide que la FEADLE atraiga el caso, “para que pueda realizar las pesquisas necesarias en los dos estados y así esclarecer este asesinato y garantizar el acceso a la justicia”. En tanto que este miércoles 6 de mayo, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del reportero y denunció el clima de impunidad que azota a México.
“Estamos ante otro asesinato que de acuerdo a la experiencia podría correr el riesgo de quedar impune y sin justicia, como muchos otros casos en México, donde los violentos y la inacción imponen las reglas del juego”, expresó el presidente de la SIP Gustavo Mohme en un comunicado de prensa.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, planteó la necesidad de revisar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), realizada por el Inegi y que es la principal fuente de información de la medición de la pobreza en el país, para contar con un instrumento que también capte la afiliación a los programas sociales.
Desde 2008, el gobierno mexicano mide la pobreza considerando el ingreso de las familias, su posibilidad de comprar una canasta básica, el acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud a la alimentación y a la viviendo. Sin embargo, esto podría cambiar: la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, propuso agregar a la metodología la cobertura de los programas sociales. “Si bien el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ha representado un paso importante para superar la visión de la pobreza como una situación que deriva únicamente del ingreso, pienso que debemos trabajar para afinar los instrumentos para levantar información que se ajuste a nuestra concepción multidimensional de la pobreza. “Si podemos avanzar en la captación de una información relacionada con el ingreso, en la construcción de carencias, en el análisis de cobertura de programas sociales en el diseño muestral de las encuestas que utilizamos para definir y medir los rezagos sociales, estaremos dando un paso muy importante”, dijo Robles en un discurso que días después la propia Sedesol rechazó proporcionar a los medios. De aprobarse esta propuesta, los resultados de la población en pobreza en México cambiarían abruptamente, pues es precisamente la precaria situación del ingreso –que se mantiene estancado desde hace al menos 20 años– lo que ubica a más de la mitad de la población del país como pobre. De acuerdo con los especialistas en desarrollo social Mario Luis Fuentes y Rogelio Gómez Hermosillo, hay varios riesgos de modificar la información en la que se basa la metodología de medición de la pobreza, el primero de ellos que los resultados dejen de ser comparables con los que se presentaron anteriormente y así perder la posibilidad de saber si la pobreza, como se mide hoy, se ha incrementado o se ha reducido, y el segundo, que se haga una medición “a modo”. “Por un lado está el medir el impacto de la política social y en ese sentido hay que ser muy cauto porque se puede buscar una medición a modo, aunque comparto que hay que fortalecer la ENIGH porque las carencias y vulnerabilidades que hoy medimos son más complejas de lo que hoy sabemos”, dijo Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Para Gómez Hermosillo, coordinador de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y extitular de Oportunidades, los objetivos expuestos por la Secretaria no tienen que ver con la finalidad de la medición de la pobreza en el país. “No le corresponde a la medición de la pobreza reflejar el trabajo de los tres órdenes de gobierno, eso se tiene que dar con los resultados, con que la gente tenga mejor ingreso y menos carencias sociales que es lo que mide la metodología, así que el primer punto que debe aclarar es qué es lo que quiere”, dijo en entrevista. Para el especialista, el punto no debe ser cómo se mide o no la pobreza, sino los resultados que hoy no tienen los programas de gobierno para mejorar los ingresos de las familias, así como sus niveles de salud o educación. Recordó que el objetivo de la actual metodología de medición de la pobreza es que sea transparente, para que a través de la ENIGH y con el procedimiento del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social -responsable de medir la pobreza- cualquier ciudadano pueda llegar a los mismos resultados. En tanto, Fuentes se pronunció por modificar las fuentes de la metodología de medición de la pobreza, pero para incorporar el impacto que la inseguridad pública y la falta de acceso a la justicia tienen entre los más pobres del país. “Estoy convencida de que necesitamos revisar el ciclo completo de la política pública para contar con información que nos permita construir mejores indicadores, A partir de ese ejercicio tendremos mejores herramientas en coordinación, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales para abatir la pobreza. “Pero lo más importante, se podrá acreditar con plenitud el trabajo que realizan los tres órdenes de gobierno, los estatales, los municipales y el federal, y se les podrá reconocer con participación en el presupuesto el esfuerzo que hayan realizado, porque ese es el interés que tenemos: promover los incentivos correctos y no otros incentivos perversos de mantenerse en la pobreza para tener más recursos”, agregó Robles en su mensaje. Actualmente la partida presupuestal más grande para las familias pobres, los recursos destinados al programa Prospera, antes Oportunidades, es canalizada directamente por la Federación a los beneficiados, sin que los gobiernos estatales o municipales tengan acceso a ellos. Aunque la pobreza en el país se mide desde 2002, fue en 2008 cuando se adoptó la actual metodología de medición multidimensional, la cual se basa en el ingreso que tienen las familias y sus posibilidades de comprar una canasta básica, pero también en su acceso a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud, a la alimentación y a la vivienda. Para hacerlo se modificó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para añadir el módulo que mencionó la Secretaria, el de Condiciones Socioeconómicas, y también se amplió la muestra de hogares consultados, al pasar de 20 mil a 62 mil para poder reflejar las condiciones económicas y sociales de las personas a nivel estatal y municipal. Todos estas modificaciones, que forman parte de la Ley General de Desarrollo Social, fueron elaboradas por especialistas de instituciones como Colmex, PNUD, CIDE, entre otras.
Según la Ley General de Desarrollo Social, cualquier metodología de medición de la pobreza que se haya aprobado debe aplicarse en el país al menos por 10 años, por lo que los cambios impulsados por Robles podrían entrar en vigor hasta 2018, cuando se haga la medición que haga el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MARGARITA VEGA.
MÉXICO, D.F: El nuevo candidato de la coalición PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Jesús Parra García, admitió que si bien le fue difícil aceptar el llamado a participar, finalmente lo hizo porque es “un hombre de partido”. El dirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, dio a conocer ayer la designación de Parra García, luego de que José Santos Valdivia, suplente de Ulises Fabián Quiroz, asesinado el pasado viernes 1, rechazó la candidatura por temor y por la seguridad de su familia y de él mismo. En entrevista con Radio Fórmula, el nuevo abanderado admitió que las circunstancias que actualmente se viven en la entidad son peligrosas, pero “soy un hombre de instituciones, soy un hombre que durante más de 20 años le he servido a mi instituto político y, atento al llamado, lo acepto con todas las situaciones que puedan pasar”. Parra García señaló que después de conocerse su designación, recibió muchas llamadas de aliento, apoyo y solidaridad por parte de la población de Chilapa. “Me siento cobijado por mi pueblo, un pueblo noble, un pueblo que vamos a seguir adelante primeramente Dios”, destacó el experredista, y aseguró que tiene todas las posibilidades de ganar, porque ha hecho un trabajo durante muchos años y la gente está con él. El candidato del PRI-PVEM informó que esta mañana realizaría algunas actividades y que estaría presente en la reunión de trabajo del líder nacional del PRI, César Camacho, en Chilpancingo. El pasado viernes 1, el abanderado priista a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue ejecutado en las inmediaciones del poblado de Atzacoaloya, ubicado en la región Centro de Guerrero. El hecho se registró cerca de las 6 de la tarde, sobre la carretera que conecta el poblado indígena con la cabecera municipal, cuando el candidato regresaba de un acto de campaña. Según los reportes, un grupo armado emboscó el convoy en el que se trasladaba Quiroz, a quien los sicarios bajaron de la camioneta y lo fusilaron frente a sus colaboradores. La víctima fungía como secretario de Finanzas de la administración del actual alcalde priista de Chilapa, Francisco Javier García González, quien ha sido vinculado públicamente con el narcotráfico.
La plaza de ese municipio es disputada por una célula de la banda de Los Rojos y el grupo criminal denominado Los Ardillos, dirigido por los hermanos del presidente del Congreso de Guerrero, el diputado local perredista Bernardo Ortega Martínez. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa mantienen vigente su demanda de exigir al gobierno la búsqueda de sus hijos. Un grupo de ellos se encuentra ahora en España, concretamente en la ciudad de Zaragoza, desde donde pidieron a la comunidad europea apoyar su lucha iniciada hace más de siete meses en Iguala, Guerrero. En la caravana europea, de la que forman parte Eleucadio Ortega, padre de Mauricio, uno de los estudiantes desaparecidos; Omar García, estudiante y superviviente de los hechos, y Román Hernández, miembro de una agrupación de derechos humanos de la zona, han alertado de los “riesgos” de que en México se esté instalando un “régimen autoritario” que da prioridad a los intereses privados sobre el respeto pleno a los derechos humanos. Asimismo, recordaron que la demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente continúa mientras no haya pruebas científicas que demuestren que fueron asesinados o calcinados, como lo sugirió el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. En rueda de prensa en esa ciudad española, Omar García reconoció que la inseguridad en México es “algo de todos los días”, pero que “no hay una intención de darle solución al problema” y que “la delincuencia organizada ha penetrado en las instituciones mexicanas”. De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, el superviviente de la tragedia de Iguala relató que cada día desaparecen 14 mexicanos, y acusó a Estados Unidos y a algunos países de la Unión Europea de apoyar a México con armas para su “supuesta guerra contra el narco”. En el caso europeo, lamentó que “por cada eurodiputado que se levanta para reclamar respeto a los derechos humanos, se levantan diez pidiendo respeto a las inversiones”, e instó a las instituciones europeas a que exijan garantías a los derechos humanos en su país antes que a los intereses privados. En su oportunidad, Eleucadio Ortega acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de la desaparición forzada de su hijo y 42 compañeros más, y aseguró que continúan “en pie de lucha” y que no han aceptado el dinero que les ofrecían las autoridades porque eso significaría que están “vendiendo” a sus hijos. También exigió el retiro de todos los policías y militares de Guerrero porque, dijo, están “intimidando” a la población. De igual manera, los integrantes de la Caravana 43 exigieron al gobierno de Peña Nieto que en la investigación que se sigue incluya las medidas y recomendaciones propuestas por los grupos de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La gira europea de la Caravana 43 inició en abril pasado en Noruega y, luego de pasar por Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Suiza y Francia, llegó a la ciudad española de Zaragoza y proseguirá por Madrid y Barcelona, antes de continuar hacia Holanda, Bélgica y Reino Unido, donde concluirá el próximo martes 19. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) reabrir la investigación en contra de Telcel (Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V.) por incurrir en prácticas monopólicas –que derivó en una multa de casi 12 mil millones de pesos–, la cual posteriormente fue condonada por la autoridad con el compromiso de la empresa telefónica de cumplir cinco puntos que garantizaran que las tarifas de interconexión móvil no serían una barrera para la entrada de nuevos operadores a los mercados de telefonía. En votación dividida (tres a dos), los ministros le dieron la razón a la empresa Cablemás (de Grupo Televisa) que se inconformó en contra de la decisión de la Cofeco de condonar la multa multimillonaria a Telcel. La mayoría integrada por (Margarita Luna Ramos, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora) consideraron que ante la posibilidad de que los denunciantes “hayan sufrido un daño o perjuicio”, era necesario que la Cofeco reabriera la investigación correspondiente. Sin embargo, respecto a la multa que quedó sin efecto, los ministros no se pronunciaron al respecto porque el plazo para analizar este tema ya había concluido.
Los ministros de la minoría, Juan N. Silva Meza y Fernando Franco, consideraron que la Cofeco sí tiene facultades para llegar a un acuerdo con Telcel y revocar la multa con el propósito de mejorar el servicio de interconexión, sin embargo, sus compañeros se impusieron. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JESÚS ARANDA.
De acuerdo con la encuesta, realizada del 5 al 8 de marzo pasado, el político tiene el 50% de las preferencias.
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Gándara, tiene el 50% de las preferencias electorales para ganar la gubernatura de Sonora, lo cual lo ubica por encima de su principal adversaria, Claudia Pavlovich, del PRI, quien acumula un 42%.
De acuerdo con una encuesta de Parametría, realizada entre el 5 y el 8 de marzo pasado, los candidatos del PRD, PT y Morena, Carlos Navarro, Jaime Moreno y Javier Lamarque, respectivamente, se encuentran muy por debajo con un 2% cada uno.
Cientos, tal vez miles de hombres y mujeres fueron obligados a trabajar para el crimen organizado a cambio solo de conservar su vida.
Entre las muchas aristas del predominio que tuvo el cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán, la de quienes fueron secuestrados para pertenecer al grupo criminal es quizá una de las más complejas. Cientos, tal vez miles de hombres y mujeres fueron obligados a trabajar para el crimen organizado a cambio solo de conservar su vida. Ahora que el cártel está oficialmente desmantelado, estas personas están en medio de dos fuegos. Por un lado, las células criminales que aun intentan su sobrevivencia independiente, les han puesto precio a sus cabezas y por otro, el Gobierno Federal los persigue por considerarlos parte de la estructura del desarticulado cártel de Los Templarios. En Michoacán, el dominio del oficialmente desarticulado cártel de Los Caballeros Templarios era prácticamente absoluto. A su servicio, este grupo criminal tenía gente que realizaba desde las tareas más simples hasta las más arriesgadas. Aunque ni la Federación ni el gobierno estatal reconocen a ese sector y no hay cifras en ninguna dependencia los “esclavos del narco” son los que más muertos han aportado a la ola de violencia que no cesa en el estado. Algunos estaban encargados de cortar limón, excavar una mina, empaquetar droga o vigilar una plaza para avisar de la presencia de las Fuerzas Federales. Todos formaban un verdadero ejército de secuestrados. No les pagaban. Eran mano de obra que elevaba la utilidad del trasiego de las drogas. Para los secuestrados la ganancia diaria era llegar vivos a la noche para poder revivir su drama al día siguiente. La mayor parte de esos esclavos integraron el grupo conocido como “Los perdonados”, que sirvió dentro de las autodefensas, primero como delatores de las estructuras de Los Templarios, y después como integrantes de la Fuerza Rural Estatal. Los grupos de autodefensa que aún se mantienen activos en la zona de Aquila, Lázaro Cárdenas, Chinicuila, Coalcomán y Aguililla, estima que existen al menos unas dos 2 mil 600 personas -entre hombres, mujeres y niños- que sirvieron por la fuerza al cártel de Los Templarios. Apenas pudieron, ellos fueron los primeros que se sumaron a los grupos de resistencia civil convocados por José Manuel Mireles. Hoy, la mayoría de los que fueron sometidos laboralmente por el cártel de las drogas han salido de la zona de Tierra Caliente. Son desplazados. A donde sea es mejor que permanecer en el corazón del conflicto que aún no acaba de enfriarse. El método infalible En Michoacán, durante el auge de Los Caballeros Templarios era común ver el arribo de convoyes con hombres armados. No se cubrían el rostro. Llegaban a los poblados –principalmente rancherías apartadas- para sacar por la fuerza a los hombres de casa. Los que se negaban eran ejecutados a las puertas de sus domicilios. Tan solo entre los años del 2008 al 2011, el número de hombres y mujeres que fueron ejecutados en Michoacán dentro de sus domicilios o a las puertas de sus casas -la mayoría en presencia de sus familias- alcanzó un promedio mensual de 6. Eso representó casi el 15 por ciento de todos los homicidios registrados en ese periodo. Los Templarios llegaron a establecer cuotas de mano de obra por cada localidad. Sacaban a los hombres a la plaza del lugar y allí solicitaban “voluntariamente” la inclusión a la célula. Por cada 100 habitantes obligaban a dos a la reclusión. En las localidades en donde no había suficientes hombres, la cuota de esclavos la completaban con mujeres y niños mayores de 11 años de edad. A las mujeres, por lo general se les asignaban labores en las actividades agrícolas, en los huertos de limón, mango o aguacate. A los niños los empleaban como vigilantes en caminos y carreteras estatales, para alertar de la presencia de las Fuerzas Armadas. Los hombres eran destinados a trabajos más duros: empaquetar mariguana o excavar minas. A ninguno les pagaban sueldo. Ocasionalmente les daban 50 pesos por día para comer. Ninguno de los reclutados protesta. Bajo el rigor y el temor Templario “Yo no tuve elección”, explica Rubén, un autodefensa de Aquila, “a mí me sacaron de mi casa. Me obligaron a trabajar en una mina. Estuve cinco años al servicio de esos cabrones”. Rubén era tratado como animal: no lo dejaban ir a su casa. A veces, lo amarraban de un pie para que no huyera. Su familia lo visitaba en la mina. Hasta allí le llevaban sus captores algo de comer. “A veces me daban una sopa Maruchan. Mi familia era la que me llevaba alimentos más seguido”, recuerda. En la mina -la que dicen que era propiedad de un jefe de plaza de Los Templarios, y que hoy se encuentra abandonada- Rubén compartió su cautiverio con otros 45 trabajadores, que igual que él fueron sacados a la fuerza de sus domicilios. A todos los ofrecieron un pago de 300 pesos diarios, pero el cártel nunca les cumplió. Los mantuvieron a la fuerza por casi 5 años, con la amenaza de matar a sus familias si desertaban. El Gobierno Federal nunca se dio por enterado. Los Templarios operaban cerca de 70 minas ilegales en la zona de Aquila. Los yacimientos, principalmente de hierro, eran explotados a base de esclavos reclutados por la fuerza. “Era como en la revolución”, dice Felipe, otro esclavo al que hoy persiguen los autodefensas acusado de ser parte de Los Templarios. “Llegaba ‘La leva’ y no tenías más opción. Si te negabas, allí mismo te mataban”.
Felipe estuvo trabajando cerca de dos años al servicio de Los Templarios. Asegura que fue secuestrado por una célula del cartel y le ordenaron trabajar en la excavación de una mina de arena. Los primeros días, el encargado de la plaza de Chinicuila le pagaba 120 pesos diarios, pero después trabajó gratis. Lo amenazaron con obligar a uno de sus hijos a ser sicario del cártel. Apenas se alzaron los grupos de autodefensas, Felipe –junto con otros que trabajaban igual que él en la mina de arena y grava- trató de sumarse al movimiento contra Los Templarios. Estuvo solamente unos días en las barricadas, porque después lo acusaron de ser infiltrado y le dieron la opción de irse. No lo pensó dos veces y salió con su familia. Hoy vive en el centro del país bajo amenaza de ser ejecutado si regresa. Los ‘halconcitos’ del cártel Durante dos años, Ariel fue obligado a trabajar para el narco. Tenía apenas 11 años de edad cuando uno de los jefes de plaza en Apatzingán mató a balazos a su padre. A él le perdonaron la vida porque nada tenía que ver en el pleito. Ariel recibió “la oportunidad” de trabajar para el cártel a cambio de 50 pesos diarios, pero con la promesa de hacerlo sicario “si demostraba interés en la empresa”. Durante el tiempo que Ariel estuvo al servicio del crimen organizado, prácticamente vivió secuestrado. Lo arrancaron del seno familiar. Vivía en diversas casas de seguridad entre los municipios Apatzingán, Nueva Italia, la Huacana y Ario de Rosales. Un adulto estaba a cargo de él y de otros 12 menores que distribuía en la zona para que informaran, vía teléfono celular, sobre la presencia de las fuerzas policiales. Todos vivían en condiciones de esclavitud. Los “halconcitos”, como fueron bautizados por el Ejército, eran el primer escalón para formar parte de la estructura criminal. A los que alcanzaban la mayoría de edad –los 15 años para el cártel- se les asignaban tareas más allá de la vigilancia de los movimientos policiales. La primera era ejecutar a una persona. Ariel se vio libre en septiembre del 2013, luego de un enfrentamiento entre la célula criminal que lo mantenía cautivo y un grupo de autodefensas en La Huacana. De sus captores sabe que al menos tres de ellos murieron y cerca de 15 desaparecieron. Él comenzó a esconderse porque algunos Templarios que fueron perdonados –y que se incorporaron a las autodefensas- lo reconocieron como “halconcito”. El muchacho fue señalado por los grupos de civiles armados de ser colaborador con el cártel de Los Caballeros Templarios y tuvo que salir de la región de Tierra Caliente. Vive en algún lugar de México, en donde al lado de su madre y cuatro hermanos insiste en rehacer su vida. Se siente culpable de haberse involucrado con el crimen organizado, pero él mismo se consuela al reconocer que no tenía opción. “Era ser halcón o un número más de los muertos de Michoacán”, dice. Como campos de concentración Muchos de los huertos de limón, mango y aguacate que se extiende por toda la zona de Tierra Caliente -los que fueron despojados a sus propietarios y trabajados por el cártel de Los Templarios- se convirtieron en verdaderos campos de concentración. Allí se levantaron improvisadas casas de cartón y madera, a veces de tela con carrizos, para albergar a decenas de personas que fueron llevadas a trabajar a la fuerza. En cada huerto se extendía una guardia perimetral que vigilaba que los trabajadores mantuvieran un ritmo constante de labores. A nadie se le permitía salir. Si alguien necesitaba de servicios de salud, hasta ese lugar llegaba un médico con algunas curaciones para atender al enfermo. Una vez al día les daban de comer. El pago del salario prometido solo se hacía cuando el trabajador lo solicitaba al encargado de la vigilancia. María Luisa, igual que decenas de mujeres, fue esclava en el corte de limón. Cuando los hombres armados que llegaron a su casa supieron que era madre sola, le dieron a elegir: se iba con ellos o se llevaban al hijo de 17 años que estaba por concluir la preparatoria. El amor de madre se interpuso. Por casi 7 meses estuvo trabajando por un salario de 30 pesos al día. “Fueron buenos conmigo”, reconoce con algo de gratitud, “nunca me utilizaron para otra cosa que no fuera cortar limón”. Otras mujeres que compartieron al lado de María Luisa la desgracia de trabajar forzadamente para el cártel en un huerto de limón en Apatzingán no corrieron con la misma suerte. “Algunas muchachas, después de todo el día de trabajo eran llevadas a fiestas con los sicarios. Muchas iban con gusto, otras no tanto. Pasaba el encargado de la cuadrilla para decir quiénes se tenían que preparar para la noche. A las más viejas no nos molestaban, ellos buscaban jovencitas de no más de 20 años”, cuenta. El día que María Luisa cumplió sus 48 años fue cuando entraron los grupos de autodefensa a Apatzingán. En el huerto supieron que algo no iba bien para Los Templarios luego de que la guardia que vigilaba el perímetro huyó en desbandada. “Al poco rato llegaron otros hombres armados para interrogar a los que trabajábamos allí. Nos hicieron varias preguntas. A las mujeres nos dejaron ir. A todos los hombres que encontraron los entregaron al Ejército”, recuerda la mujer. En su cara pecosa se asoma la alegría de vez en cuando. María Luisa se siente feliz porque no corrió con la suerte de otros esclavos a los que luego de ser liberados se les ha perseguido bajo la acusación de haber colaborado voluntariamente con el crimen organizado.
A Ella, luego de más de diez entrevistas con distintos jefes de las autodefensas, se le otorgó el perdón. Se le permitió quedarse en su casa y continuar su vida en la cotidianidad. La expansión y fortalecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los últimos años, hasta salirse de control y encender la alerta de las autoridades nacionales y de Estados Unidos, tienen como antecedente la profunda infiltración que alcanzó en las instituciones de seguridad pública del estado. Los recientes hechos de violencia del CJNG que ameritaron la intervención federal en Jalisco, ante la insuficiencia de las Policías locales, han orillado al gobernador, el priista Aristóteles Sandoval Díaz, a reconocer el grave socavamiento que el cártel logró en las corporaciones municipales y estatales que no contuvieron su crecimiento. La última muestra de su tamaño y capacidad logística, los narcobloqueos del 1 de mayo, acción coordinada en 39 puntos de 25 municipios (una quinta parte del estado), con 36 vehículos , 11 bancos y cinco gasolineras incendiados, fue una reacción a la Operación Jalisco de las fuerzas federales. “Cuando yo llegué a tomar la administración ya estaba enquistada esta organización criminal, había permeado Policías municipales, Procuraduría, instituciones inclusive federales”, declaró el mandatario en una entrevista a Carlos Loret de Mola el lunes pasado. La autoridad estatal, dijo, llegó a regiones “donde ya tenían cooptadas completamente a las Policías municipales”. Poco antes, el 15 de abril, dijo a Radio Fórmula que el CJNG “a través de seis años se ha venido infiltrando en los distintos cuerpos de seguridad (…) Ha habido Policías municipales cooptadas y hemos depurado en la Policía estatal”. En realidad, fue el 30 de octubre de 2014, cuando Sandoval reveló las dimensiones de este problema, al dar a conocer que habían detectado a mil 324 elementos de “alto riesgo” en las filas de las fuerzas de seguridad locales, cuya permanencia en esas instituciones las comprometía, por lo que buscarían su cese inmediato. “Lo que queremos es ir a fondo, y al ir a fondo nos vamos a encontrar con que muchas instituciones y policías estaban involucrados, por eso hoy estos policías de alto riesgo tienen que salir inmediatamente”, afirmó ese día Sandoval. Vulnerable Oficiales de alto riesgo, involucrados con el crimen organizado, en Fiscalía General: Dependencia elementos Policía Vial 143 Perito vial 17 Policía Estatal 254 Agentes MP 7 Policía Ministerial 14 IJCF 7 Reinserción 12 Total Fiscalía 454 Municipios cuestionados Las precisiones sobre esos más de mil oficiales de alto riesgo, parte de los 4 mil 415 que reprobaron las pruebas de confianza en Jalisco, no habían sido dadas a conocer sino hasta hoy. La Secretaría General de Gobierno mantenía reservada la información, guardándola con celo aun de los mecanismos de transparencia. Su informe indica que 870 de esos elementos de alto riesgo están en las Policías de los ayuntamientos, es decir, son municipales dos de cada tres (el 66 por ciento). Mientras que 454 o el 34 por ciento restante, forman parte de la propia Fiscalía General estatal, que concentra a corporaciones como Fuerza Única, las Policías Estatal, Vial y Ministerial, los agentes del Ministerio Público (MP) y custodios carcelarios. Los oficiales municipales cuyos antecedentes y perfiles con atributos delictivos los excluyen incluso de una posible revaluación con las pruebas de confianza, están operando en las Policías de 105 ayuntamientos; por tanto, tienen presencia en el 84 por ciento de los municipios de Jalisco. “No queremos otro Iguala”, abundó Sandoval, “a través de muchos años han tejido redes de corrupción. “A través de muchos años han cooptado, han tenido el control de algunas regiones a donde difícilmente llegaban las Policías estatales por la capacidad que se tiene, por eso es fundamental dotar de más capacidades técnicas para llegar a esos rincones”. EL 9 de diciembre del 2014 la Fiscalía desarmó a las Policías de Casimiro Castillo (cerca de donde fue derribado el helicóptero militar el 1 de mayo) y Cocula, una medida nunca antes aplicada aquí; de la segunda se informó que sus directivos habrían sido comprados por el CJNG. Estado infiltrado La infiltración, por tanto, no fue exclusiva del eslabón más débil: las Policías municipales. Los elementos de alto riesgo de los que habló Sandoval también se detectaron en la Fiscalía General, que concentra las funciones de seguridad, procuración de justicia y reinserción social. El informe de la Secretaría de Gobierno precisa que en esa dependencia se ubicaron al seno de la Policía estatal 254 oficiales con este perfil riesgoso; ese cuerpo fue encabezado en el pasado sexenio por Luis Carlos Nájera Gutiérrez, hoy fiscal general de la entidad. Otros 143 se identificaron en la Policía Vial y 17 de sus peritos; 21 en la Fiscalía Central (que investiga delitos de alto impacto); 12 en Reinserción Social y siete en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Entre los elementos de la Fiscalía Central señalados hay 14 policías investigadores y siete agentes del MP, los responsables de integrar las indagatorias para la persecución de los ilícitos. Tras la emboscada letal de 15 policías en San Sebastián del Oeste (6 de abril), en distintos análisis locales surgió la pregunta de si un ataque así de certero habría sido posible sin contar con información privilegiada; el nivel de infiltración refuerza el cuestionamiento.
Otro caso fue el del atentado contra el comisionado de Seguridad, Alejandro Solorio (30 de marzo), que se dio, según la información oficial, cuando acudía a un poblado marginal del norte de Zapopan-Río Blanco- por motivos personales, y no obstante, hasta ahí fue localizado e interceptado para el ataque. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
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