MÉXICO, D.F: A pesar de que las votaciones en temas de derechos humanos demuestran la existencia de dos bloques en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su presidente, Luis María Aguilar, expresó su molestia en torno a que se hable de una división en el máximo tribunal sobre el tema. El mismo día en que se reunió con el juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Humberto Sierra Porto, el presidente de la SCJN rechazó que los ministros estén divididos en torno a la protección de los derechos humanos de los mexicanos. “Sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática, pero alejado totalmente de la verdad”, señaló Aguilar al finalizar la sesión del pleno de ministros, que estuvo antecedida de la reunión con el juez Sierra Porto. “No hay dos grupos más que en la imaginación de a quienes les resulta fácil y útil para la crítica y con ello lograr notoriedad”, añadió. En su molestia, prosiguió aludiendo al premio que la ONU le dio a la Corte en 2013: “Que yo recuerde, ninguno de los reconocimientos que se le han dado a este tribunal constitucional se refiere al método usado por sus miembros para llegar a tomar una resolución, sino que esos reconocimientos se logran por alcanzar el objetivo, que es la protección de los derechos humanos; ni se obtienen por el trabajo individual de alguno o algunos de sus miembros, sino por el trabajo integral de este tribunal”. “No me queda duda de que todos sin excepción, los que estamos en este tribunal constitucional, tenemos la vocación, el propósito como finalidad a nuestra la labor, la protección de los derechos humanos”, añadió Aguilar, cuya elección como presidente de la Corte, apenas en enero pasado, estuvo marcada por la larga votación en la que su opositor fue el ministro Arturo Zaldívar, cuyo programa de trabajo estaba marcado por la defensa de los derechos humanos. Hace apenas tres semanas, luego de varias sesiones de discusión, seis de cinco ministros decidieron mantener el aval constitucional al arraigo, la práctica por la que una persona puede ser detenida por la policía ministerial hasta por 96 horas antes de ser presentada ante una juez. En esa ocasión, el ministro presidente votó con la minoría. En su reunión con el juez presidente de la CoIDH, Aguilar se refirió a la defensa de los derechos humanos en México, pero dijo que también lo hace al interior del propio Poder Judicial de la Federación.
Luego señaló que durante los cuatro años de su presidencia, su oficina será directamente la responsable de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, de reciente creación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: Carlos Navarrete y Raúl Flores, dirigentes del PRD nacional y en el Distrito Federal, presentaron ante la PGR una denuncia de hechos en contra de Adrián Rubalcava, candidato del PRI a diputado local, y de Miguel Ángel Salazar, aspirante priista a jefe delegacional en Cuajimalpa. Lo anterior, por su presunta participación en los delitos de portación de arma de fuego, disparo de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa durante las agresiones contra brigadistas del PRD el jueves 7 en la colonia San Mateo de aquella demarcación. De acuerdo con la querella, tanto Rubalcava como Salazar encabezaron a integrantes del grupo denominado Los Claudios para golpear a promotores del voto del PRD, 11 de los cuales aún siguen hospitalizados con fracturas diversas, además de que intentaron quemar varias camionetas en las que viajaban los perredistas. “No se trató de una reyerta entre partidos, no se trató de una disputa entre brigadistas, sino de una acción delictiva de un grupo identificado por la autoridad que, desde hace años, actúa en algunas delegaciones del Distrito Federal, particularmente en Cuajimalpa”, acusó Navarrete. También aseguró que el GDF ha iniciado ya la averiguación previa correspondiente y se encuentra preparando la acción penal basado en testimonios, imágenes de video y de fotografía de las agresiones en las que, señaló, incluso se utilizaron armas de fuego de alto poder, lo que podría constituir delitos del orden federal. “No se puede permitir que en la Ciudad de México los delincuentes se vistan con la camiseta del PRI y del PVEM para actuar en la impunidad”, recalcó. Flores reiteró que las agresiones contra perredistas no se trataron de una riña, sino de un ataque dirigido en contra de personas inermes que se encontraban colocando propaganda y no se merecían la brutalidad con la que fueron agredidos. El líder perredista pidió investigar la presencia tanto de Rubalcava, Salazar y de Miguel Ángel González González, líder de Los Claudios, en el día y en el lugar de los hechos. “No había razón para que estuvieran ahí… pero al parecer se encontraban dirigiendo actos de violencia”, resaltó. Luego exigió la recaptura de Héctor González González, uno de los integrantes de Los Claudios que inexplicablemente fue dejado en libertad recientemente por un juez. Además, destacó que en el caso de la violencia en Cuajimalpa se han presentado ya 11 averiguaciones previas en las que se ha acreditado un tema consuetudinario.
“No es un tema electoral coyuntural, es simplemente dar cuenta de uno más de los actos que ha venido liderando Rubalcava y el grupo delictivo de Los Claudios”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El intento del Gobierno Federal de abatir la pobreza por decreto no ha funcionado. A casi seis meses de que se anunciara la creación de las Zonas Económicas Especiales, en ninguna instancia local de los estados involucrados se conocen las gestiones que se pudieran estar haciendo para aterrizar esta promesa.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) los niveles más lacerantes de pobreza en México se observan en los municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Michoacán. Ahí, las cifras indican que seis de cada 10 habitantes vive en condición de pobreza y en ocho de cada 10 de esos casos, la pobreza extrema alcanza el calificativo de inhumana. Para encarar ese problema, el 27 de octubre del año pasado, el Gobierno Federal anunció la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y Puerto Lázaro Cárdenas. La propuesta fue parte de un proyecto más grande que incluía más apoyo al progreso económico, inversión en infraestructura, privilegios tributarios -como trato diferenciado en materia de impuestos- hasta la oferta de créditos de parte del Gobierno. Sin embargo, a la fecha las acciones oficiales que permitan el repunte económico prometido aún no aterrizan y el panorama no luce prometedor. A días del anuncio, el especialista en economía Arturo Damm señaló que en lugar de ZEE, se necesitaba un PEE (País Económicamente Especial). “Lo que quiere decir seguro, confiable y predecible para los empresarios que invierten de manera directa sus capitales, inversiones que son las que abren y/o apuntalan empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y permiten, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos”, detalló en su columna para El Financiero. A casi medio año de esa propuesta, también el alcalde de Tapachula, Venerado Díaz Martínez, muestra su desconfianza. “Veo difícil que el Gobierno Federal aterrice pronto los recursos ofrecidos para rescatar de la pobreza la zona del Puerto Chiapas”, dijo. Díaz Martínez dedujo que si no hay fondos para atender la contingencia que dejó hace unos días el fenómeno del mar de fondo, menos habrá dinero para invertir en un proyecto de gran calado. En el Istmo tampoco hay inversión Federal que apunte a la aplicación de un plan de desarrollo, como el ofrecido con las ZEE, dijo el diputado Gerardo García Henestroza, miembro de la Comisión Permanente de Administración Pública de Oaxaca, quien recordó que la Federación no ha cumplido el rosario de promesas de desarrollo que han dejado caer sus funcionarios en las visitas por la zona. Ni en Michoacán ni en Oaxaca ni en Chiapas hay fe en la promesa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. “No es posible creerse una mentira de ese tamaño”, dijo el diputado local por el Partido del Trabajo en Michoacán y candidato a diputado federal por vía plurinominal, Reginaldo Sandoval. Secundan la moción Tras el anuncio de Enrique Peña Nieto de crear tres Zonas Económicas Especiales para los estados más rezagados del país, en el Congreso Federal hubo un intento por legitimar la intención presidencial. El 15 de diciembre del 2014, el senador priista Roberto Albores Gleason presentó una iniciativa de ley para la creación de estas zonas especiales libres y de promoción. El 5 de marzo del 2015, la diputada panista Lourdes Medina Valdez lo secundó. Sin embargo, ambas iniciativas se congelaron. La de Albores Gleason tuvo como destino las comisiones de Hacienda y Presupuesto, en tanto que la propuesta de Medina Valdez fue turnada a las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuesto, donde esperan a ser revividas en un acuerdo de negociación cuando se establezca la próxima agenda legislativa. Pobreza a la alza La pobreza que hoy se vive en los municipios del Istmo de Tehuantepec -que comprende localidades de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco- es tan o más lacerante como cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció la intención de reactivar la economía regional, mediante la declaración de Zona Económica Especial (ZEE). En seis meses, los anunciados incentivos para atraer inversiones a las ZEE -las más pobres del país- no han podido concretar la instalación de ninguna nueva fábrica que permita ver la posibilidad de un crecimiento de empleos, pese a que las tres zonas son bastas en recursos naturales. La infraestructura regional –carreteras, puentes, tendidos eléctricos y dotación de servicios de agua con fines industriales– se mantiene intacta, pese a la oferta del Gobierno Federal para ampliar ese renglón. Ninguno de los gobiernos estatales ha hecho el menor intento para invertir en las zonas, esperando la aportación Federal que no termina de llegar. De acuerdo al diputado panista Gerardo García Henestroza, el Gobierno Federal no ha aterrizado recursos suficientes para atender a la población. “Ni al gobierno estatal de Oaxaca le ha interesado buscar un mecanismo de solución a la pobreza que se registra en la zona del Istmo”, señaló el legislador de Tehuantepec. Aseguró que el gobernador de esa entidad, Gabino Cué, no ha atendido el exhorto que de manera constante se le ha hecho para invertir fondos en el combate a la pobreza. Los anunciados estímulos financieros y fiscales para la reactivación económica tampoco han llegado a las zonas pobres de los puertos de Chiapas y Lázaro Cárdenas. Las dos regiones siguen sujetas a la misma política económica nacional, sin ningún efecto extraordinario que asegure polos de desarrollo alternos a la actividad marítima comercial. En Chiapas, la ausencia del Gobierno Federal es evidente, reconoce el alcalde priista de Tapachula. La Federación le adeuda al municipio fondos por más de 4.5 millones de pesos, recursos que deberían haber llegado desde el mes de enero.
La falta de esos recursos mantiene en crisis a la administración municipal, en donde ni siquiera pueden pagar el servicio del teléfono, energía eléctrica, menos salarios. La obra pública está paralizada. Mientras, en Lázaro Cárdenas no solo sigue la pobreza, tampoco se ha podido erradicar la violencia. Las secuelas de la guerra contra el narcotráfico continúan lacerando a los vecinos de la parte sur del estado, en donde se manifiesta una de las zonas con mayor índice de emigración con destino a las ciudades del centro del país. Ejemplos desalentadores Actualmente, en el mundo existen 346 Zonas Económicas Especiales, de las que solamente menos de 10 han sido exitosas. La mayoría de ellas se encuentran asentadas en China, donde el gobierno de esa república hizo inversiones extraordinarias e inmediatas para poder alcanzar los niveles de detonación industrial. No hay un modelo único de ZEE. En el mundo hay regiones económicas creadas para fomentar el libre comercio, impulsar mano de obra barata, agilizar los procesos de exportación, áreas que operan como puertos libres o grandes centros logísticos. Michoacán en el abandono Las condiciones económicas que prevalecen en Michoacán desde que la Federación decidió entrar a administrar el Estado, no han mejorado. La falta de inversión para obras públicas, el abandono histórico de las zonas marginadas y la falta de políticas públicas de los gobiernos locales para atender el desempleo siguen siendo un problema. Arteaga, el sitio que gobernó por años el jefe del cártel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, sufre una de las pobrezas más lacerantes, no solo del estado, sino de todo el país. Poblaciones enteras de la zona rural no tienen que comer. Sobreviven a veces la caza de animales, a veces la recolección de frutos y hierbas silvestres. En ese municipio -estigmatizado en las esferas del Gobierno Federal por la asociación con el cártel de las drogas- ni los padrones de asistencia social han crecido. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuidando no entregar recursos a personas que pudieron haber tenido relación con el crimen organizado, no ha ampliado su cobertura contra la pobreza. En la misma condición de encuentran los otros municipios colindantes con el puerto de Lázaro Cárdenas, los que se incluyen dentro la Zona Económica Especial. Allá no solo no han llegado los anunciados apoyos Federales, sino que también se han visto afectados por la falta de recursos para obras y servicios por parte del gobierno estatal que encabeza el sustituto Salvador Jara. A lo chino… El modelo de creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, en realidad es la fórmula básica que propone la Organización Mundial de Comercio (OMC) para la agilidad del comercio mundial. No se plantea como mecanismo para la erradicación de la pobreza ni para la superación del rezago social. Las ZEE tuvieron su origen después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de acelerar el crecimiento de algunos puertos mercantes del pacífico afectados por la guerra entre norteamericanos y japoneses. Fue China el país que dio el mayor impulso a ese modelo después de 1973, cuando se aplicó en las provincias de Guangdong, Shenzhen y Xiamen, en donde creció el comercio marítimo. Sin noticias de la Federación Hasta la semana pasada, en Puerto Chiapas ninguna de las empresas establecidas dentro de ese recinto portuario había sido informada por parte de la Federación para beneficiarse con atributos fiscales o incentivos para atraer inversiones o incrementar el número de empleados. Ninguno de los funcionarios de alto nivel de la administración sabe sobre alguna medida especial para la detonación económica de la zona. Ni siquiera a mediano plazo se vislumbra el incremento de actividad en ese puerto, sea para el transporte de mercancía o por el arribo de barcos turísticos. La zona del Soconusco -en donde se asienta el Puerto Chiapas- es una de las más pobres del país y de acuerdo al gobierno municipal de Tapachula no hay informes oficiales que apunten hacia un programa que permita impulsar el desarrollo económico local. Las únicas obras de infraestructura que se realizan a la fecha corren por cuenta de la administración local, donde las participaciones Federales no han llegado de manera puntual. La región de Tapachula, calificada para ser zona económica especial, mantiene a la fecha un índice de desempleo superior al 69 por ciento. Los programas de asistencia social del Gobierno Federal solo atienden a menos del 6 por ciento de la población.
Por su parte, el gobierno estatal no ha podido aterrizar programas propios que acaben con la pobreza extrema. FUENTE: REPROTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Como si no fuera suficiente la violencia que vive el país, es preocupante la reacción del General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ante el brutal ataque a miembros de la fuerzas de seguridad por parte del crimen organizado el pasado 1 de mayo en Jalisco. El tono de su discurso del pasado 5 de mayo debe moderarse ya que el mensaje que se manda es peligroso. La gran mayoría de los múltiples estudios que se han realizado para tratar de identificar la escalada de violencia y descomposición que lleva a sociedades o grupos a cometer genocidios y otros crímenes masivos incluyen la deshumanización y el discurso de odio como elementos siempre presentes. Uno de los estudios más serios es el realizado por Gregory Stanton, que identifica, a grandes rasgos, en las primeras etapas lo siguiente: 1) Clasificación, distinción de las personas en “nosotros-ellos”; 2) Simbolización, asignación de nombres o símbolos a los grupos previamente clasificados que pueden generar deshumanización; 3) Discriminación, negación de derechos; 4) Deshumanización, negación de la calidad humana de un grupo, se equiparan con animales, bichos, insectos o enfermedades. La deshumanización oprime la natural repulsión humana al asesinato. La fórmula utilizada en múltiples ocasiones en la historia durante circunstancias críticas es simple: generar una narrativa ideológica que explique por qué la situación es peligrosa, no por las condiciones propias de la sociedad, sino como el resultado de un intruso externo, es decir que las cosas funcionaban hasta que la sociedad permitió la penetración de un grupo exógeno y la forma de restablecer la “salud” social es “eliminarlos”. En su discurso, el General Cienfuegos se refiere al crimen organizado con términos como “apátridas”, ¿de dónde serán? Con esto el discurso parece indicar que en México vivimos una crisis de seguridad que ha llegado de fuera por lo que debemos “desterrarlos” y “que sea la mexicanidad el eslabón que nos cohesione y fortalezca para extirpar al cáncer” y “que no se mezclen entre nosotros” (los entrecomillados son extractos del discurso). Si se trata de metáforas, son muy desafortunadas e inaceptables. No es exageración. No, ningún ser humano es un cáncer, ni los armenios eran microbios, ni los tutsis cucarachas, ni los gitanos una peste, ni los judíos parásitos, ni los bosnios perros. Es necesario aclarar que el Estado mexicano tiene el derecho y la obligación de luchar contra el crimen, garantizar la seguridad y controlar el territorio nacional. Pero debe hacerlo en el marco de la ley, no puede existir un impulso a terminar extrajudicialmente con el crimen organizado. En ese momento el Estado se convierte en criminal. El mensaje del General Secretario Cienfuegos debe ser claro, firme y en concordancia con sus obligaciones, no puede mandar señales confusas que inviten a resolver el problema de seguridad por otros medios que los que marca la ley. No más Tlatlayas. Somos un país con abundante discurso de odio que ante la menor provocación surge desde espacios, momentos inesperados y de muchas formas. Los ejemplos sobran, discurso de odio entre diferentes clases sociales, contra grupos étnicos, por color de piel, por origen, por religión, por apariencia física.
En otro orden de ideas pero siguiendo con la peligrosa utilización del lenguaje, no puedo más que sorprenderme y horrorizarme por la campaña lanzada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para promover el voto. Presenta siluetas de personas, es decir las desaparece bajo el lema “Si no votas, no existes”. En un país con más de 20 mil desaparecidos, suprimir personas es criminal y torpe. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: JACOBO DAYÁN (ANÁLISIS/ OPINIÓN).
HERMOSILLO, Son: El Tribunal Estatal Electoral resolvió este lunes cancelar la candidatura del cura Iván Bernal Zamora, debido a que no estaba en pleno uso y disfrute de su derecho político electoral de ser votado, al no separarse con cinco años de anticipación de su responsabilidad como ministro de culto. La resolución IEEPC/CG/115/ ordena al PAN, en un plazo no mayor a 72 horas sustituir, a Bernal Zamora por otro candidato en condiciones de contender por la alcaldía de Agua Prieta, municipio localizado a 372 kilómetros al noreste de esta capital. Además, el Tribunal emplaza a ese partido a que en un término de 48 horas retire la propaganda instalada o la publicidad que se difunda a través de cualquier medio de comunicación. El recurso de apelación que “sepultó” la candidatura del sacerdote fue promovido el 29 de abril por Ricardo García Sánchez, representante de la coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza, “Por un Gobierno honesto y eficaz”. El recurrente esgrimió la violación de los artículos 14, 16, 17, 35 fracción II, 41 fracción VI, 130 y 133 de la Carta Magna; el artículo 25 de la Constitución de Sonora, y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto, toda vez que el PAN no presentó el documento que demostrara que Bernal Zamora se separó de su cargo con la anticipación que refiere el 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No sólo eso, el sacerdote con licencia presentó como carta de residencia para efectos de su registro como candidato la papelería con dirección de la casa cural donde se encuentra la iglesia La Sagrada Familia. “La separación del cargo deberá ser formal, material y definitiva de su ministerio, lo que a juicio del recurrente no se actualizó porque el señalado en ningún momento se separó oficialmente como ministro de culto, sino que la suspensión del gremio eclesiástico obedeció a su registro como candidato”, argumenta la defensa aliancista. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, precisa el recurso, el presbítero no estaba en pleno uso y disfrute de su derecho político electoral de ser votado. Apelará decisión Bernal Zamora anunció que apelará la resolución del tribunal local para que la existencia de su candidatura sea definida en la Sala Regional Guadalajara o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Era un escenario previsto en la ruta de la defensa legal de nuestra candidatura. En una primera instancia, como es el Instituto Estatal Electoral, se nos concedió la razón, nos sentimos confiados y seguros de que la razón jurídica, política y moral nos asiste. Nos respaldan los equipos legales de los comités estatal y nacional del PAN que nos manifiestan seguridad plena de que nuestro caso saldrá adelante”, subrayó. “Existe un miedo a que los aguapretenses voten en las urnas por el cambio de gobierno municipal el 7 de junio”, añadió, “ese temor lleva al PRI y a Vicente Terán a tratar de impedir que se concrete el proyecto ciudadano que encabezo, pero la ley y el apoyo ciudadano hacen fuerte este proyecto ciudadano y del PAN. “Nuestro proyecto no es unipersonal, político y de caudillos, a diferencia de quien nos quiere sacar de la jugada –arremetió–, es de ideales y causas que tienen una amplia base social en la comunidad”. Los ciudadanos de esta frontera han padecido por más de 20 años los abusos de la llamada “Familia imperial” –integrada por Vicente Terán, Irma Villalobos y la hija de ambos, Irma–, quienes se suceden en el cargo cada tres años.
“A los aguapretenses les decimos que no se desanimen; al contrario, el proyecto sigue firme y más fuerte, porque el cambio no lo para nadie, los ciudadanos han dicho ya basta a los abusos de una familia que gobierna solamente a su favor y que ha dejado a Agua Prieta y sus habitantes en el olvido, dejemos que sean los ciudadanos quienes decidan este 7 de junio”, concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
MONTERREY, N.L: El expresidente Felipe Calderón se presentó la tarde de este lunes en el acto de campaña del aspirante panista a la gubernatura Felipe de Jesús Cantú, y lo hizo enumerando las supuestas “glorias” de su sexenio. En el acto realizado en el salón de eventos Villa Real, del centro de Guadalupe, quien fuera mandatario panista del 2006 al 2012 dijo que gracias a él la entidad “se había pacificado” y que fue él quien reconstruyó el estado después del paso devastador del huracán Alex, el 1 de julio de 2010. Incluso se adjudicó la construcción del Hospital Materno Infantil de Guadalupe, uno de los logros que presumió el pasado gobernador priista José Natividad González Parás. Durante su alocución, el político michoacano también dijo que actuó con “honestidad y transparencia”. Ante unas mil personas, Calderón Hinojosa sostuvo que los gobiernos de Acción Nacional “transformamos en mucho” a Nuevo León. Luego recordó el mandato de Fernando Canales Clariond (1997-2003), que marcó un parteaguas en la entidad, según expuso, aunque el gran cambio para el estado, en los momentos de peor zozobra, fueron detonados cuando él era presidente. “Pude expresar mi compromiso con Nuevo León en obras, apoyos y esfuerzos fundamentales. En obras materiales, como el Hospital Materno Infantil que hizo mi gobierno aquí, precisamente. ¡Qué gusto estar con Nuevo León cuando vino aquel huracán!, se llamaba Alex si mal no recuerdo, que destrozó una buena parte de la infraestructura, particularmente de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana. “Y reconstruimos, el gobierno federal, en tiempo récord, el par vial sobre el río (Santa Catarina) que cruza la ciudad de Monterrey, apoyados por la gente. En el último año de mi gobierno dimos más de 100 mil becas a estudiantes de todos los niveles. Creamos las estancias infantiles, una propuesta que tiene mi tocayo Felipe”, se jactó ante los aplausos de los asistentes. Al abordar el tema de la inseguridad que azotó México durante su sexenio, Calderón justificó la embestida militar denominada guerra contra el narco, que provocó decenas de miles de muertes en el país. También recordó que había ciudades, regiones y estados que estaban dominados por la corrupción y el crimen, por lo que “los delincuentes se metieron hasta la cocina en la vida de los mexicanos”, como ocurrió en el estado, que sufrió las consecuencias de la infiltración de maleantes en cuerpos policiacos. “Fue cuando Nuevo León estuvo sufriendo la violencia en que decidí mandar el mayor operativo de fuerza pública con el Ejército y la Marina en apoyo a las familias. Pusimos en práctica una estrategia: cuando otros decían no enfrentar criminales, nosotros dijimos ‘A la delincuencia hay que enfrentarla, antes de que tome la posesión de tu casa, tu ciudad, tu gobierno’. “Y había que reconstruir las instituciones. Y así como hicimos a nivel federal exámenes de control de confianza e incluso una nueva corporación, como es la Policía Federal, también en Nuevo León llegamos a un convenio para que se hiciera Fuerza Civil. La reconstrucción institucional que fue apoyada por mi gobierno permitió que la violencia y la delincuencia bajaran precisamente en Nuevo León”, presumió. Enseguida se lanzó directamente contra los candidatos que compiten con Felipe de Jesús Cantú, quien por cierto no ha repuntado en los sondeos de opinión y se mantiene en las encuestas en segundo o tercer lugar. Calderón pidió a la ciudadanía recordar que el PRI es sinónimo de corrupción. En cambio, los gobierno del PAN, se ufanó, se han mantenido apegados a la verdad y la justicia. “Podré tener muchos defectos, como cualquiera, aciertos y errores, y los tuve como presidente de la República. Se podrá estar o no de acuerdo con acciones que tomé o estrategias que establecí, pero sí les puedo decir, amigas y amigos, que encabecé un gobierno con honestidad, rendición de cuentas, transparencia. Eso me permite salir a la calle como cualquier ciudadano y mirar de frente a cualquier mexicano”, dijo. Y, efectivamente, Calderón llegó al evento después de haberse transportado en el Metro elevado, junto a Cantú Rodríguez. Los dos bajaron en la estación Eloy Cavazos, ubicada a unas cuantas cuadras de donde se realizó el acto proselitista. La parte final de su discurso pareció una calca de la campaña que orquestó su equipo en los comicios del 2006. En aquel tiempo dijo que Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, era “un peligro para México”, porque convertiría al país en una zona violenta, y que su carisma era similar al de los dictadores sudamericanos. En esta ocasión, nueve años después, Calderón Hinojosa dijo lo mismo pero del aspirante independiente a la gubernatura, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco quien, en las encuestas locales, avanza como puntero rumbo a las elecciones del 7 de junio. “Una alternativa en Nuevo León está vendiendo la idea de desorden, de ruptura y diría que hasta de ilegalidad. El cambio que ofrece a Nuevo León puede ser de violencia, de rompimiento institucional que tienen, por ejemplo, los pueblos de América Latina. “¿Qué pasó en Venezuela? También Hugo Chávez era muy carismático y muy bronco, echador y sacalepunta. Ese tipo de perfiles terminan siendo gobiernos autoritarios que reprimen, se corrompen, son ineficientes y que meten a la cárcel a sus opositores. Esa no puede ser la alternativa de Nuevo León”, alertó. Al final pidió el voto por Cantú Rodríguez y por el aspirante panista a la alcaldía de Guadalupe, Alfonso Robledo.
Felipe Calderón salió del salón sin dar declaraciones y se retiró con una comitiva de ocho camionetas, siempre bajo el resguardo de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado García, excomandanta de la Policía Comunitaria del municipio guerrerense de Olinalá, dijo que no hay fundamentos legales para que la activista esté recluida en un penal federal y por ello piden que sea trasladada a una cárcel donde tenga atención médica, en particular al de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, que cuenta con una torre de especialidades Nestora, quien permanece en huelga de hambre desde el martes 5 en el penal de Nayarit, está recluida acusada de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, que es un delito del fuero común, por lo tanto no debe estar en una prisión federal, aclaró su abogado. “Ingresó por un delito del fuero federal que era delincuencia organizada y tres procesos del fuero común; el proceso del fuero federal ya concluyó, pues un tribunal determinó revocar el auto de formal prisión y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito”, explicó. También recordó que ante la situación de gravedad y urgencia de la salud de Nestora, el 28 de enero la CIDH solicitó al Estado mexicano que adoptara medidas cautelares para proteger su integridad física. Es por ello que el 18 de febrero se reunió con funcionarios del gobierno de Guerrero y de la Segob con el fin de evaluar el eventual traslado de la activista a un penal donde se protegiera su salud, sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta. Rivero Rodríguez, quien estuvo con la activista este fin de semana, declaró que la decisión de Nestora es llevar la huelga de hambre “hasta sus últimas consecuencias”. Ahora ella padece gastritis y una neuropatía en las cervicales que le provoca adormecimiento en las extremidades. La activista lleva siete días sin probar alimentos y sólo bebe agua. “Su estado de salud de por sí es delicado, por los accidentes que sufrió, por los padecimientos que tiene y la huelga de hambre ha venido a agravar esos males”, abundó. Además, destacó que no hay avances en el caso, en parte porque la causa penal se lleva en Guerrero, donde se dio la acusación, y en Nayarit, donde está Nestora, así como por la distancia entre ambas entidades, por lo que las diligencias tardan mucho tiempo en concretarse. “Ha habido dos audiencias donde las presuntas víctimas debieron comparecer, dar declaración y carearse, y no llegó nadie. Entonces estamos en una situación complicada en todos los sentidos, por esa razón tomó la decisión de iniciar una huelga el hambre el martes”, explicó. Además, denunció que ninguna autoridad del penal ha interferido para acabar con la huelga de hambre, por ello están analizando una vía legal para pedir el traslado de la activista, porque en este momento es prioridad su salud aunque la finalidad es obtener su libertad.
El abogado también llamó a las autoridades federales a tomar acciones y trasladar a Nestora a otro penal, en este caso al de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, que cuenta con una torre médica de especialidades. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
Ocho años después de que su padre la sustrajo de su hogar en Texas, la menor Alondra Díaz será devuelta a su madre.
El pasado 16 de abril agentes de la Policía Federal sacaron por la fuerza a una joven de nombre Alondra y la trasladaron a Estados Unidos… pero no era la Alondra correcta. Ahora, después de identificar a la verdadera hija de Dorotea García, su padre decidió entregarla a las autoridades ministeriales de Michoacán. Ante el temor de que se ejerciera alguna acción legal en su contra por la interrupción de la custodia, el padre de Alondra Díaz accedió a entregar a la menor. Además, se llegó a un convenio para que su madre retirara los cargos, informó ayer Juan Manuel Estrada Jiménez, presidente de la Fundación FIND A.C., que gestionó el proceso. Los Luna demandarán
Mientras tanto, los padres de Alondra Luna, la joven que fue confundida inicialmente y transportada de manera errónea, anunciaron demandas a las autoridades de México y Estados Unidos por la violación a las garantías de su hija. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
Las movilizaciones planeadas en contra del cierre de plazas de hasta 3 mil jubilados no harán sencillo el recorte anunciado por Pemex.
Trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) lucharán porque el cierre de 3 mil plazas no se haga realidad. Una red de protestas comenzó a planearse desde que la semana pasada el director de Finanzas de la petrolera, Mario Beauregard, anunció la intención de la empresa de reducir su fuerza laboral. El miércoles pasado Beauregard aseguró que este año se jubilarán entre 2 y 3 mil empleados de Pemex y que una vez abandonado, el espacio no volvería a estar disponible. “Lo que vamos a hacer es que hay mucho personal que ya está en edad de jubilarse, que ya cumplen con las edades y los 25 años de servicio, y ese personal una vez que se jubile en las próximas semanas o meses, no vamos a volver a emplear”, explicó en entrevista para Radio Fórmula. En respuesta, la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros anunció que se llevarán a cabo una serie de protestas a nivel nacional para evitar el recorte. Juan Carlos Chávez, líder de la alianza opositora al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), argumentó que la medida atenta contra los derechos laborales sindicales. Consideró además que violaría el contrato colectivo de trabajo, el cual establece que estas plazas se heredan a familiares directos de los jubilados. Presupuesto limitado La necesidad de Pemex de reducir su fuerza laboral se debe en parte a la caída en los precios del petróleo, que obligó además a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir gastos gubernamentales. El presupuesto de la petrolera se redujo en aproximadamente 62 mil millones de pesos, obligando a la empresa productiva a tomar medidas este tipo de medidas.
Los recortes en los últimos meses no han sido exclusivos de la compañía mexicana. De acuerdo con Bloomberg, desde que comenzaron a caer los precios del crudo se han anunciado más de 100 mil despidos en la industria alrededor del mundo. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
CHILPANCINGO, Gro: El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Pedro Almazán Cervantes, afirmó que el narco está detrás del grupo armado que irrumpió desde hace tres días en Chilapa y que mantiene sitiada la población con el apoyo del Ejército y las policías federal y estatal. “¿Quiénes son las personas que están en Chilapa que irrumpieron de manera intempestiva en la presidencia municipal? Bueno, pues todavía no está a mi alcance determinarlo porque la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones. Sin embargo, existen versiones extraoficiales de que son gente ligada a grupos delictivos”, reveló el funcionario estatal. Por su parte, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, dijo que sus asesores “están dialogando” con los líderes de la guardia comunitaria vinculada al grupo criminal Los Ardillos, dirigido por los hermanos del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez. Ello con el propósito de “convencerlos” de que se retiren de la cabecera para que las autoridades estatales asuman la seguridad de ese municipio colapsado por la narcoviolencia, indicó el responsable de la política interna en Guerrero. Lo anterior durante la comparecencia de ambos funcionarios este día ante el pleno del Congreso local, donde ningún diputado cuestionó el hecho de que la administración del gobernador Rogelio Ortega Martínez negocie con un grupo armado que tiene nexos con la delincuencia. El titular de la SSP reconoció que el gobierno estatal carece de la capacidad para garantizar seguridad en la entidad debido a que tienen un déficit de policías. Al respecto, Almazán Cervantes señaló que de los 4 mil 307 policías estatales que conforman la corporación, la mayoría no está en funciones operativas sino de escoltas de funcionarios, políticos, empresarios y resguardando edificios públicos, penales y establecimientos comerciales. El funcionario explicó que para labores de prevención del delito en las siete regiones de la entidad operan de 70 a 80 policías estatales, cuando se requieren al menos 500 uniformados en cada zona para garantizar la seguridad. El cuestionamiento de la mayoría de diputados se enfocó en la grave crisis de inseguridad y el vacío de autoridad que persiste en la entidad, donde son comunes los asesinatos, secuestros, extorsiones y ahora la presencia de grupos de autodefensa ligados al narco. Al respecto, el secretario de Gobierno dijo que existen puntos rojos “focalizados” en la entidad, debido a que la violencia generada por la delincuencia y los movimientos sociales no se ha generalizado. También consideró que esta situación no pone en riesgo las elecciones del próximo 7 de junio, pues están negociando con “los grupos radicales” y combatiendo el crimen. Ante los hechos delictivos que persisten en Chilapa, el titular de la SSP advirtió que es necesario no depender de las guardias comunitarias porque en algunos casos, indicó, “están cuidando las rutas de trasiego de droga”. Mientras, el coordinador de la fracción priista Héctor Apreza Patrón consideró que en Guerrero se vive una crisis de gobernabilidad creciente ante la incesante ola de violencia generalizada, aparición de grupos armados y crímenes contra ciudadanos y políticos. También criticó la visión autocomplaciente de Ortega Martínez, quien considera que antes todo estaba mal y ahora “todo va mejorando”. Apreza Patrón planteó que los problemas de seguridad en la entidad no se van a solucionar con “visiones aisladas”, y acusó a Rogelio Ortega de alentar desde el poder a los grupos sociales que ellos califican como “radicales” para confrontar a sus opositores políticos. Como ejemplo, hizo referencia a la firma de un acuerdo en sigilo realizado este fin de semana con una facción del magisterio disidente y organizaciones sociales, pacto del que se informó no se pueden dar detalles públicos.
“¿Qué esconde ese acuerdo que no se pueden divulgar? Parece que están hipotecando el estado a favor de los grupos radicales y es lamentable que existan acuerdos públicos y beneficios privados”, expresó Apreza Patrón. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: A menos de un mes del final de la campaña para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales en Michoacán, apareció un grupo autodenominado “Grupos de Autodefensas Legítimas”, cuyos integrantes anuncian que no dejarán las armas y convocan a que no se apoye al candidato del PRI, Asunción Orihuela, al que acusan de formar un cártel más peligroso que Los Caballeros Templarios.
En un video difundido en redes sociales, los integrantes del grupo sostienen que no se vendieron y no se han desintegrado y tampoco desmovilizado, aunque muchos de sus compañeros sigan en la cárcel y otros hayan sido muertos por defender a sus familias, tierras y sus pueblos. También aclaran que ellos siguen luchando –como originalmente se dieron a conocer en febrero de 2014– contra los Templarios y “el gobierno asesino que los hizo presidentes municipales y diputados hace dos años”. “No vamos a parar hasta que tengamos una verdadera justicia, los representantes de los pueblos levantados en armas advertimos que nuestro territorio no está libre del crimen organizado, que nuestras familias y nuestras tierras siguen acechadas por los delincuentes”, señala uno de los cinco hombres embozados y armados con fusiles de asalto que lee el comunicado. Sostiene que es una vergüenza que el gobierno quiera ocultar la realidad de violencia y miedo con el que viven los michoacanos. “Asimismo es una vergüenza y una traición que hoy por la ambición del poder y el dinero, algunos exautodefenas hayan vendido el movimiento”, sostiene el grupo en su comunicado. Señala a Estanislao Beltrán Papá Pitufo como el mayor traidor porque ya olvidó a quienes fueron muertos luchando entre las autodefensas y ahora apoya al candidato del PRI, ‘Chon’ Orihuela, siendo este partido quien encumbró a los Templarios bajo las órdenes del comisionado Alfredo Castillo y el “narco-gobierno del PRI” que los quería desarmar. “Ahora Papá Pitufo tiene amnesia y le levanta la mano al candidato del PRI, Chon Orihuela. Ya olvidó que el doctor (José Manuel) Mireles sigue injustamente en la cárcel por defender a su pueblo y que fue ese partido, el PRI, el que dejó a los Templarios gobernar y masacrar a nuestra gente”, advierte el grupo de “Autodefensas Legítimas”. Además, hacen un llamado a las autodefensas de la costa, de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, a su líder Semei Verdía, para que no permitan el regreso de los que traicionaron el movimiento. “Por la memoria de nuestros hijos muertos, de nuestras mujeres violadas, de tierras robadas, de nuestros hermanos secuestrados y de los comunitarios asesinados, no dejemos entrar al cártel de los Orihuela, encabezado por el candidato del PRI, Chon Orihuela. No hablemos con él, no lo apoyemos, declarémosle la guerra, es un verdugo del pueblo que miente y traiciona”. Luego piden al pueblo que no se deje engañar, que levante la voz contra el olvido, que recuerde a los muertos por el narcogobierno integrado por una generación de narcopolíticos, y entre ellos señala al exgobernador Fausto Vallejo, el comisionado Alfredo Castillo, el exgobernador interino Jesús Castillo y al candidato Chon Orihuela “todos ellos sirvientes de La Tuta”.
Finalmente, insisten en que no dejarán las armas y seguirán defendiendo sus familias y pueblos.
MÉXICO, D.F: El más reciente escándalo de corrupción de la constructora española OHL corre el riesgo de quedarse sólo en el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, un ladrón de poca monta frente a priistas de la cumbre como Emilio Lozoya Austin, Carlos Ruiz Sacristán, Jesús Reyes Heroles y, naturalmente, Enrique Peña Nieto. Exhibido en grabaciones difundidas originalmente en España en contubernios para pagar sobreprecios en la ampliación del Viaducto Bicentenario, que en realidad es el segundo piso del Periférico que corresponde al Estado de México, Mena Vargas es y ha sido, literalmente, un achichincle. Los verdaderos ganadores de los negocios multimillonarios son de la élite política y empresarial de México y –en el caso de OHL– de España. Apolinar Mena, antes del cargo que ostenta en el Estado de México, donde como gobernador Peña le abrió las puertas a OHL para darle ganancias por miles de millones de pesos, fue secretario del Consejo de Administración del equipo de futbol Toluca, cuyo presidente es Valentín Díez Morodo, un magnate de origen español que hizo fortuna al amparo del Grupo Atlacomulco. Y Díez Morodo, quien preside el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), es integrante del Consejo de Administración de OHL, que en México encabeza José Andrés de Oteyza y del que forman parte también Ruiz Sacristán, Reyes Heroles González Garza y, hasta antes de ser director general de Pemex, Lozoya Austin. El caso de Díez Morodo es distinto al de los otros miembros del consejo de OHL, incluyendo a De Oteyza, uno de los arquitectos del desastre de José López Portillo: Pertenece al elenco de los hombres más ricos de México, es consejero de 32 grandes empresas y multinacionales, entre ellas Grupo México, de Germán Larrea, Telefónica, Zara y hasta de las bodegas del delicioso vino Vega Sicilia. Más aún: Es vicepresidente del consejo de administración del grupo Aeroméxico, que al extinguirse Mexicana quedó prácticamente como monopolio de la aviación, y de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, uno de los más grandes evasores de impuestos del país y cuyo hijo, Claudio X. González Guajardo, da clases de moral desde Televisa. Los otros tres consejeros mexicanos de OHL quizá no le digan nada a muchos mexicanos, sobre todo a los jóvenes, pero están plenamente identificados con la élite priista entregada a los negocios privados vinculados al poder público. De hecho, si han sido contratados por OHL y por otras multinacionales extrajeras –relacionadas con la construcción y el sector energético– ha sido más por la información estratégica que poseen y sus relaciones políticas y hasta familiares que por sus aptitudes como servidores públicos. El más visible es Lozoya Austin, actual director de Pemex, quien trabajó para Obrascón Huarte Lain (OHL) hasta antes de asumir el cargo y desde el que ha otorgado a esa empresa al menos tres contratos multimillonarios sin ningún sonrojo sobre conflicto de interés o tráfico de influencias. Lozoya Austin ha dicho que conoció a Peña a través de Luis Videgaray, a su vez discípulo de Pedro Aspe, que fue maestro de ambos en el ITAM, pero omite mencionar que la relación viene de antes. En efecto, Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalman, secretario de Energía y compañero de gabinete de Aspe, secretario de Hacienda, en el gobierno de Carlos Salinas, y cuya hija, Mónica Aspe Bernal, es actual subsecretaria de Comunicaciones y Transportes. Otro junior de la élite en OHL es Jesús Reyes Heroles González Garza, hijo de Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación y Gobernación con López Portillo –y por tanto compañero de gabinete de De Oteyza–, quien en el gobierno de Ernesto Zedillo fue embajador de México en Washington y secretario de Energía. Fue de los priistas que cortejó Felipe Calderón y, siendo copropietario del grupo empresarial al que pertenece Grupo de Economistas y Asociados (GEA), adulteró encuestas en la elección del 2006 para favorecer al panista. Su premio fue ser director de Pemex. Ahora, además de ser miembro del consejo de administración de OHL, trabaja para banco Santander México, y es socio de Morgan Stanley Private Equity, para promover proyectos de inversión en el sector energía en Latinoamérica. Otro de los miembros del consejo de administración de OHL es Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes, también en el gobierno de Zedillo, y operador responsable del manejo y dirección de todas las operaciones de Sempra Energy en México, empresa generadora de energía. Ligado estrechamente a Luis Téllez, está entregado como él a los negocios. OHL oculta los millonarios honorarios que paga a sus empleados y sólo admite que los consejeros reciben una “compensación anual” de 440 mil dólares estadunidenses, equivalentes a casi siete millones de pesos, es decir, más de 550 mil mensuales. Nada mal. El negocio, sin embargo, está en otra parte: En lo que no se ve ni se declara fiscalmente y por tanto no existe. Es decir, en los sobornos, “moches”, “entres”, a menudo en efectivo, para que la autoridad haga convocatorias a la medida de las empresas “amigas”. Estos enjuagues quedaron en evidencia con las grabaciones difundidas por el medio digital El Confidencial, de España, uno de cuyos protagonistas, el famoso Apolinar, será un chivo expiatorio de un escándalo de corrupción que lleva hasta la punta de OHL y del gobierno de México. El otro es Pablo Wallentin, director de Relaciones Institucionales de OHL México, con quien habló y ya renunció. Y es que fue Peña quien, siendo gobernador del Estado de México, le abrió las puertas a esta empresa española, cuyo presidente, el octagenario Juan Miguel Villar-Mir, tiene una cauda de corrupción inmensa a tal punto de que, en 2013, fue imputado por corrupción en un esquema bien conocido en México: Financió al derechista Partido Popular de José María Aznar a cambio de contratos de obra pública. El asunto da para más…
Por ejemplo, quien le concesionó a OHL sus principales obras viales como jefe de Gobierno fue Marcelo Ebrard, descarrilado –por ahora– como aspirante presidencial… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
Movidos por el desencanto político, un sector de la población defiende la idea de que es mejor no emitir sufragios que votar por candidatos sin propuestas claras.
El escenario del proceso electoral del 2015 parece un circo de tres pistas. Además de las campañas electorales y el ejercicio de las autoridades electorales está el espacio reservado para quienes han llamado a ejercer el voto nulo o boicotear los comicios. La actuación de quienes promueven la anulación de los votos se alimenta de su decepción por los políticos y sus propuestas. Fue en las elecciones del 2009 y el 2012 cuando surgieron movimientos que llamaban a los ciudadanos a anular sus votos en protesta por la forma de gobernar de los políticos y la falta de oportunidades de acceso para los ciudadanos. Históricamente las elecciones intermedias -cuando se renueva a los integrantes de la Cámara de Diputados y se realizan algunas elecciones locales- son las que tienen un mayor índice de votos nulos. En las elecciones de 1997, el total de votos nulos fue de 856 mil 732, lo que representó un 2.89 por ciento de la votación. En el 2003, el voto nulo fue de 3.36 por ciento, con 903 mil 664 votos. En el 2009, luego de la primer campaña masiva a favor del voto nulo, esos números se fueron casi al doble. Ese año, los votos nulos alcanzaron un millón 839 mil 971, un 5.39 por ciento del total de votos emitidos. En elecciones presidenciales, los números se encuentran ligeramente por debajo de esos índices. En la elección del año 2000, los votos nulos fueron 868 mil 516, un 2.32 por ciento de la votación total. En el 2006, se alcanzó un 2.16 por ciento de anulaciones, es decir, 900 mil 373 votos. En la elección del 2012, los votos nulos fueron un millón 241 mil 154, un 2.47 por ciento de la votación total. A pesar de parecer porcentajes de votación muy bajos, algunas veces el voto nulo ha sido considerado un factor decisivo en el resultado de las elecciones. Ocurrió así en las elecciones presidenciales del 2006, cuando la diferencia de votos entre Felipe Calderón (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD) fue de apenas 243 mil 934 votos, un 0.56 por ciento. Después de esa elección, López Obrador acusó que quienes promovieron el voto nulo avalaron el fraude del 2006. Para este proceso del 2015, el político tabasqueño ha llamado a no anular el voto para no ayudar a “la mafia del poder”. Hay otros que van más allá. Movimientos sociales en Guerrero han llamado a no permitir que se realicen las elecciones y boicotear cualquier intento para realizarlas. Frente a esas posturas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha limitado a advertir a los ciudadanos sobre las consecuencias que podría traer no participar en las elecciones, o participar de forma limitada. Los promotores del voto nulo Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha llamado a los ciudadanos a expresar su rechazo a los políticos a través de la anulación de la boleta electoral el próximo 7 de junio. A finales de marzo, cuando su Movimiento cumplió su cuarto aniversario –los mismos años desde el asesinato de su hijo, Juan Francisco- Sicilia afirmó que el principal motivo de protesta es la inseguridad que sigue señoreando por todo el país. “Mientras los partidos y sus gobiernos no estén dispuestos a limpiar sus filas de criminales que trabajan bajo su amparo y a crear mecanismos para erradicar la impunidad en todos los niveles, mientras continúen vendiendo y destrozando el territorio nacional (…) continuarán, como hasta ahora, administrando el infierno y representando a un país de muertos y desaparecidos en constante aumento. Nosotros nunca los avalaremos ni colaboraremos con ello. “Llamamos al boicot electoral como un acto de desobediencia civil frente a las traiciones, simulaciones y crímenes de las partidocracias que han destruido el Estado y han dejado de representarnos”, afirmó Sicilia, el 27 de marzo de este año. Días después, Marco Antonio Baños, consejero del INE, dijo que llamar a no votar es actuar en contra del propio desarrollo democrático del país. “Me parece que en las condiciones actuales hacer un llamado para que no se vote es contrario a una tradición democrática que ha permitido que los poderes públicos se instalen a partir de los procesos comiciales”. Sin embargo, para Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el voto nulo también es un derecho que se debe garantizar a los electores. En cada uno de los foros o reuniones con diversos sectores de la comunidad donde se presenta, el catedrático ha llamado a no volverse cómplices de un gobierno que no garantiza buenas condiciones de vida a los ciudadanos. “Mientras no se respete el derecho al voto en blanco, mientras no se respete el derecho a la nulidad del voto, esto sigue siendo una simulación para todo el que quiera participar; porque nos ponen dos o tres atarantados y alguno de ellos tiene que salir. “Por supuesto que los ciudadanos tenemos el derecho a decir ‘no quiero a ninguno de los tres y me pones a otro’”, dijo Vera Jiménez en una reunión con la Federación Estatal de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Morelos, en octubre pasado. Cuando se cumplió un mes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de octubre del 2014, Vera Jiménez se pronunció claramente a favor del voto nulo en un discurso que dio, en solidaridad con los padres de los 43. “Ausentémonos de las urnas, hagámosles a los políticos un boicot político, un paro político; dejémosles con sus boletas y sus urnas, no nos convirtamos en cómplices, no los legitimemos.
“No nos presentemos a las urnas, no hagamos de eso un circo como el que han hecho tantos políticos, y mientras sigan sin aparecer los 43 compañeros de Ayotzinapa y mientras sigan presentándonos candidatos vinculados al narco digamos no a las elecciones”, llamó el rector. Morelos es uno de los estados donde más amenazas se han presentado contra candidatos, y en el que se han denunciado vínculos entre algunos políticos y grupos del crimen organizado. ‘Todos son lo mismo’ Al llamado al voto nulo se ha unido también el padre Alejandro Solalinde, activista a favor de los migrantes y fundador del albergue “Hermanos en el Camino”. En varias declaraciones, Solalinde se ha mostrado en contra de no permitir que se realicen las elecciones, como algunos grupos inconformes en Guerrero han manifestado, sino que ha llamado a protestar anulando el voto. “No habría necesidad de boicotear las elecciones. En lugar de votar por un partido, que ya sabemos que todos son lo mismo, podemos anular la boleta con un ‘43’ para que no se le olvide al gobierno lo que pasó y que aún no hemos superado. “Porque al boicotear las elecciones, además de impedir un derecho a los ciudadanos como el ir a votar, le estaríamos dejando la casa abierta al gobierno para que se sirva con la cuchara grande, por eso debemos anular las boletas”, afirmó Solalinde, en febrero pasado. En opinión del clérigo, el gobierno en turno es “mediocre y corrupto”, por lo que los ciudadanos deben ir a las urnas y mostrar su inconformidad, no solo dejar de participar en el proceso electoral. Que nadie vaya a las urnas Una manera de protestar es anulando el voto, el propio. Otra, es el boicot: tratar de impedir que los comicios se lleven a cabo, que se instalen casillas o evitar que otros ciudadanos vayan a las urnas. Este ha sido el llamado de varias organizaciones en el estado de Guerrero y otras entidades. Para ellos, no votar o anular el voto es insuficiente. Tratarán de que el proceso electoral no se lleve a cabo. A principios de abril, reunidos en la Convención Nacional Popular que convocó a más de 200 organizaciones civiles -entre los que se encontraban los padres de los 43 normalistas desaparecidos- las organizaciones sociales acordaron que tratarán de boicotear las elecciones “donde haya condiciones”. En esa Convención Nacional Popular, las organizaciones acordaron que se revisará las condiciones para boicotear las elecciones; este boicot podría aplicar en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Puebla. Es en Guerrero donde se concentra el mayor número de organizaciones que desean boicotear las elecciones. Las organizaciones que han decidido dar la batalla porque no haya comicios en esa entidad se han agrupado en el Movimiento Popular de Guerrero y otros que han hecho suya la intención. Los primeros grupos que promueven el boicot electoral en esa entidad son los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Desde hace varias semanas, en los mítines de apoyo a su causa, los padres no se han cansado de decir que no permitirán la realización de las elecciones en Guerrero por considerar que se trata de “un circo” que solo beneficia a los partidos políticos. “¡No a las elecciones! Porque ningún partido es la solución. El votar, es votar por el crimen organizado y por los mismos políticos desvergonzados y asesinos. “En Guerrero no va a haber elecciones, aunque el ‘gobernadorcillo’ diga que va a haber, aunque el secretario de Gobernación diga que va a haber”, advirtió Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desde enero pasado. La lucha para que no se realicen las elecciones ha llevado a las organizaciones a realizar acciones que han terminado, incluso, en violencia. Al inicio de las campañas políticas, el Movimiento Popular de Guerrero retuvo durante algunos días a Alberto Lidio González, asesor de Salvador Basurto, consejero presidente del INE en el municipio de Tlapa. La retención ocurrió luego de una protesta en que los integrantes del MPG aseguraron que no permitirían la organización de las elecciones hasta que aparezcan los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Maestros pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han afirmado que también se unirán al boicot de las elecciones; sin embargo, en privado han hecho acuerdos con el gobernador Rogelio Ortega para resolver algunas de sus demandas y evitar que se unan a quienes buscan el boicot. El INE quiere paz Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ha afirmado que cada vez son menos grupos los que buscan boicotear las elecciones; pero aun así, el Instituto debe garantizar el acceso a las urnas a quienes sí quieran votar. “Nuestra intención no es generar un ambiente militarizado, de policía, para desarrollar las elecciones, esto no es conveniente, pero nuestro mandato es permitirle a los ciudadanos que ejerzan con libertad su voto y tenemos que generar esas condiciones.
“No estamos pensando en operativos especiales, por supuesto la comunicación y coordinación la tenemos, la estamos afinando, pero a todos conviene que el próximo 7 (de junio) exista paz y tranquilidad para poder ejercer el derecho al voto”, afirmó Córdova en una entrevista radial con Grupo Imagen.
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