Inició un expediente de queja por la muerte del veracruzano Armando Saldaña Morales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja y atrajo el caso de la muerte del periodista Armando Saldaña Morales, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Cosolapa, en la región de la Cuenca de Oaxaca.
En un comunicado informó que contactó a los familiares de la víctima, con objeto de expresarles su solidaridad, y desplazó visitadores a la zona.
La CNDH estableció comunicación con el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con el fin de conocer las actuaciones ministeriales correspondientes, así como con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que inició las primeras investigaciones del acontecimiento.
El cuerpo de Saldaña Morales, quien era corresponsal de noticias de la radiodifusora “La Ke Buena”, fue hallado la tarde del lunes 4 de mayo en un paraje de San José Cosolapa, entre los ranchos Morelos y La Aurora.
La Comisión Nacional condenó el ataque y considera que los agravios en perjuicio de periodistas comprometen a los gobiernos federal y estatal a un oportuno y eficaz esfuerzo de investigación, que impida la impunidad y el deterioro progresivo de la libertad de expresión.
“Este Organismo público autónomo sostiene que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión, ya que toda sociedad democrática debe tener como uno de sus principales componentes la participación de una prensa libre e independiente, que cumpla con su función social en condiciones de seguridad”, informó la CNDH.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Reportan familiares que se desconoce su paradero desde el pasado domingo.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) inició la búsqueda de 11 jornaleros agrícolas originarios del estado de Sinaloa que desaparecieron el pasado domingo 3 en Guaymas, Sonora.
Los jornaleros que salieron del municipio de Choix hacia el estado de Sonora para trabajar en el cultivo de uva están desaparecidos desde el domingo, denunciaron familiares de los trabajadores ante las autoridades.
La mayoría de los ausentes son jóvenes.
Parientes de los jornaleros visitaron al alcalde de Choix, Juan Acosta Salas, para pedirle que intervenga para que el gobierno de Sinaloa los respalde.
De acuerdo con informes de sus familiares, algunos jornaleros se comunicaron vía telefónica hace 72 horas y desde entonces no se sabe nada de ellos.
En la zona serrana de Choix son frecuentes las ejecuciones y los enfrentamientos por pugnas de grupos de Sinaloa y de Chihuahua vinculados con el narcotráfico.
Los jornaleros viajaban en una camioneta blanca con destino a Sonora para trabajar en el cultivo y corte de uva.
El alcalde Acosta Salas, quien en marzo pasado fue atacado por un comando y resultó herido de bala, cuando viajaba con su esposa y seis integrantes de su gabinete, pidió la intervención del gobernador Mario López Valdez y del procurador de justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
XALAPA, Ver: La placa en memoria de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, desapareció la madrugada de este jueves a pesar del fuerte dispositivo de seguridad policiaca que resguarda los alrededores de la plaza Sebastián Lerdo de Tejada colindante con la oficina del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La placa fue colocada en la plaza por periodistas, activistas y amigos de la comunicadora asesinada hace tres años y cuyo crimen sigue impune. Sólo permaneció nueve días.
En la misma plaza, reporteros de Xalapa salieron a protestar hace un par de días por el homicidio del reportero de Crónica de Tierra Blanca, Armando Saldaña, el duodécimo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Javier Duarte.
La placa de la “Plaza Regina Martínez” ya había aguantado dos aguaceros y un ventarrón, estaba pegada con doble refuerzo de silicón y otro pegamento duro.
El hecho se da cinco días después que el director del semanario Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, envió un mensaje al gobernador Duarte en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU):
“No les creemos, no les creemos, no les creemos”, dijo en alusión al resolutivo que la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) –hoy Fiscalía General del Estado- dio sobre el caso Regina Martínez, el cual sostiene que el móvil del crimen de la periodista fue el robo, con tintes pasionales.
En mil 104 días, el gobierno de Duarte y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de resolver el caso, pues solo uno de los dos presuntos asesinos Jorge Antonio Hernández El Silva, está en prisión, mientras que José Adrián Hernández Domínguez El Jarocho continua prófugo de la justicia.
Colegas de Regina Martínez consideraron que la placa pudo ser “despegada” por empleados del gobierno de Duarte en represalia por las recientes manifestaciones del gremio para exigir justicia, para los asesinatos impunes de periodistas.
Juan David Arcos, columnista del portal digital Letra Negro señaló que con el “robo” de la placa de la “Plaza Regina Martínez”, el gobierno de Duarte pretende “aplacar” la libertad de expresión, pero también la libertad de manifestación.
“Podemos responsabilizar a los gatos del gato, de quienes mandan en gobierno del Estado”, dijo.
Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz planteó al gobierno la posibilidad de acceder a los videos nocturnos de la Secretaria de Gobierno, C-4, Secretaria de Seguridad Pública y el circuito cerrado de Palacio de Gobierno, para saber quién se robó la placa.
“Sabemos que en Veracruz la justicia se hace a medias, y la placa les recordaba la verdad y la verdad, enfrente a tu casa duele, la culpabilidad que tienen y que después de 3 años no se ha hecho absolutamente nada”, expresó Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y la agencia AVC.
El pasado 28 de abril, un centenar de reporteros, activistas, académicos, estudiantes y campesinos recordaron a Regina Martínez, con una jornada de lectura de los textos publicados por la periodista en el semanario Proceso y así sus amigos y colegas honraron su memoria y trabajo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F: Mediante “una acción institucional en su conjunto”, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) protege al sacerdote pederasta Carlos López Valdés; por ese motivo, se niega a trabajar la denuncia penal interpuesta por Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En conferencia de prensa, los abogados de la ANAD recalcaron que la procuraduría capitalina se niega a trabajar el caso, principalmente porque en él están implicados –como presuntos encubridores del pederasta– el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes eran obispos auxiliares en la arquidiócesis de México cuando se dieron los abusos sexuales de López Valdés, a quien la Iglesia ya inhabilitó como sacerdote.
Los abogados de la ANAD, Luis Ángel Salas, David Peña y Karla Michel Salas, coincidieron en señalar que las “omisiones” y las “dilaciones dolosas” que durante ocho años ha estado haciendo la Procuraduría con respecto a este caso, responden a una “acción institucional en su conjunto”, cuyo propósito es proteger tanto al sacerdote como a los altos jerarcas de la Iglesia que, al parecer, lo encubrieron.
Indicaron que la ANAD, quien lleva la defensa del joven Jesús Romero Colín, ha pedido a la procuraduría que cite a declarar a López Valdés y a los obispos. Pero ésta se ha negado reiteradamente, pese a que el mismo Vaticano ya determinó la culpabilidad del pederasta.
“No estamos hablando solamente del caso de abusos de un sacerdote, sino de la presunta complicidad del arzobispo y de algunos de sus obispos. La responsabilidad escala a esos niveles”, resaltó David Peña.
Por su parte, el abogado Luis Ángel Salas indicó que el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, es también responsable de esta “omisión institucional” de la PGJDF, pues él era el titular de esta dependencia cuando se interpuso la denuncia.
La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 1/2015, en la cual señala que la procuraduría capitalina ha sido omisa y negligente, por lo cual le pide que ya se ponga a trabajar en el caso. Y no solo eso, también le demanda que sancione a sus agentes del Ministerio Público que fueron omisos.
Karla Michel Salas señaló que “esta recomendación es la primera puerta de acceso para que por fin se haga justicia”.
Por su parte, la víctima, el joven Romero Colín, quien también participó en la conferencia de prensa, relató que fue abusado por el sacerdote cuando tenía 11 años de edad y fungía como su acólito. Se decidió a denunciarlo en 2007 ante el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México y ante la PGJDF.
El tribunal eclesiástico lo encontró culpable y lo inhabilitó como sacerdote. Y el Papa Francisco le mandó una carta –escrita con su puño y letra— a Romero Colín en la que le pidió perdón.
Sin embargo, la PGJDF, después de ocho años de tener la denuncia, ni siquiera ha citado a declarar al pederasta, argumentando que no ha podido localizarlo.
Hasta el momento, la procuraduría capitalina no ha dicho si aceptará o no la recomendación que le hizo la CDHDF. Tiene de plazo hasta la semana entrante para hacerlo.
Los abogados de Romero Colín señalan que, en caso de que la procuraduría rechace la recomendación, acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso a instancias internacionales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) publicó un acuerdo para dar vida a un grupo especializado que se encargará de investigar nuevamente la muerte de la joven Mariana Lima Buendía, ocurrida en 2010 en esa entidad, aunque ahora como un caso de probable feminicidio y no de suicidio, como sucedió originalmente y que derivo en su momento en impunidad.
Igualmente, la PGJEM emitió los Lineamientos Generales para la Investigación de la Privación Violenta de la Vida de una Mujer, a fin de que el personal encargado de atender estos hechos realice las indagaciones con perspectiva de género, y garantice el respeto a la dignidad de la víctima, evite la revictimización y genere un “ambiente de confianza” entre el personal ministerial y las familias de las víctimas.
El pasado 25 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el amparo directo 534/2013 a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, con el que se ordenó a la PGJEM volver a investigar los hechos que en todo momento fueron indagados como “suicidio”, pese a que había pruebas de que Mariana fue víctima de violencia por parte de su pareja, un agente judicial mexiquense.
Con el fallo considerado “histórico” para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, la Corte mandató a las autoridades mexiquenses a que “de manera inmediata se realicen todas las diligencias necesarias para investigar con perspectiva de género y de conformidad con el acervo probatorio válido, que cumpla con el marco legal nacional y los lineamientos destacados en esta sentencia, la muerte violenta de Mariana Lima Buendía”.
Así, según lo ordenado por la SCJN, la investigación se debe llevar a cabo “con especial diligencia y en cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar”, por lo que se deben remover todos los obstáculos que han persistido en la averiguación previa anterior.
Autoridad sale de su letargo
Más de un mes después del fallo de la SCJN a favor de Marina Lima, la PGJEM publicó el pasado 30 de abril en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el acuerdo 08/2015, que crea el “Grupo Especializado para la Atención del Caso de Mariana Lima Buendía”.
El grupo estará adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuya titular, Dilcya Samantha Espinoza de los Monteros, “deberá vigilar, hacer cumplir y, en su caso, sancionar a los integrantes del mismo, en caso de que falten a su obligación de actuar con debida diligencia, de no discriminar y de garantizar el acceso a la justicia, en cumplimiento con el marco legal nacional y los lineamientos internacionales”.
Según el acuerdo, el grupo estará integrado por agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos, psicólogos, trabajadores sociales y demás servidores públicos especializados en perspectiva de género, quienes serán designados por Espinoza de los Monteros.
En tanto, el acuerdo 07/2015 –publicado también el pasado 30 de abril– emite los Lineamientos Generales para la Investigación de la Privación Violenta de la Vida de una Mujer.
Sin precisar que este acuerdo responde también a las disposiciones de la SCJN, la PGJEM señaló que el personal que realice el procesamiento del lugar de la investigación de hechos relativos a la privación violenta de la vida de una mujer, debe cumplir con una serie de diligencias básicas como identificar a la víctima, asistir a los familiares, fotografiar la escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo tal y como se encontró.
Además deberá acordonar el lugar de la investigación, examinar el área en busca de material sensible y significativo, considerando huellas latentes, de rodamiento de neumáticos y de calzado, o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallado de las diligencias, de las acciones de los investigadores, y la disposición de toda la evidencia recolectada.
Según los lineamientos que entraron en vigor esta semana, se deben identificar posibles testigos y realizar las entrevistas en relación con la muerte que se investiga y que puedan brindar datos sobre el entorno y antecedentes de violencia sobre la víctima; determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que la pueda haber causado; distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio, entre otras acciones.
Cabe recordar que desde 2010, la PGJEM cuenta con un protocolo de actuación ministerial de investigación del feminicidio, pero no se aplicó para el caso de Mariana Lima. Asimismo, tal protocolo desde un inicio fue criticado por activistas al considerar que carece de los más altos estándares de investigación de la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, la representación legal de Irinea Buendía –a cargo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– ha demandado que la nueva pesquisa corra a manos de personal altamente capacitado, y ha denunciado que actualmente la PGJEM no cuenta con dicho personal, por lo que debería ser contratado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ.
De acuerdo con la versión policial, dos de los tres liberados fueron detenidos porque “así lo ordenaron sus superiores.”
La Procuraduría General de la República (PGR) liberó a tres personas que fueron detenidas y acusadas por su presunta responsabilidad en los hechos violentos del pasado 1 de mayo en Jalisco porque no fueron detenidos en flagrancia.
El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Jalisco ordenó la libertad de tres personas, con las reservas legales, debido a que no fueron detenidos en flagrancia ni les fue asegurado algo ilícito y tampoco fueron señalados como responsables de delito alguno.
El órgano jurisdiccional subrayó que sólo bajo esos supuestos se puede privar de la libertad a una persona.
Explicó que de acuerdo con la versión policial, dos de los tres liberados fueron privados de la libertad porque “así lo ordenaron sus superiores.”
La tercera persona liberada fue detenida porque presentaba quemaduras en el cuerpo y espontáneamente confesó ante los policías, sin presencia de su defensor, que pertenecía a un grupo criminal.
El juzgado explicó que al ser víctimas de detención arbitraria, se ordenó la libertad de esas tres personas con reservas, lo que significa que es posible proceder en su contra.
Detienen a tres personas por delincuencia organizada y terrorismo
El Ministerio Público federal consignó ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco a tres presuntos responsables de los hechos violentos en Guadalajara.
A los tres hombres se les atribuye el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de terrorismo, pues se les relaciona en los ataques coordinados del pasado 1 de mayo.
Específicamente, los hechos se refieren a incendiar vehículos y bloquear con ellos vías públicas. A uno de ellos también se le acusa de delito contra la salud, pues al momento de ser arrestado llevaba cocaína.
En las próximas horas, el titular del juzgado llevará a cabo el desahogo de la declaración preparatoria de los tres imputados para determinar su situación jurídica.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La organización criminal tiene un papel protagónico, y en algunos casos de liderazgo, en negocios ilícitos que van de las drogas sintéticas hasta la piratería.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó en los últimos cinco años de ser un remanente de otros grupos a convertirse en una de las principales organizaciones delictivas del país, con hombres y armamento suficiente para atacar a las fuerzas del Estado como no se había visto en los últimos años.
Pero, ¿de dónde han salido las ganancias que han permitido a esta mafia criminal empoderarse a ese grado? La respuesta está en su papel protagónico e incluso de liderazgo en varias actividades delictivas que van desde la producción de drogas sintéticas, pasando por el robo de hidrocarburos hasta la piratería.
Animal Político presenta los datos de cinco estadísticas de distintas fuentes que dan muestra del posible nivel de participación de este cártel en múltiples negocios criminales. Los datos son oficiales y corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cabe recordar que el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconoció tras los ataques del 1 de mayo que este cártel liderado por Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, se ha expandido desde Jalisco hacia Guanajuato, Michoacán, Colima y Veracruz.
Por su parte, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos ubica además al Cártel de Jalisco con influencia en el estado de México, Nayarit y Guerrero.
El robo de combustibles
El Cártel de Jalisco opera en dos de los cuatro estados del país – Guanajuato y Jalisco – que concentraron la mayor cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburos descubiertas en 2014, año que por cierto fue record en aseguramientos de este tipo según la información de Petróleos Mexicanos.
Además, en las ocho entidades que comprenden el territorio de influencia del Cártel de Jalisco se descubrieron el 34 por ciento de las tres mil 635 tomas clandestinas del país. Dicho de otra forma: una de cada tres tomas ilegales descubiertas por las que se sustrae gasolina, petróleo y otros combustibles, podrían haber estado bajo dominio de este grupo delictivo.
El robo de hidrocarburos es un negocio que el cártel defiende con fiereza. Basta recordar que en mayo del 2014 sus sicarios emboscaron y asesinaron con fusiles de asalto y granadas a cinco soldados del Ejército Mexicano que había acudido a la población de Guachinango, Jalisco, para recoger muestras de una toma clandestina.
Los combustibles robados, según lo descrito por Pemex y la PGR, son movidos en pipas particulares que los revenden a distintos establecimientos en la zona del bajío o el norte del país, y en algunos casos son incluso desplazados hasta los Estados Unidos donde las empresas los compran a precios inferiores que los del mercado legal.
Las extorsiones
Jalisco es uno de los estados con la mayor incidencia de extorsiones del país. En el periodo de enero a marzo de este año ocupó el primer sitio en denuncias con 194 y en víctimas de este delito con 209, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por lo que respecta a 2014 Jalisco cerró en el segundo sitio en cuanto a denuncias detrás de estado de México, que es una entidad con una mayor densidad demográfica.
Hay que tomar en cuenta que existen indicios de la operación de este grupo criminal también en territorio mexiquense, por lo que no se descarta su nexo con extorsiones en esa zona.
En abril de este año un productor de tequila reveló que tenía que pagar al Cártel de Jalisco 200 mil pesos al mes a cambio de que los delincuentes le permitieran continuar operando su negocio. El empresario advirtió que en esta misma situación de extorsión se encuentran productores de todo tipo en el estado.
Cabe recordar que el nivel de las extorsiones que se cometen es mucho peor de lo que revelan los datos oficiales, si se toma en cuenta que de acuerdo con la última encuesta de victimización del INEGI, 9 de cada 10 casos no se denuncian.
La industria de las drogas sintéticas
México es uno de los mayores productores de metanfetaminas del mundo y el principal abastecedor del mercado estadunidense, de acuerdo con el Informe Mundial de las Drogas 2014 de Naciones Unidas. La mitad de todas esas drogas, podrían haber salido de los narcolaboratorios bajo control del Cártel de Jalisco.
De acuerdo con cifras de la Sedena, de los 112 laboratorios clandestinos para la fabricación de metanfetaminas asegurados en 2014 por los militares, 56 estaban en los estados con dominio o influencia del Cártel de Jalisco. Se trata de poco más del 50 por ciento.
Pero además otros 55 laboratorios fueron encontrados en Sinaloa, Sonora y Durango, territorio de operación del Cártel de Sinaloa que, según las sospechas del gobierno federal, ha mantenido una alianza de varios años con el cártel de Jalisco para buscar beneficios económicos y dominio territorial mutuo.
Para fabricar las metanfetaminas y drogas similares se requieren de precursores químicos, mucho de los cuales vienen del continente asiático y llegan clandestinamente a puertos como el de Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ubicados en las entidades donde el Cártel de Jalisco tiene una presencia importante.
La producción de piratería
La PGR tiene desde hace varios años líneas de investigación y denuncias que apuntan a que una de las fuentes de ingreso de los cárteles del narcotráfico es la producción masiva de productos apócrifos, conocidos como “piratas”, o por lo menos el control en la distribución y comercialización de los mismos.
Datos de la subprocuraduría de Delitos Federales evidencian que cuatro de los seis estados con los mayores decomisos de piratería están en el área de influencia del Cártel de Jalisco: Veracruz, Guanajuato, Nayarit y Jalisco.
El 20 de marzo de este año se realizó en la sede de la delegación de la PGR en Jalisco la destrucción de más de tres toneladas de productos “pirata” asegurados en la zona occidente del país, principalmente discos tipo CD y DVD y poco más de un millar de artículos falsificados, entre ellos teléfonos celulares, relojes, bolsas, lentes, calzado y prendas de ropa de marcas de prestigio.
Aunque los decomisos de productos apócrifos han sido cuantiosos en zonas como la que domina el Cártel de Jalisco, las investigaciones de la PGR no han alcanzado a los líderes detrás de esta actividad ilícita.
Expertos en lavado
Una pista de las millonarias ganancias que obtiene el Cártel de Jalisco podría estar en el volumen del lavado de dinero que registra el estado en donde se encuentran asentados sus principales líderes.
Jalisco es, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la segunda entidad federativa con el mayor número de “operaciones inusuales”, es decir, de movimientos de dinero declarados que no corresponden con la actividad o antecedentes de quien los hace. En el año 2013 el estado acumuló 106 mil movimientos inusuales de este tipo.
Los mismos datos de Inteligencia Financiera también ubican a Jalisco como el segundo estado con la mayor cantidad de “operaciones relevantes” que son aquellas de más de diez mil dólares que no tienen una justificación válida. En el renglón de operaciones preocupantes Jalisco es el quinto lugar nacional.
Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene identificados y designados en Jalisco más de un centenar de negocios, entre ellos gasolinerías y comercializadores, en los que presuntamente se lavan recursos provenientes del narcotráfico.
Las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) apuntan a que toda la operación de lavado de dinero en Jalisco está vinculada con los cárteles aliados de Jalisco y Sinaloa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL
MÉXICO, D.F: Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, minimizó los hechos de violencia registrados en la entidad el pasado 1 de mayo, en los que perdieron la vida 16 personas, entre ellos siete militares y una policía federal.
Entrevistado luego de participar en el Foro Económico Mundial de América Latina que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, el mandatario estatal definió los acontecimientos como ”actos vandálicos”, según una nota del diario La Jornada.
–¿Se presentó un escenario de narcoterrorismo?, preguntó la prensa al funcionario.
–De ninguna manera. Fueron actos vandálicos. La gente que (los) cometió estaba bajo el influjo de las drogas; es gente que, como lo han confesado, (por) entre 500 y mil pesos hacían un acto de esta naturaleza. Son actos vandálicos, insistió.
Sandoval Díaz aseguró que la policía estatal no fue informada de la presencia de las fuerzas militares en la región donde el crimen organizado derribó el helicóptero Cougar matrícula 1009 de la Fuerza Aérea.
“Solamente se informó que iba a estar en el Estado…”, dijo.
La prensa insistió:
–¿Hubo fuga de información? ¿Está infiltrada su policía?
–No sé si hubo fuga. Lo que puedo decir es que el estado en ese momento, de un evento como ese, no tuvimos conocimiento. Teníamos conocimiento de que se iba a estar trabajando, más no teníamos conocimiento de cuál era el objetivo, el blanco. Y en ese sentido, la policía estatal lo que hizo inmediatamente fue atender todos y cada uno de estos actos vandálicos, todos y cada uno de estos bloqueos. Inmediatamente, en dos horas, se tuvo el retiro de los mismos.
–¿Llama acto vandálico derribar un helicóptero?
–No, bueno, ese fue en otro escenario. Lo que estoy hablando yo fue lo que ocurrió en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros municipios.
–¿Hay que ver ambos aisladamente, por separado?
–Ese fue un tema que tiene que ver con un tema de vigilancia, de orden como se está estableciendo…
La prensa insistió ante el gobernador en el sentido de que la fuga de información se dio porque los delincuentes sabían por dónde pasarían los helicópteros.
“Desconozco. No, la policía estatal no conocía de que iban a estar en qué región. Solamente se informó de que iban a estar en el estado”, aseguró.
–Entonces, ¿usted no vincula el helicóptero con los bloqueos?
–Seguramente. Repito, cuando un líder de esta organización se siente amenazado actúa así para distraer la atención.
El gobernador de Jalisco rechazó que haya omisión de los gobiernos federal y estatal para combatir el crecimiento de bandas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien se le atribuyeron los recientes hechos de violencia.
“Hubo un trabajo coordinado, se definieron objetivos y empezó a dar resultados”, defendió.
Y pese a la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos para no viajar a Jalisco por seguridad, el mandatario estatal afirmó que la entidad “está en calma, sigue teniendo sus actividades económicas, de inversión, sin ningún problema”.
Añadió: “se detectó la operación de una organización y se está extirpando este quiste, este cáncer, se está actuando. Pero el estado está en calma, hay mayor vigilancia”.
Incluso, trató de justificar la presencia del CJNG: “no es un tema territorial. Es un tema que no tiene que ver nada más con un territorio, es un tema de orden nacional, que debemos de resolver en coordinación y coadyuvancia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó multar al exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, con el pago de 638 mil 653.33 pesos por usar un helicóptero oficial para irse de vacaciones con su familia.
Virgilio Andrade, titular de la dependencia federal, dejó de lado la posibilidad –que él mismo comentó previamente– de inhabilitar al ahora exfuncionario público para ejercer cargos en el gobierno y decidió sólo imponerle una multa económica equivalente a tres veces el daño causado y el beneficio obtenido por el uso de la aeronave propiedad del gobierno.
Este jueves la SFP informó en un comunicado de tres párrafos que la sanción se determinó “previo desahogo de la garantía de audiencia de ley, así como de la valoración de las pruebas ofrecidas y de las allegadas al expediente”.
Así dio por cerrado el escándalo desatado el pasado 28 de marzo, cuando el ciudadano Ignacio Vizcaíno Tapia, habitante de Huixquilucan, Estado de México, difundió imágenes a través de redes sociales en las que mostró a David Korenfeld cuando abordaba un helicóptero propiedad de la Conagua, acompañado de su familia y cargando maletas de equipaje rumbo al aeropuerto.
El todavía funcionario trató de justificar el uso de la aeronave oficial al decir que tenía padecimientos de la rodilla y que se dirigía al médico. La polémica continuó y 12 días después, el 9 de abril, anunció su renuncia al cargo.
En entrevista radiofónica, reconoció: “Lo que estoy asumiendo es haber usado ocho minutos una aeronave oficial para transportarme al aeropuerto de la Ciudad de México. Ese es el error que cometí y por eso el día de hoy he tomado la decisión y que el presidente me ha aceptado mi renuncia”.
Con el uso de un vehículo oficial para fines personales, Korenfeld violó el artículo 8 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Durante el proceso de investigación, el mismo Virgilio Andrade comentó que las sanciones que se podrían aplicar contra Korenfeld eran amonestación, suspensión, sanción económica o inhabilitación como servidor de la administración pública.
Con el anuncio de la sanción económica, la SFP dio por terminada la investigación y el procedimiento disciplinario iniciado en abril pasado contra el extitular de la Conagua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: “Nieto… es un burro”. Así tituló el portal de noticias estadunidense Business Insider una de sus notas del jueves 7 de mayo, destacada con una fotografía del presidente de México, donde señala la “repulsión” desatada contra él y su gobierno a causa de la “corrupción y la inseguridad que se han generalizado” en el país.
Especializado en noticias de negocios, frecuentemente citado por The New York Times y agencias internacionales, el medio neoyorquino intituló el artículo según las declaraciones que Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, hiciera hace unas semanas en la Gran Manzana.
“Peña Nieto no sabe cómo defendernos porque es un burro. Con mis disculpas para los burros”, retomó Business Insider las palabras de Felipe para rematar su texto.
La publicación se esparcía como pólvora entre los lectores del portal cuando, súbitamente, alteraron el encabezado.
“La ira podría descarrilar la recuperación económica de México”, fue el nuevo titular del escrito, al que no se modificó ni una coma.
En éste, se dice que el rechazo de los mexicanos contra la administración actual podría tener no sólo consecuencias para Peña Nieto en las urnas, el próximo mes de junio, sino que también podría “socavar la recuperación de la segunda economía más grande de América Latina”.
Los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos Peña Nieto y otros altos funcionarios de su gabinete, la escalada de violencia en todo el país y la insatisfacción con muchas políticas federales, explica Business Insider, podrían minar los esfuerzos del partido oficial para mantener o ampliar su ventaja parlamentaria y, por lo tanto, la facilidad para promulgar reformas.
Como ya lo había hecho el pasado 5 de marzo, en el artículo “El presidente de México se está convirtiendo en una carga para su partido”, Business Insider resalta que el pasado enero 85% de los mexicanos no confiaba en el presidente y que, un mes más tarde, seis de cada diez connacionales creía que la corrupción había empeorado durante su mandato.
“La crisis política derivada de la corrupción y la inseguridad debilita significativamente la mano del presidente en el impulso de las reformas económicas”, escribió para el portal Shannon K. O’Neil, del Council on Foreign Relations, una de las organizaciones más influyentes en política exterior de Estados Unidos.
Continuó el especialista: “Tienen que hacer frente a las frustraciones de los ciudadanos y cambiar las reglas para definir y asumir los conflictos de intereses y la corrupción para comenzar a cambiar las percepciones”, declaró en un correo electrónico dirigido al portal.
No obstante, en lo que Business Insider califica “una de las ironías desafortunadas de la democracia”, el artículo advierte que el PRI mantiene una “ligera ventaja” en las encuestas de cara a las elecciones del séptimo día de junio, si bien cuenta con el mayor índice de rechazo.
“El PRI y sus aliados en la legislatura pueden retener una mayoría si los mexicanos que han expresado con tanta fuerza su rechazo a las políticas del gobierno permiten que la desilusión y la frustración los mantenga en casa el día de las elecciones”, escribió O’Neil.
Al diagnóstico Business Insider suma el “fracaso” del gobierno para reducir la violencia, y destaca la “supuesta desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela rural en el sureño estado de Guerrero, el incidente más destacado (en lo que va de la administración de Peña Nieto) y que ha permanecido en el centro de atención mundial.
“Esto puede agravar la impresión de que México no es un lugar seguro para hacer negocios o ahuyentar a los inversionistas que ya han sido asustados por el colapso de los precios del petróleo en el último año”, concluyó el portal estadunidense.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
En Jalisco hacen ruido "me preocupa más cuando son silenciosos", porque están colocando a sus políticos y empresarios, en silencio", señaló el especialista.
Los grupos criminales en estos meses previos a las elecciones del 7 de junio, aman colocar a sus políticos, y en algunos lugares lo hacen silenciosamente, como Nayarit, Colima, Guanajuato, en Guerrero, Veracruz, afirmó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, en Nueva York, al hablar de la actual ola de violencia en Jalisco.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que ve “los mismos vacíos de Estado que veía con Felipe Calderón, los veo en México, aún más graves que antes debido a que estos grupos criminales que se expandían durante 2006, 2007, 2008, ahora ya han madurado como en el caso de Sinaloa, donde se mantiene un silencio relativo, producto de la consolidación de la red criminal Sinaloa en México y en muchos países de Latinoamérica”.
“Te tienes que preocupar cuando países con grandes vacíos de Estado como México, tienen grupos criminales silenciosos, porque son los más consolidados, son los que ya se establecieron, tienen a sus políticos, ya no tienen que asesinar a políticos para colocar a los suyos, ya están establecidos”, aseveró.
Nació como derivado del cártel de Sinaloa “surge este cártel Jalisco Nueva Generación, se está consolidando, aprendió muy bien de Sinaloa”.
Explicó que “es una extensión que, como sucedió con los Zetas y el cártel del Golfo, está tratando de conseguir su autonomía, consolidarse en ocho estados de la República Mexicana y ya está expandiéndose a Centroamérica y Sudamérica, a Perú, a Venezuela, está logrando una expansión imitando el comportamiento de sus hermanos mayores de Sinaloa, pero con un fuerte contenido paramilitar en sus tácticas operativas, es lo que se vio en Jalisco”.
Se veía venir, “porque el arsenal qu tenían desde hacia años, llevaba a concluir eso. Así que no me llama la atención lo del arsenal, ni el poderío paramilitar. Me llama la atención lo rápido que se están expandiendo en el ámbito político, preelectoral, y en el ámbito empresarial legal”, dijo.
“La tasa de crecimiento de esta red criminal Jalisco Nueva Generación, para colocar a sus políticos en Nayarit, en Colima, Guanajuato, en el Estado de México, se están expandiendo de una manera impresionante”, abundó.
“En Jalisco están haciendo ruido, me preocupa más cuando son silenciosos. En los estados donde no hay tanto ruido, están colocando a sus políticos y empresarios, en silencio”, señaló.
Otro factor importante “es el ciclo preelectoral. En todos los países donde la delincuencia organizada está bastante desenfrenada, normalmente en los periodos preelectorales aumenta la violencia política, porque ellos tratan de colocar a sus políticos en diferentes listas”.
“El sistema de listas electorales, es un regalo de Navidad para los grupos criminales”, indicó.
En cuanto al nombramiento del general de División, Miguel Gustavo González, para dirigir, la Operación Jalisco, comentó que “es un manotazo de ahogado que normalmente es un indicador de impotencia de un presidente que por acción u omisión, se niega a implementar las prácticas de las que venimos hablando hace años, desmantelando sus redes políticas, encarcelando a los miembros de tu propio partido, como hace Brasil”.
“Eso equivale a un presidente que debe tener valentía y capital político“, enfatizó.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En entrevista con 'El Universal', el gobernador de Jalisco responsabilizó de la actual situación en el estado a las anteriores administraciones panistas, porque mantenían una "paz narca".
La PGR y la Policía Federal (PF) hicieron caso omiso a las advertencias sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señala el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, en entrevista con El Universal.
El mandatario asegura que desde hace un año y medio ya había alertado a la PF y al entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam de la capacidad de logística y de armamento que tenía el cártel, sin embargo ambas dependencias ignoraron toda la información de inteligencia.
El gobernador destacó la importancia del inicio de la Operación Jalisco, que ha dejado un saldo hasta el momento de 16 personas muertas. Sin embargo asegura que desconocía su implementación, por lo que responsabilizo de cualquier delación sobre la misma a las autoridades federales.
Según Sandoval Díaz, la organización criminal creció al amparo de una protección empresarial y política en la entidad.
En la conversación con el diario de circulación nacional, asegura que las anteriores administraciónes del PAN, sostenían interlocución con los integrantes del CJNG, por lo que se vivía una “paz narca”, a la que él se opuso.
Aunque cabe señalar que el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, es un funcionario que ya venía trabajando desde las anteriores administraciones panistas en el tema de seguridad.
Asimismo el gobernador jalisciense dijo que a partir de este jueves la Comisión Nacional de Seguridad comenzara a rotar a los policías Federales que se encuentran en Jalisco para evitar infiltraciones del narco. Lo mismo sucederá con los mandos policiacos estatales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Madrid, 7 de mayo: La Eurocaravana de la Normal Rural de Ayotzinapa denunció este jueves que el gobierno de Enrique Peña Nieto y algunos medios de comunicación en México pusieron en marcha una campaña para “estigmatizar y desprestigiar” al movimiento de los padres y compañeros que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada.
Aparte de intentar desacreditarlos con publicaciones falsas sobre este viaje por 18 ciudades de 12 países europeos, también insiste en pretender vincular a los estudiantes con la delincuencia organizada, provocando una “revictimización” de los familiares y de los jóvenes desaparecidos, “haciéndoles responsables de su propia desaparición”, denunció Román Hernández, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Asimismo, expresó que el llamado es para que los gobiernos europeos no privilegien sus acuerdos comerciales con México por encima de la grave violación de los derechos humanos en el país, práctica en la que está involucrado abiertamente el Estado mexicano.
Y los hicieron corresponsables de la grave situación de los derechos humanos en México por privilegiar esos acuerdos comerciales con el gobierno mexicano.
Omar García, el estudiante de la Normal de Ayotzinapa que sobrevivió al ataque de la policía en Iguala, la noche del 26 de septiembre pasado, reiteró aquí el anuncio de que no participarán ni permitirán que se celebren las elecciones en el estado de Guerrero, “porque votar en estas elecciones es tanto como votar por ´Los Ardillos´, ´Los Rojos´ o por los ‘Guerreros Unidos´ porque la mayoría de los políticos están implicados con estos grupos de la delincuencia organizada”.
Arropados por unas 300 personas en representación de diversos organizaciones sociales, “la caravana de Ayotzinapa en la otra Europa”, como se autodenominan, realizó una marcha y un mitin en la capital española, desde el Ministerio de Exteriores español hasta unos cincuenta metros de la Embajada de México en Madrid, sitio hasta donde la Policía Nacional les permitió llegar.
García dijo al contingente que esperaban que las fuerzas de seguridad españolas pretendieran detenerlos, pero utilizó ese hecho simbólico para anunciar que ninguna decisión así detendrá el movimiento que, expresó, seguirá vivo en México aún más allá de que se presenten a sus compañeros.
Expresó que en México no hay acceso a la justicia, “una justicia para los ricos y otra para los pobres” y alertaron sobre la imposibilidad de acceder a la reparación de las violaciones a los derechos humanos.
Y alertaron a las organizaciones sociales con las que se reunieron en privado en Madrid y, la víspera, en Zaragoza, para que estén alertas y denuncien acá esas violaciones cometidas por el Estado mexicano.
Sostuvo que el gobierno de Peña Nieto puso en marcha toda una estrategia para no darle más visibilidad al movimiento de padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos.
En rueda de prensa en la capital española, los integrantes de la delegación mexicana denunciaron que gracias al buen impacto que tuvieron las caravanas en Estados Unidos, en Canadá y ahora en Europa, se inició esta estrategia de estigmatización y desprestigio encabezada por líderes de opinión, “basados en fichas informativas que les hace llegar el gobierno mexicano para que puedan escribir cuestiones como que la caravana en Europa gasta medio millón de pesos, lo cual es falso”.
“Eso lo publicó el periódico La Razón, a tres días que llegamos acá, argumentando que solicitó a una agencia de viajes cuánto costaría un viaje por 13 ciudades, cuánto costaría hospedarse en hoteles de París, Londres, Berlín y Madrid, sin preguntarnos a nosotros como le estamos haciendo”, Román Hernández de Tlachinollan.
“Esto es una falta de ética que en todo caso les va a repercutir a ellos por falta de credibilidad. Sí existe una campaña de estigmatización, de desinformación y de intentar que la gente en la sociedad deje de creer que esta demanda es legítima y es vigente y es lo que vemos”, comentó.
Y reprochó que esas campañas lleguen al extremo de pretender vincular a los estudiantes desaparecidos con la delincuencia organizada, lo que significa una revictimización y colocar a la víctima de un caso grave de violación de derechos humanos, para poner las razones por las cuales han sido víctimas.
“Nos parece gravísimo, porque el Estado mexicano señala a los estudiantes víctimas de desaparición forzada como responsables de su propia desaparición, y esto es renunciar a su responsabilidad internacional en materia de la defensa de los derechos humanos”.
Dieron a conocer que su intención en este viaje no es reunirse con ninguna autoridad, sino con las organizaciones de la sociedad, para hacerles partícipe sobre el estado en que se encuentra el caso de Ayotzinapa.
“No tenemos esperanza de reunirnos con ninguna autoridad de gobierno, nos hemos venido a reunir exclusivamente con la sociedad civil organizada, porque es con ellos que podemos entendernos y atacar las razones de fondo de las violaciones de los derechos humanos”, dijo.
Asimismo, explicaron que hasta ahora no se han reunido con ningún representante de la jerarquía de la Iglesia Católica, aunque sí tuvieron encuentros con comunidades de base en Austria, Finlandia y Suecia.
Dieron a conocer que de estos encuentros con la sociedad civil organizada, que continuará hasta el 19 de mayo, pretenden poner en marcha una red europea para emprender acciones que ayuden a darle mayor visibilidad internacional al caso de los estudiantes víctimas de desaparición forzada.
Esta labor tendrá lugar una vez que lleguen a México y evalúen el resultado de la caravana para darle fuerza a la exigencia internacional para la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Explicaron que son los propios colectivos en Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Francia, España Bélgica, Holanda e Inglaterra, que asumieron compromisos concretos para denunciar este caso en todos los actos del gobierno mexicano en Europa.
Además de Román Hernández de Tlachinollan, de Omar García, estudiante sobreviviente, acompaña la caravana Eleucadio Ortega, padre de Mauricio, uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
Durante el recorrido que realizaron por las calles de Madrid, los manifestantes de Ayotzinapa y los grupos de apoyo coincidieron con los familiares de los desaparecidos y represaliados por la dictadura franquista, que todos los jueves realizan concentraciones en la Puerta del Sol de la capital, e intercambiaron mensajes de apoyo y de solidaridad.
En su recorrido enumeraron hasta el número 43 para demandar justicia.
Hasta en la noche la embajada de México en España, que encabeza Roberta Lajous, mantuvo absoluto silencio por la acción de protesta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
MÉXICO, D.F: La Presidencia de la República incumple con obligaciones mínimas de transparencia al mantener sin información diferentes aspectos que las dependencias y entidades del gobierno federal deben colocar en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
La ausencia de esos contenidos impide saber cuál es el cargo y las funciones que desempeñan 459 servidores públicos bajo la nómina presidencial.
A partir de una consulta al POT, se pudo observar que hay 117 jefes de departamento, 115 subdirectores de área, 99 directores de área, 36 directores generales adjuntos, 26 directores generales y 5 jefes de unidad administrativa, cuyo cargo oficial y funciones se desconocen.
La búsqueda incluyó la ficha temporal que despliega cada nombre, la descarga de ésta y la colocación en el directorio de la clave presupuestal, sin que en ningún caso se haya podido conocer el puesto.
Desde el 1 de diciembre de 2012, por ejemplo, la información que debe desplegarse en la sección “Estructura Orgánica” sólo exhibe los cargos de los colaboradores cercanos del mandatario, pero en el resto de sus directorios sólo se expresan jerarquías, tales como Director General, Subdirector General, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Jefe de Unidad.
La opacidad ocurre en todas las áreas de la Presidencia de la República, excepto por 29 puestos, incluido el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente hasta hace unos días cuando fue promulgada la reforma en la materia, el artículo 7 expresaba como primera obligación la publicación de los cargos públicos:
Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente:
“I. Su estructura orgánica”
En diciembre de 2013, Apro consultó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin de saber si la estructura orgánica era susceptible de evaluación en los indicadores de cumplimiento de obligaciones mínimas que el organismo realiza cada año.
La respuesta fue que sí, pero que con el arranque de gobierno, la Oficina de la Presidencia se había sometido a un proceso de reestructuración institucional, de manera que estaban a la espera del nuevo organigrama.
Un ejemplo de la opacidad es la Oficina de la Presidencia, que sólo identifica con su cargo al Jefe de la Oficina y al Director de Estrategia y Mensaje Gubernamental, con sus respectivos titulares Aurelio Nuño Mayer y Andrés Massieu Fernández, información que es inexacta.
El pasado jueves 30 de abril, la Presidencia emitió un comunicado informando que se habían reformado diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia, con lo que desaparecería la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental y la Coordinación de Vinculación, cuyas funciones se reasignarían a otras unidades administrativas.
Las funciones de esas dos áreas se reasignarían a una nueva Coordinación General de la Oficina de la Presidencia y se crearía también la Coordinación General de Marca País y Medios Internacionales.
Con lo anterior, dos de las 29 áreas que sí están identificadas en el POT, desaparecieron desde hace una semana según el comunicado oficial, y por otra parte, las nuevas áreas no han sido colocadas en dicho portal de acceso a la información mínima.
Desde su campaña electoral, el presidente Peña Nieto se comprometió, a través de su Manifiesto por una Presidencia Democrática, emitido en mayo de 2012 en respuesta a las protestas del Movimiento #yosoy132, a impulsar la transparencia. Ya como presidente electo, presentó una iniciativa reforma a la Ley de Transparencia que no prosperó.
Hace unas semanas, luego de dos años de deliberaciones, se generó la reforma en la materia que, el pasado lunes 4 de mayo, fue promulgada por el mandatario.
Durante su mensaje, el titular del Poder Ejecutivo dijo que había iniciado una nueva etapa para la transparencia en el país y expresó:
“La transparencia sin duda fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público. La transparencia ayuda a prevenir y combatir la corrupción, promueve la responsabilidad y eficacia en la gestión pública, empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles rendir cuentas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
