A poco más de un año de que Televisa fuera declarada Agente Económico Preponderante en el mercado de la radiodifusión (servicios de audio y video), por controlar el 67 por ciento de dicho sector, las multas y los fallos dictados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con el fin de hacer cumplir las promesas de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, no han puesto a temblar a empresa de Emilio Azcárraga Jean, afirmó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). Sin embargo, la legislación ha dejado “huecos” para que la televisora pueda seguir actuando como tal. La Reforma en Telecomunicaciones estableció que los agentes preponderantes deberían establecerse por sector y no por empresa, por lo que a la fecha Televisa, al ser preponderante en televisión abierta y agente económico con poder sustancial en televisión restringida, debió afrontar nuevas normas, acoplarse a nuevas restricciones y cooperar con nuevos sistemas, pero no lo ha hecho denunció Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Amedi. En entrevista con SinEmbargo, el especialista dijo que dichas resoluciones del IFT no fueron un tema que le haya preocupado a Televisa, “fueron una serie de medidas que en su momento se dijo que eran muy importantes para potenciar el mercado de televisión abierta pero no tocó la parte sustantiva que fue la comercialización de espacios publicitarios”. Y es que el Gobierno federal, a través del IFT, ha multado y dictaminado en contra de la empresa pero por otro lado, ha pagado 3 mil dos millones 871 mil 384 pesos por gastos de campañas de publicidad, a pesar de que la reforma en la materia contempla la regulación de la publicidad de los medios de comunicación. Los contratos, ubicados en el sitio Compranet y en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), muestran que la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Energía (Sener), han pagado a Televisa más de 8 millones por spots de 30 segundos. Al igual que esas secretarías, el Instituto Nacional de las Mujeres, le ha pagado 18 millones 246 mil 883 pesos para una sola campaña de cuatro que ha realizado entre 2013 y 2014; el Instituto Nacional de Migración (INM) para una “Campaña de Protección a Migrantes”, pagó 14 millones 655 mil 172 pesos, mientras que el Servicio Postal Mexicano, pagó 3 millones 32 mil 475 pesos por un spot de 30 segundos en el canal 2. Cabe destacar que todos los contratos federales se le han otorgado a través de adjudicaciones directas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha emitido lineamientos sobre el control de publicidad con agentes preponderantes, pero durante los primeros meses de 2015, Televisa ha recibido un total de 59 millones 857 mil 491 pesos por pagos de publicidad. OBLIGACIONES SIN IMPORTANCIA Tras ser declarado agente preponderante, la televisora señaló que las áreas que más se verían afectadas serían las de sus negocios de radiodifusión y de paga, por lo que analizarían las medidas legales que Grupo Televisa debiera implementar. Sin embargo, en la práctica, la televisora propiedad de Emilio Azcárraga Jean, no ha procedido en las acciones que el IFT y la Reforma en Telecomunicaciones promocionó; por ejemplo, la televisora perdió derechos en la retransmisión de sus canales en televisión de paga, ya que si en sus filiales privadas se retransmiten 18 horas o más de los canales abiertos, tiene la obligación de dar el mismo servicio, sin costo, a otros servicios de televisión de paga; también perdió los derechos de programación exclusiva, sobre todo del ámbito deportivo. Televisa ahora tendría que entrar a procesos de negociación de los precios de distintas tarifas junto con otros concesionarios y acoplarse a los límites que el IFT ponga a los precios y condiciones de publicidad. Aunado a esto, un agente preponderante deberá prestar su infraestructura a terceros “en forma no discriminatoria”. Esto es, Televisa tiene la obligación de compartir sus plantas transmisoras, torres, mástiles, fuentes de energía, entre otros, lo que permitirá la entrada del único nuevo participante en la televisión abierta de cobertura nacional: Cadena Tres. La Oferta Pública de Infraestructura obliga a Televisa a compartir con los concesionarios solicitantes sus plataformas, sin embargo, al 17 de diciembre, el IFT declaró que la televisora presentó información insuficiente, sin que se tenga información de que a la fecha, ya haya entregado la información requerida. Televisa opera cuatro canales de televisión abierta en la Ciudad de México, produce y distribuye 24 marcas de televisión de paga en el país y el resto del mundo. Exporta sus programas y formatos a Estados Unidos a través de Univisión, y a otros canales de más de 50 países. También tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, opera un portal de Internet, además de programas y de juegos y sorteos. Actualmente, tiene en circulación 2 mil 573 millones 893 mil 922 acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio de cada una ronda en los 110 pesos. MULTAS Y SANCIONES INSUFICIENTES Tras el anuncio del IFT, las acciones de Televisa registraron una caída de 2.33 por ciento en México y 2.29 por ciento en la Bolsa de Nueva York. En este escenario, la pérdida económica fue de 4 mil 400 millones de pesos. El pasado 23 de abril de este año, el IFT multó por 5 millones 730 mil 675 pesos a Grupo Televisa por no haber entregado información sobre su posición en el mercado de la televisión restringida, el mercado de la televisión que de acuerdo con especialistas en el tema, es el único rentable en cuanto a la publicidad, ya que esta se ofrece más localizada y a sectores económicos con poder adquisitivo.
A pesar de eso, sostiene Ramírez, la capacidad de la empresa es tanta que puede vivir bien y seguir desarrollando su negocio con la carga de la preponderancia encima y con la amenaza de la dominancia, “Esas cargas no significa que se disminuya su capacidad de controlar el mercado”.
El pasado 29 de abril, adquirió Cablecom por 8 mil 550 millones de pesos. Antes, el 18 de marzo, el IFT anunció que iniciaría un juicio contra Televisa al ser un Agente Económico Dominante en la televisión de paga. Para este fallo, el poder sustancial de Televisa ya era en 2 mil 124 mercados relevantes del país, principalmente en Cuernavaca, Puebla, Monterrey y el Distrito Federal. Tras la adquisición, Televisa quedó con un amplio poder en el mercado de la televisión de paga, por lo que la televisora había aumentado su poder sustancial en 99 mercados relevantes, acaparando el 60 por ciento del mercado de la televisión de paga.
“Las primeras investigaciones de la autoridad señalaron que hay dominancia por parte de Televisa, pero eso no significa que en el corto plazo vaya a resultar en una imposición de medidas para limitar su poder de dominante [...] Lo que ha hecho la autoridad, es emitir una evaluación y una revisión del contexto, pero falta que Televisa sea llamada a proceso administrativo, que se desahogue el procedimiento en forma de juicio y que el resultado confirme lo establecido en primera instancia, lo que significará que se le impongan las sanciones y obligaciones correspondientes, pero para eso todavía falta, fácil medio año más para tener una resolución final”, explicó Ramírez Ramírez. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2015/1342845.
Las grandes multinacionales del sector energético, e incluso las medianas empresas nacionales, podrían empezar a suplir a Pemex en áreas “insuficientes”, e incluso en proyectos “extraordinariamente caros y complejos”, donde la petrolera del Estado tiene reconocida experiencia internacional, expresaron analistas consultados por SinEmbargo. El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía (Sener) asignó a Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de ofrecer a las empresas privadas, 83 por ciento de las áreas para explotación de reservas probadas y probables, volumen que cubre el total de lo solicitado por la empresa, pero solamente 21 por ciento de los recursos prospectivos de hidrocarburos. Sin embargo, en el “Informe Anual 2014 de Petróleos Mexicanos” que recibió la Comisión Permanente del Congreso, la ahora Empresa Productiva del Estado mexicano adelantó que podría perder el derecho para la extracción de las reservas que le fueron asignadas en la Ronda Cero, por no cumplir con el plan de exploración establecido o, simplemente, porque no tiene dinero.
“Conviene destacar, sin embargo, que Petróleos Mexicanos no puede garantizar que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para explorar y extraer las reservas de las asignaciones adjudicadas, o en su caso, a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro”.
En este contexto, Miriam Grunstein Dickter, investigadora del Mexico Center Rice University y académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), sostuvo que “habría que ver si esta situación de Pemex, es coyuntural por el recorte del presupuesto o si es una cuestión estructural. Si es una cuestión coyuntural podría haber una recuperación económica, como de hecho se espera para Pemex en el futuro”. Aunque adelantó que hay muchos proyectos que son muy caros y de muchísima complejidad en aguas profundas, donde sí podrían entrar las grandes empresas trasnacionales. “La iniciativa privada podría empezar a suplir un área de insuficiencia de Pemex”, precisó. Destacó que en donde va a empezar a haber una entrada interesante de empresas privadas, “para dejar a Pemex descansar”, es en la parte extractiva, específicamente en la parte de logística. En tanto, alertó que “si Pemex tiene problemas económicos tan fuertes, la parte de transformación industrial va a ser la que realmente va a sufrir”.
PEMEX ENDEBLE
Guadalupe Huerta Moreno, académica del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, criticó que “el Gobierno federal desde que estaba planeando la Reforma, sabía que Pemex tiene una situación financiera totalmente endeble, con una cantidad enorme de pasivos, [sin embargo] en la Ronda Cero, prácticamente le dio todas las asignaciones que solicitó, después viene la caída de los precios internacionales del petróleo que afecta directamente a los ingresos de Pemex, y ahora resulta que no va a poder desarrollar esos proyectos”. Adelantó que ahora lo que probablemente tenga que hacer la Empresa Productiva del Estado es migrar esos proyectos que le habían sido asignados, “a contratos con el capital privado, lo que podría generar que Petróleos Mexicanos cada vez vaya teniendo menor participación en el mercado”. Contratos, en los que podrían figurar firmas como Exxon, Shell, Halliburton y British Petroleum, entre otras internacionales, que vienen a participar en los campos y en los lugares “en los que está comprobadísima la experiencia de Pemex, que es en aguas someras; donde no debería de ser desplazado”, abundó. Grunstein Dickter sostuvo que para proyectos en aguas profundas hay muchas empresas internaciones que podrían interesarse, dependiendo el modelo contractual, como Shell, Chevron, Exxon, Conoco, incluso empresas de menor escala como Cobalt, que “están con la mira en aguas profundas”. “Sin embargo no pueden tomar ninguna decisión de negocios en tanto no se publique el contrato”, añadió.
“Esos sí son proyectos extraordinariamente caros y complejos, para los cuales, en esta coyuntura, Pemex no está preparado”, sostuvo.
En la Segunda Fase de la Ronda Uno, se licitan cinco contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México, que agrupan nueve campos que contienen recursos estimados por 355 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De acuerdo con los avances de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ocho empresas pudieron iniciaron el proceso de precalificación, entre ellas Chevron Energía de México, CNOOC International Limited, Compañía Española de Petróleo, Diavaz Offshore, Lukoil Overseas Oil Company, Shell Exploración y Extracción de México, Sierra Oil & Gas y Pemex. Para la segunda fase de la Ronda Uno, coinciden las especialistas, se vio una gran participación de los gigantes energéticos, mientras que para la tercera fase que se anunció el pasado martes, en la cual se licitarán 26 campos terrestres para la explotación de hidrocarburos, prevén se registre una mayor participación de empresas medianas nacionales. Miriam Grunstein, detalló que en la tercera fase de la Ronda Uno, hay un gran oportunidad para empresas nacionales como Carso Oil and Gas, Petrobal, Sierra Oil and Gas, e incluso para el Grupo Alfa, “quienes también podrían interesarse en el sector”. En tanto, Guadalupe Huerta abundó en que en esta tercera fase, a diferencia de las otras rondas donde se pedía acreditar una amplía experiencia en el desarrollo de proyectos del sector, no se está pidiendo eso, y con ello “se abre un poco más el juego para que empresas nacionales puedan participar sin que tengan una comprobada experiencia”.
“Abres el juego a proveedores nacionales de tamaño mediano, como Grupo Bal, Carso Oil & Gas, así como a las grandes empresas que ya están participando”, sostuvo.
Por lo anterior, advirtió que si no se fortalece a la empresa para que pueda seguir desarrollando proyectos en los que, insistió, tiene una reconocida experiencia internacional en poco tiempo “Pemex va a ser sólo una oficina de administración de contratos”. Finalmente, Grunstein Dickter señaló que en los próximos meses Pemex va a estar avocada a mantener las áreas que le asignaron en la Ronda Cero, y que incluso se está asociando con tres empresas para proyectos en aguas someras.
Advirtió que Pemex debería hacer una “ponderación seria de su estrategia de inversión”, además de llevar a cabo una reformulación de sus estrategias de administración interna “para identificar realmente dónde están las coladeras de dinero y realmente tomar en serio rectificar sus políticas en materia de transformación industrial, que a la ahora llamada empresa productividad del estado, le ha sido absolutamente ruinosa”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ILSE GARCÍA. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2015/1344339.
La muerte de un niño de seis años a manos de un grupo de menores que ‘jugaban’ a secuestrarlo refleja la descomposición social en la entidad.
Cuando “estaban jugando” al secuestro, un grupo de niños de 11 a 15 años privaron de su libertad, torturaron, asesinaron y sepultaron a un menor de 6 años en Chihuahua, informó este sábado por la noche la Procuraduría de Justicia de la entidad. Las autoridades consideraron el suceso como un ejemplo preocupante de “descomposición social” y expertos en infancia corresponsabilizan al gobierno de esta situación y urgen a presentar una “estrategia nacional” contra todas las formas de violencia hacia los menores. La fiscalía estatal explicó a través de un comunicado que los sucesos tuvieron lugar la tarde noche del jueves en un barrio marginal de la ciudad de Chihuahua, cuando dos niñas de 13 años, un niño de 11 años y dos adolescentes de 15, “todos vecinos y conocidos entre sí, estuvieron jugando” con Cristopher Raymundo Márquez. “Lo amarraron y le pusieron una vara en el cuello con el que lo semiasfixiaron y cuando el menor cayó al suelo le arrojaron piedras, le encajaron una navaja en la espalda y una vez sin vida lo arrastraron hasta donde depositan el cuerpo”, indica la nota. ‘Gran preocupación’
La fiscalía mostró también su “gran preocupación” ante un homicidio que “constituye más que un problema policiaco, un factor de descomposición social” y de “ausencia de valores”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF
El gobernador Eruviel Ávila anunció ayer la renuncia de su secretario de Comunicaciones, porque este pidió favores ‘ilegales’ a OHL.
Apolinar Mena Vargas quería obtener un par de habitaciones en un hotel de lujo en el Caribe mexicano. Este “simple” favor solicitado por el secretario de Comunicaciones del Estado de México a la constructora OHL, le valió su cargo y una multa. El gobernador de esta entidad, Eruviel Ávila, anunció ayer la renuncia de Mena Vargas por un caso de presunta corrupción. En conferencia de prensa, Ávila precisó que su gobierno consideró ilegal que utilizara su cargo para pedir favores a OHL, concesionaria de varias autopistas mexiquenses. Además informó que la Contraloría del estado le impuso una multa de 189 mil pesos como sanción económica por la violación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El acusado había negado que OHL le hubiera pagado sus vacaciones, aunque reconoció que entró en contacto con uno de los directivos para que le ayudara con la contratación de un paquete de un hotel propiedad de la empresa, y que esta sí le ofreció cubrir los gastos, pero que él se negó. Audios delatores La renuncia se da una semana después de la dimisión del responsable de OHL en México, Pablo Wallentin, involucrado también en prácticas irregulares. El escándalo inicial con la constructora española se debió a una serie de audios divulgados en redes sociales a principios de mayo y retomados por la prensa local en los que se escucha al ahora ex secretario de Comunicaciones hablar con un directivo de OHL sobre unas vacaciones que tomaría y que se sugiere serían pagadas por la empresa.
En otra de las conversaciones se escucha a dos ejecutivos de la constructora mientras conversan sobre supuestos amaños para incrementar tarifas del llamado Viaducto Bicentenario, una vialidad de peaje que concesionó el Edomex a esa compañía. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: La Universidad Veracruzana (UV) canceló la entrega del Doctorado Honoris Causa al periodista Jacobo Zabludovsky. En un comunicado, la institución informa que “ha considerado no continuar el proceso propuesto por la Facultad de Comunicación y que, en consecuencia, no existe proceso oficial alguno en marcha para otorgar a personalidad alguna la mayor distinción académica de nuestra casa de estudios”. El boletín añade: “En esta administración, la imposición de esta distinción ha obedecido siempre al consenso honorable de los universitarios y es de interés institucional continuar con esta convicción”. La cancelación de la entrega de este premio a quien fuera el conductor estelar de Noticieros Televisa obedece a una campaña promovida en la plataforma Change para echar abajo la propuesta. “Con mucha preocupación nos enteramos que la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación acordó por mayoría (15 votos en contra) proponer que la Universidad Veracruzana entregue un Doctorado Honoris Causa al Licenciado Jacobo Zabludovsky, quien durante 27 años condujo el noticiero estelar de Televisa, la televisora con mayor audiencia del país. “Debido al momento que vive el periodismo en Veracruz –con 12 reporteros asesinados en los últimos cinco años- y México –con atentados a la libertad de expresión, como el cometido contra la periodista Carmen Aristegui y su equipo- llama la atención que los integrantes de la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, que forma a los futuros periodistas de la entidad, hayan decidido honrar a un perfil como el de Jacobo Zabludovsky con el máximo reconocimiento que entrega nuestra Casa de Estudios. “De la mano de Televisa, Zabludovsky trabajó para los intereses del gobierno mexicano desinformando a la población durante décadas.
“Fue una pieza central en el golpe al periódico Excélsior en el año 1976, que bajo la dirección de Julio Scherer era un medio crítico del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría”, citaba la petición de Change, que alcanzó tres mil firmas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: He allí el infierno al que ingresa cualquier ciudadano en busca de la justicia a la cual tiene derecho. He allí la tortura diaria de cualquier mexicano que quisiera obedecer la ley pero se enfrenta a instituciones que la tuercen o la ignoran. Extorsionado. Abandonado. Huérfano. Víctima de un sistema evidenciado por la investigación del CIDE sobre la “Justicia cotidiana”. Un sistema que está lejos de ser expedito, y que no logra emitir resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, como lo exige la Constitución. En lugar de recursos sencillos, enfrentamos trámites complejos. En lugar de procesos rápidos ante tribunales competentes, enfrentamos procesos tortuosos mal llevados por tribunales incompetentes. La justicia cotidiana es aquella que busca dar soluciones a los conflictos diarios de la sociedad. Los trámites de divorcio y custodia. El cumplimiento de los contratos. La relación entre empleados y empleadores. Los desacuerdos de los ciudadanos con la autoridad que los gobierna. Y en México estas soluciones tardan en venir e implican un recorrido por los nueve círculos del infierno que Dante detallara. Esto es lo que revela el CIDE mediante una consulta extensa, amplia, pública. Esto es lo que evidencian el esfuerzo de 425 expertos, 485 testimonios, 600 propuestas. Un país que vive atorado en la injusticia 365 días del año. En el cual 85% de los litigios son de orden civil, mercantil o familiar y sólo 13% pertenecen al ámbito penal. Y en medio de esos litigios surge el desamparo ante la falta de mecanismos eficaces que lleva a tantos a tomar la justicia por su propia mano. Que lleva a millones de mexicanos a la informalidad y a la marginación jurídica. Que lleva a una justicia lenta, ineficiente, incierta. Millones de mexicanos sin acceso a abogados, sin acceso a defensores, sin acceso a una justicia cercana que resuelva los temas más simples. Enfrentando procesos largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias. Percibiendo a la justicia como algo lejano e incomprensible. Intentando entender documentos que no proveen la claridad necesaria para interpretar qué se debe hacer o qué pasó. Y sin saber a dónde acudir, con quién hablar, cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. Atrapados en un laberinto de abogados, jueces, defensores, ministerios públicos de baja calidad y malos modos. Acorralados por un sistema que privilegia la forma sobre el fondo, y que en lugar de soluciones concretas obliga a trámites ad nauseam. Abandonados a su suerte por la mala calidad de las leyes, los reglamentos y las normas administrativas en todo el país. Abandonados porque no pueden pagar lo que la justicia cuesta en un país donde obtenerla se ha vuelto un lujo. Por los honorarios impagables de los abogados. Por el pago a “coyotes” que cobran por presentar una demanda y después desaparecen. Por el tiempo y el costo que implican la aportación de pruebas, la participación de peritos, el imperativo de notificaciones, la obligatoriedad de las audiencias. Porque 70% de las familias tienen un ingreso mensual que no alcanza para enfrentar procesos judiciales complejos y costosos. Trabajadores, ciudadanos, familias, emprendedores, vecinos, escuelas, afectados por autoridades que deberían ser las primeras en respetar la ley pero son las primeras en tergiversarla. Como ha escrito Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, “la mayor banda de extorsión en México sobre negocios medianos y pequeños no son Los Zetas, sino las autoridades corruptas en municipios y delegaciones”. Tribunales y presidentes municipales y jefes delegacionales que extraen rentas a través de mordidas millonarias, permisos discrecionales, regulaciones inventadas, trámites innecesarios. Y no son los narcotraficantes quienes están incrementando los costos de transacción ni obstaculizando la inversión ni vulnerando la economía informal. Es el gobierno. El gobierno en sus múltiples encarnaciones –federal, estatal, municipal, delegacional–, que se vuelve una fuente de incertidumbre para el vecino, el empresario, el constructor. El gobierno que a través de jueces e inspectores persigue, impone, castra a ciudadanos que quieren emprender un negocio o simplemente trabajar para ganarse la vida. El gobierno, como lo argumenta Pardinas, convertido en un “cártel constitucional de la corrupción”. Abocado no a facilitar sino a obstaculizar. Abocado no a promover a los pequeños empresarios, sino a consumirles la vida y el patrimonio. Documento tras documento. Regulación tras regulación. Trámite tras trámite. Transa tras transa. Y de allí la urgencia de soluciones pequeñas a problemas diarios. De derribar –en palabras de Ana Laura Magaloni– las barreras de acceso a la justicia que padecen grandes sectores de la población al margen del paraguas protector de la ley. De atender el diseño de micro-soluciones en vez de macro-reformas. Dejar atrás el discurso de las grandes intervenciones. Dejar atrás las sentencias largas, farragosas e incomprensibles para el común de los mortales. Pensar distinto. Pensar en medidas administrativas y de coordinación entre quienes imparten justicia. Pensar en la creación de centros de asistencia jurídica temprana para tantos que la necesitan. Pensar en una política nacional de mejora regulatoria. Pensar en un nuevo modelo de justicia familiar. Pensar en lo que el CIDE llama “justicia de barandilla” y “justicia itinerante” para acercar la justicia a una población que la ve –y con razón– como inalcanzable.
Más allá de los capos y los narcobloqueos y el combate a la inseguridad, la atención gubernamental necesita enfocarse en algo que nunca ha existido cabalmente en México: el estado de derecho que impida la impunidad. Y entonces empezar a implementar las medidas sugeridas por el CIDE. Seguir empujando la instrumentación de los juicios orales. Elaborar una legislación secundaria que haga viable –a pesar de sus limitaciones– al Sistema Nacional Anticorrupción. Con un fin último claro. Que cualquier mexicano sea un portador genuino de derechos. Que pueda enfrentar un proceso legal de divorcio o fraude sabiéndose apoyado por la ley y no mancillado por ella. Que el Estado mexicano se aboque no sólo a perseguir a los grandes delincuentes, sino también a asegurar que los pequeños trámites no se vuelvan un martirio. Para poder transitar así de la (in)justicia cotidiana a un país donde “la justicia no haga daño”, como exigía Cicerón. FUENTE: PROCESO. AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS).
MÉXICO, D.F: El 4 de mayo último se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que sustituye parcialmente a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El tema no es menor ni accesorio. La ley tiene claroscuros que no se han analizado suficientemente. De ahí la oportunidad y pertinencia de hacerlo. Veamos. Primero. En la parte de fondo, el articulado de la LGTAIP puede calificarse como lo mejor de lo posible en la circunstancia política concreta. La ampliación de sujetos obligados –entre ellos partidos políticos y sindicatos–, el número de los rubros comunes a todos ellos –es decir, la información que debe ser puesta a disposición del público sin necesidad de solicitarla–, así como la adicional para otros, y un loable punto relativo al sector energético, rubrican mis palabras. Pero se sacrificaron varios puntos en aras de lo anterior. En efecto, la LGTAIP, y previamente la reforma constitucional en la materia, dejaron fuera algunas importantes conquistas previas, entre ellas el principio de definitividad inapelable que en la ley de 2003 dejaba al IFAI el incremento de causales de clasificación. En la LGTAIP tampoco se pudo avanzar en los tiempos de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el consejero jurídico impugne alguna resolución del ahora denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). No hay claridad sobre el tiempo que la SCJN tiene para cumplir su papel. Puede ser breve o puede durar años en perjuicio del derecho a saber. Segundo. En lo que se refiere a la forma, adjetiva, en la LGTAIP se “olvidó” un asunto que más temprano que tarde tendrá un impacto negativo en el derecho a saber. En efecto, en la parte de transitorios no se incluyeron dos aspectos fundamentales. El primero consiste en que los bienes muebles e inmuebles, junto con el personal del IFAI, pasen a formar parte del INAI. En este tema el único asidero legal es el que reside en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, que a la letra dice: “Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social”. No hay, empero, nada que disponga de manera expresa que los recursos del IFAI y sus trabajadores serán parte del INAI. No existe una transición legal entre el IFAI –el órgano garante autónomo previsto en la Constitución– y el INAI. Tercero. El segundo problema todavía más grave es que al legislador se le “olvidó” también incluir en los artículos transitorios de la LGTAIP que los comisionados nombrados por el Senado para integrar el Órgano Garante lo serán del INAI al que se refiere la mencionada ley. Esto, que pudiera parecer una minucia, en realidad es una omisión grave, a la luz de los siguientes razonamientos: a) La autoridad, en los términos del artículo 16 constitucional, debe fundar y motivar sus resoluciones. Si un particular en posesión de datos personales impugna una resolución porque los comisionados nombrados por el Senado no lo son del INAI –no expresamente ni en la Constitución ni en la ley–, y porque carecen de competencia, lo propio podría invocar el consejero jurídico de la presidencia al ser la ventanilla de los sujetos obligados para impugnar las resoluciones del INAI cuando lo haga en nombre y representación, por ejemplo, de un partido político o de un sindicato; b) En la doctrina hay dos posturas sobre este tema: una, la denominada “incompetencia de origen” (entendida como la falta de atribuciones de los comisionados del IFAI que no lo son del INAI) generará que se invaliden sus resoluciones. Hay, por otra parte, quienes sostienen que los actos de autoridad no pueden quedar sin efectos, pero se deja abierta la puerta para que los comisionados sean objeto de sanción al actuar como autoridad sin tener facultades expresas para ello, hecho derivado de su falta de nombramientos como comisionados del INAI. En suma, este “olvido” deja en incertidumbre legal a los comisionados y a la sociedad. Estoy convencido de que este “olvido” no fue producto de la impericia de los legisladores y su equipo jurídico. Al contrario, fue debidamente planeado para cuando se necesite. De esta suerte, todo lo que se ha avanzado en la parte del fondo del derecho a saber podría tener escollos –es muy posible que los tendrá– en su ejercicio. Y será seguramente la SCJN la que termine por resolver el “descuido” legislativo, lo que llevará tiempo. Esto último provocará que la transparencia se convierta, por lo menos en el corto y mediano plazos, en una apariencia en los temas y asuntos que rebasen el umbral de apertura de los nuevos sujetos obligados.
Como de manera recurrente pasa, todo lo ganado se irá por la borda hasta que la SCJN o el Congreso decidan aprobar una reforma a la LGTAIP, pues no bastaría un acuerdo presidencial para enmendar este gravísimo “olvido”. En el 2003 pudo salvarse la autonomía legal del IFAI bajo la figura del acuerdo presidencial porque el órgano garante formaba parte de la Administración Pública Federal, pero hoy no es el caso. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
El reciente asesinato del aspirante de Morena a la alcaldía de Yurécuaro pone en evidencia la falta de seguridad para los candidatos. El gobierno de Michoacán asegura que en la entidad solo hay ‘alertas amarillas’.
La miopía del gobierno estatal en torno a la condición extraordinaria en la que se lleva el proceso electoral de Michoacán se evidenció el pasado fin de semana tras el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro. Mientras el también líder de las autodefensas Enrique Hernández caía abatido por balas del crimen organizado, todavía estaban frescas en el aire las palabras de Salvador Jara: En Michoacán solo existen “alertas amarillas”, nada que ponga el riesgo el proceso electoral. La candidata de Morena a la gubernatura del estado, María de la Luz Núñez Ramos puso el dedo en la llaga. Dijo que con la muerte del candidato el proceso electoral está en riesgo, pues son muchos los aspirantes a cargos de elección popular que están bajo amenaza del crimen organizado. Como resultado de las amenazas, mucho de esos aspirantes han optado por renunciar a sus aspiraciones políticas, así lo evidencia el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que en reciente sesión avaló los cambios en 68 planillas para ayuntamientos, luego que los registrados desistieron de sus intenciones. La mayoría de los que renunciaron habían solicitado el apoyo del gobierno estatal para que les dotaran seguridad personal durante el periodo de campaña, como consecuencia de las amenazas de muerte vertidas desde el anonimato. En Michoacán, salvo los candidato a gobernador del PRI, Asención Orihuela Bárcenas; del PRD, Silvano Aureoles Conejo, y del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, ningún otro aspirante al cargo de diputado federal, diputado local, alcalde, sindico o regidor cuenta con equipo de seguridad personal dotado por el estado o la Federación. Tras el asesinato de Hernández, el gobierno estatal se ha querido desmarcar de los hechos. En un comunicado oficial el gobernador dijo que el exlíder de las autodefensas nunca solicitó seguridad especial, pero las manifestaciones de los actos de campaña de Enrique Hernández apuntan lo contrario. Colaboradores del abatido candidato confirmaron a Reporte Índigo que los reclamos de seguridad especial se presentaron en forma puntual al gobierno estatal. “Pero nunca se le hizo caso a Enrique. Estaba de por medio el pleito entre el gobierno estatal y el candidato. El gobernador nunca lo perdonó por todo lo que habló contra el Estado”, aseguraron. El candidato incómodo Enrique Hernández se convirtió en incómodo primero para el gobierno estatal, de Fausto Vallejo y luego de Salvador Jara. Tras haber sido encarcelado injustamente, acusado de la muerte del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García. El exlíder de las autodefensas denunció tortura y amenazas por parte de funcionarios estatales. También fue incomódo por la defensa que mantuvo de la inocencia del fundador de los grupos de autodefensa José Manuel Mireles. En la última publicación hecha en su muro de Facebook, Enrique Hernández escribió que estaba “realmente encabronado con la injusticia ejercida en contra de doctor Mireles, preso por organizar la autodefensa de nuestro estado. Tenemos confirmado que se encuentra muy mal de salud. Es muy doloroso. Estoy lleno de rabia e impotencia”. Acusan crimen de Estado El asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández, ya puso en aprietos al gobierno de Michoacán. La primera muestra de nerviosismo fue salir a plantar postura oficial, cuando está acostumbrado a guardar silencio ante todo. El líder de Morena en la entidad, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez recordó que fue este partido el que alertó de los riesgos de seguridad para sus candidatos en el estado. Advirtió que ante a indolencia de la administración, estas elecciones podrían costar muertos a los michoacanos. “Y el primer muerto lo hemos puesto nosotros”, dijo en conferencia de prensa. La candidata de Morena al gobierno estatal, María de la Luz Núñez Ramos culpó al gobernador Salvador Jara de la muerte de Enrique Hernández, el que no recibió nunca la seguridad solicitada. Solo contó con la protección de un chaleco antibalas, que no le fue suficiente durante el ataque que recibió la noche del jueves. Para Morena, la muerte de su candidato a la alcaldía de Yurécuaro, “es un claro intento del gobierno estatal, encaminado a sembrar el miedo y el temor entre el electorado, para que no acuda a las urnas”. Núñez Ramos también incluyó al INE y al IEM, los que “comparten la responsabilidad política del clima de terror que se está creando”. Se comienzan a armar Los candidatos que optaron por seguir en la contienda, pese a las amenazas de muerte que penden sobre ellos, comenzaron a crear sus propios círculos de seguridad personal con hombres de sus confianzas. Los partidos políticos llamaron a reuniones a sus candidatos para revisar sus esquemas de seguridad, en donde resalta la entrega de chalecos antibalas y la recomendación para que no visiten zonas de alto riesgo. A menos de 24 horas del asesinato de candidato de Morena, los candidatos de todos los partidos políticos que contienden en Michoacán instrumentaron estrategias de seguridad personal por su propia cuenta. En ningún caso las armas de los improvisados escoltas de los candidatos saltan a la vista, pero la discrecionalidad de cangureras, portafolios, mochilas y chamarras, los delatan. No siempre la seguridad de los candidatos va de la mano con las armas. En el comité directivo estatal del PRI se ha innovado un sistema de protección, bajo la clave “Hermano Mayor”.
Consiste en contratar a muchachos de cada barrio, colonia, ranchería o población de alto riesgo para que hagan cinturones de seguridad en torno al candidato y alerten de la presencia de personas extrañas a la comunidad, al momento de los mítines de campaña. El programa de seguridad “Hermano Mayor” se comenzó a aplicar este fin de semana en los municipios de La Piedad, Zamora, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Morelia y Zitácuaro en donde algunos abanderados del PRI han recibido amenazas anónimas. Cambios en las planillas Ante las amenazas de muerte, decenas de candidatos a cargos municipales declinaron a sus candidaturas. El trámite fue oficializado por sus partidos ante el Instituto Electoral de Michoacán. El PAN solicitó cambios en las planillas de los municipios de Puruándiro, Tingambato, Taretan, Ario de Rosales, Álvaro Obregón, Chavinda, Chucándiro, Múgica, Lázaro Cárdenas, Purépero, Paracho, Parangaricutiro, Parácuaro, José Sixto Verduzco, Ecuandureo, Huaniqueo, Juárez, Tingüindín, Tuxpan, Tuzantla, Villamar, Tlalpujahua, Santa Ana Maya y Zinapécuaro. Por su parte, el PRD solicitó modificaciones de planillas, luego que algunos de sus candidatos presentaron “argumentos de salud” para no contender, en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Angangueo. El PRI modificó sus planillas en Ziracuaretiro, Tarímbaro, Pátzcuaro, Nahuatzen, Parácuaro, Charo, Susupuato, Angamacutiro y Huaniqueo. El Partido del Trabajo pidió cambios en sus planillas a los ayuntamientos de Morelia, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Charapan, Nuevo Urecho, José Sixto Verduzco, Hidalgo, Ixtlán, Zacapu y Zinapécuaro. El Partido Verde Ecologista propuso cambios en las planillas de Apatzingán, Ario de Rosales y Jiménez, mientras que Movimiento Ciudadano solicitó cambios en Quiroga, Charo, Tancítaro, Tacámbaro, Hidalgo, Pátzcuaro y Zinapécuaro.
Por su parte, el Partido Nueva Alianza presentó sustituciones en la planilla del ayuntamiento de Morelia, Álvaro Obregón, Puruándiro, Zitácuaro y Tarímbaro; el Partido Morena en las planillas de Jungapeo, Álvaro Obregón y Charo; el Partido Encuentro Social en las planillas de José Sixto Verduzco y Tancítaro, y el Partido Humanista presentó cambios en la planilla del ayuntamiento de Angangueo. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
La titular de Sedesol creó un grupo de subdelegadas diestras en tareas electorales. La mayoría de estas funcionarias pertenecen a la organización Mexicanas Comprometidas con la Paz.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, tiene una red personal en las delegaciones de la dependencia, en las cuales colocó como subdelegadas de Desarrollo Comunitario y Participación Social a mujeres de su confianza y con experiencia en la promoción del voto. Esta área es la que en cada entidad opera directamente los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la red de comités comunitarios que administran los apoyos en las localidades. Entre las subdelegadas hay priístas e integrantes de la organización Mexicanas Comprometidas con la Paz, fundada y dirigida por Robles en 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto –según consta en su curr´Iculo en la página de Internet de la Sedesol–, la cual agrupaba a unas 700 mil mujeres, declaró entonces la funcionaria. En los actos proselitistas del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, las integrantes de esa organización se destacaron porque eran las que en los actos públicos se acercaban a tomarse fotos con él y coreaban porras. Cada una gana 47 mil pesos Una investigación realizada por La Jornada, que incluyó solicitudes de información a Infomex, encontró que en la Sedesol hay una estructura conformada por funcionarias diestras en tareas electorales, cuya cabeza es Rosario Robles, seguida por la red de subdelegadas, quienes a su vez coordinan a los promotores comunitarios, y en la base están los miles de comités que se han establecido en el territorio nacional, a través de los cuales se manejan los programas sociales. Cada una de las subdelegadas percibe salarios de director de área con la clave MA1, que en total suman 47 mil pesos de ingresos brutos para cada una. Confirmaron lo anterior trabajadores de la dependencia que pidieron omitir su nombre, quienes reiteraron que las subdelegadas son mujeres forjadas en el trabajo político partidista. Basta un ejemplo: la subdelegada de Oaxaca, Silvia Solís, el 21 de enero de este año (según medios locales) convocó a beneficiarios de la cruzada para apoyar a los candidatos del PRI. La organización proselitista Mexicanas Comprometidas con la Paz se presentaba en 2012 como ajena a los partidos políticos, pero suscribió los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto: ‘‘Nos comprometemos también a promover todos los días los valores de la convivencia pacífica, del respeto, de la tolerancia, de la paz; nos comprometemos a ir a votar para hacer realidad nuestro triunfo. Así lo haremos, porque estamos emPEÑAdas en rescatar a México’’, publicó esta organización en Facebook. Entre las subdelegadas que provienen de esta asociación están Engracia Alejandrina Vuelvas, en Jalisco, donde fue la coordinadora, al igual que de Colima; ya en 2014 tuvo denuncias porque presuntamente ofreció despensas en Zapopan, El Salto y Tlajomulco a cambio de la identificación oficial y la afiliación a la cruzada, aunque nunca se les entregaron apoyos a los que cumplieron con esos requisitos, y además se amparó para no perder una plaza laboral en el Congreso del estado.
También fueron coordinadoras estatales y asumieron en su momento el compromiso de obtener un millón de votos de mujeres a favor de Peña las funcionarias de Baja California, Nelsyn Adriana García Zavala; Campeche, Nyndira Esther Maas; Sinaloa, la priísta Cristabel Zamora; Veracruz, la también priísta Clara Luz Prieto; Zacatecas, Ana Cecilia Tapia, quien asistió a encuentros de la red y fue regidora del Revolucionario Institucional en la capital de este estado, y de Querétaro, Paulina Escobedo, diseñadora de interiores, e invitada por la secretaria Robles para participar en esa área, según declaró a medios locales. Entre las que son priístas y están al frente de las subdelegaciones de Desarrollo Comunitario están Idalia Limón, en Tabasco. Declaró a un medio de comunicación en ese estado, el 10 de julio de 2013, que fue invitada por la titular de Sedesol para ese cargo, ‘‘ya que tuve la oportunidad de trabajar con ella directamente y afortunadamente le gustó mi trabajo; espero no defraudarla’’. Otra subdelegada afiliada al tricolor con trayectoria como operadora política es Karina Olivas, de Baja California Sur, quien de directora de relaciones públicas del ayuntamiento de La Paz pasó a hacerse cargo de los programas sociales. Fue coordinadora de enlace con mujeres en la estructura que realizó en ese estado labor proselitista del PRI en la campaña presidencial de 2012. En Colima está Macrina Linares, del PRI; fue regidora de Villa de Álvarez; Elisama Núñez, en Chihuahua; en el curr´Iculo que presentó a la Sedesol puso entre sus referencias personales a su jefe, el delegado José Luis de Lamadrid, uno de los operadores de la campaña electoral del gobernador priísta César Duarte. Violeta Morales labora en la subdelegación de Hidalgo; fue candidata suplente por el Revolucionario Institucional en el distrito 18 de Atotonilco el Grande, en las elecciones de 2013. En San Luis Potosí, Norma Isabel Castro Patton, antes de hacerse cargo de los programas sociales fue directora de ventas, y en 2013 calificó a los campesinos de ‘‘flojos’’. Por lo que hace a Aguascalientes, Rosario Tapia Macías fue coordinadora de proyectos especiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano; era cercana a la ex delegada Norma Esparza Herrera, quien fue operadora del gobernador del estado, el priísta Carlos Lozano de la Torre. En el estado de México, la subdelegada María de los Ángeles Salazar Vázquez fue subdirectora regional del valle de México del Consejo Estatal de la Mujer y antes trabajó con la primera esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Monica Pretelini, según consta en su currículo. La subdelegada en Tamaulipas, María Luisa Godoy García, es militante del PRI, y la de Tlaxcala, Alma Nydia Cano Rodríguez, en su experiencia profesional consta que fue secretaria particular del presidente municipal de Tlaxcala. Por otra parte, en Morelos, Silvia Rocío Ceja fue designada por Rosario Robles el 31 de marzo de 2014, y está a cargo, según el delegado de la Sedesol, Jorge Meade, de la entrega de 103 mil televisores como parte del llamado ‘‘apagón analógico’’. La de Puebla, María Trinidad Barrón, presuntamente apoya a su familia a través de su cargo, ya que el 9 de febrero pasado se publicaron copias de cheques en los que se demostraba que su hermana y sobrina cobran en la delegación. En Guerrero, en 2013 se designó a Socorro Mondragón, lideresa estatal de Mexicanas Comprometidas con la Paz, pero renunció a los pocos meses y el puesto está vacante. En declaraciones a medios en 2012, esta funcionaria dijo que la asociación tenía como meta obtener 30 mil votos de mujeres guerrerenses.
Si bien la mayoría de las subdelegadas son de Mexicanas Comprometidas con la Paz o de militancia priísta, otras son amistades. Yunuen Maldonado, en Michoacán, es amiga de la secretaria Robles; Yunuén es hija del ex alcalde perredista Samuel Maldonado, cercano a Porfirio Barbosa, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Rosario Robles. No hay subdelegadas en Guanajuato, Guerrero, Durango, Sonora y Nayarit; en Chiapas hay un subdelegado, Rodolfo Eligio Molina. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: Angélica Enciso y corresponsales
MÉXICO, D.F: El cohete ruso Proton-M se estrelló este sábado en la región de Siberia Oriental luego del inicio de su misión para poner en órbita al satélite de comunicaciones mexicano Centenario. El Proton-M tuvo una falla todavía no identificada a los ocho minutos de su lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur y acabó impactando en la región de Chita con el satélite. El Centenario, un satélite de 5.4 toneladas, fue construido por Boeing Satellite Systems para el gobierno mexicano. Su despegue estaba previsto originalmente para el pasado 29 de abril pero fue aplazado a petición de la propia compañía para realizar más pruebas. La agencia espacial rusa Roscosmos admitió que hubo una falla en el trayecto de la tercera etapa de la nave Protón-M que portaba al satélite Centenario, que provocó pérdida de señal para poder contactar a este mismo. Un helicóptero de emergencia ruso sobrevoló la zona de la probable caída de los restos de la parte superior del cohete. Sin embargo, los especialistas no pueden localizar ningún fragmento relacionado con el vuelo fallido. El despegue de la nave rusa fue a las 8:48 de la mañana hora de Moscú. La agencia espacial de Rusia Roscosmos tenía programado poner el satélite en un punto estratégico correspondiente a la posición exacta para que pudiera ofrecer los servicios de telecomunicaciones para México y parte de Sudamérica. Roscosmos creó una comisión investigadora para esclarecer las circunstancias del fallo, mientras las autoridades enviarán helicópteros a la región de lago Baikal, donde los residentes creyeron oír una fuerte explosión. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte informó que cuenta con los seguros comerciales de cobertura amplia que amparan al 100% la inversión realizada por el Estado mexicano en la fabricación y el lanzamiento. Aunque se recuperará la inversión del satélite Centenario, el tiempo promedio que tomará preparar y lanzar uno nuevo que lo sustituya es de entre 36 y 38 meses. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo que a pesar de la falla ocurrida en el lanzamiento del satélite Centenario, el servicio está garantizado. El funcionario indicó que el satélite costó unos 300 millones de dólares, y su lanzamiento unos 90 millones más.
“Tenemos que aprender a convivir con los riesgos que no son extraños en esta industria”, dijo esta mañana Ruiz Esparza en conferencia de prensa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
COLIMA, Col: El presidente Enrique Peña Nieto ha sido insensible a los problemas de las comunidades indígenas del país, “por eso andamos aquí, porque no nos han escuchado”, dijo César Cota Tórtola, capitán de la Tribu Yaqui de Loma de Guamúchil e integrante de la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. En entrevista durante su participación en una marcha por las principales calles de esta ciudad, el dirigente indígena comentó que a lo largo de su recorrido por diversos estados, la caravana ha encontrado muchos casos de injusticia contra los pueblos originarios del país. “Pensábamos —añadió César Cota— que éramos los únicos que sufríamos el pisoteo de nuestros usos y costumbres, así como los derechos que como mexicanos tenemos, pero ya nos dimos cuenta de que en todos lados hay comunidades que están padeciendo el despojo de su agua y de su territorio”, refirió. El propósito de la caravana, integrada por cinco contingentes que desde el pasado 11 de mayo recorren el país, es visitar 75 localidades de 23 estados de la República para concluir el día 22 con una concentración en el Distrito Federal en la que serán incorporadas todas las demandas recogidas a lo largo del trayecto. Convocada por la Tribu Yaqui de Sonora, con el apoyo del organizaciones sociales, la caravana se ha pronunciado contra la privatización del agua, las reformas laborales y el despojo del territorio a través de megaproyectos como presas y acueductos, además de mantener las demandas de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la liberación de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, voceros de la Tribu Yaqui. A su llegada al estado de Colima, la comitiva visitó la comunidad nahua de Zacualpan, donde sus integrantes tuvieron un encuentro con el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ). En este lugar, los visitantes explicaron los motivos de su movilización y los lugareños los pusieron al tanto de la lucha que han sostenido desde hace más de un año contra el proyecto de explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, que pondría en riesgo un manantial que abastece de agua a alrededor de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. De acuerdo con Martín Peña Guzmán, miembro del CIDTZ, el encuentro entre indígenas yaquis y nahuas, realizado en el patio de un domicilio particular, incluyó un emotivo ritual de bienvenida y concluyó con una serie de abrazos solidarios entre los participantes. La reunión, sin embargo, fue infiltrada por tres policías estatales vestidos de civil, que tomaron fotos y grabaron parte del encuentro, pero al ser descubiertos fueron expulsados del lugar, en tanto que algunos habitantes molestos por el espionaje arrojaron objetos contra los vehículos en que se trasladaban los agentes gubernamentales.
En la marcha realizada posteriormente desde el parque de la Piedra Lisa hasta el Jardín Libertad, los miembros de la Tribu Yaqui fueron acompañados por habitantes de Zacualpan, así como integrantes de organizaciones sociales como Bios Iguana, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), entre otras. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
CHIHUAHUA, Chih: Luego de las acusaciones hechas contra el director de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, José Antonio Reyes Ramírez, de haber mandado matar al exsecretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola Pérez, el Partido Acción Nacional (PAN) exigió la destitución del jefe policiaco. “Las declaraciones de Leyzaola exhiben la incompetencia, falsedad y la perversidad con las que actúan las autoridades de Chihuahua, que nuevamente vertieron diversas versiones sobre el motivo el atentado que sufrió el exfuncionario público”, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, en un comunicado de prensa. El dirigente consideró grave lo dicho por el teniente coronel en retiro, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Héctor Murgía Lardizábal. Leyzaola aseguró ayer en entrevista con el semanario Zeta que el sicario que le disparó le dijo que el ataque era un “mensaje del dire Reyes”. El PAN exigió que Reyes Ramírez sea inmediatamente destituido del cargo para investigarlo a fondo porque fue señalado directamente como cómplice del crimen organizado, acusación suficiente para que se le pierda toda la confianza institucional. “¿Qué dice ahora el gobernador al respecto?, ¿seguirá mintiéndole a los chihuahuenses?”, cuestionó Mario Vázquez. El dirigente panista considera que es absurdo que el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás espere a que Leyzaola Pérez presente su denuncia ante la Fiscalía del Estado, porque “además de seguir inventando diversas versiones sobre las investigaciones policiacas, son precisamente sus mandos junto con los de Seguridad Pública Municipal, quienes han sido señalados cómplices de quienes intentaron matarlo”. Vázquez llamó a la ciudadanía a cuestionar en manos de quién está la seguridad pública de los juarenses y del estado. Leyzaola no quiso rendir declaración, acusa la Fiscalía Las acusaciones de Leyzaola fueron conocidas por las autoridades de la Fiscalía General del Estado durante la Reunión Nacional de Seguridad Pública que se realizó en el hotel Soberano de esta ciudad. Ahí se reunieron fiscales, procuradores y secretarios estatales de seguridad de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California Norte y Chihuahua. Afuera de la reunión el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, rechazó los señalamientos de Leyzaola y dijo que éste no aceptó la invitación que le hizo el Ministerio Público para que declarara. Junto a Villarreal, el secretario de Seguridad Pública de Juárez, César Omar Muñoz Morales, aseveró que Reyes Ramírez tiene un expediente limpio y ha trabajado con él desde hace tiempo. Admitió que éste fue agente estatal, como lo dijo Julián Leyzaola. “Es un joven entusiasta que ha venido trabajando conmigo, estamos trabajando en la capacitación de derechos humanos para toda la corporación, para tener presencia con toda la ciudadanía”, dijo Muñoz Morales. Agregó que están dispuestos a que se investigue a cualquier autoridad a la que se señale por ese asunto. Leyzaola aseguró que él mismo advirtió a la Fiscalía que Reyes Ramírez no era buen elemento, ya que él mismo lo corrió porque estaba coludido con Los Aztecas y habló con las autoridades estatales para que no lo contrataran pero aun así lo nombraron policía municipal de Juárez. “Dije: ‘no lo dejen entrar, es un malandrín’, y lo dejaron entrar al final. “Y la consecuencia fue ésa, lo dejaron entrar; pasa el tiempo, me salgo yo de la Policía y él llega como director de la Policía” informó Leyzaola al semanario Zeta. El secretario general de gobierno, Mario Trevizo Salazar, dio a conocer anteriormente que Leyzaola nunca quiso tener escolta a pesar de que se la ofrecieron al finalizar su encargo al frente de la corporación en Juárez. El teniente en retiro confesó que no tiene confianza en las autoridades de la Fiscalía General del Estado porque no le tomaron declaración y trataron de que se dijera que el móvil era por problemas personales con quien le disparó. El fiscal Villarreal respondió que la Fiscalía se basa en declaraciones oficiales que se hacen ante las autoridades y en este momento no hay una declaración oficial de Leyzaola, porque él se negó a hablar. “La invitación que se le hizo al teniente coronel, amigo mío por cierto, el teniente Leyzalola, para que hiciera una declaración ya en el momento mismo en que los médicos lo autorizaron para que declarara, él se negó a hacerlo”, enfatizó Villarreal. Dijo que se le hizo la invitación formal para que declarara unos tres días después del atentado. “Fue cuando los médicos autorizaron, cuando dijeron ‘ya está preparado para que tenga su mente clara, ya está médicamente hábil”, indicó. Agregó que el agente del Ministerio Público levantó la constancia cuando se le solicitó su declaración y él dijo “no quiero declarar”, por eso en la investigación no existe la dedicación, efectivamente. Sin embargo, estamos prestos para poder escucharlos si él menciona tal o cual irregularidad, o hace una acusación, la Fiscalía investigará como investiga a fondo cualquier asunto que le corresponda, pero no existe la declaración. “Me sorprende esa declaración (de Leyzaola) extraordinariamente porque en cuanto se informó del atentado, el fiscal se trasladó Chihuahua a Juárez y a mí me giró instrucciones para otorgar todo el apoyo, para darle apoyo en el hospital, el gobierno del estado se hizo cargo de los gastos médicos, nunca estuvo incomunicado, siempre estuvo platicando con médicos, con el fiscal general, conmigo y con su esposa y con el exalcalde Héctor Murguía, estuvo consciente antes de que lo metieran a quirófano, él siempre estuvo en condiciones de hablar”, reiteró el fiscal. Villarreal aclaró que lo que dijo Leyzaola no lo toma como declaración oficial en virtud de que no lo ha hecho en la carpeta de investigación, mientras que César Muñoz cuestionó porqué Leyzaola no hizo esas declaraciones en Juárez. El exsecretario de Seguridad Pública aseveró que la Fiscalía ha intentado inducir el móvil del atentado a una cuestión personal pero Villarreal y Muñoz también negaron dicho argumento: “Suena ilógico que si la persona de Seguridad Pública que se menciona tiene alguna intervención o le mandó causar un daño, no detenga a los responsables, ahí está para que se le investigue e interrogue”. Dieron a conocer que hay cuatro líneas de investigación sobre el atentado, y reconocieron que una es la probable participación de Leyzaola en la violación a la hermana de uno de los detenidos. Muñoz agregó que incluso cuentan con el video del momento del atentado en el cual participan dos personas que están detenidas, aunque al principio sospechaban que eran cuatro y descartó que esté involucrado el crimen organizado, ya que por el tipo de arma, calibre 380, se trata de otro tipo de personas. Además, dijo, sólo llevaban cuatro balas y detonaron sólo tres. “Estuvimos en el primer anillo de seguridad (en el atentado) cercano a él, estuvo la Policía Municipal y también hubo apoyo de la federal y militar”, agregó César Muñoz. El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez se negó a declarar, aun cuando la Fiscalía General del Estado se lo propuso, señaló el fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías. Julián Leyzaola resultó herido el pasado 8 de mayo cuando se encontraba en su camioneta Jeep Comander, con su hijo de dos años. Su esposa se había bajado y regresó cuando le dispararon al exmilitar. Hasta ahora hay dos hombres vinculados a proceso: Antonio Castañeda Álvarez El Güero y Hugo Alonso Serenil Luna El Cabezón.
El juez de Garantía pidió investigar la acusación de uno de los implicados en el atentado quien acusa a Leyzaola de haber violado a su hermana de 22 años. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Mediante el uso de documentos apócrifos, participó en la expedición ilícita de credenciales para votar a menores de edad, delito electoral previsto en el Artículo 411 del Código Penal Federal.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a un servidor público de un módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado en Metepec, Estado de México, quien mediante el uso de documentos apócrifos, participó en la expedición ilícita de credenciales para votar a menores de edad. Este delito electoral está previsto en el Artículo 411 del Código Penal Federal. El indiciado fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional federal, quien resolverá su situación jurídica.
La captura se realizó al cumplimentar una orden de aprehensión girada por un juez de distrito de procesos penales federales con sede en la entidad mexiquense, de acuerdo con la Procuraduría General de la República. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
Esta liberación forma parte de los 13 acuerdos pactados entre los trabajadores con autoridades federales y estatales. En un inicio por tres jornaleros se pedían 7 millones de pesos de fianza, y 500 mil pesos por un cuarto trabajador.
El Gobierno de Baja California concedió el perdón a cuatro jornaleros de San Quintín detenidos durante el enfrentamiento en la localidad de Vicente Guerrero el pasado 9 de mayo, por lo cual quedaron en libertad. De acuerdo con el periódico Reforma y Milenio los campesinos Aarón Francisco Gamboa Juárez, Moisés Gil Velasco y Antonio Álvarez Cruz fueron acusados de daños a vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y lesiones a Policías estatales, luego de que los agentes ingresaran a la Colonia Lomas de San Ramón por una supuesta llamada. Esta liberación forma parte de los 13 acuerdos pactados entre los trabajadores con autoridades federales y estatales. En un inicio por tres jornaleros se pedían 7 millones de pesos de fianza, y 500 mil pesos por un cuarto trabajador.
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que vigilará el cumplimiento de los acuerdos luego de que se les fijaran fianzas desproporcionadas a los campesinos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
