miércoles, 13 de mayo de 2015

El Verde, el porro de Televisa-TV Azteca

MÉXICO, D.F: No nos hagamos tontos. La ilegalidad sistemática del Partido Verde desde 2009 es consentida por sus dos grandes padrinos: el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) y el Grupo Atlacomulco o el peñismo que encontraron en esta franquicia una fórmula para burlar abiertamente la ley electoral.

Las violaciones sistemáticas cometidas por el Verde desde septiembre de 2014 no pudieron haberse cometidos sin la corrupción y la colusión con Televisa y TV Azteca, el duopolio que eligió a este grupo de lobbistas y mirreyes para dinamitar una reforma electoral a la que siempre han criticado.

Entre 2014 y 2015, el duopolio televisivo, con el consentimiento del peñismo, dejaron crecer al Frankeinstein del Verde. Aquí algunos ejemplos que lo confirman:

-El Partido Verde difundió 300 mil spots en las pantallas de Televisa y TV Azteca a precios evidentemente subsidiados. Les cobraron en la mayoría de los casos menos de 35 mil pesos por impacto. Una cantidad irrisoria para el duopolio que cobra más de 600 mil pesos por apenas 30 segundos de anuncios publicitarios.

-Tan sólo en la campaña de 250 mil spots el costo real debería ascender a 400 millones de pesos, pero la sanción que le aplicó el Instituto Nacional Electoral será de sólo 76 millones y 11.4 millones de pesos por Televisa y TV Azteca, pero a las dos empresas coludidas no las han sancionado con el monto adecuado para inhibir esta especie de “donación en especie” del duopolio a “su” partido.

-En la campaña de los ofensivos y abusivos “Cineminutos” en Cinemex, realizada entre el 11 de septiembre de 2014 y el 4 de abril de 2015, el monto real debió ser de 108 millones 739 mil pesos, pero la sanción del INE fue de sólo 7 millones de pesos, algo que no inhibirá la ilegalidad cometida.

-Este partido que dice defender la ecología repartió 4 millones de calendarios con material no biodegradable con el lema “Verde Sí Cumple”. Las autoridades electorales sancionaron por menos de 6 millones de pesos a este partido.

-En franca burla, los mirreyes del Tucán difundieron publicidad pagada en revistas pertenecientes en su mayoría a Grupo Televisa, como son los casos de Cosmopolitan, TV y Novelas, Vanidades, Quo, además de otras como TVNotas y Muy Interesante.

-El Verde ha hecho un uso reiterado e ilegal de los datos personales de millones de mexicanos a quienes hostiga a través de llamadas telefónicas para promover sus vales y sus becas. Esto sólo se puede lograr de manera sistemática con el apoyo de autoridades del gobierno federal.

A pesar de este panorama, el Instituto Nacional Electoral y, peor aún, el Tribunal Electoral, siguen tratando al Verde como un pillo de poca monta al que le incrementarán sus multas hasta por 329 millones 295 mil pesos por financiamiento ilegal para la adquisición de spots en Televisa y TV Azteca.

De aprobarse esta sanción, el Verde acumularía 522.5 millones de pesos en multas tan sólo en este año, lo que representa 161 por ciento de su financiamiento para gastos ordinarios de 2015, que asciende a 235 millones de pesos.

Sin embargo, esto no ha inhibido al Partido de los mirreyes para seguir cometiendo violaciones sistemáticas a la legislación electoral, en especial, al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.

Los tucanes del presupuesto están convencidos que cuentan con el padrinazgo de las dos grandes televisoras y una alianza de mutua conveniencia con el peñismo. Son una especie de porros verdes cuyo papel consiste precisamente en desafiar el modelo electoral para demostrar que la telecracia es la que manda.

No es una especulación su vínculo con las televisoras. Tan sólo 8 de sus candidatos en las listas plurinominales –con un pase asegurado a la Cámara de Diputados- provienen de la red de intereses de Televisa y de TV Azteca. Ahí están los casos de:

-Lorena Corona Valdés, exdirectora jurídica de Radiópolis, de Televisa.
-Paloma Canales Suárez, excoordinadora de Logística de Televisa.
-Alma Lucía Arzaluz, actual suplente de Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca.
-Gerardo Soria, del IDET, un instituto alineado a los intereses de las televisoras.
-Fernando Reina Iglesias, esposo de Galilea Montijo, conductora de Televisa.
-Adriana Sarur Torre, conductora de Canal 40, la señal de la que se apropió TV Azteca desde 2002.

Por si hubiera dudas de la alianza, Tristán Canales, exdirector de TV Azteca, es candidato plurinominal por el PRI, y la actriz Carmen Salinas, estrella de Televisa, también tiene un lugar seguro como diputada plurinominal.


Sólo se puede frenar al Verde si se le cancela el registro definitivo a este grupo de interés que ha logrado lo indecible: convertirse en esta campaña electoral en un referente de lo más repudiado por los ciudadanos. No en balde, la iniciativa de Change.org #QuitenElRegistroAlVerde ya suma más de 140 mil firmas y en las redes sociales y entre los analistas electorales más reputados, el partido de los tucanes se ha convertido en sinónimo del repudio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).

Error humano causó choque en Metro Oceanía, informa comité investigador

El choque ocurrió el pasado 4 de mayo, en esa estación de la línea amarilla, durante una granizada en la Ciudad de México.

El Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro informó que un error humano, por conducción en pilotaje automático, fue la causa del choque entre los trenes en la estación Oceanía. 

El director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Gerardo Requis, detalló que en piso seco se puede conducir con pilotaje automático, sin embargo con lluvia se debe degradar conducción manual controlada o limitada.

“Las conclusiones del comité, indican que lamentablemente hubo un error humano, eso es lo lamentable de nuestro incidente que estamos comentando el día de hoy, un error humano”, informó Gerardo Requis Bustos, director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico.

Al dar a conocer el informe técnico sobre la investigación del caso, que incluyó la revisión de la caja negra del convoy 05 que se impactó con el 04, dijo que el conductor del primer tren no atendió la solicitud de cambio de piloto automático a manual que se le señaló desde la estación Terminal Aérea.

Ello provocó el impacto a velocidad de 31.8 kilómetros por hora en el tren 04 que estaba estacionado en la estación Oceanía, de la Línea 5 que corre de Pantitlán a Politécnico, el pasado 4 de mayo.

Asimismo, afirmó que no hay ningún reporte de que el tren 05, que provocó el accidente y que fue operado por cinco conductores, haya presentado alguna irregularidad.

El funcionario del Metro abundó que este convoy tiene 40 años de vida y fue recuperado para su rehabilitación y puesto en circulación este mismo año.


Hasta ahora, cuatro heridos siguen hospitalizados por el choque. La semana pasada, un trabajador del Metro perdió la vida, al realizar las labores de maniobra para retirar los vagones donde ocurrió el accidente.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ahorradores de Ficrea tienen hasta el 17 de junio para solicitar pago

Hasta ahora se han recibido cinco mil 438 solicitudes de pago del seguro de depósito.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que hasta ahora se han recibido cinco mil 438 solicitudes de pago del seguro de depósito por parte de los ahorradores de Ficrea, quienes tienen hasta el próximo 17 de junio para presentar la petición.

El organismo regulador del sistema financiero detalló que del total de ahorradores que han solicitado el pago, dos mil 140 recibirán la totalidad de sus ahorros, mientras que 47 por ciento de éstos recuperarán por lo menos 80 por ciento de sus depósitos.

Reiteró a los ahorradores defraudados que el próximo 17 de junio es la fecha límite para presentar la solicitud de pago del seguro de depósito en una de las sucursales establecidas.

Asimismo, urgió a quienes ya se les notificó que su pago está listo, que acudan a la sucursal correspondiente para recibir su cheque.

Aclaró que continúa el pago del seguro de depósito por parte del Fondo de Protección y de la Interventoría Gerencial de Ficrea, aunque el Congreso evalúa cambios al Sector de Ahorro y Crédito Popular.

La CNBV aseveró que solicitar el pago del seguro de depósito, de ninguna manera supone renunciar a los derechos que le corresponden a cada ahorrador, en caso de que tenga un saldo mayor a las 25 mil Udis.

En un comunicado explicó que el solicitar su seguro de depósito simplemente implica retirar, contra su saldo disponible, el monto de hasta 25 mil Udis y mantenerse con la totalidad de derechos sobre el resto, que se resolverá en el proceso de liquidación de la sociedad.

El organismo informa también a los ahorradores titulares a este derecho, que ningún tercero podrá cobrarles algún tipo de “honorario por gestión” para realizar su trámite, el cual es personal y sin costo.


A través de las páginas de Internet de Ficrea (www.ficrea.com.mx), CNBV (www.cnbv.gob.mx) y Condusef (www.condusef.gob.mx) pueden consultar los requisitos para presentar la solicitud del pago del seguro de depósito y otra información relevante. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncia ASF ante la PGR a funcionarios por saqueo en Veracruz

XALAPA, Ver: La dirección jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó seis denuncias por presunto desvío de recursos en contra de colaboradores y exfuncionarios de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera.

Las querellas fueron interpuestas ante la PGR en noviembre pasado, aunque apenas salieron a la luz pública, luego de que la semana pasada el Senado apoyara un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia federal a que deslindara responsabilidades y, de ser necesario, emitiera órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.

Es por ello que la ASF y su director jurídico, Ruperto Narváez Bellazetín, entregaron a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR al menos 78 hojas divididas en seis “denuncias de hechos” que incriminan a los candidatos del distrito de Martínez de la Torre, Edgar Spinoso (PVEM); del distrito de Xalapa Urbano, Adolfo Mota (PRI), y de la demarcación de Cosamaloapan, Tareck Abdala (PRI), por presuntamente “simular” el ingreso de recursos a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.

El ‘modus operandi’ era el siguiente: “Reintegraban recursos a la Federación, mandaban comprobación y volvían a sacar el recurso”.

“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente lo volvían a retirar en dos transferencias”.

Las denuncias de hechos, en poder de Apro, se basan en los oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014 de la ASF.

La ASF explica a la PGR que una vez que los funcionarios de Veracruz “enviaban las comprobaciones” al gobierno federal y obtenían los “sellos de devolución”, el dinero era vuelto a retirar a través de otras cuentas del gobierno estatal mediante transferencias poco claras.

Los señalamientos alcanzan al exauditor del Órgano de Fiscalización y extitular de Sefiplan, Mauricio Audirac; el extesorero y actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González, y el exoperador político priista y actual secretario del Trabajo y Previsión Social, Gabriel de Antes, quienes al igual que los tres candidatos tenían acceso como “apoderados” o “accedientes” a las chequeras donde se transfirió el recurso.

Un caso aparte es el de Vicente Benítez, quien también es señalado en las querellas de la ASF.

Benítez, extesorero del gobierno de Duarte, fue cesado en las precampañas federales de 2012 cuando la PGR le abrió una investigación –de la que salió exonerado– por trasladar 25 millones de pesos en efectivo del aeropuerto de Xalapa a Toluca, en el Estado de México, recursos que políticos de oposición interpretaron que eran para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Hoy Benítez es oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tras ser reintegrado al gobierno en 2013, cuando Duarte lo hizo subsecretario de Desarrollo Social estatal.

Un ejemplo de la operación del “enjuague y traslado de recursos” es el siguiente:

En la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuyo titular era Adolfo Mota Hernández, hoy candidato del PRI a la diputación rural de Xalapa, la ASF auditó 18 mil 343 millones, 87 mil pesos (97.9% de los recursos), en los que después de requerir a la CNBV y de cotejar y confrontar con las transferencias y reintegros que hizo el gobierno del estado, se detectó que el 17 de enero de 2012 se autorizó que la cuenta Santander (6550255805) diera “salida efectuada” a 124 millones 414 mil pesos.

De este último recurso, la ASF no encontró “elementos” que certifiquen su debida aplicación y destino, según deslindó la auditoría 224.

Otro rubro saqueado fue el correspondiente al Seguro Popular de Veracruz, pues de 2 mil 540 millones que fueron depositados para la entidad, la ASF exigió el “reintegro” de mil 602 millones, pues el recurso careció de una “correcta aplicación”, sin embargo, los funcionarios de Duarte entregaron “por partes” el reintegro.

Ante las irregularidades y extraños movimientos de cuentas bancarias, la ASF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los “movimientos bancarios” y también las cuentas a donde los funcionarios depositaban los “reintegros”.

En ese vaivén, la ASF no encontró el destino de 389 millones 550 mil pesos, depositados en la cuenta Banorte 0659075660, donde no se “reportó evidencia” del ejercicio del gasto público para el cumplimiento del programa del Seguro Popular.

En la “confrontación y cotejo de datos”, la ASF detectó que la administración estatal destinó los recursos para “otro fin” al etiquetado, por lo que resolvió que el gobierno de Veracruz sólo “simuló” los “reintegros” o incluso “retiraba” los recursos el mismo día que eran depositados, y al día siguiente se “depositaban” en otra cuenta, ajena al gobierno del estado y sin poder ser detectada ni por la propia CNBV.

“Lo anterior hace presumir que servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz simularon el reintegro del recurso señalado por esta entidad de fiscalización”, se advierte en las querellas.

Otro botón de muestra de la corrupción fue el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, donde se “esfumaron” 10 millones 54 mil pesos en el traslado de la cuenta BBVA Bancomer (700034087340) a una cuenta Banamex.

También en este caso la ASF concluyó que hubo un “esquema de simulación” por parte del gobierno de Veracruz sobre reintegro de recursos a la Federación el 3 de septiembre de 2012, pero 20 días después fue vuelto a sacar y ya no se conoció el destino del dinero.

El resto de las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación a la PGR son similares.

Finalmente, las seis denuncias fueron dirigidas a Gerardo Raymundo Arizaga Cortés, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR y con copia al entonces procurador general Jesús Murillo Karam.

A la fecha, funcionarios y empleados de la dependencia federal ya han citado a declarar a colaboradores de Duarte, pero el deslinde de responsabilidades se ha mantenido en total hermetismo.


La semana anterior, el senador panista Fernando Yunes denunció el presunto desvío de recursos por cerca de 4 mil 600 millones de pesos, acción en las que estarían implicados tanto colaboradores de Duarte como de Fidel Herrera, e incluso tres candidatos a las diputaciones federales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

martes, 12 de mayo de 2015

Interroga PGR a viuda de normalista… le pregunta qué sabe de los 43

MÉXICO, D.F: Siete meses después de la tortura y homicidio del normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, la Procuraduría General de la República (PGR) citó e interrogó a su viuda para preguntarle si sabía algo de los 43 desaparecidos.

Así lo denunciaron en un comunicado los abogados del caso y amigos de la familia, quienes señalaron que Marissa Mendoza, la joven viuda del estudiante desollado la noche del 26 de septiembre, recibió un citatorio para que el pasado 11 de abril se presentara en la Unidad Especializada contra el Secuestro adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Pero en vez de informarle de los avances en las investigaciones, el citatorio se usó para interrogarla sobre la desaparición de los 43. La viuda se negó a contestar.

“(Después del interrogatorio) les insistimos que si ellos tenían información sobre lo que ocurrió con Julio era su obligación dársela a la familia y les cuestionamos de porqué, a siete meses de los hechos, es la primera vez que contactan a la familia. Respondieron que fue ‘por prudencia’, dando a entender que fue porque la familia se encontraría en periodo de duelo”, informó por escrito a Apro la abogada de la familia, Sayuri Herrera.

“Sin hacerle conocer los derechos que tiene a Marissa, continuaron insistiendo con sus preguntas, sin responderles finalmente les dimos las nuestras: ‘Díganos, ¿quienes desollaron y ejecutaron a Julio?, ¿díganos por qué lo asesinaron de tal modo?, muestren el expediente ¿qué datos tiene?, ¿cuál es la línea de investigación que sigue con respecto a lo que ocurrió con Julio?’. El fiscal entre bostezos anotaba las preguntas mientras veía la hora en su reloj”, dijo.

Al final, la familia Mondragón y la defensa advirtieron que solicitarían por escrito el acceso al expediente de la PGR y la cita para una próxima reunión para que respondan a sus preguntas. Los funcionarios respondieron que lo mostrarían “siempre y cuando esto no interfiera con la investigación”.

Los denunciantes señalan al fiscal José Manuel Rojas como la persona que se presentó la semana pasada en el domicilio de la viuda de Mondragón, se identificó como integrante de “la Unidad de Secuestro de la SEIDO” y la citó en PGR sin explicarle el motivo de la solicitud de la supuesta reunión.

La PGR se ha negado a atraer el caso de Mondragón y lo separó de la investigación de lo sucedido en Iguala la noche en la que los estudiantes fueron atacados, heridos y desaparecidos.

“Desde que ocurrieron los terribles hechos del 26 de septiembre se solicitó la intervención de la PGR. Sin embargo, el expediente del caso de Julio César continúa en Iguala, Guerrero, y solamente menciona el delito de homicidio calificado. No se investiga la tortura ni la ejecución extrajudicial en contra de Julio. Los funcionarios agregaron que el expediente por el ‘secuestro’ de los 43 normalistas lo conocen desde noviembre pasado”, se lee en el comunicado.

Según la acusación de los denunciantes, el actuar de la PGR en el caso de la tortura y homicidio de Julio César Mondragón ha sido “irregular, omiso y fragmentado”, por lo que pidieron que dejen de actuar de manera contraria a la recomendada ayer por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los expertos internacionales señalaron que la investigación está fragmentada en seis juzgados distintos y que la PGR no investiga el delito de tortura a Mondragón.

“La responsabilidad de investigar y esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 es de la autoridad, no de las víctimas. Con el Estado como principal sospechoso de los crímenes cometidos en Iguala, las familias tienen desconfianza en las autoridades. Confiamos en el Grupo de Forenses Argentinos y en el grupo de expertos de la CIDH. Esperamos que su participación ayude en la búsqueda de justicia mucho más de lo que han hecho hasta ahora las instituciones mexicanas”, indicaron en el comunicado.

El policía municipal Luis Francisco Martínez, señalado como el presunto responsable del asesinato de Mondragón, se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente de la Ciudad de Villa Aldama, Veracruz. Según los abogados del caso, la SEIDO lo investiga por delincuencia organizada y en Iguala, en materia del fuero común, se le sigue otro proceso en el que se le vincula al homicidio de Mondragón.


“A la fecha la investigación concreta de la ejecución de Julio y el proceso judicial se sigue en Iguala, la PGR nunca dio consecución a la petición de la familia de que este delito también se investigará a nivel federal”, indicó la abogada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Lanzan bomba molotov contra automóvil de sacerdote que buscaba candidatura de Agua Prieta

HERMOSILLO, Son: A unas horas de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) cancelara la candidatura del sacerdote Iván Bernal Zamora, un desconocido lanzó una bomba molotov contra un automóvil de su propiedad que se encontraba estacionado afuera de su casa, en Agua Prieta.

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 20:20 horas una persona vestida de negro se bajó de un automóvil y arrojó una bomba molotov contra el vehículo que la familia del presbítero utiliza para transporte de mercancía de abarrotes.

El departamento de bomberos de este municipio informó que en el interior del pick up Ford Ranger XL, con caja cerrada de color blanco, estacionado en la calle 2 entre la avenida 10 y 11, se percibía un fuerte olor a gasolina y en el interior se encontraron restos de una botella de vidrio.

Al momento del percance Bernal Zamora se encontraba observando un torneo nacional de beisbol categoría 13-14, a unas cinco cuadras de distancia.

El afectado dijo que se trata de un acto intimidatorio en su contra perpetrado por quienes pretenden que desista de la contienda electoral por la alcaldía, en referencia al matrimonio Terán Villalobos.

“Estas acciones no me van a detener para buscar un cambio en Agua Prieta, pues tengo un compromiso con la sociedad para lograr que el matrimonio Terán deje de alternarse el poder en esta ciudad”, enfatizó.

Esta no es la primera ocasión que Iván Bernal es objeto de intimidaciones, acoso y hasta amenazas de muerte, luego de que el pasado 4 de mayo responsabilizó públicamente a la familia Terán, que mantiene el control en esta ciudad desde hace 24 años.

La llamada “Familia Terán” la integran el priista Vicente “Mijito” Terán Uribe, quien el pasado 3 de marzo solicitó licencia a su cargo como diputado para contender por cuarta ocasión a la alcaldía de Agua Prieta, municipio de 79 mil 138 habitantes localizado a 379 kilómetros al noreste de Hermosillo, frontera con Douglas, Arizona, Estados Unidos.


También lo conforman Irma Villalobos Terán, esposa del “Mijito”, actual alcaldesa y exdiputada local; así como Irma Terán Villalobos, hija de ambos, y actual candidata de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza por el Distrito VII local.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Sener prevé inversiones de hasta 620 mdd, por explotar 26 campos petroleros

Esto, como parte de la fase 3 de la Ronda Uno, durante los primeros 5 años de vida del contrato, dijo Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.

El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, indicó que la implementación de la tercera licitación de la Ronda Uno generará inversiones por 620 millones de dólares durante los primeros cinco años.

Durante la presentación de la Tercera Convocatoria de Licitación de la Ronda Uno, que incluye 26 campos terrestres para la explotación de hidrocarburos, el funcionario federal destacó que esta etapa representa una gran oportunidad para la industria mexicana.

Ello, señaló, ya que establece un porcentaje mínimo de contenido nacional de 22 por ciento durante un periodo de evaluación de hasta dos años.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la tercera convocatoria para el proceso de licitación pública internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda Uno de Pemex.

De esta forma, se convoca a personas morales nacionales o extranjeras y a empresas productivas del Estado a participar en la licitación para la adjudicación de contratos para la extracción de hidrocarburos en 26 áreas contractuales terrestres.

Lo anterior, explica el organismo, conforme las reglas previstas en las bases de licitación disponibles para su consulta en la página www.ronda1.gob.mx.

Señala que como órgano regulador coordinado en materia energética, tiene la facultad de llevar a cabo los procedimientos de licitación de los contratos referidos, así como su suscripción y administración.

Agrega que para obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo del país, el Estado realizará actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, mediante asignaciones a sus empresas productivas o contratos con éstas o con particulares.

De acuerdo con el anuncio realizado la víspera, de las 26 áreas terrestres, cinco se ubican en los estados de Chiapas, ocho en Nuevo León, cinco en Tabasco, dos en Tamaulipas y seis en Veracruz.


Los campos a licitar son Anáhuac, Barcodon, Benavides, Calibrador, Calicanto, Carretas, Catedral, Cuichapa Poniente, Tuna, Fortuna Nacional, La Laja, Malva, Mareografo, Mayacaste, Moloacán, Mundo Nuevo, Paraíso, Paso de Oro, Peña Blanca, Pontón, Ricos, San Bernardo, Secadero, Cajón, Tecolutla y Topen.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senador gastó 155 mil pesos en viaje a Madrid; llama a investigar costo y paga su boleto

El boleto costó 155 mil 607 pesos. Viajó para participar en la Feria Internacional de Turismo el pasado 28 de enero.

El senador panista Fernando Torres Graciano pidió que se investigue el costo de los boletos de avión que compra el Senado de la República para las actividades que realizan los legisladores, luego de que se descubriera que su viaje a Madrid costó 155 mil pesos.

Este martes, el legislador anunció la devolución del costo de un boleto de avión que, como integrante de la Comisión de Turismo, realizó a finales de enero a Madrid, España, para asistir a la Feria Internacional de Turismo, por considerarlo un gasto excesivo.

“He decidido devolver el costo de ese vuelo y en el futuro no acudiré a ninguna representación sin conocer previamente el monto del viaje y si no estoy convencido de que está sujeto a los criterios de racionalidad y austeridad”, comentó en conferencia de prensa.

Reconoció que tiene dudas sobre los vuelos que paga el Senado, “porque sí es excesivo el monto”. “Tú puedes ir ahorita a Aeroméxico y pedir un vuelo para mañana a Madrid y, efectivamente, quizá salga en 60, 70 mil pesos y no a 150 o 200 o 270 mil pesos, como hemos visto”, refirió.

Por ello, consideró que se debe investigar y revisar a fondo porqué los costos tan elevados para el caso del Senado.

En este sentido, dio a conocer un oficio dirigido a Roberto Figueroa Martínez, secretario general de Servicios Administrativos del Senado, donde expone que, debido a que el monto erogado en la compra del boleto es un gasto excesivo, adjunta la ficha de depósito bancario por la cantidad de 155 mil 607 pesos.

Esto, con el fin de que se restituya la partida presupuestal 37106 de “Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de sus comisiones y funciones especiales”.

“No me lo autoricé, yo no fui a comprarlo, se siguió un procedimiento como el que se sigue para cualquier vuelo de esta naturaleza”, aseveró Torres Graciano.


“Por congruencia, he decidido pagar el costo de ese vuelo; créanme que seguramente no me volverá a pasar. En el futuro no habrá otra vez un descuido de mi parte, para que no se vuelva a dar una situación como ésta”, atajó.

Acuse-reembolso-Senado.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comisión de la Verdad llamará a cuentas a funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz

OAXACA, Oax: A nueve años del fallido desalojo del plantón magisterial del Centro Histórico de esta ciudad, la Comisión de la Verdad iniciará la recepción de testimonios para esclarecer los hechos registrados durante el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz que lastimaron el tejido social en la entidad.

Marina Patricia Jiménez, Alejandro Solalinde y Diego Enrique Osorno, integrantes de dicha Comisión, anunciaron que la sesión pública se realizará en el Teatro Macedonio Alcalá de esta ciudad.

Se recibirán directamente testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos y de testigos, así como opiniones de empresarios, autoridades e integrantes de diversos sectores agraviados.

En dicha sesión la Comisión de la Verdad abordará los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos en aquellos sucesos; en la sesión participarán invitados especiales que analizarán el conflicto sociopolítico que fracturó el tejido social de la entidad.

Para la Comisión de la Verdad esta sesión pública es una oportunidad de establecer un puente de diálogo entre los diversos actores de la sociedad local, así como también un espacio para la reflexión colectiva y la comprensión del conflicto que polarizó a la sociedad y en el que se cometieron violaciones a los derechos humanos.


Con este evento se pretende que las víctimas enriquezcan la investigación con su testimonio, con su interpretación de los acontecimientos y su demanda de justicia, reparación y no repetición de los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Candidato del PRI-PVEM propina cabezazo a funcionario de la delegación Álvaro Obregón

MÉXICO, D.F: El diputado federal Fernando Zárate, candidato de la coalición PRI-PVEM a legislador local por el distrito 25, propinó un cabezazo a un servidor público de la delegación Álvaro Obregón.


En un video difundido en la red Youtube se observa cómo Zárate repentinamente agrede a Antonio Cuéllar, Jefe de la Unidad Departamental de Regularización y Tenencia de la Tierra, quien no respondió la provocación.

La agresión ocurrió cuando miembros de la delegación Álvaro Obregón realizaban una inspección a un predio irregular llamado Tierra Nueva Tlaxomulco.

La delegación Álvaro Obregón informó en un comunicado que Cuéllar realizaba una inspección de rutina, por tratarse de una preservación ecológica.


La agresión ocurrió el lunes pasado, a las 13:30 horas. El funcionario agredido también sufrió el robo de equipo de comunicación, por lo que interpuso la denuncia correspondiente ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público AO-1, con el número de investigación CI-FAO/AO-1/UI-2 S/D/00559/05-2015.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Expulsa el PAN de Guadalajara al exgobernador Emilio González por “alta traición”

MÉXICO, D.F: Era sabido en el Partido Acción Nacional (PAN) que, desde 2012, Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco y quien aspiró a la candidatura presidencial, apoyó a Enrique Alfaro, postulado por Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco y ahora a la alcaldía de Guadalajara, pero hasta hoy lo expulsó “por alta traición”.

El comité municipal del PAN en Guadalajara, que también gobernó de 2003 a 2006, resolvió expulsar a González Márquez por apoyar de manera directa a los candidatos de Movimiento Ciudadano, tras recibir una solicitud de sus aspirantes a diputados locales y federales.

“Este órgano partidista determina la expulsión definitiva de Emilio González Márquez como militante del PAN, por alta traición al PAN por apoyar de manera directa a Enrique Alfaro en su candidatura a presidente municipal, así como a los candidatos a diputados locales y federales del Partido Movimiento Ciudadano”, establece el resolutivo.

La decisión del comité municipal del PAN se produjo con base en lo que prevé el artículo 33 del Reglamento de Sanciones, que establece: “Se considera expulsado del partido aquel que siendo miembro activo participe con otro partido político. Se considera participación cuando el miembro activo realice acciones encaminadas al beneficio de otro partido”.

González Márquez fue acusado por numerosos panistas de “traición” desde que, en 2012, cuando el PAN cayó al tercer lugar, prefirió apoyar subrepticiamente a Alfaro, entonces candidato a gobernador y negárselo al candidato Fernando Guzmán Pérez Péláez, pese a formar parte de la misma cofradía de El Yunque.

El coordinador de campaña de Guzmán Pérez Peláez, Héctor Álvarez Contreras, acusó a González Márquez y a sus personeros de apoyar a Alfaro en las elecciones para gobernador en 2012.

“Estos cabrones traidores se tienen que ir del partido”, declaró públicamente Álvarez Contreras, quien, sin embargo, desde el año pasado Álvarez Contreras es también seguidor de Alfaro, lo mismo que otros prominentes panistas.

Uno de ellos es Macedonio Tamez, exalcalde de Zapopan, quien renunció a su militancia de 40 años en el PAN y ahora es candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 10, justamente con cabecera en ese municipio, un bastión panista.

Aunque ha habido numerosos personeros del exgobernador González Márquez, un dato acreditó también el respaldo de éste a Alfaro y a Movimiento Ciudadano: El de Alejandro Hermosillo González, amigo de Jesús González, hijo del exgobernador.

Director del Instituto Jalisciense de la Juventud durante el gobierno de González Márquez, Hermosillo González fundó, junto con Jesús González, La Cantera, un grupo juvenil que duró apenas un año, en 2012, y al año siguiente brincaron a Altavoz, en el que participaron como activistas de Movimiento Ciudadano.

Este episodio se conoció porque Pablo Neftalí Morales, quien se inscribió para competir en Movimiento Ciudadano por la diputación local del distrito 8, fue desplazado por Hermosillo González.

De hecho, intentó contender como precandidato a la alcaldía de Guadalajara contra Alfaro, pero aseguró que Enrique Ibarra Pedroza, presidente del Consejo Ciudadano de ese partido, le prometió que sería candidato a diputado local, que finalmente fue para el emilista.

“Me ofrecieron un distrito, pero les dije que esa no era mi intención. Yo no vengo a ver qué me dan, tengo independencia económica, no voy por el sueldo ni el cargo. Pero para llevar las cosas en paz acepté ir por el Distrito 8. ¡Pero resulta que el día de la asamblea no me dejan ni siquiera entrar! Me dicen que no podía, a pesar de que tenía el registro formal. Enrique Ibarra me dijo que ya tenían compromiso con otra persona y que no podían dármela”, aseguró Morales.

González Márquez, quien gobernó Jalisco entre 2006 y 2012, se caracterizó por su frivolidad, despilfarro y corrupción, pero también por su subordinación al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ante quien descalificó a sus críticos por entregarle dinero público a la iglesia y a las televisoras para su proyecto presidencial.

“¡Chinguen a su madre!”, exclamó el entonces mandatario, del que hoy mismo, ya expulsado del PAN, en el auditorio del PAN municipal de Guadalajara, descolgaron su retrato y lo arrojaron a la basura…

Emilio González podría apelar su expulsión ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional, la máxima instancia de dirección de ese partido.

Por lo pronto, en una carta enviada al presidente nacional panista, Gustavo Madero no aclara su relación con Enrique Alfaro.

Sí señala que mientras fue dirigente y candidato de ese partido respondió con resultados y que “no es quemando la casa como se construyen los triunfos electorales”.


Y añade: “soy y seguiré siendo panista; seguiré apoyando al PAN, esa decisión la tomé hace muchos años”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Sandra Luz pagó con su vida por ser madre en lucha; a 365 días, Sinaloa le niega justicia

Su nombre real era Sandra Luz Martínez Hernández, pero con el tiempo se hizo llamar sólo por su apellido materno, así registró a sus hijos, así se presentó ante la sociedad, así se quedó en la memoria de activistas y compañeros de batalla, es el legado que ella quería dejar: ella fue Sandra Luz Hernández, la mujer que fue asesinada hace un año mientras buscaba a uno de sus hijos, desaparecido de manera forzada.

Su imagen aún está en el colectivo social, se convirtió en el emblema de lucha, de exigencia, de reclamo de justicia.

Buscaba a su hijo Édgar Guadalupe García Hernández, un joven que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa como office boy del Procurador Marco Antonio Higura Gómez.

El 12 de febrero de 2012 fue privado de su libertad por un grupo de personas que llegó a su casa, se lo llevó y desde ese día nadie sabe de él, al menos no en la versión oficial.

Entonces, Sandra Luz se convirtió en el emblema de aquellas mujeres que, como ella, les habían arrebatado a sus hijos y su existencia quedó como en el limbo.

“Métete al cerebro, corazón y emociones de las personas… muévelos”, escribió en una de sus libretas; se daba ánimos a ella misma, sabía que su lucha no iba a ser sencilla.

No lo fue y no pudo terminarla, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 y hoy la justicia de Sinaloa no le ha dado ni la verdad sobre el paradero de Édgar ni sobre su muerte.

A un año de su homicidio, el periódico Noroeste de Culiacán reconstruye las últimas 24 horas de Sandra Luz, a partir de información del expediente de su caso y testimonios de personas cercanas a la activista.

SU HISTORIA:

SANDRA LUZ: SUS ÚLTIMAS 24 HORAS
11 DE MAYO DE 2014: MACARIA
Apenas tenía tres meses como demostradora de productos Hyli. Vendía shampoo para matizar las canas, rayitos y cabello teñido, aunque Macaria ya tenía experiencia en este tipo de trabajos. Para ella, lo que mejor sabe hacer es “abordar a los clientes”.

El 11 de mayo era un día de poca afluencia en el MZ del Centro, sobre todo después de la fiebre comercial del Día de las Madres, pero la mujer tenía que trabajar.

A dos pasillos de Macaria estaba una familia en el checador de precios. La señora quería comprar una flor de plástico y por más que pasaba el código de barras no podía saber la cantidad que tenía que pagar; entonces, Macaria llegó, le ofreció el shampoo, pero la señora lo rechazó.

La vendedora de piso advirtió tristeza en ella, pero también el ceño fruncido, como de coraje, de incredulidad, envuelta en sus ropas negras; al menos así le pareció a Macaria por lo que dejó de lado el shampoo. Entonces, prefirió preguntar qué tenía, que si estaba triste.

Según consta en su declaración ministerial, Macaria aseguró ante los agentes del Ministerio Público que desconocía el nombre de esa señora, que fue hasta el día siguiente, el 12 de mayo, cuando lo supo. Era Sandra Luz.

Ante la pregunta de Macaria, dejó en paz el checador de precios y, entonces, le contó la historia de su hijo desaparecido desde el 12 de febrero de 2012.

El relato tardó al menos media hora, tiempo en el que Macaria la escuchó, como si no hubiera más clientes. Así supo que de ninguna manera había podido conocer el paradero de su hijo y que hasta su fe estaba perdiendo.

La vendedora de piso sacó su teléfono, revisó su agenda de contactos y le recomendó ir con una vidente de la Colonia Mazatlán. Como señales para dar con el domicilio le refirió un kínder y, luego, un “puentecito”.

“Le dije que le recomendaba a una señora que echaba las cartas y leía la suerte, para que la orientara o bien le diera alguna esperanza de localizar a su hijo”, explicó ante el Ministerio Público.

“Además le agregué que esa señora estaba enferma de cáncer, que posiblemente ya ni curaba”.

Sandra Luz anotó en su libreta los nombre de la vidente y el de Macaria, las señas del lugar y luego se fue. Pasaban de las 5 de la tarde y tenía que regresar a su casa. No compró la rosa, tampoco el shampoo, sólo se llevó el dato de la vidente… y algo de esperanza.

Al día siguiente, narra la vendedora al Ministerio Público, la vidente le llamó “enojada” porque escuchó balazos cerca de su casa, que suponía que era su recomendada. Entonces vio las noticias, observó las fotografías y Macaria le ofreció disculpas.

“Matan a madre activista de hijos desaparecidos”, leyó Macaria el 13 de mayo en los periódicos de la ciudad que estaban en el estante del supermercado, y una vez más recordó a aquella señora del checador de precios que tuvo dificultades para saber cuánto tenía que pagar por la flor que no compró. También entonces supo su nombre: Sandra Luz Hernández.

LA ÚLTIMA REUNIÓN EN LA PGJE
La mañana del 12 de mayo de 2014, el Comandante Jaguar iba a presentar nuevas evidencias. Él estaba encargado de la investigación de los casos de desaparecidos junto a José Luis Leyva Rochín, encargado de la agencia del Ministerio Público y el que daba la cara de manera pública.

Ese día se sentaron en la mesa de juntas de la subprocuraduría, junto a la oficina de Martín Robles Armenta, el Subprocurador, quien en ese momento tenía a su cargo distintos casos: apenas una semana y media antes un grupo de personas prendió fuego a una casa en la Colonia Benito Juárez; ahí había dos niños, uno de ellos murió y el otro resultó con heridas graves.

Robles Armenta cargaba además con la manifestación del grupo de Pepenadores Progreso en el Ayuntamiento de Culiacán, donde tenían una huelga de hambre; así como la investigación de una amenaza de bomba días previos en Palacio de Gobierno, pero aun así les llamó a Sandra Luz Hernández y a Eva Luz Llanes, porque pretendía dar información sobre sus casos.

“Ese día fue como siempre. Hablamos de todos los casos, nos dieron avances pero nada nuevo, ahí estuvimos y los escuchamos, pero como siempre”, cuenta Eva Luz en entrevista, quien a la fecha busca saber de su hijo que desapareció en diciembre de 2013.

Fue una reunión rápida, pero con una particularidad: no estaban Leonel Aguirre Meza ni Óscar Loza Ochoa, defensores de derechos humanos que han acompañado y liderado las reuniones de madres de desaparecidos con funcionarios.

“La regla siempre era que fuéramos juntos, eso mismo les dije yo porque esa vez no nos avisaron, fueron solas, y ya sólo platicamos lo que vieron ahí y después pasó lo que ya sabemos”, recuerda Loza Ochoa.

30 MINUTOS PARA MORIR
Después de la reunión con las autoridades e investigadores de la PGJE, Sandra Luz y Eva fueron al Ayuntamiento de Culiacán, donde los pepenadores sostenían un plantón.

“El profe Loza estaba con los pepenadores, ahí lo vimos a él y después Sandra platicó con él. Estuvimos rápido con los pepenadores ahí en el Ayuntamiento, luego nos fuimos a comer”, narra Eva Luz Llanes.

Después de la plática, se fueron a un restaurante de comida china que está en la calle Juan Carrasco, a dos cuadras del Ayuntamiento.

Eva Luz recuerda que fue ahí, mientras comían con desánimo porque no tenían más avances informativos sobre el paradero de sus hijos, cuando Sandra Luz le contó de Macaria, la vendedora de shampoo que conoció la tarde anterior y que le recomendó ir con una vidente que leía cartas, que ella podía decirles dónde estaban sus hijos.

La emoción les ganó. La mayor virtud de Sandra Luz era también su mayor defecto: era impulsiva.

Sacó una de sus libretas, vio sus apuntes que decían de puño y letra: “Colonia Mazatlán, kínder, puentecito…”.

Eran las 15:30 horas, tomó uno de sus dos teléfonos y le marcó a la vidente. Eva Luz escuchó que le pidió que llegara antes de las 17:00 horas, porque más tarde no podría atenderla. Le explicó que un camión de ruta Toledo la llevaría al lugar.

De inmediato llegaron. Sandra Luz y Eva estaban frente a un kínder, en el cruce de las calles Constitución y 30 de septiembre, pero no ubicaban las demás señales.

“Sandra Luz buscó el domicilio de la vidente, ubicamos una papelería por la calle, por la calle 30 de septiembre y Sandra Luz me dijo que no correspondían las características del domicilio que le dio la vidente con las casas que veíamos”, señaló Eva Luz en su declaración ministerial.

Lo que sí vieron, fue que sobre la calle 30 de septiembre se estacionó una camioneta Jeep blanca, que antes estaba estacionada en doble fila donde las mujeres bajaron del camión.

Un hombre bajó de esa camioneta, tenía la cara cubierta y una pistola en la mano derecha. Eva Luz vio que se dirigía hacia ellas y comenzó a correr, se ocultó en una taquería, desde donde sólo escuchó las descargas de una pistola.

Según el Ministerio Público, fueron 11 balazos, 6 de ellos dieron contra el cuerpo de Sandra Luz. Fueron los que le quitaron la vida.

El 12 de mayo de 2014 a las 16:00 horas, Sandra Luz Hernández, la activista que buscaba a su hijo desaparecido, murió asesinada y el único acusado por la PGJE, hoy, está libre.

LA ABSOLUCIÓN
El 13 de marzo de este año, el Juzgado Noveno Penal de Culiacán absolvió a Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, a quien la Fiscalía responsabiliza aún por el homicidio de Sandra Luz Hernández.

El desaseo en el expediente del Ministerio Público, la falta de pruebas y el descuido en el debido proceso le dieron pase de salida al único acusado por la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa de la muerte de la activista, al menos así lo consideró el Juez, quien argumentó que la investigación dejaba dudas sobre su posible responsabilidad.

“Lo manifestado ministerialmente por Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, no se encuentra sustentado con medio de prueba alguno que determine fehacientemente la responsabilidad penal que se le atribuye”, indicó el Juez.
El Ministerio Público basó sus argumentos para acusar a Valenzuela Rodríguez por el delito de feminicidio en la declaración ministerial del indiciado, la cual la defensa alegó que fue obtenida de manera ilegal, violando los derechos humanos.

El abogado de Valenzuela Rodríguez acusó por su parte detención arbitraria, incomunicación y desaseo en el lugar donde fue detenido, pues no presentaron orden de aprehensión, lo esposaron y un policía manejó su camioneta sin seguir los protocolos de recolección de evidencias.

El Juez Noveno de Distrito alegó además que el Ministerio Público no desahogó pruebas suficientes, pues como evidencia sólo tomó lo dicho por un testigo: fue un hombre, alto, como de 1.75 metros de estatura, delgado y con la cara tapada que se bajó de una camioneta tipo Jeep de color blanco.
El Juzgado consideró que eso no fue suficiente y que, por lo tanto, Valenzuela Rodríguez debía quedar absuelto.

En su defensa, Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia, acusó públicamente de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, pero a sus palabras no le siguieron una denuncia formal.

Solicitó un recurso de revisión para revocar la decisión del Juez, la cual se encuentra en la sala número 1, a cargo de la Magistrada María Bárbara Irma Campuzano Vega.

Y mientras eso se resuelve, la verdad y justicia sobre el homicidio de Sandra Luz está como la verdad y justicia sobre el hijo que buscaba: en la nada.

NOMBRES QUE NADIE INVESTIGA

Los nombres de Gabriel y Joel Valenzuela Valenzuela fueron expuestos en más de una ocasión por Sandra Luz Hernández, lo repetía frente a las autoridades, frente a la prensa y en mítines junto al grupo Voces Unidas.
Sandra Luz aseguraba que ellos podían tener información sobre la desaparición de Édgar, que meses antes se los había presentado, que ella misma los había encarado.
Exigió que los buscaran, que los interrogaran, lo hizo ante el Gobernador Mario López Valdez, ante el Procurador Higuera Gómez y ante el Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, pero nunca los buscaron.
“Si no lo metieron a la averiguación previa antes de la muerte de ella, mal hecho de la autoridad, pero en presencia mía, se lo puedo atestiguar, fueron preguntados los agentes que si qué pasaba, porque no habían citados a comparecer y lo que ellos decían es: ‘les hicimos guardia y nunca llegaron’, como si fueran así las cosas”, reclamó el activista Óscar Loza Ochoa.
No los buscaron, no hay oficio de ello, no hay documento que lo acredite que hayan sido citados a declarar.
Loza Ochoa señala que pudo haber conformismo y omisión, un delito que vuelve a revictimizar a Sandra Luz, a su familia, a Édgar y a las víctimas que piden justicia por no darles garantías.

FUENTE: SIN EMBARGO/ EL NORESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/ MARCOS VIZCARRA.

Gobierno de BC llegó tarde y sobrerreaccionó contra jornaleros de San Quintín: Antonio Heras

"Hay una tensión social, una situación grave en la zona sur del municipio de Ensenada, Baja California", refirió el periodista.

El gobierno del estado ha llegado tarde a atender las demandas de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, en un caso que “no es de este sexenio sino que tiene 30 años”; lo ocurrido el sábado pasado muestra una sobrerreacción por parte de la policía, al emprender “redadas”, usar balas de goma y hasta un vehículo blindado contra pobladores, lo que sólo abona a la tensión social en la zona, apuntó Antonio  Heras, corresponsal del diario La Jornada en Baja California.

En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el gobierno de Baja California se ha negado a reconocer las demandas de los jornaleros, que están dentro del marco legal, y son seguro social e incremento salarial.

“El rezago histórico de jornaleros agrícolas, que se han mantenido como residentes de esa zona, ha generado un hartazgo, una situación adversa en términos económicos”, puntualizó.

“La gravedad de todo esto es que hay lentitud, falta de conocimiento, cerrazón del gobierno para entender esta situación que se está viviendo… se les fue de las manos… la tensión social está ahí, cualquier roce va a ir generando problemas o enfrentamientos”, consideró.

Sobre lo ocurrido el sábado pasado, detalló:

“El gobierno del estado dice que respondió a una llamada de auxilio, al 066 -aunque las denuncias se presentan al 089-, de que un grupo de personas se querían meter a un rancho e incendiar las parcelas.

“Responde de manera inmediata, con todo y vehículo blindado, hacen detenciones, los jornaleros toman piedras y palos y empieza esta reyerta.

“Sigue el apoyo policiaco a este operativo y empiezan a hacer redadas en la colonia, empiezan a disparar armas con balas de goma, detener y golpear personas, cuando les quitaban el celular ya los dejaban ir”, expuso.

Ante ello, aseguró que hay una ausencia de protocolos de actuación de la policía estatal preventiva. 

“No es posible que los mandos superiores de las corporaciones policiacas manden agentes policiacos a que se metan a las colonias, haciendo redadas, porque las consecuencias son estas: se les puede ir de las manos pero también se pueden enfrentar a una turba que los puede desarmar”, refirió.

Heras contó una anécdota del pasado fin de semana, cuando los tripulantes de un vehículo blindado son obligados, con piedras y palos, a salir corriendo de la unidad y ahí la dejan abandonada.

Apuntó que la respuesta de los pobladores al operativo fue incendiar patrullas, vehículos particulares de la policía y bloquear la carretera.

El periodista mencionó también lo que ha narrado Fidel Sánchez,  vocero oficial de la Alianza de Organizaciones Nacional, estatal y municipal por la justicia social del Valle de San Quintín, sobre una llamada en un tono “amenazante”, por parte del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, un día antes del operativo del sábado. Esto, sumado a que los dejó plantados en una reunión que sostendrían la semana pasada los jornaleros con la Segob.


El corresponsal subrayó que el enfrentamiento del sábado fue “algo inusitado, un acto de barbarie, considerado como una represión”. 

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Decepciona fallo de la Corte en casos de tortura sexual contra indígenas

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Contrario a lo que esperaban las mujeres víctimas de tortura sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no estableció estándares que deberían seguir los jueces y magistrados al analizar casos de violencia sexual contra las indígenas.

El pleno evitó ahondar al respecto al concluir el análisis del expediente varios 1396/2011, relacionado con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORIDH) sobre la violación sexual cometida por militares contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002.

En votación dividida, la SCJN se pronunció en contra de hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que, en materia de género, etnicidad y tortura sexual, deberían seguir los operadores de justicia en todo el país para hacer frente a la impunidad.

Después de tres sesiones de discusión, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán fue retirado, debido a que un grupo de ministros, entre ellos José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar consideraron que el proyecto se quedaba corto al no fijar estándares en materia de tortura sexual, perspectiva de género y etnicidad.

En la discusión, Cossío dijo que un expediente varios pretende dar los lineamientos para el cumplimiento de una sentencia internacional, por lo que aseguró que sólo hablar de “capacitar y sensibilizar” a quienes imparten justicia era “insuficiente”.

El ministro afirmó que el proyecto no satisfacía la importancia del caso: “No reúne las condiciones que acabo de apuntar, pues hace un buen recuento de lo que hemos hecho pero no contempla ninguna de las acciones que aún nos hacen falta realizar”.

A su vez, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que el análisis debería tener una gran carga impositiva para el Estado mexicano y sin embargo, agregó, “creo que las incorporaciones que hizo el señor ministro sí son muy importantes, pero son restrictivas y tal pareciera desde mi óptica personal que no se están aterrizando a los casos concretos”.

Este caso, dijo, debió servir para establecer estándares para valorar las pruebas en casos de violencia sexual, ya que la CORIDH reconoce que este delito ocurre en lo secreto y por ello se debe otorgar valor preponderante al dicho de la víctima.

Además la ministra aseguró que se debería determinar la obligación de que los operadores de justicia analicen las pruebas y el testimonio de la víctima, y que valoren otros elementos subjetivos como la edad, condición social y origen étnico, y le garanticen atención médica y psicológica.

No obstante, el ministro Pérez Dayán consideró que esos temas ya estaban en el proyecto y no era necesario discutirlos. “El proyecto se hace con esta exhaustividad debida, da la información de todos estos criterios, evolución de las figuras a través de la jurisprudencia de la Primera Sala y la reseña muy puntual”, dijo.

Mientras tanto, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que la Suprema Corte no tiene potestad con “todos los jueces nacionales”.

Inconformidad ciudadana

Al conocer la decisión de la SCJN, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización civil que acompaña a las indígenas Inés y Valentina y llevó su caso ante instancias internacionales– dijo que la Corte perdió la posibilidad de contribuir al avance de los derechos humanos (DH) de las mujeres indígenas.

En 2010 la CORIDH emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, por violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés y Valentina, torturadas sexualmente en hechos diferentes por militares en 2002, y quienes no encontraron justicia en el país.

Un año después, en 2011 ambas mujeres solicitaron a la SCJN abrir un expediente varios donde analizaran las sentencias y determinaran las obligaciones que se desprendían para el Poder Judicial, en particular en el tema de juzgar con perspectiva de género en casos similares.

El Centro Tlachinollan consideró en un primer momento que regresar el proyecto abría la posibilidad de robustecer los argumentos, sin embargo, al conocer la decisión manifestó en un comunicado que la resolución es “omisa” porque no hizo un análisis sistemático de las obligaciones de los juzgadores.

De acuerdo con la organización, en realidad el proyecto sólo agregó un cúmulo de tesis tanto jurisprudenciales como aisladas sobre los criterios relacionados con los temas de tortura, género y etnicidad generados por la Primera Sala de la SCJN.

Es así que incluso agregó tesis sobre derechos indígenas de personas inculpadas de algún delito, lo cual no tenía relación con el tema central de derechos de mujeres indígenas víctimas de tortura sexual, por ello el proyecto fue “omiso” en el desarrollo de los temas resueltos en las sentencias de la CORIDH .

El Centro Tlachinollan llamó la atención sobre el pronunciamiento del ministro presidente, Luis María Aguilar, que después de la votación dividida y antes de cerrar la sesión rechazó que hubiera una división al interior del pleno, y dijo que sólo había pluralidad de posiciones.

“Me parece que sostener que existe una división en dos grupos de ministros, además de que en mi opinión es absolutamente falso, no es más que intentar hacer un infantil ejercicio o maniqueo, quizá de utilidad mediática pero alejado totalmente de la verdad”, sostuvo Aguilar.

A decir de la asociación civil, fue inusual que el ministro presidente se haya referido a que no existe una mayoría de ministros contraria al avance de los DH, cuando en las últimas votaciones parece perfilarse nítidamente una división en el pleno e incluso una regresión en las decisiones adoptadas.

Como quedaron múltiples temas pendientes de resolución para la redacción final de la sentencia (el llamado “engrose”, según el argot jurídico), la organización civil dijo que espera que las y los ministros que expresaron reservas participen activamente en la redacción de éste a efecto de que no sea regresivo.

No obstante, la discusión sobre el expediente varios se dio por concluida.


Por su parte, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, junto con el Centro Tlachinollan, continúan en su búsqueda de justicia en las instancias nacionales y en el castigo de los militares que las agredieron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

Menor rarámuri muere al dar a luz cerca de un arroyo

CHIHUAHUA, Chih: Sin la compañía de ningún familiar, Patricia González, una rarámuri de 16 años, salió muy temprano de su vivienda, en el municipio de Valle de Zaragoza, y al llegar a un arroyo se detuvo. Ahí la joven dio a luz y minutos después murió.

Las autoridades lograron rescatar con vida a la recién nacida, cuyo estado de salud se reporta estable.

En ningún momento la adolescente recibió atención médica adecuada para llevar su embarazo a buen término, ya que al parecer nunca informó a sus familiares que estaba embarazada.

Sola, Patricia salió de su vivienda, posiblemente con los dolores de parto, y en un arroyo cerca de Valle de Zaragoza, a varios metros de su domicilio, tuvo a una niña.

Alrededor de mediodía los familiares encontraron el cuerpo de la menor y muy cerca localizaron a la recién nacida con vida, por lo que de inmediato pidieron ayuda.

Paramédicos de la Cruz Roja llevaron a la bebé al Hospital General de Parral, donde recibió atención médica, y posteriormente fue trasladada al hospital de Ginecoobstetricia.

El director del nosocomio, Manuel Ibarra Torres, reportó que la recién nacida, con un peso de más de tres kilogramos, se encuentra en perfecto estado de salud, después de mantenerla en el área terapia intensiva para descartar hipotermia, hipoglucemia o problemas infecciosos y respiratorios.

No obstante, continuará en observación para evitar cualquier infección o malformación que pudiera derivarse de las circunstancias en las que nació. Según el médico, por el momento se le aplican antibióticos profilácticos.


En tanto, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del cuerpo de Patricia González para determinar la causa de muerte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

San Quintín: indolencia irresponsable

Del desgaste a la represión, de la indolencia a la burla. Así puede resumirse la estrategia que el gobierno federal ha trazado para resolver el conflicto de los jornaleros de San Quintín.

Han pasado casi dos meses desde que, el pasado 17 de marzo, miles de trabajadores agrícolas de este enclave agroexportador estallaron un paro general para denunciar la salvaje explotación laboral que padecen y exigir un aumento salarial digno. En lugar de solucionar las demandas del movimiento, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó primero a su debilitamiento y desánimo y, después, a su contención violenta.

Sin embargo, ni una ni otra maniobras han sido eficaces para desarticular la protesta jornalera. A pesar de las ocho semanas de lucha transcurridas, ésta se sostiene alimentada de la combinación del hartazgo moral ante un modelo salvaje de explotación laboral y un tejido asociativo de base comunitaria cohesionado y vigoroso.

La represión del pasado 9 de mayo así lo muestra. Ese día, pretextando que se le quería prender fuego a un campo agrícola, la policía estatal preventiva golpeó a los pobladores del asentamiento triqui de Nuevo San Juan Copala cuando algunos de sus habitantes exhortaban a los trabajadores agrícolas a mantener el paro. Los habitantes respondieron enfrentando con rabia a los uniformados.

Nuevo San Juan Copala es una colonia de San Quintín, que en 2010 tenía poco más de mil 600 habitantes, en su mayoría triquis. Retoma el nombre de la comunidad de origen de sus fundadores en Oaxaca. Fue establecida formalmente en 1997, en terrenos ocupados, por jornaleros que buscaban una vivienda digna y que huían de los opresivos campamentos agrícolas. Desde entonces, la acción colectiva de sus pobladores logró obtener servicios e infraestructura básicos: lotificación ordenada, alumbrado público, agua potable, escuelas y mejoramiento de las calles. De manera simultánea, instauró una figura de representación política de los triquis.

Sus residentes han desarrollado –según explica Abbdel Camargo en Asentamiento y organización comunitaria– una forma de organización política y comunitaria que combina órganos tradicionales de autoridad basados en sus pueblos de origen con instituciones de nueva creación. Esta reinvención de la tradición les ha permitido apropiarse de nuevos espacios de residencia, desarrollar prácticas colectivas que generan una fuerte identidad cultural y fortalecer su capacidad de gestión.

La vida normativa de la colonia, explica Camargo, está organizada alrededor de tres figuras tradicionales, nativas de sus comunidades de origen. Estas son: la autoridad tradicional, representante político y mediador de la comunidad; el consejo de ancianos, que orienta y opina sobre los asuntos relevantes del asentamiento, y el sistema de mayordomías, encargado de la organización y realización de las fiestas en honor del santo patrono.


Así, cuando el pasado 9 de mayo la policía estatal reprimió a los residentes de Nuevo San Juan Copala para desalentar su lucha y mandar una señal a los jornaleros en paro de San Quintín de lo que les aguardaba, se topó con una vigorosa organización comunitaria, construida y forjada al calor de la lucha durante casi dos décadas. El resultado de esta maniobra fue contraproducente.

La violencia contra los pobladores de Nuevo San Juan Copala fue el último eslabón de una estrategia fallida. En un primer momento, el gobierno federal apostó por confinar la lucha al ámbito estatal, esperando a que se desinflara. Cuando el conflicto se nacionalizó e internacionalizó, tuvo que acceder a instalar una comisión negociadora, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda.

Lejos de buscar soluciones, la mesa de diálogo entre los jornaleros y los autoridades del pasado 24 de marzo fue una maniobra para hacer tiempo. La comitiva oficial, en la que estuvieron presentes el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y los titulares del IMSS, la STPS, senadores y diputados, llegó sin propuesta alguna. Primero impidió el paso de la prensa a la reunión. Después se comportó como si no supiera nada del origen del conflicto. Burlonamente, el mandatario estatal –según escribió Arturo Alcalde– dijo a los jornaleros: Tienen la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones.

Los funcionarios públicos se dedicaron a enredar los trabajos. Finalmente, el subsecretario Miranda puso en marcha la operación descontón: sin que se hubiera convenido entre las partes, anunció un futuro encuentro el 8 de mayo, en el que daría solución integral a las demandas; inventó que había alcanzado un acuerdo, clausuró unilateralmente la reunión y metió a los periodistas al encuentro. Los jornaleros rechazaron que en esa negociación se hubiera pactado algo.

El séquito oficial abandonó San Quintín apresuradamente. Hasta los representantes del Poder Legislativo, que supuestamente asistieron a la sesión invitados por los huelguistas, actuaron como empleados del gobierno y se sumaron vergonzosamente al cortejo del Ejecutivo.

El 8 de mayo llegó y el subsecretario Luis Miranda dejó plantados a los trabajadores agrícolas. Más de 4 mil de ellos lo aguardaban para escuchar la respuesta a sus demandas. Cuando Fidel Sánchez Gabriel, el dirigente de la Alianza por la Justicia Social, le advirtió que se quedarían frente a las oficinas del gobierno estatal, el funcionario le reviró: No me conoces. Al día siguiente se hicieron sentir los toletes y las balas de goma de la policía.


A pesar de los casi dos meses transcurridos y de la represión en su contra, el movimiento de los jornaleros de San Quintín no da muestras de cansancio físico o anímico. Resiste, alimentado por la convicción de que hay que poner fin a un modelo de explotación bárbaro y por décadas de luchas comunitarias. Por lo pronto, se dispone a enfrentar la indolencia oficial organizando el boicot internacional hacia la producción hortofrutícola del Valle.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO.