Legisladores del PRI y el PVEM votan en contra de discutir una exhortación al INE para retirar el registro al PVEM; también se oponen a discutir la represión a trabajadores en San Quintín.
En el Congreso de la Unión los legisladores no quieren debatir sobre el registro del Partido Verde Ecologista de México.
Senadores y diputados del PRI y PVEM frenaron este miércoles la discusión sobre la exigencia de más de 140 mil ciudadanos para retirar el registro al Partido Verde, ante las graves y sistemáticas violaciones a la legislación en materia electoral.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador perredista Armando Ríos Piter presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) a cancelar el registro de ese instituto político.
Sin embargo, diputados y senadores del PRI y PVEM votaron en contra de que se dispensaran los trámites, por lo que el tema fue turnado a comisiones.
Desde la tribuna, Ríos Piter denunció la sofisticada logística publicitaria implementada por el PVEM, que incluye la donación prohibida de recursos para comprar tiempos en radio, televisión, cines, contratar espectaculares, repartir mochilas, tarjetas y utilitarios.
Ríos Piter señaló que el PVEM ha utilizado recursos públicos y privados de origen ilegal, lo que podría constituir la comisión de delitos en casos como el desvío de dinero del Senado de la República.
Según el legislador, se trata de una estrategia en la que el Partido Verde no sólo es acompañado por el PRI, sino incluso por el gobierno federal, ante la complacencia de las autoridades electorales.
“Poniendo en evidencia que la incapacidad del INE genera una señal de plena impunidad“, acusó.
La diputada Graciela Saldaña reprochó que las autoridades no hayan sancionado al PVEM luego de un año de reparto de despensas en el Estado de Quintana Roo, a través de diversas organizaciones.
El coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett, condenó que los legisladores priistas y sus aliados del Verde ni siquiera sean capaces de permitir la discusión de temas relacionados con corrupción.
Luego de exponer las críticas, el PRI y el PVEM también se negaron a discutir las propuestas del PT, relacionadas con la represión de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín y el escándalo de corrupción en la empresa OHL, beneficiada por los gobiernos del Estado de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La líder de las Policías Comunitarias de Olinalá, Guerrero, permanece en "confinamiento solitario", sin contacto humano, denunció Alejandra Gonza, representante de Nestora ante la CIDH.
Después de nueve días de huelga de hambre, Nestora Salgado presenta un “importante deterioro” en su ya delicado estado de salud, informó su abogado Leonel Rivero, en conferencia de prensa junto a representantes de derechos humanos y familiares de la líder de las Policías Comunitarias de Olinalá, Guerrero.
El abogado indicó que Nestora Salgado, recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, desde agosto de 2013, “está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias” en la huelga de hambre que mantiene, en demanda de su liberación inmediata, informó La Jornada.
“Nestora sólo está tomando líquidos desde hace nueve días y continuará así, hasta que la liberen”, dijo su abogado, en la misma conferencia de prensa en la que familiares de la activista advirtieron que, en caso de no obtener la libertad de Nestora, realizarán un plantón en la ciudad de México, previo a las elecciones.
De acuerdo con Leonel Rivero, la detención de su cliente obedece a un “claro interés político” y se han cometido una infinidad de violaciones a los derechos humanos en el proceso judicial, situación que se agrava aun más con la lejanía de los juzgados que conocen del caso, ubicados en Chilpancingo, Guerrero; Xalapa, Veracruz ,y Tepic, Nayarit.
A Nestora Salgado, además, no se le han practicado las evaluaciones médicas independientes que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció Alejandra Gonza, la representante de la líder de las Policías Comunitarias ante el organismo internacional. Gonza añadió que Nestora se encuentra en “confinamiento solitario”, sin ningún contacto humano, desde su detención.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La corrupción política, motor de la delincuencia organizada, dice el investigador.
La corrupción política en México es el corazón de la delincuencia organizada, advirtió Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad Columbia de Nueva York. Afirmó que el país se ha convertido en exportador de inestabilidad, y agregó que el enemigo de la nación está en el gobierno.
Luego de participar en el foro Derechos humanos y antimafia social en Amercia Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), señaló que México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad, e insistió en que el motor de la delincuencia organizada en el país son los políticos.
México tiene una delincuencia de Estado. Si la corrupción política sigue su curso y abre las empresas a estos grupos criminales para que sigan expandiendo sus operaciones y sigan contrabandeando armas desde Asia, Centroamérica y desde Estados Unidos de la manera en que lo hacen, el conflicto armado mexicano va a llegar a proporciones mucho más graves que lo que tiene ahora.
En su intervención, la periodista Carmen Aristegui manifestó que los medios de comunicación deben compartir con la sociedad organizada el compromiso de exhibir la corrupción.
“Los medios de comunicación tenemos trabas, dificultades. Hay fenómenos de autocensura muy arraigados en países como México, y fenómenos de censura también arraigados y presentes en nuestro país. Es algo que no nos sorprende en el resto de la región, y tenemos que plantearnos como un asunto que debe combatirse y denunciarse también.
“La sociedad y las organizaciones deben tener plena conciencia de lo que significa que medios de comunicación no tengan la posibildiad real de exponer, explicar, alentar el debate de contribuir en la discusión pública de los grandes temas de la nación, empezando desde luego por el tema de la corrución.
Si los medios de comunicación se encuentran ahorcados o limitados o francamente impedidos de informar, denunciar y hablar de temas de corupción, hacen evidentemente mucho más difícil la tarea de las organizaciones que están batallando por articular esfuerzos muy específicos para combatir al crimen organizado o para ayudar en las tareas preventivas de control social y, sobre todo, de atención a las víctimas, indicó.
Ante la escalada de violencia en Jalisco en días pasados, Buscaglia aseguró que el problema mexicano no es de armas ni de falta de helicópteros o de personal militar; es de corrupción política y empresarial, que ha permitido la expansión de redes criminales en toda la República y más allá de sus fronteras.
“México todavía no ha tocado fondo; eso es algo que ustedes tienen que entender. El Ejército Mexicano no necesita más armas ni más soldados, ya que tiene los suficientes. El cáncer de México como sociedad y Estado está dentro del mismo Estado. El enemigo está dentro de la misma casa y eso es lo que se tiene que entender.
A mí no me llama la atención el arsenal en las manos de las redes criminales, como la de Jalisco. Hace años que vienen atacando convoyes militares en México; sin embargo, “haber derribado un helicóptero de las fuerzas armadas se transforma en un símbolo de debilidad del Estado y es un shock sicológico para cualquier institución”.
Para Buscaglia otro de los problemas de la creciente violencia en el país se debe a que el gobierno federal no quiere tomar medidas de confiscación patrimonial ni intervenir a las empresas mediante las cuales los grupos criminales usan sus sistemas de transporte y la infraestructura. No quiere atacar esos dos ángulos porque ello significa atacar a sus mismos partidos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
"Respecto a la posibilidad o no de una reparación que implique que la periodista continúe con las transmisiones del noticiero... éste será un tema de fondo que se reservará para su análisis hasta la sentencia que se dicte en el juicio de amparo", señaló el juez.
El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, informó que resolvió conceder la suspensión definitiva solicitada por la periodista Carmen Aristegui Flores, para que cesen los efectos y consecuencias del aviso de terminación contractual, impulsado por la empresa MVS.
En un comunicado se detallaron los alcances de la suspensión:
-La suspensión se concede para el efecto de que la empresa concesionaria -MVS Radio- cumpla con el contrato marco y, en consecuencia, brinde a la periodista la posibilidad de discutir, dialogar, conocer y presentar una defensa con respecto a las causas y razones del aviso de terminación reclamado en el presente juicio.
-Se concede la medida cautelar para que MVS Radio continúe considerando como parte de su equipo de periodistas a la quejosa y, en consecuencia, le reintegre los pagos y remuneraciones pactados en el contrato desde la fecha en que comenzó a surtir efectos el aviso de terminación reclamado y continúe pagándolos hasta que se dicte sentencia de fondo en el juicio principal o bien cuando culmine la vigencia del contrato anual celebrado por las partes, con excepción de las contraprestaciones provenientes de la publicidad del programa pactadas en el contrato marco.
-Se concede la medida cautelar exclusivamente para que MVS Radio cumpla en sus términos con el contrato marco suscrito por ambas partes en el que acordaron que en caso de conflicto deberían solventar sus diferencias mediante un arbitraje -y no de manera unilateral-, considerando que el conflicto se generó, centralmente, entre otras cosas, por la intervención de MVS Radio en la permanencia de los colaboradores de la periodista.
“El Juez Fernando Silva estimó respecto a la posibilidad o no de una reparación que implique que la periodista continúe con las transmisiones del noticiero, que éste será un tema de fondo que se reservará para su análisis hasta la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no en el presente incidente de suspensión”, se detalló.
“Lo anterior, en razón de que dicho estudio requiere de un examen pormenorizado del alcance de la libertad de empresa (que si bien se ve limitada no desparece en su contenido esencial dentro de una concesión administrativa), frente a la libertad de expresión e independencia periodística de la parte quejosa, momento en el cual dicho estudio será viable porque las partes ya habrán presentado todas las pruebas y formulado integralmente sus planteamientos de constitucionalidad, máxime que la sentencia de amparo, en su caso, sí hace posible constituir derechos con independencia de la vigencia estipulada en el contrato marco”, abundó.
La resolución puntualiza que, toda vez que las partes se obligaron al arbitraje en caso de conflicto y considerando el tiempo transcurrido desde la terminación reclamada, dicho diálogo deberá iniciar y llevarse a cabo dentro del plazo de tres días hábiles en las instalaciones de MVS Radio, con la persona que han designado las partes en sus convenios modificatorios (José Woldenberg Karakowsky), según su disponibilidad y en caso de desacuerdo o falta de disponibilidad, el que señale la parte quejosa, dada la apariencia de buen derecho de su demanda.
Además, el juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que se dejen de aplicar con la periodista los “Lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas”.
La suspensión definitiva decretada surte sus efectos desde luego y en tanto se resuelve el juicio de amparo en lo principal, puntualizó el juez.
Los dos comunicados que se dieron a conocer esta mañana:
NOTA INFORMATIVA 60 13-MAYO-2015.pdf by Aristegui Noticias:
NOTA INFORMATIVA 61 13-MAYO-2015.pdf by Aristegui Noticias:
Suspensión definitiva en su versión pública:
Aristegui.Suspensión Definitiva.Versión Pública.PDF by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer la versión pública de los interrogatorios que recientemente realizó a 20 militares en el marco de las investigaciones que realiza por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) al resolver un recurso de revisión en el que argumentó que “por tratarse de una violación grave de derechos humanos” es inoperante la causal de reserva invocada por la PGR con el argumento de que se trata de una investigación en curso.
Además, el organismo nacional de transparencia resolvió otro recurso de revisión en el que ordenó a la PGR difundir las versiones públicas de las “investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres de la misma normal en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
La comisionada Areli Cano, quien analizó ambos casos, argumentó que el tratamiento como caso grave de violación de derechos humanos ya ha sido sostenido por el INAI y sustentado en la trascendencia nacional e internacional que ha tenido la desaparición de los normalistas.
Y recordó que de acuerdo a la legislación “no podrá invocarse la causal de reserva tratándose de casos graves”.
Incluso, abundó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó una oficina específica para dar seguimiento al caso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un comité de expertos internacionales con el mismo fin y el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aludido al tema, lo que refleja el impacto social e internacional de los hechos.
Por ello, la comisionada consideró improcedente el argumento de la PGR para negar la información y destacó la importancia de dar a conocer información sobre el caso a efecto de que la sociedad tenga un seguimiento puntual de la actuación de sus autoridades, sobre todo porque está comprobado que 48 policías de Iguala y 16 de Cocula, están detenidos por estar involucrados en los hechos.
En ambos casos, la PGR deberá entregar una versión pública: de la declaración de los militares y de la averiguación previa. Sólo podrá eliminar información confidencial de los inculpados, víctimas y testigos, así como los nombres de los Ministerios Públicos y personal de la dependencia con funciones operativas, pero “no podrá omitirse nombres de los que presuntamente participaron en los hechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El aparente resurgimiento de un grupo de civiles armados que se asumen como autodefensas legítimas pone la mira de nuevo en Michoacán. Los detractores dicen que tienen móviles electorales.
Con un comunicado lanzado desde el anonimato, un grupo de hombres armados –y encapuchados– que asegura representar a los autodefensas legítimos, anunció la continuación del movimiento armado en Michoacán.
Este surgimiento desestima que la insurgencia civil que nació el 24 de febrero del 2013 haya sido desmovilizada, como asegura el Gobierno Federal.
“Le informamos al pueblo de Michoacán”, dice el comunicado “que aunque muchos de nuestros hermanos sigan en la cárcel injustamente, muchos otros hayan muerto por defender a sus familias, sus tierras y su pueblo, los autodefensas legítimos no nos hemos desmovilizado, no hemos dejado las armas ni nos hemos uniformado como lo dice el gobierno de Peña Nieto”.
Para la Federación, las autodefensas fueron oficialmente desmovilizadas el 7 de julio del 2014, cuando el aun comisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, decretó el fin del levantamiento armado y anunció la incorporación de algunos de civiles armados a la Fuerza Rural Estatal.
Desde entonces, los grupos de autodefensa ni siquiera se mencionan en discursos oficiales, mucho menos se reconocía su persistencia.
“No vamos a parar”, dice el comunicado, “hasta que tengamos verdadera justicia. Los representantes de los pueblos levantados advertimos que el territorio no está libre del crimen organizado, que nuestros pueblos siguen acechados por los delincuentes. Es una vergüenza que el gobierno se haga el sordo y el mudo ante la muerte, y pretenda ocultar la realidad de violencia y miedo con el que vive nuestra gente”.
Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) emitido la tarde de ayer desde la ciudad de Morelia, no descarta la posibilidad de que el anuncio del resurgimiento sea una respuesta de los comuneros de Aquila a la sentencia condenatoria emitida en contra del líder Agustín Villanueva Ramírez, uno de los hombres cercanos al también encarcelado y fundador de la resistencia, José Manuel Mireles.
Y es que el anuncio se presenta a cinco días de que un juez estatal de primera instancia dictara sentencia condenatoria de 47 años de prisión al líder de las autodefensas de Aquila, quien organizó a los comuneros no solo contra el cártel de Los Caballeros Templarios, sino contra la minera Ternium, que explota hierro en esa localidad.
Villanueva Ramírez fue detenido el 13 de agosto del 2013, al lado de 44 autodefensas. Fue acusado por el gobierno estatal -a través de la Procuraduría de Justicia encabezada por Marco Vinicio Aguilera Garibay- de ser responsable de los delitos de robo, secuestro y lesiones en agravio de Celerino Ontiveros Palominos, integrándosele el proceso penal 115/204-II.
En Aquila pocos creen de la responsabilidad penal del líder de las autodefensas. Allí se apunta a una venganza Ternium contra Villanueva Ramírez y sus hermanos Efraín y Vicente, quienes organizaron a los comuneros para cobrar regalías por el suelo que se apropió la minera.
Los Villanueva Ramírez pudieron arrancarle a Ternium una negociación para que la minera pagara regalías a la población por la cantidad de 3.8 dólares por cada tonelada de mineral extraído.
Tras los acuerdos, Ternium no fue constante en el pago a los comuneros, por eso, Villanueva Ramírez encabezó varios bloqueos a la extracción de hierro, causando severas pérdidas económicas a la transnacional.
Fue el departamento jurídico de esa empresa el que gestionó ante el Procurador de Justicia de Michoacán la integración de la averiguación previa penal a fin de lograr el encarcelamiento no solo de los hermanos Villanueva Ramírez, sino de todo el grupo de autodefensa que se levantó en la zona.
Agustín Villanueva Ramírez –dice un miembro de la autodefensa de Aquila- afectó los intereses económicos de la minera Ternium no solo mediante el cobro de regalías por la extracción de hierro, sino porque erradicó de las minas la presencia de las células del cártel de Los Caballeros Templarios, que comercializaban a bajo costo mineral extraído ilegalmente de otras minas de la zona.
Aunque en el comunicado difundido los autodefensas legítimos no hacen alusión directa a ninguno de los hermanos Villanueva Ramírez, sí advierten la molestia de los autodefensas moviliados por “los encarcelados injustamente”.
A la fecha el Gobierno Federal mantiene bajo proceso penal más de 300 integrantes de los grupos de autodefensa, quienes están siendo sometidos a proceso penales por delitos graves, la mayor parte de ellos en cárceles federales.
Van contra el PRI
La urgencia del Comité Directivo Estatal del PRI para dudar que lo expuesto en el video difundido por las autodefensas legítimas sea verdad, parte de los ataques directos que se hacen al sistema priista del estado.
En el comunicado, el candidato a la gubernatura Asunción Orihuela Bárcenas, es blanco directo de los presuntos autodefensas, quienes lo acusan de estar asociado con el crimen organizado.
El ataque al candidato del PRI, es contundente:
“Declarémosle la guerra, es un verdugo del pueblo, que miente y traiciona. No estamos hablando con el sino con todo el cártel, peor que Los Templarios. Por la memoria de nuestros hijos muertos, de nuestras mujeres violadas, de nuestra tierra robada, de nuestros hermanos secuestrados, de nuestros comunitarios asesinados, no dejemos entrar al cártel de los Orihuela, encabezados por ‘Chon’, no hablemos con él, no lo apoyemos”.
En el video, se culpa al PRI de haber permitido que el cártel de Los Templarios “gobernaran y masacraran a nuestra gente”, haciendo un llamado directo a los vecinos de Chinicuila, Coahuayana y Aquila -incluido al líder del movimiento en la Sierra Costa Nahua, Samei Verdía- para “que no permitan que regresen a su territorio los que han gobernado a Michoacán y abandonado a su gente”.
El comunicado del resurgimiento de los autodefensas legítimos también se lanza contra “el narco gobierno y su generación de narco políticos del PRI como Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Alfredo Castillo, como los Orihuela, todos ellos sirvientes de ‘La Tuta’”, refiere.
Hacen mutis
Ni la Secretaría de Gobernación ni el gobierno estatal de Salvador Jara han manifestado posicionamiento alguno.
El aparato de comunicación del gobierno estatal no consideró dentro de la agenda informativa del día un posicionamiento sobre el resurgimiento oficial de los grupos de autodefensa.
No hubo respuesta al reclamo de la opinión oficial. La agenda de comunicación fluyó como desde hace 10 meses: en Michoacán no sucede nada, más allá de las esporádicas y reducidas reuniones en donde el gobernador expone un estado distinto al que ven los demás.
‘No se dejen engañar’
El video que circula ya en las redes sociales, invita a los michoacanos a no dejarse engañar, a que no se castiguen y a que levanten dignamente la voz contra el olvido.
“Acuérdense del miedo, la sangre derramada por cientos de hermanos. Es una vergüenza y una traición que algunos autodefensas por el poder y el dinero hayan vendido el movimiento.
“Estanislao Beltrán, es el mayor traidor, ya olvido a nuestros hermanos que murieron asesinados a manos del Ejército, por órdenes de Alfredo Castillo y por el narco gobierno del PRI, cuando querían desarmarnos mientras Los Caballeros Templarios nos tenían rodeados para masacrarnos.
“Ahora Papa Pitufo tiene amnesia y le levanta la mano a ‘Chon’, ya olvidó que el doctor Mireles sigue en la cárcel por defender a su pueblo”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
La organización Mexicanos Primero denunció ayer que cinco partidos políticos se negaron a firmar un decálogo educativo debido a ‘intereses electorales’.
La tensión electoral ya alcanzó a la reforma educativa.
La firma del decálogo “Diez compromisos por la educación”, propuesto por 126 organizaciones encabezadas por Mexicanos Primero, dividió a los 10 partidos políticos que competirán por votos el próximo 7 de junio.
A la convocatoria de la iniciativa ciudadana asistieron ayer representantes del PAN, PRI, PVEM, así como de Encuentro Social y del Partido Humanista.
Los partidos de izquierda; PRD, PT, Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron la iniciativa, al igual que Nueva Alianza.
De acuerdo con Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, el acuerdo tiene como objetivo garantizar que los candidatos a elección popular garanticen la aplicación de la reforma educativa.
Por lo anterior, González reprochó que algunas organizaciones políticas se hayan negado a firmar el compromiso. Su negativa es “oportunista ante el panorama social complicado”, aseguró.
Maestros en juego
Según reportó El Financiero, Claudio González habló del tema con el presidente nacional perredista, Carlos Navarrete, a quien aseguró “le ganó el interés electoral”. “Había que fijar una postura con respecto a Guerrero y Michoacán y la postura fue la de primero sus intereses antes que la de los niños”, añadió González.
Asimismo, calificó a Movimiento Ciudadano como “rajón”, pues su respuesta estuvo llena “de evasivas y generalidades”.
Aún así, el representante de la organización civil Mexicanos Primero recordó que en el decálogo no se incluye más que lo ya acordado por ley, por lo que todos los candidatos o futuros gobernantes están obligados a cumplirlo.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
COLIMA, Col: El PAN denunció una estrategia de espionaje en contra de su candidato a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, en la que estarían involucrados el PRI y el mandatario estatal Mario Anguiano Moreno.
En rueda de prensa, el vocero de la campaña panista, Francisco Rodríguez García, presentó a Luis Armando Galindo Ochoa, exanalista del Cisen, quien manifestó que un directivo del equipo de campaña del priista Ignacio Peralta Sánchez le ofreció integrarse como coordinador de inteligencia y análisis para elaborar una estrategia de espionaje que tendría como principales objetivos a Preciado Rodríguez y a Óscar Zurroza Barrera, coordinador de alianzas y estrategias en la campaña panista.
Galindo Ochoa, quien actualmente es director regional de la empresa Excelencia Tecnológica en las Comunicaciones, dijo haber denunciado ante la Fepade el intento del PRI de comprar equipo para labores de espionaje en contra del PAN.
Además, reveló que sostuvo una reunión con el subcoordinador estatal de la campaña priista, Hilario Leal Viera, quien aparte de ofrecerle realizar labores de espionaje le indicó que tendría que contratar a 15 personas de su confianza y comprar equipo sofisticado para esa labor.
“Me dijo que buscara equipo en Estados Unidos o en México, que él ya había comprado dos equipos para que cuando entres a una oficina se anule cualquier celular o intento de grabación; me mostró físicamente algunos de los equipos y me señaló dos que él ocupaba como microondas para espiar concretamente a Zurroza y a Jorge Luis”.
De acuerdo con Luis Armando Galindo, el colaborador de la campaña priista “fue más allá en sus declaraciones porque utilizó términos más delicados, y es donde yo decido presentar esta denuncia, que fue cuando él comentó que tenía autorización del gobernador, textual lo dijo, licencia para matar y neutralizar a dichos adversarios, son dos palabras que sostengo en su cara y lo sostuve en la Fepade”.
Añadió: “Me dijo que él ya se reunió con el gobernador Mario Anguiano Moreno, con el candidato Ignacio Peralta, con su jefe Arnoldo Ochoa y con el presidente del PRI para contratarme (…) Yo no iba a pedir trabajo, estábamos haciendo una propuesta de soluciones empresariales, y él me hizo esa contrapropuesta”.
Incluso, describió Galindo, el emisario priista le mostró un estudio de la situación política en la entidad desde noviembre pasado. “Cuando leo el estudio, era un grupo de contención política para neutralizar políticamente adversarios de otros partidos, ahí mencionaba equipo, recursos de inteligencia, recursos de intercepción, de espionaje político, eran más de 25 páginas”.
Tan sólo para labores de espionaje, puntualizó Galindo, el PRI tiene un presupuesto de 13 millones de pesos y, para no tener contratiempos, los integrantes tienen a su disposición la información de las diferentes dependencias en la entidad.
La propuesta de contratarlo, señaló, fue autorizada al más alto nivel del gobernador y el candidato del PRI, con el ofrecimiento de una tarjeta de nómina y credenciales de la estatal Coordinación de Análisis Sociopolítico para que pudiera solicitar información y hacer su tarea en cualquier dependencia o en cualquier organismo público o privado sin necesidad de tener problemas para realizar su labor.
Por su parte, Francisco Rodríguez García dijo tener información en el sentido de que la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal, a través de ‘drones’, ha estado vigilando, sobrevolando y tomando fotografías en las propiedades de Jorge Luis Preciado, por lo que “no solamente utilizan el recurso humano, sino también las herramientas, la infraestructura y la tecnología”, alertó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
TEMASCALCINGO, Edomex: Apolinar Mena no dejará la Secretaría de Comunicaciones mientras se realizan las investigaciones por presunta corrupción entre funcionarios de su administración y la empresa OHL en la construcción y operación del Viaducto Elevado Bicentenario, advirtió hoy el gobernador Eruviel Ávila.
Renuente a hablar del tema, el mandatario finalmente accedió a responder a la pregunta de que si no iba a remover provisionalmente a Mena Vargas, como ya ocurrió con Pablo Wallentin, ejecutivo de OHL en México.
El mandatario dijo que “no, por el momento”, que es necesario esperar los avances de las investigaciones que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría local.
“Ya están las investigaciones y una vez concluidas les comento qué pasó con ellas”, indicó después de encabezar la entrega del camino Temascalcingo-Bassoco.
La semana pasada medios españoles divulgaron tres audios en los que se escucha a Polo Mena solicitar 150 mil pesos a Pablo Wallentin por concepto de hospedaje en el hotel de la Riviera Maya “Fairmont Mayakoba”, propiedad de OHL.
Derivado del escándalo, las autoridades mexiquenses solicitaron una auditoría en la que habrán de participar la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Transparencia Mexicana y la consultora Price Waterhouse Cooper.
La revisión se realizará a bases de datos financieros y contables, además de construcción, para verificar que la empresa OHL cumpla debidamente los términos del contrato de concesión del Viaducto.
No obstante, la investigación deja fuera otras obras importantes de la compañía en la entidad, como el Circuito Exterior Mexiquense que le aporta utilidades anuales por dos mil 400 millones de pesos, y el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde posee la mayoría de las acciones, además de la decisión, impulsada en febrero pasado por el Ejecutivo estatal, de ampliar los plazos de concesión a las autopistas que la empresa española opera.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: Miguel Ángel Mancera aseguró que su labor al frente del gobierno del Distrito Federal es “de interés público” y no “político” ni de árbitro en el proceso rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio.
Así respondió a la acusación que ayer hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en la capital persiste la entrega de despensas para coaccionar el voto operada por el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y la advertencia de que si hay fraude en las elecciones, el tabasqueño “pintará su raya” con el mandatario capitalino.
Esta mañana, en conferencia de prensa, Mancera le reviró:
“Yo estoy concentrado en el interés público. Mi tarea es una tarea de gobernante y yo le deseo el mayor de los éxitos, de ninguna manera voy a desviar la actuación del gobierno, el gobierno actuará puntualmente con todas y cada una de las atribuciones que le corresponde”.
Como ya es su costumbre de no entrar en polémica, el mandatario local dijo: “Yo quiero reiterar que es de todos conocida la trayectoria del licenciado López Obrador, su representatividad política, que él está ahora al frente de una nueva expresión o de una nueva organización política, y que está haciendo política todos los días y que está concentrado en que a esta organización, como muchos auguran, pues le vaya bien políticamente”.
Agregó: “Ese es el interés político, es el interés de un político. Y yo estoy concentrado en el interés público”.
Luego, hizo énfasis en que él no es actor político ni mucho menos árbitro, aunque por la mañana en entrevista radiofónica aceptó tener interés por contender por la Presidencia de la República en el 2018, aunque lo dijo a su modo: “estoy in”.
La crítica de ayer de López Obrador hacia el gobierno de Mancera Espinosa no fue la primera que hace en lo que va del proceso electoral y durante sus giras proselitistas para apoyar a los candidatos de Morena en el DF.
La semana pasada, el tabasqueño acusó que el GDF tiene retrasos en la operación del Programa de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores. Y aunque el jefe de gobierno omitió responder, la Secretaría de Desarrollo Social capitalina reviró con cifras sobre el puntual funcionamiento del mismo.
Sobre la acusación de López Obrador en el sentido de que continúa la entrega de despensas a cambio de votos en la ciudad, el jefe de Gobierno llamó de nuevo a las jefaturas delegacionales a mostrar “voluntad política” en el actual proceso electoral y suspender sus programas sociales.
No obstante, recordó que el árbitro de la contienda es el Instituto Electoral del DF y dijo que ahí es donde se deben interponer y dar seguimiento a las denuncias.
“Yo tengo que responder de mi Gobierno, el Gobierno de la Ciudad de México, las áreas del Gobierno. En el caso de las delegaciones, hacemos exhortos”, dijo.
A propósito de los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad –la detención e intento de fuga de un presunto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el hallazgo de tres cuerpos desmembrados en Azcapotzalco y Tultitlán, Estado de México–, Mancera reiteró que el DF es un “lugar de tránsito” y de abastecimiento de tecnologías para los cárteles de la delincuencia organizada, pero dijo que eso no significa que estén asentados en la capital.
“Sí es un lugar de tránsito, sí es un lugar de abastecimiento de tecnología, pero es muy diferente a que habláramos de que está un cartel asentado. Así lo platiqué con la Procuradora General de la República, ella lo puede confirmar en cualquier momento”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, afirmó que la fianza de siete millones de pesos impuesta a cada uno de los tres jornaleros de San Quintín detenidos el pasado sábado 9 de mayo durante el enfrentamiento con policías estatales “no es ni racional ni proporcional”.
“Una fianza como ésta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, dijo y añadió que existen mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.
Si bien señaló que el Conapred no puede intervenir en este caso debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que ha dialogado con gente de este organismo autónomo y ha ofrecido el apoyo que se requiera en caso de que haya discriminación.
Sin embargo, consideró que los jornaleros viven una “discriminación múltiple”, pues casi todas son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó.
El asunto, abundó, requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.
Además, dijo, las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
Reanudan reuniones con el gobierno }
Este miércoles, cuatro días después de los enfrentamientos que dejaron decenas de heridos, los jornaleros retomaron el diálogo con las autoridades federales, aunque sin la presencia del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, por “razones de salud.
En la reunión, los jornaleros solicitaron el cumplimiento de sus demandas; liberación de cuatro de los detenidos el sábado pasado durante un enfrentamiento en la colonia Lomas de San Ramón, de San Quintín, y fijar un salario mínimo de 200 pesos para los jornaleros, además de pagos extras por cubeta de fresa, entre otros productos.
La reunión inició con un retraso de casi dos horas y la ausencia del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien se excusó por motivos de salud e informó que se encuentra hospitalizado.
El retraso se debió al cambio de sede de la reunión que originalmente se realizaría en San Quintín. De última hora se cambió a Ensenada, a la sede de la Administración Portuaria Integral (API) y los jornaleros debieron viajar en autobuses que fueron seguido por 20 automóviles y patrullas de la Policía Federal que escoltaron la caravana a petición de los líderes del movimiento.
Una comisión de 100 jornaleros encabezados por cinco voceros ingresó al lugar del encuentro, junto con David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y del gobierno del estado.
Desde temprana hora se informó que Luis Enrique Miranda no asistiría a la reunión con jornaleros de la región de San Quintín, en Baja California, porque se encontraba hospitalizado.
En su lugar asistió David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la SG, así como enviados de la Secretaría del Trabajo y representantes del gobierno federal.
Al cierre de esta edición el diálogo continuaba sin visos de algún acuerdo. Decenas de jornaleros permanecían afuera de la sede de la API, en espera de noticias.
El 24 de abril pasado autoridades de los gobiernos federal y estatal se reunieron para tratar de llegar a una solución a las demandas de los jornaleros agrícolas.
Según los trabajadores se acordó un nuevo encuentro el 8 de mayo, mismo día en que fueron atacados por policías de Baja California y algunos de ellos encarcelados. Las autoridades federales afirmaron que la cita estaba programada para este miércoles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
PUEBLA, Pue: El gobierno de Rafael Moreno Valle se resiste a revelar el sueldo que percibe el exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, quien desde el pasado 16 de marzo funge como representante de Puebla en el Distrito Federal.
Este miércoles venció el plazo que tenía la Secretaría de Finanzas y Administración para transparentar el sueldo del funcionario, en atención a una solicitud de información, según el periódico Intolerancia.
En vez de usar ese canal para proporcionar la información, el reportero de ese medio, Jorge Castillo, fue citado en una bodega de la colonia Romero Vargas, en una zona alejada y complicada de localizar.
El reportero contó que tardó más de dos horas para localizar el lugar donde fue citado para recibir la información “in situ”, pero una vez que llegó, recibió una llamada de la encargada de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), Ericka Rojas, quien le dijo que no le proporcionarían el dato.
“Hablo para cancelar tu cita, porque el área no me ha dado la respuesta…puedes promover tu recurso de revisión o el método de defensa que consideres”, le dijo Rojas a Castillo.
El periodista interpuso el recurso revisión ante la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP) para reclamar la entrega de la información que, por ley, debería de ser pública.
Al ser nombrado representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal, Moreno Valle encomendó al exmandatario oaxaqueño fortalecer el vínculo con las dependencias federales y el Poder Legislativo a fin de concretar proyectos prioritarios para el desarrollo de la entidad.
Sin embargo, hasta ahora los medios poblanos sólo han podido confirmar que Carrasco Altamirano acompaña a Moreno Valle en sus giras por otras entidades del país para apoyar a candidatos panistas a distintos cargos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Morelia, Mich. Ternium Las Encinas, empresa minera extractora de hierro en Aquila, podría oficializar esta misma semana un paro técnico, luego de que un grupo de comuneros bloqueó la mina para exigir el pago de regalías extraordinarias, las cuales se encuentran en disputa entre 461 comuneros.
En tanto, el líder comunitario y ex-presidente del comisariado ejidal de Aquila, Agustín Villanueva Ramírez, fue condenado a 47 años de prisión y una multa de 159 mil 588 pesos, por los delitos de secuestro agravado y lesiones.
El grupo del presidente comunal provisional, Juan Carlos Martínez Ramos, pretende continuar como autoridad para cobrar las regalías por más de 15 millones de pesos, depositadas por la empresa Ternium al Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima, informó el comunero, José Luis Hernández.
La disputa por el control de las regalías inició después de que en julio de 2013 fue detenido el líder de los comuneros, Agustín Villanueva, quien logró que la empresa Ternium les pagara un precio más justo por la rentas de las tierras donde extraen el mineral, de manera que cada comunero recibe entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales.
A partir del arresto del presidente del comisariado comunal, varios grupos pretenden controlar las regalías que ofrece la mina, pues representan ingresos adicionales al mes por más de dos millones de pesos.
El otro grupo de comuneros, encabezado por Austreberto Díaz Olivares, afirmó desde el pasado 12 de marzo que en asamblea la mayoría de los comuneros lo eligieron presidente comunal. Por ese motivo, sus adversarios lidereados por Juan Carlos Martínez, bloquearan la mina hace un mes. La mina venía extrayendo en promedio 10 mil toneladas diarias de mineral de hierro.
Por otra parte, Agustín Villanueva, ex jefe de los grupos de autodefensa en esa región nahua, tendrá que pagar, junto con sus hermanos Vicente y Efraín (también presos y condenados), una multa de 159 mil 588 pesos por los delitos de secuestro agravado y lesiones.
De acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, los tres hermanos Villanueva Ramírez fueron encontrados culpables por delitos cometidos en contra de Celerino Ontiveros y José Antonio Ramírez.
FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
Contrario a la hipótesis del gremio sindical que insiste en mantenimiento deficiente, el Sistema Metro concluye que un error humano propicia el choque de trenes en Oceanía y envía un desglose a la Contraloría General del DF. La Procuraduría local inicia una Averiguación Previa
Es un doble error humano, concluyó el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) del choque de trenes de Oceanía del pasado 4 de mayo.
El resultado del Comité de Investigación de Incidentes Relevantes fue una franca declaración de guerra del Gobierno del Distrito Federal al líder del sindicato, Fernando Espino Arévalo, quien luchó para que la culpa no recayera en sus agremiados.
El choque de los trenes, que dejó 12 lesionados y la muerte de un trabajador en las labores de rescate, originó el encontronazo entre Joel Ortega y Fernando Espino. Este round lo ganó el primero.
“Es un doble error humano del conductor tren 05 y del regulador que es omiso en aplicar las medidas previas”, subrayó el director del Metro.
El doble error lo cometieron, según esta explicación, el conductor del tren que no asumió la Conducción Manual Controlada (CMC) y dejó el Pilotaje Automático (PA) pese a la lluvia que ese día afectó la zona de El Peñón de los Baños.
Y en segundo lugar, el regulador de operaciones, quien debió impedir que el tren saliera cuando el segundo aún no abandonaba la estación Oceanía.
El origen del accidente en la estación Oceanía se supo dos días después de los hechos, sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que lidera el también diputado Espino Arévalo, sostuvieron reuniones para negociar qué se iba a decir.
“Lamentablemente hubo un error humano. Se comprobó que el funcionamiento de ambos trenes, la señalización y la radiocomunicación estaban en condiciones operativas favorables”, explicó Gerardo Requis Bustos, en su calidad de director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del STC Metro.
En respuesta a los señalamientos difundidos por el Sindicato del Metro, el grupo de expertos que dio a conocer el informe dijo que no hubo ningún elemento o reporte de que el tren 05 haya sido el factor que ocasionó el accidente o de que presentara alguna irregularidad durante la marcha.
El sindicato difundió algunos oficios con la leyenda “urgente” en el que se advertían las fallas detectadas y reportadas de uno de los trenes involucrados en el percance de Oceanía.
Investigación a fondo
Para determinar las sanciones que recibirán los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro que cometieron el error que propició el percance, se envió un desglose a la Contraloría General del Distrito Federal y también se inició la Averiguación Previa correspondiente en la Procuraduría General de Justicia local.
Ayer mismo, horas antes de que diera inicio la lectura del informe, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Metro entregó una carta al STC en la que solicita se desahoguen los dichos de los empleados involucrados en el choque del 4 de mayo respecto a las malas condiciones en las que operan algunos trenes de la red.
“Hemos demostrado que el tren sí tenía mantenimiento”, dijo Ortega Cuevas, quien aseguró que se le permitirá al Sindicato el desahogo de sus dichos.
Previo a la lectura del informe, los conductores involucrados en el percance, Fernando Rosales y Rodrigo Pascual (el primero impactó al segundo), dijeron públicamente que intentaron evitar el accidente solicitando el corte de corriente, sin embargo, no recibieron respuesta del Puesto Central de Control.
Desde el jueves 7 de mayo, Reporte Indigo publicó que de acuerdo con la caja negra del tren que se impactó, el conductor no asumió nunca la Conducción Manual Controlada (CMC) que debe implementarse para controlar el tren en caso de lluvia.
Pese a que ese día llovía mucho en esa zona de la capital, el operador mantuvo siempre el Pilotaje Automático (PA) y sólo bajó la velocidad al mínimo, confiando en poder controlar el tren.
Sin embargo, debido a la pronunciada pendiente que se localiza en esa zona de El Peñón, el peso de la unidad provocó que esta se deslizara hasta que se impactó con la segunda, que aún no salía de la estación Oceanía.
El informe de ayer propinó un duro golpe al Sindicato del Metro y a su dirigencia, que niegan las fallas humanas y acusa a las autoridades de falta de mantenimiento.
El tema no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que el sindicato tiene en sus manos la operación de toda la red naranja en el Distrito Federal, y que Espino Arévalo ha llegado al punto de emplazar a una huelga general.
Guerra en las vías
A finales del 2014, cuando el escándalo del cierre de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac estaba en su punto más álgido, el Sistema de Transporte Colectivo Metro presentó ante la Procuraduría General de Justicia local tres denuncias en las que acusó actos de sabotaje en contra de sus instalaciones.
Dos de esas pesquisas referían daños ocasionados a sus trenes y una más, un cortocircuito que derivó en un incendio en una de las estaciones de la Línea 5, incluso los usuarios tuvieron que salir caminando por las vías entre las estaciones Acatitla-Peñón Viejo.
Espino Arévalo negó sabotaje y atribuyó las fallas, otra vez, a la falta de mantenimiento.
Hoy que el pleito entre Joel Ortega, Fernando Espino y hasta el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera está a tope, se dará puntual seguimiento a eventuales desperfectos, anomalías que eventualmente podrían presentarse ahí donde el líder sindical tiene el apoyo de los trabajadores… las vías, los trenes, las instalaciones.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Familiares y seguidores de la activista Nestora Salgado García, quien hoy cumple nueve días en huelga de hambre en un penal en Tepic, Nayarit, amagaron con realizar bloqueos carreteros y una movilización hacia esta ciudad, para exigir la liberación de la excomandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.
En conferencia de prensa, Cleotilde Salgado y Geovanni Torres, hermana y sobrino de Nestora, lamentaron que las autoridades penitenciarias hayan desoído su petición para trasladarla del penal federal de Tepic, Nayarit al femenil de Tepepan de la capital el país.
Nestora está acusada de secuestro agravado y desde agosto de 2013 se encuentra en prisión, sin ser sentenciada. Por esa razón, familiares de policías comunitarios que también están presos por el mismo delito planean realizar bloqueos carreteros si antes del próximo 2 de junio no tienen una respuesta de las autoridades. También proyectan efectuar un plantón previo a la jornada electoral del 7 de junio en la Ciudad de México.
Agustina García, esposa del policía comunitario Arturo Campos, y Ausencia Honorato, pareja del agente Gonzalo Molina, se sumaron a la petición de libertad para Nestora y sus compañeros recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
Agustina y Ausencia señalaron que sus parejas podrían iniciar una huelga de hambre en solidaridad con la activista.
Felícitas Martínez, consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, comentó que en sus acciones de protesta participarán guardias comunitarios de Aquila, Michoacán, y que esperan que se sumen más actores sociales, organizaciones civiles y activistas.
Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado, informó que hasta el momento no hay una respuesta del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social sobre el eventual traslado de la activista a un penal del DF.
Recordó que la salud de Nestora va en detrimento, ya que padece gastritis y una neuropatía en las cervicales, que le provoca adormecimiento en las extremidades, además del cansancio y la debilidad de no ingerir alimentos y sólo beber agua.
Asimismo, adelantó que el próximo lunes 18 de mayo la defensa legal de la excomandanta tendrá una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al parecer para dar cumplimiento a las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero pasado a fin de que se proteja su salud.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: Los ahorradores de Ficrea pidieron instalar una mesa de diálogo con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para finiquitar el conflicto con esa exsociedad financiera popular (Sofipo) por la que fueron defraudados.
En rueda de prensa, los voceros de la comisión de ahorradores de Ficrea, Adrián González, Enrique Gracia y José Téllez, pidieron no alargar el proceso, que lleva seis meses, y solicitaron la intervención inmediata de la SHCP.
Para Gracia “las evidencias apuntan a que detrás de lo que se ha dado en llamar ‘el caso Ficrea’, existe una maniobra legislativa mediante la cual el gobierno se podría quedar con los activos incautados a la empresa vía la PGR y, por otro lado, malbaratar la cartera con algún grupo financiero.
“La intervención de todas las autoridades involucradas ha sido más que dilatoria y omisa en nuestro perjuicio, pues si hubiera actuado como era su obligación, se habría evitado que miles de millones de pesos estuvieran en el limbo jurídico con riesgo de perderse o, peor aún, actuaron para que nuestros recursos quedaran a su entera disposición”, fustigó.
También consideró necesaria la participación de Videgaray Caso, porque para resolver el caso sólo se requiere la regulación jurídica de la Secretaría de Hacienda, con el fin de que sus dependencias puedan establecer un “crédito puente” con base en los recursos.
Según los representantes de los ahorradores, las autoridades han mencionado que se localizaron más de 70 inmuebles, 11 cuentas bancarias y 110 vehículos, con lo que la investigación está en marcha, y supuestamente ya están ubicados los inmuebles en España y están por concluir las investigaciones en Estados Unidos.
Además, el monto que captó Ficrea durante el tiempo que estuvo operando con los recursos de los ahorradores es de 6 mil 240 millones de pesos, sin embargo, el 17 de diciembre avisaron que había un desfalco por 2 mil 700 millones.
Ante esta situación, señalaron que Ficrea tenía activos, además de la incautación que hizo la PGR, de una cartera de 3 mil 200 millones de pesos.
De esta forma, sumando esos activos con la referida cartera incautada se alcanzan los 5 mil 800 millones de pesos, “por lo que con esos recursos se podría cubrir al ciento por ciento los ahorros de 93% de los 6 mil 800 ahorradores defraudados”, aseguraron los voceros.
Después de la conferencia, los afectados fueron a las oficinas de la Secretaría de Hacienda a realizar la petición formal para que esa dependencia intervenga en el caso Ficrea.
Enrique Gracia señaló que “nuestra exigencia es establecer de manera urgente y expedita una mesa de diálogo con las más altas autoridades competentes para encontrar una solución definitiva en los términos como los ha mencionado en repetidas ocasiones el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con una visión social y humanista”.
También añadió que el Fondo de Apoyo a Pequeños Ahorradores y el “crédito puente” por parte de Nacional Financiera (Nafinsa) no es un rescate “tipo Fobaproa”, ya que existen 5 mil 800 millones de pesos en activos que garantizan que 93% de los ahorradores reciban el total de sus ahorros.
A principios de semana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que de las 5 mil 438 solicitudes de pago del seguro de depósito, sólo 2 mil 140 recibirán la totalidad de sus ahorros; mientras que cinco de cada 10 afectados recuperará 80% de sus depósitos.
El órgano regulador destacó que ya hay 4 mil 554 cheques autorizados y 4 mil 269 cheques entregados a los beneficiarios.
La CNBV también recordó que el 17 de junio próximo será la fecha límite para presentar su solicitud de pago del seguro de depósito en una de las sucursales establecidas.
Por lo pronto, los ahorradores insistieron en que “lo más alarmante para nosotros es que se incluya a posteriori el tema del lavado de dinero en los cargos fincados a Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, pues así el dinero quedará retenido en manos del gobierno, de modo que ni el demandado ni nosotros los ahorradores tendremos acceso a ellos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
Por las conversaciones telefónicas entre directivos de la empresa OHL México difundidas el jueves 7, pudo conocerse que la compañía protegida de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México utiliza “todas las mañas del mundo” para conseguir sus multimillonarios negocios. El cinismo de sus directivos, quienes aceptan abiertamente que incurren en sobreprecios y en el cobro de obras no entregadas, provocó ya un descalabro financiero en la firma cuya matriz está en Madrid. En el consorcio colaboran mexicanos como José Andrés de Otezya y Carlos Ruiz Sacristán.
MADRID: El Consejo de Administración del Grupo OHL aprobó en enero pasado la actualización a su código de ética con base en una reciente reforma al Código Penal español para la “prevención de delitos” como corrupción, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
Se trata, según el documento, de una “declaración expresa de sus valores, principios y pautas de conducta que deben guiar el comportamiento de todas las personas del grupo en el desarrollo de sus actividades profesionales”.
El corporativo también publicó el documento denominado “política anticorrupción”, una normativa “de obligado cumplimiento por todos sus empleados”, que sigue las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según Juan Miguel Villar-Mir, presidente de OHL, con esto se ponen de relieve “los valores de integridad, honradez, ética, eficacia y transparencia” con que se conduce su compañía.
Pero estas directrices fueron ignoradas en las conversaciones telefónicas sostenidas entre los más altos directivos de OHL-México, grabadas y difundidas públicamente el jueves 7.
El hecho provocó uno de los mayores escándalos internacionales de probable corrupción, sobreprecios y malos manejos que implican a la compañía protegida del gobierno de Enrique Peña Nieto, para quien la corrupción en México es “un tema de orden cultural”, según declaró en septiembre pasado (Proceso 1991)…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2010 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ.
