La titular de Sedesol creó un grupo de subdelegadas diestras en tareas electorales. La mayoría de estas funcionarias pertenecen a la organización Mexicanas Comprometidas con la Paz.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, tiene una red personal en las delegaciones de la dependencia, en las cuales colocó como subdelegadas de Desarrollo Comunitario y Participación Social a mujeres de su confianza y con experiencia en la promoción del voto. Esta área es la que en cada entidad opera directamente los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la red de comités comunitarios que administran los apoyos en las localidades.
Entre las subdelegadas hay priístas e integrantes de la organización Mexicanas Comprometidas con la Paz, fundada y dirigida por Robles en 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto –según consta en su curr´Iculo en la página de Internet de la Sedesol–, la cual agrupaba a unas 700 mil mujeres, declaró entonces la funcionaria.
En los actos proselitistas del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, las integrantes de esa organización se destacaron porque eran las que en los actos públicos se acercaban a tomarse fotos con él y coreaban porras.
Cada una gana 47 mil pesos
Una investigación realizada por La Jornada, que incluyó solicitudes de información a Infomex, encontró que en la Sedesol hay una estructura conformada por funcionarias diestras en tareas electorales, cuya cabeza es Rosario Robles, seguida por la red de subdelegadas, quienes a su vez coordinan a los promotores comunitarios, y en la base están los miles de comités que se han establecido en el territorio nacional, a través de los cuales se manejan los programas sociales. Cada una de las subdelegadas percibe salarios de director de área con la clave MA1, que en total suman 47 mil pesos de ingresos brutos para cada una.
Confirmaron lo anterior trabajadores de la dependencia que pidieron omitir su nombre, quienes reiteraron que las subdelegadas son mujeres forjadas en el trabajo político partidista. Basta un ejemplo: la subdelegada de Oaxaca, Silvia Solís, el 21 de enero de este año (según medios locales) convocó a beneficiarios de la cruzada para apoyar a los candidatos del PRI.
La organización proselitista Mexicanas Comprometidas con la Paz se presentaba en 2012 como ajena a los partidos políticos, pero suscribió los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto: ‘‘Nos comprometemos también a promover todos los días los valores de la convivencia pacífica, del respeto, de la tolerancia, de la paz; nos comprometemos a ir a votar para hacer realidad nuestro triunfo. Así lo haremos, porque estamos emPEÑAdas en rescatar a México’’, publicó esta organización en Facebook.
Entre las subdelegadas que provienen de esta asociación están Engracia Alejandrina Vuelvas, en Jalisco, donde fue la coordinadora, al igual que de Colima; ya en 2014 tuvo denuncias porque presuntamente ofreció despensas en Zapopan, El Salto y Tlajomulco a cambio de la identificación oficial y la afiliación a la cruzada, aunque nunca se les entregaron apoyos a los que cumplieron con esos requisitos, y además se amparó para no perder una plaza laboral en el Congreso del estado.
También fueron coordinadoras estatales y asumieron en su momento el compromiso de obtener un millón de votos de mujeres a favor de Peña las funcionarias de Baja California, Nelsyn Adriana García Zavala; Campeche, Nyndira Esther Maas; Sinaloa, la priísta Cristabel Zamora; Veracruz, la también priísta Clara Luz Prieto; Zacatecas, Ana Cecilia Tapia, quien asistió a encuentros de la red y fue regidora del Revolucionario Institucional en la capital de este estado, y de Querétaro, Paulina Escobedo, diseñadora de interiores, e invitada por la secretaria Robles para participar en esa área, según declaró a medios locales.
Entre las que son priístas y están al frente de las subdelegaciones de Desarrollo Comunitario están Idalia Limón, en Tabasco. Declaró a un medio de comunicación en ese estado, el 10 de julio de 2013, que fue invitada por la titular de Sedesol para ese cargo, ‘‘ya que tuve la oportunidad de trabajar con ella directamente y afortunadamente le gustó mi trabajo; espero no defraudarla’’.
Otra subdelegada afiliada al tricolor con trayectoria como operadora política es Karina Olivas, de Baja California Sur, quien de directora de relaciones públicas del ayuntamiento de La Paz pasó a hacerse cargo de los programas sociales. Fue coordinadora de enlace con mujeres en la estructura que realizó en ese estado labor proselitista del PRI en la campaña presidencial de 2012.
En Colima está Macrina Linares, del PRI; fue regidora de Villa de Álvarez; Elisama Núñez, en Chihuahua; en el curr´Iculo que presentó a la Sedesol puso entre sus referencias personales a su jefe, el delegado José Luis de Lamadrid, uno de los operadores de la campaña electoral del gobernador priísta César Duarte.
Violeta Morales labora en la subdelegación de Hidalgo; fue candidata suplente por el Revolucionario Institucional en el distrito 18 de Atotonilco el Grande, en las elecciones de 2013. En San Luis Potosí, Norma Isabel Castro Patton, antes de hacerse cargo de los programas sociales fue directora de ventas, y en 2013 calificó a los campesinos de ‘‘flojos’’.
Por lo que hace a Aguascalientes, Rosario Tapia Macías fue coordinadora de proyectos especiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano; era cercana a la ex delegada Norma Esparza Herrera, quien fue operadora del gobernador del estado, el priísta Carlos Lozano de la Torre. En el estado de México, la subdelegada María de los Ángeles Salazar Vázquez fue subdirectora regional del valle de México del Consejo Estatal de la Mujer y antes trabajó con la primera esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Monica Pretelini, según consta en su currículo.
La subdelegada en Tamaulipas, María Luisa Godoy García, es militante del PRI, y la de Tlaxcala, Alma Nydia Cano Rodríguez, en su experiencia profesional consta que fue secretaria particular del presidente municipal de Tlaxcala. Por otra parte, en Morelos, Silvia Rocío Ceja fue designada por Rosario Robles el 31 de marzo de 2014, y está a cargo, según el delegado de la Sedesol, Jorge Meade, de la entrega de 103 mil televisores como parte del llamado ‘‘apagón analógico’’.
La de Puebla, María Trinidad Barrón, presuntamente apoya a su familia a través de su cargo, ya que el 9 de febrero pasado se publicaron copias de cheques en los que se demostraba que su hermana y sobrina cobran en la delegación. En Guerrero, en 2013 se designó a Socorro Mondragón, lideresa estatal de Mexicanas Comprometidas con la Paz, pero renunció a los pocos meses y el puesto está vacante. En declaraciones a medios en 2012, esta funcionaria dijo que la asociación tenía como meta obtener 30 mil votos de mujeres guerrerenses.
Si bien la mayoría de las subdelegadas son de Mexicanas Comprometidas con la Paz o de militancia priísta, otras son amistades. Yunuen Maldonado, en Michoacán, es amiga de la secretaria Robles; Yunuén es hija del ex alcalde perredista Samuel Maldonado, cercano a Porfirio Barbosa, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Rosario Robles. No hay subdelegadas en Guanajuato, Guerrero, Durango, Sonora y Nayarit; en Chiapas hay un subdelegado, Rodolfo Eligio Molina.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Angélica Enciso y corresponsales
MÉXICO, D.F: El cohete ruso Proton-M se estrelló este sábado en la región de Siberia Oriental luego del inicio de su misión para poner en órbita al satélite de comunicaciones mexicano Centenario.
El Proton-M tuvo una falla todavía no identificada a los ocho minutos de su lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur y acabó impactando en la región de Chita con el satélite.
El Centenario, un satélite de 5.4 toneladas, fue construido por Boeing Satellite Systems para el gobierno mexicano. Su despegue estaba previsto originalmente para el pasado 29 de abril pero fue aplazado a petición de la propia compañía para realizar más pruebas.
La agencia espacial rusa Roscosmos admitió que hubo una falla en el trayecto de la tercera etapa de la nave Protón-M que portaba al satélite Centenario, que provocó pérdida de señal para poder contactar a este mismo.
Un helicóptero de emergencia ruso sobrevoló la zona de la probable caída de los restos de la parte superior del cohete. Sin embargo, los especialistas no pueden localizar ningún fragmento relacionado con el vuelo fallido.
El despegue de la nave rusa fue a las 8:48 de la mañana hora de Moscú. La agencia espacial de Rusia Roscosmos tenía programado poner el satélite en un punto estratégico correspondiente a la posición exacta para que pudiera ofrecer los servicios de telecomunicaciones para México y parte de Sudamérica.
Roscosmos creó una comisión investigadora para esclarecer las circunstancias del fallo, mientras las autoridades enviarán helicópteros a la región de lago Baikal, donde los residentes creyeron oír una fuerte explosión.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte informó que cuenta con los seguros comerciales de cobertura amplia que amparan al 100% la inversión realizada por el Estado mexicano en la fabricación y el lanzamiento.
Aunque se recuperará la inversión del satélite Centenario, el tiempo promedio que tomará preparar y lanzar uno nuevo que lo sustituya es de entre 36 y 38 meses.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo que a pesar de la falla ocurrida en el lanzamiento del satélite Centenario, el servicio está garantizado.
El funcionario indicó que el satélite costó unos 300 millones de dólares, y su lanzamiento unos 90 millones más.
“Tenemos que aprender a convivir con los riesgos que no son extraños en esta industria”, dijo esta mañana Ruiz Esparza en conferencia de prensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
COLIMA, Col: El presidente Enrique Peña Nieto ha sido insensible a los problemas de las comunidades indígenas del país, “por eso andamos aquí, porque no nos han escuchado”, dijo César Cota Tórtola, capitán de la Tribu Yaqui de Loma de Guamúchil e integrante de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida.
En entrevista durante su participación en una marcha por las principales calles de esta ciudad, el dirigente indígena comentó que a lo largo de su recorrido por diversos estados, la caravana ha encontrado muchos casos de injusticia contra los pueblos originarios del país.
“Pensábamos —añadió César Cota— que éramos los únicos que sufríamos el pisoteo de nuestros usos y costumbres, así como los derechos que como mexicanos tenemos, pero ya nos dimos cuenta de que en todos lados hay comunidades que están padeciendo el despojo de su agua y de su territorio”, refirió.
El propósito de la caravana, integrada por cinco contingentes que desde el pasado 11 de mayo recorren el país, es visitar 75 localidades de 23 estados de la República para concluir el día 22 con una concentración en el Distrito Federal en la que serán incorporadas todas las demandas recogidas a lo largo del trayecto.
Convocada por la Tribu Yaqui de Sonora, con el apoyo del organizaciones sociales, la caravana se ha pronunciado contra la privatización del agua, las reformas laborales y el despojo del territorio a través de megaproyectos como presas y acueductos, además de mantener las demandas de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la liberación de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, voceros de la Tribu Yaqui.
A su llegada al estado de Colima, la comitiva visitó la comunidad nahua de Zacualpan, donde sus integrantes tuvieron un encuentro con el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).
En este lugar, los visitantes explicaron los motivos de su movilización y los lugareños los pusieron al tanto de la lucha que han sostenido desde hace más de un año contra el proyecto de explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, que pondría en riesgo un manantial que abastece de agua a alrededor de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.
De acuerdo con Martín Peña Guzmán, miembro del CIDTZ, el encuentro entre indígenas yaquis y nahuas, realizado en el patio de un domicilio particular, incluyó un emotivo ritual de bienvenida y concluyó con una serie de abrazos solidarios entre los participantes.
La reunión, sin embargo, fue infiltrada por tres policías estatales vestidos de civil, que tomaron fotos y grabaron parte del encuentro, pero al ser descubiertos fueron expulsados del lugar, en tanto que algunos habitantes molestos por el espionaje arrojaron objetos contra los vehículos en que se trasladaban los agentes gubernamentales.
En la marcha realizada posteriormente desde el parque de la Piedra Lisa hasta el Jardín Libertad, los miembros de la Tribu Yaqui fueron acompañados por habitantes de Zacualpan, así como integrantes de organizaciones sociales como Bios Iguana, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), entre otras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
CHIHUAHUA, Chih: Luego de las acusaciones hechas contra el director de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, José Antonio Reyes Ramírez, de haber mandado matar al exsecretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola Pérez, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió la destitución del jefe policiaco.
“Las declaraciones de Leyzaola exhiben la incompetencia, falsedad y la perversidad con las que actúan las autoridades de Chihuahua, que nuevamente vertieron diversas versiones sobre el motivo el atentado que sufrió el exfuncionario público”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, en un comunicado de prensa.
El dirigente consideró grave lo dicho por el teniente coronel en retiro, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Héctor Murgía Lardizábal.
Leyzaola aseguró ayer en entrevista con el semanario Zeta que el sicario que le disparó le dijo que el ataque era un “mensaje del dire Reyes”.
El PAN exigió que Reyes Ramírez sea inmediatamente destituido del cargo para investigarlo a fondo porque fue señalado directamente como cómplice del crimen organizado, acusación suficiente para que se le pierda toda la confianza institucional.
“¿Qué dice ahora el gobernador al respecto?, ¿seguirá mintiéndole a los chihuahuenses?”, cuestionó Mario Vázquez.
El dirigente panista considera que es absurdo que el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás espere a que Leyzaola Pérez presente su denuncia ante la Fiscalía del Estado, porque “además de seguir inventando diversas versiones sobre las investigaciones policiacas, son precisamente sus mandos junto con los de Seguridad Pública Municipal, quienes han sido señalados cómplices de quienes intentaron matarlo”.
Vázquez llamó a la ciudadanía a cuestionar en manos de quién está la seguridad pública de los juarenses y del estado.
Leyzaola no quiso rendir declaración, acusa la Fiscalía
Las acusaciones de Leyzaola fueron conocidas por las autoridades de la Fiscalía General del Estado durante la Reunión Nacional de Seguridad Pública que se realizó en el hotel Soberano de esta ciudad.
Ahí se reunieron fiscales, procuradores y secretarios estatales de seguridad de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte y Chihuahua.
Afuera de la reunión el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, rechazó los señalamientos de Leyzaola y dijo que éste no aceptó la invitación que le hizo el Ministerio Público para que declarara.
Junto a Villarreal, el secretario de Seguridad Pública de Juárez, César Omar Muñoz Morales, aseveró que Reyes Ramírez tiene un expediente limpio y ha trabajado con él desde hace tiempo. Admitió que éste fue agente estatal, como lo dijo Julián Leyzaola.
“Es un joven entusiasta que ha venido trabajando conmigo, estamos trabajando en la capacitación de derechos humanos para toda la corporación, para tener presencia con toda la ciudadanía”, dijo Muñoz Morales.
Agregó que están dispuestos a que se investigue a cualquier autoridad a la que se señale por ese asunto.
Leyzaola aseguró que él mismo advirtió a la Fiscalía que Reyes Ramírez no era buen elemento, ya que él mismo lo corrió porque estaba coludido con Los Aztecas y habló con las autoridades estatales para que no lo contrataran pero aun así lo nombraron policía municipal de Juárez.
“Dije: ‘no lo dejen entrar, es un malandrín’, y lo dejaron entrar al final.
“Y la consecuencia fue ésa, lo dejaron entrar; pasa el tiempo, me salgo yo de la Policía y él llega como director de la Policía” informó Leyzaola al semanario Zeta.
El secretario general de gobierno, Mario Trevizo Salazar, dio a conocer anteriormente que Leyzaola nunca quiso tener escolta a pesar de que se la ofrecieron al finalizar su encargo al frente de la corporación en Juárez.
El teniente en retiro confesó que no tiene confianza en las autoridades de la Fiscalía General del Estado porque no le tomaron declaración y trataron de que se dijera que el móvil era por problemas personales con quien le disparó.
El fiscal Villarreal respondió que la Fiscalía se basa en declaraciones oficiales que se hacen ante las autoridades y en este momento no hay una declaración oficial de Leyzaola, porque él se negó a hablar.
“La invitación que se le hizo al teniente coronel, amigo mío por cierto, el teniente Leyzalola, para que hiciera una declaración ya en el momento mismo en que los médicos lo autorizaron para que declarara, él se negó a hacerlo”, enfatizó Villarreal.
Dijo que se le hizo la invitación formal para que declarara unos tres días después del atentado.
“Fue cuando los médicos autorizaron, cuando dijeron ‘ya está preparado para que tenga su mente clara, ya está médicamente hábil”, indicó.
Agregó que el agente del Ministerio Público levantó la constancia cuando se le solicitó su declaración y él dijo “no quiero declarar”, por eso en la investigación no existe la dedicación, efectivamente.
Sin embargo, estamos prestos para poder escucharlos si él menciona tal o cual irregularidad, o hace una acusación, la Fiscalía investigará como investiga a fondo cualquier asunto que le corresponda, pero no existe la declaración.
“Me sorprende esa declaración (de Leyzaola) extraordinariamente porque en cuanto se informó del atentado, el fiscal se trasladó Chihuahua a Juárez y a mí me giró instrucciones para otorgar todo el apoyo, para darle apoyo en el hospital, el gobierno del estado se hizo cargo de los gastos médicos, nunca estuvo incomunicado, siempre estuvo platicando con médicos, con el fiscal general, conmigo y con su esposa y con el exalcalde Héctor Murguía, estuvo consciente antes de que lo metieran a quirófano, él siempre estuvo en condiciones de hablar”, reiteró el fiscal.
Villarreal aclaró que lo que dijo Leyzaola no lo toma como declaración oficial en virtud de que no lo ha hecho en la carpeta de investigación, mientras que César Muñoz cuestionó porqué Leyzaola no hizo esas declaraciones en Juárez.
El exsecretario de Seguridad Pública aseveró que la Fiscalía ha intentado inducir el móvil del atentado a una cuestión personal pero Villarreal y Muñoz también negaron dicho argumento: “Suena ilógico que si la persona de Seguridad Pública que se menciona tiene alguna intervención o le mandó causar un daño, no detenga a los responsables, ahí está para que se le investigue e interrogue”.
Dieron a conocer que hay cuatro líneas de investigación sobre el atentado, y reconocieron que una es la probable participación de Leyzaola en la violación a la hermana de uno de los detenidos.
Muñoz agregó que incluso cuentan con el video del momento del atentado en el cual participan dos personas que están detenidas, aunque al principio sospechaban que eran cuatro y descartó que esté involucrado el crimen organizado, ya que por el tipo de arma, calibre 380, se trata de otro tipo de personas. Además, dijo, sólo llevaban cuatro balas y detonaron sólo tres.
“Estuvimos en el primer anillo de seguridad (en el atentado) cercano a él, estuvo la Policía Municipal y también hubo apoyo de la federal y militar”, agregó César Muñoz.
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez se negó a declarar, aun cuando la Fiscalía General del Estado se lo propuso, señaló el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías.
Julián Leyzaola resultó herido el pasado 8 de mayo cuando se encontraba en su camioneta Jeep Comander, con su hijo de dos años. Su esposa se había bajado y regresó cuando le dispararon al exmilitar.
Hasta ahora hay dos hombres vinculados a proceso: Antonio Castañeda Álvarez El Güero y Hugo Alonso Serenil Luna El Cabezón.
El juez de Garantía pidió investigar la acusación de uno de los implicados en el atentado quien acusa a Leyzaola de haber violado a su hermana de 22 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Mediante el uso de documentos apócrifos, participó en la expedición ilícita de credenciales para votar a menores de edad, delito electoral previsto en el Artículo 411 del Código Penal Federal.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a un servidor público de un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado en Metepec, Estado de México, quien mediante el uso de documentos apócrifos, participó en la expedición ilícita de credenciales para votar a menores de edad.
Este delito electoral está previsto en el Artículo 411 del Código Penal Federal. El indiciado fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional federal, quien resolverá su situación jurídica.
La captura se realizó al cumplimentar una orden de aprehensión girada por un juez de distrito de procesos penales federales con sede en la entidad mexiquense, de acuerdo con la Procuraduría General de la República.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
Esta liberación forma parte de los 13 acuerdos pactados entre los trabajadores con autoridades federales y estatales. En un inicio por tres jornaleros se pedían 7 millones de pesos de fianza, y 500 mil pesos por un cuarto trabajador.
El Gobierno de Baja California concedió el perdón a cuatro jornaleros de San Quintín detenidos durante el enfrentamiento en la localidad de Vicente Guerrero el pasado 9 de mayo, por lo cual quedaron en libertad.
De acuerdo con el periódico Reforma y Milenio los campesinos Aarón Francisco Gamboa Juárez, Moisés Gil Velasco y Antonio Álvarez Cruz fueron acusados de daños a vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y lesiones a Policías estatales, luego de que los agentes ingresaran a la Colonia Lomas de San Ramón por una supuesta llamada.
Esta liberación forma parte de los 13 acuerdos pactados entre los trabajadores con autoridades federales y estatales. En un inicio por tres jornaleros se pedían 7 millones de pesos de fianza, y 500 mil pesos por un cuarto trabajador.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que vigilará el cumplimiento de los acuerdos luego de que se les fijaran fianzas desproporcionadas a los campesinos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: Horacio Armando Hernández Orozco, magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, tiene en sus manos la decisión para que Óscar Manuel Ramírez Siordia recupere su libertad, luego de pasar de testigo a acusado de la muerte de Jacobo, su expareja, bajo un juicio viciado por la homofobia, la discriminación y la violación al principio de igualdad en función de su orientación sexual.
Sin embargo, el caso está en el escritorio del magistrado -el mismo que fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en la terna para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, desde hace casi ocho meses y no tiene fecha para su discusión.
En tanto, Óscar está a punto de cumplir cinco años preso en el Reclusorio Oriente, en un dormitorio especial, junto con otros reclusos considerados como grupo vulnerable por su preferencia sexual.
De acuerdo con Leonardo Bastida, vocero de la asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana que acompaña la lucha del comunicólogo de 28 años, existe un retraso general en los asuntos que lleva el Quinto Tribunal, integrado también por Silvia Carrasco Corona y Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
No obstante, dice en entrevista con proceso.com.mx que el caso de Óscar sólo necesita la ratificación de lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): que hubo una clara violación al debido proceso, mezclado con tintes de discriminación por la orientación sexual del inculpado.
Por ello, este domingo 17 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Letra S desplegó una campaña en redes sociales y pidió a las organizaciones civiles que en sus actos conmemorativos en distintos estados del país, hagan un llamado al ministro Hernández Orozco para revisar el caso y decretar la inmediata liberación de Óscar.
Con la etiqueta “#JusticiaParaOscarR”, la campaña pregunta: “¿Por qué está Óscar en prisión? Asesinan a su pareja y a él lo acusan de crimen pasional. Los prejuicios homofóbicos de fiscales y jueces lo condenaron”.
En otra etiqueta, acusa: “Un caso donde la #homofobia dictó sentencia”. Una más: “¿Víctima transexual = Crimen pasional? ¿Qué se puede esperar de autoridades judiciales que comparten los mismos prejuicios homofóbicos que los criminales?”.
Leonardo Bastida recuerda que en agosto de 2014 la SCJN publicó el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.
Agrega que el caso de Óscar es una oportunidad de aplicar dicho protocolo. Asegura que, de decretar su libertad, sentaría precedente para tratar otros casos similares.
Según el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), en los últimos 19 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian.
Realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana con base en reportes periodísticos de todo el país, el informe asegura que con estas cifras, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, sólo después de Brasil.
Los números apuntan al DF como la entidad donde más se presentaron estos homicidios, seguida del Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Yucatán.
El reporte advierte que en el país se corre el peligro de que “la violencia, la impunidad y la corrupción” que gira en torno a la investigación de estos crímenes en nuestro país vuelva “invisible” el problema.
El caso de Óscar
Desde la prisión, Óscar Manuel Ramírez Siordia estudia la licenciatura en Derecho, como parte de un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Su vida dio un vuelco completo el 6 de julio de 2010, cuando acudió a la casa de Jacobo, su pareja durante cinco años. Un rato después ambos salieron juntos del lugar. Óscar regresó porque olvidó algo y se encontró con su pareja acompañado de otro hombre a quien dijo que conoció por Internet.
Al día siguiente, acudió al departamento y encontró a Jacobo sin vida en la recámara. De inmediato llamó a sus familiares y a la policía, quien lo presentó como testigo en el Ministerio Público para describir al joven que estuvo por última vez con Jacobo. La autoridad le tomó la declaración y enseguida lo detuvo en calidad de presunto responsable del crimen.
El 3 de agosto siguiente, un juez le dictó auto de formal prisión por homicidio calificado. El 9 de agosto, la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años que confesó haber asesinado a Jacobo por negarse a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, como acordaron por Internet. Luego de aplicarle una llave conocida como “mataleones”, se robó una computadora y un teléfono celular. El agresor dijo que actuó solo y que no conocía a Óscar. Pese a ello, la autoridad determinó que ambos lo asesinaron “con traición y ventaja”.
Para el 5 de enero de 2012, el Juzgado 49 Penal del Distrito Federal dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé y los condenó a 27 años y seis meses a cada uno; además, catalogó el hecho como un “crimen pasional”. Cuatro días después, los abogados de Óscar apelaron la sentencia, pero el 16 de abril el Tribunal Superior de Justicia del DF les negó el amparo y ratificó la sentencia.
En diciembre de 2013, a petición de la madre de Óscar, la asociación civil Letra S, así como la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económico (CIDE) asumieron su defensa legal.
Para julio de 2014, presentaron la demanda de juicio de amparo directo ante el tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal por violaciones a los derechos a un debido proceso y a la no discriminación, implicando la violación de los artículos 1, 14, 17 y 20 constitucionales. Argumentaron que hubo una violación indebida de las pruebas, una ilegal admisión de dictámenes periciales y discriminación y violación al principio de igualdad en función de la orientación sexual del procesado.
En una carta escrita en octubre del año pasado desde la celda donde se encuentra en el Reclusorio Oriente, Óscar aseguró que es víctima de “un sistema donde la presunción de inocencia no se respeta, el debido proceso no se cumple, la defensa no basta, los argumentos infundados del Ministerio Público tienen valor pleno y no se reconoce la igualdad jurídica a ninguna persona, incluida cualquier persona de la comunidad Lésbico, Gay Bisexual y Transexual (LGBT)… Que mi caso sea un ejemplo para evitar que otras personas, como yo, sean víctimas de sistema judicial homofóbico e ineficiente”.
En ese mismo mes, el Tribunal Colegiado admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En enero de 2015, el CIDE solicitó a la SCJN atraer el expediente “por la relevancia emblemática del caso”. Sin embargo, los magistrados regresaron el caso al Quinto Tribunal pues dijeron que “las fallas del debido proceso fueron claras”.
Ahora, Óscar, sus familiares y su defensa, esperan el fallo de la autoridad presidida por el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco.
En el historial reciente de este magistrado destaca la polémica elaboración del proyecto de resolución de un amparo relacionado con la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo y los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por más de mil 900 millones de pesos.
Además, emitió una resolución contraria a la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso llamado “Operación Casa Blanca” en el que Washington acusó a empleados de bancos mexicanos de lavar dinero del narcotráfico. El juez liberó a los imputados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
PLAN DE AYALA, Mor: La noche del 2 de abril, el abogado Uri Olivares Adame transitaba en su vehículo por la ampliación del camino a Jiutepec. Iba acompañado por un bisnieto del caudillo revolucionario Emiliano Zapata cuando, desde dos camionetas tipo todo terreno, los atacaron a tiros.
Eran como las 20:30 horas, y Olivares distinguió que desde los vehículos se alistaban a disparar, por lo que aumentó la velocidad mientras destrozaban la parte trasera de su Jetta. No frenó ni cuando una bala lo impactó muy cerca de la nuca. Su acompañante resultó ileso.
Hasta el 10 de abril, Olivares Adame, quien es abogado de Jorge Zapata González –nieto del caudillo y padre del joven que libró el ataque, a quien pidió no identificar–, permaneció hospitalizado y las semanas siguientes estuvo en recuperación. La bala entró y salió, perforándole el músculo del cuello, muy cerca de puntos vitales.
Para Jorge Zapata, “el pleito está declarado” por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu contra los pueblos que en varias zonas de Morelos se oponen a megaproyectos energéticos, extractivos e industriales.
“Son megaproyectos de destrucción, de muerte”, sentencia.
Organizaciones campesinas y líderes comunitarios responsabilizan al mandatario de imponer esas obras para favorecer a grandes trasnacionales practicando clientelismo y represión. Desde 2014, la resistencia a los megaproyectos se unió a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) para mantener su lucha.
Ya el 23 de octubre de 2012, tres semanas después de que Graco asumió la gubernatura, un contingente de 300 policías arribó a las inmediaciones de Huexca, comunidad nahua de Yecapixtla, para desalojar a las campesinas que desde hacía meses impedían el paso de maquinaria con que la empresa española Abengoa quería iniciar la edificación de una termoeléctrica.
La obra forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ideado en el gobierno de Felipe Calderón, quien esperaba inaugurarla en su sexenio. La movilización en Huexca lo frenó.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Tras el fracaso de la ofensiva lanzada desde la Presidencia y el alto mando militar para capturar al capo Nemesio Oseguera Cervantes, salieron a la luz las deficiencias de planeación y tácticas. Entre los responsables de éstas destaca un militar asignado a la lucha contra el narcotráfico y que parece dejar sólo dudas y sombras por donde pasa: es el general José Luis Sánchez León. Alguien en la Sedena lo sacó de Tlatlaya cuando las indagatorias por las ejecuciones extrajudiciales del 30 de junio de 2014 casi lo alcanzaban. Alguien en la Sedena le encargó a él que apoyara desde tierra a los helicópteros militares en la Operación Jalisco.
MÉXICO, D.F: El desastre con que inició la Operación Jalisco, incluida la pérdida del helicóptero Cougar EC725 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), tuvo un actor central: el general de brigada José Luis Sánchez León, jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el mismo mando que está bajo escrutinio por la masacre de Tlatlaya, Estado de México, cometida por soldados el 30 de junio del año pasado.
Sánchez León llegó a Guadalajara a principios de octubre pasado, tras ser removido como comandante de la 22ª Zona Militar, en medio de las investigaciones por la ejecución sumaria de 22 personas a manos de efectivos del 102 Batallón de Infantería bajo su mando.
Como jefe de Estado Mayor de la 5ª Región Militar, el pasado viernes 1 tenía la función de dar apoyo táctico en tierra durante la fallida operación puesta en marcha desde el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), en la Ciudad de México, para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El general Sánchez León es quien le pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que retrasara la llegada de su personal a la bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, después de la matanza de civiles perpetrada por soldados bajo su mando.
No son los únicos hechos graves en la carrera del general. En 2005 estuvo cerca del escándalo cuando la Presidencia de la República dio a conocer que la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva, entonces integrante del Cártel de Sinaloa, había cooptado a personal de la casa presidencial.
General brigadier entonces, Sánchez León era uno de los jefes militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) encargados de la seguridad del presidente Vicente Fox y su familia. Después de ese sexenio, en el que encabezó las secciones III, IV y V del EMP, se reincorporó al Ejército.
Una década después, el general egresado de la Escuela Superior de Guerra está en el centro de un caso que tiene de fondo a la delincuencia organizada. El día de la ofensiva militar inicial de la Operación Jalisco le correspondían los movimientos en tierra para la persecución de Oseguera, considerado por este gobierno como el narcotraficante más peligroso del momento.
Ni la tarea ni los terrenos le eran ajenos. Hace apenas tres años había dejado de ser jefe de Estado Mayor de la misma 5ª Región Militar, con sede en La Mojonera, en el municipio jalisciense de Zapopan, a donde regresó en octubre pasado para ocupar igual cargo.
Por tierra, ese cuartel se encuentra a más de tres horas de donde ocurrió el ataque a la tropa de élite del Ejército, en la ruta Casimiro Castillo–Villa Purificación. Son territorios del CJNG, que llevó hasta ellos a las cuatro unidades aéreas del Ejército y la Policía Federal que perseguían a El Mencho.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
Otorgaron créditos por casi 8 mil millones de pesos entre 2010 y 2013. La empresa constructora confirmó que supervisores de la CNBV realizan una inspección.
El fondo de pensiones australiano IFM Global Infrastructure, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Grupo Financiero Monex figuran entre las principales fuentes de financiamiento de OHL, constructora que se encuentra envuelta en presuntas prácticas fraudulentas en proyectos de construcción y peaje.
En diciembre de 2010 Banobras otorgó un crédito de garantía por 2 mil 250 millones de pesos, para el pago de un crédito subordinado del accionista de control de OHL, recursos utilizados para pagar un crédito anterior en favor de Goldman Sachs International.
Más adelante, el 13 de diciembre de 2013, Concesionaria Mexiquense (Conmex), en su carácter de acreditado, Goldman Sachs Bank, como estructurador líder, y Banco Monex, en su carácter de agente de garantías, celebraron un contrato de crédito para OHL por un total de 6 mil 465 millones de pesos.
Posteriormente, el 14 de enero de 2015, OHL alcanzó un acuerdo con IFM Global Infrastructure para la venta de 24.99 por ciento del capital social de la subsidiaria de OHL, Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), y de 24.99 por ciento del capital de OPCEM, subsidiaria de nueva creación que será responsable de la operación y mantenimiento de Conmex, por un monto de 8 mil 777 millones de pesos.
OPI es la sociedad filial ciento por ciento de OHL México que es tenedora directa de Conmex, que opera 110 kilómetros de la carretera de peaje conocida como Circuito Exterior Mexiquense, en la región noreste de la zona metropolitana del estado de México.
Los bancos de capital español BBVA Bancomer y Santander actuaron como asesores financieros de OHL México.
IFM es un estructurador global de fondos con más de 48 mil millones de dólares bajo gestión y fue creado hace más de 20 años y pertenece a los 30 principales fondos de pensión australianos.
La filial mexicana de la española Obrascón Huarte Lain (OHL) confirmó el viernes que supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizan una inspección en la compañía para determinar si han quedado protegidos los intereses de los accionistas minoritarios después de que audios difundidos en Internet mostraron a directivos de la constructora en acuerdos para alterar las estimaciones de ingresos en una carretera que tiene concesionada en el estado de México.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
Además de dejar su cargo como secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena fue multado con 189 mil pesos, informó el gobernador Eruviel Ávila.
Apolinar Mena presentó su renuncia como secretario de Comunicaciones del Estado de México, informó este domingo 17 de mayo el gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, quien agregó que el ahora exfuncionario fue multado con 189 mil pesos por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El gobernador precisó que la multa es resultado “parcial” de la investigación que se inició el pasado 7 de mayo por la Secretaría de la Contraloría, luego de la filtración de grabaciones en las que presuntamente directivos de la empresa OHL México hablan sobre un fraude cometido con la concesión del Viaducto Bicenenario.
“La Contraloría ha impuesto una multa de 189 mil pesos, misma que se determinó en base a lo establecido por el Artículo 49 de la Ley de los Servidores Públicos.
“Además de esta multa económica, les informo que he aceptado la renuncia al cargo de secretario de Comunicaciones del maestro Apolinar Mena Vargas. Mañana (lunes 18 de mayo) estaré designando un encargado de despacho para que los trabajos no paren, al contrario, continúen por buen camino”, dijo el gobernador.
Una de las grabaciones reveladas indica que OHL presuntamente pagó las vacaciones del ahora exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, y su familia en diciembre pasado.
Tras la filtración de los audios, Mena Vargas reconoció que sí hubo una propuesta por parte de Pablo Wallentin, directivo de OHL, en este sentido, pero, dijo, la rechazó.
“Recurrí al señor Pablo Wallentin, como directivo de OHL, para que me apoyara en que el hotel Fairmont –que es propiedad de la misma empresa– no me obligara a contratar un paquete de estancia por más días de los que yo necesitaba. Desde la primera llamada que hice al señor Wallentin en el mes de noviembre para pedirle este apoyo le comenté que los gastos del hospedaje los cubriría con mi tarjeta bancaria, y en este estado de cuenta bancaria se puede constatar que el 9 de diciembre de 2014 el hotel Fairmont realizó un cobro por la cantidad de 124 mil 38 pesos.
“Y aunque en algún momento de la plática, el señor Wallentin dice que que la empresa OHL cubriría los gastos de las vacaciones, esto nunca ocurrió, pues personalmente le rechacé la oferta al directivo. Incluso en la llamada del 23 de diciembre (una de las llamadas filtradas), el mayordomo del hotel me comentó que OHL cubriría a futuro los gastos del alojamiento; sin embargo, esto nunca ocurrió, porque no lo permití y porque desde el 9 de diciembre ya lo había liquidado”, explicó Mena.
La renuncia de Apolinar Mena ocurre luego de que uno de los directivos de OHL México, Pablo Wallentin, renunció al cargo “para no entorpecer las investigaciones y/o dañar más la imagen” de la empresa, después de la filtración de dos audios que revelan el presunto cobro de sobrecostos en la construcción del Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Dos terceras partes de la geografía guerrerense presentan “focos rojos” para las elecciones del próximo 7 de junio. No es de extrañar, porque el panorama es desolador: dos candidatos y 433 civiles han sido asesinados en lo que va del año; las organizaciones indignadas por Ayotzinapa se movilizan; se enquistan los grupos oportunistas; el narcotráfico y la corrupción son las verdaderas autoridades… Así, crece la demanda de que las elecciones se cancelen, y hay aspirantes que ven las manos del gobierno federal y del estatal detrás de esta exigencia.
ACAPULCO, Gro: Marcado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el proceso electoral en esta entidad transita entre la violencia sin límites atribuida al crimen organizado y una campaña contra los comicios en la que participan decenas de agrupaciones sociales, aglutinadas en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Desde que se iniciaron las campañas proselitistas en marzo, los grupos que integran el MPG –de manera prominente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y normalistas– han pasado de la descalificación del proceso electoral a la destrucción de propaganda y al boicoteo de actos políticos.
El movimiento antielectoral, concentrado en Chilpancingo, Tixtla y Tlapa, tensó aún más el ambiente, tocado ya por el crimen organizado y una violencia galopante pese a la presencia de fuerzas federales de seguridad desplegadas en todo el estado.
En 2014, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero –con 3.4 millones de habitantes– registró mil 514 homicidios dolosos. En el primer trimestre de este año ocurrieron 433. En este rubro, de hecho, la entidad sólo es superada por el Estado de México, que con 15.5 millones de habitantes cerró 2014 con mil 994 ejecuciones, y 498 en los primeros tres meses de 2015.
Comicios entre sangre
En este proceso para elegir gobernador, 81 alcaldes, 28 diputados locales y nueve federales, la violencia política ha sido la constante. La lista comienza con el asesinato de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, en la región de la Montaña, el pasado 10 de marzo.
Otro hecho: Sobre la carretera Chilpancingo-Chilapa, a las 6:00 horas del 25 de abril, un grupo de al menos 20 personas armadas con fusiles de asalto y lanzagranadas impidieron el tránsito del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, y de su comitiva mientras se dirigían a Tlapa. Seis días después fue ejecutado el aspirante del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz.
Justo en Tlapa, en la parte alta de la Montaña, Valentina Rosendo Cantú, quien litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano como víctima de abuso sexual por parte de miembros del Ejército, sufrió un atentado automovilístico el lunes 11, luego de haber sido registrada como representante de Morena en la contienda por la alcaldía de Acatepec y de recibir amenazas telefónicas para que no participara, según denunció el martes 12 en el Congreso local el diputado perredista Iván Galíndrez.
Y sigue. En la región de Tierra Caliente, el aspirante del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza, fue retenido por hombres armados durante algunas horas del martes 5.
Seis días después, la candidata a diputada plurinominal del PRD Silvia Romero Suárez y tres de sus colaboradores fueron interceptados por un comando cuando transitaban por la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano. Fueron privados de su libertad durante 24 horas. Romero Suárez se desempeñó como secretaria de Educación durante el gobierno del defenestrado Ángel Aguirre (PRD), y mientras militó en el PRI formó parte del grupo de Rubén Figueroa Alcocer.
A este ambiente de inseguridad se sumó la acción concertada de al menos 300 personas fuertemente pertrechadas, que durante seis días mantuvieron tomado el ayuntamiento de Chilapa en busca de Zenén Nava, líder de la banda criminal Los Rojos. Abandonaron la localidad el jueves 14, tras emplazar al Ejército a detener al cabecilla en una semana.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Tiene acumuladas varias décadas de experiencia en su lucha contra las fuerzas del Estado y ahora se dedica a transmitir ese conocimiento. Es la guerrilla colombiana de las FARC. Y según fuentes estadunidenses de inteligencia, los narcos jaliscienses –el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis, que además tienen capacidad económica para adquirir armamento de punta– recibieron entrenamiento en las selvas de Colombia. La muestra de que resultaron buenos alumnos fue el derribo de un helicóptero militar el primer día de este mes en Villa Purificación.
WASHINGTON: El derribo de un helicóptero del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales el pasado viernes 1 en Jalisco no fue un golpe de suerte de los sicarios ni puede atribuirse automáticamente a una posible impreparación de los militares; el ataque estuvo perfectamente coordinado y ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) gracias, según agencias federales estadunidenses, al adiestramiento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) les han dado.
El CJNG y Los Cuinis, aseguran fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tienen sicarios entrenados por las FARC específicamente para contrarrestar los embates militares.
“Nuestros sistemas de inteligencia en Colombia detectaron desde hace varios meses que algunos integrantes del narcotráfico mexicano habían recibido adiestramiento en ese país por parte de las FARC”, comenta a Proceso un alto funcionario de una de las agencias estadunidenses de inteligencia.
“Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a militares”, agrega la fuente, que aceptó hablar a condición de no revelar su identidad ni la de la dependencia federal para la cual trabaja.
“Hay varios informes de inteligencia que han registrado el entrenamiento de elementos del narcotráfico mexicano por parte de las FARC”, explica un funcionario de otra instancia estadunidense de inteligencia y quien también pide el anonimato para él y para la dependencia federal en la que presta sus servicios.
“Es un tema delicado, de seguridad nacional; por ello cuando nuestros sistemas de inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo comunicamos al gobierno mexicano”, apunta.
Ninguno de los dos agentes consultados tiene elementos para decir cuántos sicarios del CJNG o de Los Cuinis han sido adiestrados por las FARC en tácticas paramilitares y de guerra de guerrillas. Sin embargo, aseguran que no son muchos.
“Algunas decenas. No más de 50 individuos, tal vez”, aventura una de las dos fuentes, que fueron entrevistadas por separado.
Consultadas sobre el asunto, fuentes gubernamentales mexicanas de alto nivel expresaron puntualmente que se siguen a fondo “todas las líneas de investigación sobre ese grupo delicuencial”.
Según la tesis de las agencias de inteligencia de Estados Unidos dedicadas a combatir a las mafias trasnacionales, en esa relación narcos-insurgentes, los sicarios del CJNG y de Los Cuinis han aprovechado sus viajes a Colombia para “amarrar” la compra de cocaína que les proveen las FARC, y se quedan varias semanas en los campamentos de esa guerrilla para recibir adiestramiento a fin de repeler los ataques de las fuerzas armadas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
En enero el procurador Murillo Karam dio la “verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: fueron incinerados en el basurero de Cocula hasta dejarlos irreconocibles. Un trabajo de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley permite afirmar que esa “verdad histórica” se sustentó en declaraciones contradictorias –presumiblemente obtenidas mediante tortura–, que se dieron por buenas sólo para apuntalar una versión prefigurada por la SEIDO desde octubre.
MÉXICO, D.F: El 8 de octubre del año pasado los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez viajaron a Cuernavaca; fueron a comprar ropa barata para surtir su pequeña tienda, en Iguala.
El dueño del comercio era Osvaldo; Miguel Ángel lo ayudaba para ganar más dinero pues su esposa, Viridiana, estaba embarazada.
Pero ese día fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) con el apoyo de la Marina. Confundieron a Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala.
En helicóptero se llevaron a los hermanos a Iguala y en el trayecto amenazaron a Miguel Ángel con lanzarlo desde el aire; después les ordenaron asumir la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre.
Luego –como consta en los expedientes de la PGR que los reporteros consultaron– los marinos llevaron a los hermanos al paraje La Parota, en Iguala. Los obligaron a cavar una fosa en la cual “iban a quedar”, les dijeron. Después vino la tortura para ambos: asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos, golpes y más golpes.
Así se lo contó Miguel Ángel –preso en el penal federal de Tepic– a su esposa. “Los federales”, dice Viridiana en entrevista, querían que firmaran una declaración que ya llevaban hecha. “Firmaron, pero fue a base de tortura”, señala.
El caso de los hermanos Ríos Sánchez es muestra de cómo la Procuraduría General de la República (PGR) investigó la desaparición de los 43 normalistas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2011, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
La Comisión de Quejas propuso sancionarlo por incumplir medidas cautelares relativas al retiro de propaganda fija relacionada con vales de medicina y otros temas.
Son tantas las violaciones del Partido Verde a la ley y tantos sus desacatos a las autoridades electorales, que las multas no cesan.
Este sábado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que otras veces ha protegido al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta vez propuso sancionarlo por el incumplimiento de medidas cautelares relativas al retiro de propaganda fija relacionada con vales de medicina y otros temas.
En un comunicado, el INE informó que el proyecto aprobado plantea una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el equivalente a casi 100 millones pesos.
También se determinó dar vista a la Sala Regional Especializada con copia certificada y a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Además, la Comisión de Quejas ordenó la suspensión de los promocionales del Partido Acción Nacional denominados “Anticorrupción 3”, que difunden un audio de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
Al conceder las medidas cautelares, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias señalaron que los promocionales no se encuentran dentro de los límites permitidos en ejercicio de la libertad de expresión y el debate público, toda vez que se presume una intervención de comunicaciones que resulta ilegal.
Ante ello, se ordena al PAN que, en el término de seis horas contadas a partir de la notificación, sustituya los promocionales y se ordena a las concesionarias de radio y televisión que en un plazo de 24 horas suspendan la difusión del material.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
55 % de los encuestados no creen que en México existe libertad de expresión.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó una encuesta sobre la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui, cuyo caso, tras su salida de MVS, es considerado como el “mayor escándalo de censura periodística del país”.
Para el estudio, se hizo una encuesta telefónico nacional, el pasado 27 y 28 de marzo, a 952 personas en todos los estados. A todos se les preguntó sobre el conocimiento del caso, el apoyo a la periodista, las responsabilidades en lo ocurrido y sobre la libertad de expresión en el país.
Algunos de los resultados son los siguientes:
64% de la población dijo que ha oído hablar de la periodista Carmen Aristegui, de los cuales el 83% está enterado de que fue despedida de su programa por la empresa Noticias MVS.
29% desconocía las razones del despido, 8% cree que la despidieron por decir la verdad y otro 8% por su reportaje de la casa blanca.
El 56% de la población manifestó que está en desacuerdo con su despido de Noticias MVS y 55% cree necesaria su reinstalación.
Asimismo, 52% está a favor de las miles de firmas y manifestaciones que piden dicha reinstalación.
En tanto, el 58% de la población considera que sus investigaciones son creíbles.
La empresa Noticias MVS es considerada la más responsable del intento de rescisión de contrato de Carmen Aristegui, seguida del presidente de la república, ya que 46 y 41% los consideran muy o algo responsables.
Además, cuatro de cada cinco personas (82%) consideran que la labor periodística en México es peligrosa y 55% cree que no existe libertad de expresión, “siendo el caso Carmen Aristegui el mayor escándalo de censura periodística del país”.
Otros dato revelador es que el medio considerado con mayor libertad de expresión son las redes sociales, mientras que los noticieros de radio y televisión son considerados los de menor libertad de expresión.
La encuesta completa:
Encuesta Carmen Aristegui by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
NOGALES, Son: Elementos del Ejército rescataron este miércoles a 50 migrantes que se encontraban hacinados en un cuarto de hotel localizado en la calle Eduardo W. Villa de la colonia John F. Kennedy, en esta ciudad.
Alrededor de las 12:20 horas, fuerzas castrenses, federales y estatales, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración (INM), liberaron a los indocumentados después de recibir la denuncia de uno de 20 migrantes que lograron escapar del sitio señalado.
Una fuente al interior del Grupo Beta –dependiente del INM– informó que entre los rescatados había mexicanos y centroamericanos, entre ellos un menor de cinco años.
También mencionó que desde hace mes y medio los “coyotes” les hacían creer que ya estaban en el estado de Arizona, y para dejarlos en libertad les cobraban mil 500 dólares (alrededor de 22 mil 500 pesos).
Alrededor de las 2 de la tarde, los indocumentados fueron trasladados a las instalaciones del Grupo Beta ubicadas en la colonia Reforma, a unos cuantos metros de la línea fronteriza.
Al preguntarle al propietario del hotel sobre el origen de los migrantes, dijo que él nunca se percató de una actividad inusual en su propiedad, y se deslindó de cualquier responsabilidad por el hallazgo.
Mientras tanto, las autoridades ofrecieron servicio médico a los rescatados y posteriormente los interrogaron para conocer la identidad de las personas que los hacinaron en el cuarto de hotel.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
