VALLE DE SAN QUINTÍN, B.C. (apro-cimac).- De madrugada y en penumbras, María se despabila de un sueño que apenas duró cuatro horas y se levanta de su desgastado colchón, para iniciar desde las tres de la mañana su labor como jornalera en este valle del estado de Baja California (BC).
A esa hora, el viento frío congela esta orilla del Océano Pacífico, a 170 kilómetros al sur del municipio de Ensenada. María vive en un pequeño cuarto con paredes de concreto y techo de lámina. Con las manos entumidas, la mujer deja arder en una diminuta estufa eléctrica unas tortillas que hizo a mano para el “lonche” (almuerzo) de su familia.
En su bolsa tejida, típica de su natal Oaxaca (al sur del país), María acomoda dos “burritos” (tacos de frijoles y arroz) que comerá al mediodía, cuando el “mayordomo” (capataz de los campos agrícolas) apenas le dé media hora de descanso para almorzar. En ese instante podrá relajarse un poco de las horas que ya llevará en la pizca de la mora en un rancho de alguno de los agricultores de la región.
Como María, todas las jornaleras –antes de llegar a los campos agrícolas– se visten con un trapo en la cabeza y una gorra para soportar el calor; un paliacate que les cubre nariz y boca para no aspirar los productos tóxicos con los que se fumiga la cosecha.
También se ponen una sudadera larga para no espinarse los brazos; un pantalón de mezclilla para que resista el desgaste de andar en cuclillas; calcetines para que las plantas no les rasguñen los pies, y una falda encima del pantalón para que los hombres no les miren el cuerpo y las acosen.
Después, la jornalera se despide de sus hijos, a quienes deja dormidos sobre el mismo colchón del que ella se levantó. Empuja un pedazo de madera con tres clavos que ingenió a manera de puerta y cerrojo de su casa.
María le grita a su vecina que ya se va, que le encarga a los niños y la casa. Afuera la esperan otras mujeres que se acompañan entre sí para no caminar solas los cientos de metros sin alumbrado público que recorren desde sus comunidades hasta la carretera Transpeninsular, principal vialidad de la zona, donde tomarán el camión que las llevará a los campos agrícolas.
A las cinco de la mañana, el parque de la delegación San Quintín, sobre la oscura carretera Transpeninsular, tiene más vida que a cualquier otra hora.
Los trabajadores del campo llegan del norte o sur del Valle y se aglutinan frente los juegos de metal que las y los habitantes pidieron hace pocos años al Centro de Gobierno para que sus hijas e hijos cuenten con espacios recreativos, aunque las mismas jornaleras tuvieran que “dar cooperación” y pintar los columpios.
“La nueva” del grupo
Maricia –joven de 20 años que acaba de llegar del Estado de México, y dejó sus estudios por falta de recursos– intenta acercarse a un grupo de mujeres que tiemblan de frío mientras esperan que un transporte de personal las lleve a trabajar a un campo.
Pregunta a las trabajadoras sobre las actividades del campo; la ignoran con hostilidad y a la vez con temor porque piensan que ella podría quitarles su lugar en la pizca.
Maricia espera sola a que alguno de los camiones que pasan por el parque se detenga, abra sus puertas y deje asomar al conductor (también trabajador del campo) que ofrece empleo: “Voy por semana, nada más, ya no hay por día”.
“¿Pa’ dónde sale?”, preguntan las y los jornaleros que se arremolinan porque quieren saber a qué rancho podrían ir a trabajar ese día. La experiencia les dirá qué centro de trabajo es más “canijo” (explotador) que otro; de eso depende que las trabajadoras suban o no al camión.
“Voy pa’ lo mismo, a la pizca de bolita (col de bruselas) de 130 pesos el día”, responde el conductor que se distingue entre el resto de trabajadores por ir mejor vestido y más limpio.
“¿Y cuándo pagas?”, insisten las mujeres entre los apretujones de otros jornaleros. “Pagamos el viernes, pero no el que viene (en cuatro días) sino hasta la otra semana”, contesta el hombre sin esforzarse por insistir, ya que en cinco minutos (tiempo de espera máxima del transporte) las trabajadoras –sin estar convencidas– de todos modos subirán al camión.
Maricia deja pasar esa oportunidad y espera otras ofertas. Quince minutos después, y entre la angustia de los que no han subido a un camión, se van abrir otras puertas: “Voy a la mora, es por día de a 120 pesos, pero necesito que traigas papeles”, dice otro conductor (otra vez un hombre joven, de rasgos indígenas, recién bañado).
El empleado no explica para qué quiere los papeles, pero necesita un acta de nacimiento y la credencial de elector de Maricia.
“Acabo de llegar al Valle y todavía no me han mandado mis papeles”, explica la jornalera. “Entonces no se puede”, advierte el conductor y cierra la puerta detrás de los brincos apresurados de las trabajadoras que aceptaron subir por los 120 pesos por día que recibirán al terminar la semana.
Pasan más de 20 minutos entre varios intentos frustrados. El día ya asoma sus primeros rayos mientras las últimas jornaleras alargan sus cuellos morenos en dirección a la carretera en espera de los últimos transportes.
Un jornalero de nombre Mauricio, no mayor de 30 años y originario del DF, se acerca a Maricia. “Es pura pantalla, los están pidiendo después de la huelga de jornaleros para hacer la finta de que están dando de alta en el Seguro Social, pero esos papeles nunca los piden”, le dijo a la joven.
“Yo voy a la pizca de ‘bolita’, pero es lo más difícil: tienes que aplastarla con la palma de las manos, ya después de mediodía; cuando juntes como unas seis cubetas, te andas sentando en una piedra para empezar a cortar”, explica el hombre que emigró al norte del país hace cinco años.
El jornalero insiste que el campo “no es vida” y que una mujer joven sin experiencia en la agricultura, como Maricia, no va a aguantar ni el primer día porque la jornada es tan desgastante que algunas personas se desmayan.
“Acá lo mejor es irse por ‘el diablo’, o sea por día, porque si te vas por ‘tarea’ –como hacen la mayoría de las mujeres para llegar temprano a sus casas para estar con sus hijas e hijos– es más duro, necesitas hacer todo más rápido para sacar más (dinero)”, le dice el jornalero.
Y continúa: “No te vayas por semana porque tardan mucho en pagarte o luego te dan menos; mejor por día en lo que aprendes y te la llevas con calma, pero eso sí, entras ahorita (entre seis y siete de la mañana dependiendo el trayecto hasta el campo) y sales hasta la cinco o seis de la tarde”.
En vista de los distintos fracasos de Maricia para encontrar trabajo por un día, el jornalero propone decirle al “bato” que conduce el camión de personal que él espera que “haga paro”, y también se lleve a trabajar a la joven inexperta.
Mauricio ruega al conductor mientras los otros jornaleros (que ya tienen asegurado su lugar en el camión) empujan a Maricia para que se quite de la puerta, ya que esta vez sólo irá el mismo número de personas que fue al campo el día anterior.
La joven se acomoda en uno de los primeros asientos del transporte; aunque el paliacate sólo le dejaba descubiertos los ojos, varios hombres que pasan a su lado le sueltan comentarios sexistas.
El jornalero junto al que ella se sienta saca uno de sus dos burritos por si durante la jornada no le da tiempo de “echarse un taco”.
El camión avanza apenas dos minutos; la “mayordoma” (de no más de 20 años y con estatura de niña) observa al grupo, identifica a Maricia y de inmediato ordena: “La nueva que se baje; la nueva no va”.
Su voz silencia el transporte y aunque Maricia ruega, la “mayordoma” se niega a llevarla y la baja a cuadra y media del parque. Una vez abajo, alrededor de la joven unas 20 jornaleras de más de 50 años esperan otro camión con su bote de 20 kilos en el que echarán los productos del campo.
Las adultas mayores “no sirven”
Rafaela Domínguez, jornalera cuyas arrugas cerraban sus parpados, caminó desde las 4 de la mañana para llegar al parque. Ahora tendrá que caminar de regreso una hora porque no consiguió trabajo.
Ninguno de los 15 camiones que Rafaela vio pasar esta mañana la quiso subir porque “ya no puede, no sirve, no acaba sus tareas y otros la tienen que ayudar”.
Lleva más de 30 años trabajando en el Valle de San Quintín, y aunque dejó parte de su vida en los ranchos, la mujer no tuvo derecho a una jubilación, nunca estuvo inscrita al IMSS.
“¿Cómo le va hacer para comer hoy, doña Rafaela?”, le pregunta Maricia que camina junto a ella en dirección a la comunidad El Papalote. “Me voy hacer mis tortillas a ver si las puedo vender, pero mañana regreso otra vuelta a ver si ahora sí me llevan”, le responde, mientras desploma al costado de su cuerpo encorvado sus manos callosas a las que no coloca guantes porque –dice– podrían maltratar las plantas que le dan trabajo y alimento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO (REPORTAJE ESPECIAL)
CHILPANCINGO. Gro: La administración del gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, entregó en sigilo concesiones a miembros de la organización de transportistas que dirige Inocente Mojica Peña, un líder priista señalado públicamente por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
De esta forma, el gobierno estatal desactivó la protesta que mantenían los transportistas desde el 16 de abril frente a la sede del Poder Ejecutivo, ubicada al sur de esta capital, en demanda de 250 concesiones para unidades tipo Urvan.
Durante una reunión privada realizada ayer por la noche en un salón de las oficinas estatales, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, y el director de Transportes en la entidad, Juan Larequi Radilla, entregaron 88 concesiones y se comprometieron en autorizar 90 más (178 permisos en total) para el grupo de transportistas liderados por Mojica Peña, quien dirige la organización denominada Costeg, que opera en Chilpancingo y otras regiones de la entidad.
El empresario capitalino y actual candidato a la alcaldía de Chilpancingo por Movimiento Ciudadano, Pioquinto Damian Huato, ha denunciado públicamente a Inocente Mojica por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Incluso lo responsabilizó del atentado en su contra registrado el año pasado al sur de esta capital, del que salió ileso, más no así su nuera, quien murió, y su hijo, quien resultó herido.
La administración del gobernador sustituto Rogelio Ortega pretende ocultar la entrega de concesiones a la organización del líder priista vinculado a la delincuencia; no obstante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad (Coddehum), difundió públicamente el hecho.
Mediante un comunicado oficial, el organismo descentralizado informó ayer por la noche que las 88 concesiones fueron otorgadas por el gobierno estatal ante la intervención de la Coddehum para destrabar el conflicto, ya que los transportistas mantenían una protesta frente a la sede del Ejecutivo desde hace más de 20 días.
De manera inexplicable, la Coddehum emitió otro boletín donde pidió a los reporteros no publicar la información, al argumentar que así lo habían solicitado los transportistas beneficiados con las concesiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
CANCÚN, Q. Roo: La Secretaría de Protección al Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impuso a otro borgista como delegado federal de esa dependencia en la entidad, en sustitución de Raúl Omar González Castilla, primo del exgobernador Félix González Canto, y sujeto a investigación por la ilegal expedición de permisos otorgados a los promotores del extinto proyecto de Dragon Mart.
Se trata de José Luis Funes Izaguirre, quien se venía desempeñando como subsecretario de Política Ambiental de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente (SEMA).
En septiembre de 2012, cuando el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) autorizó el proyecto del Dragon Mart, Funes Aguirre se desempeñaba como Coordinador de la Zona Norte, de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente
El gobernador Borge Angulo “se congratuló” por la designación de José Luis Funes Izaguirre como nuevo delegado de la Semarnat.
En un comunicado, dijo: “Es una designación que nos enorgullece porque se trata de un experto ambiental que colabora con mi administración desde hace un par de años”, dijo.
Y añadió:
“Con Funes Izaguirre tendremos a un funcionario que garantizará a las nuevas generaciones un legado natural que mantenga activa a la industria turística del Estado”.
El pasado 24 de abril se oficializó la renuncia como delegado de Semarnat, de Raúl Omar González, “por motivos personales”, aunque había solicitado sus separación del cargo un mes antes.
Tras la clausura de las obras del Dragon Mart, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señaló a González Castilla como parte de los funcionarios que permitieron daños al medio ambiente en el predio “El Tucán”, en donde se planeaba la construcción del recinto ferial, ubicado entre Cancún y Puerto Morelos.
Cuando González Castilla era titular de SEMA, cabeza del sector al que pertenece el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) que autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) del Dragon Mart.
Y como delegado de Semarnat no exigió los permisos federales a los promoventes del recinto ferial, que fue impulsado por el exgobernador Félix González.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
El PRD publicó ayer su informe oficial sobre el exedil de Iguala; reconoce que su candidatura pudo provenir del crimen organizado, pero deslinda a la dirigencia nacional.
A casi ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Especial del PRD que investiga la postulación de José Luis Abarca como alcalde de Iguala, Guerrero, hizo público un informe sobre cómo llego al gobierno.
Por medio de entrevistas a dirigentes locales y nacionales, así como con el propioAbarca en el penal del Altiplano, la Comisión construyó los hechos e intentó fincar responsabilidades en relación a su candidatura en 2012.
El informe sugiere que dicha postulación pudo surgir por una imposición del crimen organizado y deslindó a los dirigentes nacionales.
El reporte detalla que previo a que Abarca contendiera por la alcaldía, ya existían diversas acusaciones sobre vínculos del exedil, su esposa María de los Ángeles Pineda y su familia con el crimen organizado.
Todos sabían... menos el PRD
Jesús Zambrano, expresidente del PRD, reconoció ante la Comisión haber recibido un expediente sobre las relaciones de Abarca con grupos criminales; no obstante, dijo haberle hecho una solicitud verbal a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si había una investigación en contra del exedil. Supuestamente, por la vía verbal le respondieron que no existía.
El documento menciona que “llama la atención” el hecho que la PGR no hubiera informado que existía una investigación de 2010 basada en una denuncia anónima en contra de María de los Ángeles Pineda por enriquecimiento ilícito.
Además, se señala a Andrés Manuel López Obrador como otro de los actores que conocía de los nexos de Pineda con el crimen organizado, sin que este hubiera hecho algo al respecto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: STAFF.
Entre las conclusiones del dictamen que analiza el Sistema Metro se dice que el conductor del tren que causó el impacto mantuvo la unidad con el Pilotaje Automático, y sólo bajó la velocidad en vez de asumir la conducción manual, como se dicta en caso de lluvia.
La caja negra del tren que se impactó en Oceanía reveló que el conductor no asumió la Conducción Manual Controlada (CMC) que debe implementarse para controlar la unidad en caso de lluvia, como la que afectó ese día la zona del Peñón de los Baños.
El dictamen que está en manos del Comité de Investigación de Incidentes Relevantes concluyó, entre otras cosas, que el conductor del tren mantuvo la unidad con el Pilotaje Automático (PA) y sólo bajó la velocidad en vez de asumir la conducción manual.
De acuerdo con algunos de los especialistas que explicaron lo que ocurrió a partir del registro de acciones que encontraron en la caja negra, hay dos señales que activan los protocolos de seguridad: la primera se encuentra en el kilómetro 7+600 para prevenir, y la segunda es la señal 24 donde en teoría el tren se frena.
En este último punto el conductor ya no pudo hacer nada para lograr que el tren se frenara, pues debido a la pendiente prolongada que existe en ese zona del Peñón de los Baños, la unidad se deslizó con todo el peso hasta impactarse con la segunda que aún no salía de la estación Oceanía.
De ser así, el accidente del pasado lunes por la tarde que arrojó al menos 12 personas heridas respondió a una falla humana, la del conductor, que de acuerdo a los registros de la llamada caja negra no activó la CMC.
La postura de Espino
Reporte Indigo buscó vía telefónica al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino Arévalo, para conocer su versión respecto a esta información que se encontró en la caja negra del tren y que apunta a una presunta responsabilidad de uno de sus agremiados.
El dirigente manifestó brevemente que estaba involucrado con el apoyo a los familiares del trabajador que falleció al caer a las vías durante las maniobras para remover uno de los trenes involucrado en Oceanía.
Adelantó que el dictamen que preparan las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro sólo habla de velocidades.
¿El piloto no acató la Conducción Manual Controlada?, se le cuestionó.
“Él debió haber recibido una orden de sus superiores”, alcanzó a comentar antes de cortar la comunicación.
Desde el primer día, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo trabajan en el dictamen para saber cuáles fueron las causas del alcance y luego, del accidente en el que perdió la vida el trabajador.
Se dijo que investigarían posibles fallas desde el Puesto de Control que monitorea a todos los convoyes que circulan por la red naranja; asimismo, se especificó que se analizarían a partir de la caja negra si se cumplió con la reducción de velocidad.
El día que ocurrió el alcance de los trenes, Espino Arévalo comentó a Reporte Indigo que lleva meses buscando un encuentro con Miguel Ángel Mancera para entregarle un informe de las condiciones del sistema.
Sin embargo, ayer se excusó de hablar del tema debido a que estaba en apoyo de los funerales de la familia de Salvador Wood Sánchez, el trabajador que murió un día después del percance en el Peñón de los Baños.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció desde el martes pasado que entregarían una indemnización a los deudos del trabajador que cayó presuntamente sin protección a las vías, lo que ocasionó su muerte.
Lo que sí exhibió la muerte del trabajador del transporte naranja es que no se están cumpliendo con los protocolos para bajar a las vías que obligan a los técnicos, ingenieros, especialistas y demás a bajar con casco, botas y arneses a fin de evitar accidentes que pongan en riesgo su vida.
Ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que encabeza Perla Gómez anunció que iniciaron una investigación, a efecto de determinar que no haya violación a los derechos de pasajeros, heridos y trabajadores involucrados en el percance.
De hecho, solicitó a las diferentes instancias involucradas, Protección Civil, Metro, Seguridad Pública capitalina, una inspección en las instalaciones de Oceanía y sus alrededores para descartar otro tipo de riesgo entre la población aledaña.
El golpeteo sindical
Algunos miembros del sindicato del Metro mantienen la postura de que han denunciado de manera reiterada el incremento de las fallas en el servicio, hasta en un 80 por ciento, debido a que el GDF no adquiere los implementos de trabajo que se requieren para dar el mantenimiento a los trenes, y en general a ese medio de transporte.
“Esto no es nuestro negocio, estos son los culpables y están acabando con el Metro”, difundieron a través de las redes sociales señalando con fotografías al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y al titular del Metro, Joel Ortega Cuevas.
Mientras que el estire y afloje entre las autoridades capitalinas y la dirigencia sindical continúan, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mantiene la investigación abierta respecto a estos hechos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MÉXICO, D.F: Al dar salida a siete millones 274 mil 460 papeletas electorales de las más de 87 millones que se distribuirán en el país para los comicios del próximo 7 de junio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, confió en que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el reparto de la documentación sea exitoso.
“No ha sido sencilla la construcción de este proceso electoral, por el contexto social, político, de inseguridad que atraviesa el país” reconoció, pero insistió en que el proceso electoral “avanza” y que, en una semanas más, los millones de ciudadanos que forman parte del listado nominal, podrán ejercer su voto, “con total libertad”, garantizó.
En un acto realizado en la Bodega Central de Organización Electoral ubicada en la autopista México-Querétaro, kilómetro 37.5 de la colonia Barrio de Texcacoa, municipio de Tepotzotlán, Estado de México, Córdova recordó que los convenios de colaboración signados el 27 de enero con la Secretaría de Marina y el 1 de abril con la Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, “permiten que a partir de hoy el traslado de cada convoy, sea resguardado por las instituciones que custodian las principales instalaciones y bienes de nuestra nación”.
Aun así, deseó a los miembros del INE, de la Secretaría de Marina y del Ejército y Fuerza Aérea “que lleguen con bien a su destino”.
Acompañado por los consejeros Arturo Sánchez y Beatriz Galindo, así como por el secretario ejecutivo del INE, Enrique Jacobo, el consejero presidente destacó que pese a la coyuntura adversa con la que inició el proceso electoral, la implementación del Sistema Nacional de Elecciones “avanza con certeza jurídica y precisión programática”.
Según el consejero Sánchez, este proceso permitirá instalar las 148 mil 940 casillas programadas. En esta primera etapa, comentó, se trasladaron 10 camiones y siete vehículos de custodia. Se imprimieron 87 millones de boletas porque se consideraron la boleta en sí, las casillas especiales y la documentación para cada partido político con registro federal.
Y en su opinión, entregar todo ese material es “un homenaje a las Fuerzas Armadas porque esto que hacen el día de hoy va a llegar a buen fin”.
Destacó que la Dirección de Organización Electoral del INE resguardará 262 consejos distritales, custodiados por tres militares cada uno; otros 26 consejos distritales de manera especial, contarán con igual número de custodios, mientras que en el caso de Chiapas, la documentación de los 12 distritos será resguardada por la Policía Estatal.
“El banderazo”
Alrededor de las 10:45 horas, Córdova dio salida a los vehículos cargados con la documentación electoral y reconoció la labor de los trabajadores de la bodega.
Las primeras cajas con documentación partieron para Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Al final se entregará la documentación del Distrito Federal y del Estado de México, porque son las últimas en contarse el día de la elección.
Durante un recorrido por la bodega, el director de Estadística y Documentación Electoral, Gerardo Martínez, informó que terminarán de repartir la documentación el 20 de mayo y que la votación electrónica se realizaría en Chihuahua, Aguascalientes e Hidalgo.
Indicó que están avanzando en el desarrollo de esta tecnología para que no sólo reciba la votación sino que envíe la información al distrito electoral de manera inmediata. El costo de cada una es de 16 mil pesos y tienen mil 500 para usar en la elección.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Con un incremento de 3.4% al sueldo tabular; 2.2 en prestaciones genéricas y 0.60 en fortalecimiento al salario para maestros de educación primaria, concluyó la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2015, entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE).
Asimismo, acordaron un aumento en el importe mensual del concepto “Material Didáctico de 43.50 pesos, para las categorías de jornada, en las zonas económicas II y III, y un incremento al importe de la Compensación Nacional Única de 600 pesos. Dichos beneficios serán retroactivos al 1 de enero de este año.
Además, ara el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) del catálogo institucional de puestos (CIP) se logró un incremento del 3.4% al sueldo tabular; 1.9 en prestaciones genéricas, y 0.45 en fortalecimiento al salario, también retroactivo al 1 de enero.
Se otorgaron 80 millones para el fortalecimiento del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera y un incremento al importe de la Compensación Nacional Única de 510 pesos.
En el caso del personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación del modelo de educación media superior y superior, se aprobó un incremento de 3.4% al sueldo tabular y 2.2 en prestaciones genéricas, retroactivo al 1 de enero.
También se otorgaron 85 millones para el fortalecimiento del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera y se asignaron 200 millones para el Proyecto de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información.
A través de un comunicado, la SEP destacó la disposición del SNTE de trabajar “armónicamente para el fortalecimiento de una educación de calidad con equidad, en beneficio de la niñez y juventud mexicana”.
El gremio afirmó que las negociaciones se dieron en un clima de “diálogo y entendimiento” en el que se privilegiaron los consensos entre las comisiones de seguimiento.
La SEP subrayó que se lograron “importantes acuerdos para el fortalecimiento salarial, y para hacer un justo reconocimiento a la entrega y compromiso permanentes de los trabajadores de la educación a favor de la educación de calidad para los niños y jóvenes del país”.
Dichos acuerdos, abundó la SEP, fueron aprobados por unanimidad en la XLI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CIUDAD DEL CARMEN, Camp: El director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Carlos de Régules, dijo que el saldo derivado del accidente de la plataforma Troll Solution, que colapsó ayer en la Sonda de Campeche, es de dos muertos y 18 lesionados, aunque descartó cualquier derrame de hidrocarburos, pues la estructura es de mantenimiento de pozos, no de producción.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que el presunto escurrimiento que se observa en las fotografías es sólo “una pérdida del lubricante de las tres máquinas de generación eléctrica que estaban a bordo de la plataforma”.
“El aceite que se derramó de estas máquinas fue dispersado mecánicamente y no representa una contaminación”, justificó.
Luego señaló que la plataforma ya está asentada sobre el lecho marino, “por lo que ha dejado de hundirse”, y sostuvo que todos los pozos, ductos y válvulas fueron cerrados “para mitigar cualquier riesgo potencial de contaminación”.
El titular de la ASEA confrimó que la plataforma pertenece a la compañía Typhoon Offshore, que a su vez es operada por Harren and Partner, consorcio que presta el servicio de mantenimiento de pozos a Petróleos Mexicanos (Pemex).
También dijo que ya inició la evaluación de lo ocurrido y, según los resultados, que se tendrán entre cuatro a ocho meses, se determinará lo conducente.
De momento, añadió, se procederá a retirar la plataforma y se emplazará a la empresa para que a través de un tercero independiente se realice el análisis de las causas del percance.
En cuanto al accidente en la plataforma Abkatún, ocurrido hace un mes, el director de ASEA dijo que se estima conocer los resultados de los peritajes en septiembre próximo.
Asimismo, anunció que la búsqueda de los tres trabajadores desaparecidos concluyó hace unos días.
Por otra parte, se dio a conocer que los dos fallecidos en la contingencia de ayer son el mexicano Isidro Solórzano Castillo, de 55 años, y el hindú Maguez Subramaya, de 50.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
Grabaciones ilegales, acusaciones de corrupción, descalificaciones, spots con groserías y señalamientos de la vida personal de los candidatos… la campaña electoral del 2015 ha salpicado los comicios de este 7 de junio.
Lejos de las campañas de propuestas realistas y soluciones a los problemas ciudadanos, los candidatos a puestos de elección popular para los próximos comicios del 7 de junio se han enfrascado en una guerra sucia que parece ser el centro de sus esfuerzos.
El mensaje de los partidos es claro: no les importa solucionar las circunstancias adversas que señorean en el país, sino dejar claro que ellos son “menos peores” que sus adversarios.
A un mes de la elección, el proceso también se ha visto empañado por la violencia y amenazas que se han realizado a varios candidatos y que, incluso, ya cobró la vida de uno de ellos en Chilapa, Guerrero.
La tónica de la campaña electoral comenzó a mostrarse desde el primer día. Spots criticando las acciones de los oponentes, dieron cuenta de la forma en que se llevaría a cabo la guerra electoral del 2015.
A los ataques por acciones cometidas entre oponentes políticos, se sumó de forma importante la filtración de grabaciones y documentos que pusieron en entredicho la honorabilidad de varios candidatos.
A todo esto, se suma la negativa de la mayoría de los candidatos a participar en la iniciativa #3de3, para hacer transparentes sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
Según expertos, la forma en que se ha desarrollado la campaña puede llevar a que la ciudadanía pierda aún más interés y crezcan los niveles de abstencionismo.
En elecciones intermedias, los niveles de abstencionismo son particularmente elevados.
En la elección de 1997, alcanzó el 57 por ciento de los votantes. En el 2003, fue de 41 por ciento. Y para el 2009, estuvo por encima del 44 por ciento.
Sin embargo, hay quien opina que las campañas negativas pueden ser una buena oportunidad para que el electorado conozca realmente quiénes son los candidatos y se evidencien actos de corrupción.
La batalla por los votos
Desde las #PRIngaderas hasta los #MochesDeLosMochos, la guerra sucia ha tenido varios capítulos en los 30 días que ha durado la campaña.
Todo comenzó con los spots donde el PAN reprochaba, con palabras altisonantes, el gusto de César Camacho por los relojes de miles de pesos, o las casas en el extranjero que han sido descubiertas a varios políticos del tricolor.
Tan inmediato como al día siguiente, el PRI respondió con las acusaciones sobre la exigencia de “moches” o diezmos por los que los panistas han sido acusados en varios municipios del país.
La mesa estaba puesta. Las dos principales fuerzas políticas marcarían el ritmo de la campaña política con ataques y pocas propuestas.
Según la consultora Integralia, el total de spots transmitidos en el proceso electoral del 2015 –que incluyen la precampaña, la intercampaña y la campaña- alcanzarían los 24 millones 205 mil.
Tan solo en la campaña, que arrancó el 5 de abril pasado, serían transmitidos 12.5 millones de anuncios.
A pesar del bombardeo de anuncios con críticas, canciones y algunas propuestas, el 66 por ciento del electorado del país considera que los spots no influyen en su decisión de voto, según una encuesta de Parametría.
En medio de los ataques de todos contra todos, ha sido el PVEM quien ha aprovechado más el tiempo al aire dando a conocer sus propuestas legislativas, lo que le ha valido avanzar en las encuestas de preferencia electoral.
Otro elemento que ha existido en este 2015 ha sido el espionaje.
A pesar de que en otros años se utilizó este recurso para denostar a los adversarios, este 2015 han sido repetidas las ocasiones en que se han escuchado grabaciones de los candidatos haciendo gestiones para favorecer negocios de personas cercanas o supuestamente recibiendo recursos para sus campañas.
Las filtraciones también han incluido documentos que han mostrado los privilegios de quienes gozan algunos cercanos al poder económico y político.
Así, los electores hemos conocido sobre los viajes en avión de Claudia Pavlovich y el “perdón” en el pago de impuestos a Javier Gándara, en Sonora; la “cooperación” que Francisco Domínguez, de Querétaro, y Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, recibieron de alguien para su campaña; o el predio con el que lucró Roberto Loyola, en Querétaro.
En el primer mes de las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha intervenido solo en el retiro de algunos spots y ha llamado a que los candidatos realicen una campaña de altura.
“Necesitamos un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario, dentro de los marcos de la ley, para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada”, ha dicho Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE.
Campañas sucias ¿positivas o negativas?
Para Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Anáhuac y exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), la campaña política ha sido hueca en sus con tenidos porque los candidatos han mostrado pocas propuestas y se han enfocado en los ataques.
“El eje central de la campaña son los spots, y más de la mitad de la gente ve en los spots solamente un torneo de ataques, de planteamientos generales, de guerra sucia bastante mecánica; pero la spotización lo único que ha generado es que sean campañas huecas.
“No hemos visto una discusión seria sobre los graves problemas del país y me refiero a temas como el empleo, la inseguridad, la corrupción; y creo que en esos temas hay mucho ruido y pocas nueces”, expuso Guerrero, en entrevista.
Para el académico, las campañas de lodo son normales en todas las democracias del mundo, con la diferencia de que en México los electores no se sienten atraídos a ellas.
Los ciudadanos, comentó Guerrero, quisieran un debate de más profundidad y no campañas que son de mercadotecnia política y slogan, y no de ideas y propuestas.
“Los electores observan las críticas que se hacen entre los partidos políticos y terminan por concluir que todos son iguales, lo cual genera decepción y abstención”, insistió.
Guerrero detalló que algunas elecciones estatales podrían salvarse, como las de Nuevo León o Querétaro, donde los candidatos sí han debatido algunas propuestas valiosas para sus comunidades.
“Por supuesto que debe haber ataques, pero si el ataque no se complementa con una buena propuesta, simplemente es como ponerle el ventilador a una alberca de lodo”, sentenció.
‘Lo único que debe estar prohibido es la calumnia’
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE y director de la consultora Integralia, tiene un punto de vista totalmente contrario.
Para Ugalde, el tono negativo de las campañas es necesario y positivo, y un terreno en donde todo se vale, excepto una cosa.
“Lo único que debe estar prohibido es la calumnia (que) debe estar fuera de cualquier ámbito de la vida pública y privada en cualquier país. Debe prohibirse, porque es una mentira, es adjudicar un delito a alguien que no lo cometió. Fuera de la calumnia se debe permitir todo.
“Puedes hacer juicios, puedes acusar, puedes decir ‘este es un peligro para México’ por supuesto. Pero lo que no se vale es inventar delitos no cometidos. Ese es el único limitante”, afirmó.
En el caso de las filtraciones con grabaciones o documentos obtenidos mediante el espionaje, Ugalde consideró que el valor de los mensajes no puede desdeñarse por la forma en que se obtuvieron.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Tamaulipas, Chihuahua y Durango son las entidades más afectadas en 2014 por los cierres. Según la dependencia, el año pasado hubo pérdidas por 48 millones de pesos.
El 86% de los cierres definitivos o temporales de las tiendas Diconsa que se dieron durante el año pasado por inseguridad estuvieron motivados en actividades del crimen organizado.
Según datos de esa dependencia, en 2014 se registró el cierre de 43 tiendas, de las cuáles, 37 cerraron por acciones directas del crimen organizado o a que el clima de inseguridad en la región por las actividades de los delincuentes impidió que siguieran operando.
La región más afectada fue la Norte-Centro en dónde 12 tiendas –9 de Chihuahua y 3 de Durango– tuvieron que cerrar, en su mayoría, tras ser víctimas del crimen.
Otros estados que aparecen en el listado con tiendas cerradas por actividades de la delincuencia son: Tamaulipas con 8 tiendas, Oaxaca con 5, Michoacán y Veracruz con 4 e Hidalgo y Zacatecas con 2.
En enero pasado Diconsa informó que los incidentes de los que fueron víctimas las tiendas –entre los que se encuentran robos directos, asaltos a supervisores, crimen organizado o afectaciones por fenómenos naturales– implicaron pérdidas por 48 millones de pesos. Un año antes fueron 58 millones.
Los incidentes durante el año pasado sumaron 800 y de éstos, existe el registro de que 43 tiendas que cerraron por inseguridad: 24 temporalmente, 17 de manera definitiva y 2 más que mantienen el estatus “fuera de operación”.
El reporte indica que existen otras 6 tiendas –dos en Durango, una en Tamaulipas y tres en Sinaloa– que fueron víctimas de “algún crimen del fuero común”, sin especificar cuál.
Diconsa, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, es la instancia encargada del abasto de productos básicos en comunidades rurales con altos y muy altos índices de marginación y con población de entre 200 y 2,500 habitantes.
En las tiendas Diconsa se ofrecen productos de la canasta básica para alimentación pero también para higiene personal y se debe garantizar un precio más bajo al del mercado.
Hasta marzo de 2015, Diconsa reportó operar 26 mil 023 tiendas en todo el país distribuidas en 15 regiones: Bajío, Centro, Hidalgo, Metropolitana, Michoacán, Noroeste, Norte, Norte-centro, Oaxaca, Pacífico, Peninsular, Sur, Sureste, Tamaulipas y Veracruz.
En Liconsa, prevalece el robo
En el caso de Liconsa, la entidad de Sedesol a cargo del Programa de Abasto de Leche a precio subsidiado, se reportó que durante 2014 cerraron sólo cuatro Centros de Trabajo por cuestiones de inseguridad.
En tres casos el cierre fue temporal y se debió al robo de leche al transportista en tres zonas diferentes de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.
El cuarto caso ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando la distribuidora informó en octubre pasado que era víctima de extorsión y renunció a la distribución, por lo que el centro de Trabajo cerró de manera definitiva.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
MÉXICO, D.F: Luego de la embestida del narco en Jalisco, ocurrida el viernes 1, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó hoy a cinco de los sospechosos y mantiene retenidos bajo investigación a otros seis por los delitos de “delincuencia organizada y terrorismo”.
En un comunicado, la dependencia también destacó que por las acciones desplegadas el fin de semana por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició ocho actas circunstanciadas y tres averiguaciones previas.
Además, detalló que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) detuvo a 24 personas, de las que cinco aún se encuentran en investigación y el resto fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Los delitos que se les imputan a los detenidos, puntualizó la PGR, son portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, homicidio calificado en grado de tentativa y delincuencia organizada.
Durante los ataques provocados por integrantes del CJNG, este mismo día la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre el deceso de un militar más, con lo que suman siete los miembros del Ejército abatidos en el ataque al helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea, aparte de un funcionario de la FGEJ.
Por ello, aún quedan nueve militares y dos agentes de la Policía Federal (PF) en atención médica en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México.
En contrapartida, ocho presuntos delincuentes fueron abatidos por las fuerzas federales durante la puesta en marcha del Operativo Jalisco.
En un informe detallado relacionado con esta jornada de violencia, la PGR señala que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRAPPA), a través de su delegación en Jalisco, inició ocho actas circunstanciadas por reportes de bloqueos con vehículos incendiados en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior de la entidad, por lo que se integraron dos averiguaciones previas.
En relación con estos hechos, la dependencia explica que la Fiscalía estatal detuvo a 19 personas, de las que seis –de forma inmediata– fueron puestas a disposición de la autoridad federal, y a una de las cuales se le ejerció acción penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, así como homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un elemento de la Policía Municipal de Zapopan.
Esta averiguación fue radicada ante el Juzgado de Distrito en Turno de Procesos Penales Federales en ese estado, misma que resolverá la situación jurídica del indiciado.
En lo que se refiere a las otras cinco personas, estás se encuentran sujetas a investigación por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y terrorismo, ocurridos durante los días en que integrantes del CJNG obligaron al gobernador Aristóteles Sandoval a declarar “alerta roja” en esa zona de la entidad.
En el caso de los hechos registrados en el municipio de Tala, la Fiscalía estatal detuvo y puso a disposición de la PGR a cuatro personas, contra quienes se ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta de mariguana.
Además, dejó abierta la investigación para determinar su probable responsabilidad en la participación de los hechos ocurridos el 1 de mayo.
“Cabe destacar que el 4 de mayo la autoridad estatal puso a disposición de la PGR a un detenido más, relacionado con los hechos suscitados el pasado viernes en la zona metropolitana de Guadalajara, y quien ha sido integrado a la indagatoria en la que se encuentran los cinco detenidos anteriormente citados”, indicó la Procuraduría.
Por su parte, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició otra averiguación previa, por lo que personal ministerial se encuentra actualmente en el lugar haciendo las indagatorias correspondientes.
Por lo que respecta a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ésta desplegó peritos en las disciplinas de balística y video desde el viernes 1 y, al día de hoy, también se encuentran trabajando en la entidad peritos en ingeniería y arquitectura, medicina, antropología, dactiloscopia, fotografía, criminalística, genética, y tránsito terrestre, además de agentes de investigación federal, quienes colaboran en la investigación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
MÉXICO, D.F: En una ceremonia realizada en el Campo Militar número 1, el presidente Enrique Peña Nieto rindió homenaje póstumo a seis de los soldados caídos el pasado 1 de mayo en el ataque a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dicho homenaje se llevó a cabo antes de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmara el deceso de la séptima víctima tras el derribo por parte del crimen organizado, del helicóptero Cougar matrícula 1009 que trasladaba a 16 militares y dos elementos de la Policía Federal (PF). Los 11 pasajeros restantes continúan hospitalizados.
En el evento de esta tarde, realizado a puerta cerrada en la explanada de la Fuerza Especial de Reacción del Campo Militar estuvieron presentes los deudos de las víctimas a quienes el mandatario federal ofreció sus condolencias y les entregó una bandera nacional.
Asimismo, encabezó la ceremonia luctuosa que incluyó una salva de fusilería y el toque de silencio en honor a los seis fallecidos.
Durante la ceremonia, según refirió la Presidencia en un comunicado, el comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, general Miguel Ángel Aguirre Lara, también ofreció condolencias a nombre de los integrantes de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.
El pasado viernes, dijo a los deudos, “sucedió un hecho lamentable que conmocionó a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas” pero les garantizó que no están solos.
“Cuentan con todo el apoyo institucional, cuentan con el apoyo fraternal de cada miembro de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad”, ofreció.
Luego, agradeció a Peña Nieto su presencia en el homenaje luctuoso, la cual es muestra –dijo– de “su liderazgo como comandante supremo y ratifica su constante preocupación por su tropas”.
En la ceremonia estuvieron presentes, además de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y de Hacienda, Luis Videgaray.
También participaron el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; la procuradora General de la Republica, Arely Gómez, y el comisionado de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, Eugenio Ímaz Gispert, Director General del CISEN; además del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño.
Más tarde, la Sedena confirmó la muerte de otro soldado que estaba entre los 12 heridos del derribo del helicóptero, el pasado 1 de mayo, en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, a unos 240 kilómetros de Guadalajara.
El día del ataque por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) seis elementos del Ejército murieron y 12 resultaron heridos –10 soldados y dos policías federales– quienes fueron trasladados al Hospital Central Militar, para su atención.
La Sedena no ha proporcionado información sobre el estado de salud de cada uno de los sobrevivientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La máxima autoridad electoral en México determinó que el partido debe sustituir a tres candidatos para cumplir con la cuota de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló este miércoles 6 de mayo las campañas de los 45 candidatos a diputados locales en esa entidad – hasta mañana a las 10:50 horas–, con la exigencia de sustituir a tres candidatos para cumplir con la cuota de género.
De acuerdo con un reporte del diario Reforma, Javier Rivera, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), consideró excesiva la decisión de la máxima autoridad electoral en México.
“De los 45 solamente tuvimos tres errores, son tres cambios que habremos de realizar, en una es hombre por mujer y en otra hombres por mujeres, por eso consideramos excesivo que nos hayan cancelado el registro de los 45 distritos.
“En estricto sentido no deben hacer campaña porque ha quedado sin efecto su inscripción ante el Instituto Electoral, insisto no la compartirnos porque eso genera inequidad en la contienda”, dijo, de acuerdo con el diario mexicano.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: A partir de este miércoles, cualquier servidor público capitalino implicado en el delito de desaparición forzada podrá ser condenado a una pena de 20 a 40 años de prisión y la inhabilitación definitiva para ejercer un cargo en el gobierno.
Así lo dio a conocer el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, al promulgar y publicar el Decreto de Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local destacó que la publicación de dicha ley significa “un avance para la Ciudad de México, un compromiso para los servidores públicos y una señal de que en la capital del país se trabaja en la atención y protección de las víctimas”.
Agregó que también impulsa un trabajo de adecuación normativa a los estándares internacionales de derechos humanos y de la desaparición forzada.
El decreto incluye la elaboración de un Sistema de Información de Víctimas de Desaparición para el intercambio de información con las demás entidades federativas y la generación de un esquema “eficiente” de búsqueda de las víctimas con la Procuraduría General de la República (PGR) para su localización.
En su discurso, Mancera Espinosa llamó a trabajar en una homologación federal en la parte general del Código Penal pues destacó la importancia de no tener tipificados de manera diferente la autoría, la tentativa y las formas de participación en los delitos.
“Debemos tener una homologación a nivel federal porque si no, vamos a tener un Procedimiento Penal que es muy bueno, que esté homologado, una ley general, pero en el momento de trabajar la autoría, la participación, la tentativa, todas las tareas que tienen que ver con la parte general, vamos a encontrar varias contradicciones”, alertó.
Por ello, el funcionario adelantó que su administración presentará en breve una iniciativa ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que ésta la envíe al Congreso de la Unión.
Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que esta ley llena “importantes vacíos legales que existían” y da “ejemplo de buenas prácticas” sobre cómo responder a la necesidad de una adecuada tipificación de estos delitos.
El especialista destacó: “Se incluye el tipo penal de la desaparición forzada perpetrada por particulares además de aquella donde hay intervención de agentes del Estado directa o indirectamente, porque no puede ignorarse que en el contexto reciente de nuestro país se perpetran sinnúmero de desapariciones de este tipo”.
Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comentó que con la promulgación de esta ley se da un “avance significativo” en el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en las Convenciones de las que México es parte.
Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), destacó que con esta promulgación se fija un criterio sobre todo en desaparición entre particulares, tipo penal que no existe en otras legislaciones.
Otro factor a resaltar, dijo en entrevista posterior al acto oficial, es la parte de la declaración de ausencia “para que no se paralicen los trámites de las personas que están en espera de que regrese con vida su familiar. Son dos grandes aspectos que se regulan en esta legislación”.
Gómez Gallardo mencionó la importancia de que existan registros confiables que generen bases de datos adecuadas, “porque no tenemos una certeza institucional, coordinada en el país que nos permita identificar todos los casos, pero más que nada prevenirlos y atenderlos”.
–En el caso del DF, ¿hay alguna recomendación a alguna dependencia por desaparición forzada?, le preguntó la prensa.
–Tenemos 22 quejas en los términos, pero se están documentando, aseguró.
“Ley criminal única”
Al término del acto oficial, Miguel Ángel Mancera propuso homologar los códigos penales del país en su parte general, así como avanzar hacia una “ley criminal única”, como ya sucede en otros países.
En conferencia de prensa, detalló que hay causales previstas en el Código Penal del Distrito Federal que no existen en otras entidades. Por ejemplo, explicó, la “tentativa” de un delito tiene una descripción en la Ciudad de México distinta a otros estados.
Por ello, agregó, “si inicias la persecución de un delito aquí (en el DF), pero concluye en otro estado y en ese estado no se sanciona la tentativa, pues ya no hay delito”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Jaid Mothe Hernández, subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso, indicó la Procuraduría de Puebla, que agregó que el presunto responsable no tiene derecho a la libertad bajo fianza.
El subdirector de la Comisaría Municipal de San Pedro Cholula, Jaid Mothe Hernández, asesinó al joven Ricardo Cadena y no se trató de un accidente como había confesado el propio policía, informó la tarde de este miércoles 6 de mayo la Procuraduría General de Justicia de Puebla.
“Al realizar la reconstrucción de los hechos, dictámenes periciales en criminología, criminalística y balística, entre otros, así como diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público y la Policía Ministerial, establecen que el presunto responsable detonó su arma de fuego de manera intencional cuando la víctima ya estaba sometida en el piso.
“Lo anterior se confirma también ante la herida por proyectil de arma de fuego que presentaba el cuerpo del joven en el cráneo y que fue la causa de su fallecimiento”, indica un comunicado emitido por la Procuraduría.
Tras realizar la reconstrucción de los hechos y ante las pruebas recabadas, la Procuraduría estatal ejercitó acción penal en contra de Jaid Mothe Hernández por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, sin que tenga derecho a la libertad bajo fianza.
La dependencia indicó que, hasta el momento, se descarta que existan evidencias de que Ricardo Cadena y sus acompañantes hayan cometido algún delito, ya que se establece que salían caminando de un establecimiento en el que habrían consumido bebidas alcohólicas, sin que posteriormente se tuviese registro de su participación en otro tipo de circunstancias.
La Procuraduría señaló que la averiguación previa sigue abierta para deslindar responsabilidades de terceras personas, mientras que Jaid Mothe Hernández, quedó a disposición del Juez Penal de Cholula.
Horas antes, el procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourguet, había indicado que Ricardo Cadena no estaba pintando un grafiti, sino que fue interceptado por la policía cuando salía de un centro nocturno.
“No hubo un tema de grafiti, eso creo que sí es importante aclararlo, porque en los medios se ha manejado mucho, ellos (Ricardo Cadena, su hermano y un amigo) venían saliendo de un lugar de estos conocidos como botaneros, cuando fueron interceptados por la policía municipal, fueron correteados, los jóvenes trataron de correr al ver la presencia policiaca, y ocurrió el lamentable hecho, que, desde luego, vamos a deslindar responsabilidades”, señaló el procurador.
Carrancá Bourguet señaló que la noche del lunes 4 de mayo se realizó una reconstrucción de los hechos en la que se recabaron indicios que podrían determinar si hubo un forcejeo entre Ricardo Cadena y el subdirector de Seguridad Pública de San Pedro Cholula.
Jaid Mothe Hernández se entregó a las autoridades el pasado 3 de mayo por la noche para ser investigado por el asesinato de Ricardo Cadena, de 18 años, quien falleció por un disparo en la nuca.
“Me bajo (de la patrulla) yo y me voy sobre la calle N. Morones y ya estas personas iban corriendo, entonces empiezo a correr. Mi arma la llevo a la altura del pecho, entonces voy corriendo cuando me sale una persona de entre los vehículos y me impacta. Mi arma la llevaba a la altura del pecho y forcejeamos en esa parte y es cuando se ocasiona el accidente”, dijo Mothe Hernández al reportero Odilón Darios, citado en una nota de e-consulta.
“La versión que nosotros tenemos es que (los policías) recibieron un reporte acerca de que se encontraban un grupo de jóvenes en la vía pública, hablan de que estaban pintando alguna barda, algún grafiti (…)”, dijo a Animal Político el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa Torres.
El hermano de Ricardo Cadena, quien estaba con él e incluso fue detenido, dijo: “Todos nos echamos a correr, mi hermano me dijo ‘Córrele, si no te van a agarrar’. Entonces yo me fui a esconder al bar donde estábamos y me sacó la patrulla, pero me sacó a golpes. Entonces ya me subieron a la camioneta y escuché el sonido del arma. Ya después se alteraron los policías y se fueron muy rápido y me llevaron detenido. Los que me detuvieron a mí eran tres o cuatro, no vi porque me tenían sometido”, de acuerdo con un reporte de e-consulta.
Consultar el comunicado íntegro que emitió la Procuraduría de Puebla:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Las escenas de Jalisco, el pasado viernes 1, y semanas antes las Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, sin contar las de otros estados, muestran la situación de guerra no convencional que vive el país desde hace varios años, así como el crecimiento del poderío del crimen organizado que hace ya rato rebasó al gobierno federal y a las fuerzas armadas.
Y el hecho de que las fuerzas del crimen organizado se presenten en plenas elecciones, en un momento que además se intenta sujetar a los medios de comunicación con la verdad oficial para aparentar que la violencia es menos seria de lo que es, agrava más la situación de ingobernabilidad, ya que aquellas se colocan en el escenario político como un grupo de poder capaz de retar al Ejército, al tiempo que envían el mensaje de que pueden imponer a las autoridades sin importar el resultado de las elecciones.
Las últimas imágenes de Jalisco y Tamaulipas fueron tomadas en su mayoría por la propia ciudadanía, no por los medios de comunicación, expuestos a la violencia como la mayor parte de los mexicanos.
Dichas escenas parecen sacadas de una guerra: militares acribillados, autos y camiones incendiados, caminos bloqueados y aeronaves derribadas con bazucas tierra-aire en poder de los grupos criminales.
La prensa mexicana, sobre todo la de los estados más violentados por el crimen organizado y las autoridades cómplices, ha sido golpeada duramente, y los reporteros que viven en esos lugares se han convertido en combatientes, pues tienen que entrar a las zonas de conflicto donde un ejército de soldados y policías se enfrenta con otro ejército de sicarios fuertemente armados que controlan el territorio.
Estos reporteros nada tienen que ver con los locutores, comentaristas, conductores, articulistas y columnistas que desde sus escritorios hacen un periodismo cómodo, defendiendo al gobierno y al sistema político que se ha corrompido en su estructura dando paso al narco Estado o narco gobierno, como en los casos de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Convertidos a golpes de realidad, los reporteros locales son ya corresponsales de una guerra que no quiere ser reconocida por las autoridades y que en estos momentos impacta a todos los actores políticos, sociales y económicos.
Son testigos también de la transformación de la vida cotidiana en esas zonas donde políticos, policías y narcotraficantes forman un solo tronco común con raíces históricas tan profundas que reverdecen sin importar que les corten las ramas.
Historiadores del momento, los reporteros y fotógrafos que se han adentrado a cubrir esta guerra no convencional tienen el pulso del fracaso de la estrategia militar y policiaca que ha implementado el gobierno mexicano en los estados.
Fracaso que tiene múltiples consecuencias, de las cuales las más graves y serias son: la censura y autocensura en los medios de comunicación, el surgimiento del narco Estado, la transformación del narcotráfico en crimen organizado, ingobernabilidad, debilidad de las instituciones y, principalmente, miles de muertes que siguen ocurriendo mientras el gobierno federal insiste en su versión oficial de una situación ya está controlada, justificando con ello la realización de las elecciones, el próximo 7 de junio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).
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