MÉXICO, D.F: El exsubdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares, uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue recluido hoy en el penal federal de Tepic, Nayarit, acusado de portación de arma de uso reservado a las fuerzas armadas.
En un escueto comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el inculpado fue detenido por elementos de la Policía Federal en Cuernavaca, Morelos, el pasado jueves 7, en flagrancia, por lo que fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración ministerial.
El parte informativo no hace mayor mención del papel que desempeñó en la desaparición de los normalistas en septiembre del año pasado, salvo que en ese entonces se desempeñaba como subdirector operativo de la Policía Municipal de Iguala, y que contaba con una orden de aprehensión vigente librada por el juez Primero de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas.
Salgado Valladares ingresó este lunes al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 “El Rincón” de Tepic, Nayarit.
De acuerdo con reportes dados a conocer por la propia PGR desde noviembre de 2014, Salgado Valladares fue quien ordenó a César Nava, exsubdirector de Seguridad Pública del municipio de Cocula, trasladar al grupo de normalistas al punto identificado por las autoridades como Loma de los Coyotes, en donde fueron recibidos por integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes presumiblemente los habrían incinerado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
lunes, 11 de mayo de 2015
Problemas en trenes y comunicación: choferes narran el choque en el Metro
Los choferes coincidieron en que el día del accidente había una fuerte lluvia acompañada con granizo; uno de ellos narró que trató de frenar, pero fue imposible, y que además ni los limpiaparabrisas funcionaban.
Aún falta un día para que las autoridades del DF revelen las causas del choque en el Metro Oceanía, en el que 12 personas resultaron heridas. Sin embargo, los choferes de ambas unidades coincidieron este lunes 11 de mayo en que la colisión ocurrió por la intensa lluvia de ese día y por diversas fallas, tanto en las unidades como en la comunicación con el Puesto de Control Central.
Fernando Israel Rosales Martínez narró a Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que previo al choque no recibió aviso alguno acerca de que estaba lloviendo, por lo que no cambió el modo de conducción de piloto automático a manual, como indica el protocolo.
Agregó que al salir del túnel, ya para llegar a la estación Oceanía, se percató “de la fuerte lluvia acompañada de granizo, una cortina que no permitía la visibilidad; intento poner mis limpiaparabrisas, el cual no funciona (…) no lo detengo (al tren) porque la pendiente es muy elevada y se corre el riesgo de que si yo bloqueaba el tren se regresara (…) Por seguridad, lo termino de subir adonde está techado, para entonces proceder a cambiar el modo de pilotaje automático a manual, para tener control del tren”.
De acuerdo con su narración, tras cambiar el modo de conducción, el tren se comenzó a deslizar. Hasta ese momento veía una “señalización permisiva” para continuar su trayectoria, pero intentaba detener el tren sin éxito. “Salgo del techado y nuevamente me encuentro la cortinilla, pero sin alcanzar a ver la señal de entrada (…) ya cuando logro entrar a la estación, veo que ya la tengo en rojo; ahí es donde pido mi primer corte corriente (también sin éxito)”.
Pero, ¿por qué se encontró con un tren a pesar de que la primera señalización indicaba que podía avanzar?
Rodrigo Pacual Martín, chofer del otro convoy, dijo en el programa radiofónico que tuvo que parar porque vio un objeto, como una lámina, caer a las vías del tren. “Apliqué frenado para no dañar el tren (…) Llamé al puesto de control para solicitar corte de corriente, (pero ) la comunicación estaba anunciada como mala desde el 3 de mayo”.
De acuerdo con un documento presentado la semana pasada en el noticiario de Denise Maerker en Grupo Fórmula, el tren que chocó el lunes pasado en el Metro del DF había registrado 22 fallas en sólo 26 días, antes del accidente.
Además, las autoridades de la Ciudad de México lo habían presentado como “recuperado” el 6 de febrero de 2014, después de haber pasado tres años sin dar servicio por “presentar fallas en las tarjetas PCST de los equipos Agate, quecontrola la tracción y frenado del tren“.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Aún falta un día para que las autoridades del DF revelen las causas del choque en el Metro Oceanía, en el que 12 personas resultaron heridas. Sin embargo, los choferes de ambas unidades coincidieron este lunes 11 de mayo en que la colisión ocurrió por la intensa lluvia de ese día y por diversas fallas, tanto en las unidades como en la comunicación con el Puesto de Control Central.
Fernando Israel Rosales Martínez narró a Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que previo al choque no recibió aviso alguno acerca de que estaba lloviendo, por lo que no cambió el modo de conducción de piloto automático a manual, como indica el protocolo.
Agregó que al salir del túnel, ya para llegar a la estación Oceanía, se percató “de la fuerte lluvia acompañada de granizo, una cortina que no permitía la visibilidad; intento poner mis limpiaparabrisas, el cual no funciona (…) no lo detengo (al tren) porque la pendiente es muy elevada y se corre el riesgo de que si yo bloqueaba el tren se regresara (…) Por seguridad, lo termino de subir adonde está techado, para entonces proceder a cambiar el modo de pilotaje automático a manual, para tener control del tren”.
De acuerdo con su narración, tras cambiar el modo de conducción, el tren se comenzó a deslizar. Hasta ese momento veía una “señalización permisiva” para continuar su trayectoria, pero intentaba detener el tren sin éxito. “Salgo del techado y nuevamente me encuentro la cortinilla, pero sin alcanzar a ver la señal de entrada (…) ya cuando logro entrar a la estación, veo que ya la tengo en rojo; ahí es donde pido mi primer corte corriente (también sin éxito)”.
Pero, ¿por qué se encontró con un tren a pesar de que la primera señalización indicaba que podía avanzar?
Rodrigo Pacual Martín, chofer del otro convoy, dijo en el programa radiofónico que tuvo que parar porque vio un objeto, como una lámina, caer a las vías del tren. “Apliqué frenado para no dañar el tren (…) Llamé al puesto de control para solicitar corte de corriente, (pero ) la comunicación estaba anunciada como mala desde el 3 de mayo”.
De acuerdo con un documento presentado la semana pasada en el noticiario de Denise Maerker en Grupo Fórmula, el tren que chocó el lunes pasado en el Metro del DF había registrado 22 fallas en sólo 26 días, antes del accidente.
Además, las autoridades de la Ciudad de México lo habían presentado como “recuperado” el 6 de febrero de 2014, después de haber pasado tres años sin dar servicio por “presentar fallas en las tarjetas PCST de los equipos Agate, quecontrola la tracción y frenado del tren“.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los estados que deben más de lo que ‘ganan': Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila
En esas tres entidades la deuda es más del 100% de los ingresos de 2014. Chihuahua está a punto de vivir un panorama similar aunque ya es el estado cuya deuda implica el más alto porcentaje del PIB estatal.
La deuda de Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila ya es más grande que todos los ingresos que cada entidad tuvo en 2014, es decir, lo que deben esos estados superó el año pasado la suma de los recursos que tienen disponibles.
Los 1.3 millones de habitantes de Quintana Roo deben, en promedio, 13,788 pesos de la deuda estatal que al finalizar diciembre pasado ya implicaba el 104% de los recursos totales del estado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso de Nuevo León y Coahuila es similar, su deuda ya implica el 102% de sus ingresos y sus habitantes deberán 12,180 pesos y 11,897 pesos respectivamente de deuda pública durante los próximos 17 años, aunque esos montos sólo se calculan considerando que sus gobernantes no decidan endeudarse más.
En el análisis sobre Endeudamiento de las Entidades Federativas 2004-2014 que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se concluye que esas tres entidades, más Chihuahua, Veracruz, Sonora y Nayarit son las que más incrementaron su nivel de deuda en los últimos 10 años; mientras que el Distrito Federal y el Estado de México son las que la disminuyeron más.
Si bien la deuda de Chihuahua todavía no alcanza a ser el 100% de sus ingresos, si es la que representa el porcentaje más alto del PIB estatal con 9.2%.
Hace 10 años, la deuda de Chihuahua era sólo el 2.4% de su PIB, por lo que en ese periodo casi se cuadruplicó.
En Veracruz, la deuda era en 2004 el 0.9% del PIB estatal y para 2014 ya era el 4.7%; lo mismo que en Nayarit que pasó del 0.5% al 5.9% o Chiapas del 0.7% al 6.8% de su PIB estatal.
En realidad, las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en los últimos 10 años sólo cuatro entidades han disminuido el monto de la deuda en función de su PIB estatal: Guerrero con una baja mínima de 1.8% de su PIB en 2004 a 1.3 en 2014; San Luis Potosí de 1.8 a 1.4; el Distrito Federal de 2.8 a 2.4%; y el Estado de México con avances más importantes, al pasar de 4 a 2.6% de su PIB.
Sin embargo, en el caso del Distrito Federal el monto de deuda sigue siendo alto en función de los recursos que obtiene, pues lo que debe representa el 44.3% de sus ingresos; el séptimo monto más elevado a nivel nacional.
Los indicadores sobre quién contrató la deuda en las entidades federativas muestran que en 81.2% de los casos se trató de gobiernos estatales; 10.7% de municipios y en 7% de otros organismos del estado.
Lo que debería hacer la diferencia para los próximos 10 años es la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que se aprobó en febrero pasado en el Congreso y que ya fue avalada también, la semana pasada, por al menos 24 entidades federativas.
Esta ley reforma los artículos 25,73,79, 108, 116 y 117 de la Constitución para controlar el endeudamiento público y sancionar a los funcionarios que incumplan con normas para adquirir deuda.
Para empezar está prohibido que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que la deuda se utilice para cubrir gasto corriente o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno.
Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato. También se aprobó que la Auditoria Superior de la Federación tenga capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.
El objetivo de esta ley no sólo es tener mayor control de la deuda, si no evitar que los gobernantes adquieran más justo al finalizar su periodo y entreguen la administración con deuda recién contratada.
Los datos oficiales muestran que la deuda pública en los estados en 2007 era de 186 mil 470 millones de pesos y al cierre de 2014 esa cifra de triplicó para cerrar en más de 510 mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
La deuda de Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila ya es más grande que todos los ingresos que cada entidad tuvo en 2014, es decir, lo que deben esos estados superó el año pasado la suma de los recursos que tienen disponibles.
Los 1.3 millones de habitantes de Quintana Roo deben, en promedio, 13,788 pesos de la deuda estatal que al finalizar diciembre pasado ya implicaba el 104% de los recursos totales del estado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso de Nuevo León y Coahuila es similar, su deuda ya implica el 102% de sus ingresos y sus habitantes deberán 12,180 pesos y 11,897 pesos respectivamente de deuda pública durante los próximos 17 años, aunque esos montos sólo se calculan considerando que sus gobernantes no decidan endeudarse más.
En el análisis sobre Endeudamiento de las Entidades Federativas 2004-2014 que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se concluye que esas tres entidades, más Chihuahua, Veracruz, Sonora y Nayarit son las que más incrementaron su nivel de deuda en los últimos 10 años; mientras que el Distrito Federal y el Estado de México son las que la disminuyeron más.
Si bien la deuda de Chihuahua todavía no alcanza a ser el 100% de sus ingresos, si es la que representa el porcentaje más alto del PIB estatal con 9.2%.
Hace 10 años, la deuda de Chihuahua era sólo el 2.4% de su PIB, por lo que en ese periodo casi se cuadruplicó.
En Veracruz, la deuda era en 2004 el 0.9% del PIB estatal y para 2014 ya era el 4.7%; lo mismo que en Nayarit que pasó del 0.5% al 5.9% o Chiapas del 0.7% al 6.8% de su PIB estatal.
En realidad, las cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en los últimos 10 años sólo cuatro entidades han disminuido el monto de la deuda en función de su PIB estatal: Guerrero con una baja mínima de 1.8% de su PIB en 2004 a 1.3 en 2014; San Luis Potosí de 1.8 a 1.4; el Distrito Federal de 2.8 a 2.4%; y el Estado de México con avances más importantes, al pasar de 4 a 2.6% de su PIB.
Sin embargo, en el caso del Distrito Federal el monto de deuda sigue siendo alto en función de los recursos que obtiene, pues lo que debe representa el 44.3% de sus ingresos; el séptimo monto más elevado a nivel nacional.
Los indicadores sobre quién contrató la deuda en las entidades federativas muestran que en 81.2% de los casos se trató de gobiernos estatales; 10.7% de municipios y en 7% de otros organismos del estado.
Lo que debería hacer la diferencia para los próximos 10 años es la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que se aprobó en febrero pasado en el Congreso y que ya fue avalada también, la semana pasada, por al menos 24 entidades federativas.
Esta ley reforma los artículos 25,73,79, 108, 116 y 117 de la Constitución para controlar el endeudamiento público y sancionar a los funcionarios que incumplan con normas para adquirir deuda.
Para empezar está prohibido que estados y municipios contraten deuda poniendo de garantía los recursos federales, que la deuda se utilice para cubrir gasto corriente o que se adquiera en el último trimestre de un periodo de gobierno.
Se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, establece que ésta debe utilizarse para inversiones públicas productivas y obliga a liquidar las obligaciones adquiridas a corto plazo en el último trimestre del mandato. También se aprobó que la Auditoria Superior de la Federación tenga capacidad de revisar el estado de las deudas estatales y municipales.
El objetivo de esta ley no sólo es tener mayor control de la deuda, si no evitar que los gobernantes adquieran más justo al finalizar su periodo y entreguen la administración con deuda recién contratada.
Los datos oficiales muestran que la deuda pública en los estados en 2007 era de 186 mil 470 millones de pesos y al cierre de 2014 esa cifra de triplicó para cerrar en más de 510 mil millones de pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Gobierno de Peña, ineficiente en investigar asesinatos de periodistas: relatoría de la OEA
WASHINGTON: La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA recriminó al gobierno de México por la falta de avances y efectividad en las investigaciones sobre asesinatos de periodistas durante 2014.
En su informe anual correspondiente al año pasado, la Relatoría, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluye que en México persisten graves ataques a la prensa y a los comunicadores.
“Se registran, en cambio, pocos avances en las investigaciones de estos crímenes y falta de efectividad de los mecanismos de protección establecidos”, subraya el informe.
La Relatoría de la OEA, capítulo México, añade que el gobierno de Enrique Peña Nieto no logró contener los ataques a la prensa en 2014.
“La CIDH recibió con preocupación información sobre la persistencia de graves ataques a la vida e integridad personal de periodistas y comunicadores en México, en detrimento del ejercicio de la libertad de expresión”, subraya el documento.
Y añade:
“En el 2014 se incrementó la violencia contra periodistas y comunicadores, particularmente en aquellas zonas del país con presencia del crimen organizado”.
Según sus datos, en México fueron asesinados cinco periodistas y una comunicadora por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. “Estas muertes ocurrieron en un contexto de amenazas y hostigamientos generalizados a la prensa en distintas regiones del país”, aclara.
La entidad interamericana destaca también que la CIDH recibió información sobre violencia y detenciones arbitrarias en manifestaciones públicas.
El caso más emblemático, dijo, fue la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
Pese a repunte de la violencia, Duarte insiste: “Veracruz está funcionando”
Xalapa, Ver: El repunte de la violencia en la entidad obligó al gobernador Javier Duarte a enviar un mensaje televisado a los veracruzanos en el que admitió que la seguridad y el estado de derecho siguen siendo el “gran desafío” para su gobierno.
“Los veracruzanos pueden tener la certeza de que mi gobierno no bajará la guardia por la vigencia plena del estado de derecho. El pueblo de Veracruz lo merece”, subrayó.
En su mensaje difundido por Radio Televisión de Veracruz, el mandatario sostuvo que “como gobernante y como ciudadano, comparto y me solidarizo con el sufrimiento de las familias de las víctimas, como lo dio a conocer el domingo anterior el Fiscal Luis Ángel Bravo la autoridad veracruzana logró esclarecer el secuestro agravado de la joven y se tiene a un responsable en el otro caso, los presuntos responsables han sido identificados y han sido presentados ante un juez”.
Duarte dijo que el Estado “no puede prevenir los hechos aislados” por lo que es imperante actuar de forma implacable para procurar justicia, pues en Veracruz “el más alto compromiso” es con la armonía y la paz social.
Y luego remachó:
“Que quede claro…Veracruz está funcionando…”.
El mensaje televisado de Duarte de Ochoa se da dos días después del hallazgo del cuerpo de Columba Campillo, de 16 años, en Boca del Río. La joven se encontraba secuestrada.
Otro hecho que estremeció a la sociedad fue el asesinato del abogado David Bermejo al salir de un banco en Coatzacoalcos.
El 5 de mayo, en el ejido Laguna Blanca de Soledad de Doblado, un comando armado arrojó los restos, desmembrados, de cuatro personas en un predio baldío; dos días antes, otra célula delincuencial tiro los restos de seis jóvenes en la autopista Veracruz-Xalapa a la altura de las comunidades Cerro Gordo y Plan del Río, los cadáveres fueron dejados a la orilla de la cinta asfáltica.
Sobre el homicidio de la joven Campillo, el gobernador comentó que como padre de familia se “lleno de indignación y rabia”, por lo que “asume” la responsabilidad para atender el “reclamo”.
Con la detención de los presuntos asesinos de Columba Campillo, entre ellos la de la señora, Ileana Mortera Trolle ya empezó a generar “reacciones” en las redes sociales, pues Mortera es sobrina de Maruchi Bravo Pagola, la tuitera encarcelada por el gobierno de Duarte en agosto del 2011.
Ileana Mortera originaria del puerto de Veracruz, pero radicada en Cholula, Puebla desde hace un año, fue la primera en conseguir una fotografía del cuerpo de Columba Campillo arrojado en Boca del Río y filtrarla a la propia Bravo Pagola, quien de forma inmediata la compartió con sus redes sociales, lo que dio origen a la circulación viral de la etiqueta #MeDuelesVeracruz.
Bravo Pagola aduce que detrás de la detención de Ileana Mortera se asoma de nuevo el autoritarismo del mandatario priista, él mismo, que la puso tras las rejas, partiendo del hecho de que Ileana le facilitó la primer fotografía de la escena del crimen donde apareció Columba Campillo.
“La subí a mí muro y causó la indignación de buena parte de la sociedad veracruzana. La imagen se compartió entre cientos de usuarios y generó la molestia de lo más alto en el poder. La foto que Mortera compartió con su tía le fue enviada desde Veracruz por un periodista, Ileana fue la primera en pasarme la foto, no hay que dejar de ver eso”, dijo Bravo en declaraciones al portal Blog Expediente y al Piñero de la Cuenca.
Apenas el fin de semana, el gobernador Duarte tuvo “reuniones privadas” con mandos de la Secretaria de Marina y el Ejército Mexicano para revisar la situación de seguridad en el Estado, el propio Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez boletinó solo a algunos medios que se replantearan las estrategias de seguridad, aunque no desglosó como.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
“Los veracruzanos pueden tener la certeza de que mi gobierno no bajará la guardia por la vigencia plena del estado de derecho. El pueblo de Veracruz lo merece”, subrayó.
En su mensaje difundido por Radio Televisión de Veracruz, el mandatario sostuvo que “como gobernante y como ciudadano, comparto y me solidarizo con el sufrimiento de las familias de las víctimas, como lo dio a conocer el domingo anterior el Fiscal Luis Ángel Bravo la autoridad veracruzana logró esclarecer el secuestro agravado de la joven y se tiene a un responsable en el otro caso, los presuntos responsables han sido identificados y han sido presentados ante un juez”.
Duarte dijo que el Estado “no puede prevenir los hechos aislados” por lo que es imperante actuar de forma implacable para procurar justicia, pues en Veracruz “el más alto compromiso” es con la armonía y la paz social.
Y luego remachó:
“Que quede claro…Veracruz está funcionando…”.
El mensaje televisado de Duarte de Ochoa se da dos días después del hallazgo del cuerpo de Columba Campillo, de 16 años, en Boca del Río. La joven se encontraba secuestrada.
Otro hecho que estremeció a la sociedad fue el asesinato del abogado David Bermejo al salir de un banco en Coatzacoalcos.
El 5 de mayo, en el ejido Laguna Blanca de Soledad de Doblado, un comando armado arrojó los restos, desmembrados, de cuatro personas en un predio baldío; dos días antes, otra célula delincuencial tiro los restos de seis jóvenes en la autopista Veracruz-Xalapa a la altura de las comunidades Cerro Gordo y Plan del Río, los cadáveres fueron dejados a la orilla de la cinta asfáltica.
Sobre el homicidio de la joven Campillo, el gobernador comentó que como padre de familia se “lleno de indignación y rabia”, por lo que “asume” la responsabilidad para atender el “reclamo”.
Con la detención de los presuntos asesinos de Columba Campillo, entre ellos la de la señora, Ileana Mortera Trolle ya empezó a generar “reacciones” en las redes sociales, pues Mortera es sobrina de Maruchi Bravo Pagola, la tuitera encarcelada por el gobierno de Duarte en agosto del 2011.
Ileana Mortera originaria del puerto de Veracruz, pero radicada en Cholula, Puebla desde hace un año, fue la primera en conseguir una fotografía del cuerpo de Columba Campillo arrojado en Boca del Río y filtrarla a la propia Bravo Pagola, quien de forma inmediata la compartió con sus redes sociales, lo que dio origen a la circulación viral de la etiqueta #MeDuelesVeracruz.
Bravo Pagola aduce que detrás de la detención de Ileana Mortera se asoma de nuevo el autoritarismo del mandatario priista, él mismo, que la puso tras las rejas, partiendo del hecho de que Ileana le facilitó la primer fotografía de la escena del crimen donde apareció Columba Campillo.
“La subí a mí muro y causó la indignación de buena parte de la sociedad veracruzana. La imagen se compartió entre cientos de usuarios y generó la molestia de lo más alto en el poder. La foto que Mortera compartió con su tía le fue enviada desde Veracruz por un periodista, Ileana fue la primera en pasarme la foto, no hay que dejar de ver eso”, dijo Bravo en declaraciones al portal Blog Expediente y al Piñero de la Cuenca.
Apenas el fin de semana, el gobernador Duarte tuvo “reuniones privadas” con mandos de la Secretaria de Marina y el Ejército Mexicano para revisar la situación de seguridad en el Estado, el propio Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez boletinó solo a algunos medios que se replantearan las estrategias de seguridad, aunque no desglosó como.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Pide ayuda poblado mazateco de Oaxaca: no hay servicios de salud ni médicos
OAXACA, Oax: Autoridades de Mazatlán Villa de Flores hicieron un enérgico llamado al gobernador Gabino Cué y en particular al secretario de Salud, Germán Tenorio, debido a que esa comunidad indígena lleva un año sin servicios de salud.
En una carta dirigida a las secretarías de Salud federal, Mercedes Juan López, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, los agentes municipales y representantes de todas las comunidades que integran el municipio de Mazatlán Villa de Flores cuestionaron a Tenorio Vasconcelos para que ponga atención y de una forma decidida resuelva el problema de salud pública que enfrentan.
Y es que desde hace más de un año no cuentan con un doctor que atienda el centro de salud de esta población mazateca.
“En repetidas ocasiones hemos acudido y solicitado ante las diversas instancias de la dependencia que usted encabeza para que se asigne un doctor o doctora para el municipio, sin embargo, una y otra vez no hemos encontrado respuestas favorables, pareciera que han hecho oídos sordos ante el reclamo de la gente que sólo pide que se garantice su derecho a la salud”, resalta el documento.
En la misiva hacen llamado “al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que tome cartas en el asunto y resuelva esta situación cuanto antes, pues la gente de Mazatlán Villa de Flores lo merece y se lo agradecerá, pues la salud del pueblo es primero”.
Además, consideran que la situación en Mazatlán es verdaderamente preocupante, pues al no haber quién brinde la atención médica, los pobladores se ven en la necesidad de salir del pueblo y acudir a clínicas y hospitales de comunidades cercanas de la misma región o inclusive en algunos casos tienen que acudir a instituciones del vecino estado de Puebla.
También reclaman que el derecho a la salud no sea “letra muerta” en este municipio, porque “ya se han presentado casos de mujeres que han parido a sus hijos en lugares que no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y salud. Todo esto se podría evitar teniendo a un doctor o doctora en el pueblo”.
Por eso “exigimos a Germán Tenorio Vasconcelos que de una vez y de manera decidida garantice el derecho a la salud de todos los pobladores de Mazatlán Villa de Flores”.
El escrito lo firman Mario Juárez Hernández, de la Toma; Alfonso Ortega Joaquín, de Peña Blanca; Severo Castillo, de Cruz de Plata; Marcelino Pérez Victoriano, de Nogaltepec; Agliberto Cid Pérez, de San Simón Coyoltepec; Gabino Delgado García, de Agua Duende, y Claudio López Miguel, de Pochotepec.
Asimismo, Silvino Cruz Díaz, de Cacalotepec; Willebaldo Flores Filio, de Loma Celosa; Demetrio Carrera Cervantes, de Soyaltitla; Guillermo Cortés Casimiro, de San Pedro Mazatlán; Mauricio Patricio, de La Ihualeja; Alberto Salazar Olivares, de Agua Mosquito, y Raúl García García, de Aguacatitla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
En una carta dirigida a las secretarías de Salud federal, Mercedes Juan López, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, los agentes municipales y representantes de todas las comunidades que integran el municipio de Mazatlán Villa de Flores cuestionaron a Tenorio Vasconcelos para que ponga atención y de una forma decidida resuelva el problema de salud pública que enfrentan.
Y es que desde hace más de un año no cuentan con un doctor que atienda el centro de salud de esta población mazateca.
“En repetidas ocasiones hemos acudido y solicitado ante las diversas instancias de la dependencia que usted encabeza para que se asigne un doctor o doctora para el municipio, sin embargo, una y otra vez no hemos encontrado respuestas favorables, pareciera que han hecho oídos sordos ante el reclamo de la gente que sólo pide que se garantice su derecho a la salud”, resalta el documento.
En la misiva hacen llamado “al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que tome cartas en el asunto y resuelva esta situación cuanto antes, pues la gente de Mazatlán Villa de Flores lo merece y se lo agradecerá, pues la salud del pueblo es primero”.
Además, consideran que la situación en Mazatlán es verdaderamente preocupante, pues al no haber quién brinde la atención médica, los pobladores se ven en la necesidad de salir del pueblo y acudir a clínicas y hospitales de comunidades cercanas de la misma región o inclusive en algunos casos tienen que acudir a instituciones del vecino estado de Puebla.
También reclaman que el derecho a la salud no sea “letra muerta” en este municipio, porque “ya se han presentado casos de mujeres que han parido a sus hijos en lugares que no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y salud. Todo esto se podría evitar teniendo a un doctor o doctora en el pueblo”.
Por eso “exigimos a Germán Tenorio Vasconcelos que de una vez y de manera decidida garantice el derecho a la salud de todos los pobladores de Mazatlán Villa de Flores”.
El escrito lo firman Mario Juárez Hernández, de la Toma; Alfonso Ortega Joaquín, de Peña Blanca; Severo Castillo, de Cruz de Plata; Marcelino Pérez Victoriano, de Nogaltepec; Agliberto Cid Pérez, de San Simón Coyoltepec; Gabino Delgado García, de Agua Duende, y Claudio López Miguel, de Pochotepec.
Asimismo, Silvino Cruz Díaz, de Cacalotepec; Willebaldo Flores Filio, de Loma Celosa; Demetrio Carrera Cervantes, de Soyaltitla; Guillermo Cortés Casimiro, de San Pedro Mazatlán; Mauricio Patricio, de La Ihualeja; Alberto Salazar Olivares, de Agua Mosquito, y Raúl García García, de Aguacatitla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
Los expedientes ocultos
Los delegados del Distrito Federal acumulan denuncias ante la Contraloría, la mayoría de ellas en estatus ‘concluido’, por lo que nada les impide seguir su camino en busca de otro cargo público.
Extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos, irregularidades administrativas, omisión, violación a las leyes y deshonestidad son algunas de las denuncias que forman parte del historial ante la Contraloría General del Distrito Federal de quienes fueron delegados en el Distrito Federal y que hoy aspiran a seguir viviendo del erario público.
La lista de funcionarios denunciados ante la Contraloría la encabeza el extitular de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, por extorsión a empresarios de la demarcación que gobernó; así como abuso de autoridad.
Hoy el delegado con licencia enterró sus escándalos y se candidatea a diputado local por el Distrito XXXII de Coyoacán.
Nada pasó en su contra, a pesar de que fue públicamente denunciado por exigir sobornos millonarios a cambio de no clausurar construcciones que algunas empresas inmobiliarias levantaron en la demarcación perredista, donde fue titular del 2012 al 2015.
En el segundo año de su gobierno, Toledo Gutiérrez enfrentó abiertas acusaciones de pedir dinero a cambio de conceder favores en Coyoacán, como aquella en la que exigió cuotas de un millón de pesos en adelante para permitir la reapertura de gasolinerías.
Los expedientes CI/COY/D/ 662/2012, CI/COY/D/104/2013 y la CI/COY/D/195/2013, dan cuenta del largo historial de irregularidades de este perredista, que busca una curul en la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Hoy dichos expedientes manejados por María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo, en su calidad de titular de la Contraloría Interna, refieren como estatus: “Concluido”.
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El único priista
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El panista Romero
En el mismo caso se encuentran los expedientes en contra del delegado panista con licencia, Jorge Romero Herrera, a quien se le denunció incluso por firmar documentos oficiales como licenciado sin siquiera estar titulado.
La Contraloría General del Distrito Federal reporta en su contra los expedientes CI/BJU/D/320/2012, CI/BJU/D/216/2013, CI/BJU/D/275
/2013, CI/BJU/D/164/2013 y CI/BJU/D/066/2014 por gastos excesivos en la rendición del primer informe de gobierno, retiro indebido y parcial de casetas telefónicas y negarse a aplicar el presupuesto participativo 2013 correspondiente a la colonia Xoco en el proyecto, Casa de Desarrollo Social.
Todas las denuncias en contra del panista que hoy busca, igual que su similar de Coyoacán, una curul en la ALDF, están reportadas como “concluidas”, según la titular de la contraloría interna de esa demarcación, Karla Rubí García González.
Traicionó a Bejarano... y a Derechos Humanos
Históricamente por su complejidad, manejo de recursos y giros negros la delegación Cuauhtémoc enfrenta denuncias e investigaciones de irregularidades.
El delegado saliente, Alejandro Fernández Ramírez, no es la excepción.
El exseguidor de René Bejarano aparece en la lista de la Contraloría General con cuatro expedientes en su contra, en los que se le acusa de nombrar en diferentes cargos de su gestión a personal que no cumple con el perfil según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
En otros casos también fue denunciado por no cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por obligar a sus empleados a llevar a beneficiarios de programas sociales a las casillas para que votaran a su conveniencia.
Fernández, quien en las recientes elecciones internas del PRD dejó al grupo político de Bejarano, hoy busca su espacio en la ALDF. Sus expedientes reportan el estatus de “concluido.
El delegado de las camionetas
A pesar de haber protagonizado uno de los escándalos más grandes al chocar en estado inconveniente una camioneta que le había prestado un proveedor de la delegación Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán aparece en la lista de la Contraloría con tres expedientes en su contra por “Falta de aplicación a la normatividad”.
Valencia, quien por meses enfrentó la acusación por conflicto de interés, tiene tres expediente con el estatus de “concluido”, según el titular de la contraloría interna Enrique Jacobo Lechuga.
El perredista es candidato plurinominal por una diputación.
Bajo la lupa de Hacienda
El perredista que también aparece en la lista de acusados e investigados por la Contraloría es el exdelegado en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara Arango.
La investigación en su contra involucraba los detalles de las operaciones de al menos 90 contratos.
Cabe recordar que en el 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió una autorización para investigar, auditar y en su caso incautar sus cuentas.
Pese al escándalo, su expediente en la Contraloría se reporta también concluido.
Casos cerrados
Otros delegados con licencia que hoy buscan saltar a otro cargos públicos son: la de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández; la de Magdalena contreras, Leticia Quezada Contreras, a quien se le iniciaron seis expedientes.
Milpa Alta, bajo la administración de Víctor Hugo Monterola Ríos, suma siete expedientes ante la Contraloría cuyos casos están concluidos.
En Tláhuac, la perredista Angelina Méndez Álvarez, a quien públicamente se le acusó de cobrar cuota a sus empleados, reporta expedientes desde 2008 con el cargo de directora general de Servicios Urbanos y luego en 2013, cuando ya era la delegada.
A partir de una solicitud de información en la que se le pide a la Contraloría General del Distrito Federal se informe de las denuncias en contra de los 16 delegados (2012-2015) salientes que hoy aspiran a otro cargo público, la dependencia reservó 22 expedientes.
Dichos expedientes involucran investigaciones en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.
“Debido a que no se ha dictado resolución administrativa definitiva en los mismos.
“Aunado a que se trata de procedimientos administrativos los cuales no cuentan con una resolución definitiva, motivo por el cual, el dar a conocer información contenida en los expedientes que se reservan podría generar entorpecimiento al propio procedimiento”, puntualiza el documento.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos, irregularidades administrativas, omisión, violación a las leyes y deshonestidad son algunas de las denuncias que forman parte del historial ante la Contraloría General del Distrito Federal de quienes fueron delegados en el Distrito Federal y que hoy aspiran a seguir viviendo del erario público.
La lista de funcionarios denunciados ante la Contraloría la encabeza el extitular de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, por extorsión a empresarios de la demarcación que gobernó; así como abuso de autoridad.
Hoy el delegado con licencia enterró sus escándalos y se candidatea a diputado local por el Distrito XXXII de Coyoacán.
Nada pasó en su contra, a pesar de que fue públicamente denunciado por exigir sobornos millonarios a cambio de no clausurar construcciones que algunas empresas inmobiliarias levantaron en la demarcación perredista, donde fue titular del 2012 al 2015.
En el segundo año de su gobierno, Toledo Gutiérrez enfrentó abiertas acusaciones de pedir dinero a cambio de conceder favores en Coyoacán, como aquella en la que exigió cuotas de un millón de pesos en adelante para permitir la reapertura de gasolinerías.
Los expedientes CI/COY/D/ 662/2012, CI/COY/D/104/2013 y la CI/COY/D/195/2013, dan cuenta del largo historial de irregularidades de este perredista, que busca una curul en la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Hoy dichos expedientes manejados por María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo, en su calidad de titular de la Contraloría Interna, refieren como estatus: “Concluido”.
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El único priista
Adrián Rubalcava Suárez, único delegado priista en el Distrito Federal, con dominio en Cuajimalpa, aparece también en la lista negra de la Contraloría con denuncias administrativas.
Como jefe delegacional en Cuajimalpa, Rubalcava enfrentó dos procesos en su contra; sin embargo, su círculo rojo de colaboradores también fue denunciado.
Es el caso de Mariano Alberto Granados García, en su calidad de director Jurídico de la demarcación, quien fue acusado de utilización indebida de vehículos oficiales, trato irrespetuoso y otras irregularidades administrativas.
En todos los casos, las denuncias contra Rubalcava y sus colaboradores es estado “concluido.
El panista Romero
En el mismo caso se encuentran los expedientes en contra del delegado panista con licencia, Jorge Romero Herrera, a quien se le denunció incluso por firmar documentos oficiales como licenciado sin siquiera estar titulado.
La Contraloría General del Distrito Federal reporta en su contra los expedientes CI/BJU/D/320/2012, CI/BJU/D/216/2013, CI/BJU/D/275
/2013, CI/BJU/D/164/2013 y CI/BJU/D/066/2014 por gastos excesivos en la rendición del primer informe de gobierno, retiro indebido y parcial de casetas telefónicas y negarse a aplicar el presupuesto participativo 2013 correspondiente a la colonia Xoco en el proyecto, Casa de Desarrollo Social.
Todas las denuncias en contra del panista que hoy busca, igual que su similar de Coyoacán, una curul en la ALDF, están reportadas como “concluidas”, según la titular de la contraloría interna de esa demarcación, Karla Rubí García González.
Traicionó a Bejarano... y a Derechos Humanos
Históricamente por su complejidad, manejo de recursos y giros negros la delegación Cuauhtémoc enfrenta denuncias e investigaciones de irregularidades.
El delegado saliente, Alejandro Fernández Ramírez, no es la excepción.
El exseguidor de René Bejarano aparece en la lista de la Contraloría General con cuatro expedientes en su contra, en los que se le acusa de nombrar en diferentes cargos de su gestión a personal que no cumple con el perfil según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
En otros casos también fue denunciado por no cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por obligar a sus empleados a llevar a beneficiarios de programas sociales a las casillas para que votaran a su conveniencia.
Fernández, quien en las recientes elecciones internas del PRD dejó al grupo político de Bejarano, hoy busca su espacio en la ALDF. Sus expedientes reportan el estatus de “concluido.
El delegado de las camionetas
A pesar de haber protagonizado uno de los escándalos más grandes al chocar en estado inconveniente una camioneta que le había prestado un proveedor de la delegación Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán aparece en la lista de la Contraloría con tres expedientes en su contra por “Falta de aplicación a la normatividad”.
Valencia, quien por meses enfrentó la acusación por conflicto de interés, tiene tres expediente con el estatus de “concluido”, según el titular de la contraloría interna Enrique Jacobo Lechuga.
El perredista es candidato plurinominal por una diputación.
Bajo la lupa de Hacienda
El perredista que también aparece en la lista de acusados e investigados por la Contraloría es el exdelegado en Xochimilco, Miguel Ángel Cámara Arango.
La investigación en su contra involucraba los detalles de las operaciones de al menos 90 contratos.
Cabe recordar que en el 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió una autorización para investigar, auditar y en su caso incautar sus cuentas.
Pese al escándalo, su expediente en la Contraloría se reporta también concluido.
Casos cerrados
Otros delegados con licencia que hoy buscan saltar a otro cargos públicos son: la de Iztacalco, Elizabeth Mateos Hernández; la de Magdalena contreras, Leticia Quezada Contreras, a quien se le iniciaron seis expedientes.
Milpa Alta, bajo la administración de Víctor Hugo Monterola Ríos, suma siete expedientes ante la Contraloría cuyos casos están concluidos.
En Tláhuac, la perredista Angelina Méndez Álvarez, a quien públicamente se le acusó de cobrar cuota a sus empleados, reporta expedientes desde 2008 con el cargo de directora general de Servicios Urbanos y luego en 2013, cuando ya era la delegada.
A partir de una solicitud de información en la que se le pide a la Contraloría General del Distrito Federal se informe de las denuncias en contra de los 16 delegados (2012-2015) salientes que hoy aspiran a otro cargo público, la dependencia reservó 22 expedientes.
Dichos expedientes involucran investigaciones en las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.
“Debido a que no se ha dictado resolución administrativa definitiva en los mismos.
“Aunado a que se trata de procedimientos administrativos los cuales no cuentan con una resolución definitiva, motivo por el cual, el dar a conocer información contenida en los expedientes que se reservan podría generar entorpecimiento al propio procedimiento”, puntualiza el documento.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Se ponen rudas
Las campañas electorales de este 2015 son cada vez más intensas. Los ataques verbales entre los candidatos escalaron ya al siguiente nivel y las agresiones se están volviendo comunes. Incluso esa guerra ya cobró al menos dos víctimas mortales.
Conforme se acerca la fecha de la elección, las campañas políticas van subiendo de tono en varias partes del país y en algunos lugares han llegado a expresiones de violencia contra los candidatos o sus equipos.
Hechos tan graves como el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, o el de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo en el mismo estado son prueba de la intensidad de las campañas.
Además están otros polémicos encuentros, como el enfrentamiento entre priistas y perredistas en la delegación Cuajimalpa, del Distrito Federal, que dan muestra de que la violencia está entrando también a la contienda electoral.
A los ataques causados por la diferencia de ideas o posturas, se suman los ocasionados por el crimen organizado y que han provocado la interrupción temporal de algunas campañas.
Expertos en temas electorales difieren sobre el incremento en los índices de violencia electoral.
Para Luis Carlos Ugalde, la violencia que azota al país no está relacionada con los temas electorales. Francisco Guerrero, en cambio, consideró que en los últimos días han aumentado los focos rojos en varias partes del país.
En la cúspide de la violencia
El pico de la violencia en este proceso electoral ocurrió en Guerrero, el estado que es considerado como el principal foco rojo de esta elección.
En marzo, Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue encontrada decapitada en una comunicad de Tecoanapa, Guerrero.
Al lado de la mujer fue encontrada una manta que decía:
“Esto le va pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear y putos chaqueteros. Atte: Puro Rojo ZNS”.
Dos meses después, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, también en Guerrero, fue asesinado de varios balazos.
El candidato regresaba de un evento de campaña cuando fue interceptado por un comando armado en una de las carreteras del municipio.
Los hombres armados advirtieron al equipo y a los acompañantes de la comitiva del candidato que se retiraran del lugar o correrían la misma suerte. Subieron a una camioneta y se fueron.
Este hecho no solo enluteció al PRI de Guerrero, sino que fue una muestra de que los colores partidarios importan poco cuando se trata de una zona por cuyo control se enfrentan dos bandas del crimen organizado: los Rojos y los Ardillos.
Aunque es el más significativo, este no ha sido el único caso donde se han utilizado armas contra los candidatos.
Desde el inicio de la campaña electoral, las amenazas contra algunos políticos, fueron noticia.
Llamadas a sus oficinas, irrupción de hombres armados en sus domicilios o pintas en las paredes. Cualquier medio fue utilizado para hacer llegar el mensaje. Debían “bajarse” de la candidatura o sufrirían las consecuencias.
Ocurrió así con Gabriela Pérez Cano, candidata a una diputación federal por el distrito 5 del estado de Morelos, bajo las siglas del PAN.
Irrumpieron en su casa un par de veces. La primera, amarraron a su hijo y le dejaron un recado con él: debía abandonar sus aspiraciones políticas.
La segunda vez entraron en la noche y llegaron hasta la recámara de Pérez Cano, a quien amagaron con armas y le volvieron a advertir que debía retirarse. No lo hizo.
A Alberto Merlo, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 6 del estado de Puebla, lo estuvieron siguiendo desde el inicio de la campaña, le intervinieron su teléfono y un día entraron a su domicilio, lo amarraron y le dejaron un mensaje en su puerta: “Hola Beto vas a valer madres”.
En Veracruz, otros aspirantes que aún eran precandidatos, tuvieron que abandonar la contienda porque se les amenazó con lastimar su integridad física.
En esa entidad, a Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito 20, le quemaron su casa una madrugada, en un ejercicio de violencia abierta en su contra.
Y aunque no fue de manera directa, los candidatos de estados como Jalisco y Tamaulipas han debido suspender temporalmente sus campañas por los hechos de violencia registrados en esas entidades.
En el caso de Tamaulipas, los candidatos tuvieron que poner en espera sus campañas a mediados de abril, cuando se registraron varios enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y fuerzas federales en la ciudad de Reynosa.
En Jalisco, la suspensión también fue por un día, luego de los bloqueos y ataques contra algunos establecimientos realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 1 de mayo pasado donde, incluso, se derribó a un helicóptero del Ejército Mexicano.
Política, otra violencia
La violencia partidista o política también ha pegado fuerte a algunos candidatos en estas elecciones.
La muestra más palpable de este tipo de ataques se vivió en la Ciudad de México, en la delegación Cuajimalpa, donde grupos de priistas y perredistas se enfrentaron.
Cada uno de los grupos participantes en la gresca da una versión distinta de lo ocurrido.
Los perredistas sostienen que una brigada del equipo de Luis Espinosa Cházaro, candidato del PRD a la delegación, colocaba propaganda de su candidato cuando fueron atacados por un grupo de priistas.
Según el presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, el grupo de priistas que los atacó pertenece a una banda conocida como “Los Claudios”, en los que supuestamente participan miembros del PRI y el PVEM.
Los perredistas reportaron que terminaron con un saldo de 11 personas hospitalizadas y 12 vehículos dañados.
Los priistas señalaron que un grupo de jóvenes perredistas llegaron a una comunidad de Cuajimalpa a retirar pendones de los candidatos del tricolor, dejando solamente las del PRD.
En la zona, los candidatos priistas acababan de realizar un evento proselitista, por lo que iban pasando por el lugar. Los perredistas le cerraron el paso a las camionetas en que viajaban los priistas; ahí iba Miguel Ángel Salazar, candidato a jefe delegacional de Cuajimalpa, y en otra camioneta viajaba Adrián Rubalcava, candidato a una diputación.
Rubalcava recibió varios golpes e incluso fue internado en el hospital. Los priistas reportaron un total de 11 personas lesionadas.
El viernes, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad ante la autoridad electoral del Distrito Federal.
La violencia política ya alcanzó también a un candidato en Nuevo León.
La semana pasada, Daniel Cruz Sánchez, asesor del candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, fue “levantado” por un comando armado.
El equipo del panista se enteró después que aquello no era un secuestro, sino una detención ordenada por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León porque al joven se le acusó de ser narcomenudista.
Al día siguiente, Cruz Sánchez fue liberado con el argumento de que era mínima la cantidad de mariguana que supuestamente se le encontró.
Según Iván Garza, el joven más bien fue liberado porque se encontraba en un estado delicado de salud debido a los golpes y la tortura a la que fue sometido.
“Esto no tiene precedente en Nuevo León, un hecho de intimidación, de violencia, de tortura para una campaña de una candidatura a alcalde”, lamentó Garza, en entrevista.
Garza afirmó que ha intentado varias veces hablar con el gobernador, el priista Rodrigo Medina, para que aclare la situación y que se transparente el protocolo y la denuncia que acusaba a Cruz como narcomenudista, además del castigo contra los responsables y garantías para él y su equipo de campaña.
Todo esto además de exigir una disculpa pública de las autoridades, pues ya se hizo el antidoping a Cruz y se demuestra que no es consumidor de ninguna sustancia.
El candidato indicó que el ataque contra su colaborador ocurrió pocas horas después del debate entre los candidatos a la alcaldía de Monterrey, donde el panista acusó a Adrián de la Garza, aspirante por el PRI-PVEM, de que varios de sus colaboradores tenían señalamientos de corrupción y petición de “moches”.
“Es un montaje que quisieron hacer, de violencia política, hacia un colaborador de la campaña (…) Aunque no tengo los elementos para comentarlo, tampoco quiero ser ingenuo (…) Yo lo que puedo visualizar es que tratan de ensuciar al equipo de campaña mío”, comentó Iván Garza.
No son los únicos casos. En otras entidades, el proceso electoral también ha tenido enfrentamientos políticos entre candidatos o sus seguidores.
También en el Distrito Federal, Jorge Triana, candidato del PAN a una diputación federal por la delegación Miguel Hidalgo, sufrió un ataque de sus opositores del PRD mientras visitaba un mercado público.
En Puebla, el candidato a una diputación federal del PAN Ángel Trauwitz Echeguren y su suplente, José Cabalán, y su equipo, tuvieron un zafarrancho con alfareros del Barrio de la Luz, en la capital del estado.
Los panistas acusaron a sus opositores de haber orquestado el ataque en su contra, en el que hubo varios heridos.
En días pasados, el candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown Gantús, denunció en la Fiscalía General de Campeche una agresión en la que varios sujetos apedrearon su camioneta y a varios miembros de su equipo de campaña.
El 5 de mayo pasado, el candidato priista a la alcaldía del municipio de Tinum, Yucatán, Felipe Chan Yam, fue retenido por más de tres horas por policías municipales, luego de que lo habían seguido durante varias horas.
De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos eran seguidos a la distancia por Evelio Mis Tun, candidato del PAN a la presidencia municipal, quien negó estar involucrado en los hechos.
También en Yucatán, fue agredido el periodista Hernán Casares Cámara, luego de descubrir una bodega de la que salían bolsas negras.
El hallazgo fue realizado luego de que en El Diario de Yucatán, donde labora Casares, se recibieran varias denuncias ciudadanas de que en algunos puntos del estado se realizaban operaciones para dar despensas a cambio de votos.
La violencia ha alcanzado no solo a los candidatos, sino a las autoridades electorales.
Al inicio de la campaña, en el municipio de Tlapa, Guerrero, un grupo de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) retuvieron durante algunos días a Alberto Lidio González, asesor de Salvador Basurto, consejero presidente del INE en ese municipio.
La retención ocurrió luego de una protesta en que los integrantes del MPG aseguraron que no permitirían la organización de las elecciones hasta que aparezcan los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
¿Violencia creciente?
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y director general de la consultora Integralia, consideró que no se han aumentado los niveles de violencia vinculados al tema electoral.
“Hubo un candidato asesinado en Guerrero. Sí, sí es cierto. Pero eso no quiere decir que la violencia esté creciendo en temas vinculados a las elecciones. Yo no veo que todos los días haya candidatos asesinados. No lo veo.
“Eso no es violencia creciendo. Eso es un hecho lamentable, no sé la razón. Probablemente a esta persona, aunque no hubiera sido candidato, lo hubieran asesinado. No lo sé, no tengo idea. Pero yo no veo que haya un tema de violencia generalizado, no lo ha habido en las elecciones en México nunca”, expuso Ugalde.
La violencia, comentó, no ha venido de integrantes del crimen organizado, sino de otros grupos.
“Podría ocurrir que el día de la jornada hubiera violencia en Guerrero. La violencia en Guerrero no tiene nada que ver con el crimen organizado, tiene que ver con maestros que quieren bloquear la reforma educativa y están actuando de forma oportunista para hacerlo”, sentenció.
En contraste, Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Anáhuac y exconsejero del IFE, lamentó que los focos rojos en el país por cuestiones de violencia vayan en aumento conforme se acerque el 7 de junio, día de las elecciones.
“Yo creo que el caso de Guerrero es un caso que debe verse con cuidado. El asesinato del candidato a la alcaldía, los ataques a otros candidatos, la imposibilidad de muchos candidatos de hacer recorridos, ya ha puesto un foco rojo en esta elección. Habrá que ver con cuidado cómo impacta la violencia en Jalisco después de los acontecimientos de hace unos días.
“Pero en términos generales puedo decir que hay zonas del país donde hacer campaña es complicado, es un gran reto para el INE y los órganos locales, porque el INE no puede solo, el INE necesita el apoyo de las autoridades a nivel federal, estatal y local”, expuso.
Guerrero insistió en que la labor del INE no es pacificar los territorios ni dar condiciones para que se desarrollen las campañas, sino que esa es labor de las autoridades.
“En ese sentido (de la violencia), éstas sí son las elecciones más complejas de la historia”, remató.
Los hechos
29 enero
Gabriela Pérez Cano, candidata a una diputación federal por el distrito 5 del estado de Morelos, por el PAN, fue increpada en su casa dos veces. La primera, amarraron a su hijo, la segunda entraron hasta su recámara la amagaron con armas y le volvieron a advertir que debía retirarse
11 de marzo
Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue encontrada decapitada en una comunicad de Tecoanapa, Guerrero.
12 de marzo
A Alberto Merlo, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 6 del estado de Puebla, lo estuvieron siguiendo desde el inicio de la campaña, le intervinieron su teléfono y un día entraron a su domicilio, lo amarraron y le dejaron un mensaje en su puerta: “Hola Beto vas a valer madres”.
2 de abril
Fue confirmada por el vocero del Partido Acción Nacional, Enrique Flores Flores, la muerte de Alfonso Ordaz Mendioza, operador político de Matlapa.
De acuerdo al portavoz, Ordaz Mendioza fue decapitado y encontrado en el Río Moctezuma, sitio cercano a donde fue visto por última vez.
4 de abril
Una de las camionetas de la avanzada del candidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procell, fue cristaleada una de las ventanas.
También los vehículos del candidato del PAN sufrió del mismo vandalismo, cuando se encontraba frente a la casa de campaña.
13 abril
A Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito 20 en Veracruz, le quemaron su casa una madrugada, en un ejercicio de violencia abierta en su contra.
16 de abril
Sujetos desconocidos balearon la casa de la candidata suplente del PRI-PVEM a la diputación federal del Distrito XVI de Ajalpan, Yolanda Pacheco Olivares, y también dispararon e incendiaron la camioneta del líder antorchista, Alfonso Flores, misma que incendiaron.
18 de abril
Jorge Triana, candidato del PAN a una diputación federal por la delegación Miguel Hidalgo, sufrió un ataque de sus opositores del PRD mientras visitaba un mercado público.
23 de abril
En Puebla, el candidato a una diputación federal del PAN Ángel Trauwitz Echeguren y su suplente, José Cabalán, y su equipo, tuvieron un zafarrancho con alfareros del Barrio de la Luz, en la capital del estado. Los panistas acusaron a sus opositores de haber orquestado el ataque en su contra, en el que hubo varios heridos.
25 de abril
El candidato a gobernador por el Partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, denunció que al menos una veintena de hombres armados lo “encañonaron” en una de las avenidas principales de Chilapa.
27 de abril
Leticia Vélez, de Atenango del Río, reveló que le hacían llamadas intimidatorias, “solicitándole” dejar la campaña, o se atuviera a las consecuencias.
1 de mayo
Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado de varios balazos.
3 de mayo
Dos sujetos armados que se presentaron como policías federales, asaltaron y amarraron a la candidata de Morena a Diputada Federal del Distrito 4 de Saltillo, Alma Rosa Garza del Toro, y a su esposo, en su domicilio.
5 de mayo
El candidato priista a la alcaldía del municipio de Tinum, Yucatán, Felipe Chan Yam, fue retenido por más de tres horas por policías municipales, luego de que lo habían seguido durante varias horas.
6 de mayo
En un enfrentamiento entre perredistas y candidatos de la coalición PRI-PVEM a diputados y jefe delegacional en Cuajimalpa, el exdelegado, Adrián Rubalcava, resultó herido.
> El candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown, denunció en la Fiscalía General de Campeche una agresión en la que varios sujetos apedrearon su camioneta y a varios miembros de su equipo de campaña.
> Daniel Cruz Sánchez, asesor del candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, fue “levantado” por un comando armado. Después se enteraron que era detención ordenada por la PJNL porque al joven se le acusó de ser narcomenudista. Finalmente lo dejaron libre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Conforme se acerca la fecha de la elección, las campañas políticas van subiendo de tono en varias partes del país y en algunos lugares han llegado a expresiones de violencia contra los candidatos o sus equipos.
Hechos tan graves como el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, o el de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo en el mismo estado son prueba de la intensidad de las campañas.
Además están otros polémicos encuentros, como el enfrentamiento entre priistas y perredistas en la delegación Cuajimalpa, del Distrito Federal, que dan muestra de que la violencia está entrando también a la contienda electoral.
A los ataques causados por la diferencia de ideas o posturas, se suman los ocasionados por el crimen organizado y que han provocado la interrupción temporal de algunas campañas.
Expertos en temas electorales difieren sobre el incremento en los índices de violencia electoral.
Para Luis Carlos Ugalde, la violencia que azota al país no está relacionada con los temas electorales. Francisco Guerrero, en cambio, consideró que en los últimos días han aumentado los focos rojos en varias partes del país.
En la cúspide de la violencia
El pico de la violencia en este proceso electoral ocurrió en Guerrero, el estado que es considerado como el principal foco rojo de esta elección.
En marzo, Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue encontrada decapitada en una comunicad de Tecoanapa, Guerrero.
Al lado de la mujer fue encontrada una manta que decía:
“Esto le va pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear y putos chaqueteros. Atte: Puro Rojo ZNS”.
Dos meses después, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, también en Guerrero, fue asesinado de varios balazos.
El candidato regresaba de un evento de campaña cuando fue interceptado por un comando armado en una de las carreteras del municipio.
Los hombres armados advirtieron al equipo y a los acompañantes de la comitiva del candidato que se retiraran del lugar o correrían la misma suerte. Subieron a una camioneta y se fueron.
Este hecho no solo enluteció al PRI de Guerrero, sino que fue una muestra de que los colores partidarios importan poco cuando se trata de una zona por cuyo control se enfrentan dos bandas del crimen organizado: los Rojos y los Ardillos.
Aunque es el más significativo, este no ha sido el único caso donde se han utilizado armas contra los candidatos.
Desde el inicio de la campaña electoral, las amenazas contra algunos políticos, fueron noticia.
Llamadas a sus oficinas, irrupción de hombres armados en sus domicilios o pintas en las paredes. Cualquier medio fue utilizado para hacer llegar el mensaje. Debían “bajarse” de la candidatura o sufrirían las consecuencias.
Ocurrió así con Gabriela Pérez Cano, candidata a una diputación federal por el distrito 5 del estado de Morelos, bajo las siglas del PAN.
Irrumpieron en su casa un par de veces. La primera, amarraron a su hijo y le dejaron un recado con él: debía abandonar sus aspiraciones políticas.
La segunda vez entraron en la noche y llegaron hasta la recámara de Pérez Cano, a quien amagaron con armas y le volvieron a advertir que debía retirarse. No lo hizo.
A Alberto Merlo, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 6 del estado de Puebla, lo estuvieron siguiendo desde el inicio de la campaña, le intervinieron su teléfono y un día entraron a su domicilio, lo amarraron y le dejaron un mensaje en su puerta: “Hola Beto vas a valer madres”.
En Veracruz, otros aspirantes que aún eran precandidatos, tuvieron que abandonar la contienda porque se les amenazó con lastimar su integridad física.
En esa entidad, a Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito 20, le quemaron su casa una madrugada, en un ejercicio de violencia abierta en su contra.
Y aunque no fue de manera directa, los candidatos de estados como Jalisco y Tamaulipas han debido suspender temporalmente sus campañas por los hechos de violencia registrados en esas entidades.
En el caso de Tamaulipas, los candidatos tuvieron que poner en espera sus campañas a mediados de abril, cuando se registraron varios enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y fuerzas federales en la ciudad de Reynosa.
En Jalisco, la suspensión también fue por un día, luego de los bloqueos y ataques contra algunos establecimientos realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 1 de mayo pasado donde, incluso, se derribó a un helicóptero del Ejército Mexicano.
Política, otra violencia
La violencia partidista o política también ha pegado fuerte a algunos candidatos en estas elecciones.
La muestra más palpable de este tipo de ataques se vivió en la Ciudad de México, en la delegación Cuajimalpa, donde grupos de priistas y perredistas se enfrentaron.
Cada uno de los grupos participantes en la gresca da una versión distinta de lo ocurrido.
Los perredistas sostienen que una brigada del equipo de Luis Espinosa Cházaro, candidato del PRD a la delegación, colocaba propaganda de su candidato cuando fueron atacados por un grupo de priistas.
Según el presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, el grupo de priistas que los atacó pertenece a una banda conocida como “Los Claudios”, en los que supuestamente participan miembros del PRI y el PVEM.
Los perredistas reportaron que terminaron con un saldo de 11 personas hospitalizadas y 12 vehículos dañados.
Los priistas señalaron que un grupo de jóvenes perredistas llegaron a una comunidad de Cuajimalpa a retirar pendones de los candidatos del tricolor, dejando solamente las del PRD.
En la zona, los candidatos priistas acababan de realizar un evento proselitista, por lo que iban pasando por el lugar. Los perredistas le cerraron el paso a las camionetas en que viajaban los priistas; ahí iba Miguel Ángel Salazar, candidato a jefe delegacional de Cuajimalpa, y en otra camioneta viajaba Adrián Rubalcava, candidato a una diputación.
Rubalcava recibió varios golpes e incluso fue internado en el hospital. Los priistas reportaron un total de 11 personas lesionadas.
El viernes, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad ante la autoridad electoral del Distrito Federal.
La violencia política ya alcanzó también a un candidato en Nuevo León.
La semana pasada, Daniel Cruz Sánchez, asesor del candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, fue “levantado” por un comando armado.
El equipo del panista se enteró después que aquello no era un secuestro, sino una detención ordenada por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León porque al joven se le acusó de ser narcomenudista.
Al día siguiente, Cruz Sánchez fue liberado con el argumento de que era mínima la cantidad de mariguana que supuestamente se le encontró.
Según Iván Garza, el joven más bien fue liberado porque se encontraba en un estado delicado de salud debido a los golpes y la tortura a la que fue sometido.
“Esto no tiene precedente en Nuevo León, un hecho de intimidación, de violencia, de tortura para una campaña de una candidatura a alcalde”, lamentó Garza, en entrevista.
Garza afirmó que ha intentado varias veces hablar con el gobernador, el priista Rodrigo Medina, para que aclare la situación y que se transparente el protocolo y la denuncia que acusaba a Cruz como narcomenudista, además del castigo contra los responsables y garantías para él y su equipo de campaña.
Todo esto además de exigir una disculpa pública de las autoridades, pues ya se hizo el antidoping a Cruz y se demuestra que no es consumidor de ninguna sustancia.
El candidato indicó que el ataque contra su colaborador ocurrió pocas horas después del debate entre los candidatos a la alcaldía de Monterrey, donde el panista acusó a Adrián de la Garza, aspirante por el PRI-PVEM, de que varios de sus colaboradores tenían señalamientos de corrupción y petición de “moches”.
“Es un montaje que quisieron hacer, de violencia política, hacia un colaborador de la campaña (…) Aunque no tengo los elementos para comentarlo, tampoco quiero ser ingenuo (…) Yo lo que puedo visualizar es que tratan de ensuciar al equipo de campaña mío”, comentó Iván Garza.
No son los únicos casos. En otras entidades, el proceso electoral también ha tenido enfrentamientos políticos entre candidatos o sus seguidores.
También en el Distrito Federal, Jorge Triana, candidato del PAN a una diputación federal por la delegación Miguel Hidalgo, sufrió un ataque de sus opositores del PRD mientras visitaba un mercado público.
En Puebla, el candidato a una diputación federal del PAN Ángel Trauwitz Echeguren y su suplente, José Cabalán, y su equipo, tuvieron un zafarrancho con alfareros del Barrio de la Luz, en la capital del estado.
Los panistas acusaron a sus opositores de haber orquestado el ataque en su contra, en el que hubo varios heridos.
En días pasados, el candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown Gantús, denunció en la Fiscalía General de Campeche una agresión en la que varios sujetos apedrearon su camioneta y a varios miembros de su equipo de campaña.
El 5 de mayo pasado, el candidato priista a la alcaldía del municipio de Tinum, Yucatán, Felipe Chan Yam, fue retenido por más de tres horas por policías municipales, luego de que lo habían seguido durante varias horas.
De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos eran seguidos a la distancia por Evelio Mis Tun, candidato del PAN a la presidencia municipal, quien negó estar involucrado en los hechos.
También en Yucatán, fue agredido el periodista Hernán Casares Cámara, luego de descubrir una bodega de la que salían bolsas negras.
El hallazgo fue realizado luego de que en El Diario de Yucatán, donde labora Casares, se recibieran varias denuncias ciudadanas de que en algunos puntos del estado se realizaban operaciones para dar despensas a cambio de votos.
La violencia ha alcanzado no solo a los candidatos, sino a las autoridades electorales.
Al inicio de la campaña, en el municipio de Tlapa, Guerrero, un grupo de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) retuvieron durante algunos días a Alberto Lidio González, asesor de Salvador Basurto, consejero presidente del INE en ese municipio.
La retención ocurrió luego de una protesta en que los integrantes del MPG aseguraron que no permitirían la organización de las elecciones hasta que aparezcan los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
¿Violencia creciente?
Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y director general de la consultora Integralia, consideró que no se han aumentado los niveles de violencia vinculados al tema electoral.
“Hubo un candidato asesinado en Guerrero. Sí, sí es cierto. Pero eso no quiere decir que la violencia esté creciendo en temas vinculados a las elecciones. Yo no veo que todos los días haya candidatos asesinados. No lo veo.
“Eso no es violencia creciendo. Eso es un hecho lamentable, no sé la razón. Probablemente a esta persona, aunque no hubiera sido candidato, lo hubieran asesinado. No lo sé, no tengo idea. Pero yo no veo que haya un tema de violencia generalizado, no lo ha habido en las elecciones en México nunca”, expuso Ugalde.
La violencia, comentó, no ha venido de integrantes del crimen organizado, sino de otros grupos.
“Podría ocurrir que el día de la jornada hubiera violencia en Guerrero. La violencia en Guerrero no tiene nada que ver con el crimen organizado, tiene que ver con maestros que quieren bloquear la reforma educativa y están actuando de forma oportunista para hacerlo”, sentenció.
En contraste, Francisco Guerrero, catedrático de la Universidad Anáhuac y exconsejero del IFE, lamentó que los focos rojos en el país por cuestiones de violencia vayan en aumento conforme se acerque el 7 de junio, día de las elecciones.
“Yo creo que el caso de Guerrero es un caso que debe verse con cuidado. El asesinato del candidato a la alcaldía, los ataques a otros candidatos, la imposibilidad de muchos candidatos de hacer recorridos, ya ha puesto un foco rojo en esta elección. Habrá que ver con cuidado cómo impacta la violencia en Jalisco después de los acontecimientos de hace unos días.
“Pero en términos generales puedo decir que hay zonas del país donde hacer campaña es complicado, es un gran reto para el INE y los órganos locales, porque el INE no puede solo, el INE necesita el apoyo de las autoridades a nivel federal, estatal y local”, expuso.
Guerrero insistió en que la labor del INE no es pacificar los territorios ni dar condiciones para que se desarrollen las campañas, sino que esa es labor de las autoridades.
“En ese sentido (de la violencia), éstas sí son las elecciones más complejas de la historia”, remató.
Los hechos
29 enero
Gabriela Pérez Cano, candidata a una diputación federal por el distrito 5 del estado de Morelos, por el PAN, fue increpada en su casa dos veces. La primera, amarraron a su hijo, la segunda entraron hasta su recámara la amagaron con armas y le volvieron a advertir que debía retirarse
11 de marzo
Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo fue encontrada decapitada en una comunicad de Tecoanapa, Guerrero.
12 de marzo
A Alberto Merlo, candidato independiente a una diputación federal por el distrito 6 del estado de Puebla, lo estuvieron siguiendo desde el inicio de la campaña, le intervinieron su teléfono y un día entraron a su domicilio, lo amarraron y le dejaron un mensaje en su puerta: “Hola Beto vas a valer madres”.
2 de abril
Fue confirmada por el vocero del Partido Acción Nacional, Enrique Flores Flores, la muerte de Alfonso Ordaz Mendioza, operador político de Matlapa.
De acuerdo al portavoz, Ordaz Mendioza fue decapitado y encontrado en el Río Moctezuma, sitio cercano a donde fue visto por última vez.
4 de abril
Una de las camionetas de la avanzada del candidato del PRI a la alcaldía de Irapuato, Gerardo Zavala Procell, fue cristaleada una de las ventanas.
También los vehículos del candidato del PAN sufrió del mismo vandalismo, cuando se encontraba frente a la casa de campaña.
13 abril
A Liliana Castro, candidata a diputada federal por el distrito 20 en Veracruz, le quemaron su casa una madrugada, en un ejercicio de violencia abierta en su contra.
16 de abril
Sujetos desconocidos balearon la casa de la candidata suplente del PRI-PVEM a la diputación federal del Distrito XVI de Ajalpan, Yolanda Pacheco Olivares, y también dispararon e incendiaron la camioneta del líder antorchista, Alfonso Flores, misma que incendiaron.
18 de abril
Jorge Triana, candidato del PAN a una diputación federal por la delegación Miguel Hidalgo, sufrió un ataque de sus opositores del PRD mientras visitaba un mercado público.
23 de abril
En Puebla, el candidato a una diputación federal del PAN Ángel Trauwitz Echeguren y su suplente, José Cabalán, y su equipo, tuvieron un zafarrancho con alfareros del Barrio de la Luz, en la capital del estado. Los panistas acusaron a sus opositores de haber orquestado el ataque en su contra, en el que hubo varios heridos.
25 de abril
El candidato a gobernador por el Partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, denunció que al menos una veintena de hombres armados lo “encañonaron” en una de las avenidas principales de Chilapa.
27 de abril
Leticia Vélez, de Atenango del Río, reveló que le hacían llamadas intimidatorias, “solicitándole” dejar la campaña, o se atuviera a las consecuencias.
1 de mayo
Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado de varios balazos.
3 de mayo
Dos sujetos armados que se presentaron como policías federales, asaltaron y amarraron a la candidata de Morena a Diputada Federal del Distrito 4 de Saltillo, Alma Rosa Garza del Toro, y a su esposo, en su domicilio.
5 de mayo
El candidato priista a la alcaldía del municipio de Tinum, Yucatán, Felipe Chan Yam, fue retenido por más de tres horas por policías municipales, luego de que lo habían seguido durante varias horas.
6 de mayo
En un enfrentamiento entre perredistas y candidatos de la coalición PRI-PVEM a diputados y jefe delegacional en Cuajimalpa, el exdelegado, Adrián Rubalcava, resultó herido.
> El candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, Alexandro Brown, denunció en la Fiscalía General de Campeche una agresión en la que varios sujetos apedrearon su camioneta y a varios miembros de su equipo de campaña.
> Daniel Cruz Sánchez, asesor del candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza, fue “levantado” por un comando armado. Después se enteraron que era detención ordenada por la PJNL porque al joven se le acusó de ser narcomenudista. Finalmente lo dejaron libre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
La Iglesia acusa “incapacidad del Estado de garantizar su principal cometido”, la seguridad
"Cuando se pensaba que el asunto Michoacán era el último y el desmantelamiento de cárteles había sido exitoso, el emblemático Jalisco muestra cómo la ineptitud y corrupción reforzaron la cadena de fracasos de la guerra contra el crimen, que va creando más células violentas", apunta el editorial Desde la fe.
Desde la fe. el editorial del semanario de la iglesia católica en México, publicado el domingo 10 de mayo, critica y cuestiona las acciones del gobierno ante la situación de criminalidad en el país, especialmente en Jalisco, donde el pasado 1 de mayo ocurrieron diferentes bloqueos y ataques.
“Jalisco es ahora el punto de donde surgen más preguntas sobre el poder corruptor del narco y la incapacidad del Estado de garantizar su principal cometido: brindar seguridad a sus gobernados”, acusa.
Señala que “en la administración actual de Jalisco, más de cien funcionarios han sido asesinados, el caso más conocido y lamentable fue el del diputado federal Gabriel Gómez Michel, secuestrado el 22 de septiembre pasado y cuyas pesquisas no tienen resultados definitivos en las indagatorias”.
El editorial lanza las preguntas: “¿Hasta dónde debe escalar la violencia para ser detenida? ¿Hasta que el narcoterror cobre sus cuotas de muerte y someta a otras grandes ciudades?”.
Editorial Desde La Fe by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR:REDACCIÓN.
Desde la fe. el editorial del semanario de la iglesia católica en México, publicado el domingo 10 de mayo, critica y cuestiona las acciones del gobierno ante la situación de criminalidad en el país, especialmente en Jalisco, donde el pasado 1 de mayo ocurrieron diferentes bloqueos y ataques.
“Jalisco es ahora el punto de donde surgen más preguntas sobre el poder corruptor del narco y la incapacidad del Estado de garantizar su principal cometido: brindar seguridad a sus gobernados”, acusa.
Señala que “en la administración actual de Jalisco, más de cien funcionarios han sido asesinados, el caso más conocido y lamentable fue el del diputado federal Gabriel Gómez Michel, secuestrado el 22 de septiembre pasado y cuyas pesquisas no tienen resultados definitivos en las indagatorias”.
El editorial lanza las preguntas: “¿Hasta dónde debe escalar la violencia para ser detenida? ¿Hasta que el narcoterror cobre sus cuotas de muerte y someta a otras grandes ciudades?”.
Editorial Desde La Fe by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR:REDACCIÓN.
Ifetel investiga poder sustancial en internet y telefonía
El procedimiento busca "determinar la probable existencia de agentes económicos con poder sustancial en el o los mercados de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, datos o video, a nivel nacional, estatal, regional y/o local", apunta el órgano.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones abrió una investigación para determinar si existe alguna empresa con poder sustancial en el o los mercados de televisión de paga, internet y telefonía, según indició el órgano regulador en el Diario Oficial de la Federación.
El expediente se abrió con base en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica y del noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la existencia de poder sustancial por parte de agente económico alguno, sino como una actuación de la autoridad tendiente a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 96 de la LFCE (Ley Federal de Competencia Económica), en cumplimiento a lo establecido por el párrafo quinto del artículo Noveno Transitorio de la LFTyR (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), y concluida la investigación correspondiente, se emitirá la resolución que en derecho proceda”, indicó el Ifetel.
El instituto anunció “que el o los mercados relevantes correspondientes serán determinados en el momento procesal oportuno”, en términos del artículo 96 de la ley de competencia.
En los mercados de internet y telefonía en México están involucrados los dos agentes económicos preponderantes: Televisa y Telmex.
Lo publicado en el Diario Oficial de la Federación:
DOF – Diario Oficial de La Federación:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones abrió una investigación para determinar si existe alguna empresa con poder sustancial en el o los mercados de televisión de paga, internet y telefonía, según indició el órgano regulador en el Diario Oficial de la Federación.
El expediente se abrió con base en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica y del noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la existencia de poder sustancial por parte de agente económico alguno, sino como una actuación de la autoridad tendiente a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 96 de la LFCE (Ley Federal de Competencia Económica), en cumplimiento a lo establecido por el párrafo quinto del artículo Noveno Transitorio de la LFTyR (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), y concluida la investigación correspondiente, se emitirá la resolución que en derecho proceda”, indicó el Ifetel.
El instituto anunció “que el o los mercados relevantes correspondientes serán determinados en el momento procesal oportuno”, en términos del artículo 96 de la ley de competencia.
En los mercados de internet y telefonía en México están involucrados los dos agentes económicos preponderantes: Televisa y Telmex.
Lo publicado en el Diario Oficial de la Federación:
DOF – Diario Oficial de La Federación:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ana Guevara hace campaña a favor del PRI en Sonora; AMLO le reprocha
En el canal de Youtube 'Otro Sonora Ya' se publicó un video donde la medallista olímpica, senadora del PT, pide votar por la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich.
La senadora del Partido del Trabajo (PT) y medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara, pidió a los sonorenses votar por la candidata del PRI al gobierno de ese estado, Claudia Pavlovich.
“He pensado mucho por quién votar en las próximas elecciones, porque los sonorenses merecemos algo mejor. Y hoy lo mejor es que los del PAN se vayan. Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto, porque urge detenerlos. Claudia es la única que puede lograr que se acabe esta pesadilla. Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto. Porque urge que ya se vayan”, dice la senadora petista, en referencia al actual gobierno de Guillermo Padrés.
El video que finaliza con el logo del PT:
Tras la difusión del video, el ex candidato presidencial y dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador lamentó el apoyo que Guevara le dio al PRI.
Guevara ha participado en diferentes mítines de López Obrador, e incluso la velocista apoyó en 2012 la campaña presidencial del ex jefe de Gobierno del DF.
El tuit de AMLO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La senadora del Partido del Trabajo (PT) y medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara, pidió a los sonorenses votar por la candidata del PRI al gobierno de ese estado, Claudia Pavlovich.
“He pensado mucho por quién votar en las próximas elecciones, porque los sonorenses merecemos algo mejor. Y hoy lo mejor es que los del PAN se vayan. Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto, porque urge detenerlos. Claudia es la única que puede lograr que se acabe esta pesadilla. Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto. Porque urge que ya se vayan”, dice la senadora petista, en referencia al actual gobierno de Guillermo Padrés.
El video que finaliza con el logo del PT:
Tras la difusión del video, el ex candidato presidencial y dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador lamentó el apoyo que Guevara le dio al PRI.
Guevara ha participado en diferentes mítines de López Obrador, e incluso la velocista apoyó en 2012 la campaña presidencial del ex jefe de Gobierno del DF.
El tuit de AMLO:
Es lamentable que Ana Gabriela Guevara haga campaña a favor de la candidata del PRI en Sonora. Son iguales de corruptos los del PRIAN
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) Mayo 11, 2015
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un negocio sobre ruedas
Buscando una modernización del transporte público en Guadalajara, una empresa –ligada al exsenador priista Raymundo Gómez Flores– ha recibido millonarios contratos. La firma ha concretado casi 500 millones de pesos en licitaciones otorgadas.
La renovación del parque vehicular del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lejos de beneficiar a los usuarios, ha favorecido a una empresa que muchos ligan al PRI.
Desde la llegada de las nuevas unidades para la llamada Modernización del Transporte Público del Estado de Jalisco –un proyecto anunciado por el gobernador en 2013– la empresa DINA Camiones, S.A. de C.V., del exsenador del PRI, Raymundo Gómez Flores, se ha beneficiado con jugosos contratos de licitación para la adquisición de los modelos vehiculares requeridos por las autoridades.
Gómez Flores es un priista fuertemente ligado al salinismo. La edición local de la revista Proceso detalló en noviembre del 2012 cómo el exsenador incrementó su patrimonio durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con la publicación, en 1989, Raymundo Gómez Flores, junto con Hugo Villa Manzo y Juan Antonio Covarrubias, compraron a “precio de ganga” el 66.73 por ciento de la empresa Diesel Nacional (DINA), y que luego, el exsenador y otros socios se apoderaron de Banca Cremi, la cual terminaron por vender al empresario Carlos Cabal Peniche.
Ya con DINA en sus manos, Raymundo Gómez Flores ha conseguido en la actual administración contratos millonarios para la renovación de las unidades del transporte público estatal que rondan los 500 millones de pesos.
Los grandes contratos
En 2014, Reporte Indigo solicitó a través de transparencia copias de los contratos que el gobierno estatal actual firmó con DINA, a partir de la compra ese mismo año de las unidades modelo de la ruta 13 que va desde Nextipac, en Zapopan, hasta la estación de la Línea 1 del Tren Ligero, en Periférico Norte.
Según el expediente 10/2015 de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), han sido dos los procesos que se han llevado a cabo para la citada modernización.
Ambos comprenden la licitación pública local 05/2014 y el concurso 05/2014; pero posteriormente se emitió otra licitación, una pública internacional, la 13/2014.
De los cinco contratos que se desprenden de los procesos de adquisición de unidades, cuatro fueron otorgados a DINA Camiones, S.A. de C.V. El otro le fue dado a Camionera de Jalisco, S.A. de C.V.
De la licitación pública 05/2014 se desprenden tres contratos para la adquisición de 285 unidades vehiculares por un importe total de 359 millones 919 mil 132 pesos.
El primer contrato, el 65/14, está a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome). Y sólo en este caso lo hizo con Camionera de Jalisco, S.A de C.V.
Con esa empresa, el Sistecozome adquirió 80 unidades. Por 75 de esas se pagaron 89 millones 845 mil 800 pesos, y por las cinco restantes 6 millones 689 mil 720 pesos, que salieron de distintas partidas presupuestales, como especifica el contrato.
Después de este contrato se otorgaron dos a DINA Camiones el 66/14 y el 67/14, dentro de la misma licitación 05/2014. El primero, a cargo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), se firmó con Iván Reyes Alejandro, representante de Dina, por la compra de 45 unidades.
El total del monto de esas 45 unidades saldría de la partida ocho, según el contrato, y se pagarían 45 millones 32 mil 500 pesos.
En el contrato 67/14, a cargo de Servicios y Transportes (SyT), se adquirieron 160 unidades de transporte público “modelo”, por una cantidad total de 220 millones 351 mil 112 pesos, monto pagado a través de cinco distintas partidas.
Para el caso del concurso 05/2014, se desprendió el contrato 36/14 de la Sepaf, firmado por Salvador González Reséndiz, subsecretario de Administración, para la adquisición de 20 unidades por un valor global de 22 millones 400 mil pesos.
En la resolución de transparencia del expediente 10/2015 que dio respuesta a la solicitud hecha por Reporte Indigo, la Dirección General de Abastecimiento señaló que el importe total del proceso de concurso 05/2014 era de 24 millones de pesos, por lo que en contraste con el contrato original al que después se tuvo acceso, existe una diferencia de un millón 600 mil pesos del que se desconoce su destino.
Por último, el contrato 222/14, surgido de la licitación pública internacional 13/2014, y el cual también está a cargo de González Reséndiz, se contrató a DINA para la adquisición de 25 unidades del Trolebús.
La contratación fue por un total de 188 millones 175 mil 200 pesos; el precio de cada unidad fue de 6 millones 488 mil 800 pesos.
La suma de los montos de los contratos entre el Gobierno de Jalisco y la empresa de Raymundo Gómez Flores alcanza los 476 millones 958 mil 912 pesos.
La promesa de un camión mejor
“Ésta es una demanda justa y urgente por el ordenamiento y la modernización del transporte público ante la clara evidencia de que el modelo actual ya es inoperante”, expresó el 7 de abril del 2013 el gobernador de Jalisco.
Las palabras de Aristóteles Sandoval Día tuvieron como escenario la firma del acuerdo para la creación del Nuevo Modelo de Transporte Público.
El 14 de abril de 2014, el propio mandatario presentó las primeras unidades modernizadas de la ruta 13, luego del accidente en que se vio involucrado el transporte público afuera de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, que ocasionó la muerte de la estudiante María Fernanda Vázquez.
El deceso de la adolescente causó molestia en la opinión pública, la cual derivó en una mega marcha en repudio al alza del pasaje del transporte y al mal servicio que éste otorga.
A poco más de un año de haberse signado dicho acuerdo solo se han respetado algunos temas, como el cuarto, que atiende a la modernización del transporte a partir de nuevas formas de organización y operación, el pago electrónico, el sistema tarifario, profesionalización de los conductores, padrón único y credencialización de beneficiarios, control y prevención para el uso de transvales y la modernización del parque vehicular.
Sin embargo los cambios en el transporte público no han sido percibidos como mejoras para los usuario, de acuerdo con la encuesta 2014 de “Jalisco, Cómo Vamos”.
“Sólo tres de cada diez encuestados percibieron alguna mejora en el transporte público en el último año, que corresponde con la expedición de la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
“La falta de respeto de los conductores hacia los peatones y ciclistas hace que los tapatíos califiquen en promedio 3.5 en la escala del 1 al 7 su satisfacción en este rubro (con diversos aspectos relacionados con el tránsito y la vialidad)”, de acuerdo con los datos de la organización.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
La renovación del parque vehicular del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, lejos de beneficiar a los usuarios, ha favorecido a una empresa que muchos ligan al PRI.
Desde la llegada de las nuevas unidades para la llamada Modernización del Transporte Público del Estado de Jalisco –un proyecto anunciado por el gobernador en 2013– la empresa DINA Camiones, S.A. de C.V., del exsenador del PRI, Raymundo Gómez Flores, se ha beneficiado con jugosos contratos de licitación para la adquisición de los modelos vehiculares requeridos por las autoridades.
Gómez Flores es un priista fuertemente ligado al salinismo. La edición local de la revista Proceso detalló en noviembre del 2012 cómo el exsenador incrementó su patrimonio durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con la publicación, en 1989, Raymundo Gómez Flores, junto con Hugo Villa Manzo y Juan Antonio Covarrubias, compraron a “precio de ganga” el 66.73 por ciento de la empresa Diesel Nacional (DINA), y que luego, el exsenador y otros socios se apoderaron de Banca Cremi, la cual terminaron por vender al empresario Carlos Cabal Peniche.
Ya con DINA en sus manos, Raymundo Gómez Flores ha conseguido en la actual administración contratos millonarios para la renovación de las unidades del transporte público estatal que rondan los 500 millones de pesos.
Los grandes contratos
En 2014, Reporte Indigo solicitó a través de transparencia copias de los contratos que el gobierno estatal actual firmó con DINA, a partir de la compra ese mismo año de las unidades modelo de la ruta 13 que va desde Nextipac, en Zapopan, hasta la estación de la Línea 1 del Tren Ligero, en Periférico Norte.
Según el expediente 10/2015 de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), han sido dos los procesos que se han llevado a cabo para la citada modernización.
Ambos comprenden la licitación pública local 05/2014 y el concurso 05/2014; pero posteriormente se emitió otra licitación, una pública internacional, la 13/2014.
De los cinco contratos que se desprenden de los procesos de adquisición de unidades, cuatro fueron otorgados a DINA Camiones, S.A. de C.V. El otro le fue dado a Camionera de Jalisco, S.A. de C.V.
De la licitación pública 05/2014 se desprenden tres contratos para la adquisición de 285 unidades vehiculares por un importe total de 359 millones 919 mil 132 pesos.
El primer contrato, el 65/14, está a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome). Y sólo en este caso lo hizo con Camionera de Jalisco, S.A de C.V.
Con esa empresa, el Sistecozome adquirió 80 unidades. Por 75 de esas se pagaron 89 millones 845 mil 800 pesos, y por las cinco restantes 6 millones 689 mil 720 pesos, que salieron de distintas partidas presupuestales, como especifica el contrato.
Después de este contrato se otorgaron dos a DINA Camiones el 66/14 y el 67/14, dentro de la misma licitación 05/2014. El primero, a cargo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), se firmó con Iván Reyes Alejandro, representante de Dina, por la compra de 45 unidades.
El total del monto de esas 45 unidades saldría de la partida ocho, según el contrato, y se pagarían 45 millones 32 mil 500 pesos.
En el contrato 67/14, a cargo de Servicios y Transportes (SyT), se adquirieron 160 unidades de transporte público “modelo”, por una cantidad total de 220 millones 351 mil 112 pesos, monto pagado a través de cinco distintas partidas.
Para el caso del concurso 05/2014, se desprendió el contrato 36/14 de la Sepaf, firmado por Salvador González Reséndiz, subsecretario de Administración, para la adquisición de 20 unidades por un valor global de 22 millones 400 mil pesos.
En la resolución de transparencia del expediente 10/2015 que dio respuesta a la solicitud hecha por Reporte Indigo, la Dirección General de Abastecimiento señaló que el importe total del proceso de concurso 05/2014 era de 24 millones de pesos, por lo que en contraste con el contrato original al que después se tuvo acceso, existe una diferencia de un millón 600 mil pesos del que se desconoce su destino.
Por último, el contrato 222/14, surgido de la licitación pública internacional 13/2014, y el cual también está a cargo de González Reséndiz, se contrató a DINA para la adquisición de 25 unidades del Trolebús.
La contratación fue por un total de 188 millones 175 mil 200 pesos; el precio de cada unidad fue de 6 millones 488 mil 800 pesos.
La suma de los montos de los contratos entre el Gobierno de Jalisco y la empresa de Raymundo Gómez Flores alcanza los 476 millones 958 mil 912 pesos.
La promesa de un camión mejor
“Ésta es una demanda justa y urgente por el ordenamiento y la modernización del transporte público ante la clara evidencia de que el modelo actual ya es inoperante”, expresó el 7 de abril del 2013 el gobernador de Jalisco.
Las palabras de Aristóteles Sandoval Día tuvieron como escenario la firma del acuerdo para la creación del Nuevo Modelo de Transporte Público.
El 14 de abril de 2014, el propio mandatario presentó las primeras unidades modernizadas de la ruta 13, luego del accidente en que se vio involucrado el transporte público afuera de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara, que ocasionó la muerte de la estudiante María Fernanda Vázquez.
El deceso de la adolescente causó molestia en la opinión pública, la cual derivó en una mega marcha en repudio al alza del pasaje del transporte y al mal servicio que éste otorga.
A poco más de un año de haberse signado dicho acuerdo solo se han respetado algunos temas, como el cuarto, que atiende a la modernización del transporte a partir de nuevas formas de organización y operación, el pago electrónico, el sistema tarifario, profesionalización de los conductores, padrón único y credencialización de beneficiarios, control y prevención para el uso de transvales y la modernización del parque vehicular.
Sin embargo los cambios en el transporte público no han sido percibidos como mejoras para los usuario, de acuerdo con la encuesta 2014 de “Jalisco, Cómo Vamos”.
“Sólo tres de cada diez encuestados percibieron alguna mejora en el transporte público en el último año, que corresponde con la expedición de la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
“La falta de respeto de los conductores hacia los peatones y ciclistas hace que los tapatíos califiquen en promedio 3.5 en la escala del 1 al 7 su satisfacción en este rubro (con diversos aspectos relacionados con el tránsito y la vialidad)”, de acuerdo con los datos de la organización.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)