MÉXICO, D.F: Maricela Velázquez Sánchez, candidata del PRI a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, omitió reportar en su declaración patrimonial que compró una mansión en el fraccionamiento Las Delicias. Otra inconsistencia es que Velázquez Sánchez creó el pasado 11 de abril la Inmobiliaria Maresa, junto con su hermano Rey David Velázquez Sánchez. Mediante la institución de dicha empresa, la priista adquirió dicha mansión a la mitad de su precio comercial. El periódico Reforma publica este lunes que la casa, de mil 767 metros cuadrados, fue adquirida en 5.3 millones de pesos, cuando el precio de inmuebles similares en esa zona oscila entre los 9 y 13 millones de pesos. “El inmueble adquirido es resultado de la fusión de cuatro lotes, tiene una superficie construida de 674 metros cuadrados, una fachada de 21.8 metros y un fondo de 45.7 metros. La casa cuenta con alberca y dos grandes domos que permiten la entrada de luz a la estancia”, cita el periódico. El pasado 4 de mayo, Maricela Velázquez Sánchez rindió su declaración patrimonial; en ella, afirmó que sólo poseía tres inmuebles, sin incluir la residencia mencionada.
En su declaración de conflicto de interés tampoco incluyó su participación en Inmobiliaria Maresa, creada con un capital social 6 millones 372 mil pesos, aportado en partes iguales por los hermanos Velázquez Sánchez. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Sorprenden a dirigentes del partido regalando lentes, lo cual se considera como una forma de presionar el voto de los ciudadanos.
Cuando llegó la prensa, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerró las puertas de un local donde regalaban lentes y exámenes de la vista a diversos electores en un local en la ciudad de Zacatecas. Diversos medios locales coinciden en que el PVEM cerró sus puertas para que la prensa local no pudiera tomar fotografías del negocio, lo que provocó la molestia de los beneficiarios que exigían a reporteros y fotógrafos retirarse para que continuaran los apoyos. Imagen Zacatecas informó que el hecho derivó en agresiones físicas y verbales en contra de representantes de la prensa que fueron agredidos por algunas de las personas ahí presentes. La causa de las agresiones fue que eran personas originarias de comunidades de la capital y colonias aledañas que estaban en el lugar desde las seis de la mañana, pero no recibieron atención porque desde temprana hora el Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas fue a dar fe de los hechos. El INE confirmó que el PVEM realiza exámenes de la vista y entrega lentes en el estacionamiento Mesón de Tacuba situado en la calle con el mismo nombre en el Centro Histórico de la capital de Zacatecas. Juan Carlos Merlín Muñoz, vocal secretario de la junta local del INE, detalló que este jueves por la mañana se realizó la verificación derivada de una denuncia pública que se hizo en contra del PVEM. El secretario de la junta local del INE detalló que la ley contempla que dichos actos se sobreentienden como una forma de presionar el voto de los ciudadanos.
De acuerdo con Destino 16, los reporteros agredidos fueron: Misael Camarillo, del portal Periódico Mirador; Silvia Alvarado, de Radio Zacatecas, y Alejandra Alvarado, de Pórtico Online. Informaron que recibieron agresiones verbales e incluso físicas, porque hubo forcejeo cuando les quisieron quitar el celular. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILAPA, Gro: Con el apoyo del Ejército y las policías federal y estatal, un grupo de civiles armados mantiene sitiada esta ciudad donde desataron una cacería contra Zenén Nava Sánchez El Chaparro, señalado como líder del grupo delictivo Los Rojos.
El hecho exhibe el vacío de autoridad que persiste en la entidad y el nivel de impunidad y complicidad de las autoridades y políticos con la delincuencia. El grupo armado encabezado por comisarios municipales se asume como guardia comunitaria de los poblados de El Jagüey, San Ángel, Ayahualulco y Ciloxuchicán, no obstante, informes oficiales refieren que se trata del brazo ejecutor del grupo delictivo denominado Los Ardillos, dirigido por los hermanos del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ayer (Sábado) cerca de las 17:30 horas, aproximadamente 300 civiles armados con escopetas y encapuchados irrumpieron de forma sorpresiva y tomaron el control de las entradas y salidas de la cabecera municipal de Chilapa donde la Policía Federal División Gendarmería y el Ejército asumieron el control de la seguridad ante la brutal disputa que mantienen Los Rojos y Los Ardillos por esta plaza estratégica ubicada entre las regiones Centro y Montaña. La acción provocó pánico y terror entre la ciudadanía ante el riesgo de que se registrara un enfrentamiento entre los grupos delincuenciales que impunemente operan en esta zona colapsado por la narcoviolencia. Los guardias comunitarios despojaron de sus armas a 40 policías municipales y realizan recorridos en la ciudad a bordo de patrullas oficiales y portando el armamento oficial, fusiles de asalto AR-15 y AR-70. Este domingo, Proceso realizó un recorrido por la zona de conflicto y pudo constatar la inoperancia de autoridades como el Ejército y los policías federales y estatales, quienes se han limitado a observar los cateos, el desarme de los municipales, la retención de civiles y los retenes que mantiene la guardia comunitaria sobre el bulevar Eucaria Apreza, ubicado sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa. La percepción de los habitantes de esta levítica ciudad frente a la actitud omisa de las autoridades es que de esta forma los gobiernos federal y estatal pretenden desplazar a la célula de Los Rojos y dejar que Los Ardillos asuman el control de esta plaza: “quitar un mal con otro mal”, señaló un joven consultado por este reportero. “A las autoridades les dijimos que se abrieran a la verga porque nosotros sí vamos a matar a El Chaparro y su gente”, expresó un comunitario, quien agregó que decidió participar en “esta guerra” porque sicarios al servicio de Los Rojos habrían desaparecido a cinco de sus familiares. “Con nosotros se acabaron los secuestros, asesinatos y extorsiones que realiza el pinche Chaparro”, indicó el joven de complexión robusta, ojos rasgados, tez morena y pistola tipo escuadra fajada a la cintura. Las calles en este lugar donde se respira un ambiente tenso, están desiertas. Artesanos que acuden cada domingo al tianguis prehispánico de Chilapa, simplemente no acudieron y es evidente el cierre de establecimientos comerciales. A más de 24 horas de que el grupo armado vinculado a Los Ardillos asumió el control de la cabecera de este importante municipio, el gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martinez no ha fijado ninguna postura oficial y permanece escondido.
Mientras que el alcalde priista de Chilapa, Francisco García González, señalado públicamente de proteger a Zenén Nava, decidió huir del municipio y hasta el momento se desconoce su paradero. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que esta madrugada falleció un oficial más como consecuencia del derribo del helicóptero Cougar 1009 del Ejército el pasado 1 de mayo en Jalisco. El oficial era atendido en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México, con lo que suman ocho militares y una agente de la Policía Federal que perdieron la vida por el ataque del crimen organizado en un paraje cercano a Villa Purificación, informó la Sedena en un comunicado. “La propia dependencia lamenta profundamente esta pérdida y reconoce el heroísmo de su comportamiento en el cumplimiento del deber, a la vez que manifiesta su pésame y solidaridad irrestricta para con sus familiares”, indicó la dependencia. Agregó que cuatro miembros del Ejército que resultaron lesionados en el ataque en Jalisco, ya fueron dados de alta. Otros cuatro elementos militares que participaron en el Operativo Jalisco y viajaban en el helicóptero Cougar están siendo atendidos en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México, aunque la Sedena no especificó en qué estado se encuentran. El pasado 1 de mayo integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajaban 18 elementos, 16 de las Fuerzas Especiales y dos de la Policía Federal.
El ataque a la aeronave ocurrió en el ejido de Villa Vieja, municipio de Villa Purificación, al sur de Jalisco. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: A partir de la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos realizó algunos informes en los que manifiesta su sospecha sobre la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles de la droga y el involucramiento del Ejército en actividades ilícitas. Como castigo, en el primero de los casos suspendió la ayuda militar al Batallón 102; en el segundo evitó definir su postura. Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información, mediante solicitudes realizadas por investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive) y publicados por The Intercept, revelan que por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército. En el artículo titulado “Autoridades mexicanas implicadas en la violencia, mientras siguen fluyendo los apoyos”, el investigador Jesse Franzblau y la reportera Cora Currier mostraron un informe interno del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de 2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas no murieron a causa del supuesto enfrentamiento con el Ejército sino que fueron ejecutadas de manera sumaria y que un oficial del Ejército Mexicano y siete soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento. A continuación en el documento de Comando Norte se menciona: “A medida que más datos salen a la luz, hay una mayor aceptación de que el Ejército estuvo involucrado en actos ilícitos”. Mencionaba también que si la Secretaría de la Defensa Nacional que investigaba el caso encontraba que el comandante de la zona militar que supervisaba al Batallón 102 era encontrado responsable de los asesinatos de Tlatlaya y estuviera implicado en ‘una grave violación a los derechos humanos’, entonces ‘toda la zona militar, más 10.000 miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos’. En enero, otro cable del Comando Norte informaba que el Departamento de Estado había suspendido el financiamiento de Estados Unidos a esta unidad en espera de los resultados de la investigación. Esta afirmación fue confirmada por una funcionaria del Departamento de Estado quien, al ser consultada por The Intercept, señaló que cinco individuos pertenecientes al Batallón 102 acusado de los asesinatos extrajudiciales habían recibido entrenamiento del Comando Norte, pero que ninguno de los capacitados había sido acusado por los asesinatos. La funcionaria agregó: “El Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado ninguna ayuda o entrenamiento a miembros del Batallón 102, y no lo hará hasta que haya evaluado los resultados de las investigaciones relacionadas con este incidente”.
“El caso de Tlatlaya es un inusual ejemplo confirmatorio de que el gobierno de Estados Unidos, en efecto, FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCELA TURATI.
Vecinos de las colonias Ajusco y Santa Úrsula, de la Delegación Coyoacán, denunciaron el “avance sigiloso” del proyecto Ciudad del Futuro, una de las cinco Zonas de Desarrollo Económico y Social (Zodes) que promueve el Gobierno capitalino a través de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX). PROCDMX es una empresa de participación estatal mayoritaria creada durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón para diseñar y realizar proyectos de desarrollo urbano. Entre sus proyectos están las llamadas Zodes, definidas por las autoridades como áreas a las que por su ubicación, usos de suelo, equipamientos y otros activos intangibles se puede potenciar para generar inversión e infraestructura, mediante “asociaciones estratégicas”. Una de las cinco Zodes que el gobierno capitalino promueve es la llamada Ciudad del Futuro, cuya área de actuación abarcaría 528 hectáreas, que incluiría las 15.2 hectáreas de la Planta de Asfalto y siete colonias aledañas, de acuerdo con el Documento Ejecutivo de Difusión del proyecto. Las colonias son: Santa Úrsula Coapa, Ajusco, Ajusco, Huayamilpas, Deportivo Huayamilpas, Adolfo Ruiz Cortines y La Zorra Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa. La Ciudad del Futuro contempla, entre tras cosas, convertir la planta de asfalto en un desarrollo urbano con usos habitacionales, comercial y de servicios; reutilizar 44.13 hectáreas de suelo; modificar las condiciones del espacio público, e intervenir los centros de transferencia multimodal Universidad y Paradero Huipulco. Para ello plantea modificar los usos de suelo de la zona, que actualmente concentra más del 60 por ciento en uso de suelo habitacional. La intención es modificarlo por usos de suelo habitacional mixto, habitacional comercial, equipamiento, espacios abiertos y áreas verdes. A los vecinos les inquieta las consecuencias que traerán esos cambios en los usos de suelo, ya que al modificarse se permitirán construcciones de edificios más altos o con vocación comercial o mixta en áreas que hasta ahora son consideradas habitacionales. De acuerdo con un plano incluido en el documento ejecutivo del proyecto, la mayoría del área tendría un uso de suelo habitacional mixto, con densidades de construcción que irían de los 6 a los 40 niveles. La multiplicación de obras que conllevaría a una redensificación de la zona podría acarrear, además, un problema de escasez de servicios. Los que más les preocupan a los vecinos son el abasto de agua –de por sí insuficiente en las colonias, dicen– y la recolección de basura, también deficiente. No es esa su única preocupación. Los vecinos también advierten del riesgo de ser desplazados al estarse promoviendo una redensificación de la zona, sobre todo si se considera que el proyecto de Ciudad del Futuro planea la inversión tanto pública como privada.
AVANCE SIGILOSO El primer antecedente de la Ciudad del Futuro fue la donación de la Planta de Asfalto, ubicada en avenida del Imán 263, en la colonia Ajusco. El 8 de agosto de 2013, Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México (como se constituyó originalmente la actual PROCDMX) la desincorporó para posteriormente enajenarla, a título gratuito, para destinarla al proyecto de Zodes Ciudad del Futuro. Sin embargo, el proyecto contempla mucho más que sólo la Planta de Asfalto, pues abarcaría más de 500 hectáreas. Hasta ahora la información disponible sobre el proyecto de Ciudad del Futuro es escasa. En su portal electrónico sólo figuran dos respuestas que dio a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tras un punto de acuerdo promovido por algunos legisladores. Según las contestaciones que el director general de PROCDMX, Simón Levy Dabbah, ha dado a los cuestionamientos de la Asamblea, hasta noviembre del año pasado la creación de una Zodes seguía siendo evaluada. No obstante, los vecinos de las colonias Ajusco y Santa Úrsula hablan de veladas acciones que se están realizando y que estarían relacionadas con el proyecto Ciudad del Futuro. Una de ellas es la adquisición de predios. De acuerdo con Francisco Yoshihein Loredo Flores, vecino de la Colonia Ajusco, hay personas que están acudiendo a ver predios abandonados, con irregularidades o que quedaron intestados. Otro hecho que consideran relacionado con empujar el proyecto de la Ciudad del Futuro es el cierre de los parques Huayamilpas, Zapata y Durango. Los tres espacios, relatan los vecinos, fueron cerrados a principios de año supuestamente para trabajos de remodelación. Sin embargo, dicen, hasta ahora no se han visto avances en esas remodelaciones y quienes han podido entrar a los parques les han hablado de que por dentro están en obra negra. En el caso del parque Huayamilpas, cuya extensión es de más de 16 hectáreas, el documento ejecutivo del proyecto lo señala con potencial de convertirse en un parque urbano y podría representar un polo de atracción para nuevos desarrollos inmobiliarios. Para ello se propone cambiar su uso de suelo de ser un espacio abierto a uno de equipamiento con construcción de hasta tres niveles. Los vecinos lamentaron que los proyectos de modificación de ese tipo de espacios no se estén haciendo en función de las necesidades y usos actuales que le dan la gente que vive en la zona. Ejemplo de ello es el señor Genaro Jiménez, quien tenía un equipo de cachibol en el Parque Durango, pero los 25 jugadores del equipo fueron sacados de ese espacio con el argumento de que se construiría una alberca. Jiménez critica que se pretenda hacer ese tipo de equipamientos en una zona donde escasea el agua, en lugar de permitirle al grupo de ancianos que usara el espacio. La señora Concepción Gutiérrez añadió otro problema que, dice, están viviendo en la colonia Santa Úrsula y que también estaría relacionado con el proyecto Ciudad del Futuro: el aumento en los costos del impuesto predial. Refirió que en su caso, de los 2 mil pesos que habitualmente pagaba al año, en 2014 le llegó una cuenta por 12 mil pesos, pese a que no había hecho ninguna construcción a su casa. Este año, el monto fue de 16 mil pesos. Los vecinos ven estos aumentos desproporcionados como una forma de presionarlos para que paulatinamente se vayan de la zona. Otro mecanismo a través del cual los estarían presionando, y que al mismo tiempo demostraría que hay una intención de renovar la zona, es el cambio de autobuses y el aumento del pasaje en una de las rutas que abarca las colonias implicadas en el proyecto, a decir de Loredo. Desde hace varios meses algunos vecinos se enteraron de los planes que hay para modificar la zona donde viven, pero se quejan de que no fueron ni han sido tomados en cuenta por las autoridades sobre los cambios.
Tampoco, dijeron, han sido atendidos por las distintas autoridades del Gobierno capitalino a las que se han acercado: la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal y la delegación Coyoacán, cuyo ex titular, Mauricio Toledo Gutiérrez, busca ahora ser Diputado local.
Pese a las reiteradas violaciones del PVEM a la ley, evitan que le sean retirados sus spots durante lo que resta de la campaña electoral en desarrollo.
De nuevo las dos consejeras filopriistas que integran la Comisión de Quejas y Denuncias del INE protegieron la noche del viernes 8 al Partido Verde, al que 140 mil ciudadanos han pedido la cancelación de su registro. Dos propuestas para dejar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sin spots durante 63 días, o sea en lo que queda de la campaña y posteriormente, por desacatar las órdenes del Instituto Nacional Electoral (INE), fracasaron por decisión de esas dos integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo, impidiendo que estas sanciones sean votadas por lo pronto en el Consejo General. Por decisión de la presidenta de dicha comisión, Beatriz Galindo y la consejera Adriana Favela, ambos proyectos se devolvieron a la Unidad Técnica de lo contencioso electoral para que haga más diligencias en relación con la continuación de la entrega de tarjetas Premia Platino y la permanencia de 435 espacios de propaganda en las calles con la leyenda “Verde sí cumple”. El otro integrante de la comisión, José Roberto Ruiz Saldaña, votó en contra de retrasar la aplicación de estas sanciones y señaló que no hay argumentos para realizar más diligencias para sustentar las propuestas de castigar con mayor severidad al Verde, dado que las sanciones económicas no han sido efectivas. En la sesión se analizaron dos expedientes de irregularidades cometidas por el Partido Verde, ya que siguió entregando tarjetas Premia Platino que ofrecían descuentos en diversos establecimientos, razón por la cual se proponían 45 días de suspensión de propaganda y la mantuvo en las calles con leyendas como “Verde sí cumple”. Galindo y Favela argumentaron que no eran suficientes las pruebas presentadas por 13 ciudadanos que siguieron recibiendo dichas tarjetas, pese a la orden del INE, y devolvieron el expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que investigue si esto ocurrió realmente. Además de los tres integrantes de la Comisión de Quejas -Galindo, Favela y Ruiz-, también participaron en la sesión, con voz pero sin voto, la consejera Pamela San Martín y los consejeros Ciro Murayama y Enrique Andrade, éste también filopriista. Los consejeros Favela y Enrique Andrade plantearon que ese tema debía ser resuelto por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un procedimiento especial sancionador y no por el INE, atendiendo a una sentencia emitida por la Sala Superior esta semana, SUP-REP 227. Tanto Pamela San Martín como Ciro Murayama plantearon que esa sentencia no se puede utilizar para resolver este tema, y dijeron que, en todo caso, su espíritu es impartir justicia de manera expedita en vez de que esto sea por una vía tortuosa y lenta. En el segundo caso, aunque reconocieron que el PVEM incumplió en retirar propaganda en las calles, rechazaron sancionarlo con suspender durante 18 días la transmisión de la propaganda del partido en radio y televisión. También regresaron el expediente arguyendo que se debía castigar al partido con una sanción económica, pero no tenían elementos para determinar el monto. Los consejeros electorales expresaron abiertos disensos y críticas, lo que provocó que la sesión se alargara durante cinco horas y concluyera al filo de las 23 horas.
Pamela San Martín planteó que el partido lleva 190 millones de pesos en multas y les preguntó: ¿Creemos que será eficaz una multa económica? ¿Queremos dotar de eficacia nuestras determinaciones? ¿Cuantas veces vamos a multar y volver a multar para darnos cuenta que va a tener sentido lo que tenemos? FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
TOLUCA, Edomex: El Gobierno del Estado de México se encuentra obligado a ampliar la investigación por el caso OHL a otros integrantes del gabinete, como el exsecretario técnico, Indalecio Ríos, a no descartar al gobernador Eruviel Ávila e incluso a llegar al gabinete federal, pues apenas en febrero pasado el Ejecutivo estatal promovió la ampliación de los plazos de concesión para las autopistas que esta empresa opera en la entidad, advirtió el diputado con licencia Octavio Martínez. El actual candidato a la presidencia municipal de Ecatepec recordó que su bancada, la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se opuso el pasado 12 de febrero, cuando la Legislatura mexiquense convocó a un urgente periodo extraordinario de sesiones para desahogar con celeridad una iniciativa del Ejecutivo estatal, a la ampliación de las concesiones de operación de autopistas. La reforma al Código Administrativo del Estado de México, avalada por la mayoría de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista (PVEM), facultó a la Secretaría del Transporte para que decida sobre la ampliación de los contratos con las empresas que operan las autopistas, a pesar de que hayan recuperado su inversión antes de concluir el plazo establecido. A cambio, la misma dependencia sólo debía fijar, de forma discrecional y unilateral, “la contraprestación que considere pertinente”. Con la modificación, recordó el perredista, el Gobierno del Estado de México renunció a la oportunidad inédita para allegarse de dos mil cien millones de pesos que anualmente arrojan como utilidad las autopistas de la entidad. El Ejecutivo mexiquense arguyó incapacidad financiera y técnica para operar las vialidades, justificación que el perredista consideró absurda. Autorizar la ampliación de los contratos, dijo, implicó renunciar a explotar y recibir más de dos mil cien millones de pesos, aunque hay otros datos que establecen que pueden ser dos mil 400, que podrían servir para el desarrollo de la entidad. “El Estado no debió renunciar anticipadamente a esos ingresos; dice que no está en condiciones de asumir la operación (de las autopistas), pero se tienen utilidades equivalentes al presupuesto anual de Toluca, Naucalpan, o de 15 municipios rurales, recursos que podrían emplearse para obra pública, salud, programas sociales, educación y seguridad”, expuso. La reforma, destacó, fue parte de una serie de acuerdos del Gobierno de la República con la concesionaria, y por eso fue aprobada con urgencia. El perredista recordó que, al fijar personalmente el posicionamiento de su grupo parlamentario en tribuna, denunciaron que detrás de la iniciativa se encontraba la empresa española OHL, beneficiaria de varias autopistas en la entidad, incluida la más cara del país: el Circuito Exterior Mexiquense. “Es en el Estado de México donde se encuentran las carreteras de cuota más onerosas de todo el país y de América Latina. Soy de los que cree que esta iniciativa se hizo en el corporativo de OHL, una empresa que se empezó a desarrollar en el Estado de México, que mutó a la rama de aeropuertos y hotelera, atropellando permanentemente derechos de particulares”, señaló entonces. Al día de hoy, reiteró, el Circuito Exterior Mexiquense tiene litigios con más de mil 200 familias de Ecatepec, Tultitlán y Coacalco porque dañó estructuralmente su patrimonio, “la empresa se comprometió a indemnizar en casos incluso de pérdida total y es la hora que no ha dado ni un centavo”, lamentó.
Por estas razones, Martínez Vargas indicó que si de verdad el Gobierno del Estado se encuentra dispuesto a la transparencia, y ha anunciado su voluntad para regular, evitar y sancionar los conflictos de interés, y para abatir la corrupción, debe ampliar la investigación a otras obras de la empresa en la entidad, a funcionarios de primer nivel de su gabinete, incluido su entonces secretario técnico, Indalecio Ríos, en su calidad de coordinador de todas las acciones de los funcionarios estatales, al propio gobernador y a funcionarios del gabinete federal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA.
XALAPA, Ver: Bajo la consigna de que una “madre jamás dirá ‘ya me cansé de buscar’”, cientos de mujeres salieron a las calles de Xalapa y del Puerto de Veracruz para exigirle al gobernador Javier Duarte, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no claudiquen ni se dobleguen en la búsqueda de sus hijos. Con una enorme lona blanca en vivos rosas, las madres de personas desaparecidas fustigaron al gobierno de Peña Nieto y al de Javier Duarte: “¿Y nosotras qué festejamos?”. La nutrida marcha en Xalapa incluyó una caminata por media ciudad de sur a la zona centro para hacer dos paradas: una en la Plaza Regina Martínez, frente a la oficina del mandatario priista y otra en el Monumento a la Madre. En el Palacio de Gobierno las inconformes reprocharon la ola de inseguridad que hizo proliferar las desapariciones forzadas en Veracruz:
“No sólo fue el dolor de parto, hoy el dolor es permanente, se llevan a nuestros hijos, pero también dejaron a sus madres vacías, con los brazos abiertos”, dijeron. Con gritos de dolor, cartulinas blancas, lonas, fotografías de sus hijos, playeras blancas con la imagen estampada de los suyos y de sus hijos menores, un centenar de madres de desaparecidos se hicieron sentir en la capital del estado. En Veracruz, el reciente asesinato de la joven Columba Campillo y la proliferación de jóvenes “levantados” en los últimos cinco años, también hizo que madres y padres de familia salieran a la calle a protestar desde el Tranvía del Recuerdo hasta el turístico Malecón de Veracruz. “¿Dónde está Jonatán?, ¿Dónde está Guillermo?, ¿Dónde está Javier?, ¿Dónde está Yurelly?, ¿Dónde está Citally?, ¿Dónde está Karla?, ¿Dónde está Jesús Alberto?”, clamaban las madres a través del altoparlante.
Por ejemplo, María Antonieta Roa busca a su hijo Guillermo Muñoz Roa, de 34 años, desaparecido desde el 16 de noviembre del 2001; los pequeños hijos de Yureny Citlally Hernández Delgado, quien hoy tendría 30 años, la buscan desde el 28 de noviembre de 2011. Con lágrimas resbalando por las mejillas, Fabiola Pensado Barrera contó a reporteros que busca a su hijo Argenis Yosimar Pensado desde marzo del 2014. Y así el resto de los casos.
Por eso al final de la protesta, las madres extendieron una enorme lona blanca en tonos rosa con la leyenda: “¿Y nosotras que festejamos?”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
XALAPA, Ver: Columba Campillo González, joven de 16 años “levantada” el pasado miércoles en el bulevar del Puerto de Veracruz y arrojada muerta dos días después en el fraccionamiento residencial Los Delfines de Boca del Río, fue “inyectada” y posteriormente asfixiada con una almohada por sus secuestradores, quienes tomaron la decisión de privarla de la vida una vez que se le “cayó” la venda que cubría los ojos y reconoció a sus captores, resumió la Fiscalía General del Estado. El asesinato de Campillo González, estudiante del colegio privado Villa Rica y que dio origen a la viralización en redes sociales de la etiqueta #MeDuelesVeracruz, cimbró las estructuras de seguridad pública y de procuración de justicia del gobierno de Javier Duarte , razón por la que se desplegó una cuadrilla de detectives y una estrecha coordinación con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para dar con los autores materiales e intelectuales. El artero homicidio de la joven y la etiqueta #MeDuelesVeracruz fue combinado con la ola de violencia desatada en Veracruz, que llevó a los cibernautas a repudiar al gobierno de Duarte y a exigir la renuncia del secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez. Según el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, el asesinato de la menor se dio una vez que sus captores encabezados por Tonatiuh García Alguarme, de 29 años, en complicidad con Rosa Ileana Mortera Trolle, de 38, deciden “secuestrar” a Columba Campillo porque su familia (abuelos) tiene un “restaurante” y “mucho dinero”.
Bravo expuso que para ganarse la confianza de Campillo, Mortera se fue acercando a la menor y compartiendo el gusto por el ejercicio, “es así, cuando la indiciada se gana la confianza de la menor y la familia”. El fiscal general del Estado reveló unos audios de las llamadas telefónicas entre la madre de la menor asesinada y García Alguarme en las cuales éste pide un rescate de un millón de pesos, so pena de matar a la menor si el dinero no es entregado a la brevedad. Sin embargo, la comunicación entre la familia Campillo González y los secuestradores de la menor, cautiva en un hotel de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se cortó una vez que a Columba se le cayó el vendaje de los ojos. “Hubo una estrecha colaboración con la PGJ de Puebla, quienes intervinieron el día de ayer a Ileana Mortera, quien es señalada por Tonatiuh García de haber facilitado (sic) toda la información con respecto a la menor privada de la vida; señaló su rutina, el restaurante propiedad de su familia”, detalló Bravo.
Añadió que después de asesinarla, los captores abordaron un “taxi ilegal” y la dejaron en un predio baldío de Boca del Río: “La persona que buscó el acercamiento con Columba, a través de las rutinas de ejercicio es Ileana Mortera, quien intercambia números telefónicos, incluso quedó plasmada una amistad en la red social Facebook”, expuso Bravo Contreras. Hubo otras tres personas detenidas, Osiris Alguerme García –hermano de Tonatituh– y quien contaba con una orden de aprehensión, y dos sujetos más que habrían participado en el secuestro y homicidio de Columba, de quienes sólo se proporcionaron sus apodos. Luis Ángel Bravo aseguró que a Tonatiuh García se le tienen abiertas otras averiguaciones previas, pues en su confesión señaló que era la “cuarta vez” que cometía un secuestro. “No hubo participación de la delincuencia organizada, es un secuestro y un homicidio generado desde el origen doméstico, es una persona del entorno quien facilita la información, pues hay lazos de comunicación que son verdaderos”, explayó Bravo. La familia de Ileana Mortera ya se inconformó por lo que aducen como una “detención ilegal”, pues fue intervenida en Puebla sin una orden de aprehensión, además de que alegan que la hoy indiciada tiene más de un año de vivir en el municipio de Cholula, Puebla y sólo baja al puerto de Veracruz cuando participa en eventos deportivos. En relación a Melisa Hernández, quien apareció en Acapulco, Guerrero con su pareja sentimental luego de que sus padres interpusieron la denuncia ministerial 113/2015 por “desaparición forzada”, el fiscal Luis Ángel Bravo dejó entrever que ya no habrá intervención gubernamental si decide volver a irse, como ya amagó la joven. “Si decide ella volver a irse con su pareja sentimental, ella es mayor de edad y decide de su vida, no tiene nada que ver con un secuestro, pese a lo que se movió (sic) en redes sociales”. Pese a esta resolución ministerial, en Twitter y Facebook las recriminaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de Javier Duarte son más que evidentes. “Indigna y duele el terrible asesinato de la joven Columba Campillo ¿Qué futuro se construye para los jóvenes veracruzanos?”, “Brutal indignante Columba Campillo 16 años salió a correr y así la encontraron violada y asesinada”, “Y cómo festejar a una madre cuy@ hij@ está desaparecid@ o muert@ ? Con licuadoras, con frutsis, con un pastelillo?”, “Se tiñe de sangre. Mientras, Javier Duarte entona su melodía “Aquí no pasa nada”. Además: “Lo bueno que ya ni ganas de salir me dan. Qué triste la inseguridad, pesadillas que se hacen realidad”, “Que tristeza me da pensar en que mañana podría ser yo, mi hermana o una amiga y no se haga nada al respecto”.
“Veracruz, estamos llegando a los límites de la impunidad. Columba Vive. Fuerza Villa Rica”, “La situación está como para que las jóvenes se encierren y no salgan ni a la escuela”, “Hasta cuándo Duarte, ¿hasta cuándo seguirán robándonos el derecho de vivir tranquilamente?”, son sólo algunos de los reclamos en redes sociales ante la violencia y la inseguridad. ANTECEDENTE: “Levantan” a tres jóvenes en Veracruz; matan a una, violan a otra y no aparece la tercera
XALAPA, Ver: El “levantón” de tres jovencitas en las últimas 72 horas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en la capital del estado ocasionó la indignación ciudadana por la presunta inacción oficial, lo que se tradujo en las redes sociales con la etiqueta #MeDuelesVeracruz. Una de ellas, Columba Campillo, de 16 años, apareció muerta esta mañana en un predio baldío del fraccionamiento residencial Los Delfines.
Otra más, Melissa Espinoza Hernández, desapareció la noche del miércoles 6 al salir de clases de la Facultad de Administración en el puerto de Veracruz, según sus amigas, aunque alcanzó a mandar un mensaje de texto en donde pedía auxilio y hasta el momento se desconoce su paradero.
La tercera muchacha, de 16 años, del Conalep Xalapa, fue “levantada” esta mañana por cinco desconocidos, quienes la violaron y después la abandonaron en la calle de Encanto, muy cerca del palacio legislativo y de la sede del Poder Judicial. La menor tuvo que ser trasladada con urgencia a un hospital de Xalapa mientras sus padres interponían la denuncia penal 698/2015, la cual quedó registrada en la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia. En el caso de Columba Campillo, estudiante de preparatoria del colegio privado Villa Rica, ella había salido a hacer ejercicio en el bulevar costero de Boca del Río, cuando desconocidos la “levantaron” ayer y hoy apareció sin vida, con signos evidentes de violencia sexual y física. En Twitter y Facebook las recriminaciones a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y al gobierno de Javier Duarte son más que evidentes. “Lo bueno que ya ni ganas de salir me dan. Qué triste la inseguridad, pesadillas que se hacen realidad”, “Que tristeza me da pensar en que mañana podría ser yo, mi hermana o una amiga y no se haga nada al respecto”.
Asimismo, “Veracruz, estamos llegando a los límites de la impunidad. ColumbaVive. Fuerza Villa Rica”, “La situación está como para que las jóvenes se encierren y no salgan ni a la escuela”, “Hasta cuándo Duarte, ¿hasta cuando seguirán robándonos el derecho de vivir tranquilamente?, “#UnaFraseQueDetesto Aquí no pasa nada, sólo roban frutsis y pingüinos”, entre otras protestas contra la inacción oficial.
Por su parte, activistas y cibernautas han comenzado a difundir la leyenda “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, y bajo esa premisa han empezado a convocar a una marcha de protesta contra los sistemas de seguridad y procuración de justicia del gobernador Javier Duarte.
La movilización, según sus promotores, se llevaría a cabo el próximo domingo a las diez de la mañana, partiendo del Tranvía del Recuerdo hacía el zócalo de Veracruz. Tweets sobre #MeDuelesVeracruz
En caso de que el Consejo General del INE apruebe la sanción contra el Partido Verde, será la tercera multa más alta en la historia, detrás del Pemexgate y de los Amigos de Fox, dijo el consejero Ciro Murayama.
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral resolvió este domingo 10 de mayo proponer al Consejo General del INE una multa de 329.3 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por recibir aportaciones en especie por parte de legisladores y Grupos Parlamentarios del propio instituto político. Así lo dio a conocer el consejero Ciro Murayama a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que, en caso de que la multa se apruebe, “será la más alta en la historia, sólo detrás del Pemexgate y Amigos de Fox”. Otro de los consejeros que participó en la Comisión de Fiscalización, Javier Santiago, señaló que será el próximo miércoles 13 de mayo cuando el Consejo General del INE analice y resuelva si la multa se aplica.
“La sanción en materia de fiscalización se desprende de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinó que el PVEM obtuvo un beneficio indebido de los promocionales alusivos a los informes de labores de los legisladores que se transmitieron entre septiembre de 2014 y febrero del 2015. El proyecto considera que estos promocionales constituyeron una aportación en especie de parte de personas que tienen prohibido hacer donaciones a los partos políticos”, indica un comunicado. La Comisión explicó que la propuesta de multa se desprende de las quejas presentadas por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). “La Comisión determinó calificar la infracción como grave especial e imponer una multa equivalente al 300% del monto de los contratos para la producción y difusión de los promocionales”, agregó.
Comisión de Fiscalización del @INEMexico resolvió hoy proponer al Consejo General multa de 329 millones al PVEM por aportaciones ilegales.
La resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización propone sancionar al Partido Verde por un monto de 322.5 millones de pesos por los promocionales pagados por los grupos parlamentarios y por 6.8 millones de pesos adicionales por aquellos pagados por legisladores del partido, a partir de la reducción de 40% de su ministración mensual hasta alcanzar la suma de la sanción. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Policías de Ciudad Juárez, Chihuahua, aún utilizan 500 fusiles de las armas vendidas ilegalmente por la empresa alemana Heckler & Koch a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con el informe final de la Unidad de Delitos Aduaneros de la ciudad de Colonia, Alemania, (ZKA) dado a conocer por la prensa de ese país, entre 2003 y 2011, Heckler & Koch vendió a México 9 mil 472 fusiles de alto poder G-36. Sin embargo, 4 mil 767 de esas armas se distribuyeron de forma ilegal por Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua. El suministro de más de dos mil 190 fusiles a las policías de Chihuahua se realizó del 2005 al 2011. Hace tres semanas el Ejército solicitó que sean devueltas para su destrucción con el argumento de que ese tipo de armamento sólo es para países en guerra, afirmó el Fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás. El funcionario estatal informó ayer que las armas, cuyo costo por unidad asciende en promedio a los 40 mil pesos, ya fueron entregadas en su mayoría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero faltan las que están en poder de la corporación juarense. “Por alguna razón que realmente desconozco, la Sedena decidió recoger todo este armamento a los estados que nos lo había vendido previamente. En el caso de Chihuahua nos referimos a estos rifles HK G-36, de origen alemán, y son un total de 2 mil 190 rifles. Dijeron que los van a destruir por algún problema que se tuvo con esta empresa, pero quiero aclarar que es inexacta la aseveración que ha aparecido en algunos medios, porque ninguna empresa que se dedica a la venta de armas puede venderle a los estados. La ley no nos permite adquirir una sola arma directamente, más que a través de la Sedena y con todos los controles que esto implica”, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). La pérdida para el gobierno de Chihuahua y los municipios por regresar 2 mil 190 fusiles HK G-36 para su destrucción, se calcula en 87 millones de pesos. Para compensar el déficit, las autoridades militares prestaron igual número de rifles “Fall” al gobierno chihuahuense y a los municipios. “Estos rifles HK G-36 fueron comprados durante varios años a la Sedena, cumpliendo con toda la regulación y los lineamientos. A este momento se han recogido todos los rifles de los municipios, porque de los 2 mil 190, son casi 800 los que manejaba la Policía del Estado y el resto las policías municipales”. El Fiscal agregó que las armas que adquieren y utilizan los ayuntamientos lo hacen a través de la propia licencia del gobierno estatal. “Nosotros como gobierno ponemos la licencia y por este conducto los municipios le compran a la Sedena las armas. Hasta donde sé, a casi todos los municipios ya se les han recogido estas armas y se han entregado al Ejército, sólo falta Juárez, pero ya la próxima semana se les estarán retirando algo así como 500 fusiles HK”, abundó. Con respecto a los rifles “Fall” que les prestó el Ejército, González Nicolás añadió que son de fabricación belga y de años anteriores. “El gobierno no tiene problema [por el retiro de armamento] porque tenemos en el almacén suficientes armas, inclusive de nueva generación, armas más sofisticadas que las HK, que hemos ido comprando, como Bereta, y con esto estamos sustituyendo las armas que entregamos. Pero [en] algunos municipios, mientras compran armas de nueva generación, la propia Sedena ya les proporcionó esos rifles Fall, que son de un calibre .308 más grueso. Son rifles grandes de alto poder”. EXPORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS De acuerdo con las investigaciones de la Oficina Criminal de Aduanas de Colonia (Köln), Alemania, la empresa Heckler & Koch, dedicada a la fabricación de armas de fuego, exportó a México entre 2003 y 2011 un total de 9 mil 472 armas, de las cuales más de 2 mil fueron para Chihuahua; mil 924 para Guerrero; 561 para Chiapas y 198 para Jalisco. La transacción se realizó a pesar de que las leyes aduanales internas de Alemania lo prohiben por tratarse de entidades en conflicto, dominadas por la violencia y donde no se respetan los derechos humanos. La venta se realizó mediante una triangulación financiera en la que participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual suministró el armamento a los estados “vetados”. El viernes pasado, el fabricante alemán de armamento Heckler & Koch rechazó culpa alguna por el envío de miles de armas de manera ilegal a México. “Las investigaciones se remiten a antiguos trabajadores de la empresa”, informó la compañía. Dijo que tres de los cinco señalados como responsables no trabajaban o ya no trabajan para la empresa.
Aseguró que dos fueron despedidos después de que Heckler alcanzara un acuerdo con ellos a finales de 2014 en el Tribunal Laboral de Friburgo por el que la empresa los contrató como freelance. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN/Heriberto Barrientos. LINK: http://www.sinembargo.mx/10-05-2015/1340730.
MÉXICO, D.F: El proceso de elaboración de una Constitución para la Ciudad de México sería una oportunidad de oro para articular la amplia diversidad de corrientes opositoras al régimen de oprobio que hoy nos mal gobierna. Los 9 millones de habitantes del Distrito Federal se encuentran entre los más participativos y visionarios del país. Un proceso verdaderamente democrático que permitiera el libre flujo de ideas podría generar una explosiva sinergia ciudadana contagiando a las otras entidades del país con un espíritu rebelde y renovador. Desde hace décadas los capitalinos han estado a la vanguardia en las transformaciones políticas nacionales. La histórica participación solidaria en respuesta al terremoto de 1985 en la Ciudad de México dio una contundente lección al régimen autoritario y neoliberal encabezado por el presidente Miguel de la Madrid. Y las sorpresivas victorias electorales de la izquierda durante las primeras dos elecciones para la jefatura de gobierno, primero con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y después con Andrés Manuel López Obrador en 2000, generaron una enorme esperanza entre la población de que era posible concretar una nueva forma de hacer política. Hoy los habitantes del Distrito Federal siguen siendo los ciudadanos quienes tienen menos tolerancia para las mentiras del PRI y del PAN. Las elecciones de 2006 y 2012, tanto para la Presidencia de la República como para la jefatura de gobierno, casi desaparecieron al PRI del mapa político en la capital y han mantenido al PAN con una representación estrictamente minoritaria. Y actualmente los capitalinos reprueban de manera contundente tanto a Miguel Ángel Mancera como al PRD por su actitud represora, su deleznable servilismo a Enrique Peña Nieto y su abierta complicidad con el régimen de corrupción neoliberal. Sin embargo, si bien predomina una actitud crítica y consciente, los “chilangos” también somos víctimas de sectarismos y desconfianzas propios de la vida urbana que debilitan nuestra capacidad de acción colectiva. La intensidad de la vida profesional, personal y escolar también obstaculiza la coordinación de esfuerzos. En lugar de caminar juntos a favor de una meta común, la dinámica de la vida en el Distrito Federal empuja a los capitalinos hacia la multiplicación de nuevas iniciativas, muchas relevantes e importantes pero sin articulación alguna entre sí. La construcción de una Constitución para la Ciudad de México ayudaría enormemente a superar estos problemas de desarticulación y desconfianza. En este proyecto podrían confluir fácilmente radicales y moderados, organizaciones populares y organizaciones civiles, militantes de Morena y “anulistas”, líderes estudiantiles y sindicalistas, jóvenes y personas de la tercera edad, trabajadores informales y formales, tuiteros y facebookeros. Si el proceso se abriera auténticamente a la participación de la población en su conjunto, se podría generar un pequeño laboratorio para un eventual nuevo constituyente también a nivel federal. La población mexicana reclama y demanda nuevas oportunidades para la participación democrática. Frente al derrumbe de la confianza ciudadana en las instituciones realmente existentes urge iniciar procesos de articulación social y política para ir reconstruyendo nuestra capacidad de soñar y actuar juntos. Ello es el contexto para la trágica decisión del Senado de la República de cerrar al máximo el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo con la versión aprobada, hoy en espera de su análisis y votación en la Cámara de Diputados, 40 de los 100 integrantes del Congreso Constituyente serían elegidos por los partidos del Pacto por México, incluyendo 28 legisladores federales en funciones y 12 nombrados por “dedazo” por Enrique Peña Nieto y Mancera. Los otros 60 serían electos por la población, pero sin un verdadero proceso de auscultación, debate y participación ciudadana o garantías con respecto a la representatividad de la diversidad de los sectores e intereses sociales en la capital. El objetivo político es claro. Se busca evitar a toda costa que el nuevo constituyente en el Distrito Federal rompa con las arraigadas prácticas de simulación institucional y exclusión ciudadana consolidadas dentro del marco del Pacto por México. Peña Nieto y Mancera saben perfectamente bien que un proceso verdaderamente democrático podría destapar un amplio proceso de esperanza y acción ciudadana en todo el país, similar a lo que ocurrió con la Convención de Aguascalientes de 1914.
Los capitalinos merecemos más y el país merece mejor. En lugar de utilizar el nuevo constituyente para consolidar la simulación autoritaria y traicionar a los capitalinos, habría que aprovechar este proceso histórico para resucitar y regenerar la esperanza ciudadana. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JOHN M. ACKEERMAN.
OAXACA, Oax: Alrededor de 500 policías desalojaron unos 400 puestos ambulantes que amparados en el magisterio se instalaron de manera anárquica desde hace casi cinco meses en el zócalo capitalino. El gobierno del estado dio a conocer que el operativo policial se realizó la madrugada de este domingo sin ningún incidente, al desmantelar en 40 minutos todas las estructuras que colocaron los “ambulantes magisteriales” desde el pasado25 de enero en el Zócalo de esta ciudad. Detalló que a las 02:00 horas de hoy, unos 500 efectivos y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Municipal, Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, así como del Cuerpo de Bomberos, desalojaron los puestos sin registrarse confrontación, ni actos de resistencia, ni detenidos. Conjuntamente con los inspectores del municipio de Oaxaca de Juárez se realizó el retiro de un remanente de estructuras de madera -sin mercancía- ubicadas en el andador perimetral del Zócalo capitalino. La intervención policiaca en la plancha del zócalo y alameda de la capital duró 40 minutos, sin que se registraran hechos de resistencia por parte de los vendedores ambulantes o actos de violencia, para posteriormente llevar a cabo un dispositivo de limpieza a través del personal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. En el mismo operativo se retiraron una veintena de tiendas de campaña, muchas de ellas vacías que se encontraba en los portales de la fachada principal de Palacio de Gobierno, que se instalaron desde el pasado 25 de enero de 2015.
Precisaron que la fuerza pública permanecerá en las inmediaciones del zócalo de la ciudad de Oaxaca, con el propósito de evitar la ocupación de este tradicional espacio por vendedores ambulantes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: La geografía de la desaparición de personas fue notoria hoy por el Paseo de Reforma. Madres con hijos e hijas desaparecidos en los muchos hoyos negros que existen en el país, marcharon por cuarta ocasión desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para denunciar que ese fenómeno crece y que por la inacción y la corrupción de las autoridades ellas no tienen nada que festejar el 10 de mayo. “¿Por qué los buscamos?/Porque los amamos”. “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”. “Las desapariciones no son un caso aislado, son política de Estado”. Esas fueron algunas de las consignas que gritaron las madres participantes en la llamada “Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a nuestros hijos e hijas, buscando la justicia y la verdad”. En la avenida Reforma se encontraron y caminaron juntos los diferentes episodios de la histórica impunidad, la muestra de que la sangría de personas se convirtió en epidemia. Ahí estaban contingentes añejos como los surgidos en Guerrero tras las la guerra sucia de los años 70, el comité HIJOS de esos desaparecidos que hoy son treintañeros, los remanentes de Eureka marchando a un lado a las madres juarenses huérfanas de hijas por los feminicidios (que se registran desde el año 93 hasta nuestros días) y cuya ola homicida tiene uno de sus brotes más importantes en el Estado de México. El grupo más nutrido, el que inauguró estas marchas, es el de las madres huérfanas de hijos desde la sangrienta “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón que logró el rápido surgimiento de comités de familiares en busca de sus hijos e hijas en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Morelos, Michoacán, Guerrero y Guanajuato, dio origen al Movimiento por la Paz que se convirtió en plataforma nacional e hizo aparecer en el mapa a los comités de migrantes a los que se les perdió la pista en México. En cada estado se crearon grupos y subgrupos por región. Los contingentes recién nacidos, los que se estrenaron en esta triste marcha del Día de las Madres solas fueron los comités de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, “Los otros Desaparecidos” de Iguala que recordaron al mundo que las víctimas son más de 43, los Mexiliados en Estados Unidos o el de familiares de Allende, Coahuila, víctimas de la masacre recién admitida por las autoridades. Este año dos de los grupos más nutridos, notorio su rápido crecimiento, fueron los de Veracruz (el estado donde el gobernador se ufana porque los únicos delitos son los robos de Frutsis y Pingüinos del Oxxo) y Querétaro (donde el fenómeno permanecía oculto). “El día de la madre en vez de salir a comer chocolatitos o recibir florecitas nos obligaron a salir a esto. Le estamos pidiendo al gobierno de Javier Duarte que nos diga dónde están”, dijo la señora Luci Díaz, integrante del grupo de madres “El Sol Volverá a Brillar”, uno de los diversos colectivos surgidos en esa entidad y quien busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes, sacado de su casa en junio de 2013. Tamaulipas, la meca de las desapariciones en México, no tiene comité propio; ahí la gente no puede denunciar por miedo a la muerte. Este cuarto año hubo varias madres ausentes que una cartulina hizo notar: Margarita Santizo, quien buscó cinco años a su hijo el policía federal Esteban Morales y cuya última voluntad cuando la consumió el cáncer en 2014 fue que la velaran a las puertas de la Secretaría de Gobernación. Marisela Escobedo, la madre chihuahuense que por exigir castigo para los asesinos de su hija Rubí fue asesinada en 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. La coahuilense Alma Solís, quien murió en 2013 exigiendo noticias sobre su hijo Juan Antonio Ornelas Solís, desaparecido en 2009. Sandra Luz Hernández, la mamá que hace un año murió acribillada cuando caminaba por calles de Culiacán, Sinaloa, después de dos años de investigar el paradero de su hijo Édgar Guadalupe Félix Hernández. Martina Ramos, madre de Rubén Limón Ramos, desaparecido en 2011 en Saltillo. “Madres que ya no están… pero continuamos buscando a sus hij@s”, se leía en la cartulina donde se exhibían las fotos de estas madres-activistas. “No sólo somos 43”, gritaban cada tanto varias de las manifestantes cada vez que la consigna iba dirigida únicamente para lamentar la ausencia de los estudiantes de Ayotzinapa. Cuando un grupo de manifestantes pasó lista contando del 1 al 43, por cada uno de los normalistas, no faltó el reclamo: “Ahora cuenten hasta 25 mil por cada uno de los otros”. En un comunicado de las diferentes organizaciones de familiares y los centros de derechos humanos convocantes, señalaron: “Desde el primer día que nos arrancaron de manera violenta a nuestros hijos e hijas no hemos dejado de buscar, de gritar sus nombres en las calles y en el silencio amoroso de nuestro corazón; no hemos dejado de pedir a quienes se los llevaron que nos los regresen y de exigir justicia a quienes tuvieron que haber evitado esta tragedia y no hicieron nada. El manejo perverso de cifras oficiales no logra simular la tragedia humanitaria que estamos viviendo; la demanda de búsqueda-localización, Verdad y Justicia de las familias de las más de 26 mil personas desaparecidas en México y de los más de 10 mil migrantes desaparecidos en trance por nuestro país, sigue siendo nuestra principal e irrenunciable demanda y no pararemos de recorrer calles, dependencias, cuarteles y cárceles; montañas y desiertos hasta saber que pasó con ellos y ellas”. En su discurso, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, culpó al gobierno de no acabar con la epidemia de las desapariciones porque es también culpable: “Son cómplices. Tienen miedo de que se les descubra y acabe su negocio”. Lo arroparon los aplausos de los asistentes. Señaló que las desapariciones de personas han echado abajo la imagen internacional del México “próspero y pacífico” que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha querido mostrar. El mexicano Santiago Corcuera, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), criticó al gobierno porque la lucha contra este delito no ha sido una prioridad. Desde El Vaticano, el Papa Francisco envió una bendición a las personas que están en “la lucha contra todo tipo de corrupción y proceder mafioso”, leído por el sacerdote italiano y representante de la organización antimafia Líbera y el Colectivo Alas, Tonio Dell’Olio.
Por parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Yolanda Morán expresó al final de la marcha que se sentía dolida no sólo por la indolencia de las autoridades, también por la de la sociedad mexicana que no ha querido darse cuenta de que cualquier familia está expuesta a convertirse en una nueva víctima. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCELA TURATI.
