MÉXICO, D.F: Era sabido en el Partido Acción Nacional (PAN) que, desde 2012, Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco y quien aspiró a la candidatura presidencial, apoyó a Enrique Alfaro, postulado por Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco y ahora a la alcaldía de Guadalajara, pero hasta hoy lo expulsó “por alta traición”.
El comité municipal del PAN en Guadalajara, que también gobernó de 2003 a 2006, resolvió expulsar a González Márquez por apoyar de manera directa a los candidatos de Movimiento Ciudadano, tras recibir una solicitud de sus aspirantes a diputados locales y federales.
“Este órgano partidista determina la expulsión definitiva de Emilio González Márquez como militante del PAN, por alta traición al PAN por apoyar de manera directa a Enrique Alfaro en su candidatura a presidente municipal, así como a los candidatos a diputados locales y federales del Partido Movimiento Ciudadano”, establece el resolutivo.
La decisión del comité municipal del PAN se produjo con base en lo que prevé el artículo 33 del Reglamento de Sanciones, que establece: “Se considera expulsado del partido aquel que siendo miembro activo participe con otro partido político. Se considera participación cuando el miembro activo realice acciones encaminadas al beneficio de otro partido”.
González Márquez fue acusado por numerosos panistas de “traición” desde que, en 2012, cuando el PAN cayó al tercer lugar, prefirió apoyar subrepticiamente a Alfaro, entonces candidato a gobernador y negárselo al candidato Fernando Guzmán Pérez Péláez, pese a formar parte de la misma cofradía de El Yunque.
El coordinador de campaña de Guzmán Pérez Peláez, Héctor Álvarez Contreras, acusó a González Márquez y a sus personeros de apoyar a Alfaro en las elecciones para gobernador en 2012.
“Estos cabrones traidores se tienen que ir del partido”, declaró públicamente Álvarez Contreras, quien, sin embargo, desde el año pasado Álvarez Contreras es también seguidor de Alfaro, lo mismo que otros prominentes panistas.
Uno de ellos es Macedonio Tamez, exalcalde de Zapopan, quien renunció a su militancia de 40 años en el PAN y ahora es candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 10, justamente con cabecera en ese municipio, un bastión panista.
Aunque ha habido numerosos personeros del exgobernador González Márquez, un dato acreditó también el respaldo de éste a Alfaro y a Movimiento Ciudadano: El de Alejandro Hermosillo González, amigo de Jesús González, hijo del exgobernador.
Director del Instituto Jalisciense de la Juventud durante el gobierno de González Márquez, Hermosillo González fundó, junto con Jesús González, La Cantera, un grupo juvenil que duró apenas un año, en 2012, y al año siguiente brincaron a Altavoz, en el que participaron como activistas de Movimiento Ciudadano.
Este episodio se conoció porque Pablo Neftalí Morales, quien se inscribió para competir en Movimiento Ciudadano por la diputación local del distrito 8, fue desplazado por Hermosillo González.
De hecho, intentó contender como precandidato a la alcaldía de Guadalajara contra Alfaro, pero aseguró que Enrique Ibarra Pedroza, presidente del Consejo Ciudadano de ese partido, le prometió que sería candidato a diputado local, que finalmente fue para el emilista.
“Me ofrecieron un distrito, pero les dije que esa no era mi intención. Yo no vengo a ver qué me dan, tengo independencia económica, no voy por el sueldo ni el cargo. Pero para llevar las cosas en paz acepté ir por el Distrito 8. ¡Pero resulta que el día de la asamblea no me dejan ni siquiera entrar! Me dicen que no podía, a pesar de que tenía el registro formal. Enrique Ibarra me dijo que ya tenían compromiso con otra persona y que no podían dármela”, aseguró Morales.
González Márquez, quien gobernó Jalisco entre 2006 y 2012, se caracterizó por su frivolidad, despilfarro y corrupción, pero también por su subordinación al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ante quien descalificó a sus críticos por entregarle dinero público a la iglesia y a las televisoras para su proyecto presidencial.
“¡Chinguen a su madre!”, exclamó el entonces mandatario, del que hoy mismo, ya expulsado del PAN, en el auditorio del PAN municipal de Guadalajara, descolgaron su retrato y lo arrojaron a la basura…
Emilio González podría apelar su expulsión ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional, la máxima instancia de dirección de ese partido.
Por lo pronto, en una carta enviada al presidente nacional panista, Gustavo Madero no aclara su relación con Enrique Alfaro.
Sí señala que mientras fue dirigente y candidato de ese partido respondió con resultados y que “no es quemando la casa como se construyen los triunfos electorales”.
Y añade: “soy y seguiré siendo panista; seguiré apoyando al PAN, esa decisión la tomé hace muchos años”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
martes, 12 de mayo de 2015
Sandra Luz pagó con su vida por ser madre en lucha; a 365 días, Sinaloa le niega justicia
Su nombre real era Sandra Luz Martínez Hernández, pero con el tiempo se hizo llamar sólo por su apellido materno, así registró a sus hijos, así se presentó ante la sociedad, así se quedó en la memoria de activistas y compañeros de batalla, es el legado que ella quería dejar: ella fue Sandra Luz Hernández, la mujer que fue asesinada hace un año mientras buscaba a uno de sus hijos, desaparecido de manera forzada.
Su imagen aún está en el colectivo social, se convirtió en el emblema de lucha, de exigencia, de reclamo de justicia.
Buscaba a su hijo Édgar Guadalupe García Hernández, un joven que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa como office boy del Procurador Marco Antonio Higura Gómez.
El 12 de febrero de 2012 fue privado de su libertad por un grupo de personas que llegó a su casa, se lo llevó y desde ese día nadie sabe de él, al menos no en la versión oficial.
Entonces, Sandra Luz se convirtió en el emblema de aquellas mujeres que, como ella, les habían arrebatado a sus hijos y su existencia quedó como en el limbo.
“Métete al cerebro, corazón y emociones de las personas… muévelos”, escribió en una de sus libretas; se daba ánimos a ella misma, sabía que su lucha no iba a ser sencilla.
No lo fue y no pudo terminarla, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 y hoy la justicia de Sinaloa no le ha dado ni la verdad sobre el paradero de Édgar ni sobre su muerte.
A un año de su homicidio, el periódico Noroeste de Culiacán reconstruye las últimas 24 horas de Sandra Luz, a partir de información del expediente de su caso y testimonios de personas cercanas a la activista.
SU HISTORIA:
SANDRA LUZ: SUS ÚLTIMAS 24 HORAS
11 DE MAYO DE 2014: MACARIA
Apenas tenía tres meses como demostradora de productos Hyli. Vendía shampoo para matizar las canas, rayitos y cabello teñido, aunque Macaria ya tenía experiencia en este tipo de trabajos. Para ella, lo que mejor sabe hacer es “abordar a los clientes”.
El 11 de mayo era un día de poca afluencia en el MZ del Centro, sobre todo después de la fiebre comercial del Día de las Madres, pero la mujer tenía que trabajar.
A dos pasillos de Macaria estaba una familia en el checador de precios. La señora quería comprar una flor de plástico y por más que pasaba el código de barras no podía saber la cantidad que tenía que pagar; entonces, Macaria llegó, le ofreció el shampoo, pero la señora lo rechazó.
La vendedora de piso advirtió tristeza en ella, pero también el ceño fruncido, como de coraje, de incredulidad, envuelta en sus ropas negras; al menos así le pareció a Macaria por lo que dejó de lado el shampoo. Entonces, prefirió preguntar qué tenía, que si estaba triste.
Según consta en su declaración ministerial, Macaria aseguró ante los agentes del Ministerio Público que desconocía el nombre de esa señora, que fue hasta el día siguiente, el 12 de mayo, cuando lo supo. Era Sandra Luz.
Ante la pregunta de Macaria, dejó en paz el checador de precios y, entonces, le contó la historia de su hijo desaparecido desde el 12 de febrero de 2012.
El relato tardó al menos media hora, tiempo en el que Macaria la escuchó, como si no hubiera más clientes. Así supo que de ninguna manera había podido conocer el paradero de su hijo y que hasta su fe estaba perdiendo.
La vendedora de piso sacó su teléfono, revisó su agenda de contactos y le recomendó ir con una vidente de la Colonia Mazatlán. Como señales para dar con el domicilio le refirió un kínder y, luego, un “puentecito”.
“Le dije que le recomendaba a una señora que echaba las cartas y leía la suerte, para que la orientara o bien le diera alguna esperanza de localizar a su hijo”, explicó ante el Ministerio Público.
“Además le agregué que esa señora estaba enferma de cáncer, que posiblemente ya ni curaba”.
Sandra Luz anotó en su libreta los nombre de la vidente y el de Macaria, las señas del lugar y luego se fue. Pasaban de las 5 de la tarde y tenía que regresar a su casa. No compró la rosa, tampoco el shampoo, sólo se llevó el dato de la vidente… y algo de esperanza.
Al día siguiente, narra la vendedora al Ministerio Público, la vidente le llamó “enojada” porque escuchó balazos cerca de su casa, que suponía que era su recomendada. Entonces vio las noticias, observó las fotografías y Macaria le ofreció disculpas.
“Matan a madre activista de hijos desaparecidos”, leyó Macaria el 13 de mayo en los periódicos de la ciudad que estaban en el estante del supermercado, y una vez más recordó a aquella señora del checador de precios que tuvo dificultades para saber cuánto tenía que pagar por la flor que no compró. También entonces supo su nombre: Sandra Luz Hernández.
LA ÚLTIMA REUNIÓN EN LA PGJE
La mañana del 12 de mayo de 2014, el Comandante Jaguar iba a presentar nuevas evidencias. Él estaba encargado de la investigación de los casos de desaparecidos junto a José Luis Leyva Rochín, encargado de la agencia del Ministerio Público y el que daba la cara de manera pública.
Ese día se sentaron en la mesa de juntas de la subprocuraduría, junto a la oficina de Martín Robles Armenta, el Subprocurador, quien en ese momento tenía a su cargo distintos casos: apenas una semana y media antes un grupo de personas prendió fuego a una casa en la Colonia Benito Juárez; ahí había dos niños, uno de ellos murió y el otro resultó con heridas graves.
Robles Armenta cargaba además con la manifestación del grupo de Pepenadores Progreso en el Ayuntamiento de Culiacán, donde tenían una huelga de hambre; así como la investigación de una amenaza de bomba días previos en Palacio de Gobierno, pero aun así les llamó a Sandra Luz Hernández y a Eva Luz Llanes, porque pretendía dar información sobre sus casos.
“Ese día fue como siempre. Hablamos de todos los casos, nos dieron avances pero nada nuevo, ahí estuvimos y los escuchamos, pero como siempre”, cuenta Eva Luz en entrevista, quien a la fecha busca saber de su hijo que desapareció en diciembre de 2013.
Fue una reunión rápida, pero con una particularidad: no estaban Leonel Aguirre Meza ni Óscar Loza Ochoa, defensores de derechos humanos que han acompañado y liderado las reuniones de madres de desaparecidos con funcionarios.
“La regla siempre era que fuéramos juntos, eso mismo les dije yo porque esa vez no nos avisaron, fueron solas, y ya sólo platicamos lo que vieron ahí y después pasó lo que ya sabemos”, recuerda Loza Ochoa.
30 MINUTOS PARA MORIR
Después de la reunión con las autoridades e investigadores de la PGJE, Sandra Luz y Eva fueron al Ayuntamiento de Culiacán, donde los pepenadores sostenían un plantón.
“El profe Loza estaba con los pepenadores, ahí lo vimos a él y después Sandra platicó con él. Estuvimos rápido con los pepenadores ahí en el Ayuntamiento, luego nos fuimos a comer”, narra Eva Luz Llanes.
Después de la plática, se fueron a un restaurante de comida china que está en la calle Juan Carrasco, a dos cuadras del Ayuntamiento.
Eva Luz recuerda que fue ahí, mientras comían con desánimo porque no tenían más avances informativos sobre el paradero de sus hijos, cuando Sandra Luz le contó de Macaria, la vendedora de shampoo que conoció la tarde anterior y que le recomendó ir con una vidente que leía cartas, que ella podía decirles dónde estaban sus hijos.
La emoción les ganó. La mayor virtud de Sandra Luz era también su mayor defecto: era impulsiva.
Sacó una de sus libretas, vio sus apuntes que decían de puño y letra: “Colonia Mazatlán, kínder, puentecito…”.
Eran las 15:30 horas, tomó uno de sus dos teléfonos y le marcó a la vidente. Eva Luz escuchó que le pidió que llegara antes de las 17:00 horas, porque más tarde no podría atenderla. Le explicó que un camión de ruta Toledo la llevaría al lugar.
De inmediato llegaron. Sandra Luz y Eva estaban frente a un kínder, en el cruce de las calles Constitución y 30 de septiembre, pero no ubicaban las demás señales.
“Sandra Luz buscó el domicilio de la vidente, ubicamos una papelería por la calle, por la calle 30 de septiembre y Sandra Luz me dijo que no correspondían las características del domicilio que le dio la vidente con las casas que veíamos”, señaló Eva Luz en su declaración ministerial.
Lo que sí vieron, fue que sobre la calle 30 de septiembre se estacionó una camioneta Jeep blanca, que antes estaba estacionada en doble fila donde las mujeres bajaron del camión.
Un hombre bajó de esa camioneta, tenía la cara cubierta y una pistola en la mano derecha. Eva Luz vio que se dirigía hacia ellas y comenzó a correr, se ocultó en una taquería, desde donde sólo escuchó las descargas de una pistola.
Según el Ministerio Público, fueron 11 balazos, 6 de ellos dieron contra el cuerpo de Sandra Luz. Fueron los que le quitaron la vida.
El 12 de mayo de 2014 a las 16:00 horas, Sandra Luz Hernández, la activista que buscaba a su hijo desaparecido, murió asesinada y el único acusado por la PGJE, hoy, está libre.
LA ABSOLUCIÓN
El 13 de marzo de este año, el Juzgado Noveno Penal de Culiacán absolvió a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, a quien la Fiscalía responsabiliza aún por el homicidio de Sandra Luz Hernández.
El desaseo en el expediente del Ministerio Público, la falta de pruebas y el descuido en el debido proceso le dieron pase de salida al único acusado por la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa de la muerte de la activista, al menos así lo consideró el Juez, quien argumentó que la investigación dejaba dudas sobre su posible responsabilidad.
“Lo manifestado ministerialmente por Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, no se encuentra sustentado con medio de prueba alguno que determine fehacientemente la responsabilidad penal que se le atribuye”, indicó el Juez.
El Ministerio Público basó sus argumentos para acusar a Valenzuela Rodríguez por el delito de feminicidio en la declaración ministerial del indiciado, la cual la defensa alegó que fue obtenida de manera ilegal, violando los derechos humanos.
El abogado de Valenzuela Rodríguez acusó por su parte detención arbitraria, incomunicación y desaseo en el lugar donde fue detenido, pues no presentaron orden de aprehensión, lo esposaron y un policía manejó su camioneta sin seguir los protocolos de recolección de evidencias.
El Juez Noveno de Distrito alegó además que el Ministerio Público no desahogó pruebas suficientes, pues como evidencia sólo tomó lo dicho por un testigo: fue un hombre, alto, como de 1.75 metros de estatura, delgado y con la cara tapada que se bajó de una camioneta tipo Jeep de color blanco.
El Juzgado consideró que eso no fue suficiente y que, por lo tanto, Valenzuela Rodríguez debía quedar absuelto.
En su defensa, Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia, acusó públicamente de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, pero a sus palabras no le siguieron una denuncia formal.
Solicitó un recurso de revisión para revocar la decisión del Juez, la cual se encuentra en la sala número 1, a cargo de la Magistrada María Bárbara Irma Campuzano Vega.
Y mientras eso se resuelve, la verdad y justicia sobre el homicidio de Sandra Luz está como la verdad y justicia sobre el hijo que buscaba: en la nada.
NOMBRES QUE NADIE INVESTIGA
Los nombres de Gabriel y Joel Valenzuela Valenzuela fueron expuestos en más de una ocasión por Sandra Luz Hernández, lo repetía frente a las autoridades, frente a la prensa y en mítines junto al grupo Voces Unidas.
Sandra Luz aseguraba que ellos podían tener información sobre la desaparición de Édgar, que meses antes se los había presentado, que ella misma los había encarado.
Exigió que los buscaran, que los interrogaran, lo hizo ante el Gobernador Mario López Valdez, ante el Procurador Higuera Gómez y ante el Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, pero nunca los buscaron.
“Si no lo metieron a la averiguación previa antes de la muerte de ella, mal hecho de la autoridad, pero en presencia mía, se lo puedo atestiguar, fueron preguntados los agentes que si qué pasaba, porque no habían citados a comparecer y lo que ellos decían es: ‘les hicimos guardia y nunca llegaron’, como si fueran así las cosas”, reclamó el activista Óscar Loza Ochoa.
No los buscaron, no hay oficio de ello, no hay documento que lo acredite que hayan sido citados a declarar.
Loza Ochoa señala que pudo haber conformismo y omisión, un delito que vuelve a revictimizar a Sandra Luz, a su familia, a Édgar y a las víctimas que piden justicia por no darles garantías.
AUTOR: REDACCIÓN/ MARCOS VIZCARRA.
Gobierno de BC llegó tarde y sobrerreaccionó contra jornaleros de San Quintín: Antonio Heras
"Hay una tensión social, una situación grave en la zona sur del municipio de Ensenada, Baja California", refirió el periodista.
El gobierno del estado ha llegado tarde a atender las demandas de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, en un caso que “no es de este sexenio sino que tiene 30 años”; lo ocurrido el sábado pasado muestra una sobrerreacción por parte de la policía, al emprender “redadas”, usar balas de goma y hasta un vehículo blindado contra pobladores, lo que sólo abona a la tensión social en la zona, apuntó Antonio Heras, corresponsal del diario La Jornada en Baja California.
En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el gobierno de Baja California se ha negado a reconocer las demandas de los jornaleros, que están dentro del marco legal, y son seguro social e incremento salarial.
“El rezago histórico de jornaleros agrícolas, que se han mantenido como residentes de esa zona, ha generado un hartazgo, una situación adversa en términos económicos”, puntualizó.
“La gravedad de todo esto es que hay lentitud, falta de conocimiento, cerrazón del gobierno para entender esta situación que se está viviendo… se les fue de las manos… la tensión social está ahí, cualquier roce va a ir generando problemas o enfrentamientos”, consideró.
Sobre lo ocurrido el sábado pasado, detalló:
“El gobierno del estado dice que respondió a una llamada de auxilio, al 066 -aunque las denuncias se presentan al 089-, de que un grupo de personas se querían meter a un rancho e incendiar las parcelas.
“Responde de manera inmediata, con todo y vehículo blindado, hacen detenciones, los jornaleros toman piedras y palos y empieza esta reyerta.
“Sigue el apoyo policiaco a este operativo y empiezan a hacer redadas en la colonia, empiezan a disparar armas con balas de goma, detener y golpear personas, cuando les quitaban el celular ya los dejaban ir”, expuso.
Ante ello, aseguró que hay una ausencia de protocolos de actuación de la policía estatal preventiva.
“No es posible que los mandos superiores de las corporaciones policiacas manden agentes policiacos a que se metan a las colonias, haciendo redadas, porque las consecuencias son estas: se les puede ir de las manos pero también se pueden enfrentar a una turba que los puede desarmar”, refirió.
Heras contó una anécdota del pasado fin de semana, cuando los tripulantes de un vehículo blindado son obligados, con piedras y palos, a salir corriendo de la unidad y ahí la dejan abandonada.
Apuntó que la respuesta de los pobladores al operativo fue incendiar patrullas, vehículos particulares de la policía y bloquear la carretera.
El periodista mencionó también lo que ha narrado Fidel Sánchez, vocero oficial de la Alianza de Organizaciones Nacional, estatal y municipal por la justicia social del Valle de San Quintín, sobre una llamada en un tono “amenazante”, por parte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, un día antes del operativo del sábado. Esto, sumado a que los dejó plantados en una reunión que sostendrían la semana pasada los jornaleros con la Segob.
El corresponsal subrayó que el enfrentamiento del sábado fue “algo inusitado, un acto de barbarie, considerado como una represión”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno del estado ha llegado tarde a atender las demandas de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, en un caso que “no es de este sexenio sino que tiene 30 años”; lo ocurrido el sábado pasado muestra una sobrerreacción por parte de la policía, al emprender “redadas”, usar balas de goma y hasta un vehículo blindado contra pobladores, lo que sólo abona a la tensión social en la zona, apuntó Antonio Heras, corresponsal del diario La Jornada en Baja California.
En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el gobierno de Baja California se ha negado a reconocer las demandas de los jornaleros, que están dentro del marco legal, y son seguro social e incremento salarial.
“El rezago histórico de jornaleros agrícolas, que se han mantenido como residentes de esa zona, ha generado un hartazgo, una situación adversa en términos económicos”, puntualizó.
“La gravedad de todo esto es que hay lentitud, falta de conocimiento, cerrazón del gobierno para entender esta situación que se está viviendo… se les fue de las manos… la tensión social está ahí, cualquier roce va a ir generando problemas o enfrentamientos”, consideró.
Sobre lo ocurrido el sábado pasado, detalló:
“El gobierno del estado dice que respondió a una llamada de auxilio, al 066 -aunque las denuncias se presentan al 089-, de que un grupo de personas se querían meter a un rancho e incendiar las parcelas.
“Responde de manera inmediata, con todo y vehículo blindado, hacen detenciones, los jornaleros toman piedras y palos y empieza esta reyerta.
“Sigue el apoyo policiaco a este operativo y empiezan a hacer redadas en la colonia, empiezan a disparar armas con balas de goma, detener y golpear personas, cuando les quitaban el celular ya los dejaban ir”, expuso.
Ante ello, aseguró que hay una ausencia de protocolos de actuación de la policía estatal preventiva.
“No es posible que los mandos superiores de las corporaciones policiacas manden agentes policiacos a que se metan a las colonias, haciendo redadas, porque las consecuencias son estas: se les puede ir de las manos pero también se pueden enfrentar a una turba que los puede desarmar”, refirió.
Heras contó una anécdota del pasado fin de semana, cuando los tripulantes de un vehículo blindado son obligados, con piedras y palos, a salir corriendo de la unidad y ahí la dejan abandonada.
Apuntó que la respuesta de los pobladores al operativo fue incendiar patrullas, vehículos particulares de la policía y bloquear la carretera.
El periodista mencionó también lo que ha narrado Fidel Sánchez, vocero oficial de la Alianza de Organizaciones Nacional, estatal y municipal por la justicia social del Valle de San Quintín, sobre una llamada en un tono “amenazante”, por parte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, un día antes del operativo del sábado. Esto, sumado a que los dejó plantados en una reunión que sostendrían la semana pasada los jornaleros con la Segob.
El corresponsal subrayó que el enfrentamiento del sábado fue “algo inusitado, un acto de barbarie, considerado como una represión”.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Decepciona fallo de la Corte en casos de tortura sexual contra indígenas
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Contrario a lo que esperaban las mujeres víctimas de tortura sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estableció estándares que deberían seguir los jueces y magistrados al analizar casos de violencia sexual contra las indígenas.
El pleno evitó ahondar al respecto al concluir el análisis del expediente varios 1396/2011, relacionado con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) sobre la violación sexual cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002.
En votación dividida, la SCJN se pronunció en contra de hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, deberían seguir los operadores de justicia en todo el país para hacer frente a la impunidad.
Después de tres sesiones de discusión, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán fue retirado, debido a que un grupo de ministros, entre ellos José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar consideraron que el proyecto se quedaba corto al no fijar estándares en materia de tortura sexual, perspectiva de género y etnicidad.
En la discusión, Cossío dijo que un expediente varios pretende dar los lineamientos para el cumplimiento de una sentencia internacional, por lo que aseguró que sólo hablar de “capacitar y sensibilizar” a quienes imparten justicia era “insuficiente”.
El ministro afirmó que el proyecto no satisfacía la importancia del caso: “No reúne las condiciones que acabo de apuntar, pues hace un buen recuento de lo que hemos hecho pero no contempla ninguna de las acciones que aún nos hacen falta realizar”.
A su vez, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que el análisis debería tener una gran carga impositiva para el Estado mexicano y sin embargo, agregó, “creo que las incorporaciones que hizo el señor ministro sí son muy importantes, pero son restrictivas y tal pareciera desde mi óptica personal que no se están aterrizando a los casos concretos”.
Este caso, dijo, debió servir para establecer estándares para valorar las pruebas en casos de violencia sexual, ya que la CORIDH reconoce que este delito ocurre en lo secreto y por ello se debe otorgar valor preponderante al dicho de la víctima.
Además la ministra aseguró que se debería determinar la obligación de que los operadores de justicia analicen las pruebas y el testimonio de la víctima, y que valoren otros elementos subjetivos como la edad, condición social y origen étnico, y le garanticen atención médica y psicológica.
No obstante, el ministro Pérez Dayán consideró que esos temas ya estaban en el proyecto y no era necesario discutirlos. “El proyecto se hace con esta exhaustividad debida, da la información de todos estos criterios, evolución de las figuras a través de la jurisprudencia de la Primera Sala y la reseña muy puntual”, dijo.
Mientras tanto, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que la Suprema Corte no tiene potestad con “todos los jueces nacionales”.
Inconformidad ciudadana
Al conocer la decisión de la SCJN, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización civil que acompaña a las indígenas Inés y Valentina y llevó su caso ante instancias internacionales– dijo que la Corte perdió la posibilidad de contribuir al avance de los derechos humanos (DH) de las mujeres indígenas.
En 2010 la CORIDH emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, por violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés y Valentina, torturadas sexualmente en hechos diferentes por militares en 2002, y quienes no encontraron justicia en el país.
Un año después, en 2011 ambas mujeres solicitaron a la SCJN abrir un expediente varios donde analizaran las sentencias y determinaran las obligaciones que se desprendían para el Poder Judicial, en particular en el tema de juzgar con perspectiva de género en casos similares.
El Centro Tlachinollan consideró en un primer momento que regresar el proyecto abría la posibilidad de robustecer los argumentos, sin embargo, al conocer la decisión manifestó en un comunicado que la resolución es “omisa” porque no hizo un análisis sistemático de las obligaciones de los juzgadores.
De acuerdo con la organización, en realidad el proyecto sólo agregó un cúmulo de tesis tanto jurisprudenciales como aisladas sobre los criterios relacionados con los temas de tortura, género y etnicidad generados por la Primera Sala de la SCJN.
Es así que incluso agregó tesis sobre derechos indígenas de personas inculpadas de algún delito, lo cual no tenía relación con el tema central de derechos de mujeres indígenas víctimas de tortura sexual, por ello el proyecto fue “omiso” en el desarrollo de los temas resueltos en las sentencias de la CORIDH .
El Centro Tlachinollan llamó la atención sobre el pronunciamiento del ministro presidente, Luis María Aguilar, que después de la votación dividida y antes de cerrar la sesión rechazó que hubiera una división al interior del pleno, y dijo que sólo había pluralidad de posiciones.
“Me parece que sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática pero alejado totalmente de la verdad”, sostuvo Aguilar.
A decir de la asociación civil, fue inusual que el ministro presidente se haya referido a que no existe una mayoría de ministros contraria al avance de los DH, cuando en las últimas votaciones parece perfilarse nítidamente una división en el pleno e incluso una regresión en las decisiones adoptadas.
Como quedaron múltiples temas pendientes de resolución para la redacción final de la sentencia (el llamado “engrose”, según el argot jurídico), la organización civil dijo que espera que las y los ministros que expresaron reservas participen activamente en la redacción de éste a efecto de que no sea regresivo.
No obstante, la discusión sobre el expediente varios se dio por concluida.
Por su parte, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, junto con el Centro Tlachinollan, continúan en su búsqueda de justicia en las instancias nacionales y en el castigo de los militares que las agredieron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
El pleno evitó ahondar al respecto al concluir el análisis del expediente varios 1396/2011, relacionado con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) sobre la violación sexual cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002.
En votación dividida, la SCJN se pronunció en contra de hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, deberían seguir los operadores de justicia en todo el país para hacer frente a la impunidad.
Después de tres sesiones de discusión, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán fue retirado, debido a que un grupo de ministros, entre ellos José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar consideraron que el proyecto se quedaba corto al no fijar estándares en materia de tortura sexual, perspectiva de género y etnicidad.
En la discusión, Cossío dijo que un expediente varios pretende dar los lineamientos para el cumplimiento de una sentencia internacional, por lo que aseguró que sólo hablar de “capacitar y sensibilizar” a quienes imparten justicia era “insuficiente”.
El ministro afirmó que el proyecto no satisfacía la importancia del caso: “No reúne las condiciones que acabo de apuntar, pues hace un buen recuento de lo que hemos hecho pero no contempla ninguna de las acciones que aún nos hacen falta realizar”.
A su vez, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que el análisis debería tener una gran carga impositiva para el Estado mexicano y sin embargo, agregó, “creo que las incorporaciones que hizo el señor ministro sí son muy importantes, pero son restrictivas y tal pareciera desde mi óptica personal que no se están aterrizando a los casos concretos”.
Este caso, dijo, debió servir para establecer estándares para valorar las pruebas en casos de violencia sexual, ya que la CORIDH reconoce que este delito ocurre en lo secreto y por ello se debe otorgar valor preponderante al dicho de la víctima.
Además la ministra aseguró que se debería determinar la obligación de que los operadores de justicia analicen las pruebas y el testimonio de la víctima, y que valoren otros elementos subjetivos como la edad, condición social y origen étnico, y le garanticen atención médica y psicológica.
No obstante, el ministro Pérez Dayán consideró que esos temas ya estaban en el proyecto y no era necesario discutirlos. “El proyecto se hace con esta exhaustividad debida, da la información de todos estos criterios, evolución de las figuras a través de la jurisprudencia de la Primera Sala y la reseña muy puntual”, dijo.
Mientras tanto, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que la Suprema Corte no tiene potestad con “todos los jueces nacionales”.
Inconformidad ciudadana
Al conocer la decisión de la SCJN, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización civil que acompaña a las indígenas Inés y Valentina y llevó su caso ante instancias internacionales– dijo que la Corte perdió la posibilidad de contribuir al avance de los derechos humanos (DH) de las mujeres indígenas.
En 2010 la CORIDH emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, por violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés y Valentina, torturadas sexualmente en hechos diferentes por militares en 2002, y quienes no encontraron justicia en el país.
Un año después, en 2011 ambas mujeres solicitaron a la SCJN abrir un expediente varios donde analizaran las sentencias y determinaran las obligaciones que se desprendían para el Poder Judicial, en particular en el tema de juzgar con perspectiva de género en casos similares.
El Centro Tlachinollan consideró en un primer momento que regresar el proyecto abría la posibilidad de robustecer los argumentos, sin embargo, al conocer la decisión manifestó en un comunicado que la resolución es “omisa” porque no hizo un análisis sistemático de las obligaciones de los juzgadores.
De acuerdo con la organización, en realidad el proyecto sólo agregó un cúmulo de tesis tanto jurisprudenciales como aisladas sobre los criterios relacionados con los temas de tortura, género y etnicidad generados por la Primera Sala de la SCJN.
Es así que incluso agregó tesis sobre derechos indígenas de personas inculpadas de algún delito, lo cual no tenía relación con el tema central de derechos de mujeres indígenas víctimas de tortura sexual, por ello el proyecto fue “omiso” en el desarrollo de los temas resueltos en las sentencias de la CORIDH .
El Centro Tlachinollan llamó la atención sobre el pronunciamiento del ministro presidente, Luis María Aguilar, que después de la votación dividida y antes de cerrar la sesión rechazó que hubiera una división al interior del pleno, y dijo que sólo había pluralidad de posiciones.
“Me parece que sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática pero alejado totalmente de la verdad”, sostuvo Aguilar.
A decir de la asociación civil, fue inusual que el ministro presidente se haya referido a que no existe una mayoría de ministros contraria al avance de los DH, cuando en las últimas votaciones parece perfilarse nítidamente una división en el pleno e incluso una regresión en las decisiones adoptadas.
Como quedaron múltiples temas pendientes de resolución para la redacción final de la sentencia (el llamado “engrose”, según el argot jurídico), la organización civil dijo que espera que las y los ministros que expresaron reservas participen activamente en la redacción de éste a efecto de que no sea regresivo.
No obstante, la discusión sobre el expediente varios se dio por concluida.
Por su parte, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, junto con el Centro Tlachinollan, continúan en su búsqueda de justicia en las instancias nacionales y en el castigo de los militares que las agredieron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
Menor rarámuri muere al dar a luz cerca de un arroyo
CHIHUAHUA, Chih: Sin la compañía de ningún familiar, Patricia González, una rarámuri de 16 años, salió muy temprano de su vivienda, en el municipio de Valle de Zaragoza, y al llegar a un arroyo se detuvo. Ahí la joven dio a luz y minutos después murió.
Las autoridades lograron rescatar con vida a la recién nacida, cuyo estado de salud se reporta estable.
En ningún momento la adolescente recibió atención médica adecuada para llevar su embarazo a buen término, ya que al parecer nunca informó a sus familiares que estaba embarazada.
Sola, Patricia salió de su vivienda, posiblemente con los dolores de parto, y en un arroyo cerca de Valle de Zaragoza, a varios metros de su domicilio, tuvo a una niña.
Alrededor de mediodía los familiares encontraron el cuerpo de la menor y muy cerca localizaron a la recién nacida con vida, por lo que de inmediato pidieron ayuda.
Paramédicos de la Cruz Roja llevaron a la bebé al Hospital General de Parral, donde recibió atención médica, y posteriormente fue trasladada al hospital de Ginecoobstetricia.
El director del nosocomio, Manuel Ibarra Torres, reportó que la recién nacida, con un peso de más de tres kilogramos, se encuentra en perfecto estado de salud, después de mantenerla en el área terapia intensiva para descartar hipotermia, hipoglucemia o problemas infecciosos y respiratorios.
No obstante, continuará en observación para evitar cualquier infección o malformación que pudiera derivarse de las circunstancias en las que nació. Según el médico, por el momento se le aplican antibióticos profilácticos.
En tanto, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del cuerpo de Patricia González para determinar la causa de muerte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Las autoridades lograron rescatar con vida a la recién nacida, cuyo estado de salud se reporta estable.
En ningún momento la adolescente recibió atención médica adecuada para llevar su embarazo a buen término, ya que al parecer nunca informó a sus familiares que estaba embarazada.
Sola, Patricia salió de su vivienda, posiblemente con los dolores de parto, y en un arroyo cerca de Valle de Zaragoza, a varios metros de su domicilio, tuvo a una niña.
Alrededor de mediodía los familiares encontraron el cuerpo de la menor y muy cerca localizaron a la recién nacida con vida, por lo que de inmediato pidieron ayuda.
Paramédicos de la Cruz Roja llevaron a la bebé al Hospital General de Parral, donde recibió atención médica, y posteriormente fue trasladada al hospital de Ginecoobstetricia.
El director del nosocomio, Manuel Ibarra Torres, reportó que la recién nacida, con un peso de más de tres kilogramos, se encuentra en perfecto estado de salud, después de mantenerla en el área terapia intensiva para descartar hipotermia, hipoglucemia o problemas infecciosos y respiratorios.
No obstante, continuará en observación para evitar cualquier infección o malformación que pudiera derivarse de las circunstancias en las que nació. Según el médico, por el momento se le aplican antibióticos profilácticos.
En tanto, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del cuerpo de Patricia González para determinar la causa de muerte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
San Quintín: indolencia irresponsable
Del desgaste a la represión, de la indolencia a la burla. Así puede resumirse la estrategia que el gobierno federal ha trazado para resolver el conflicto de los jornaleros de San Quintín.
Han pasado casi dos meses desde que, el pasado 17 de marzo, miles de trabajadores agrícolas de este enclave agroexportador estallaron un paro general para denunciar la salvaje explotación laboral que padecen y exigir un aumento salarial digno. En lugar de solucionar las demandas del movimiento, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó primero a su debilitamiento y desánimo y, después, a su contención violenta.
Sin embargo, ni una ni otra maniobras han sido eficaces para desarticular la protesta jornalera. A pesar de las ocho semanas de lucha transcurridas, ésta se sostiene alimentada de la combinación del hartazgo moral ante un modelo salvaje de explotación laboral y un tejido asociativo de base comunitaria cohesionado y vigoroso.
La represión del pasado 9 de mayo así lo muestra. Ese día, pretextando que se le quería prender fuego a un campo agrícola, la policía estatal preventiva golpeó a los pobladores del asentamiento triqui de Nuevo San Juan Copala cuando algunos de sus habitantes exhortaban a los trabajadores agrícolas a mantener el paro. Los habitantes respondieron enfrentando con rabia a los uniformados.
Nuevo San Juan Copala es una colonia de San Quintín, que en 2010 tenía poco más de mil 600 habitantes, en su mayoría triquis. Retoma el nombre de la comunidad de origen de sus fundadores en Oaxaca. Fue establecida formalmente en 1997, en terrenos ocupados, por jornaleros que buscaban una vivienda digna y que huían de los opresivos campamentos agrícolas. Desde entonces, la acción colectiva de sus pobladores logró obtener servicios e infraestructura básicos: lotificación ordenada, alumbrado público, agua potable, escuelas y mejoramiento de las calles. De manera simultánea, instauró una figura de representación política de los triquis.
Sus residentes han desarrollado –según explica Abbdel Camargo en Asentamiento y organización comunitaria– una forma de organización política y comunitaria que combina órganos tradicionales de autoridad basados en sus pueblos de origen con instituciones de nueva creación. Esta reinvención de la tradición les ha permitido apropiarse de nuevos espacios de residencia, desarrollar prácticas colectivas que generan una fuerte identidad cultural y fortalecer su capacidad de gestión.
La vida normativa de la colonia, explica Camargo, está organizada alrededor de tres figuras tradicionales, nativas de sus comunidades de origen. Estas son: la autoridad tradicional, representante político y mediador de la comunidad; el consejo de ancianos, que orienta y opina sobre los asuntos relevantes del asentamiento, y el sistema de mayordomías, encargado de la organización y realización de las fiestas en honor del santo patrono.
Así, cuando el pasado 9 de mayo la policía estatal reprimió a los residentes de Nuevo San Juan Copala para desalentar su lucha y mandar una señal a los jornaleros en paro de San Quintín de lo que les aguardaba, se topó con una vigorosa organización comunitaria, construida y forjada al calor de la lucha durante casi dos décadas. El resultado de esta maniobra fue contraproducente.
La violencia contra los pobladores de Nuevo San Juan Copala fue el último eslabón de una estrategia fallida. En un primer momento, el gobierno federal apostó por confinar la lucha al ámbito estatal, esperando a que se desinflara. Cuando el conflicto se nacionalizó e internacionalizó, tuvo que acceder a instalar una comisión negociadora, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda.
Lejos de buscar soluciones, la mesa de diálogo entre los jornaleros y los autoridades del pasado 24 de marzo fue una maniobra para hacer tiempo. La comitiva oficial, en la que estuvieron presentes el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y los titulares del IMSS, la STPS, senadores y diputados, llegó sin propuesta alguna. Primero impidió el paso de la prensa a la reunión. Después se comportó como si no supiera nada del origen del conflicto. Burlonamente, el mandatario estatal –según escribió Arturo Alcalde– dijo a los jornaleros: Tienen la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones.
Los funcionarios públicos se dedicaron a enredar los trabajos. Finalmente, el subsecretario Miranda puso en marcha la operación descontón: sin que se hubiera convenido entre las partes, anunció un futuro encuentro el 8 de mayo, en el que daría solución integral a las demandas; inventó que había alcanzado un acuerdo, clausuró unilateralmente la reunión y metió a los periodistas al encuentro. Los jornaleros rechazaron que en esa negociación se hubiera pactado algo.
El séquito oficial abandonó San Quintín apresuradamente. Hasta los representantes del Poder Legislativo, que supuestamente asistieron a la sesión invitados por los huelguistas, actuaron como empleados del gobierno y se sumaron vergonzosamente al cortejo del Ejecutivo.
El 8 de mayo llegó y el subsecretario Luis Miranda dejó plantados a los trabajadores agrícolas. Más de 4 mil de ellos lo aguardaban para escuchar la respuesta a sus demandas. Cuando Fidel Sánchez Gabriel, el dirigente de la Alianza por la Justicia Social, le advirtió que se quedarían frente a las oficinas del gobierno estatal, el funcionario le reviró: No me conoces. Al día siguiente se hicieron sentir los toletes y las balas de goma de la policía.
A pesar de los casi dos meses transcurridos y de la represión en su contra, el movimiento de los jornaleros de San Quintín no da muestras de cansancio físico o anímico. Resiste, alimentado por la convicción de que hay que poner fin a un modelo de explotación bárbaro y por décadas de luchas comunitarias. Por lo pronto, se dispone a enfrentar la indolencia oficial organizando el boicot internacional hacia la producción hortofrutícola del Valle.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO.
Han pasado casi dos meses desde que, el pasado 17 de marzo, miles de trabajadores agrícolas de este enclave agroexportador estallaron un paro general para denunciar la salvaje explotación laboral que padecen y exigir un aumento salarial digno. En lugar de solucionar las demandas del movimiento, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó primero a su debilitamiento y desánimo y, después, a su contención violenta.
Sin embargo, ni una ni otra maniobras han sido eficaces para desarticular la protesta jornalera. A pesar de las ocho semanas de lucha transcurridas, ésta se sostiene alimentada de la combinación del hartazgo moral ante un modelo salvaje de explotación laboral y un tejido asociativo de base comunitaria cohesionado y vigoroso.
La represión del pasado 9 de mayo así lo muestra. Ese día, pretextando que se le quería prender fuego a un campo agrícola, la policía estatal preventiva golpeó a los pobladores del asentamiento triqui de Nuevo San Juan Copala cuando algunos de sus habitantes exhortaban a los trabajadores agrícolas a mantener el paro. Los habitantes respondieron enfrentando con rabia a los uniformados.
Nuevo San Juan Copala es una colonia de San Quintín, que en 2010 tenía poco más de mil 600 habitantes, en su mayoría triquis. Retoma el nombre de la comunidad de origen de sus fundadores en Oaxaca. Fue establecida formalmente en 1997, en terrenos ocupados, por jornaleros que buscaban una vivienda digna y que huían de los opresivos campamentos agrícolas. Desde entonces, la acción colectiva de sus pobladores logró obtener servicios e infraestructura básicos: lotificación ordenada, alumbrado público, agua potable, escuelas y mejoramiento de las calles. De manera simultánea, instauró una figura de representación política de los triquis.
Sus residentes han desarrollado –según explica Abbdel Camargo en Asentamiento y organización comunitaria– una forma de organización política y comunitaria que combina órganos tradicionales de autoridad basados en sus pueblos de origen con instituciones de nueva creación. Esta reinvención de la tradición les ha permitido apropiarse de nuevos espacios de residencia, desarrollar prácticas colectivas que generan una fuerte identidad cultural y fortalecer su capacidad de gestión.
La vida normativa de la colonia, explica Camargo, está organizada alrededor de tres figuras tradicionales, nativas de sus comunidades de origen. Estas son: la autoridad tradicional, representante político y mediador de la comunidad; el consejo de ancianos, que orienta y opina sobre los asuntos relevantes del asentamiento, y el sistema de mayordomías, encargado de la organización y realización de las fiestas en honor del santo patrono.
Así, cuando el pasado 9 de mayo la policía estatal reprimió a los residentes de Nuevo San Juan Copala para desalentar su lucha y mandar una señal a los jornaleros en paro de San Quintín de lo que les aguardaba, se topó con una vigorosa organización comunitaria, construida y forjada al calor de la lucha durante casi dos décadas. El resultado de esta maniobra fue contraproducente.
La violencia contra los pobladores de Nuevo San Juan Copala fue el último eslabón de una estrategia fallida. En un primer momento, el gobierno federal apostó por confinar la lucha al ámbito estatal, esperando a que se desinflara. Cuando el conflicto se nacionalizó e internacionalizó, tuvo que acceder a instalar una comisión negociadora, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda.
Lejos de buscar soluciones, la mesa de diálogo entre los jornaleros y los autoridades del pasado 24 de marzo fue una maniobra para hacer tiempo. La comitiva oficial, en la que estuvieron presentes el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y los titulares del IMSS, la STPS, senadores y diputados, llegó sin propuesta alguna. Primero impidió el paso de la prensa a la reunión. Después se comportó como si no supiera nada del origen del conflicto. Burlonamente, el mandatario estatal –según escribió Arturo Alcalde– dijo a los jornaleros: Tienen la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones.
Los funcionarios públicos se dedicaron a enredar los trabajos. Finalmente, el subsecretario Miranda puso en marcha la operación descontón: sin que se hubiera convenido entre las partes, anunció un futuro encuentro el 8 de mayo, en el que daría solución integral a las demandas; inventó que había alcanzado un acuerdo, clausuró unilateralmente la reunión y metió a los periodistas al encuentro. Los jornaleros rechazaron que en esa negociación se hubiera pactado algo.
El séquito oficial abandonó San Quintín apresuradamente. Hasta los representantes del Poder Legislativo, que supuestamente asistieron a la sesión invitados por los huelguistas, actuaron como empleados del gobierno y se sumaron vergonzosamente al cortejo del Ejecutivo.
El 8 de mayo llegó y el subsecretario Luis Miranda dejó plantados a los trabajadores agrícolas. Más de 4 mil de ellos lo aguardaban para escuchar la respuesta a sus demandas. Cuando Fidel Sánchez Gabriel, el dirigente de la Alianza por la Justicia Social, le advirtió que se quedarían frente a las oficinas del gobierno estatal, el funcionario le reviró: No me conoces. Al día siguiente se hicieron sentir los toletes y las balas de goma de la policía.
A pesar de los casi dos meses transcurridos y de la represión en su contra, el movimiento de los jornaleros de San Quintín no da muestras de cansancio físico o anímico. Resiste, alimentado por la convicción de que hay que poner fin a un modelo de explotación bárbaro y por décadas de luchas comunitarias. Por lo pronto, se dispone a enfrentar la indolencia oficial organizando el boicot internacional hacia la producción hortofrutícola del Valle.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO.
Concede juez suspensión definitiva a favor de Aristegui
MÉXICO, D.F: El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, concedió esta tarde la suspensión definitiva a favor de la periodista Carmen Aristegui en la demanda de amparo 672/2015 que interpuso en contra de la decisión de MVS Radio de cancelar unilateralmente su contrato y suspender la emisión de su programa de la Primera Emisión.
Los términos exactos de la suspensión definitiva se conocerán hasta el miércoles 13 de mayo, aclararon los abogados de Aristegui, pero consideraron como “excelente noticia” la decisión del juez, que ya antes, el 27 de abril, había diferido la audiencia incidental cuando pidió más información a los abogados de Grupo MVS.
De acuerdo con Xavier Cortina y Javier Quijano, abogados de la periodista, esta decisión los coloca “en la ruta de ganar el amparo”, aunque desconocen si el juez Silva García va a ordenar la reinstalación inmediata de Aristegui o determinará otras medidas cautelares a favor de la exconductora de la Primera Emisión.
Hasta ahora, el equipo de abogados de Grupo MVS no ha emitido ninguna reacción. Esta decisión del juez Silva García puede ser recurrible por la empresa ante otra instancia del Poder Judicial.
Antes de esta suspensión definitiva, el juez Silva García resolvió una suspensión provisional a favor de Aristegui, en donde estableció que el contrato de la periodista con MVS debe mantenerse vigente y consideró que la decisión de la empresa de emitir lineamientos editoriales representan una “modificación unilateral de las condiciones del contrato” y que “sus efectos pueden generar un efecto inhibidor de la libertad de expresión”.
En la suspensión provisional, el juez pidió a las partes una negociación en presencia del árbitro definido por Aristegui y MVS en su contrato, el exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg. MVS rechazó esta posibilidad.
Aristegui dejó de conducir la Primera Emisión de MVS Radio desde el lunes 16 de marzo, cuando ya no se le permitió ingresar a la cabina de transmisión.
La cancelación de las transmisiones de Aristegui se determinó de manera unilateral por MVS aduciendo “abuso de confianza” y acusando a la periodista de haber emitido un “ultimátum” a la empresa cuando pidió la reinstalación de dos de los periodistas de su equipo despedidos, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, los mismos reporteros que investigaron y difundieron el caso de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014.
El 13 de marzo pasado, MVS modificó los términos de la relación entre Aristegui y la empresa al emitir unos nuevos “lineamientos editoriales” que prácticamente hacían inválido el contrato de autonomía editorial entre ella y la compañía de Joaquín Vargas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Los términos exactos de la suspensión definitiva se conocerán hasta el miércoles 13 de mayo, aclararon los abogados de Aristegui, pero consideraron como “excelente noticia” la decisión del juez, que ya antes, el 27 de abril, había diferido la audiencia incidental cuando pidió más información a los abogados de Grupo MVS.
De acuerdo con Xavier Cortina y Javier Quijano, abogados de la periodista, esta decisión los coloca “en la ruta de ganar el amparo”, aunque desconocen si el juez Silva García va a ordenar la reinstalación inmediata de Aristegui o determinará otras medidas cautelares a favor de la exconductora de la Primera Emisión.
Hasta ahora, el equipo de abogados de Grupo MVS no ha emitido ninguna reacción. Esta decisión del juez Silva García puede ser recurrible por la empresa ante otra instancia del Poder Judicial.
Antes de esta suspensión definitiva, el juez Silva García resolvió una suspensión provisional a favor de Aristegui, en donde estableció que el contrato de la periodista con MVS debe mantenerse vigente y consideró que la decisión de la empresa de emitir lineamientos editoriales representan una “modificación unilateral de las condiciones del contrato” y que “sus efectos pueden generar un efecto inhibidor de la libertad de expresión”.
En la suspensión provisional, el juez pidió a las partes una negociación en presencia del árbitro definido por Aristegui y MVS en su contrato, el exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg. MVS rechazó esta posibilidad.
Aristegui dejó de conducir la Primera Emisión de MVS Radio desde el lunes 16 de marzo, cuando ya no se le permitió ingresar a la cabina de transmisión.
La cancelación de las transmisiones de Aristegui se determinó de manera unilateral por MVS aduciendo “abuso de confianza” y acusando a la periodista de haber emitido un “ultimátum” a la empresa cuando pidió la reinstalación de dos de los periodistas de su equipo despedidos, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, los mismos reporteros que investigaron y difundieron el caso de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014.
El 13 de marzo pasado, MVS modificó los términos de la relación entre Aristegui y la empresa al emitir unos nuevos “lineamientos editoriales” que prácticamente hacían inválido el contrato de autonomía editorial entre ella y la compañía de Joaquín Vargas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Actividad petrolera acabará con pesca, ganadería y la agricultura de Veracruz
Luego de que en 2014 y en 2015 se comenzara a operar las rondas cero y uno de la reforma energética, en al menos 78 municipios veracruzanos de la zona norte podría terminarse la tradicional actividad pesquera, agrícola, forestal y ganadera por los trabajos de extracción de petróleo y gas, pues se realizará en 76 por ciento de la superficie ejidal de la entidad a pesar de que el precio internacional de la mezcla mexicana descendió de 70 a 57 dólares, lo que implicará que muchas familias veracruzanas mestizas, totonacas, tepehuas, otomíes y huastecas podrían quedarse sin sustento, no sólo por la extracción del combustible, sino por el consumo de agua y contaminación de los recursos naturales que esta industria trae consigo.
En un mapeo realizado por el geólogo Manuel Llano y que se pueden consultar en http://www.cartocritica.org.mx/, con la ubicación de las rondas cero y uno (futuro de la extracción de hidrocarburos en este país) y las concesiones mineras cruzan con ejidos y comunidades, éstas son la implementación de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos se ha contemplado para ocurrir con base en el otorgamiento de asignaciones, áreas, campos y bloques.
La ronda cero permite que Pemex, frente a la apertura a la inversión privada, defina la asignación a su favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el país que le permitan continuidad en la exploración y extracción, en tanto que la ronda uno abrirá a la inversión privada, nacional o extranjera, los recursos de hidrocarburos no considerados en la ronda cero, a través de licitaciones que iniciarán en 2015. En estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas.
La ronda cero abarca una superficie de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuidas en 142 municipios de 11 estados (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). Dentro de esta extensión se encuentran un total de mil 899 núcleos agrarios con poco más de un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal.
Los principales ejidatarios y/o comuneros afectados se encuentran en Veracruz (900 mil hectáreas) y Tabasco (500 mil hectáreas), 13 pueblos indígenas tendrían comprometida una parte de su territorio, en primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco con 85 por ciento (27 mil 770 hectáreas) de su territorio ocupado, seguido del pueblo totonaca (38 por ciento) y popoluca (31 por ciento).
La ronda uno comprende 68 municipios en ocho entidades (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), sobre todo del área terrestre con un millón 100 mil hectáreas, principalmente en Veracruz con casi 900 mil hectáreas, seguido de Coahuila y Puebla con poco más de 90 mil hectáreas cada estado. Abarcan 671 ejidos y comunidades, ocupando 441 mil 631 hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil). Los pueblos huastecon Náhuatl y totonaca tendrían ocupada poco más de 320 mil hectáreas de su territorio tradicional, lo que representa una quinta parte de sus posesiones.
La agricultura borrada de los ayuntamientos veracruzanos rondas cero y uno
De acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos que dice: “Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, así, autoriza a Pemex y socios afectar la posesión de la tierra y de las aguas.
De una revisión cartográfica realizada por especialistas se calcula que el estado de Veracruz tiene una superficie total de núcleo agrario de un millón 178 mil 356 26 hectáreas, de las cuales, dentro de la ronda cero se contempla 906 mil 305.97, que equivale al 76 por ciento del núcleo agrario.
Los municipios afectados serán Acayucan, con 20 mil 282 hectáreas; Acula con 7 mil 337.20; Agua Dulce con 15 mil 84.75; Álamo Temapache con 27 mil 927.40; Alvarado con 5 mil 22.20; Amatitlán, 6 mil 4.14; Ángel R. Cabada con 861.92, y en Camarón de Tejeda se afectarían 67.69 hectáreas.
Carlos A. Carrillo tendría una afectación de 11 mil 094.10 hectáreas; en Castillo de Teayo18 mil 789.53; Catemaco, mil 157.07; Cerro Azul, 2 mil 624.43; Chacaltianguis, 13 mil 259.18; Chicontepec, 24 mil 330.18; Chinampa de Gorostiza, mil 313.17; Las Choapas, 90 mil 269; Chontla, 6 mil 44.93; Citlaltepetl, 555.85 hectáreas; Coahuitlán, 948.54; Coatzacoalcos, 5 mil 416.87; Coatzintla, 20 mil 669.16 y Cosamaloapan con 3 mil 773.99 hectáreas.
También incluye Cosamaloapan 14 mil 878.79, Cotaxtla con 3 mil 132.16, Coxquihui con 648.23, Coyutla con 10 mil 366.77, Espinal con 10 mil 267.68, Gutiérrez Zamora con 289.76, Hueyapan de Ocampo con 52 mil 902.26, Ignacio de La Llave 19 mil 684.86, Isla con 23 mil 816.46, Ixhuatlán de Madero 17 mil 700, Ixhuatlán del Sureste 4 mil, Ixmatlahuacan con 4 mil 611 y Jamapa con mil 694.13 hectáreas.
Además José Azueta con 15 mil 438.65, Juan Rodríguez Clara con 56 mil 500, Las Choapas con 5 mil 702.40, Manlio Fabio Altamirano con 423.40, Medellín con 8 mil 300.71, Minatitlán con 54 mil 419.42, Moloacán con 11 mil 202.14, Naranjos Amatlan con 677.87, Otatitlán con 203.01; en Pánuco se afectarían 52 mil 736.03 hectáreas; en Papantla, 20 mil 38.81; la afectación en Playa Vicente sería de 17 mil 458.02; en Poza Rica, 345.68; en Pueblo Viejo, 4 mil 641.05; Saltabarranca, 539.53 y San Andrés Tuxtla, entre otros.
En tanto para la ronda uno, el estado de Veracruz tiene una superficie total de núcleo agrario de 618 mil 980.18 hectáreas de superficie, de las cuales se abarcarían 317 mil 833.80, que equivale al 51 por ciento del núcleo agrario.
Los municipios en los que se aplicará la técnica del fracking son: Álamo Temapache con 19 mil 965.80 hectáreas; Benito Juárez, 4 mil 947.35; Castillo de Teayo, 10 mil 460.02; Cerro Azul, 4 mil 817.51; Chalma, 3 mil 819.63; Chicontepec, 49 mil 960.26; Chontla, 5 mil 400.70; Coahuitlán mil 504.01; Coatzacoalcos, 472 y Coatzintla mil 356.17 hectáreas.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
AUTOR: NORMA TRUJILLO BÁEZ.
En un mapeo realizado por el geólogo Manuel Llano y que se pueden consultar en http://www.cartocritica.org.mx/, con la ubicación de las rondas cero y uno (futuro de la extracción de hidrocarburos en este país) y las concesiones mineras cruzan con ejidos y comunidades, éstas son la implementación de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos se ha contemplado para ocurrir con base en el otorgamiento de asignaciones, áreas, campos y bloques.
La ronda cero permite que Pemex, frente a la apertura a la inversión privada, defina la asignación a su favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el país que le permitan continuidad en la exploración y extracción, en tanto que la ronda uno abrirá a la inversión privada, nacional o extranjera, los recursos de hidrocarburos no considerados en la ronda cero, a través de licitaciones que iniciarán en 2015. En estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas.
La ronda cero abarca una superficie de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuidas en 142 municipios de 11 estados (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). Dentro de esta extensión se encuentran un total de mil 899 núcleos agrarios con poco más de un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal.
Los principales ejidatarios y/o comuneros afectados se encuentran en Veracruz (900 mil hectáreas) y Tabasco (500 mil hectáreas), 13 pueblos indígenas tendrían comprometida una parte de su territorio, en primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco con 85 por ciento (27 mil 770 hectáreas) de su territorio ocupado, seguido del pueblo totonaca (38 por ciento) y popoluca (31 por ciento).
La ronda uno comprende 68 municipios en ocho entidades (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz), sobre todo del área terrestre con un millón 100 mil hectáreas, principalmente en Veracruz con casi 900 mil hectáreas, seguido de Coahuila y Puebla con poco más de 90 mil hectáreas cada estado. Abarcan 671 ejidos y comunidades, ocupando 441 mil 631 hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil). Los pueblos huastecon Náhuatl y totonaca tendrían ocupada poco más de 320 mil hectáreas de su territorio tradicional, lo que representa una quinta parte de sus posesiones.
La agricultura borrada de los ayuntamientos veracruzanos rondas cero y uno
De acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos que dice: “Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, así, autoriza a Pemex y socios afectar la posesión de la tierra y de las aguas.
De una revisión cartográfica realizada por especialistas se calcula que el estado de Veracruz tiene una superficie total de núcleo agrario de un millón 178 mil 356 26 hectáreas, de las cuales, dentro de la ronda cero se contempla 906 mil 305.97, que equivale al 76 por ciento del núcleo agrario.
Los municipios afectados serán Acayucan, con 20 mil 282 hectáreas; Acula con 7 mil 337.20; Agua Dulce con 15 mil 84.75; Álamo Temapache con 27 mil 927.40; Alvarado con 5 mil 22.20; Amatitlán, 6 mil 4.14; Ángel R. Cabada con 861.92, y en Camarón de Tejeda se afectarían 67.69 hectáreas.
Carlos A. Carrillo tendría una afectación de 11 mil 094.10 hectáreas; en Castillo de Teayo18 mil 789.53; Catemaco, mil 157.07; Cerro Azul, 2 mil 624.43; Chacaltianguis, 13 mil 259.18; Chicontepec, 24 mil 330.18; Chinampa de Gorostiza, mil 313.17; Las Choapas, 90 mil 269; Chontla, 6 mil 44.93; Citlaltepetl, 555.85 hectáreas; Coahuitlán, 948.54; Coatzacoalcos, 5 mil 416.87; Coatzintla, 20 mil 669.16 y Cosamaloapan con 3 mil 773.99 hectáreas.
También incluye Cosamaloapan 14 mil 878.79, Cotaxtla con 3 mil 132.16, Coxquihui con 648.23, Coyutla con 10 mil 366.77, Espinal con 10 mil 267.68, Gutiérrez Zamora con 289.76, Hueyapan de Ocampo con 52 mil 902.26, Ignacio de La Llave 19 mil 684.86, Isla con 23 mil 816.46, Ixhuatlán de Madero 17 mil 700, Ixhuatlán del Sureste 4 mil, Ixmatlahuacan con 4 mil 611 y Jamapa con mil 694.13 hectáreas.
Además José Azueta con 15 mil 438.65, Juan Rodríguez Clara con 56 mil 500, Las Choapas con 5 mil 702.40, Manlio Fabio Altamirano con 423.40, Medellín con 8 mil 300.71, Minatitlán con 54 mil 419.42, Moloacán con 11 mil 202.14, Naranjos Amatlan con 677.87, Otatitlán con 203.01; en Pánuco se afectarían 52 mil 736.03 hectáreas; en Papantla, 20 mil 38.81; la afectación en Playa Vicente sería de 17 mil 458.02; en Poza Rica, 345.68; en Pueblo Viejo, 4 mil 641.05; Saltabarranca, 539.53 y San Andrés Tuxtla, entre otros.
En tanto para la ronda uno, el estado de Veracruz tiene una superficie total de núcleo agrario de 618 mil 980.18 hectáreas de superficie, de las cuales se abarcarían 317 mil 833.80, que equivale al 51 por ciento del núcleo agrario.
Los municipios en los que se aplicará la técnica del fracking son: Álamo Temapache con 19 mil 965.80 hectáreas; Benito Juárez, 4 mil 947.35; Castillo de Teayo, 10 mil 460.02; Cerro Azul, 4 mil 817.51; Chalma, 3 mil 819.63; Chicontepec, 49 mil 960.26; Chontla, 5 mil 400.70; Coahuitlán mil 504.01; Coatzacoalcos, 472 y Coatzintla mil 356.17 hectáreas.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
AUTOR: NORMA TRUJILLO BÁEZ.
Fijan fianza de 7 mdp a cada jornalero detenido en San Quintín
Ensenada, BC. El juzgado del Poder Judicial del Estado en San Quintín fijó una fianza de 7 millones de pesos a cada uno de los tres hombres acusados del delito de daños en propiedad ajena tras los disturbios que se presentaron en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 500 mil pesos.
Los detenidos enfrentan cargos por provocar daños a dos patrullas, a una tanqueta de asalto Rhyno y dos vehículos particulares que resultaron con daños durante la mañana del sábado pasado.
Una fuente consultada dentro del Poder Judicial de Baja California que confirmó la información de las fianzas señaló que los montos los fijó el juez de la causa penal de manera inicial, aunque pueden modificarse durante el proceso judicial.
En tanto, en el módulo de atención que instaló la Procuraduría General de Justicia del Estado para que integrantes de la comunidad presenten denuncias ante la Agencia del Ministerio Público recibió durante el primer día cuatro recursos por el delito de lesiones, contra quien resulte responsable.
El gobierno de Baja California dio a conocer que la mañana del sábado recibió la denuncia de un ranchero que afirmaba que unas personas querían ingresar a su propiedad para quemar sus parcelas.
Agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaron un operativo para detener a 17 personas, de manera inicial, en el que utilizaron patrullas, toletes y balas de goma, lo que provocó la reacción de jornaleros y sus familiares que repelieron la acción policial a pedradas y con palos.
Los residentes de esta comunidad de origen triqui acusaron a los agentes preventivos de ingresar a sus casas y golpear a varios de sus vecinos en redadas que realizaron por las calles de su colonia.
El gobernador Francisco Vega rechazó las versiones que los policías estatales ingresaron a domicilios e instó a que presenten denuncias quienes tengan pruebas, mientras que el secretario General de gobierno Francisco Rueda sostuvo que no tolerarán que personas externas “a la situación” desestabilicen la paz social.
AUTOR: ANTONIO HERAS.
De testigo a victimario: está preso hace 5 años por un “crimen pasional”
MÉXICO, D.F: El 6 de julio de 2010, Óscar Manuel Ramírez Siordia, de 23 años, llegó a la casa de Jacobo, su pareja durante más de cinco años. Alrededor de las siete de la noche dejó el departamento en la delegación Benito Juárez cuando éste llegó acompañado de otro hombre a quien dijo haber conocido por Internet.
Preocupado por Jacobo y a sabiendas de los delitos cometidos contra homosexuales “seducidos” a través de la web, a la mañana siguiente Óscar fue al departamento a buscar a su pareja. Al abrir la puerta de la recámara encontró su cuerpo en el suelo.
De inmediato llamó a la policía para reportar el asesinato. Los uniformados lo presentaron como testigo ante el Ministerio Público. Sin embargo, fue arrestado en calidad de presunto responsable por un “homicidio pasional”. De testigo pasó a victimario.
Era la época en que el hoy jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estaba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El 3 de agosto siguiente la autoridad le dictó auto de formal prisión como probable responsable de homicidio calificado. Sin embargo, seis días después la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años quien confesó haber tenido una cita con Jacobo la noche del crimen. Explicó que discutieron en la recámara porque éste se arrepintió de tener sexo con él a cambio de dinero, como habían acordado.
Sin darle oportunidad de nada, Noé sometió a Jacobo y le aplicó una llave conocida como “mataleones” hasta quitarle la vida. Luego se robó su computadora portátil y un teléfono celular que más tarde vendió.
El 5 de enero de 2012, luego del que el MP “encuadró” el caso –según acusó la defensa–, el Juzgado 49 Penal del DF dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé como culpables del homicidio “con traición y ventaja”, y les impuso una pena de 27 años y seis meses de prisión. Con esta decisión, el impartidor de justicia desestimó el delito de robo y aseguró que fue un “crimen pasional”.
Según el argumento del MP, el cadáver de Jacobo tenía un cabello en la mano “con características similares” al de Óscar, pero nunca se realizó una prueba de ADN para comprobar que realmente era de él.
La defensa del inculpado apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), a cargo de Edgar Elías Azar, ratificó la decisión el 16 de abril de 2012.
Entonces llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que lo desechó “por considerar que las fallas del debido proceso son claras”.
Los abogados presentaron una demanda de juicio de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, que admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, donde está desde hace siete meses sin resolución.
Según María de Lourdes Salazar Jiménez, integrante de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo que acompaña legalmente a Óscar, durante el proceso hubo múltiples deficiencias en el sistema de impartición de justicia del DF.
De acuerdo con los argumentos de la Clínica, la inocencia de Óscar es “latente”, pues existe la confesión del asesino, además de que los estudios periciales “estuvieron mal elaborados y sin cadena de custodia” –se modificó la escena del crimen–, hubo interpretaciones “indebidas” de la necropsia y, por si fuera poco, hay testigos de que el día y la hora del crimen Óscar estuvo en su casa.
Para la defensa, el Juzgado 49 Penal del DF –presidido por Silvia Carrasco Corona y formado por Juan Wilfredo Gutiérrez Cruz y Horacio Armando Hernández Orozco– tuvo una actitud discriminatoria para juzgar a Óscar, y con ello violó el artículo primero de la Constitución que marca las garantías individuales de todos los mexicanos.
Se le discriminó por su preferencia sexual y no se le respetó su derecho a la presunción de inocencia ni al debido proceso, agregan los abogados del caso.
Por todas estas irregularidades, Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, así como la especialista del CIDE, María de Lourdes Salazar Jiménez, y Rodrigo Huacuja, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –donde Óscar cursa la carrera de Derecho mediante un programa especial diseñado por la institución–, exigieron al Quinto Tribunal cumplir con los plazos establecidos para la revisión del amparo y dictar la libertad para su defendido.
Por último, llamaron a los integrantes de ese tribunal a “no dejarse llevar por prejuicios homofóbicos y tener la sensibilidad jurídica” para resolver el caso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).
Preocupado por Jacobo y a sabiendas de los delitos cometidos contra homosexuales “seducidos” a través de la web, a la mañana siguiente Óscar fue al departamento a buscar a su pareja. Al abrir la puerta de la recámara encontró su cuerpo en el suelo.
De inmediato llamó a la policía para reportar el asesinato. Los uniformados lo presentaron como testigo ante el Ministerio Público. Sin embargo, fue arrestado en calidad de presunto responsable por un “homicidio pasional”. De testigo pasó a victimario.
Era la época en que el hoy jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estaba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El 3 de agosto siguiente la autoridad le dictó auto de formal prisión como probable responsable de homicidio calificado. Sin embargo, seis días después la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años quien confesó haber tenido una cita con Jacobo la noche del crimen. Explicó que discutieron en la recámara porque éste se arrepintió de tener sexo con él a cambio de dinero, como habían acordado.
Sin darle oportunidad de nada, Noé sometió a Jacobo y le aplicó una llave conocida como “mataleones” hasta quitarle la vida. Luego se robó su computadora portátil y un teléfono celular que más tarde vendió.
El 5 de enero de 2012, luego del que el MP “encuadró” el caso –según acusó la defensa–, el Juzgado 49 Penal del DF dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé como culpables del homicidio “con traición y ventaja”, y les impuso una pena de 27 años y seis meses de prisión. Con esta decisión, el impartidor de justicia desestimó el delito de robo y aseguró que fue un “crimen pasional”.
Según el argumento del MP, el cadáver de Jacobo tenía un cabello en la mano “con características similares” al de Óscar, pero nunca se realizó una prueba de ADN para comprobar que realmente era de él.
La defensa del inculpado apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), a cargo de Edgar Elías Azar, ratificó la decisión el 16 de abril de 2012.
Entonces llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que lo desechó “por considerar que las fallas del debido proceso son claras”.
Los abogados presentaron una demanda de juicio de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, que admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, donde está desde hace siete meses sin resolución.
Según María de Lourdes Salazar Jiménez, integrante de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo que acompaña legalmente a Óscar, durante el proceso hubo múltiples deficiencias en el sistema de impartición de justicia del DF.
De acuerdo con los argumentos de la Clínica, la inocencia de Óscar es “latente”, pues existe la confesión del asesino, además de que los estudios periciales “estuvieron mal elaborados y sin cadena de custodia” –se modificó la escena del crimen–, hubo interpretaciones “indebidas” de la necropsia y, por si fuera poco, hay testigos de que el día y la hora del crimen Óscar estuvo en su casa.
Para la defensa, el Juzgado 49 Penal del DF –presidido por Silvia Carrasco Corona y formado por Juan Wilfredo Gutiérrez Cruz y Horacio Armando Hernández Orozco– tuvo una actitud discriminatoria para juzgar a Óscar, y con ello violó el artículo primero de la Constitución que marca las garantías individuales de todos los mexicanos.
Se le discriminó por su preferencia sexual y no se le respetó su derecho a la presunción de inocencia ni al debido proceso, agregan los abogados del caso.
Por todas estas irregularidades, Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, así como la especialista del CIDE, María de Lourdes Salazar Jiménez, y Rodrigo Huacuja, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –donde Óscar cursa la carrera de Derecho mediante un programa especial diseñado por la institución–, exigieron al Quinto Tribunal cumplir con los plazos establecidos para la revisión del amparo y dictar la libertad para su defendido.
Por último, llamaron a los integrantes de ese tribunal a “no dejarse llevar por prejuicios homofóbicos y tener la sensibilidad jurídica” para resolver el caso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA (REPORTAJE ESPECIAL).
Pavlovich promete chamba a Ana Gabriela Guevara si gana la gubernatura
HERMOSILLO, Son: La candidata a la gubernatura, la priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, se comprometió hoy a incorporar a su gabinete a la senadora petista Ana Gabriela Guevara, en caso de ganar en la contienda electoral de junio próximo.
El anuncio lo hizo ante estudiantes de la Universidad de Sonora un día después de que se difundiera un video en el que la exvelocista difundiera un video llamando a votar por la aspirante del PRI.
“Los sonorenses merecemos algo mejor y hoy, lo mejor es que los del PAN se vayan… Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto porque urge detenerlos.
“Claudia (Pavlovich), es la única que puede lograr que esta pesadilla acabe… Les pido que como yo no desperdiciemos nuestro voto porque urge que ya se vayan”, dice el el video que subió a las redes sociales.
En correspondencia a ese gesto, Pavlovich dijo que Guevara sería un activo importante en la gestión estatal para el deporte.
“Es una mujer muy competente, ella decidirá porque debe seguir tres años más como senadora y en tanto, yo le agradezco por su apoyo además que la admiro y respeto por sus logros”, subrayó.
El candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura, Jaime Moreno Berry, reveló que un asistente de Guevara pretendió incluir el video en los espacios petistas asignados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).
Moreno Berry detalló que esta producción videográfica fue entregada a los representantes de su ante Instituto Nacional Electoral para que fuera difundida en las pautas oficiales.
“Fueron a meterlo, a nombre de mi campaña, como si yo lo estuviera mandando, a tratar de pautar sin la autorización del coordinador de mi campaña, Daniel Rodríguez, ni por mí. De dónde surge, quién lo lleva, quién lo trae, y el contenido que tiene lleva una tendencia a denostar a un candidato y yo no estoy en esa lógica”, acusó.
Finalmente, el exdiputado federal y actual candidato plurinominal del PT, Gerardo Fernández Noroña, consideró este pronunciamiento de la senadora sonorense es como una traición y una falta de ética.
“Dicen que Roma paga pero desprecia a los traidores y me parece que ella va a recibir un pago por los servicios prestados a la campaña de Pavlovich, y no tengo duda de ello… se rumora que ella tiene una carrera que iniciará en el servicio exterior mexicano, pero evidentemente será utilizada y tirada al basurero de la política porque hay una traición al Partido del Trabajo, al pueblo de Sonora”, ultimó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
El anuncio lo hizo ante estudiantes de la Universidad de Sonora un día después de que se difundiera un video en el que la exvelocista difundiera un video llamando a votar por la aspirante del PRI.
“Los sonorenses merecemos algo mejor y hoy, lo mejor es que los del PAN se vayan… Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto porque urge detenerlos.
“Claudia (Pavlovich), es la única que puede lograr que esta pesadilla acabe… Les pido que como yo no desperdiciemos nuestro voto porque urge que ya se vayan”, dice el el video que subió a las redes sociales.
En correspondencia a ese gesto, Pavlovich dijo que Guevara sería un activo importante en la gestión estatal para el deporte.
“Es una mujer muy competente, ella decidirá porque debe seguir tres años más como senadora y en tanto, yo le agradezco por su apoyo además que la admiro y respeto por sus logros”, subrayó.
El candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura, Jaime Moreno Berry, reveló que un asistente de Guevara pretendió incluir el video en los espacios petistas asignados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).
Moreno Berry detalló que esta producción videográfica fue entregada a los representantes de su ante Instituto Nacional Electoral para que fuera difundida en las pautas oficiales.
“Fueron a meterlo, a nombre de mi campaña, como si yo lo estuviera mandando, a tratar de pautar sin la autorización del coordinador de mi campaña, Daniel Rodríguez, ni por mí. De dónde surge, quién lo lleva, quién lo trae, y el contenido que tiene lleva una tendencia a denostar a un candidato y yo no estoy en esa lógica”, acusó.
Finalmente, el exdiputado federal y actual candidato plurinominal del PT, Gerardo Fernández Noroña, consideró este pronunciamiento de la senadora sonorense es como una traición y una falta de ética.
“Dicen que Roma paga pero desprecia a los traidores y me parece que ella va a recibir un pago por los servicios prestados a la campaña de Pavlovich, y no tengo duda de ello… se rumora que ella tiene una carrera que iniciará en el servicio exterior mexicano, pero evidentemente será utilizada y tirada al basurero de la política porque hay una traición al Partido del Trabajo, al pueblo de Sonora”, ultimó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
Que comiencen las licitaciones
Inversionistas extranjeros podrán por primera vez explotar crudo y gas en México, con la licitación de 26 áreas localizadas en cinco estados del país.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció ayer la licitación de 26 áreas petroleras terrestres como parte de un nuevo paquete de contratos que permitirá a empresas nacionales y extranjeras participar por primera vez en la explotación de crudo y gas.
Las 26 áreas localizadas en cinco estados del país tienen un potencial conjunto de 35 mil barriles de crudo diarios y 225 millones de pies cúbicos de gas al día.
De las áreas que se licitarán ocho se encuentran en Nuevo León, seis en Veracruz, cinco en Chiapas, cinco en Tabasco y dos en Tamaulipas.
Contexto adverso
Esta primera ronda de licitaciones representa la puesta en marcha de la reforma energética aprobada el año pasado.
El gobierno espera que con la reforma lleguen millonarias inversiones y se reimpulse la producción de crudo.
La licitación, sin embargo, ocurre en medio de un entorno de caída en los precios del petróleo, lo cual podría restar el interés de los inversionistas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció ayer la licitación de 26 áreas petroleras terrestres como parte de un nuevo paquete de contratos que permitirá a empresas nacionales y extranjeras participar por primera vez en la explotación de crudo y gas.
Las 26 áreas localizadas en cinco estados del país tienen un potencial conjunto de 35 mil barriles de crudo diarios y 225 millones de pies cúbicos de gas al día.
De las áreas que se licitarán ocho se encuentran en Nuevo León, seis en Veracruz, cinco en Chiapas, cinco en Tabasco y dos en Tamaulipas.
Contexto adverso
Esta primera ronda de licitaciones representa la puesta en marcha de la reforma energética aprobada el año pasado.
El gobierno espera que con la reforma lleguen millonarias inversiones y se reimpulse la producción de crudo.
La licitación, sin embargo, ocurre en medio de un entorno de caída en los precios del petróleo, lo cual podría restar el interés de los inversionistas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Oceanía: El informe que reparte culpas
Los conductores de los trenes impactados insisten en el deficiente mantenimiento de las unidades, la Asamblea Legislativa exigirá la renuncia de Joel Ortega, y Miguel Ángel Mancera puntualiza que serán los sistemas de registro y medición los que determinen causas y responsables.
El informe del choque de trenes de Oceanía reparte culpas: el conductor que alcanzó al segundo tren no asumió la Conducción Manual Controlada (CMC) pero también, advierte, existen serias fallas en el mantenimiento.
Joel Ortega Cuevas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), no sale del escándalo.
Mañana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se le exigirá a Miguel Ángel Mancera, ante el pleno de la permanente, que destituya a Ortega Cuevas del cargo.
De acuerdo con lo programado, el diputado local, Jorge Gaviño, quien encabezó la Comisión Especial para investigar las razones del cierre parcial de la Línea 12, pedirá ante el pleno se entregue de manera oficial las grabaciones de las intercomunicaciones de los conductores y el centro de control
Además de detallar cuál fue la última fecha del mantenimiento a los trenes involucrados en el percance de Oceanía, así como el estatus del frenado, entre otros.
La lista de lo que Gaviño Ambriz pedirá a las autoridades incluye: caja negra de dos trenes que incluye una interpretación; grabación de la comunicación del regulador del tráfico con los dos conductores.
Grabación del ambiente en el puesto de control central; fotos del tablero de control óptico que muestren los avances de los trenes desde la terminal hasta el momento del colapso y también los registros del sistema de ambos trenes.
Además, se prevé que el Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa oficialice su petición de renuncia al director general del transporte naranja.
Por su parte, Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, acusa al STC y al mismo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de ser los principales responsables de la falta de mantenimiento de los trenes y de la red general del Metro.
Además, en su calidad de secretario General del Sindicato, Espino Arévalo alentó la indignación y coraje de su gremio contra las autoridades al difundir el contenido del oficio de la Seccional X, que en calidad de “urgente” enumeraba las averías de uno de los trenes involucrados en el percance de Oceanía.
“Se los advertimos”, difundieron a través de las redes sociales decenas de trabajadores sindicalizados del Metro, al mismo tiempo que en la página oficial de la organización gremial se lamentaba de la muerte del trabajador que cayó a las vías durante las maniobras de traslado de los trenes, Salvador Wood Sánchez.
“Falleció en el cumplimiento de sus funciones ese día. La historia del Metro de la Ciudad de México se ha escrito con el sacrificio de vidas de varios de nuestros compañeros trabajadores”, expresaron los sincicalizados.
Mientras dejaba que los trabajadores manifestaran su enojo en contra de las autoridades del Metro y del gobierno de la capital, el líder rehuía dar declaraciones puntuales respecto a qué y quiénes eran los responsables de lo sucedido.
Cuando Reporte Indigo buscó al líder del sindicato, este dijo que tenía documentación para exhibir al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien desde hace meses se ha rehusado a recibirlo personalmente a fin de entregarle un informe puntual de fallas de toda la red del Metro.
Tensa relación
No es nuevo que la relación entre Espino Arévalo y Joel Ortega sea ríspida.
Desde su llegada al STC, Ortega exhibió los privilegios del legendario líder del sindicato al detallar que tenía en la nómina a casi 22 familiares cuyos salarios costaban casi un millón de pesos al erario público.
El representante sindical negó nepotismo y de inmediato sacó como arma de defensa la queja por la falta de mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo que presentó desde finales de 2013 al secretario particular del jefe de Gobierno, Luis Serna.
Un tema sindical
Reporte Indigo publicó los avances del dictamen que preparó el Comité de Investigación de Incidentes del Metro.
De acuerdo con el informe preliminar de la caja negra del tren que se impactó en Oceanía, el conductor no asumió la Conducción Manual Controlada (CMC) que debe implementarse para controlar la unidad en caso de lluvia como la que cayó ese día en El Peñón de los Baños.
Dichos avances de dictamen refieren que el conductor del tren bajó al mínimo el Pilotaje Automático (PA), pero nunca cambió al manual, que marca el protocolo para los casos de lluvia excesiva.
Dicha situación originó que perdiera el control de la unidad en la prolongada pendiente que se localiza en esa zona.
Con la anuencia de su sindicato, ayer los dos conductores de los trenes involucrados en el percance de Oceanía, Fernando Israel Rosales y Rodrigo Pascual Martín, dieron por fin una entrevista en la que mencionaron causas como que no había comunicación con el centro de control y que tampoco sirvió el parabrisas para limpiar la excesiva lluvia de ese día.
Hicieron hincapié en las fallas del mantenimiento.
Ante la clara politización del choque de Oceanía, el jefe de Gobierno advirtió que “habría que separar el Metro de la política”.
“El Metro tiene sistemas de monitoreo que son los que van a evaluar en este Comité porque no se puede hablar antes, y obviamente los conductores están hablando, este es un tema sindical, no es un tema que tiene que ver con la autoridad del Metro, es un tema que están haciendo a título particular”, dijo Mancera.
“En ese Comité se analizan todo el conjunto de evidencias, no el dicho de la persona, no el dicho de un testigo, es el dicho de los sistemas de registro y medición, como el caso de los aviones”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El informe del choque de trenes de Oceanía reparte culpas: el conductor que alcanzó al segundo tren no asumió la Conducción Manual Controlada (CMC) pero también, advierte, existen serias fallas en el mantenimiento.
Joel Ortega Cuevas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), no sale del escándalo.
Mañana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se le exigirá a Miguel Ángel Mancera, ante el pleno de la permanente, que destituya a Ortega Cuevas del cargo.
De acuerdo con lo programado, el diputado local, Jorge Gaviño, quien encabezó la Comisión Especial para investigar las razones del cierre parcial de la Línea 12, pedirá ante el pleno se entregue de manera oficial las grabaciones de las intercomunicaciones de los conductores y el centro de control
Además de detallar cuál fue la última fecha del mantenimiento a los trenes involucrados en el percance de Oceanía, así como el estatus del frenado, entre otros.
La lista de lo que Gaviño Ambriz pedirá a las autoridades incluye: caja negra de dos trenes que incluye una interpretación; grabación de la comunicación del regulador del tráfico con los dos conductores.
Grabación del ambiente en el puesto de control central; fotos del tablero de control óptico que muestren los avances de los trenes desde la terminal hasta el momento del colapso y también los registros del sistema de ambos trenes.
Además, se prevé que el Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa oficialice su petición de renuncia al director general del transporte naranja.
Por su parte, Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, acusa al STC y al mismo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de ser los principales responsables de la falta de mantenimiento de los trenes y de la red general del Metro.
Además, en su calidad de secretario General del Sindicato, Espino Arévalo alentó la indignación y coraje de su gremio contra las autoridades al difundir el contenido del oficio de la Seccional X, que en calidad de “urgente” enumeraba las averías de uno de los trenes involucrados en el percance de Oceanía.
“Se los advertimos”, difundieron a través de las redes sociales decenas de trabajadores sindicalizados del Metro, al mismo tiempo que en la página oficial de la organización gremial se lamentaba de la muerte del trabajador que cayó a las vías durante las maniobras de traslado de los trenes, Salvador Wood Sánchez.
“Falleció en el cumplimiento de sus funciones ese día. La historia del Metro de la Ciudad de México se ha escrito con el sacrificio de vidas de varios de nuestros compañeros trabajadores”, expresaron los sincicalizados.
Mientras dejaba que los trabajadores manifestaran su enojo en contra de las autoridades del Metro y del gobierno de la capital, el líder rehuía dar declaraciones puntuales respecto a qué y quiénes eran los responsables de lo sucedido.
Cuando Reporte Indigo buscó al líder del sindicato, este dijo que tenía documentación para exhibir al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien desde hace meses se ha rehusado a recibirlo personalmente a fin de entregarle un informe puntual de fallas de toda la red del Metro.
Tensa relación
No es nuevo que la relación entre Espino Arévalo y Joel Ortega sea ríspida.
Desde su llegada al STC, Ortega exhibió los privilegios del legendario líder del sindicato al detallar que tenía en la nómina a casi 22 familiares cuyos salarios costaban casi un millón de pesos al erario público.
El representante sindical negó nepotismo y de inmediato sacó como arma de defensa la queja por la falta de mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo que presentó desde finales de 2013 al secretario particular del jefe de Gobierno, Luis Serna.
Un tema sindical
Reporte Indigo publicó los avances del dictamen que preparó el Comité de Investigación de Incidentes del Metro.
De acuerdo con el informe preliminar de la caja negra del tren que se impactó en Oceanía, el conductor no asumió la Conducción Manual Controlada (CMC) que debe implementarse para controlar la unidad en caso de lluvia como la que cayó ese día en El Peñón de los Baños.
Dichos avances de dictamen refieren que el conductor del tren bajó al mínimo el Pilotaje Automático (PA), pero nunca cambió al manual, que marca el protocolo para los casos de lluvia excesiva.
Dicha situación originó que perdiera el control de la unidad en la prolongada pendiente que se localiza en esa zona.
Con la anuencia de su sindicato, ayer los dos conductores de los trenes involucrados en el percance de Oceanía, Fernando Israel Rosales y Rodrigo Pascual Martín, dieron por fin una entrevista en la que mencionaron causas como que no había comunicación con el centro de control y que tampoco sirvió el parabrisas para limpiar la excesiva lluvia de ese día.
Hicieron hincapié en las fallas del mantenimiento.
Ante la clara politización del choque de Oceanía, el jefe de Gobierno advirtió que “habría que separar el Metro de la política”.
“El Metro tiene sistemas de monitoreo que son los que van a evaluar en este Comité porque no se puede hablar antes, y obviamente los conductores están hablando, este es un tema sindical, no es un tema que tiene que ver con la autoridad del Metro, es un tema que están haciendo a título particular”, dijo Mancera.
“En ese Comité se analizan todo el conjunto de evidencias, no el dicho de la persona, no el dicho de un testigo, es el dicho de los sistemas de registro y medición, como el caso de los aviones”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Pese a hechos violentos, para Mancera “no hay focos rojos” en el DF
MÉXICO, D.F: Pese a la aparición de nuevas evidencias de la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México –el intento de rescate de un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el hallazgo de 11 bolsas con restos humanos–, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, insistió en que no hay un “foco rojo” de violencia en la capital.
“No tenemos en este momento ninguna notificación ni de las autoridades federales, de la Policía Federal, ni de Marina, ni del Ejército, que aquí en la Ciudad de México hubiese un foco rojo, más allá de lo que estamos nosotros haciendo prevención”, dijo el mandatario local en entrevista después de un acto oficial en la delegación Iztacalco.
El funcionario se lavó las manos al decir que los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana son de competencia federal.
A propósito del hallazgo de restos humanos, dijo que “es una investigación que será de la competencia federal, dado que estas bolsas venían en un tren que proviene de otra entidad de la República. Las autoridades de esta ciudad sólo estarán dando el apoyo inicial con las averiguaciones de estilo, pero después se va a declinar la competencia hacia la PGR”.
Y sobre la balacera por el intento de rescate de un presunto narcotraficante detenido, dijo: “Son personas vinculadas con delitos federales que también estarán puestos a disposición de la autoridad federal”.
–¿Están ligados al Cártel (Jalisco) Nueva Generación?
–Nosotros no tenemos esa información, esa información es solamente federal.
–¿La Ciudad de México está resguardada para la delincuencia?
–Sí, la Ciudad de México y sobre todo la ciudadanía debe estar muy clara en que estamos trabajando, como siempre, en alerta.
Y enfatizó: “No tenemos en este momento, ninguna notificación ni de las autoridades federales, de la Policía Federal, ni de Marina, ni del Ejército, que aquí en la Ciudad de México hubiese un foco rojo, más allá de lo que estamos nosotros haciendo prevención”.
Rescate de presunto narco
La tarde del sábado, Carlos Esquivel Orozco, de 44 años, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en las inmediaciones de Plaza Meave, por no respetar el Reglamento de Tránsito Metropolitano.
Al revisar el auto Ford Focus, placas MRL66-63 del Estado de México, en el que viajaba, le encontraron en la cajuela un rifle tipo fusil AR-15, catalogado como de uso exclusivo del Ejército, hecho por el que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación.
Hacia las 4:40 horas llegaron a las instalaciones federales, en la Coordinación Cuauhtémoc 8, en la calle de Chimalpopoca, colonia Obrera, tres sujetos que se identificaron como familiares y abogado del detenido.
Sin embargo, al entrar al MP amagaron con armas de fuego al personal de guardia del MP y sacaron a Esquivel Orozco, presunto hermano de Amador Esquivel Orozco, uno de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano.
Al tratar de evitar la fuga, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito Policía Federal Ministerial, resultó herido y pidió apoyo a policías de Investigación del DF.
Cuando repelieron la agresión, éstos mataron a una de las personas que ayudaban a la fuga, de quien hasta ahora se desconoce su identidad; su cuerpo fue trasladado a la Coordinación General de Servicios Periciales de la AIC de la PGR.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, los agresores lograron sacar al detenido y lo llevaron hasta un auto Mazda rojo –existen versiones de que era blanco–, placas 134 WTE del DF. De inmediato se inició una persecución y dos personas más fueron capturadas entre el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión y Victoria, colonia Aragón-Inguarán.
Los uniformados recapturaron a Esquivel Orozco, quien resultó con dos heridas de bala, y detuvieron a una persona. Un tercero escapó.
Este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que por conducto de su delegación en el Distrito Federal, ejerció acción penal contra Esquivel Orozco y ordenó su internamiento en el Cefereso número cuatro “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.
José Antonio Manrique Hidalgo, el otro detenido, continúa en las instalaciones de la PGR, rindiendo su declaración pues se le inició una averiguación por el delito de evasión de preso junto con su cómplice.
DF, “tiradero de cadáveres”
El mismo domingo 10 de mayo, pero en la delegación Azcapotzalco, el encargado de seguridad de la empresa ferroviaria, concesionaria del servicio de transporte federal de carga, reportó el hallazgo de 11 costales y tres bolsas, que contenían restos humanos dispersos en los estribos de la unión de las plataformas de dos trenes procedentes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Manzanillo, Colima.
Según los primeros reportes, uno de los guardias de la empresa observó cómo desde un taxi alguien aventó las bolsas.
En el patio de clasificación, de la zona conocida como “Pantaco”, –avenida Las Granjas, colonia Santa Catarina– un agente del Ministerio Público y peritos en materia de criminalística, genética, medicina y fotografía, realizaron el levantamiento de los restos. Al lugar también llegaron elementos del Ejército y la Policía Federal.
Según un comunicado de la PGJDF, personal ministerial y pericial determinó que parte de los restos correspondía a dos cuerpos humanos de sexo masculino de entre 25 y 30 años con algunos tatuajes, mientras que otras extremidades encontradas en el lugar probablemente pertenecían a un tercer cuerpo.
Todos los restos encontrados fueron llevados para su examinación en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
La Procuraduría agregó que autoridades ministeriales del Estado de México iniciaron una carpeta de investigación derivada del hallazgo de restos humanos en las vías ferroviarias del tramo conocido como Lechería, en el Municipio de Tultitlán.
Por tratarse de un hallazgo ocurrido en instalaciones federales, aclaró, el MP remitirá la averiguación previa a la PGR, por ser asunto de su competencia. Sin embargo, la PGJDF abrió la carpeta de investigación FAZC/AZC-1/T-1/649/15-05 por homicidio doloso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“No tenemos en este momento ninguna notificación ni de las autoridades federales, de la Policía Federal, ni de Marina, ni del Ejército, que aquí en la Ciudad de México hubiese un foco rojo, más allá de lo que estamos nosotros haciendo prevención”, dijo el mandatario local en entrevista después de un acto oficial en la delegación Iztacalco.
El funcionario se lavó las manos al decir que los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana son de competencia federal.
A propósito del hallazgo de restos humanos, dijo que “es una investigación que será de la competencia federal, dado que estas bolsas venían en un tren que proviene de otra entidad de la República. Las autoridades de esta ciudad sólo estarán dando el apoyo inicial con las averiguaciones de estilo, pero después se va a declinar la competencia hacia la PGR”.
Y sobre la balacera por el intento de rescate de un presunto narcotraficante detenido, dijo: “Son personas vinculadas con delitos federales que también estarán puestos a disposición de la autoridad federal”.
–¿Están ligados al Cártel (Jalisco) Nueva Generación?
–Nosotros no tenemos esa información, esa información es solamente federal.
–¿La Ciudad de México está resguardada para la delincuencia?
–Sí, la Ciudad de México y sobre todo la ciudadanía debe estar muy clara en que estamos trabajando, como siempre, en alerta.
Y enfatizó: “No tenemos en este momento, ninguna notificación ni de las autoridades federales, de la Policía Federal, ni de Marina, ni del Ejército, que aquí en la Ciudad de México hubiese un foco rojo, más allá de lo que estamos nosotros haciendo prevención”.
Rescate de presunto narco
La tarde del sábado, Carlos Esquivel Orozco, de 44 años, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en las inmediaciones de Plaza Meave, por no respetar el Reglamento de Tránsito Metropolitano.
Al revisar el auto Ford Focus, placas MRL66-63 del Estado de México, en el que viajaba, le encontraron en la cajuela un rifle tipo fusil AR-15, catalogado como de uso exclusivo del Ejército, hecho por el que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación.
Hacia las 4:40 horas llegaron a las instalaciones federales, en la Coordinación Cuauhtémoc 8, en la calle de Chimalpopoca, colonia Obrera, tres sujetos que se identificaron como familiares y abogado del detenido.
Sin embargo, al entrar al MP amagaron con armas de fuego al personal de guardia del MP y sacaron a Esquivel Orozco, presunto hermano de Amador Esquivel Orozco, uno de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano.
Al tratar de evitar la fuga, un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito Policía Federal Ministerial, resultó herido y pidió apoyo a policías de Investigación del DF.
Cuando repelieron la agresión, éstos mataron a una de las personas que ayudaban a la fuga, de quien hasta ahora se desconoce su identidad; su cuerpo fue trasladado a la Coordinación General de Servicios Periciales de la AIC de la PGR.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, los agresores lograron sacar al detenido y lo llevaron hasta un auto Mazda rojo –existen versiones de que era blanco–, placas 134 WTE del DF. De inmediato se inició una persecución y dos personas más fueron capturadas entre el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión y Victoria, colonia Aragón-Inguarán.
Los uniformados recapturaron a Esquivel Orozco, quien resultó con dos heridas de bala, y detuvieron a una persona. Un tercero escapó.
Este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que por conducto de su delegación en el Distrito Federal, ejerció acción penal contra Esquivel Orozco y ordenó su internamiento en el Cefereso número cuatro “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.
José Antonio Manrique Hidalgo, el otro detenido, continúa en las instalaciones de la PGR, rindiendo su declaración pues se le inició una averiguación por el delito de evasión de preso junto con su cómplice.
DF, “tiradero de cadáveres”
El mismo domingo 10 de mayo, pero en la delegación Azcapotzalco, el encargado de seguridad de la empresa ferroviaria, concesionaria del servicio de transporte federal de carga, reportó el hallazgo de 11 costales y tres bolsas, que contenían restos humanos dispersos en los estribos de la unión de las plataformas de dos trenes procedentes de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Manzanillo, Colima.
Según los primeros reportes, uno de los guardias de la empresa observó cómo desde un taxi alguien aventó las bolsas.
En el patio de clasificación, de la zona conocida como “Pantaco”, –avenida Las Granjas, colonia Santa Catarina– un agente del Ministerio Público y peritos en materia de criminalística, genética, medicina y fotografía, realizaron el levantamiento de los restos. Al lugar también llegaron elementos del Ejército y la Policía Federal.
Según un comunicado de la PGJDF, personal ministerial y pericial determinó que parte de los restos correspondía a dos cuerpos humanos de sexo masculino de entre 25 y 30 años con algunos tatuajes, mientras que otras extremidades encontradas en el lugar probablemente pertenecían a un tercer cuerpo.
Todos los restos encontrados fueron llevados para su examinación en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
La Procuraduría agregó que autoridades ministeriales del Estado de México iniciaron una carpeta de investigación derivada del hallazgo de restos humanos en las vías ferroviarias del tramo conocido como Lechería, en el Municipio de Tultitlán.
Por tratarse de un hallazgo ocurrido en instalaciones federales, aclaró, el MP remitirá la averiguación previa a la PGR, por ser asunto de su competencia. Sin embargo, la PGJDF abrió la carpeta de investigación FAZC/AZC-1/T-1/649/15-05 por homicidio doloso.
FUENTE: PROCESO.
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