CHIHUAHUA, Chih: “La política de hoy en día ha cambiado: los gobernadores roban y no cumplen con su trabajo, estos políticos de cuarta hacen mal uso de nuestros impuestos”, expuso Luz Elena Patricio Guerra, una estudiante juarense de la secundaria federal 17, al gobernador César Duarte. En el marco del Festival de Talentos realizado esta mañana en las oficinas de gobierno de Juárez, la estudiante tomó el micrófono y, frente al mandatario y del secretario de Fomento Social, José Luis García Rodríguez, arremetió contra la corrupción e impunidad de la clase política. Al principio el discurso los tomó por sorpresa y sólo observaban a la alumna con rostros inexpresivos.
Enseguida la adolescente arrancó el aplauso y aprobación de sus compañeros: “Son grandes desafíos a los que nos enfrentamos como pueblo mexicano, ya que nueve de cada 10 jóvenes decimos estar nada o poco interesados en estos problemas. Vivimos en un país ‘sobrediagnosticado’ y claro que vale la pena recordárselo, tanto y lo que haga falta, cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos”.
Al gobernador y autoridades que lo acompañaban no les quedó de otra más que sumarse al aplauso y, posteriormente, cuando la estudiante denunciaba otra situación de abuso de poder, Duarte volvió a aplaudir y enseguida fue secundado en la ovación. “Vivimos en un país ‘sobrediagnosticado’. Señor gobernador: la política de hoy en día ha cambiado, los gobernadores roban y no cumplen con su trabajo, estos políticos de cuarta hacen mal uso de nuestros impuestos, malgastando lo que nos pertenece a su beneficio personal, en vez de cumplir con obras públicas para el beneficio de nuestras colonias”, y Duarte aplaudía, asintiendo con la cabeza. “Nuestro país está quedando parapléjico, pero a quién le importa si ‘El Chicharito’ va por México (…) Cuando la ciudadanía pierde totalmente la confianza en los gobernantes, es porque éstos no asumen su compromiso cívico, se pone en riesgo la gobernabilidad e incluso se puede llegar a un movimiento armado, pero los ciudadanos nunca, jamás podremos con un político con armamento militar”, advirtió la Luz Elena. “Nos amarran las manos para que no lo pongamos en evidencia (…) ustedes los adultos creen que nosotros por ser jóvenes no nos damos cuenta de este grave problema, pero permítanme contradecirlos, porque nosotros somos los principales afectados y claro que sabemos y entendemos cada movimiento que hacen (…) es la gente más incompetente a la que mantenemos”. Y la alumna de secundaria prosiguió con las críticas a la clase política:
“No todos los jóvenes somos ignorantes y sabemos que va en aumento la corrupción, pero cabe mencionar que en nuestro país no todo es maldad y sufrimiento, ya que existimos personas con valor y con principios que luchamos día a día a pesar de las adversidades, trabajando para sacar adelante a nuestras familias y no someternos en esta impunidad, somos gente que lucha y lo seguiremos haciendo para recuperar el país que queremos y necesitamos todos los mexicanos (…) No más corrupción”, remató su discurso Luz Elena. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Se suman militantes priistas de Cuajimalpa a campaña del perredista Luis Espinosa Cházaro, quien busca la jefatura en esta delegación.
Militantes del PRI, encabezados por el presidente de este partido en Cuajimalpa, Tomás Martínez, se sumaron a la campaña del aspirante perredista a la jefatura delegacional, Luis Espinosa Cházaro, y se comprometieron a defender los votos que obtenga el 7 de junio. En rueda de prensa, Martínez López dijo que el gobierno delegacional de Adrián Ruvalcaba, hoy candidato a diputado local por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), “se caracterizó por el amedrentamiento, la amenaza y el aumento de los robos y los asaltos”. Por ello, “defenderemos los votos de Luis Espinosa Cházaro, porque su propuesta de puertas abiertas abona a la seguridad en la delegación Cuajimalpa”, aseveró el dirigente priista al manifestar su apoyo al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A su vez, el ex director de Desarrollo Social de esta delegación, Carlos del Valle, consideró incongruente que el Partido Verde tenga como candidato a Adrián Ruvalcaba, “presuntamente vinculado con la banda de ‘Los Claudios’”. En tanto, Espinosa Cházaro destacó “la importancia de este tipo de conciliaciones políticas que quieren cambiar la delegación Cuajimalpa en los hechos, no con palabras”. Paz tras riña El 7 de mayo pasado se registró una riña en la que se enfrentaron priistas del equipo de Rubalcava y perredistas de Cuajimalpa.
El choque violento dejó cerca de 16 heridos, automóviles dañados y varias viviendas vandalizadas, de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF). FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la décimo segunda multa contra el PVEM, ahora por 322 millones 455 mil 711 pesos, la tercera más alta de la historia desde los casos “Pemexgate” y “Amigos de Fox”, reconoció el consejero presidente Lorenzo Córdova. La decisión del Consejo General del INE derivó de la estrategia sistemática del Verde para promocionar su imagen y por sobreexposición del mismo con la difusión de los informes de labores legislativas antes y durante el actual proceso electoral. Previo a esta decisión, el PVEM promovió una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por considerar que las multas que se le han impuesto violan el derecho de acceso a la información. Carlos Puente, vocero del PVEM, aseguró que el modelo de difusión diseñado por las autoridades electorales mexicanas es violatorio de los derechos humanos. Incluso, salió en defensa de que sus legisladores hayan financiado la campaña del Verde para difundir sus gestiones parlamentarias: “Es un ejercicio de rendición de cuentas, lo queremos dejar muy claro”, justificó Puente. También argumentó que el modelo creado por el INE ha perjudicado a los concesionarios de radio y televisión “con una doble tributación impuesta injustamente”. Pese a que la queja de Morena y PRD contra el PVEM planteaba que se requiriera información a los representantes de Televisa y TV Azteca para confirmar las operaciones realizadas por el partido sancionado, al final de la sesión de este día el Consejo General determinó darle vista al SAT y a la Fepade, entre otros. Al dar cuenta del proyecto de resolución, el consejero Benito Nacif indicó que la Unidad Técnica de Fiscalización consideró que existió una aportación en especie a favor del PVEM, asunto que decidió investigar, encontrando contratos, cheques y comprobantes de pago. Al final, determinó que los recursos provenían de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de aportaciones de legisladores a título personal. La Unidad encontró 25 contratos firmados por los coordinadores de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras por 107 millones 485 mil 237 pesos; 12 contratos firmados a título personal por 2 millones 279 mil 962 pesos, equivalente en total a 109 millones 765 mil 199 pesos, sin embargo, estas aportaciones están prohibidas por la ley electoral. La sanción impuesta por nueve votos y dos en contra equivale a los 107 millones 485 mil 237 pesos elevada al 300 por ciento. Pablo Gómez, representante del PRD, dijo a Nacif que la Comisión de Fiscalización que encabeza no investigó nada porque su queja fue presentada desde el 21 de enero, se tardaron dos semanas en recibirla y otras dos en admitirla. Esto fue hasta el 23 de febrero. “Creo que falta en el proyecto la parte más importante. Es decir, hubo aquí centenares de miles de spots, pero los spots de origen, los de la televisora de cada una de las dos cadenas. Son 2 mil 274 de TV Azteca y mil 778 de Televisa para ser transmitidos en proyección nacional, o sea, con decenas de repeticiones o centenares. El importe pagado ya lo conocen, son 47 millones y pico en cada una de las dos televisoras. La tarifa por spot en el caso de Azteca es de 20 mil 956 pesos… El problema es que la Comisión de Fiscalización no investigó nada. Cuando digo de verdad que es nada, es nada”, fustigó. Gómez indicó que lo que Nacif debió indagar es lo que se llama tarifa mínima, lo cual siempre se ha establecido en términos de medios de comunicación y quedó ya establecido en la última reforma de telecomunicaciones. Sin embargo, las televisoras no quieren entregar esa información, cuando podría pedirla Nacif como presidente de la Comisión de Fiscalización al Ifetel, que es la autoridad que registra esas tarifas. “Si las televisoras no quieren entregarlas no vamos a hablar de precio comercial, vamos a hablar de tarifa mínima. Es decir, no se puede cobrar menos. Y si se cobró menos que la tarifa mínima, entonces hay aportación. Como esa investigación no se ha hecho, propongo que se haga, puesto que el concepto de tarifa mínima es constitucional, si de algo ha de servir la Constitución”, planteó el perredista. “Sobre esa base puede actuar la autoridad investigadora y puede llegar a las conclusiones que sean necesarias, porque spots, en proyección nacional de a 26 mil pesos, que me aparten unos tres o cuatro, no por falta de ganas sino por falta de dinero, hasta ahí sí puedo llegar y cualquier pudiera empezar a comprar ahora spots y revenderlos 10 veces más o 20 veces más”, criticó. El consejero Ciro Murayama recordó que estas quejas fueron presentadas por el PRD y Morena por haberse beneficiado de la campaña en radio y televisión del 18 de septiembre y hasta febrero pasado, desplegando 293 mil 321 impactos en los medios de comunicación. También recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá ratificar la nueva multa al PVEM, había dictaminado, el 19 de diciembre, que sólo pueden propalarse en los medios los mensajes de los servidores públicos, a condición de que no aludan a la imagen, voz o símbolos que gráficamente impliquen al servidor público.
No obstante, “es claro lo que ocurrió. El PVEM tomó dinero de los grupos parlamentarios, recursos de origen público dedicados al buen funcionamiento del Legislativo para sumarlos, contraviniendo la ley al financiamiento público partidista que legalmente le correspondía. Fue una aportación en especie que asciende a más de un tercio del financiamiento público ordinario anual que recibe el partido”, acusó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) promovió una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por considerar que las multas que se le han impuesto violan el derecho de acceso a la información. Carlos Puente, vocero del PVEM, aseguró que el modelo de difusión diseñado por las autoridades electorales mexicanas es violatorio de los derechos humanos. Este anuncio ocurre horas antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) vote un dictamen que propone sancionar al PVEM con 329 millones de pesos por la transmisión de 270 mil spots entre septiembre del año pasado y febrero de 2015. El PVEM defendió que sus legisladores hayan financiado la campaña para difundir sus gestiones parlamentarias: “Es un ejercicio de rendición de cuentas, lo queremos dejar muy claro”.
Puente argumentó que el modelo creado por el INE ha perjudicado a los concesionarios de radio y televisión “con una doble tributación impuesta injustamente”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Una de las razones que argumentó el Gobierno del Estado de México para la cancelación es que la firma quería cobrar 50 centavos por cada vehículo que cruzara por una caseta de la red de autopistas estatal.
El Gobierno del Estado de México canceló el proyecto de Sistema Independiente Vehicular de Aforos (SIVA) que realizaría la empresa Infraiber, luego de que la víspera denunciara que OHL México se negó a medir el aforo de autos que circulan por el Circuito Mexiquense, publica Reforma. Una de las razones que argumentó el Gobierno del Estado de México para cancelar el proyecto es que la firma quería cobrar 50 centavos por cada vehículo que cruzara por una caseta de la red de autopistas estatal. “El Gobierno del Estado de México ha cancelado el proyecto SIVA, Sistema Independiente de Aforo Vehicular, que consistía en que la empresa Infraiber supervisara el número de vehículos que cruzan por la red autopistas de la entidad. Dicha empresa pretendía cobrar 50 centavos por cada automóvil que cruzara una caseta de peaje, lo cual incrementaría en esa misma proporción las tarifas de las autopistas estatales afectando de manera directa a las y los usuarios”, explicó la consejera jurídica estatal, Luz María Zarza. Reforma publicó que desde 2013, OHL México impidió la instalación de un equipo que mediría y reportaría en forma independiente el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense al Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). Así lo aseguró la empresa Infraiber, que proveería el Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), contratada por el Gobierno del Estado de México desde 2011 para tener información de primera mano sobre esta concesión. Infraiber es la compañía que ha publicado varios desplegados en contra de OHL México, por lo que considera un manejo fraudulento de la concesión, y el sitio web www.finalabuso.net. De acuerdo con la Consejera Jurídica, la intención de la empresa era cobrar cada cruce de caseta de todos los vehículos que pasaran diariamente por las 10 autopistas que están en operación en la entidad, además de contemplar el mismo cobro en las autopistas que se llegaran a construir en los siguientes 20 años con la posibilidad de que dichos plazos fueran incluso prorrogados.
Asimismo, durante los plazos mencionados el gobierno estatal no podría contratar a otra empresa para contabilizar los aforos vehiculares de las autopistas. Ante esta intención, la Administración estatal canceló el proyecto justificando que contraviene, dijo Zarza, los principios de legalidad y libre competencia. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Legisladores del PRI y el PVEM votan en contra de discutir una exhortación al INE para retirar el registro al PVEM; también se oponen a discutir la represión a trabajadores en San Quintín.
En el Congreso de la Unión los legisladores no quieren debatir sobre el registro del Partido Verde Ecologista de México. Senadores y diputados del PRI y PVEM frenaron este miércoles la discusión sobre la exigencia de más de 140 mil ciudadanos para retirar el registro al Partido Verde, ante las graves y sistemáticas violaciones a la legislación en materia electoral. Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador perredista Armando Ríos Piter presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) a cancelar el registro de ese instituto político. Sin embargo, diputados y senadores del PRI y PVEM votaron en contra de que se dispensaran los trámites, por lo que el tema fue turnado a comisiones. Desde la tribuna, Ríos Piter denunció la sofisticada logística publicitaria implementada por el PVEM, que incluye la donación prohibida de recursos para comprar tiempos en radio, televisión, cines, contratar espectaculares, repartir mochilas, tarjetas y utilitarios. Ríos Piter señaló que el PVEM ha utilizado recursos públicos y privados de origen ilegal, lo que podría constituir la comisión de delitos en casos como el desvío de dinero del Senado de la República. Según el legislador, se trata de una estrategia en la que el Partido Verde no sólo es acompañado por el PRI, sino incluso por el gobierno federal, ante la complacencia de las autoridades electorales. “Poniendo en evidencia que la incapacidad del INE genera una señal de plena impunidad“, acusó. La diputada Graciela Saldaña reprochó que las autoridades no hayan sancionado al PVEM luego de un año de reparto de despensas en el Estado de Quintana Roo, a través de diversas organizaciones. El coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett, condenó que los legisladores priistas y sus aliados del Verde ni siquiera sean capaces de permitir la discusión de temas relacionados con corrupción.
Luego de exponer las críticas, el PRI y el PVEM también se negaron a discutir las propuestas del PT, relacionadas con la represión de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín y el escándalo de corrupción en la empresa OHL, beneficiada por los gobiernos del Estado de México. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La líder de las Policías Comunitarias de Olinalá, Guerrero, permanece en "confinamiento solitario", sin contacto humano, denunció Alejandra Gonza, representante de Nestora ante la CIDH.
Después de nueve días de huelga de hambre, Nestora Salgado presenta un “importante deterioro” en su ya delicado estado de salud, informó su abogado Leonel Rivero, en conferencia de prensa junto a representantes de derechos humanos y familiares de la líder de las Policías Comunitarias de Olinalá, Guerrero. El abogado indicó que Nestora Salgado, recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, desde agosto de 2013, “está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias” en la huelga de hambre que mantiene, en demanda de su liberación inmediata, informó La Jornada. “Nestora sólo está tomando líquidos desde hace nueve días y continuará así, hasta que la liberen”, dijo su abogado, en la misma conferencia de prensa en la que familiares de la activista advirtieron que, en caso de no obtener la libertad de Nestora, realizarán un plantón en la ciudad de México, previo a las elecciones. De acuerdo con Leonel Rivero, la detención de su cliente obedece a un “claro interés político” y se han cometido una infinidad de violaciones a los derechos humanos en el proceso judicial, situación que se agrava aun más con la lejanía de los juzgados que conocen del caso, ubicados en Chilpancingo, Guerrero; Xalapa, Veracruz ,y Tepic, Nayarit.
A Nestora Salgado, además, no se le han practicado las evaluaciones médicas independientes que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció Alejandra Gonza, la representante de la líder de las Policías Comunitarias ante el organismo internacional. Gonza añadió que Nestora se encuentra en “confinamiento solitario”, sin ningún contacto humano, desde su detención. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La corrupción política, motor de la delincuencia organizada, dice el investigador.
La corrupción política en México es el corazón de la delincuencia organizada, advirtió Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad Columbia de Nueva York. Afirmó que el país se ha convertido en exportador de inestabilidad, y agregó que el enemigo de la nación está en el gobierno. Luego de participar en el foro Derechos humanos y antimafia social en Amercia Latina, que organizó la Red América Latina Alternativa Social (ALAS), señaló que México vive un tsunami de crímenes de lesa humanidad, e insistió en que el motor de la delincuencia organizada en el país son los políticos. México tiene una delincuencia de Estado. Si la corrupción política sigue su curso y abre las empresas a estos grupos criminales para que sigan expandiendo sus operaciones y sigan contrabandeando armas desde Asia, Centroamérica y desde Estados Unidos de la manera en que lo hacen, el conflicto armado mexicano va a llegar a proporciones mucho más graves que lo que tiene ahora. En su intervención, la periodista Carmen Aristegui manifestó que los medios de comunicación deben compartir con la sociedad organizada el compromiso de exhibir la corrupción. “Los medios de comunicación tenemos trabas, dificultades. Hay fenómenos de autocensura muy arraigados en países como México, y fenómenos de censura también arraigados y presentes en nuestro país. Es algo que no nos sorprende en el resto de la región, y tenemos que plantearnos como un asunto que debe combatirse y denunciarse también.
“La sociedad y las organizaciones deben tener plena conciencia de lo que significa que medios de comunicación no tengan la posibildiad real de exponer, explicar, alentar el debate de contribuir en la discusión pública de los grandes temas de la nación, empezando desde luego por el tema de la corrución. Si los medios de comunicación se encuentran ahorcados o limitados o francamente impedidos de informar, denunciar y hablar de temas de corupción, hacen evidentemente mucho más difícil la tarea de las organizaciones que están batallando por articular esfuerzos muy específicos para combatir al crimen organizado o para ayudar en las tareas preventivas de control social y, sobre todo, de atención a las víctimas, indicó. Ante la escalada de violencia en Jalisco en días pasados, Buscaglia aseguró que el problema mexicano no es de armas ni de falta de helicópteros o de personal militar; es de corrupción política y empresarial, que ha permitido la expansión de redes criminales en toda la República y más allá de sus fronteras. “México todavía no ha tocado fondo; eso es algo que ustedes tienen que entender. El Ejército Mexicano no necesita más armas ni más soldados, ya que tiene los suficientes. El cáncer de México como sociedad y Estado está dentro del mismo Estado. El enemigo está dentro de la misma casa y eso es lo que se tiene que entender. A mí no me llama la atención el arsenal en las manos de las redes criminales, como la de Jalisco. Hace años que vienen atacando convoyes militares en México; sin embargo, “haber derribado un helicóptero de las fuerzas armadas se transforma en un símbolo de debilidad del Estado y es un shock sicológico para cualquier institución”.
Para Buscaglia otro de los problemas de la creciente violencia en el país se debe a que el gobierno federal no quiere tomar medidas de confiscación patrimonial ni intervenir a las empresas mediante las cuales los grupos criminales usan sus sistemas de transporte y la infraestructura. No quiere atacar esos dos ángulos porque ello significa atacar a sus mismos partidos. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
"Respecto a la posibilidad o no de una reparación que implique que la periodista continúe con las transmisiones del noticiero... éste será un tema de fondo que se reservará para su análisis hasta la sentencia que se dicte en el juicio de amparo", señaló el juez.
El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, informó que resolvió conceder la suspensión definitiva solicitada por la periodista Carmen Aristegui Flores, para que cesen los efectos y consecuencias del aviso de terminación contractual, impulsado por la empresa MVS. En un comunicado se detallaron los alcances de la suspensión: -La suspensión se concede para el efecto de que la empresa concesionaria -MVS Radio- cumpla con el contrato marco y, en consecuencia, brinde a la periodista la posibilidad de discutir, dialogar, conocer y presentar una defensa con respecto a las causas y razones del aviso de terminación reclamado en el presente juicio. -Se concede la medida cautelar para que MVS Radio continúe considerando como parte de su equipo de periodistas a la quejosa y, en consecuencia, le reintegre los pagos y remuneraciones pactados en el contrato desde la fecha en que comenzó a surtir efectos el aviso de terminación reclamado y continúe pagándolos hasta que se dicte sentencia de fondo en el juicio principal o bien cuando culmine la vigencia del contrato anual celebrado por las partes, con excepción de las contraprestaciones provenientes de la publicidad del programa pactadas en el contrato marco. -Se concede la medida cautelar exclusivamente para que MVS Radio cumpla en sus términos con el contrato marco suscrito por ambas partes en el que acordaron que en caso de conflicto deberían solventar sus diferencias mediante un arbitraje -y no de manera unilateral-, considerando que el conflicto se generó, centralmente, entre otras cosas, por la intervención de MVS Radio en la permanencia de los colaboradores de la periodista. “El Juez Fernando Silva estimó respecto a la posibilidad o no de una reparación que implique que la periodista continúe con las transmisiones del noticiero, que éste será un tema de fondo que se reservará para su análisis hasta la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no en el presente incidente de suspensión”, se detalló. “Lo anterior, en razón de que dicho estudio requiere de un examen pormenorizado del alcance de la libertad de empresa (que si bien se ve limitada no desparece en su contenido esencial dentro de una concesión administrativa), frente a la libertad de expresión e independencia periodística de la parte quejosa, momento en el cual dicho estudio será viable porque las partes ya habrán presentado todas las pruebas y formulado integralmente sus planteamientos de constitucionalidad, máxime que la sentencia de amparo, en su caso, sí hace posible constituir derechos con independencia de la vigencia estipulada en el contrato marco”, abundó. La resolución puntualiza que, toda vez que las partes se obligaron al arbitraje en caso de conflicto y considerando el tiempo transcurrido desde la terminación reclamada, dicho diálogo deberá iniciar y llevarse a cabo dentro del plazo de tres días hábiles en las instalaciones de MVS Radio, con la persona que han designado las partes en sus convenios modificatorios (José Woldenberg Karakowsky), según su disponibilidad y en caso de desacuerdo o falta de disponibilidad, el que señale la parte quejosa, dada la apariencia de buen derecho de su demanda. Además, el juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que se dejen de aplicar con la periodista los “Lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas”. La suspensión definitiva decretada surte sus efectos desde luego y en tanto se resuelve el juicio de amparo en lo principal, puntualizó el juez.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer la versión pública de los interrogatorios que recientemente realizó a 20 militares en el marco de las investigaciones que realiza por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) al resolver un recurso de revisión en el que argumentó que “por tratarse de una violación grave de derechos humanos” es inoperante la causal de reserva invocada por la PGR con el argumento de que se trata de una investigación en curso. Además, el organismo nacional de transparencia resolvió otro recurso de revisión en el que ordenó a la PGR difundir las versiones públicas de las “investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres de la misma normal en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”. La comisionada Areli Cano, quien analizó ambos casos, argumentó que el tratamiento como caso grave de violación de derechos humanos ya ha sido sostenido por el INAI y sustentado en la trascendencia nacional e internacional que ha tenido la desaparición de los normalistas. Y recordó que de acuerdo a la legislación “no podrá invocarse la causal de reserva tratándose de casos graves”. Incluso, abundó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó una oficina específica para dar seguimiento al caso; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó un comité de expertos internacionales con el mismo fin y el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aludido al tema, lo que refleja el impacto social e internacional de los hechos. Por ello, la comisionada consideró improcedente el argumento de la PGR para negar la información y destacó la importancia de dar a conocer información sobre el caso a efecto de que la sociedad tenga un seguimiento puntual de la actuación de sus autoridades, sobre todo porque está comprobado que 48 policías de Iguala y 16 de Cocula, están detenidos por estar involucrados en los hechos.
En ambos casos, la PGR deberá entregar una versión pública: de la declaración de los militares y de la averiguación previa. Sólo podrá eliminar información confidencial de los inculpados, víctimas y testigos, así como los nombres de los Ministerios Públicos y personal de la dependencia con funciones operativas, pero “no podrá omitirse nombres de los que presuntamente participaron en los hechos”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El aparente resurgimiento de un grupo de civiles armados que se asumen como autodefensas legítimas pone la mira de nuevo en Michoacán. Los detractores dicen que tienen móviles electorales.
Con un comunicado lanzado desde el anonimato, un grupo de hombres armados –y encapuchados– que asegura representar a los autodefensas legítimos, anunció la continuación del movimiento armado en Michoacán. Este surgimiento desestima que la insurgencia civil que nació el 24 de febrero del 2013 haya sido desmovilizada, como asegura el Gobierno Federal. “Le informamos al pueblo de Michoacán”, dice el comunicado “que aunque muchos de nuestros hermanos sigan en la cárcel injustamente, muchos otros hayan muerto por defender a sus familias, sus tierras y su pueblo, los autodefensas legítimos no nos hemos desmovilizado, no hemos dejado las armas ni nos hemos uniformado como lo dice el gobierno de Peña Nieto”. Para la Federación, las autodefensas fueron oficialmente desmovilizadas el 7 de julio del 2014, cuando el aun comisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, decretó el fin del levantamiento armado y anunció la incorporación de algunos de civiles armados a la Fuerza Rural Estatal. Desde entonces, los grupos de autodefensa ni siquiera se mencionan en discursos oficiales, mucho menos se reconocía su persistencia. “No vamos a parar”, dice el comunicado, “hasta que tengamos verdadera justicia. Los representantes de los pueblos levantados advertimos que el territorio no está libre del crimen organizado, que nuestros pueblos siguen acechados por los delincuentes. Es una vergüenza que el gobierno se haga el sordo y el mudo ante la muerte, y pretenda ocultar la realidad de violencia y miedo con el que vive nuestra gente”. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) emitido la tarde de ayer desde la ciudad de Morelia, no descarta la posibilidad de que el anuncio del resurgimiento sea una respuesta de los comuneros de Aquila a la sentencia condenatoria emitida en contra del líder Agustín Villanueva Ramírez, uno de los hombres cercanos al también encarcelado y fundador de la resistencia, José Manuel Mireles. Y es que el anuncio se presenta a cinco días de que un juez estatal de primera instancia dictara sentencia condenatoria de 47 años de prisión al líder de las autodefensas de Aquila, quien organizó a los comuneros no solo contra el cártel de Los Caballeros Templarios, sino contra la minera Ternium, que explota hierro en esa localidad. Villanueva Ramírez fue detenido el 13 de agosto del 2013, al lado de 44 autodefensas. Fue acusado por el gobierno estatal -a través de la Procuraduría de Justicia encabezada por Marco Vinicio Aguilera Garibay- de ser responsable de los delitos de robo, secuestro y lesiones en agravio de Celerino Ontiveros Palominos, integrándosele el proceso penal 115/204-II. En Aquila pocos creen de la responsabilidad penal del líder de las autodefensas. Allí se apunta a una venganza Ternium contra Villanueva Ramírez y sus hermanos Efraín y Vicente, quienes organizaron a los comuneros para cobrar regalías por el suelo que se apropió la minera. Los Villanueva Ramírez pudieron arrancarle a Ternium una negociación para que la minera pagara regalías a la población por la cantidad de 3.8 dólares por cada tonelada de mineral extraído. Tras los acuerdos, Ternium no fue constante en el pago a los comuneros, por eso, Villanueva Ramírez encabezó varios bloqueos a la extracción de hierro, causando severas pérdidas económicas a la transnacional. Fue el departamento jurídico de esa empresa el que gestionó ante el Procurador de Justicia de Michoacán la integración de la averiguación previa penal a fin de lograr el encarcelamiento no solo de los hermanos Villanueva Ramírez, sino de todo el grupo de autodefensa que se levantó en la zona. Agustín Villanueva Ramírez –dice un miembro de la autodefensa de Aquila- afectó los intereses económicos de la minera Ternium no solo mediante el cobro de regalías por la extracción de hierro, sino porque erradicó de las minas la presencia de las células del cártel de Los Caballeros Templarios, que comercializaban a bajo costo mineral extraído ilegalmente de otras minas de la zona. Aunque en el comunicado difundido los autodefensas legítimos no hacen alusión directa a ninguno de los hermanos Villanueva Ramírez, sí advierten la molestia de los autodefensas moviliados por “los encarcelados injustamente”. A la fecha el Gobierno Federal mantiene bajo proceso penal más de 300 integrantes de los grupos de autodefensa, quienes están siendo sometidos a proceso penales por delitos graves, la mayor parte de ellos en cárceles federales. Van contra el PRI La urgencia del Comité Directivo Estatal del PRI para dudar que lo expuesto en el video difundido por las autodefensas legítimas sea verdad, parte de los ataques directos que se hacen al sistema priista del estado. En el comunicado, el candidato a la gubernatura Asunción Orihuela Bárcenas, es blanco directo de los presuntos autodefensas, quienes lo acusan de estar asociado con el crimen organizado. El ataque al candidato del PRI, es contundente: “Declarémosle la guerra, es un verdugo del pueblo, que miente y traiciona. No estamos hablando con el sino con todo el cártel, peor que Los Templarios. Por la memoria de nuestros hijos muertos, de nuestras mujeres violadas, de nuestra tierra robada, de nuestros hermanos secuestrados, de nuestros comunitarios asesinados, no dejemos entrar al cártel de los Orihuela, encabezados por ‘Chon’, no hablemos con él, no lo apoyemos”.
En el video, se culpa al PRI de haber permitido que el cártel de Los Templarios “gobernaran y masacraran a nuestra gente”, haciendo un llamado directo a los vecinos de Chinicuila, Coahuayana y Aquila -incluido al líder del movimiento en la Sierra Costa Nahua, Samei Verdía- para “que no permitan que regresen a su territorio los que han gobernado a Michoacán y abandonado a su gente”. El comunicado del resurgimiento de los autodefensas legítimos también se lanza contra “el narco gobierno y su generación de narco políticos del PRI como Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Alfredo Castillo, como los Orihuela, todos ellos sirvientes de ‘La Tuta’”, refiere. Hacen mutis Ni la Secretaría de Gobernación ni el gobierno estatal de Salvador Jara han manifestado posicionamiento alguno. El aparato de comunicación del gobierno estatal no consideró dentro de la agenda informativa del día un posicionamiento sobre el resurgimiento oficial de los grupos de autodefensa. No hubo respuesta al reclamo de la opinión oficial. La agenda de comunicación fluyó como desde hace 10 meses: en Michoacán no sucede nada, más allá de las esporádicas y reducidas reuniones en donde el gobernador expone un estado distinto al que ven los demás. ‘No se dejen engañar’ El video que circula ya en las redes sociales, invita a los michoacanos a no dejarse engañar, a que no se castiguen y a que levanten dignamente la voz contra el olvido. “Acuérdense del miedo, la sangre derramada por cientos de hermanos. Es una vergüenza y una traición que algunos autodefensas por el poder y el dinero hayan vendido el movimiento. “Estanislao Beltrán, es el mayor traidor, ya olvido a nuestros hermanos que murieron asesinados a manos del Ejército, por órdenes de Alfredo Castillo y por el narco gobierno del PRI, cuando querían desarmarnos mientras Los Caballeros Templarios nos tenían rodeados para masacrarnos.
“Ahora Papa Pitufo tiene amnesia y le levanta la mano a ‘Chon’, ya olvidó que el doctor Mireles sigue en la cárcel por defender a su pueblo”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
La organización Mexicanos Primero denunció ayer que cinco partidos políticos se negaron a firmar un decálogo educativo debido a ‘intereses electorales’.
La tensión electoral ya alcanzó a la reforma educativa. La firma del decálogo “Diez compromisos por la educación”, propuesto por 126 organizaciones encabezadas por Mexicanos Primero, dividió a los 10 partidos políticos que competirán por votos el próximo 7 de junio. A la convocatoria de la iniciativa ciudadana asistieron ayer representantes del PAN, PRI, PVEM, así como de Encuentro Social y del Partido Humanista. Los partidos de izquierda; PRD, PT, Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron la iniciativa, al igual que Nueva Alianza. De acuerdo con Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, el acuerdo tiene como objetivo garantizar que los candidatos a elección popular garanticen la aplicación de la reforma educativa. Por lo anterior, González reprochó que algunas organizaciones políticas se hayan negado a firmar el compromiso. Su negativa es “oportunista ante el panorama social complicado”, aseguró. Maestros en juego Según reportó El Financiero, Claudio González habló del tema con el presidente nacional perredista, Carlos Navarrete, a quien aseguró “le ganó el interés electoral”. “Había que fijar una postura con respecto a Guerrero y Michoacán y la postura fue la de primero sus intereses antes que la de los niños”, añadió González. Asimismo, calificó a Movimiento Ciudadano como “rajón”, pues su respuesta estuvo llena “de evasivas y generalidades”.
Aún así, el representante de la organización civil Mexicanos Primero recordó que en el decálogo no se incluye más que lo ya acordado por ley, por lo que todos los candidatos o futuros gobernantes están obligados a cumplirlo. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
COLIMA, Col: El PAN denunció una estrategia de espionaje en contra de su candidato a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, en la que estarían involucrados el PRI y el mandatario estatal Mario Anguiano Moreno. En rueda de prensa, el vocero de la campaña panista, Francisco Rodríguez García, presentó a Luis Armando Galindo Ochoa, exanalista del Cisen, quien manifestó que un directivo del equipo de campaña del priista Ignacio Peralta Sánchez le ofreció integrarse como coordinador de inteligencia y análisis para elaborar una estrategia de espionaje que tendría como principales objetivos a Preciado Rodríguez y a Óscar Zurroza Barrera, coordinador de alianzas y estrategias en la campaña panista. Galindo Ochoa, quien actualmente es director regional de la empresa Excelencia Tecnológica en las Comunicaciones, dijo haber denunciado ante la Fepade el intento del PRI de comprar equipo para labores de espionaje en contra del PAN. Además, reveló que sostuvo una reunión con el subcoordinador estatal de la campaña priista, Hilario Leal Viera, quien aparte de ofrecerle realizar labores de espionaje le indicó que tendría que contratar a 15 personas de su confianza y comprar equipo sofisticado para esa labor. “Me dijo que buscara equipo en Estados Unidos o en México, que él ya había comprado dos equipos para que cuando entres a una oficina se anule cualquier celular o intento de grabación; me mostró físicamente algunos de los equipos y me señaló dos que él ocupaba como microondas para espiar concretamente a Zurroza y a Jorge Luis”. De acuerdo con Luis Armando Galindo, el colaborador de la campaña priista “fue más allá en sus declaraciones porque utilizó términos más delicados, y es donde yo decido presentar esta denuncia, que fue cuando él comentó que tenía autorización del gobernador, textual lo dijo, licencia para matar y neutralizar a dichos adversarios, son dos palabras que sostengo en su cara y lo sostuve en la Fepade”. Añadió: “Me dijo que él ya se reunió con el gobernador Mario Anguiano Moreno, con el candidato Ignacio Peralta, con su jefe Arnoldo Ochoa y con el presidente del PRI para contratarme (…) Yo no iba a pedir trabajo, estábamos haciendo una propuesta de soluciones empresariales, y él me hizo esa contrapropuesta”. Incluso, describió Galindo, el emisario priista le mostró un estudio de la situación política en la entidad desde noviembre pasado. “Cuando leo el estudio, era un grupo de contención política para neutralizar políticamente adversarios de otros partidos, ahí mencionaba equipo, recursos de inteligencia, recursos de intercepción, de espionaje político, eran más de 25 páginas”. Tan sólo para labores de espionaje, puntualizó Galindo, el PRI tiene un presupuesto de 13 millones de pesos y, para no tener contratiempos, los integrantes tienen a su disposición la información de las diferentes dependencias en la entidad. La propuesta de contratarlo, señaló, fue autorizada al más alto nivel del gobernador y el candidato del PRI, con el ofrecimiento de una tarjeta de nómina y credenciales de la estatal Coordinación de Análisis Sociopolítico para que pudiera solicitar información y hacer su tarea en cualquier dependencia o en cualquier organismo público o privado sin necesidad de tener problemas para realizar su labor.
Por su parte, Francisco Rodríguez García dijo tener información en el sentido de que la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal, a través de ‘drones’, ha estado vigilando, sobrevolando y tomando fotografías en las propiedades de Jorge Luis Preciado, por lo que “no solamente utilizan el recurso humano, sino también las herramientas, la infraestructura y la tecnología”, alertó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
TEMASCALCINGO, Edomex: Apolinar Mena no dejará la Secretaría de Comunicaciones mientras se realizan las investigaciones por presunta corrupción entre funcionarios de su administración y la empresa OHL en la construcción y operación del Viaducto Elevado Bicentenario, advirtió hoy el gobernador Eruviel Ávila. Renuente a hablar del tema, el mandatario finalmente accedió a responder a la pregunta de que si no iba a remover provisionalmente a Mena Vargas, como ya ocurrió con Pablo Wallentin, ejecutivo de OHL en México. El mandatario dijo que “no, por el momento”, que es necesario esperar los avances de las investigaciones que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría local. “Ya están las investigaciones y una vez concluidas les comento qué pasó con ellas”, indicó después de encabezar la entrega del camino Temascalcingo-Bassoco. La semana pasada medios españoles divulgaron tres audios en los que se escucha a Polo Mena solicitar 150 mil pesos a Pablo Wallentin por concepto de hospedaje en el hotel de la Riviera Maya “Fairmont Mayakoba”, propiedad de OHL. Derivado del escándalo, las autoridades mexiquenses solicitaron una auditoría en la que habrán de participar la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Transparencia Mexicana y la consultora Price Waterhouse Cooper. La revisión se realizará a bases de datos financieros y contables, además de construcción, para verificar que la empresa OHL cumpla debidamente los términos del contrato de concesión del Viaducto.
No obstante, la investigación deja fuera otras obras importantes de la compañía en la entidad, como el Circuito Exterior Mexiquense que le aporta utilidades anuales por dos mil 400 millones de pesos, y el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde posee la mayoría de las acciones, además de la decisión, impulsada en febrero pasado por el Ejecutivo estatal, de ampliar los plazos de concesión a las autopistas que la empresa española opera. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: Miguel Ángel Mancera aseguró que su labor al frente del gobierno del Distrito Federal es “de interés público” y no “político” ni de árbitro en el proceso rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio. Así respondió a la acusación que ayer hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en la capital persiste la entrega de despensas para coaccionar el voto operada por el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y la advertencia de que si hay fraude en las elecciones, el tabasqueño “pintará su raya” con el mandatario capitalino. Esta mañana, en conferencia de prensa, Mancera le reviró: “Yo estoy concentrado en el interés público. Mi tarea es una tarea de gobernante y yo le deseo el mayor de los éxitos, de ninguna manera voy a desviar la actuación del gobierno, el gobierno actuará puntualmente con todas y cada una de las atribuciones que le corresponde”. Como ya es su costumbre de no entrar en polémica, el mandatario local dijo: “Yo quiero reiterar que es de todos conocida la trayectoria del licenciado López Obrador, su representatividad política, que él está ahora al frente de una nueva expresión o de una nueva organización política, y que está haciendo política todos los días y que está concentrado en que a esta organización, como muchos auguran, pues le vaya bien políticamente”. Agregó: “Ese es el interés político, es el interés de un político. Y yo estoy concentrado en el interés público”. Luego, hizo énfasis en que él no es actor político ni mucho menos árbitro, aunque por la mañana en entrevista radiofónica aceptó tener interés por contender por la Presidencia de la República en el 2018, aunque lo dijo a su modo: “estoy in”. La crítica de ayer de López Obrador hacia el gobierno de Mancera Espinosa no fue la primera que hace en lo que va del proceso electoral y durante sus giras proselitistas para apoyar a los candidatos de Morena en el DF. La semana pasada, el tabasqueño acusó que el GDF tiene retrasos en la operación del Programa de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores. Y aunque el jefe de gobierno omitió responder, la Secretaría de Desarrollo Social capitalina reviró con cifras sobre el puntual funcionamiento del mismo. Sobre la acusación de López Obrador en el sentido de que continúa la entrega de despensas a cambio de votos en la ciudad, el jefe de Gobierno llamó de nuevo a las jefaturas delegacionales a mostrar “voluntad política” en el actual proceso electoral y suspender sus programas sociales. No obstante, recordó que el árbitro de la contienda es el Instituto Electoral del DF y dijo que ahí es donde se deben interponer y dar seguimiento a las denuncias. “Yo tengo que responder de mi Gobierno, el Gobierno de la Ciudad de México, las áreas del Gobierno. En el caso de las delegaciones, hacemos exhortos”, dijo. A propósito de los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad –la detención e intento de fuga de un presunto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el hallazgo de tres cuerpos desmembrados en Azcapotzalco y Tultitlán, Estado de México–, Mancera reiteró que el DF es un “lugar de tránsito” y de abastecimiento de tecnologías para los cárteles de la delincuencia organizada, pero dijo que eso no significa que estén asentados en la capital.
“Sí es un lugar de tránsito, sí es un lugar de abastecimiento de tecnología, pero es muy diferente a que habláramos de que está un cartel asentado. Así lo platiqué con la Procuradora General de la República, ella lo puede confirmar en cualquier momento”, dijo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, afirmó que la fianza de siete millones de pesos impuesta a cada uno de los tres jornaleros de San Quintín detenidos el pasado sábado 9 de mayo durante el enfrentamiento con policías estatales “no es ni racional ni proporcional”. “Una fianza como ésta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, dijo y añadió que existen mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse. Si bien señaló que el Conapred no puede intervenir en este caso debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que ha dialogado con gente de este organismo autónomo y ha ofrecido el apoyo que se requiera en caso de que haya discriminación. Sin embargo, consideró que los jornaleros viven una “discriminación múltiple”, pues casi todas son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo. “Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó. El asunto, abundó, requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”. Además, dijo, las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas. Reanudan reuniones con el gobierno } Este miércoles, cuatro días después de los enfrentamientos que dejaron decenas de heridos, los jornaleros retomaron el diálogo con las autoridades federales, aunque sin la presencia del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, por “razones de salud. En la reunión, los jornaleros solicitaron el cumplimiento de sus demandas; liberación de cuatro de los detenidos el sábado pasado durante un enfrentamiento en la colonia Lomas de San Ramón, de San Quintín, y fijar un salario mínimo de 200 pesos para los jornaleros, además de pagos extras por cubeta de fresa, entre otros productos. La reunión inició con un retraso de casi dos horas y la ausencia del subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, quien se excusó por motivos de salud e informó que se encuentra hospitalizado. El retraso se debió al cambio de sede de la reunión que originalmente se realizaría en San Quintín. De última hora se cambió a Ensenada, a la sede de la Administración Portuaria Integral (API) y los jornaleros debieron viajar en autobuses que fueron seguido por 20 automóviles y patrullas de la Policía Federal que escoltaron la caravana a petición de los líderes del movimiento. Una comisión de 100 jornaleros encabezados por cinco voceros ingresó al lugar del encuentro, junto con David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y del gobierno del estado. Desde temprana hora se informó que Luis Enrique Miranda no asistiría a la reunión con jornaleros de la región de San Quintín, en Baja California, porque se encontraba hospitalizado. En su lugar asistió David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la SG, así como enviados de la Secretaría del Trabajo y representantes del gobierno federal. Al cierre de esta edición el diálogo continuaba sin visos de algún acuerdo. Decenas de jornaleros permanecían afuera de la sede de la API, en espera de noticias. El 24 de abril pasado autoridades de los gobiernos federal y estatal se reunieron para tratar de llegar a una solución a las demandas de los jornaleros agrícolas.
Según los trabajadores se acordó un nuevo encuentro el 8 de mayo, mismo día en que fueron atacados por policías de Baja California y algunos de ellos encarcelados. Las autoridades federales afirmaron que la cita estaba programada para este miércoles. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
PUEBLA, Pue: El gobierno de Rafael Moreno Valle se resiste a revelar el sueldo que percibe el exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, quien desde el pasado 16 de marzo funge como representante de Puebla en el Distrito Federal. Este miércoles venció el plazo que tenía la Secretaría de Finanzas y Administración para transparentar el sueldo del funcionario, en atención a una solicitud de información, según el periódico Intolerancia. En vez de usar ese canal para proporcionar la información, el reportero de ese medio, Jorge Castillo, fue citado en una bodega de la colonia Romero Vargas, en una zona alejada y complicada de localizar. El reportero contó que tardó más de dos horas para localizar el lugar donde fue citado para recibir la información “in situ”, pero una vez que llegó, recibió una llamada de la encargada de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), Ericka Rojas, quien le dijo que no le proporcionarían el dato. “Hablo para cancelar tu cita, porque el área no me ha dado la respuesta…puedes promover tu recurso de revisión o el método de defensa que consideres”, le dijo Rojas a Castillo. El periodista interpuso el recurso revisión ante la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP) para reclamar la entrega de la información que, por ley, debería de ser pública. Al ser nombrado representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal, Moreno Valle encomendó al exmandatario oaxaqueño fortalecer el vínculo con las dependencias federales y el Poder Legislativo a fin de concretar proyectos prioritarios para el desarrollo de la entidad.
Sin embargo, hasta ahora los medios poblanos sólo han podido confirmar que Carrasco Altamirano acompaña a Moreno Valle en sus giras por otras entidades del país para apoyar a candidatos panistas a distintos cargos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Morelia, Mich. Ternium Las Encinas, empresa minera extractora de hierro en Aquila, podría oficializar esta misma semana un paro técnico, luego de que un grupo de comuneros bloqueó la mina para exigir el pago de regalías extraordinarias, las cuales se encuentran en disputa entre 461 comuneros. En tanto, el líder comunitario y ex-presidente del comisariado ejidal de Aquila, Agustín Villanueva Ramírez, fue condenado a 47 años de prisión y una multa de 159 mil 588 pesos, por los delitos de secuestro agravado y lesiones. El grupo del presidente comunal provisional, Juan Carlos Martínez Ramos, pretende continuar como autoridad para cobrar las regalías por más de 15 millones de pesos, depositadas por la empresa Ternium al Tribunal Unitario Agrario con sede en Colima, informó el comunero, José Luis Hernández. La disputa por el control de las regalías inició después de que en julio de 2013 fue detenido el líder de los comuneros, Agustín Villanueva, quien logró que la empresa Ternium les pagara un precio más justo por la rentas de las tierras donde extraen el mineral, de manera que cada comunero recibe entre 12 mil y 15 mil pesos mensuales. A partir del arresto del presidente del comisariado comunal, varios grupos pretenden controlar las regalías que ofrece la mina, pues representan ingresos adicionales al mes por más de dos millones de pesos. El otro grupo de comuneros, encabezado por Austreberto Díaz Olivares, afirmó desde el pasado 12 de marzo que en asamblea la mayoría de los comuneros lo eligieron presidente comunal. Por ese motivo, sus adversarios lidereados por Juan Carlos Martínez, bloquearan la mina hace un mes. La mina venía extrayendo en promedio 10 mil toneladas diarias de mineral de hierro. Por otra parte, Agustín Villanueva, ex jefe de los grupos de autodefensa en esa región nahua, tendrá que pagar, junto con sus hermanos Vicente y Efraín (también presos y condenados), una multa de 159 mil 588 pesos por los delitos de secuestro agravado y lesiones.
De acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, los tres hermanos Villanueva Ramírez fueron encontrados culpables por delitos cometidos en contra de Celerino Ontiveros y José Antonio Ramírez. FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
