Piden se traslade a Nestora Salgado al penal de Tepepan

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria del municipio guerrerense de Olinalá, dijo que no hay fundamentos legales para que la activista esté recluida en un penal federal y por ello piden que sea trasladada a una cárcel donde tenga atención médica, en particular al de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, que cuenta con una torre de especialidades

Nestora, quien permanece en huelga de hambre desde el martes 5 en el penal de Nayarit, está recluida acusada de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, que es un delito del fuero común, por lo tanto no debe estar en una prisión federal, aclaró su abogado.

“Ingresó por un delito del fuero federal que era delincuencia organizada y tres procesos del fuero común; el proceso del fuero federal ya concluyó, pues un tribunal determinó revocar el auto de formal prisión y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito”, explicó.

También recordó que ante la situación de gravedad y urgencia de la salud de Nestora, el 28 de enero la CIDH solicitó al Estado mexicano que adoptara medidas cautelares para proteger su integridad física.

Es por ello que el 18 de febrero se reunió con funcionarios del gobierno de Guerrero y de la Segob con el fin de evaluar el eventual traslado de la activista a un penal donde se protegiera su salud, sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta.

Rivero Rodríguez, quien estuvo con la activista este fin de semana, declaró que la decisión de Nestora es llevar la huelga de hambre “hasta sus últimas consecuencias”.

Ahora ella padece gastritis y una neuropatía en las cervicales que le provoca adormecimiento en las extremidades.

La activista lleva siete días sin probar alimentos y sólo bebe agua. “Su estado de salud de por sí es delicado, por los accidentes que sufrió, por los padecimientos que tiene y la huelga de hambre ha venido a agravar esos males”, abundó.

Además, destacó que no hay avances en el caso, en parte porque la causa penal se lleva en Guerrero, donde se dio la acusación, y en Nayarit, donde está Nestora, así como por la distancia entre ambas entidades, por lo que las diligencias tardan mucho tiempo en concretarse.

“Ha habido dos audiencias donde las presuntas víctimas debieron comparecer, dar declaración y carearse, y no llegó nadie. Entonces estamos en una situación complicada en todos los sentidos, por esa razón tomó la decisión de iniciar una huelga el hambre el martes”, explicó.

Además, denunció que ninguna autoridad del penal ha interferido para acabar con la huelga de hambre, por ello están analizando una vía legal para pedir el traslado de la activista, porque en este momento es prioridad su salud aunque la finalidad es obtener su libertad.


El abogado también llamó a las autoridades federales a tomar acciones y trasladar a Nestora a otro penal, en este caso al de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, que cuenta con una torre médica de especialidades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

La Alondra verdadera regresará

Ocho años después de que su padre la sustrajo de su hogar en Texas, la menor Alondra Díaz será devuelta a su madre.

El pasado 16 de abril agentes de la Policía Federal sacaron por la fuerza a una joven de nombre Alondra y la trasladaron a Estados Unidos… pero no era la Alondra correcta. 

Ahora, después de identificar a la verdadera hija de Dorotea García, su padre decidió entregarla a las autoridades ministeriales de Michoacán. 

Ante el temor de que se ejerciera alguna acción legal en su contra por la interrupción de la custodia, el padre de Alondra Díaz accedió a entregar a la menor. Además, se llegó a un convenio para que su madre retirara los cargos, informó ayer Juan Manuel Estrada Jiménez, presidente de la Fundación FIND A.C., que gestionó el proceso.

Los Luna demandarán


Mientras tanto, los padres de Alondra Luna, la joven que fue confundida inicialmente y transportada de manera errónea, anunciaron demandas a las autoridades de México y Estados Unidos por la violación a las garantías de su hija. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Petroleros indignados

Las movilizaciones planeadas en contra del cierre de plazas de hasta 3 mil jubilados no harán sencillo el recorte anunciado por Pemex.

Trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) lucharán porque el cierre de 3 mil plazas no se haga realidad.

Una red de protestas comenzó a planearse desde que la semana pasada el director de Finanzas de la petrolera, Mario Beauregard, anunció la intención de la empresa de reducir su fuerza laboral.

El miércoles pasado Beauregard aseguró que este año se jubilarán entre 2 y 3 mil empleados de Pemex y que una vez abandonado, el espacio no volvería a estar disponible.

“Lo que vamos a hacer es que hay mucho personal que ya está en edad de jubilarse, que ya cumplen con las edades y los 25 años de servicio, y ese personal una vez que se jubile en las próximas semanas o meses, no vamos a volver a emplear”, explicó en entrevista para Radio Fórmula.

En respuesta, la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros anunció que se llevarán a cabo una serie de protestas a nivel nacional para evitar el recorte.

Juan Carlos Chávez, líder de la alianza opositora al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), argumentó que la medida atenta contra los derechos laborales sindicales.

Consideró además que violaría el contrato colectivo de trabajo, el cual establece que estas plazas se heredan a familiares directos de los jubilados.

Presupuesto limitado

La necesidad de Pemex de reducir su fuerza laboral se debe en parte a la caída en los precios del petróleo, que obligó además a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir gastos gubernamentales.

El presupuesto de la petrolera se redujo en aproximadamente 62 mil millones de pesos, obligando a la empresa productiva a tomar medidas este tipo de medidas.


Los recortes en los últimos meses no han sido exclusivos de la compañía mexicana. De acuerdo con Bloomberg, desde que comenzaron a caer los precios del crudo se han anunciado más de 100 mil despidos en la industria alrededor del mundo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Gobierno de Guerrero negocia con ‘narco comunitarios’

CHILPANCINGO, Gro: El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Pedro Almazán Cervantes, afirmó que el narco está detrás del grupo armado que irrumpió desde hace tres días en Chilapa y que mantiene sitiada la población con el apoyo del Ejército y las policías federal y estatal.

“¿Quiénes son las personas que están en Chilapa que irrumpieron de manera intempestiva en la presidencia municipal? Bueno, pues todavía no está a mi alcance determinarlo porque la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones. Sin embargo, existen versiones extraoficiales de que son gente ligada a grupos delictivos”, reveló el funcionario estatal.

Por su parte, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, dijo que sus asesores “están dialogando” con los líderes de la guardia comunitaria vinculada al grupo criminal Los Ardillos, dirigido por los hermanos del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.

Ello con el propósito de “convencerlos” de que se retiren de la cabecera para que las autoridades estatales asuman la seguridad de ese municipio colapsado por la narcoviolencia, indicó el responsable de la política interna en Guerrero.

Lo anterior durante la comparecencia de ambos funcionarios este día ante el pleno del Congreso local, donde ningún diputado cuestionó el hecho de que la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez negocie con un grupo armado que tiene nexos con la delincuencia.

El titular de la SSP reconoció que el gobierno estatal carece de la capacidad para garantizar seguridad en la entidad debido a que tienen un déficit de policías.

Al respecto, Almazán Cervantes señaló que de los 4 mil 307 policías estatales que conforman la corporación, la mayoría no está en funciones operativas sino de escoltas de funcionarios, políticos, empresarios y resguardando edificios públicos, penales y establecimientos comerciales.

El funcionario explicó que para labores de prevención del delito en las siete regiones de la entidad operan de 70 a 80 policías estatales, cuando se requieren al menos 500 uniformados en cada zona para garantizar la seguridad.

El cuestionamiento de la mayoría de diputados se enfocó en la grave crisis de inseguridad y el vacío de autoridad que persiste en la entidad, donde son comunes los asesinatos, secuestros, extorsiones y ahora la presencia de grupos de autodefensa ligados al narco.

Al respecto, el secretario de Gobierno dijo que existen puntos rojos “focalizados” en la entidad, debido a que la violencia generada por la delincuencia y los movimientos sociales no se ha generalizado.

También consideró que esta situación no pone en riesgo las elecciones del próximo 7 de junio, pues están negociando con “los grupos radicales” y combatiendo el crimen.

Ante los hechos delictivos que persisten en Chilapa, el titular de la SSP advirtió que es necesario no depender de las guardias comunitarias porque en algunos casos, indicó, “están cuidando las rutas de trasiego de droga”.

Mientras, el coordinador de la fracción priista Héctor Apreza Patrón consideró que en Guerrero se vive una crisis de gobernabilidad creciente ante la incesante ola de violencia generalizada, aparición de grupos armados y crímenes contra ciudadanos y políticos.

También criticó la visión autocomplaciente de Ortega Martínez, quien considera que antes todo estaba mal y ahora “todo va mejorando”.

Apreza Patrón planteó que los problemas de seguridad en la entidad no se van a solucionar con “visiones aisladas”, y acusó a Rogelio Ortega de alentar desde el poder a los grupos sociales que ellos califican como “radicales” para confrontar a sus opositores políticos.

Como ejemplo, hizo referencia a la firma de un acuerdo en sigilo realizado este fin de semana con una facción del magisterio disidente y organizaciones sociales, pacto del que se informó no se pueden dar detalles públicos.


“¿Qué esconde ese acuerdo que no se pueden divulgar? Parece que están hipotecando el estado a favor de los grupos radicales y es lamentable que existan acuerdos públicos y beneficios privados”, expresó Apreza Patrón.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Surgen “autodefensas legítimas” y piden no votar por ‘Chon’ Orihuela

MÉXICO, D.F: A menos de un mes del final de la campaña para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales en Michoacán, apareció un grupo autodenominado “Grupos de Autodefensas Legítimas”, cuyos integrantes anuncian que no dejarán las armas y convocan a que no se apoye al candidato del PRI, Asunción Orihuela, al que acusan de formar un cártel más peligroso que Los Caballeros Templarios.


En un video difundido en redes sociales, los integrantes del grupo sostienen que no se vendieron y no se han desintegrado y tampoco desmovilizado, aunque muchos de sus compañeros sigan en la cárcel y otros hayan sido muertos por defender a sus familias, tierras y sus pueblos.

También aclaran que ellos siguen luchando –como originalmente se dieron a conocer en febrero de 2014– contra los Templarios y “el gobierno asesino que los hizo presidentes municipales y diputados hace dos años”.

“No vamos a parar hasta que tengamos una verdadera justicia, los representantes de los pueblos levantados en armas advertimos que nuestro territorio no está libre del crimen organizado, que nuestras familias y nuestras tierras siguen acechadas por los delincuentes”, señala uno de los cinco hombres embozados y armados con fusiles de asalto que lee el comunicado.

Sostiene que es una vergüenza que el gobierno quiera ocultar la realidad de violencia y miedo con el que viven los michoacanos. “Asimismo es una vergüenza y una traición que hoy por la ambición del poder y el dinero, algunos exautodefenas hayan vendido el movimiento”, sostiene el grupo en su comunicado.

Señala a Estanislao Beltrán Papá Pitufo como el mayor traidor porque ya olvidó a quienes fueron muertos luchando entre las autodefensas y ahora apoya al candidato del PRI, ‘Chon’ Orihuela, siendo este partido quien encumbró a los Templarios bajo las órdenes del comisionado Alfredo Castillo y el “narco-gobierno del PRI” que los quería desarmar.

“Ahora Papá Pitufo tiene amnesia y le levanta la mano al candidato del PRI, Chon Orihuela. Ya olvidó que el doctor (José Manuel) Mireles sigue injustamente en la cárcel por defender a su pueblo y que fue ese partido, el PRI, el que dejó a los Templarios gobernar y masacrar a nuestra gente”, advierte el grupo de “Autodefensas Legítimas”.

Además, hacen un llamado a las autodefensas de la costa, de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, a su líder Semei Verdía, para que no permitan el regreso de los que traicionaron el movimiento.

“Por la memoria de nuestros hijos muertos, de nuestras mujeres violadas, de tierras robadas, de nuestros hermanos secuestrados y de los comunitarios asesinados, no dejemos entrar al cártel de los Orihuela, encabezado por el candidato del PRI, Chon Orihuela. No hablemos con él, no lo apoyemos, declarémosle la guerra, es un verdugo del pueblo que miente y traiciona”.

Luego piden al pueblo que no se deje engañar, que levante la voz contra el olvido, que recuerde a los muertos por el narcogobierno integrado por una generación de narcopolíticos, y entre ellos señala al exgobernador Fausto Vallejo, el comisionado Alfredo Castillo, el exgobernador interino Jesús Castillo y al candidato Chon Orihuela “todos ellos sirvientes de La Tuta”.


Finalmente, insisten en que no dejarán las armas y seguirán defendiendo sus familias y pueblos.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

OHL-Peña, delincuencia de cuello blanco

MÉXICO, D.F: El más reciente escándalo de corrupción de la constructora española OHL corre el riesgo de quedarse sólo en el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, un ladrón de poca monta frente a priistas de la cumbre como Emilio Lozoya Austin, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles y, naturalmente, Enrique Peña Nieto.

Exhibido en grabaciones difundidas originalmente en España en contubernios para pagar sobreprecios en la ampliación del Viaducto Bicentenario, que en realidad es el segundo piso del Periférico que corresponde al Estado de México, Mena Vargas es y ha sido, literalmente, un achichincle.

Los verdaderos ganadores de los negocios multimillonarios son de la élite política y empresarial de México y –en el caso de OHL– de España.

Apolinar Mena, antes del cargo que ostenta en el Estado de México, donde como gobernador Peña le abrió las puertas a OHL para darle ganancias por miles de millones de pesos, fue secretario del Consejo de Administración del equipo de futbol Toluca, cuyo presidente es Valentín Díez Morodo, un magnate de origen español que hizo fortuna al amparo del Grupo Atlacomulco.

Y Díez Morodo, quien preside el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), es integrante del Consejo de Administración de OHL, que en México encabeza José Andrés de Oteyza y del que forman parte también Ruiz Sacristán, Reyes Heroles González Garza y, hasta antes de ser director general de Pemex, Lozoya Austin.

El caso de Díez Morodo es distinto al de los otros miembros del consejo de OHL, incluyendo a De Oteyza, uno de los arquitectos del desastre de José López Portillo: Pertenece al elenco de los hombres más ricos de México, es consejero de 32 grandes empresas y multinacionales, entre ellas Grupo México, de Germán Larrea, Telefónica, Zara y hasta de las bodegas del delicioso vino Vega Sicilia.

Más aún: Es vicepresidente del consejo de administración del grupo Aeroméxico, que al extinguirse Mexicana quedó prácticamente como monopolio de la aviación, y de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, uno de los más grandes evasores de impuestos del país y cuyo hijo, Claudio X. González Guajardo, da clases de moral desde Televisa.

Los otros tres consejeros mexicanos de OHL quizá no le digan nada a muchos mexicanos, sobre todo a los jóvenes, pero están plenamente identificados con la élite priista entregada a los negocios privados vinculados al poder público.

De hecho, si han sido contratados por OHL y por otras multinacionales extrajeras –relacionadas con la construcción y el sector energético– ha sido más por la información estratégica que poseen y sus relaciones políticas y hasta familiares que por sus aptitudes como servidores públicos.

El más visible es Lozoya Austin, actual director de Pemex, quien trabajó para Obrascón Huarte Lain (OHL) hasta antes de asumir el cargo y desde el que ha otorgado a esa empresa al menos tres contratos multimillonarios sin ningún sonrojo sobre conflicto de interés o tráfico de influencias.

Lozoya Austin ha dicho que conoció a Peña a través de Luis Videgaray, a su vez discípulo de Pedro Aspe, que fue maestro de ambos en el ITAM, pero omite mencionar que la relación viene de antes.

En efecto, Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalman, secretario de Energía y compañero de gabinete de Aspe, secretario de Hacienda, en el gobierno de Carlos Salinas, y cuya hija, Mónica Aspe Bernal, es actual subsecretaria de Comunicaciones y Transportes.

Otro junior de la élite en OHL es Jesús Reyes Heroles González Garza, hijo de Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación y Gobernación con López Portillo –y por tanto compañero de gabinete de De Oteyza–, quien en el gobierno de Ernesto Zedillo fue embajador de México en Washington y secretario de Energía.

Fue de los priistas que cortejó Felipe Calderón y, siendo copropietario del grupo empresarial al que pertenece Grupo de Economistas y Asociados (GEA), adulteró encuestas en la elección del 2006 para favorecer al panista. Su premio fue ser director de Pemex.

Ahora, además de ser miembro del consejo de administración de OHL, trabaja para banco Santander México, y es socio de Morgan Stanley Private Equity, para promover proyectos de inversión en el sector energía en Latinoamérica.

Otro de los miembros del consejo de administración de OHL es Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes, también en el gobierno de Zedillo, y operador responsable del manejo y dirección de todas las operaciones de Sempra Energy en México, empresa generadora de energía. Ligado estrechamente a Luis Téllez, está entregado como él a los negocios.

OHL oculta los millonarios honorarios que paga a sus empleados y sólo admite que los consejeros reciben una “compensación anual” de 440 mil dólares estadunidenses, equivalentes a casi siete millones de pesos, es decir, más de 550 mil mensuales. Nada mal.

El negocio, sin embargo, está en otra parte: En lo que no se ve ni se declara fiscalmente y por tanto no existe. Es decir, en los sobornos, “moches”, “entres”, a menudo en efectivo, para que la autoridad haga convocatorias a la medida de las empresas “amigas”.

Estos enjuagues quedaron en evidencia con las grabaciones difundidas por el medio digital El Confidencial, de España, uno de cuyos protagonistas, el famoso Apolinar, será un chivo expiatorio de un escándalo de corrupción que lleva hasta la punta de OHL y del gobierno de México. El otro es Pablo Wallentin, director de Relaciones Institucionales de OHL México, con quien habló y ya renunció.

Y es que fue Peña quien, siendo gobernador del Estado de México, le abrió las puertas a esta empresa española, cuyo presidente, el octagenario Juan Miguel Villar-Mir, tiene una cauda de corrupción inmensa a tal punto de que, en 2013, fue imputado por corrupción en un esquema bien conocido en México: Financió al derechista Partido Popular de José María Aznar a cambio de contratos de obra pública.

El asunto da para más…


Por ejemplo, quien le concesionó a OHL sus principales obras viales como jefe de Gobierno fue Marcelo Ebrard, descarrilado –por ahora– como aspirante presidencial…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)

Voto nulo y boicot: Enemigos de la elección

Movidos por el desencanto político, un sector de la población defiende la idea de que es mejor no emitir sufragios que votar por candidatos sin propuestas claras.

El escenario del proceso electoral del 2015 parece un circo de tres pistas. Además de las campañas electorales y el ejercicio de las autoridades electorales está el espacio reservado para quienes han llamado a ejercer el voto nulo o boicotear los comicios.

La actuación de quienes promueven la anulación de los votos se alimenta de su decepción por los políticos y sus propuestas.

Fue en las elecciones del 2009 y el 2012 cuando surgieron movimientos que llamaban a los ciudadanos a anular sus votos en protesta por la forma de gobernar de los políticos y la falta de oportunidades de acceso para los ciudadanos.

Históricamente las elecciones intermedias -cuando se renueva a los integrantes de la Cámara de Diputados y se realizan algunas elecciones locales- son las que tienen un mayor índice de votos nulos.

En las elecciones de 1997, el total de votos nulos fue de 856 mil 732, lo que representó un 2.89 por ciento de la votación. En el 2003, el voto nulo fue de 3.36 por ciento, con 903 mil 664 votos.

En el 2009, luego de la primer campaña masiva a favor del voto nulo, esos números se fueron casi al doble. Ese año, los votos nulos alcanzaron un millón 839 mil 971, un 5.39 por ciento del total de votos emitidos.

En elecciones presidenciales, los números se encuentran ligeramente por debajo de esos índices. En la elección del año 2000, los votos nulos fueron 868 mil 516, un 2.32 por ciento de la votación total. En el 2006, se alcanzó un 2.16 por ciento de anulaciones, es decir, 900 mil 373 votos.

En la elección del 2012, los votos nulos fueron un millón 241 mil 154, un 2.47 por ciento de la votación total.

A pesar de parecer porcentajes de votación muy bajos, algunas veces el voto nulo ha sido considerado un factor decisivo en el resultado de las elecciones.

Ocurrió así en las elecciones presidenciales del 2006, cuando la diferencia de votos entre Felipe Calderón (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD) fue de apenas 243 mil 934 votos, un 0.56 por ciento.

Después de esa elección, López Obrador acusó que quienes promovieron el voto nulo avalaron el fraude del 2006. Para este proceso del 2015, el político tabasqueño ha llamado a no anular el voto para no ayudar a “la mafia del poder”.

Hay otros que van más allá. Movimientos sociales en Guerrero han llamado a no permitir que se realicen las elecciones y boicotear cualquier intento para realizarlas.

Frente a esas posturas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha limitado a advertir a los ciudadanos sobre las consecuencias que podría traer no participar en las elecciones, o participar de forma limitada.

Los promotores del voto nulo

Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha llamado a los ciudadanos a expresar su rechazo a los políticos a través de la anulación de la boleta electoral el próximo 7 de junio.

A finales de marzo, cuando su Movimiento cumplió su cuarto aniversario –los mismos años desde el asesinato de su hijo, Juan Francisco- Sicilia afirmó que el principal motivo de protesta es la inseguridad que sigue señoreando por todo el país.

“Mientras los partidos y sus gobiernos no estén dispuestos a limpiar sus filas de criminales que trabajan bajo su amparo y a crear mecanismos para erradicar la impunidad en todos los niveles, mientras continúen vendiendo y destrozando el territorio nacional (…) continuarán, como hasta ahora, administrando el infierno y representando a un país de muertos y desaparecidos en constante aumento. Nosotros nunca los avalaremos ni colaboraremos con ello.

“Llamamos al boicot electoral como un acto de desobediencia civil frente a las traiciones, simulaciones y crímenes de las partidocracias que han destruido el Estado y han dejado de representarnos”, afirmó Sicilia, el 27 de marzo de este año.

Días después, Marco Antonio Baños, consejero del INE, dijo que llamar a no votar es actuar en contra del propio desarrollo democrático del país.

“Me parece que en las condiciones actuales hacer un llamado para que no se vote es contrario a una tradición democrática que ha permitido que los poderes públicos se instalen a partir de los procesos comiciales”.

Sin embargo, para Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el voto nulo también es un derecho que se debe garantizar a los electores.

En cada uno de los foros o reuniones con diversos sectores de la comunidad donde se presenta, el catedrático ha llamado a no volverse cómplices de un gobierno que no garantiza buenas condiciones de vida a los ciudadanos.

“Mientras no se respete el derecho al voto en blanco, mientras no se respete el derecho a la nulidad del voto, esto sigue siendo una simulación para todo el que quiera participar; porque nos ponen dos o tres atarantados y alguno de ellos tiene que salir.

“Por supuesto que los ciudadanos tenemos el derecho a decir ‘no quiero a ninguno de los tres y me pones a otro’”, dijo Vera Jiménez en una reunión con la Federación Estatal de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Morelos, en octubre pasado.

Cuando se cumplió un mes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de octubre del 2014, Vera Jiménez se pronunció claramente a favor del voto nulo en un discurso que dio, en solidaridad con los padres de los 43.

“Ausentémonos de las urnas, hagámosles a los políticos un boicot político, un paro político; dejémosles con sus boletas y sus urnas, no nos convirtamos en cómplices, no los legitimemos.


“No nos presentemos a las urnas, no hagamos de eso un circo como el que han hecho tantos políticos, y mientras sigan sin aparecer los 43 compañeros de Ayotzinapa y mientras sigan presentándonos candidatos vinculados al narco digamos no a las elecciones”, llamó el rector.

Morelos es uno de los estados donde más amenazas se han presentado contra candidatos, y en el que se han denunciado vínculos entre algunos políticos y grupos del crimen organizado.

‘Todos son lo mismo’

Al llamado al voto nulo se ha unido también el padre Alejandro Solalinde, activista a favor de los migrantes y fundador del albergue “Hermanos en el Camino”.

En varias declaraciones, Solalinde se ha mostrado en contra de no permitir que se realicen las elecciones, como algunos grupos inconformes en Guerrero han manifestado, sino que ha llamado a protestar anulando el voto.

“No habría necesidad de boicotear las elecciones. En lugar de votar por un partido, que ya sabemos que todos son lo mismo, podemos anular la boleta con un ‘43’ para que no se le olvide al gobierno lo que pasó y que aún no hemos superado.

“Porque al boicotear las elecciones, además de impedir un derecho a los ciudadanos como el ir a votar, le estaríamos dejando la casa abierta al gobierno para que se sirva con la cuchara grande, por eso debemos anular las boletas”, afirmó Solalinde, en febrero pasado.

En opinión del clérigo, el gobierno en turno es “mediocre y corrupto”, por lo que los ciudadanos deben ir a las urnas y mostrar su inconformidad, no solo dejar de participar en el proceso electoral.

Que nadie vaya a las urnas

Una manera de protestar es anulando el voto, el propio. Otra, es el boicot: tratar de impedir que los comicios se lleven a cabo, que se instalen casillas o evitar que otros ciudadanos vayan a las urnas.

Este ha sido el llamado de varias organizaciones en el estado de Guerrero y otras entidades. Para ellos, no votar o anular el voto es insuficiente. Tratarán de que el proceso electoral no se lleve a cabo.

A principios de abril, reunidos en la Convención Nacional Popular que convocó a más de 200 organizaciones civiles -entre los que se encontraban los padres de los 43 normalistas desaparecidos- las organizaciones sociales acordaron que tratarán de boicotear las elecciones “donde haya condiciones”.

En esa Convención Nacional Popular, las organizaciones acordaron que se revisará las condiciones para boicotear las elecciones; este boicot podría aplicar en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla.

Es en Guerrero donde se concentra el mayor número de organizaciones que desean boicotear las elecciones.

Las organizaciones que han decidido dar la batalla porque no haya comicios en esa entidad se han agrupado en el Movimiento Popular de Guerrero y otros que han hecho suya la intención.

Los primeros grupos que promueven el boicot electoral en esa entidad son los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Desde hace varias semanas, en los mítines de apoyo a su causa, los padres no se han cansado de decir que no permitirán la realización de las elecciones en Guerrero por considerar que se trata de “un circo” que solo beneficia a los partidos políticos.

“¡No a las elecciones! Porque ningún partido es la solución. El votar, es votar por el crimen organizado y por los mismos políticos desvergonzados y asesinos.

“En Guerrero no va a haber elecciones, aunque el ‘gobernadorcillo’ diga que va a haber, aunque el secretario de Gobernación diga que va a haber”, advirtió Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desde enero pasado.

La lucha para que no se realicen las elecciones ha llevado a las organizaciones a realizar acciones que han terminado, incluso, en violencia.

Al inicio de las campañas políticas, el Movimiento Popular de Guerrero retuvo durante algunos días a Alberto Lidio González, asesor de Salvador Basurto, consejero presidente del INE en el municipio de Tlapa.

La retención ocurrió luego de una protesta en que los integrantes del MPG aseguraron que no permitirían la organización de las elecciones hasta que aparezcan los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Maestros pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han afirmado que también se unirán al boicot de las elecciones; sin embargo, en privado han hecho acuerdos con el gobernador Rogelio Ortega para resolver algunas de sus demandas y evitar que se unan a quienes buscan el boicot.

El INE quiere paz

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ha afirmado que cada vez son menos grupos los que buscan boicotear las elecciones; pero aun así, el Instituto debe garantizar el acceso a las urnas a quienes sí quieran votar.

“Nuestra intención no es generar un ambiente militarizado, de policía, para desarrollar las elecciones, esto no es conveniente, pero nuestro mandato es permitirle a los ciudadanos que ejerzan con libertad su voto y tenemos que generar esas condiciones.


“No estamos pensando en operativos especiales, por supuesto la comunicación y coordinación la tenemos, la estamos afinando, pero a todos conviene que el próximo 7 (de junio) exista paz y tranquilidad para poder ejercer el derecho al voto”, afirmó Córdova en una entrevista radial con Grupo Imagen.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Desalojo mafioso persigue a ‘El Bronco’

De acuerdo a testimonios incluidos en una investigación de la PGR, Jaime Rodríguez habría estado involucrado durante su época como alcalde de García en el despojo de un predio en el que participaron policías municipales coludidos con integrantes del Cártel de Los Zetas; el hoy candidato a la gubernatura de Nuevo León niega. En esta liga encuentras los documentos de la denuncia.

Documentos.

Una vez más el nombre de Jaime Rodríguez, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, aparece relacionado con un desalojo violento e ilegal ocurrido durante su época como alcalde de García.

Pero en este despojo existen elementos adicionales que hacen de alta gravedad este caso para “El Bronco”: una persona resultó muerta y existe la sospecha de que participaron integrantes del Cártel de Los Zetas coludidos con elementos de la Policía de García.

El nombre del candidato independiente aparece mencionado en la averiguación previa AP/PGR/NL/ESC-V/2452/D/2010, que la PGR inició por los hechos ocurridos la tarde del 28 de octubre del 2010, en la comunidad conocida como El Palmital, en el municipio de García.

Ese día resultó muerto por disparos hechos por militares Fernando Osorio Álvarez, un ingeniero que trabajaba para una constructora y que coordinaba las máquinas retroexcavadoras que se utilizaron para derribar las casas de los habitantes de esta comunidad, ubicada en la carretera García-Icamole.

Cuando arribó el Ejército, tras recibir una denuncia de que en la zona había un retén del crimen organizado, Osorio Álvarez huyó de la zona a bordo de su camioneta, pero fue alcanzado por las balas de los militares.

En la averiguación previa de la PGR –de la cual Reporte Indigo tiene una copia y de la cual un extracto se publica para su consulta en la página digital de este medio- existen 6 testimonios de testigos que involucraron en este desalojo a Rodríguez Calderón.

El nombre de Abel Guerra — hoy diputado federal del PRI y exalcalde de Escobedo— aparece también en el expediente señalado como propietario del terreno donde se llevó a cabo este desalojo.

En el operativo militar —según consta en la investigación federal— se detuvieron 10 policías municipales de García y 4 civiles armados. 

También se decomisaron 7 pistolas calibre .38, 3 escuadras .9mm, 4 cargadores,  44 cartuchos calibre .38, 51 cartuchos calibre .9mm, 38 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 55 cartuchos calibre .223 mm.

Armas y amenazas

Los habitantes de la comunidad El Palmital —que aseguraron tener 20 años viviendo en esos predios— sostuvieron en su comparecencia ante el Ministerio Público Federal que los elementos policiacos de García y los hombres civiles armados nunca mostraron una orden judicial que amparara el operativo.

Los hombres civiles armados que colaboraron en el desalojo con los elementos de la Policía de García –según consta en estos testimonios- dijeron que pertenecían al Cártel de Los Zetas.

María Paula Villanueva de los Santos, una habitante de la comunidad El Palmital, aseguró en su declaración ante la PGR que las personas armadas que irrumpieron en sus predios fueron enviadas por el entonces alcalde de García y hoy aspirante a la gubernatura de Nuevo León.

“Nos dijo el licenciado o ingeniero que los habían mandado Abel Guerra y el señor Jaime Rodríguez, éste último es Alcalde de García, Nuevo León, así mismo los civiles que venían armados iban muy violentos diciendo que pertenecían al grupo de los ‘Zetas’ y que sabíamos lo que nos pasaba si no le hacíamos caso al licenciado o ingeniero que los acompañaba”, aseguró en su testimonio María Paula Villanueva de los Santos.

Otra testigo, María Felipa Palomo Hernández, incluida en la investigación de la PGR, a cargo de Fernando García Mederez, agente del Ministerio Público federal, contó que en el desalojo participaron entre 30 y 35 policías de García y cerca de 18 hombres vestidos de civil con armas de fuego largas.

“Recuerdo que las armas las cargaban a la vista y esas personas no se veían gente de bien porque estaban todos tatuados y me decían que pertenecían a la organización criminal de los denominados ‘Zetas’, y que si no me salía del predio me iban a matar a mí y a mi familia…”, declaró Palomo Hernández, afectada por el desalojo en El Palmital.

La investigación federal incluye la declaración de Sergio Perfecto Cisneros Mariscal, habitante entonces de esta comunidad que denunció haber sido amenazado y torturado por elementos de la Policía de García y por los civiles armados cuando les preguntó si contaban con una orden judicial para el desalojo.

“Los civiles armados a punta de pistola me amenazaron y me dijeron que no me pasara de listo, que ellos eran de los ‘Zetas’, por lo que los policías me bajaron con lujo de violencia del vehículo propiedad de mi trabajo y me subieron a la granadera…”, aseguró Cisneros Mariscal.

“…y justo en ese momento se acercó en una camioneta RAM verde una persona de civil, quien en ese momento me manifestó que él representaba a La Compañía (Los Zetas), por lo que al percatarse que yo no le di importancia dijo nuevamente somos de la letra de ‘Los Zetas’”.

Actualmente en estos terrenos de El Palmital, donde se realizó el desalojo hace cinco años, se construye un complejo habitacional a cargo de la empresa AGA Capital, S.A. de C.V., propiedad de Eduardo García Alanís.

No es la primera vez que se liga a Rodríguez con despojos y desalojos de terrenos ubicados en la zona de la prolongación Lincoln, proyecto en el cual estuvo involucrado como uno de los directores de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del Estado.

El 17 de abril Reporte Indigo publicó la denuncia de habitantes de la comunidad El Fraile I, en García, que denunciaron haber sido despojados de sus terrenos durante la gestión como alcalde de Jaime Rodríguez.

El candidato rechazó haber ordenado el desalojo, en el que participaron policías municipales de García.

A raíz de ese artículo el candidato vetó a Reporte Indigo.


Sobre la presunta relación del arquitecto Fernando Osorio Álvarez con el crimen organizado, informada en su momento por el Ejército, la CNDH emitió una recomendación en contra de la Sedena por la violación de sus derechos humanos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Asegura Víctor Flores que el gobierno pagará $136 millones a los ferrocarrileros

Nacional Financiera administró el fideicomiso de seguro de vida que está sin fondos, afirma.

El gobierno federal pagará el fideicomiso del seguro de vida de los ferrocarrileros, luego de que éste se quedó sin fondos. El dirigente del sindicato de este gremio, Víctor Flores Morales, indicó ayer en conferencia de prensa que se destinarán recursos por más de 136 millones de pesos para pagar a los beneficiarios.

Puntualizó que el sindicato nunca manejó estos recursos, sino Nacional Financiera, por lo que al gobierno federal le corresponde pagar, ya que asumió el compromiso con los trabajadores cuando se liquidó Ferronales. Ahora se pagará a 919 deudos de trabajadores ferrocarrileros fallecidos 24 millones 668 mil pesos.

Flores Morales aseguró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruyó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que además se pague a 3 mil 847 beneficiarios más de 111 millones 483 mil pesos.

Desde hace tres años se quedó sin recursos este fideicomiso, para el cual los trabajadores pagaron una cuota mensual durante toda su vida laboral. Desde el principio el dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros señaló que fue Nacional Financiera la responsable del quebranto. Ayer, el dirigente planteó que se logrará que se reintegren estos recursos a los trabajadores por gestiones propias del gremio.

Indicó que tiene las manos limpias y que nunca le ha robado a nadie. Por este gremio no han pasado esos recursos, no soy un ratero ni tampoco se han defraudado 600 millones de pesos, como lo aseguraron algunos legisladores del Partido Acción Nacional, como Martín Orozco y Adriana Dávila, sostuvo.

Los deudos de los ferrocarrileros fallecidos iniciaron una lucha en la que acudieron a diversas instancias, dado que sus familiares habían aportado a este fideicomiso, y el sindicato les señalaba simplemente que no había recursos para pagarles. Incluso se asesoraron con varias organizaciones, sobre todo de disidentes ferrocarrileros. Ahora Víctor Flores señala que no entiende por qué lo han traicionado estos trabajadores señalándolo como quien quebró el fideicomiso, cuando según el sindicato nunca operó estos recursos.

También indicó que el dinero saldrá directamente del presupuesto gubernamental, ya que están contemplados dichos recursos y aseguró que en adelante el gobierno se hará cargo de los pagos de estos seguros de trabajadores ferrocarrileros que fallezcan en los próximo años, asimismo, puntualizó que son 32 mil trabajadores pensionados y que cada mes mueren alrededor de 140, y se tiene que pagar el seguro a sus deudos. Ayer entregó simbólicamente dos cheques a viudas de ferrocarrileros, y sostuvo que a partir del 15 de mayo se entregarán estos pagos en todas las secciones del sindicato. Sin embargo, otros están programados para el próximo mes de junio, dijo.

También anotó que los ferrocarrileros jubilados han emprendido una demanda para no pagar sus cuotas sindicales, cuando ellos ya demostraron que siguen siendo agremiados y la tienen que seguir cubriendo. Dijo que la resolución que se emitió en favor de que se elimine el pago de cuotas será todavía peleada en tribunales y que los jubilados hacen mal en señalar que no son miembros de la organización, ya que dejarían de recibir algunas prestaciones y beneficios, lo que no les conviene, amenazó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS.
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"Interrogar a militares, clave en el caso Ayotzinapa": CIDH

México, DF. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa insistió ayer en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala para entrevistar “directamente y no por intermediación de la PGR” a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural la noche del 26 de septiembre.

Consideran que esta diligencia es “clave” en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre.

Al rendir el tercer reporte de avances de la misión desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad en dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses— integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre los graves riesgos de impunidad que podría entrañar la información inicial recabada por la delegación de expertos sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, referida por varios de los detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Hallan cuerpos destazados y embolsados en trenes de Azcapotzalco y Tlalnepantla

MÉXICO, D.F: Once bolsas de plástico que contenían restos humanos fueron encontradas ayer domingo en la terminal de trenes de Pantaco, colonia Santa Catarina, en la delegación Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el convoy donde se hallaron los restos de dos personas provenía de Manzanillo, Colima.

Reportes de la Policía de Investigación del DF indican que al mediodía del domingo, empleados que resguardan la seguridad en las instalaciones de la empresa Ferrovalle encontraron las bolsas en una plataforma arrastrada por el tren, cerca de la estación Fortuna del Suburbano.

Elementos de la Policía Federal, de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad del DF contabilizaron 11 bolsas con restos humanos que contenían extremidades como tórax, brazos, piernas, manos y cabezas.

Por su parte, la Fiscalía de Azcapotzalco inició la averiguación previa FAZC/AZC-1/T-1/649/15-05 por el delito de homicidio doloso contra quien resulte responsable.

No obstante, el Ministerio Público federal se encargará de las investigaciones sobre el caso y la Procuraduría capitalina brindará apoyo inicial, anunció hoy el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera.

En otro caso, la madrugada de este lunes personal de Ferrovalle reportó el hallazgo de otro cadáver en un vagón del ferrocarril.

Los trabajadores explicaron que el cuerpo estaba en el interior de una bolsa negra.


El hallazgo se realizó en el vagón CMX 6169 procedente de Monterrey, cerca del rastro de Tlalnepantla, Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Quemaremos el cielo si es preciso” por nuestros hijos e hijas: claman madres de desaparecidos

Madres y familiares de personas desaparecidas en México, entre ellas migrantes, marcharon este 10 de mayo en la Ciudad de México.

Madres y familiares de personas víctimas de desaparición forzada, provenientes de todos los estados de la República, y que en algunos casos buscan a sus hijos e hijas desde hace tres décadas, se concentraron este domingo, 10 de Mayo, en la Ciudad de México, para conmemorar el Día de las Madres, con la Cuarta Marcha Nacional de la Dignidad: Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Buscando Justicia y Buscando Verdad.

La manifestación, en la que participaron alrededor de un millar de personas, estuvo básicamente integrada por grupos de madres, y de hijas que buscan a sus madres, lo mismo del Distrito Federal,  que de Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Tamaulipas y Oaxaca, entre otros.

Además, en la protesta participaron madres y familiares de migrantes provenientes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Brasil y El Salvador, que salieron de sus países de origen con la intención de llegar a Estados Unidos y que, sin embargo, desaparecieron en México.

A pesar del fallido intento de las autoridades capitalinas de limitar el paso de las madres de desaparecidos, en su marcha por la avenida Paseo de la Reforma, a sólo tres carriles de dicha vialidad –con el objetivo de minimizar molestias a los ciclistas que asistían al paseo dominical que se realiza en esta misma arteria–, las familias de víctimas lograron realizar el recorrido, planeado del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, en cuyas escalinatas denunciaron que “en México no hay estado”, pues “desapareció antes que nuestros amados hijos”.


Ahí, con pancartas y retratos de sus hijos e hijas, las madres de desaparecidos clamaron por la solidaridad de todas las mamás, “del planeta y, particularmente, de México” y les pidieron también “que se detengan por un momento y escuchen esto: sus hijos corren peligro, peligro de ser cooptados por la barbarie de las drogas, peligro de la delincuencia organizada, peligro de ser ejecutado, o de ser ser (uno más de las) veintitantas mil personas desaparecidas…”



Siempre bajo la presión de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del DF –que a cada tanto cerraban un poco más el cerco tendido alrededor de la manifestación, ya en la glorieta del Ángel, para ceder ese espacio a los ciclistas– la manifestación concluyó a las 14:00 horas, luego de que fuera leída, de forma simbólica, una lista con un centenar de nombres de hombres y mujeres que han sido raptados en el país, y de los que no ha vuelto a saberse más, hasta la fecha.

A continuación, te presentamos el mensaje íntegro leído, en nombre de todas las organizaciones y colectivos de familias de desaparecidos, por una representante de la agrupación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en México.

“Cuántas horas, cuántos días, meses o incluso años deben pasar, antes de que sepamos la suerte o el paradero de nuestros amados hijos e hijas, cuánto tiempo más tardará la verdad, la justicia, y nuestro pueblo mexicano en despertar y tomar su lugar entre nosotras, madres con la entraña desgarrada. ¿Es que no nos hemos dado cuenta que ya, ya de que hemos aceptado tantas desapariciones? ¿Cuánto y cuántos más necesitan ser arrancados de sus senos familiares, de sus hogares, antes de levantarnos y poner orden en ésta, nuestra casa?

Hoy queremos decirles que ni la verdad ni la justicia son una constante o una excepción para las decenas de familias con desapariciones, que nos azotan desde hace más de 40 años.

Ahora vemos el sufrimiento de miles de familias, cuyos hijos fueron desaparecidos en la llamada Guerra Sucia, cuánto dolor, cuánta desesperanza para aquellos que no hemos sabido reclamar, aquella juventud que se empeñó en cambiar todo, y que en respuesta recibió la represión, el exterminio. Hoy vemos qué pasó, por qué querían cambiar las cosas, por qué se los llevaron… hoy lo vemos claro.

En esos años sabían que, de no intentar el cambio, vendría la noche más larga que jamás haya vivido México en su vida independiente, por eso los torturaron, los ejecutaron, o los desaparecieron.

Hoy lo vemos muy claro, y en carne propia.

Madres de todo el país: sus hijos e hijas están en peligro.

Madres del mundo entero: ayúdenos a parar esta barbarie.

Ahora sabemos muy bien que esta empresa de la muerte y el terror lleva 40 años diezmando nuestro mayor aporte a la vida, a la nación: nuestros hijos e hijas.

Entendemos la lección que la historia nos da, no queremos que nadie más sufra el desgarro de una desaparición, ya es demasiado dolor. No queremos que dentro de 20 años, cuando estemos ancianas o muertas, alguien se pare en este mismo lugar y diga que nosotras fuimos un ejemplo más de lo que nunca se resolvió, ni por verdad ni por justicia, y que ahora sí haya que hacer algo, porque ya haya más de cien mil víctimas de desaparición. No esperemos esos 20 años.

Por eso, convocamos a las madres del planeta y, particularmente, a las madres mexicanas, para que se detengan por un momento y escuchen esto: sus hijos corren peligro, peligro de ser cooptados por la barbarie de las drogas, peligro de la delincuencia organizada, peligro de ser ejecutado, de ser veintitantas mil desaparecidas…

También hemos entendido algo más, después de varios años de estar buscando, tras la desaparición de nuestros hijos e hijas amadas, paridas con nuestro dolor y nuestra sangre: llegamos a la conclusión de que también hay una desaparición de poderes, no hay Estado que les busque, que procure verdad y justicia, y ni digamos de la reparación del daño, o de una atención mínima y efectiva a las víctimas, con todo y su mentada Ley General de Víctimas.

Mamás de México, sólo nos tenemos a nosotras mismas, no hay Estado, desapareció antes que nuestros amados hijos.

Lo que hay ahora es una guarida de ladrones, corruptos y deshumanizados gobernantes que apuestan a que nos cansemos, a que nos derrumbemos, a que claudiquemos, para que la impunidad se asiente nuevamente y sobre ella se enriquezcan los zánganos de todos los colores que tiñen el Estado Mexicano.

Pero también hemos llegado a una conclusión y a una verdad tan clara como la anterior: no nos cansaremos jamás.

Los vimos llorar en nuestros brazos y los amamantamos.

No nos rendiremos jamás.

Uniremos nuestras voces una a una, hasta dar con todas y todos nuestros hijos, incluyendo al Estado mexicano, también desaparecido.

No claudicaremos nunca. Quemaremos el cielo y congelaremos el infierno si es preciso, hasta que demos con los nuestros, donde estén y como estén.

Y también daremos con los responsables de haber arrancado las flores más amadas de nuestro jardín, y les haremos pagar con el juicio de una verdadera justicia y con el mismo juicio de la historia.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Porque vivas se los llevaron, vivas las queremos!

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Frente común ante delitos electorales, acuerdan PGR y procuradurías estatales

La autoridad ministerial debe estar atenta de una contienda comicial altamente competida, señala Arely Gómez.

La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió un acuerdo de colaboración con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para ofrecer un frente común contra conductas delictivas en materia electoral.

La titular de la dependencia, Arely Gómez González, subrayó que ese instrumento involucra acciones de capacitación, difusión y divulgación destinadas a prevenir los delitos electorales, así como a promover una cultura de la denuncia que inhiba la impunidad, entre otras tareas.

El referido convenio, informó la PGR en un comunicado, implica el intercambio de datos e información en los asuntos de su competencia, además de una plena coordinación en la atención de denuncias con motivo de los procesos electorales en el país.

Gómez González señaló que estos procesos serán los primeros en abordarse con la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales, la que ha ampliado los tipos penales y las competencias institucionales.

“Serán también procesos electorales en donde la contienda se revela en sí altamente competida y donde la autoridad ministerial debe estar atenta para reaccionar en forma oportuna ante las posibles condiciones de delitos”, expuso la servidora pública.

En este caso la titular de la PGR instruyó al fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, a que dé puntual seguimiento a los compromisos que emanen del acuerdo suscrito.

La PGR informó que a esta firma asistieron los procuradores de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, como representante de la Zona Centro; del estado de Sonora, Carlos Alberto Navarro Sugich, en su calidad de representante de la zona Noroeste.


Asimismo participaron sus similares de Coahuila, Homero Ramos Gloria, representante de la zona Noreste; de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, al frente de la zona Occidente, y el fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, de la región Sureste.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ordenan a la CFE abrir el expediente del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”

MÉXICO, D. F: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá entregar la versión pública de toda la información que tenga de las reuniones de consulta con comunidades indígenas sobre el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, en Nayarit.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien la CFE le negó la información.

El particular solicitó información sobre reuniones sostenidas con comunidades indígenas de Rosarito, Municipio de Rosamorada, Nayarit, para conocer el proyecto de la hidroeléctrica.

La CFE le contestó que la información está reservada debido a un proceso deliberativo con las comunidades indígenas y el gobierno de Nayarit.

Sin embargo, al analizar el caso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que si bien existe un proceso deliberativo, la información es de interés público porque permite verificar que el Estado garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en decisiones que impactan su forma de vida.

Y es que según denuncias de los pueblos indígenas, confirmadas por organizaciones civiles como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), eso no ha sido cumplido.

Además denunciaron que la CFE no documenta opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos, y el INAI afirmó que tampoco acreditó de manera suficiente el daño potencial que se ocasionaría con la publicación de la misma.

Al respecto, el comisionado argumentó que la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que no se puede clasificar información sin que dicha prueba esté debidamente fundamentada y motivada, por lo que hizo un llamado a la CFE a ajustarse a esta previsión.

Además, señaló que existen precedentes sobre el tema, pues el 4 de marzo pasado instruyó a la CFE entregar los resultados de las consultas de opinión.

También, dijo, durante 2014 se resolvieron otros recursos de revisión en los que se pidió información del proyecto “Las Cruces” a otras dependencias como Semarnat o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Salas destacó que “la vida cotidiana de los habitantes de la zona en que se desarrollará el proyecto se verá afectada y tienen derecho a contar con información completa sobre ello.

“Sin este requisito, no es posible afirmar que se han previsto las medidas de mitigación necesarias”, abundó, por lo que propuso al pleno del INAI revocar la respuesta de CFE e instruirla a generar versión pública de la información pues podría contener datos personales que pudieran hacer identificables a quienes participaron en las reuniones.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Televisa calla ante resolución de la Corte favorable al IFT

MÉXICO, D.F: El principal noticiario de Televisa difundió nueve notas informativas de noviembre de 2014 a febrero de este año para desplegar la controversia constitucional que interpuso el senador Javier Lozano ante la Suprema Corte de Justicia en contra de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero guardó silencio absoluto sobre la resolución de los ministros a favor del IFT el pasado jueves 7.

Como un ejemplo claro de la alineación de la llamada “telebancada” del Senado con los intereses de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, desde el 3 de noviembre de 2014, El Noticiario de Joaquín López Dóriga le dio amplia cobertura a la denuncia de senadores del PRI, PAN y Verde contra el IFT por querer posponer 90 días la entrada en vigor de la portabilidad numérica gratuita.

Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, emprendió una campaña contra los comisionados del IFT y los acusó de tener una “muy caprichosa interpretación” del artículo 32 transitorio de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Anunció que su partido interpondría una controversia constitucional.

La posición de Lozano fue respaldada por el diputado federal Federico González Luna, del Partido Verde, presidente de la Comisión de Radio y TV, que también forma parte de la llamada “telebancada”.

El pasado 5 de enero la Suprema Corte admitió la controversia constitucional presentada por el Senado contra el IFT. Fue la primera vez desde la reforma del 2011 que una de las cámaras del Congreso interpuso este recurso contra un organismo autónomo. El Noticiario de Canal 2 también le dio amplia cobertura.

El 9 de febrero, López Dóriga editorializó: “Mañana entran en vigor, por lo menos oficialmente, las nuevas reglas de portabilidad numérica que permitirán el cambio de compañía telefónica sin costo. Y dicen que en menos de 24 horas, lo que veo muy difícil.

“Mientras tanto, la Corte continúa la revisión de la controversia presentada por el Senado contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones por aplazar hasta mañana la entrada en vigor de las nuevas reglas que debieron haber iniciado el 6 de noviembre pasado, de acuerdo con la ley”.

El pasado jueves 7 de mayo los ministros de la Suprema Corte consideraron infundada la controversia. El proyecto de resolución, a cargo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que la facultad del artículo 28 constitucional que le permite al IFT emitir disposiciones administrativas de carácter general, se complementa con la atribución del Congreso para expedir leyes, en el sentido de que si éste no legisla, entonces el IFT no encontrará mayor límite para emitir regulación que el establecido en la propia Constitución.


Sin embargo, Televisa guardó silencia sobre el fallo judicial, a pesar del interés extraordinario que mostró en sus noticiarios para respaldar la posición de Javier Lozano. Ni una sola mención.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARA VILLAMIL.