Desalojo mafioso persigue a ‘El Bronco’

De acuerdo a testimonios incluidos en una investigación de la PGR, Jaime Rodríguez habría estado involucrado durante su época como alcalde de García en el despojo de un predio en el que participaron policías municipales coludidos con integrantes del Cártel de Los Zetas; el hoy candidato a la gubernatura de Nuevo León niega. En esta liga encuentras los documentos de la denuncia.

Documentos.

Una vez más el nombre de Jaime Rodríguez, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, aparece relacionado con un desalojo violento e ilegal ocurrido durante su época como alcalde de García.

Pero en este despojo existen elementos adicionales que hacen de alta gravedad este caso para “El Bronco”: una persona resultó muerta y existe la sospecha de que participaron integrantes del Cártel de Los Zetas coludidos con elementos de la Policía de García.

El nombre del candidato independiente aparece mencionado en la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-V/2452/D/2010, que la PGR inició por los hechos ocurridos la tarde del 28 de octubre del 2010, en la comunidad conocida como El Palmital, en el municipio de García.

Ese día resultó muerto por disparos hechos por militares Fernando Osorio Álvarez, un ingeniero que trabajaba para una constructora y que coordinaba las máquinas retroexcavadoras que se utilizaron para derribar las casas de los habitantes de esta comunidad, ubicada en la carretera García-Icamole.

Cuando arribó el Ejército, tras recibir una denuncia de que en la zona había un retén del crimen organizado, Osorio Álvarez huyó de la zona a bordo de su camioneta, pero fue alcanzado por las balas de los militares.

En la averiguación previa de la PGR –de la cual Reporte Indigo tiene una copia y de la cual un extracto se publica para su consulta en la página digital de este medio- existen 6 testimonios de testigos que involucraron en este desalojo a Rodríguez Calderón.

El nombre de Abel Guerra — hoy diputado federal del PRI y exalcalde de Escobedo— aparece también en el expediente señalado como propietario del terreno donde se llevó a cabo este desalojo.

En el operativo militar —según consta en la investigación federal— se detuvieron 10 policías municipales de García y 4 civiles armados. 

También se decomisaron 7 pistolas calibre .38, 3 escuadras .9mm, 4 cargadores,  44 cartuchos calibre .38, 51 cartuchos calibre .9mm, 38 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 55 cartuchos calibre .223 mm.

Armas y amenazas

Los habitantes de la comunidad El Palmital —que aseguraron tener 20 años viviendo en esos predios— sostuvieron en su comparecencia ante el Ministerio Público Federal que los elementos policiacos de García y los hombres civiles armados nunca mostraron una orden judicial que amparara el operativo.

Los hombres civiles armados que colaboraron en el desalojo con los elementos de la Policía de García –según consta en estos testimonios- dijeron que pertenecían al Cártel de Los Zetas.

María Paula Villanueva de los Santos, una habitante de la comunidad El Palmital, aseguró en su declaración ante la PGR que las personas armadas que irrumpieron en sus predios fueron enviadas por el entonces alcalde de García y hoy aspirante a la gubernatura de Nuevo León.

“Nos dijo el licenciado o ingeniero que los habían mandado Abel Guerra y el señor Jaime Rodríguez, éste último es Alcalde de García, Nuevo León, así mismo los civiles que venían armados iban muy violentos diciendo que pertenecían al grupo de los ‘Zetas’ y que sabíamos lo que nos pasaba si no le hacíamos caso al licenciado o ingeniero que los acompañaba”, aseguró en su testimonio María Paula Villanueva de los Santos.

Otra testigo, María Felipa Palomo Hernández, incluida en la investigación de la PGR, a cargo de Fernando García Mederez, agente del Ministerio Público federal, contó que en el desalojo participaron entre 30 y 35 policías de García y cerca de 18 hombres vestidos de civil con armas de fuego largas.

“Recuerdo que las armas las cargaban a la vista y esas personas no se veían gente de bien porque estaban todos tatuados y me decían que pertenecían a la organización criminal de los denominados ‘Zetas’, y que si no me salía del predio me iban a matar a mí y a mi familia…”, declaró Palomo Hernández, afectada por el desalojo en El Palmital.

La investigación federal incluye la declaración de Sergio Perfecto Cisneros Mariscal, habitante entonces de esta comunidad que denunció haber sido amenazado y torturado por elementos de la Policía de García y por los civiles armados cuando les preguntó si contaban con una orden judicial para el desalojo.

“Los civiles armados a punta de pistola me amenazaron y me dijeron que no me pasara de listo, que ellos eran de los ‘Zetas’, por lo que los policías me bajaron con lujo de violencia del vehículo propiedad de mi trabajo y me subieron a la granadera…”, aseguró Cisneros Mariscal.

“…y justo en ese momento se acercó en una camioneta RAM verde una persona de civil, quien en ese momento me manifestó que él representaba a La Compañía (Los Zetas), por lo que al percatarse que yo no le di importancia dijo nuevamente somos de la letra de ‘Los Zetas’”.

Actualmente en estos terrenos de El Palmital, donde se realizó el desalojo hace cinco años, se construye un complejo habitacional a cargo de la empresa AGA Capital, S.A. de C.V., propiedad de Eduardo García Alanís.

No es la primera vez que se liga a Rodríguez con despojos y desalojos de terrenos ubicados en la zona de la prolongación Lincoln, proyecto en el cual estuvo involucrado como uno de los directores de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del Estado.

El 17 de abril Reporte Indigo publicó la denuncia de habitantes de la comunidad El Fraile I, en García, que denunciaron haber sido despojados de sus terrenos durante la gestión como alcalde de Jaime Rodríguez.

El candidato rechazó haber ordenado el desalojo, en el que participaron policías municipales de García.

A raíz de ese artículo el candidato vetó a Reporte Indigo.


Sobre la presunta relación del arquitecto Fernando Osorio Álvarez con el crimen organizado, informada en su momento por el Ejército, la CNDH emitió una recomendación en contra de la Sedena por la violación de sus derechos humanos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Asegura Víctor Flores que el gobierno pagará $136 millones a los ferrocarrileros

Nacional Financiera administró el fideicomiso de seguro de vida que está sin fondos, afirma.

El gobierno federal pagará el fideicomiso del seguro de vida de los ferrocarrileros, luego de que éste se quedó sin fondos. El dirigente del sindicato de este gremio, Víctor Flores Morales, indicó ayer en conferencia de prensa que se destinarán recursos por más de 136 millones de pesos para pagar a los beneficiarios.

Puntualizó que el sindicato nunca manejó estos recursos, sino Nacional Financiera, por lo que al gobierno federal le corresponde pagar, ya que asumió el compromiso con los trabajadores cuando se liquidó Ferronales. Ahora se pagará a 919 deudos de trabajadores ferrocarrileros fallecidos 24 millones 668 mil pesos.

Flores Morales aseguró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruyó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que además se pague a 3 mil 847 beneficiarios más de 111 millones 483 mil pesos.

Desde hace tres años se quedó sin recursos este fideicomiso, para el cual los trabajadores pagaron una cuota mensual durante toda su vida laboral. Desde el principio el dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros señaló que fue Nacional Financiera la responsable del quebranto. Ayer, el dirigente planteó que se logrará que se reintegren estos recursos a los trabajadores por gestiones propias del gremio.

Indicó que tiene las manos limpias y que nunca le ha robado a nadie. Por este gremio no han pasado esos recursos, no soy un ratero ni tampoco se han defraudado 600 millones de pesos, como lo aseguraron algunos legisladores del Partido Acción Nacional, como Martín Orozco y Adriana Dávila, sostuvo.

Los deudos de los ferrocarrileros fallecidos iniciaron una lucha en la que acudieron a diversas instancias, dado que sus familiares habían aportado a este fideicomiso, y el sindicato les señalaba simplemente que no había recursos para pagarles. Incluso se asesoraron con varias organizaciones, sobre todo de disidentes ferrocarrileros. Ahora Víctor Flores señala que no entiende por qué lo han traicionado estos trabajadores señalándolo como quien quebró el fideicomiso, cuando según el sindicato nunca operó estos recursos.

También indicó que el dinero saldrá directamente del presupuesto gubernamental, ya que están contemplados dichos recursos y aseguró que en adelante el gobierno se hará cargo de los pagos de estos seguros de trabajadores ferrocarrileros que fallezcan en los próximo años, asimismo, puntualizó que son 32 mil trabajadores pensionados y que cada mes mueren alrededor de 140, y se tiene que pagar el seguro a sus deudos. Ayer entregó simbólicamente dos cheques a viudas de ferrocarrileros, y sostuvo que a partir del 15 de mayo se entregarán estos pagos en todas las secciones del sindicato. Sin embargo, otros están programados para el próximo mes de junio, dijo.

También anotó que los ferrocarrileros jubilados han emprendido una demanda para no pagar sus cuotas sindicales, cuando ellos ya demostraron que siguen siendo agremiados y la tienen que seguir cubriendo. Dijo que la resolución que se emitió en favor de que se elimine el pago de cuotas será todavía peleada en tribunales y que los jubilados hacen mal en señalar que no son miembros de la organización, ya que dejarían de recibir algunas prestaciones y beneficios, lo que no les conviene, amenazó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/05/12/politica/014n1pol#sthash.hYAVbhM9.dpuf

"Interrogar a militares, clave en el caso Ayotzinapa": CIDH

México, DF. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala para entrevistar “directamente y no por intermediación de la PGR” a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural la noche del 26 de septiembre.

Consideran que esta diligencia es “clave” en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre.

Al rendir el tercer reporte de avances de la misión desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad en dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses— integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre los graves riesgos de impunidad que podría entrañar la información inicial recabada por la delegación de expertos sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, referida por varios de los detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Hallan cuerpos destazados y embolsados en trenes de Azcapotzalco y Tlalnepantla

MÉXICO, D.F: Once bolsas de plástico que contenían restos humanos fueron encontradas ayer domingo en la terminal de trenes de Pantaco, colonia Santa Catarina, en la delegación Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el convoy donde se hallaron los restos de dos personas provenía de Manzanillo, Colima.

Reportes de la Policía de Investigación del DF indican que al mediodía del domingo, empleados que resguardan la seguridad en las instalaciones de la empresa Ferrovalle encontraron las bolsas en una plataforma arrastrada por el tren, cerca de la estación Fortuna del Suburbano.

Elementos de la Policía Federal, de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad del DF contabilizaron 11 bolsas con restos humanos que contenían extremidades como tórax, brazos, piernas, manos y cabezas.

Por su parte, la Fiscalía de Azcapotzalco inició la averiguación previa FAZC/AZC-1/T-1/649/15-05 por el delito de homicidio doloso contra quien resulte responsable.

No obstante, el Ministerio Público federal se encargará de las investigaciones sobre el caso y la Procuraduría capitalina brindará apoyo inicial, anunció hoy el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera.

En otro caso, la madrugada de este lunes personal de Ferrovalle reportó el hallazgo de otro cadáver en un vagón del ferrocarril.

Los trabajadores explicaron que el cuerpo estaba en el interior de una bolsa negra.


El hallazgo se realizó en el vagón CMX 6169 procedente de Monterrey, cerca del rastro de Tlalnepantla, Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Quemaremos el cielo si es preciso” por nuestros hijos e hijas: claman madres de desaparecidos

Madres y familiares de personas desaparecidas en México, entre ellas migrantes, marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México.

Madres y familiares de personas víctimas de desaparición forzada, provenientes de todos los estados de la República, y que en algunos casos buscan a sus hijos e hijas desde hace tres décadas, se concentraron este domingo, 10 de Mayo, en la Ciudad de México, para conmemorar el Día de las Madres, con la Cuarta Marcha Nacional de la Dignidad: Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Buscando Justicia y Buscando Verdad.

La manifestación, en la que participaron alrededor de un millar de personas, estuvo básicamente integrada por grupos de madres, y de hijas que buscan a sus madres, lo mismo del Distrito Federal,  que de Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Tamaulipas y Oaxaca, entre otros.

Además, en la protesta participaron madres y familiares de migrantes provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Brasil y El Salvador, que salieron de sus países de origen con la intención de llegar a Estados Unidos y que, sin embargo, desaparecieron en México.

A pesar del fallido intento de las autoridades capitalinas de limitar el paso de las madres de desaparecidos, en su marcha por la avenida Paseo de la Reforma, a sólo tres carriles de dicha vialidad –con el objetivo de minimizar molestias a los ciclistas que asistían al paseo dominical que se realiza en esta misma arteria–, las familias de víctimas lograron realizar el recorrido, planeado del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, en cuyas escalinatas denunciaron que “en México no hay estado”, pues “desapareció antes que nuestros amados hijos”.


Ahí, con pancartas y retratos de sus hijos e hijas, las madres de desaparecidos clamaron por la solidaridad de todas las mamás, “del planeta y, particularmente, de México” y les pidieron también “que se detengan por un momento y escuchen esto: sus hijos corren peligro, peligro de ser cooptados por la barbarie de las drogas, peligro de la delincuencia organizada, peligro de ser ejecutado, o de ser ser (uno más de las) veintitantas mil personas desaparecidas…”



Siempre bajo la presión de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF –que a cada tanto cerraban un poco más el cerco tendido alrededor de la manifestación, ya en la glorieta del Ángel, para ceder ese espacio a los ciclistas– la manifestación concluyó a las 14:00 horas, luego de que fuera leída, de forma simbólica, una lista con un centenar de nombres de hombres y mujeres que han sido raptados en el país, y de los que no ha vuelto a saberse más, hasta la fecha.

A continuación, te presentamos el mensaje íntegro leído, en nombre de todas las organizaciones y colectivos de familias de desaparecidos, por una representante de la agrupación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en México.

“Cuántas horas, cuántos días, meses o incluso años deben pasar, antes de que sepamos la suerte o el paradero de nuestros amados hijos e hijas, cuánto tiempo más tardará la verdad, la justicia, y nuestro pueblo mexicano en despertar y tomar su lugar entre nosotras, madres con la entraña desgarrada. ¿Es que no nos hemos dado cuenta que ya, ya de que hemos aceptado tantas desapariciones? ¿Cuánto y cuántos más necesitan ser arrancados de sus senos familiares, de sus hogares, antes de levantarnos y poner orden en ésta, nuestra casa?

Hoy queremos decirles que ni la verdad ni la justicia son una constante o una excepción para las decenas de familias con desapariciones, que nos azotan desde hace más de 40 años.

Ahora vemos el sufrimiento de miles de familias, cuyos hijos fueron desaparecidos en la llamada Guerra Sucia, cuánto dolor, cuánta desesperanza para aquellos que no hemos sabido reclamar, aquella juventud que se empeñó en cambiar todo, y que en respuesta recibió la represión, el exterminio. Hoy vemos qué pasó, por qué querían cambiar las cosas, por qué se los llevaron… hoy lo vemos claro.

En esos años sabían que, de no intentar el cambio, vendría la noche más larga que jamás haya vivido México en su vida independiente, por eso los torturaron, los ejecutaron, o los desaparecieron.

Hoy lo vemos muy claro, y en carne propia.

Madres de todo el país: sus hijos e hijas están en peligro.

Madres del mundo entero: ayúdenos a parar esta barbarie.

Ahora sabemos muy bien que esta empresa de la muerte y el terror lleva 40 años diezmando nuestro mayor aporte a la vida, a la nación: nuestros hijos e hijas.

Entendemos la lección que la historia nos da, no queremos que nadie más sufra el desgarro de una desaparición, ya es demasiado dolor. No queremos que dentro de 20 años, cuando estemos ancianas o muertas, alguien se pare en este mismo lugar y diga que nosotras fuimos un ejemplo más de lo que nunca se resolvió, ni por verdad ni por justicia, y que ahora sí haya que hacer algo, porque ya haya más de cien mil víctimas de desaparición. No esperemos esos 20 años.

Por eso, convocamos a las madres del planeta y, particularmente, a las madres mexicanas, para que se detengan por un momento y escuchen esto: sus hijos corren peligro, peligro de ser cooptados por la barbarie de las drogas, peligro de la delincuencia organizada, peligro de ser ejecutado, de ser veintitantas mil desaparecidas…

También hemos entendido algo más, después de varios años de estar buscando, tras la desaparición de nuestros hijos e hijas amadas, paridas con nuestro dolor y nuestra sangre: llegamos a la conclusión de que también hay una desaparición de poderes, no hay Estado que les busque, que procure verdad y justicia, y ni digamos de la reparación del daño, o de una atención mínima y efectiva a las víctimas, con todo y su mentada Ley General de Víctimas.

Mamás de México, sólo nos tenemos a nosotras mismas, no hay Estado, desapareció antes que nuestros amados hijos.

Lo que hay ahora es una guarida de ladrones, corruptos y deshumanizados gobernantes que apuestan a que nos cansemos, a que nos derrumbemos, a que claudiquemos, para que la impunidad se asiente nuevamente y sobre ella se enriquezcan los zánganos de todos los colores que tiñen el Estado Mexicano.

Pero también hemos llegado a una conclusión y a una verdad tan clara como la anterior: no nos cansaremos jamás.

Los vimos llorar en nuestros brazos y los amamantamos.

No nos rendiremos jamás.

Uniremos nuestras voces una a una, hasta dar con todas y todos nuestros hijos, incluyendo al Estado mexicano, también desaparecido.

No claudicaremos nunca. Quemaremos el cielo y congelaremos el infierno si es preciso, hasta que demos con los nuestros, donde estén y como estén.

Y también daremos con los responsables de haber arrancado las flores más amadas de nuestro jardín, y les haremos pagar con el juicio de una verdadera justicia y con el mismo juicio de la historia.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Porque vivas se los llevaron, vivas las queremos!

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Frente común ante delitos electorales, acuerdan PGR y procuradurías estatales

La autoridad ministerial debe estar atenta de una contienda comicial altamente competida, señala Arely Gómez.

La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió un acuerdo de colaboración con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para ofrecer un frente común contra conductas delictivas en materia electoral.

La titular de la dependencia, Arely Gómez González, subrayó que ese instrumento involucra acciones de capacitación, difusión y divulgación destinadas a prevenir los delitos electorales, así como a promover una cultura de la denuncia que inhiba la impunidad, entre otras tareas.

El referido convenio, informó la PGR en un comunicado, implica el intercambio de datos e información en los asuntos de su competencia, además de una plena coordinación en la atención de denuncias con motivo de los procesos electorales en el país.

Gómez González señaló que estos procesos serán los primeros en abordarse con la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, la que ha ampliado los tipos penales y las competencias institucionales.

“Serán también procesos electorales en donde la contienda se revela en sí altamente competida y donde la autoridad ministerial debe estar atenta para reaccionar en forma oportuna ante las posibles condiciones de delitos”, expuso la servidora pública.

En este caso la titular de la PGR instruyó al fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, a que dé puntual seguimiento a los compromisos que emanen del acuerdo suscrito.

La PGR informó que a esta firma asistieron los procuradores de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, como representante de la Zona Centro; del estado de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich, en su calidad de representante de la zona Noroeste.


Asimismo participaron sus similares de Coahuila, Homero Ramos Gloria, representante de la zona Noreste; de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, al frente de la zona Occidente, y el fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, de la región Sureste.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordenan a la CFE abrir el expediente del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”

MÉXICO, D. F: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá entregar la versión pública de toda la información que tenga de las reuniones de consulta con comunidades indígenas sobre el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, en Nayarit.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la CFE le negó la información.

El particular solicitó información sobre reuniones sostenidas con comunidades indígenas de Rosarito, Municipio de Rosamorada, Nayarit, para conocer el proyecto de la hidroeléctrica.

La CFE le contestó que la información está reservada debido a un proceso deliberativo con las comunidades indígenas y el gobierno de Nayarit.

Sin embargo, al analizar el caso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que si bien existe un proceso deliberativo, la información es de interés público porque permite verificar que el Estado garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida.

Y es que según denuncias de los pueblos indígenas, confirmadas por organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), eso no ha sido cumplido.

Además denunciaron que la CFE no documenta opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos, y el INAI afirmó que tampoco acreditó de manera suficiente el daño potencial que se ocasionaría con la publicación de la misma.

Al respecto, el comisionado argumentó que la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que no se puede clasificar información sin que dicha prueba esté debidamente fundamentada y motivada, por lo que hizo un llamado a la CFE a ajustarse a esta previsión.

Además, señaló que existen precedentes sobre el tema, pues el 4 de marzo pasado instruyó a la CFE entregar los resultados de las consultas de opinión.

También, dijo, durante 2014 se resolvieron otros recursos de revisión en los que se pidió información del proyecto “Las Cruces” a otras dependencias como Semarnat o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Salas destacó que “la vida cotidiana de los habitantes de la zona en que se desarrollará el proyecto se verá afectada y tienen derecho a contar con información completa sobre ello.

“Sin este requisito, no es posible afirmar que se han previsto las medidas de mitigación necesarias”, abundó, por lo que propuso al pleno del INAI revocar la respuesta de CFE e instruirla a generar versión pública de la información pues podría contener datos personales que pudieran hacer identificables a quienes participaron en las reuniones.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Televisa calla ante resolución de la Corte favorable al IFT

MÉXICO, D.F: El principal noticiario de Televisa difundió nueve notas informativas de noviembre de 2014 a febrero de este año para desplegar la controversia constitucional que interpuso el senador Javier Lozano ante la Suprema Corte de Justicia en contra de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero guardó silencio absoluto sobre la resolución de los ministros a favor del IFT el pasado jueves 7.

Como un ejemplo claro de la alineación de la llamada “telebancada” del Senado con los intereses de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, desde el 3 de noviembre de 2014, El Noticiario de Joaquín López Dóriga le dio amplia cobertura a la denuncia de senadores del PRI, PAN y Verde contra el IFT por querer posponer 90 días la entrada en vigor de la portabilidad numérica gratuita.

Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, emprendió una campaña contra los comisionados del IFT y los acusó de tener una “muy caprichosa interpretación” del artículo 32 transitorio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Anunció que su partido interpondría una controversia constitucional.

La posición de Lozano fue respaldada por el diputado federal Federico González Luna, del Partido Verde, presidente de la Comisión de Radio y TV, que también forma parte de la llamada “telebancada”.

El pasado 5 de enero la Suprema Corte admitió la controversia constitucional presentada por el Senado contra el IFT. Fue la primera vez desde la reforma del 2011 que una de las cámaras del Congreso interpuso este recurso contra un organismo autónomo. El Noticiario de Canal 2 también le dio amplia cobertura.

El 9 de febrero, López Dóriga editorializó: “Mañana entran en vigor, por lo menos oficialmente, las nuevas reglas de portabilidad numérica que permitirán el cambio de compañía telefónica sin costo. Y dicen que en menos de 24 horas, lo que veo muy difícil.

“Mientras tanto, la Corte continúa la revisión de la controversia presentada por el Senado contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por aplazar hasta mañana la entrada en vigor de las nuevas reglas que debieron haber iniciado el 6 de noviembre pasado, de acuerdo con la ley”.

El pasado jueves 7 de mayo los ministros de la Suprema Corte consideraron infundada la controversia. El proyecto de resolución, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que la facultad del artículo 28 constitucional que le permite al IFT emitir disposiciones administrativas de carácter general, se complementa con la atribución del Congreso para expedir leyes, en el sentido de que si éste no legisla, entonces el IFT no encontrará mayor límite para emitir regulación que el establecido en la propia Constitución.


Sin embargo, Televisa guardó silencia sobre el fallo judicial, a pesar del interés extraordinario que mostró en sus noticiarios para respaldar la posición de Javier Lozano. Ni una sola mención.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARA VILLAMIL.

El 51% de usuarios desconoce el servicio de tv e internet que contrata

México D.F., 11 de mayo: La mayoría de los usuarios de telecomunicaciones en México desconoce las características del servicio que contratan, sobre todo, en televisión de paga e internet, seis de cada 10 no compara los servicios que desea contratar, 36% de los usuarios de telefonía fija desean cambiar de proveedor, pero no existe otra competencia y 25% de los usuarios de telefonía móvil permanecen con la misma compañía ante la inexistencia de otros competidores.

Estos son algunos de los principales datos que arrojó la primera encuesta trimestral entre usuarios de telecomunicaciones realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la aplicación de 4 mil 017 entrevistas, entre diciembre de 2014 y enero de 2015.

El desconocimiento en los servicios de internet y de televisión de paga es de más del 51%, mientras que en telefonía fija 39% desconoce las características y en telefonía móvil sólo 27% ignora las condiciones y plazos de los servicios.

Por compañía, 59% de usuarios de Telcel no buscaron otras empresas antes de contratar, 67% en el caso de Telefónica-Movistar, 73% entre los usuarios de Iusacell y 100% en el caso de Nextel. Este último caso indica que no buscaron comparar los servicios antes de contratar.

Un 33% de los encuestados afirma que no han cambiado de proveedor de telefonía móvil por “falta de tiempo” y 50% señala que no cambian de compañía porque se encuentran satisfechos. 26% se guían porque sus amigos y familiares tienen la misma compañía.

En el caso de telefonía fija, 24% no cambia porque no existe otra compañía (Telmex domina 80% del mercado), mientras que 47% declaró que han estado satisfechos con el servicio que tiene actualmente.

En el caso de la televisión de paga, 44% no cambia de compañía porque “tengo un plazo forzoso que cumplir todavía” y 34% porque no encuentran otras empresas que ofrezcan el mismo servicio en sus localidades.

En el caso de internet, 87% de los usuarios no ha pensado en cambiar de compañía. Un 45% permanece con la compañía porque tiene plazos forzosos que cumplir y 32% porque no encuentran otra compañía.

Más de dos horas diarias de Telefonía Móvil e Internet

Sobre el tiempo de uso de los servicios, 50% de los encuestados declararon que usan el teléfono móvil al menos 2 horas al día y 80% tienen un contrato de prepago, porcentaje demasiado alto, concentrado, sobre todo, entre usuarios de 18 a 25 años.

En el caso de internet, 90% de los encuestados dijo que lo utilizan al menos 2 horas al día. Si el uso es fuera del hogar, sólo 62% afirmó destinarle dos horas máximo y un 70% ignora la velocidad de su servicio de internet.

Un 70% declaró destinarle al menos 2 horas al día a ver televisión de paga en su hogar.

La mayoría de los usuarios de internet que le destinan más de cinco horas es por cuestiones personales y de trabajo.

Los usuarios de 18 a 24 años de telefonía móvil concentran el uso entre las 6 de la tarde y la medianoche, mientras que los usuarios de 35 a 44 años utilizan más el servicio entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Los usuarios de 25 a 34 años concentran el uso entre las 2 y las 6 de la tarde.

Un 34% de los usuarios de 18 a 24 años contratan servicios de prepago, porcentaje que baja conforme aumenta la edad: 32% entre 25 y 34 años, 18% entre 35 y 44 años, y 11% entre los usuarios de 45 a 55 años.

Wi-Fi Público, el sistema más utilizado

Un 38% de los usuarios de telefonía móvil utiliza Wi-fi público para tener acceso a internet, mientras que 36% utiliza los datos que proporciona el proveedor. Sólo 20% utiliza exclusivamente los datos de la compañía.


En televisión de paga, 66% de los encuestados contrató servicios de entre 400 y 600 pesos, mientras que sólo 10% contrató servicios de 600 a 900 pesos y menos de 3% contrató servicios por más de 900 pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Militares en conflicto Perú-Grupo México

Ante protestas por proyecto de minera de Grupo México en Perú, ahora el ejército de este país se suma a los elementos policiacos para resguardar la zona.

Unos 500 soldados iniciaron ayer el resguardo de una ciudad del sur de Perú, donde miles de pobladores protestan desde marzo en contra de un proyecto de la minera mexicana Grupo México.

Soldados del Ejército, Aviación y de la Armada “se instalan en posiciones estratégicas, llámense puentes, túneles e instalaciones de distribución de combustible” de la provincia de Islay, dijo el ministro de Defensa Jakke Valakivi a la televisora estatal.

Los militares colaborarán por 30 días con los dos mil policías presentes en la zona que se han enfrentado con los pobladores en choques casi diarios, los cuales han dejado tres muertos; dos pobladores y un policía.

Contaminación en duda


Los agricultores del valle de Tambo se oponen al proyecto llamado Tía María, de  mil 400 millones de dólares, porque consideran que la mina a tajo abierto para extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Océano Pacífico procesada en una planta desalinizadora.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

La CNDH va ‘a fondo’ en desaparición de normalistas, dice ombudsman a expertos de CIDH

Sostuvieron un encuentro en las oficinas de la Comisión; las investigaciones continuarán.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo e expertos de la CIDH que la CNDH va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la mañana de este lunes a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.

González Pérez dijo que la Comisión Nacional va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al primer visitador general, Ismael Eslava, y al titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta –ambos ahí presentes— a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.

Por su parte, los expertos de la CIDH, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y la disposición de esta Comisión Nacional durante el desarrollo de sus trabajos.


El comunicado de la CNDH:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

México, D. F., a 11 de mayo de 2015

Comunicado de Prensa CGCP/113/15

LA CNDH VA A FONDO EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS, DIJO EL OMBUDSMAN A EXPERTOS DE LA CIDH

Luis Raúl González Pérez los recibió en sus oficinas, donde intercambiaron información y puntos de vista sobre las investigaciones sobre el caso Iguala
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recibió esta mañana en sus oficinas a dos de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre pasado.

En el encuentro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CIDH intercambiaron información y puntos de vista sobre el desarrollo de las investigaciones en torno al caso Iguala.

González Pérez dijo que la Comisión va a fondo en la investigación sobre los normalistas desaparecidos e instruyó al Primer Visitador General, Ismael Eslava, y al Titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta –ambos ahí presentes— a que se continúe la profundización de la investigación y análisis de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante.

“Fortalezcamos todo lo que tengamos que fortalecer para continuar con las investigaciones”, subrayó el Ombudsman nacional, y aseveró que la CNDH tiene la firme convicción de incorporar todo lo que abone al fortalecimiento de las investigaciones.


Por su parte, los expertos de la CIDH, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, reconocieron la colaboración y la disposición de esta Comisión Nacional durante el desarrollo de sus trabajos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CIDH pide homologar la investigación del caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asesora a las autoridades gubernamentales y a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, presentó hoy los resultados de la tercera etapa de su trabajo en el país con cuatro recomendaciones puntuales:

Reactivar inmediatamente la búsqueda de los estudiantes, reclasificar el delito a desaparición forzada, acceso al cuartel del 27 Batallón, para entrevistar a los soldados e integrar en un solo expediente las 13 causas penales abiertas sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con el fin de mantener la conexidad de los delitos, permitir el acceso a la justicia de las víctimas y evitar la pérdida de evidencia.

En conferencia de prensa, Carlos Beristáin y Claudia Paz, argumentaron que por lo menos se tiene una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso, los cuales fueron presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con base en “numerosos testimonios y cruces de información”, el grupo de expertos dio a conocer también que la noche del 26 de septiembre los estudiantes llegaron a Iguala después del evento que presidió la presidenta del DIF y esposa del entonces alcalde y que el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades, aseguraron, sabían desde un inicio de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que se encontraban en acciones de boteo y toma de autobuses.

A petición de los familiares y las autoridades, el GIEI gestionó un encuentro entre un numeroso grupo de familiares de los normalistas y Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal. Éste se llevó a cabo el 5 de mayo pasado, y acordaron continuar con el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desaparecidos.

También se propuso a la PGR realizar nuevas diligencias para completar la investigación del expediente, debido a que muchas de ellas se encuentran pendientes.

Los integrantes del GIEI continúan sus gestiones para entrevistarse directamente con los miembros del 27 batallón de infantería del ejército, destacamentado en Iguala, Guerrero; así como con agentes federales, con el fin de completar información fuera del ámbito judicial, sin embargo a mes y medio de haber hecho esta solicitud, aún no se tiene respuesta.

Después de un examen de la investigación, el GIEI externó su preocupación por la dispersión de los procesos y de la consignación de presuntos responsables vinculados al caso de la desaparición de los 43 normalistas.

Explicaron que existen más de 13 causas penales radicadas en seis juzgados de distintas ciudades del país: Matamoros, Tamaulipas; Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Toluca, Estado de México y Guadalajara, Jalisco, mientras que los presuntos responsables se encuentran en prisiones de Tepic, Nayarit; Jalisco y el Estado de México.

Por ello, sugirieron que se unifique la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; no se dificulte el encuentro entre los consignados, sus familias y sus representantes legales; acortar distancias y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y evitar situaciones de inseguridad, además de que se garantiza que existe un adecuado acercamiento al proceso.

El GIEI, dijeron, considera fundamental esta medida con el fin de evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad del modus operandi.


Por último, pidieron que se reclasifique el delito a desaparición forzada y que se investiguen otros: “se configura el delito de desaparición forzada, no de secuestro, aunque también se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos como tortura en el caso de Julio César Mondragón Fontes; así como tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, además de lesiones y amenazas, sufridas por los normalistas sobrevivientes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusa la CNDH a Borge de violar derechos de Pedro Canché

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –la 13/2015– al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya Pedro Canché.

La recomendación se deriva de la queja interpuesta por Canché el 28 de agosto de 2014 en la que denunció que recibió amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del 11 al 19 de agosto.

Canché se encargó de dar cobertura a ese evento desde el día 16 de ese mes, sin embargo, servidores públicos de esa entidad lo responsabilizaron de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo a las citadas oficinas, por lo que como consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de dicho mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje. Posteriormente fue detenido y recluido en la Cárcel Pública Municipal sin derecho a fianza porque el cargo que le imputaron está considerado como grave.

La imputación que le endilgó el gobierno de Borge Angulo estuvo basada en un peritaje de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.

Sin embargo, expertos de la CNDH analizaron los anteriores elementos desde la perspectiva de los derechos humanos y, a la luz de los criterios expuestos por organismos y tribunales internacionales, llegó a la conclusión que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.

Por otro lado, se tuvo por acreditado que la mañana del 31 de agosto de 2014 el agraviado fue golpeado por otros internos en la cárcel pública municipal de Felipe Carrillo Puerto, por lo que las autoridades que tenían a su cargo velar por su seguridad vulneraron su derecho a la integridad personal.

En la recomendación, la CNDH determinó que un servidor público emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado por documentar y emitir opiniones sobre asuntos de interés público, y forman parte de los actos que de conformidad con diversos organismos internacionales deben ser investigados y, eventualmente, sancionados.

Por ello, le pidió al gobernador de Quintana Roo instruir al procurador General de Justicia de esa entidad para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente.

También se solicitó reparar el daño a la víctima; la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.


El periodista maya cumplió el pasado 30 de abril ocho meses preso, a pesar de que un juez federal reconoció que existen arbitrariedades en el caso, así como violaciones a los derechos humanos y faltas en el debido proceso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pobladores exigen que comunitarios vinculados al narco se vayan de Chilapa

CHILAPA, Gro: Por tercer día consecutivo, la guardia comunitaria vinculada con el grupo delictivo Los Ardillos, que dirige la familia del presidente del Congreso local, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, mantiene el control de entradas y salidas de Chilapa.

También obligaron al director de Seguridad Pública municipal, Job Encarnación Cuenca, a presentar su renuncia al cargo y acusaron al alcalde de ese municipio, el  priista Francisco García González, de proteger a la banda de Los Rojos.

Por su parte, habitantes de la cabecera se congregaron en el zócalo de la ciudad para exigir el retiro de la guardia comunitaria vinculada al narco. Esta situación mantiene una tensa calma, debido a que los ciudadanos pretenden confrontar a los civiles armados.

En tanto que el Ejército y las policías federal y estatal siguen en coordinación con este grupo armado que irrumpió desde el sábado en la ciudad donde desataron una cacería contra Zenén Nava Sánchez, señalado como líder de Los Rojos.

El gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, ha hecho mutis frente a este caso que exhibe el vacío de autoridad y los presuntos nexos de políticos con el narco, dejando a su suerte a los habitantes de la cabecera municipal que permanecen encerrados y  aterrorizados en sus viviendas.

La economía local está colapsada ante el cierre de establecimientos comerciales y las labores académicas en el municipio permanecen suspendidas.

Mientras que en el Congreso local se alistaba la comparecencia del gabinete de Seguridad estatal, encabezado por el secretario de Gobierno, David Cienfuegos, y el titular de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes.

La sesión de pleno es encabezada por el presidente del Congreso, Bernardo Ortega, quien se muestra relajado y dicharachero, a pesar de las recientes acciones del grupo criminal que dirigen sus hermanos que se adjudicaron la ejecución del candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa y dirigen la toma de la cabecera municipal de esta plaza estratégica en la geografía del narco en Guerrero.

Reportes oficiales refieren que la guardia comunitaria al servicio de Los Ardillos retiró el retén que instaló desde el sábado en la entrada de Chilapa, pero mantiene los filtros de revisión sobre otros accesos como el crucero a Zitlala y Atzacoaloya.

El grueso de los civiles armados se replegó a la glorieta Eucaria Apreza donde se mantienen frente a soldados y policías federales y estatales, quienes simplemente observaban las acciones de la guardia comunitaria enfocadas en desmantelar la estructura delincuencial de Los Rojos.

La sospechosa actitud del Ejército y las corporaciones policiacas contrasta con la actitud asumida hace unos meses en contra de la guardia comunitaria surgida en el poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo.


En ese entonces, soldados y federales trataron de desarmar a los policías comunitarios que decidieron combatir a Los Ardillos ante la indolencia gubernamental.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Apuñalan a ex militar en Cereso de Cancún

Cancún, QR. Un ex militar al servicio del cártel del Golfo (CDG) fue apuñalado la tarde de este lunes en la cancha de futbol del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, lo que a punto estuvo de provocar una batalla campal al interior del reclusorio.

El incidente volvió a prender los focos rojos entre las autoridades carcelarias, que la víspera habían reforzado la vigilancia ante la amenaza de un motín durante el Día de las Madres.

Los hechos sucedieron alrededor de las cuatro de la tarde, pero no fue sino hasta las seis que los familiares del interno dieron a conocer el percance mediante mensajes de texto y WhatsApp.

Se trata del ex militar José de la Cruz García Tiquet (a) El Zopi, quien fue apuñalado por la espalda a la altura de la cadera cuando peloteaba en el campo de futbol y quien fue enviado al Hospital General porque estaba perdiendo mucha sangre.

De acuerdo con los mismos familiares del reo, es un sicario al servicio del CDG que ingresó al penal con otros seis matones al servicio del grupo delictivo, y aseguran que hasta el momento se desconoce quién lo lesionó porque pasó caminando por el lugar.

La víspera, el centro de reclusión amaneció con vigilancia reforzada ante la advertencia de un posible motín al persistir una abierta disputa por el control interior por parte de grupos delictivos, que han generado disputas y motines que han puesto en riesgo a los internos y a sus familias, cuando los hechos ocurren en día de visita.

Reporte del hospital

En tanto, el hospital general Jesús Kumate García”reportó que el lesionado ingresó con una herida penetrante en fosa renal derecha con lesión en el riñón derecho y líquido libre en la cavidad peritoneal.


El informe añadió que “está ingresado en el área de choque y trauma en espera de pasar al quirófano para realizarle una laparotomía exploratoria, por lo que su estado de salud es grave y de pronóstico reservado”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Carlos Águila Arreola

Renuncia alto directivo de OHL en México por escándalo de corrupción en el Edomex

Además la empresa dio instrucciones de denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables.

La constructora OHL México aceptó este lunes la “renuncia voluntaria” del directivo Pablo Wallentin, tras del escándalo desatado por la divulgación de presuntas conversaciones entre ejecutivos sobre supuestos sobrecostos en obras y eventual aumento de tarifas en una importante vía cercana a la capital mexicana, informa CNN Expansión

“OHL México sostuvo hoy una sesión extraordinaria en la que, además de instruir a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables, ha acordado aceptar la renuncia voluntaria de D. Pablo Wallentin como directivo de la compañía“, dijo la empresa en un comunicado.

Señala CNN que OHL México ha dicho que no ha cometido ningún fraude contra el Estado de México (Edomex), con el que está negociando ajustes a su título de concesión para construir y operar el Viaducto Bicentenario.


El director de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, ha sido uno de los ejecutivos más expuestos en las presuntas grabaciones, inclusive en una referida al supuesto pago de costosas vacaciones al secretario de Comunicación de Estado de México, Apolinar Mena. Sin embargo, ambos han rechazado las acusaciones.

GRABACIONES:





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policía estatal desató violencia en San Quintín; iba por líderes jornaleros, acusan

MÉXICO, D.F: Integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social acusaron a la policía estatal de Baja California de los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el Valle de San Quintín.

Lucila Hernández, miembro de dicha agrupación, dijo que la policía irrumpió en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero, donde residen los principales dirigentes del movimiento jornalero, con la idea de detenerlos.

Incluso, refiere que ella visitó el fin de semana, junto con seis observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comunidades de Lomas de San Ramón, San Juan Copala y Díaz Ordaz, donde se concentraron las agresiones.

Con base en los relatos recabados, la activista cuenta que la madrugada de ese día los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque” de las autoridades estatales, cuando descendían de sus viviendas para ir a trabajar.

Los uniformados, prosigue, arremetieron sin motivo alguno contra los jornaleros cuando se dirigían a sus centros de trabajo agrícola; incluso, dice que allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.

Por esa razón, refiere que respondieron a las agresiones.

Las mujeres también fueron agredidas. Según Hernández García, la mayoría de ellas fueron arrastradas por los uniformados mientras intentaban defender a sus familias, sus animales y sus casas.

Dos adultas mayores que estaban en uno de los campamentos de protesta que se encuentra sobre la carretera Transpeninsular y una mujer que observaba los hechos desde un local de motores fueron golpeadas en el cuerpo por los uniformados.

La activista del movimiento jornalero no tiene claro cuántas bajas sufrieron, sólo dice que hubo varios heridos por el impacto de balas de goma. La mayoría fue atendida en el Hospital Rural 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la colonia 13 de Mayo, de la delegación Vicente Guerrero.

Además, 14 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la cabecera del municipio de Ensenada. Entre ellas, una jornalera de nombre Agustina Luna Santos –liberada la tarde de ayer junto con cuatro menores de edad–, quien fue arrestada por los uniformados mientras buscaba el apoyo de una ambulancia.

De acuerdo con el testimonio de Agustina –que compartió con los observadores de la CNDH–, la mujer fue violentada psicológica y verbalmente por los agentes judiciales, quienes la amenazaron de acusarla de “delitos graves” si no señalaba la vivienda de los líderes del movimiento.

Luego de los enfrentamientos, los jornaleros decidieron usar piedras para bloquear los caminos y resguardaron un tanque blindado de la policía estatal para impedir nuevos actos represivos.

Según la activista, un día después de estos hechos, el subsecretario de Gobierno del estado, Pablo Alejo López Núñez, se reunió con los voceros de la Alianza para negar que él hubiera ordenado la represión contra las y los jornaleros, y aseguró que si el movimiento desbloqueaba la carretera entonces el gobierno del estado accedería a liberar a las personas detenidas.

Lucila Hernández asegura que una parte de los habitantes de la delegación Vicente Guerrero “resguardan la comunidad ante la expectativa” de nuevas agresiones” y que el resto de habitantes fue a trabajar.

“La gente no tiene miedo, tenemos coraje, dolor, tristeza de este gobierno que en vez de darnos solución está reprimiendo e intenta matar a nuestro pueblo”, dice.

A la par de estas declaraciones, la directora de la Casa de la Mujer Indígena, Margarita Amalia Cruz Cruz, señaló en entrevista que apenas supo de los hechos llamó de inmediato a los habitantes de la delegación Vicente Guerrero (a 40 minutos de la organización), quienes confirmaron la agresión y aseguraron que los policías estatales iban en busca de los líderes, según lo que les iban gritando.

La defensora de los derechos de las mujeres cuestionó que la policía estatal estuviera afuera de las casas de una comunidad que se ubica a más de 600 metros arriba de la carretera Transpeninsular, en el horario en que las familias salían a trabajar, lo que a todas luces hace ver los hechos como una “provocación” por parte de las autoridades de la entidad.

Cruz Cruz explica que desde la marcha del pasado viernes hubo presencia de “infiltrados” que buscaban disolver las negociaciones que ese día habrían de llevarse a cabo con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien no asistió a la mesa porque “no había transporte” y aún no concluían los trabajos previos.

Sin embargo, los integrantes del movimiento jornalero pidieron a los manifestantes que se retiraran del lugar a fin de descubrir a los “provocadores”.


Tras deslindarse de los hechos represivos, Miranda Nava se comprometió a reanudar la mesa de diálogo con las y los jornaleros este miércoles 13 de mayo para responder si habrá aumento de salario a 200 pesos como mínimo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.

México, segundo lugar mundial en crímenes por homofobia

MÉXICO, D.F: En los últimos 19 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH).

Realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana con base en reportes periodísticos de todo el país, el informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, sólo después de Brasil.

Y advierte que se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y la corrupción” que gira en torno a la investigación de estos crímenes en nuestro país “invisibilice” el problema.

Durante la presentación del informe de la CCCOH, como parte del Foro Homofobia y Derechos Humanos en México –en la Facultad de Derecho de la UNAM–, el investigador Alejandro Flores Medel, detalló que la mayoría de los mil 218 homicidios fue contra hombres (976), integrantes de la comunidad trans –travestis, transgénero y transexuales (226) y mujeres (16).

No obstante, en este último rubro el investigador advirtió que los asesinatos contra lesbianas están “subreportados” pues los medios de comunicación no los identifican como homicidios homofóbicos, sino como feminicidios.

En el estudio, el DF ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.

Sobre la edad más frecuente de las víctimas de estos crímenes, el estudio indica que la mayoría van de los 30 a 39 años (266 registros) y de los 18 a 29 años (261); le siguen los de 40 a 49 años (170), de 50 a 59 años (105), 60 en adelante (74) y menores de edad (23); en el resto de los casos (319) no se encontró dato de las víctimas.

A propósito del lugar donde se cometieron los crímenes, el reporte señala que el domicilio de la víctima es el lugar preferido de los agresores, seguido por la vía pública, lotes baldíos, hoteles o moteles, el campo, el lugar de trabajo, canales o ríos y en sus vehículos.

En cuanto al tipo de agresión, se encontró que más de 80% de las víctimas fueron agredidas con arma blanca. Le siguieron los golpes, el bloqueo de la respiración –asfixia, estrangulamiento o ahogamiento–, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento.

De los años que se tomaron en cuenta para el informe de la CCCOH –de 1995 a 2014–, el 2005 tuvo el más alto registro con 71 casos. Desde entonces, las cifras registran “una tendencia al aumento en el número de homicidios motivados por el prejuicio homofóbico”.

Según el informe, este hecho “coincide con la mayor visibilidad pública ganada por la comunidad de la diversidad sexual desde ese año”; aunque aclaró que el aumento también se puede deber a una mayor cobertura periodística de este tipo de crímenes.

Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, acusó que en el DF y varias partes del país, se ha identificado el modus operandi de bandas organizadas que eligen a los integrantes de la comunidad LGBT como “blancos vulnerables y fáciles” para delinquir.

De los casos denunciados, dijo, 35% son crímenes de odio y homofobia. “Las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables al delito, pero eso las autoridades no lo toman en cuenta”.


El “gancho”, explicó, se da en las plazas principales del país y en internet, donde los delincuentes “seducen” a sus víctimas, las enamoran y cuando éstas les abren las puertas de sus casas, los agreden, llaman a sus cómplices y saquean sus propiedades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.