El TEPJF determina permitir a independientes mismo tope de campaña que partidos

MONTERREY, NL: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución que permite a todos los candidatos a un puesto de elección popular acceder al mismo tope de financiamiento, incluidos los independientes.

Lorenia Canavati, candidata independiente a la alcaldía del municipio conurbado de San Pedro, Nuevo León, informó que el pasado 6 de mayo, la sala regional del Tribunal se pronunció a favor de proteger la equidad entre aspirantes con y sin partido, al permitir que el límite de gastos de proselitismo de su campaña sea de 992 mil 925 pesos, igual al del resto de sus contrincantes.

Inicialmente, la Comisión Estatal Electoral (CEE) le había fijado a Canavati un financiamiento público de 21 mil 048 pesos, pero no le había establecido reglas para financiamiento privado, lo que la había dejado en una incertidumbre jurídica que decidió combatir.

Esta decisión, dijo, opera para todos los candidatos sin partido que compiten en el país, beneficiados por las reformas constitucionales del año pasado.

“Esta resolución me ataña a mí, pero es un precedente sólido que impacta y da certidumbre jurídica a todos los candidatos independientes del país (…). El precedente que se sienta para todos los candidatos independientes es que a través del financiamiento privado podemos estar en igualdad de condiciones económicas para competir con los partidos políticos”, declaró.

El 29 de mayo la aspirante a edil presentó un juicio de inconformidad en el Tribunal Electoral de Nuevo León para que revisara la distribución del financiamiento público en gastos de campaña para las candidaturas independientes de 2015, que fueron previamente fijadas en el acuerdo CEE/CG/37/2015 del pleno de la Comisión.

La demandante consideró que el tope resultaba inequitativo entre los candidatos, por lo que presentó un recurso de protección de derechos político electorales del ciudadano en la Sala Regional del TEPJF, de la segunda circunscripción electoral plurinominal.

En su resolución, el Tribunal aclaró que la CEE no fijó expresamente los límites del financiamiento privado entre candidatos independientes, por lo que, de acuerdo con el artículo 217 fracción IV de la Ley Electoral, Canavati no tenía restricciones para captar apoyos de particulares, omisión que ya fue subsanada con el fallo.

La candidata explicó que la preponderancia del financiamiento público sobre el privado expresado en el Artículo 41 fracción II de la Constitución Política de México sólo aplica a los partidos políticos y no a los candidatos independientes.

De acuerdo con los abogados de la candidata independiente, este principio constitucional está diseñado para el régimen de partidos, que atiende a la distribución de financiamiento público entre ellos, según su representatividad ante la ciudadanía.

Este principio no es aplicable a las candidaturas que son presentadas sin respaldo de organismos políticos, que no son permanentes como organizaciones de interés público y que no tienen estructura ni organización de militantes.


“Esto quiere decir que aunque se nos han puesto muchas trabas hemos ido superando una tras otra. Se están cayendo los muros para el verdadero cambio democrático en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Senador del PRD pide investigar todas las obras de OHL

Ecatepec, Méx. El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, señaló que se deben de investigar todas las construcciones que ha llevado acabo en México la empresa española OHL ante los problemas jurídicos y escándalo por corrupción que enfrenta.

Por su forma de actuar, “en especial en el estado de México la investigación debe extenderse desde la administración del ex gobernador, Arturo Montiel Rojas, porque fue él quien dio la primera concesión en México”, dijo Sánchez Jiménez.

"Hay que hacer una investigación para que sea todo muy serio y con bases; a OHL se le tiene que investigar en todas las construcciones que ha llevado acabo en el país porque así como se descubrió lo del Viaducto Bicentenario por supuesto que aplica lo mismo en todo el resto de obras, de vialidades no sólo en México lo ha hecho sino en muchos otros países”, agregó

Afirmó que OHL es la empresa que recibía un trato preferencial en el estado de México y que Arturo Montiel le dió la primera concesión para el Circuito Exterior Mexiquense en el tramo de Jorobas hacia Nezahualcóyotl. Más tarde, Enrique Peña Nieto cuando le otorgó la concesión de Nezahualcóyotl en la zona norte hacia Ixtapaluca.

“El llamado que hace la bancada del PRD en el Senado de la República es esto justamente y que se investigue lo que han convenido porque por supuesto que OHL no solo tiene problemas con el Viaducto Bicentenario sino también en esta otra parte muy importante que es el Circuito Exterior Mexiquense, que además es la autopista mas cara del mundo”, aseveró.

Aseguró que en el caso del Circuito Exterior la obra presenta múltiples anomalías y deficiencias en la construcción de varios tramos.

"En el tramo de la caseta de Ecatepec y la caseta para salir a Nezahualcóyotl, en zona norte, los hundimientos que presentan han ocasionados algunos accidentes, y de mala construcción”.

Dijo que a OHL le importa poco la seguridad de los automovilistas que circulan por el Circuito y lo que sólo le importa es tener sus ingresos.

"Hay que hacer una investigación del Circuito y lograr que baje el precio en esta autopista, de entrada que baje; tiene que ajustarse a lo que es más cercano a la realidad porque por supuesto que trae un sobre precio, gracias a esta maniobras y en contubernio que hay entre las autoridades con la empresa, eso lo hemos estado denunciando desde muchos años”, sentenció.

El senador por el estado de México, Luis Sánchez consideró que la renuncia del secretario de comunicaciones mexiquense, Apolinar Mena Vargas no es porque le intentaron pagarle sus vacaciones de 120 mil pesos.


“Si nosotros nos vamos por ese argumento estaríamos dejando libre un negocio de miles de millones de pesos y que no lo hizo ese funcionario, me parece al funcionario lo están corriendo porque declaró que en esta administración de Eruviel Ávila no habían dado concesión alguna a OHL, ni habían dado al alza las tarifas; por lo tanto lo endosa el problema a quien si lo tiene y debe tenerlo en la administración de Peña Nieto”, dijo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Javier Salinas Cesáreo.

Atacan a pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana ; un muerto y un herido

México, D.F: Sujetos armados atacaron a un grupo de pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana en el tramo Delicias-Meoqui, Chihuahua, con saldo de un muerto.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, luego de una persecución en la que hubo intercambio de disparos entre ambos grupos.

De acuerdo con información difundida por el ‘Diario de Juárez’, uno de los pilotos murió abatido en el lugar y otro resultó herido, en tanto que el tercero logró huir de sus agresores, aunque más tarde habría sido levantado, según versiones oficiales.

La nota destaca que después del ataque las autoridades localizaron una camioneta abandonada, alrededor de las 2:40 de la madrugada, lo que generó una fuerte movilización de policías y tránsitos de Delicias y Meoqui, así como elementos de la Policía Ministerial Investigadora y del Ejército Mexicano.

Testigos aseguraron que al norte de la ciudad escucharon fuertes detonaciones y el ruido de automóviles a gran velocidad.

La información preliminar apunta que los tres integrantes de la Fuerza Aérea viajaban en un vehículo Mustang cuando fueron atacados por un grupo fuertemente armado.

La persecución concluyó poco después de pasar la zona de los gases, donde se localizó una camioneta dañada por un choque, que a su vez derribó un poste luz que dejó sin energía eléctrica al sector.

Uno de los pilotos quedó abatido afuera de su vehículo, un Mustang deportivo rojo, modelo 2014, con placas de circulación JKU-78-99 del estado de Jalisco. La unidad tenía impactos de arma de fuego y en el costado un choque con rasgos de pintura blanca.

La víctima, Luis Édgar Fernández Brambila, de 25 años de edad –según la documentación que portaba entre sus ropas–, se encontraba destacamentado en el campo de adiestramiento militar de Santa Gertrudis, confirmaron sus propios compañeros castrenses en el lugar de los hechos.

Aproximadamente 200 metros sobre el carril de sur a norte de la carretera Delicias-Meoqui, afuera de la cinta asfáltica, se localizó una camioneta Tundra blanca modelo 2008, con placas del estado de Chihuahua (EB 10-409). La unidad presentaba un impacto de arma de fuego y un choque en la parte derecha, con rasgos de color rojo. Cerca de ella se encontró la tapadera roja del Mustang.

A un costado estaba derribado un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dejó sin servicio de luz a gran parte del sector.

Testigos oculares señalaron que una persona salió corriendo del lugar rumbo a los predios agrícolas, y se cree que es el piloto que logró huir.

El tercero, Uriel Ramírez Barrientos, de 26 años de edad, fue internado de urgencia debido a que durante el ataque recibió varios impactos de proyectil de arma.


El herido informó que fueron agredidos por desconocidos cuando viajaban a bordo del vehículo Ford Mustang rojo que horas antes fue localizado junto con el cuerpo de Fernández Brambila.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Imagen del día: Batimóvil en campaña: así se promueve un candidato en Neza

Viva el circo electoral, en esta imagen toma uno de los grandes iconos de los comics principalmente de los años 60 para la supuesta promoción del voto, sin propuesta pero si con una bonita imagen, en este caso de parte del partido político Movimiento Ciudadano para el municipio de ciudad Nezahualcóyotl. 

Que bonito y unas cuantas preguntas ¿Aun creen que valga la pena salir a votar? o ¿Aun piensan en ir a emitir su voto? y ¿Si iban a salir con esta mamada por que no eligieron alguna versión más moderna?.

Texto original:

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Nezahualcóyotl, Estado de México, Valentín González Bautista, utiliza un auto parecido al "batimóvil". El vehículo apareció desde hace unos días como parte de su campaña. Estas imágenes las ha difundido a través de su cuenta en Faceebook.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Vuelven a repuntar los secuestros en México: ONG

Se denunciaron 138 plagios el mes pasado. En promedio una víctima fue secuestrada cada 4 horas. Al menos una de cada 10 fue asesinada.

Los secuestros en el país tuvieron un repunte durante el mes de abril, pues se registró un incremento del 7.8% en comparación con marzo, al pasar de 128 secuestros denunciados a 138. 

Así lo reportó la organización Alto al Secuestro, que reportó que en los 138 secuestros denunciados en el mes de abril, hubo 171 víctimas.

Además, dio datos generales desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“En el transcurso se esta administración han sido denunciados 5,710 secuestros, y de continuar la tendencia mensual como hasta el momento, al final del año estaríamos registrando cerca de 7,000 secuestros y ello, sin contabilizar la enorme y creciente cifra negra, que según estimaciones de las propias autoridades federales es de 9 de cada 10 secuestros”, expuso.

Y detalló: “82.4% de los secuestros denunciados se encuentra distribuido en 10 estados: Mexico, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, DF, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Jalisco y Oaxaca. Como hemos mencionado, si se implementaran acciones concretas en estas entidades, no tendríamos el incremento en este delito que hoy se vuelve a registrar.
No sólo es preocupante el incremento, sino la cantidad de víctimas que son privadas de la vida mientras se encuentran en cautiverio, según respuestas de 22 entidades federativas vía transparencia, al mes de abril era de un 14%“.


Comunicado de la organización:

Comunicado ABRIL .docx by Aristegui Noticias:

  Comunicado ABRIL .docx

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Insuficiente, la reforma en materia de fuero militar: CIDH

México, DF. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que es insuficiente la reforma legislativa del Congreso mexicano en materia de fuero militar, pues sólo se limitó dicho fuero para delitos y violaciones cometidos contra civiles, sin cumplir en su totalidad con las obligaciones establecidas por la Corte en varias sentencias emitidas.

Además, ordenó al Estado mexicano entregar a más tardar el 3 de agosto un informe sobre todas las acciones adoptadas para cumplir con las reparaciones todavía pendientes en los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por elementos militares.

En tanto, para el 5 de octubre, deberá presentar un informe similar en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, también por militares, e igualmente por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres la comunidad indígena Me'phaa en el estado de Guerrero, que fueron violadas por miembros del Ejército.

En estos informes, el Estado mexicano deberá notificar los avances y las acciones no sólo para investigar, juzgar y sancionar los actos de tortura denunciados en estos casos, sino también sobre las medidas para fortalecer el registro de personas detenidas en el país y reformar el Código Penal Federal para tipificar adecuadamente la desaparición forzada de persona.

En las resoluciones que la CIDH emitió sobre estos casos se  consideró que la competencia militar prevista en el artículo 57 del Código de Justicia Militar abarcaba delitos y bienes jurídicos que no eran propios del ámbito castrense.

En respuesta, el 30 de abril de 2014, el Congreso mexicano aprobó reformas a dicho código, las cuales fueron evaluadas por la Corte, señalando ahora que solo “dan cumplimiento parcial a las obligaciones” establecidas en las resoluciones.


Desde el momento de las reformas, múltiples organizaciones de derechos humanos habían señalado que eran incompletas y no cumplían en su totalidad con las obligaciones fijadas por la CIDH.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

Satélite asegurado

Después de que el Centenario se estrelló en Rusia durante el lanzamiento, la SCT indicó que no habrá pérdida económica.

Al parecer, el incidente no pasó a mayores. 

Y es que el Gobierno mexicano tiene garantizada la recuperación de la inversión en la construcción y el lanzamiento del satélite Centenario, aseguró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Luego del fallo de la misión este sábado, la dependencia federal reiteró en un comunicado que el precio de la fabricación del satélite es de 300 millones de dólares y el del lanzamiento de 90 millones.

Precisó que el Centenario y su lanzamiento estaban asegurados con la empresa inglesa Marsh Ltd, a través de una póliza de cobertura total en dólares estadounidenses por el ciento por ciento de los costos de fabricación y del lanzamiento.

“Es así que el Gobierno mexicano tiene garantizada la recuperación de la inversión en este programa”, expone la dependencia mexicana, al aclarar que la cobertura del seguro no tiene deducible y el valor de la prima fue del orden de los 50 millones de dólares.

Misión fallida


Este sábado, el cohete ruso Protón-M que portaba el satélite de comunicaciones mexicano Centenario despegó a las 00:47 horas, tiempo del centro de México, del cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. Poco después, la misión falló y el satélite se estrelló en Siberia.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Consumen solas Coca y Nestlé tanta agua como la población de Coatepec

La cantidad anual de agua de manantiales subterráneos que consumen en conjunto las transnacionales Coca Cola y Nestlé ubicadas en el municipio de Coatepec suma casi el mismo volumen que la población de esa ciudad sin contar que los aprovechamientos son distintos, pues uno es para consumo humano y el otro para hacer negocio.

Según el director general de CMAS de Coatepec, el ingeniero Abner Noel Rivera Guevara, la ciudad cuenta con 18 mil tomas regularizadas, que consumen cada una 7 m3 al mes, lo que suma al año un millón 512 mil m3; cabe destacar que muchos domicilios están en distintos regímenes ya sea de condominio, comercial o fusionan usuarios por lo que podrían ser más consumidores que dependen de esas tomas de agua.

En el Registro Público de Derechos del Agua (Repda) –portal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revela los títulos y los permisos de dichas empresas sobre el vital líquido– indica que el titular PANAMCO GOLFO S.A. DE C.V. ubicado en el municipio de Coatepec, perteneciente a la Coca Cola, tiene a su disposición cuatro aprovechamientos superficiales que extraen un volumen de agua al año de 757, 768, 00 m3. En ese mismo esquema NESTLÉ MEXICO S.A. DE C.V. cuenta con un aprovechamiento superficial con una cuota de 409, 968, 00 m3 al año.

Es decir que las dos empresas en conjunto extraen un millón 167 mil 736 m3, sin considerar que ambas pueden pagar multas por sobreconsumo. Lo que conviene destacar es que esta proporción del líquido se utiliza en su totalidad para la elaboración de derivados lácteos, bebidas carbonatadas o su venta directa embotellada, que se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos de Coca Cola.

Uno de los pozos que arroja la mayor cuota de m3 de agua (410 mil m3) y que comparte la PANAMCO con Nestlé, con una latitud de 19°27’32.00″ y una longitud de -96°56’35.00″ se encuentra en el predio de Nestlé conforme a la búsqueda de Google Maps y es de ahí de donde ambas trasnacionales obtienen casi la mitad de sus necesidades.

En un ejercicio de cálculo de cómo se comercializa este recurso natural, se concluyó que las ganancias de Coca Cola al año son alrededor de mil 100 millones de pesos, considerados a partir de los precios y del uso de agua de dicha compañía, de casi 758 mil m3 que extrae al año, costo al que por supuesto le agrega su gastos internos de comercialización. Se estima que para la venta al público hay un costo de 1.45 pesos por cada litro de un garrafón de 20 litros, con precio al público de 29 pesos.

Por consiguiente, el precio del agua pura que consumen los clientes de la corporación en Coatepec y sus alrededores es de 1.45 pesos, no obstante, el costo de los productos procesados como los refrescos se eleva; así, un litro de refresco tiene un precio promedio de 10 pesos al público.

Conagua solapa a las empresas privadas

Si bien los recursos hidrológicos son un bien público, el uso industrial que realizan distintas empresas, señaladamente las antes mencionadas, están bajo las condiciones de confidencialidad que la Conagua permite para declarar sobre la extracción puntual y las ganancias de la mercantilización del agua a la ciudadanía; de las enormes ganancias que les representa, tanto Coca Cola como Nestlé no retribuyen ni un peso al órgano regulador municipal del agua, en ese caso de la región de Coatepec.

Al respecto, el ex director del Fidecoagua, Martín Quitano Martínez, coincidió que el uso del agua debe ser del conocimiento público para evitar especulaciones sobre las condiciones en que operan las empresas privadas sobre el usufructo del recurso nacional.

Aunque el municipio no ha tenido un problema en el abasto del agua, porque para su consumo sus habitantes dependen de las fuentes de los mantos acuíferos e incluso tiene “50 años de agua garantizada”, 60 por ciento del líquido en la localidad se desperdicia y disminuye por fugas, tomas irregulares, la tala clandestina en las áreas de los ríos y la parte alta de Coatepec, explicó el director de CMAS Coatepec, Abner Noel Rivera Guevara.

Esto sin considerar que los acuíferos de la región hidrológica del Papaloapan homologado (Xalapa-Coatepec) dependen también sus periferias, como la capital Xalapa, que de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son 457 mil 929 habitantes y en conjunto con la población de Coatepec suman 557 mil 929 ciudadanos que dependen de esas fuentes.

Así, mediante el programa Fidecoagua –fideicomiso que busca la conservación de los bosques mediante el pago de los servicios ambientales– las empresas como Coca Cola y Nestlé reforestan las faldas del Cofre de Perote.

Durante la administración de Quitano Martínez en el Fidecoagua, Coca Cola adoptó 230 hectáreas y Nestlé 110 hectáreas, con una aportación de mil 100 pesos cada hectárea, es decir que repoblar esa zona para justificar el lucro del líquido de dominio público, a la Coca le costaba apenas 253 mil pesos en comparación con sus ganancias aproximadas de mil 100 millones de pesos; de igual manera Nestlé sólo gastó en la reforestación 121 mil pesos.

La privatización del agua

El diputado del PT, Fidel Robles Guadarrama expresó que la venta del agua de estas industrias muestra la anticipada privatización del bien hídrico. Aunque hay una veda para abrir pozos por el agotamiento de las corrientes subterráneas, la explotación de la materia prima es gratuita, “no hay ningún cobro de impuesto de pago a la Federación, pues el agua no tiene un valor, se cobra el servicio, el mantenimiento e infraestructura”.

Todavía no hay una legislación que regule los millones de litros que se extraen de los pozos artesianos, pero la nueva Ley General de Aguas dará el valor constitucional al uso de ese recurso, manifestó el petista.

Además, urgió a dar a conocer la información que la Conagua cataloga de “carácter privado”, pues es un derecho constitucional, “no quieren reconocer que no pagan nada. Si acaso, el servicio de la toma y ni eso, porque ellos mismos se surten de lo que extraen de los pozos”.


Lejos de que los pobladores de Coatepec, Xalapa y sus alrededores obtengan algún beneficio más allá del laboral, no hay ninguna retribución para esos municipios que se equipare a la plusvalía de las transnacionales.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
AUTOR: FADIA MORENO.

Televisa recibe millones en publicidad oficial y explota “huecos” en la ley, acusa Amedi

A poco más de un año de que Televisa fuera declarada Agente Económico Preponderante en el mercado de la radiodifusión (servicios de audio y video), por controlar el 67 por ciento de dicho sector, las multas y los fallos dictados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones  (IFT) con el fin de hacer cumplir las promesas de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, no han puesto a temblar a empresa de Emilio Azcárraga Jean, afirmó la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

Sin embargo, la legislación ha dejado “huecos” para que la televisora pueda seguir actuando como tal. La Reforma en Telecomunicaciones estableció que los agentes preponderantes deberían establecerse por sector y no por empresa, por lo que a la fecha Televisa, al ser preponderante en televisión abierta y agente económico con poder sustancial en televisión restringida, debió afrontar nuevas normas, acoplarse a nuevas restricciones y cooperar con nuevos sistemas, pero no lo ha hecho denunció Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Amedi.

En entrevista con SinEmbargo, el especialista dijo que dichas resoluciones del IFT no fueron un tema que le haya preocupado a Televisa, “fueron una serie de medidas que en su momento se dijo que eran muy importantes para potenciar el mercado de televisión abierta pero no tocó la parte sustantiva que fue la comercialización de espacios publicitarios”.

Y es que el Gobierno federal, a través del IFT, ha multado y dictaminado en contra de la empresa pero por otro lado, ha pagado 3 mil dos millones 871 mil 384 pesos por gastos de campañas de publicidad, a pesar de que la reforma en la materia contempla la regulación de la publicidad de los medios de comunicación.

Los contratos, ubicados en el sitio Compranet y en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), muestran que la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Energía (Sener), han pagado a Televisa más de 8 millones por spots de 30 segundos.

Al igual que esas secretarías, el Instituto Nacional de las Mujeres, le ha pagado 18 millones 246 mil 883 pesos para una sola campaña de cuatro que ha realizado entre 2013 y 2014; el Instituto Nacional de Migración (INM) para una “Campaña de Protección a Migrantes”, pagó 14 millones 655 mil 172 pesos, mientras que el Servicio Postal Mexicano, pagó 3 millones 32 mil 475 pesos por un spot de 30 segundos en el canal 2.

Cabe destacar que todos los contratos federales se le han otorgado a través de adjudicaciones directas.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha emitido lineamientos sobre el control de publicidad con agentes preponderantes, pero durante los primeros meses de 2015, Televisa ha recibido un total de 59 millones 857 mil 491 pesos por pagos de publicidad.

OBLIGACIONES SIN IMPORTANCIA

Tras ser declarado agente preponderante, la televisora señaló que las áreas que más se verían afectadas serían las de sus negocios de radiodifusión y de paga, por lo que analizarían las medidas legales que Grupo Televisa debiera implementar.

Sin embargo, en la práctica, la televisora propiedad de Emilio Azcárraga Jean, no ha procedido en las acciones que el IFT y la Reforma en Telecomunicaciones promocionó; por ejemplo, la televisora perdió derechos en la retransmisión de sus canales en televisión de paga, ya que si en sus filiales privadas se retransmiten 18 horas o más de los canales abiertos, tiene la obligación de dar el mismo servicio, sin costo, a otros servicios de televisión de paga; también perdió  los derechos de programación exclusiva, sobre todo del ámbito deportivo.

Televisa ahora tendría que entrar a procesos de negociación de los precios de distintas tarifas junto con otros concesionarios y acoplarse a los límites que el IFT ponga a los precios y condiciones de publicidad.

Aunado a esto, un agente preponderante deberá prestar su infraestructura a terceros “en forma no discriminatoria”. Esto es, Televisa tiene la obligación de compartir sus plantas transmisoras, torres, mástiles, fuentes de energía, entre otros, lo que permitirá la entrada del único nuevo participante en la televisión abierta de cobertura nacional: Cadena Tres.

La Oferta Pública de Infraestructura obliga a Televisa a compartir con los concesionarios solicitantes sus plataformas, sin embargo, al 17 de diciembre, el IFT declaró que la televisora presentó información insuficiente, sin que se tenga información de que a la fecha, ya haya entregado la información requerida.

Televisa opera cuatro canales de televisión abierta en la Ciudad de México, produce y distribuye 24 marcas de televisión de paga en el país y el resto del mundo. Exporta sus programas y formatos a Estados Unidos a través de Univisión, y a otros canales de más de 50 países.

También tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, la producción y transmisión de radio, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, opera un portal de Internet, además de programas y de juegos y sorteos.

Actualmente, tiene en circulación 2 mil 573 millones 893 mil 922 acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio de cada una ronda en los 110 pesos.

MULTAS Y SANCIONES INSUFICIENTES

Tras el anuncio del IFT, las acciones de Televisa registraron una caída de 2.33 por ciento en México y 2.29 por ciento en la Bolsa de Nueva York. En este escenario, la pérdida económica fue de 4 mil 400 millones de pesos.

El pasado 23 de abril de este año, el IFT multó por 5 millones 730 mil 675 pesos a Grupo Televisa  por no haber entregado información sobre su posición en el mercado de la televisión restringida, el mercado de la televisión que de acuerdo con especialistas en el tema, es el único rentable en cuanto a la publicidad, ya que esta se ofrece más localizada y a sectores económicos con poder adquisitivo.


A pesar de eso, sostiene Ramírez, la capacidad de la empresa es tanta que puede vivir bien y seguir desarrollando su negocio con la carga de la preponderancia encima y con la amenaza de la dominancia, “Esas cargas no significa que se disminuya su capacidad de controlar el mercado”.

El pasado 29 de abril, adquirió Cablecom por 8 mil 550 millones de pesos. Antes, el 18 de marzo, el IFT anunció que iniciaría un juicio contra Televisa al ser un Agente Económico Dominante en la televisión de paga. Para este fallo, el poder sustancial de Televisa ya era en 2 mil 124 mercados relevantes del país, principalmente en Cuernavaca, Puebla, Monterrey y el Distrito Federal.

Tras la adquisición, Televisa quedó con un amplio poder en el mercado de la televisión de paga, por lo que la televisora había aumentado su poder sustancial en 99 mercados relevantes, acaparando el 60 por ciento del mercado de la televisión de paga.


“Las primeras investigaciones de la autoridad señalaron que hay dominancia por parte de Televisa, pero eso no significa que en el corto plazo vaya a resultar en una imposición de medidas para limitar su poder de dominante [...] Lo que ha hecho la autoridad, es emitir una evaluación y una revisión del contexto, pero falta que Televisa sea llamada a proceso administrativo, que se desahogue el procedimiento en forma de juicio y que el resultado confirme lo establecido en primera instancia, lo que significará que se le impongan las sanciones y obligaciones correspondientes, pero para eso todavía falta, fácil medio año más para tener una resolución final”, explicó Ramírez Ramírez.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2015/1342845.

El desmantelamiento de Pemex se dará también en áreas en las que es competitiva

Las grandes multinacionales del sector energético, e incluso las medianas empresas nacionales, podrían empezar a suplir a Pemex en áreas “insuficientes”, e incluso en proyectos “extraordinariamente caros y complejos”, donde la petrolera del Estado tiene reconocida experiencia internacional, expresaron analistas consultados por SinEmbargo.

El 13 de agosto de 2014, la Secretaría de Energía (Sener) asignó a Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de ofrecer a las empresas privadas, 83 por ciento de las áreas para explotación de reservas probadas y probables, volumen que cubre el total de lo solicitado por la empresa, pero solamente 21 por ciento de los recursos prospectivos de hidrocarburos.

Sin embargo, en el “Informe Anual 2014 de Petróleos Mexicanos” que recibió la Comisión Permanente del Congreso, la ahora Empresa Productiva del Estado mexicano adelantó que podría perder el derecho para la extracción de las reservas que le fueron asignadas en la Ronda Cero, por no cumplir con el plan de exploración establecido o, simplemente, porque no tiene dinero.

“Conviene destacar, sin embargo, que Petróleos Mexicanos no puede garantizar que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para explorar y extraer las reservas de las asignaciones adjudicadas, o en su caso, a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro”.

En este contexto, Miriam Grunstein Dickter, investigadora del Mexico Center Rice University y académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), sostuvo que “habría que ver si esta situación de Pemex, es coyuntural por el recorte del presupuesto o si es una cuestión estructural. Si es una cuestión coyuntural podría haber una recuperación económica, como de hecho se espera para Pemex en el futuro”.

Aunque adelantó que hay muchos proyectos que son muy caros y de muchísima complejidad en aguas profundas, donde sí podrían entrar las grandes empresas trasnacionales. “La iniciativa privada podría empezar a suplir un área de insuficiencia de Pemex”, precisó.

Destacó que en donde va a empezar a haber una entrada interesante de empresas privadas, “para dejar a Pemex descansar”, es en la parte extractiva, específicamente en la parte de logística.

En tanto, alertó que “si Pemex tiene problemas económicos tan fuertes, la parte de transformación industrial va a ser la que realmente va a sufrir”.


PEMEX ENDEBLE



Guadalupe Huerta Moreno, académica del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, criticó que “el Gobierno federal desde que estaba planeando la Reforma, sabía que Pemex tiene una situación financiera totalmente endeble, con una cantidad enorme de pasivos, [sin embargo] en la Ronda Cero, prácticamente le dio todas las asignaciones que solicitó, después viene la caída de los precios internacionales del petróleo que afecta directamente a los ingresos de Pemex, y ahora resulta que no va a poder desarrollar esos proyectos”.

Adelantó que ahora lo que probablemente tenga que hacer la Empresa Productiva del Estado es migrar esos proyectos que le habían sido asignados, “a contratos con el capital privado, lo que podría generar que Petróleos Mexicanos cada vez vaya teniendo menor participación en el mercado”.

Contratos, en los que podrían figurar firmas como Exxon, Shell, Halliburton y British Petroleum, entre otras internacionales, que vienen a participar en los campos y en los lugares “en los que está comprobadísima la experiencia de Pemex, que es en aguas someras; donde no debería de ser desplazado”, abundó.

Grunstein Dickter sostuvo que para proyectos en aguas profundas hay muchas empresas internaciones que podrían interesarse, dependiendo el modelo contractual, como Shell, Chevron, Exxon, Conoco, incluso empresas de menor escala como Cobalt, que “están con la mira en aguas profundas”. “Sin embargo no pueden tomar ninguna decisión de negocios en tanto no se publique el contrato”, añadió.

“Esos sí son proyectos extraordinariamente caros y complejos, para los cuales, en esta coyuntura, Pemex no está preparado”, sostuvo.

En la Segunda Fase de la Ronda Uno, se licitan cinco contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México, que agrupan nueve campos que contienen recursos estimados por 355 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De acuerdo con los avances de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ocho empresas pudieron iniciaron el proceso de precalificación, entre ellas Chevron Energía de México, CNOOC International Limited, Compañía Española de Petróleo, Diavaz Offshore, Lukoil Overseas Oil Company, Shell Exploración y Extracción de México, Sierra Oil & Gas y Pemex.

Para la segunda fase de la Ronda Uno, coinciden las especialistas, se vio una gran participación de los gigantes energéticos, mientras que para la tercera fase que se anunció el pasado martes, en la cual se licitarán 26 campos terrestres para la explotación de hidrocarburos, prevén se registre una mayor participación de empresas medianas nacionales.

Miriam Grunstein, detalló que en la tercera fase de la Ronda Uno, hay un gran oportunidad para empresas nacionales como Carso Oil and Gas, Petrobal, Sierra Oil and Gas, e incluso para el Grupo Alfa, “quienes también podrían interesarse en el sector”.

En tanto, Guadalupe Huerta abundó en que en esta tercera fase, a diferencia de las otras rondas donde se pedía acreditar una amplía experiencia en el desarrollo de proyectos del sector, no se está pidiendo eso, y con ello “se abre un poco más el juego para que empresas nacionales puedan participar sin que tengan una comprobada experiencia”.

“Abres el juego a proveedores nacionales de tamaño mediano, como Grupo Bal, Carso Oil & Gas, así como a las grandes empresas que ya están participando”, sostuvo.

Por lo anterior, advirtió que si no se fortalece a la empresa para que pueda seguir desarrollando proyectos en los que, insistió, tiene una reconocida experiencia internacional en poco tiempo “Pemex va a ser sólo una oficina de administración de contratos”.

Finalmente, Grunstein Dickter señaló que en los próximos meses Pemex va a estar avocada a mantener las áreas que le asignaron en la Ronda Cero, y que incluso se está asociando con tres empresas para proyectos en aguas someras.


Advirtió que Pemex debería hacer una “ponderación seria de su estrategia de inversión”, además de llevar a cabo una reformulación de sus estrategias de administración interna “para identificar realmente dónde están las coladeras de dinero y realmente tomar en serio rectificar sus políticas en materia de transformación industrial, que a la ahora llamada empresa productividad del estado, le ha sido absolutamente ruinosa”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ILSE GARCÍA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2015/1344339.

‘Juegos’ de violencia

La muerte de un niño de seis años  a manos de un grupo de menores que ‘jugaban’ a secuestrarlo refleja la descomposición social en la entidad.

Cuando “estaban jugando” al secuestro, un grupo de niños de 11 a 15 años privaron de su libertad, torturaron, asesinaron y sepultaron a un menor de 6 años en Chihuahua, informó este sábado por la noche la Procuraduría de Justicia de la entidad.

Las autoridades consideraron el suceso como un ejemplo preocupante de “descomposición social” y expertos en infancia corresponsabilizan al gobierno de esta situación y urgen a presentar una “estrategia nacional” contra todas las formas de violencia hacia los menores.

La fiscalía estatal explicó a través de un comunicado que los sucesos tuvieron lugar la tarde noche del jueves en un barrio marginal de la ciudad de Chihuahua, cuando dos niñas de 13 años, un niño de 11 años y dos adolescentes de 15, “todos vecinos y conocidos entre sí, estuvieron jugando” con Cristopher Raymundo Márquez.

“Lo amarraron y le pusieron una vara en el cuello con el que lo semiasfixiaron y cuando el menor cayó al suelo le arrojaron piedras, le encajaron una navaja en la espalda y una vez sin vida lo arrastraron hasta donde depositan el cuerpo”, indica la nota.

‘Gran preocupación’


La fiscalía mostró también su “gran preocupación” ante un homicidio que “constituye más que un problema policiaco, un factor de descomposición social” y de “ausencia de valores”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Renuncia secretario de Edomex

El gobernador Eruviel Ávila anunció ayer la renuncia de su secretario de Comunicaciones, porque este pidió favores ‘ilegales’ a OHL.

Apolinar Mena Vargas quería obtener un par de habitaciones en un hotel de lujo en el Caribe mexicano.

Este “simple” favor solicitado por el secretario de Comunicaciones del Estado de México a la constructora OHL, le valió su cargo y una multa.

El gobernador de esta entidad, Eruviel Ávila, anunció ayer la renuncia de Mena Vargas por un caso de presunta corrupción.

En conferencia de prensa, Ávila precisó que su gobierno consideró ilegal que utilizara su cargo para pedir favores a OHL, concesionaria de varias autopistas mexiquenses.

Además informó que la Contraloría del estado le impuso una multa de 189 mil pesos como sanción económica por la violación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El acusado había negado que OHL le hubiera pagado sus vacaciones, aunque reconoció que entró en contacto con uno de los directivos para que le ayudara con la contratación de un paquete de un hotel propiedad de la empresa, y que esta sí le ofreció cubrir los gastos, pero que él se negó. 

Audios delatores 

La renuncia se da una semana después de la dimisión del responsable de OHL en México, Pablo Wallentin, involucrado también en prácticas irregulares. 

El escándalo inicial con la constructora española se debió a una serie de audios divulgados en redes sociales a principios de mayo y retomados por la prensa local en los que se escucha al ahora ex secretario de Comunicaciones hablar con un directivo de OHL sobre unas vacaciones que tomaría y que se sugiere serían pagadas por la empresa.


En otra de las conversaciones se escucha a dos ejecutivos de la constructora mientras conversan sobre supuestos amaños para incrementar tarifas del llamado Viaducto Bicentenario, una vialidad de peaje que concesionó el Edomex a esa compañía.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

La Universidad Veracruzana cancela entrega de Honoris Causa a Zabludovsky

MÉXICO, D.F: La Universidad Veracruzana (UV) canceló la entrega del Doctorado Honoris Causa al periodista Jacobo Zabludovsky.

En un comunicado, la institución informa que “ha considerado no continuar el proceso propuesto por la Facultad de Comunicación y que, en consecuencia, no existe proceso oficial alguno en marcha para otorgar a personalidad alguna la mayor distinción académica de nuestra casa de estudios”.

El boletín añade: “En esta administración, la imposición de esta distinción ha obedecido siempre al consenso honorable de los universitarios y es de interés institucional continuar con esta convicción”.

La cancelación de la entrega de este premio a quien fuera el conductor estelar de Noticieros Televisa obedece a una campaña promovida en la plataforma Change para echar abajo la propuesta.

“Con mucha preocupación nos enteramos que la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación acordó por mayoría (15 votos en contra) proponer que la Universidad Veracruzana entregue un Doctorado Honoris Causa al Licenciado Jacobo Zabludovsky, quien durante 27 años condujo el noticiero estelar de Televisa, la televisora con mayor audiencia del país.

“Debido al momento que vive el periodismo en Veracruz –con 12 reporteros asesinados en los últimos cinco años- y México –con atentados a la libertad de expresión, como el cometido contra la periodista Carmen Aristegui y su equipo- llama la atención que los integrantes de la Junta Académica de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, que forma a los futuros periodistas de la entidad, hayan decidido honrar a un perfil como el de Jacobo Zabludovsky con el máximo reconocimiento que entrega nuestra Casa de Estudios.

“De la mano de Televisa, Zabludovsky trabajó para los intereses del gobierno mexicano desinformando a la población durante décadas.

“Fue una pieza central en el golpe al periódico Excélsior en el año 1976, que bajo la dirección de Julio Scherer era un medio crítico del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría”, citaba la petición de Change, que alcanzó tres mil firmas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

(In)justicia cotidiana

MÉXICO, D.F: He allí el infierno al que ingresa cualquier ciudadano en busca de la justicia a la cual tiene derecho. He allí la tortura diaria de cualquier mexicano que quisiera obedecer la ley pero se enfrenta a instituciones que la tuercen o la ignoran. Extorsionado. Abandonado. Huérfano. Víctima de un sistema evidenciado por la investigación del CIDE sobre la “Justicia cotidiana”.

Un sistema que está lejos de ser expedito, y que no logra emitir resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, como lo exige la Constitución. En lugar de recursos sencillos, enfrentamos trámites complejos. En lugar de procesos rápidos ante tribunales competentes, enfrentamos procesos tortuosos mal llevados por tribunales incompetentes.

La justicia cotidiana es aquella que busca dar soluciones a los conflictos diarios de la sociedad. Los trámites de divorcio y custodia. El cumplimiento de los contratos. La relación entre empleados y empleadores. Los desacuerdos de los ciudadanos con la autoridad que los gobierna. Y en México estas soluciones tardan en venir e implican un recorrido por los nueve círculos del infierno que Dante detallara. Esto es lo que revela el CIDE mediante una consulta extensa, amplia, pública. Esto es lo que evidencian el esfuerzo de 425 expertos, 485 testimonios, 600 propuestas. Un país que vive atorado en la injusticia 365 días del año. En el cual 85% de los litigios son de orden civil, mercantil o familiar y sólo 13% pertenecen al ámbito penal. Y en medio de esos litigios surge el desamparo ante la falta de mecanismos eficaces que lleva a tantos a tomar la justicia por su propia mano. Que lleva a millones de mexicanos a la informalidad y a la marginación jurídica. Que lleva a una justicia lenta, ineficiente, incierta.

Millones de mexicanos sin acceso a abogados, sin acceso a defensores, sin acceso a una justicia cercana que resuelva los temas más simples. Enfrentando procesos largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias. Percibiendo a la justicia como algo lejano e incomprensible. Intentando entender documentos que no proveen la claridad necesaria para interpretar qué se debe hacer o qué pasó. Y sin saber a dónde acudir, con quién hablar, cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. Atrapados en un laberinto de abogados, jueces, defensores, ministerios públicos de baja calidad y malos modos. Acorralados por un sistema que privilegia la forma sobre el fondo, y que en lugar de soluciones concretas obliga a trámites ad nauseam. Abandonados a su suerte por la mala calidad de las leyes, los reglamentos y las normas administrativas en todo el país.

Abandonados porque no pueden pagar lo que la justicia cuesta en un país donde obtenerla se ha vuelto un lujo. Por los honorarios impagables de los abogados. Por el pago a “coyotes” que cobran por presentar una demanda y después desaparecen. Por el tiempo y el costo que implican la aportación de pruebas, la participación de peritos, el imperativo de notificaciones, la obligatoriedad de las audiencias. Porque 70% de las familias tienen un ingreso mensual que no alcanza para enfrentar procesos judiciales complejos y costosos.

Trabajadores, ciudadanos, familias, emprendedores, vecinos, escuelas, afectados por autoridades que deberían ser las primeras en respetar la ley pero son las primeras en tergiversarla. Como ha escrito Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, “la mayor banda de extorsión en México sobre negocios medianos y pequeños no son Los Zetas, sino las autoridades corruptas en municipios y delegaciones”. Tribunales y presidentes municipales y jefes delegacionales que extraen rentas a través de mordidas millonarias, permisos discrecionales, regulaciones inventadas, trámites innecesarios. Y no son los narcotraficantes quienes están incrementando los costos de transacción ni obstaculizando la inversión ni vulnerando la economía informal. Es el gobierno.

El gobierno en sus múltiples encarnaciones –federal, estatal, municipal, delegacional–, que se vuelve una fuente de incertidumbre para el vecino, el empresario, el constructor. El gobierno que a través de jueces e inspectores persigue, impone, castra a ciudadanos que quieren emprender un negocio o simplemente trabajar para ganarse la vida. El gobierno, como lo argumenta Pardinas, convertido en un “cártel constitucional de la corrupción”. Abocado no a facilitar sino a obstaculizar. Abocado no a promover a los pequeños empresarios, sino a consumirles la vida y el patrimonio. Documento tras documento. Regulación tras regulación. Trámite tras trámite. Transa tras transa.

Y de allí la urgencia de soluciones pequeñas a problemas diarios. De derribar –en palabras de Ana Laura Magaloni– las barreras de acceso a la justicia que padecen grandes sectores de la población al margen del paraguas protector de la ley. De atender el diseño de micro-soluciones en vez de macro-reformas. Dejar atrás el discurso de las grandes intervenciones. Dejar atrás las sentencias largas, farragosas e incomprensibles para el común de los mortales. Pensar distinto. Pensar en medidas administrativas y de coordinación entre quienes imparten justicia. Pensar en la creación de centros de asistencia jurídica temprana para tantos que la necesitan. Pensar en una política nacional de mejora regulatoria. Pensar en un nuevo modelo de justicia familiar. Pensar en lo que el CIDE llama “justicia de barandilla” y “justicia itinerante” para acercar la justicia a una población que la ve –y con razón– como inalcanzable.


Más allá de los capos y los narcobloqueos y el combate a la inseguridad, la atención gubernamental necesita enfocarse en algo que nunca ha existido cabalmente en México: el estado de derecho que impida la impunidad. Y entonces empezar a implementar las medidas sugeridas por el CIDE. Seguir empujando la instrumentación de los juicios orales. Elaborar una legislación secundaria que haga viable –a pesar de sus limitaciones– al Sistema Nacional Anticorrupción. Con un fin último claro. Que cualquier mexicano sea un portador genuino de derechos. Que pueda enfrentar un proceso legal de divorcio o fraude sabiéndose apoyado por la ley y no mancillado por ella. Que el Estado mexicano se aboque no sólo a perseguir a los grandes delincuentes, sino también a asegurar que los pequeños trámites no se vuelvan un martirio. Para poder transitar así de la (in)justicia cotidiana a un país donde “la justicia no haga daño”, como exigía Cicerón.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS).

“Olvidos” en la ley de transparencia

MÉXICO, D.F: El 4 de mayo último se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), que sustituye parcialmente a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El tema no es menor ni accesorio. La ley tiene claroscuros que no se han analizado suficientemente. De ahí la oportunidad y pertinencia de hacerlo. Veamos.

Primero. En la parte de fondo, el articulado de la LGTAIP puede calificarse como lo mejor de lo posible en la circunstancia política concreta. La ampliación de sujetos obligados –entre ellos partidos políticos y sindicatos–, el número de los rubros comunes a todos ellos –es decir, la información que debe ser puesta a disposición del público sin necesidad de solicitarla–, así como la adicional para otros, y un loable punto relativo al sector energético, rubrican mis palabras.

Pero se sacrificaron varios puntos en aras de lo anterior. En efecto, la LGTAIP, y previamente la reforma constitucional en la materia, dejaron fuera algunas importantes conquistas previas, entre ellas el principio de definitividad inapelable que en la ley de 2003 dejaba al IFAI el incremento de causales de clasificación. En la LGTAIP tampoco se pudo avanzar en los tiempos de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el consejero jurídico impugne alguna resolución del ahora denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). No hay claridad sobre el tiempo que la SCJN tiene para cumplir su papel. Puede ser breve o puede durar años en perjuicio del derecho a saber.

Segundo. En lo que se refiere a la forma, adjetiva, en la LGTAIP se “olvidó” un asunto que más temprano que tarde tendrá un impacto negativo en el derecho a saber. En efecto, en la parte de transitorios no se incluyeron dos aspectos fundamentales. El primero consiste en que los bienes muebles e inmuebles, junto con el personal del IFAI, pasen a formar parte del INAI. En este tema el único asidero legal es el que reside en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, que a la letra dice: “Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social”. No hay, empero, nada que disponga de manera expresa que los recursos del IFAI y sus trabajadores serán parte del INAI. No existe una transición legal entre el IFAI –el órgano garante autónomo previsto en la Constitución– y el INAI.

Tercero. El segundo problema todavía más grave es que al legislador se le “olvidó” también incluir en los artículos transitorios de la LGTAIP que los comisionados nombrados por el Senado para integrar el Órgano Garante lo serán del INAI al que se refiere la mencionada ley. Esto, que pudiera parecer una minucia, en realidad es una omisión grave, a la luz de los siguientes razonamientos: a) La autoridad, en los términos del artículo 16 constitucional, debe fundar y motivar sus resoluciones. Si un particular en posesión de datos personales impugna una resolución porque los comisionados nombrados por el Senado no lo son del INAI –no expresamente ni en la Constitución ni en la ley–, y porque carecen de competencia, lo propio podría invocar el consejero jurídico de la presidencia al ser la ventanilla de los sujetos obligados para impugnar las resoluciones del INAI cuando lo haga en nombre y representación, por ejemplo, de un partido político o de un sindicato; b) En la doctrina hay dos posturas sobre este tema: una, la denominada “incompetencia de origen” (entendida como la falta de atribuciones de los comisionados del IFAI que no lo son del INAI) generará que se invaliden sus resoluciones. Hay, por otra parte, quienes sostienen que los actos de autoridad no pueden quedar sin efectos, pero se deja abierta la puerta para que los comisionados sean objeto de sanción al actuar como autoridad sin tener facultades expresas para ello, hecho derivado de su falta de nombramientos como comisionados del INAI.

En suma, este “olvido” deja en incertidumbre legal a los comisionados y a la sociedad. Estoy convencido de que este “olvido” no fue producto de la impericia de los legisladores y su equipo jurídico. Al contrario, fue debidamente planeado para cuando se necesite. De esta suerte, todo lo que se ha avanzado en la parte del fondo del derecho a saber podría tener escollos –es muy posible que los tendrá– en su ejercicio. Y será seguramente la SCJN la que termine por resolver el “descuido” legislativo, lo que llevará tiempo. Esto último provocará que la transparencia se convierta, por lo menos en el corto y mediano plazos, en una apariencia en los temas y asuntos que rebasen el umbral de apertura de los nuevos sujetos obligados.


Como de manera recurrente pasa, todo lo ganado se irá por la borda hasta que la SCJN o el Congreso decidan aprobar una reforma a la LGTAIP, pues no bastaría un acuerdo presidencial para enmendar este gravísimo “olvido”. En el 2003 pudo salvarse la autonomía legal del IFAI bajo la figura del acuerdo presidencial porque el órgano garante formaba parte de la Administración Pública Federal, pero hoy no es el caso.  

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.

El dedo en la llaga

El reciente asesinato del aspirante de Morena a la alcaldía de Yurécuaro pone en evidencia la falta de seguridad para los candidatos. El gobierno de Michoacán asegura que en la entidad solo hay ‘alertas amarillas’.

La miopía del gobierno estatal en torno a la condición extraordinaria en la que se lleva el proceso electoral de Michoacán se evidenció el pasado fin de semana tras el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro. 

Mientras el también líder de las autodefensas Enrique Hernández caía abatido por balas del crimen organizado, todavía estaban frescas en el aire las palabras de Salvador Jara: En Michoacán solo existen “alertas amarillas”, nada que ponga el riesgo el proceso electoral.

La candidata de Morena a la gubernatura del estado, María de la Luz Núñez Ramos puso el dedo en la llaga. Dijo que con la muerte del candidato el proceso electoral está en riesgo, pues son muchos los aspirantes a cargos de elección popular que están bajo amenaza del crimen organizado.

Como resultado de las amenazas, mucho de esos aspirantes han optado por renunciar a sus aspiraciones políticas, así lo evidencia el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que en reciente sesión avaló los cambios en 68 planillas para ayuntamientos, luego que los registrados desistieron de sus intenciones.

La mayoría de los que renunciaron habían solicitado el apoyo del gobierno estatal para que les dotaran seguridad personal durante el periodo de campaña, como consecuencia de las amenazas de muerte vertidas desde el anonimato.

En Michoacán, salvo los candidato a gobernador del PRI, Asención Orihuela Bárcenas; del PRD, Silvano Aureoles Conejo, y del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, ningún otro aspirante al cargo de diputado federal, diputado local, alcalde, sindico o regidor cuenta con equipo de seguridad personal dotado por el estado o la Federación. 

Tras el asesinato de Hernández, el gobierno estatal se ha querido desmarcar de los hechos. En un comunicado oficial el gobernador dijo que el exlíder de las autodefensas nunca solicitó seguridad especial, pero las manifestaciones de los actos de campaña de Enrique Hernández apuntan lo contrario. 

Colaboradores del abatido candidato confirmaron a Reporte Índigo que los reclamos de seguridad especial se presentaron en forma puntual al gobierno estatal.

“Pero nunca se le hizo caso a Enrique. Estaba de por medio el pleito entre el gobierno estatal y el candidato. El gobernador nunca lo perdonó por todo lo que habló contra el Estado”, aseguraron.

El candidato  incómodo

Enrique Hernández se convirtió en incómodo primero para el gobierno estatal, de Fausto Vallejo y luego de Salvador Jara.

Tras haber sido encarcelado injustamente, acusado de la muerte del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García. El exlíder de las autodefensas denunció tortura y amenazas por parte de funcionarios estatales.

También fue incomódo por la defensa que mantuvo de la inocencia del fundador de los grupos de autodefensa José Manuel Mireles. 

En la última publicación hecha en su muro de Facebook, Enrique Hernández escribió que estaba “realmente encabronado con la injusticia ejercida en contra de doctor Mireles, preso por organizar la autodefensa de nuestro estado. Tenemos confirmado que se encuentra muy mal de salud. Es muy doloroso. Estoy lleno de rabia e impotencia”.

Acusan crimen de Estado

El asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández, ya puso en aprietos al gobierno de Michoacán.

La primera muestra de nerviosismo fue salir a plantar postura oficial, cuando está acostumbrado a guardar silencio ante todo.

El líder de Morena en la entidad, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez recordó que fue este partido el que alertó de los riesgos de seguridad para sus candidatos en el estado. Advirtió que ante a indolencia de la administración, estas elecciones podrían costar muertos a los michoacanos.

“Y el primer muerto lo hemos puesto nosotros”, dijo en conferencia de prensa.

La candidata de Morena al gobierno estatal, María de la Luz Núñez Ramos culpó al gobernador Salvador Jara de la muerte de Enrique Hernández, el que no recibió nunca la seguridad solicitada. Solo contó con la protección de un chaleco antibalas, que no le fue suficiente durante el ataque que recibió la noche del jueves. 

Para Morena, la muerte de su candidato a la alcaldía de Yurécuaro, “es un claro intento del gobierno estatal, encaminado a sembrar el miedo y el temor entre el electorado, para que no acuda a las urnas”. 

Núñez Ramos también incluyó al INE y al IEM, los que “comparten la responsabilidad política del clima de terror que se está creando”.

Se comienzan a armar

Los candidatos que optaron por seguir en la contienda, pese a las amenazas de muerte que penden sobre ellos, comenzaron a crear sus propios círculos de seguridad personal con hombres de sus confianzas.

Los partidos políticos llamaron a reuniones a sus candidatos para revisar sus esquemas de seguridad, en donde resalta la entrega de chalecos antibalas y la recomendación para que no visiten zonas de alto riesgo.

A menos de 24 horas del asesinato de candidato de Morena, los candidatos de todos los partidos políticos que contienden en Michoacán instrumentaron estrategias de seguridad personal por su propia cuenta. 

En ningún caso las armas de los improvisados escoltas de los candidatos saltan a la vista, pero la discrecionalidad de cangureras, portafolios, mochilas y chamarras, los delatan.

No siempre la seguridad de los candidatos va de la mano con las armas. 

En el comité directivo estatal del PRI se ha innovado un sistema de protección, bajo la clave “Hermano Mayor”. 


Consiste en contratar a muchachos de cada barrio, colonia, ranchería o población de alto riesgo para que hagan cinturones de seguridad en torno al candidato y alerten de la presencia de personas extrañas a la comunidad, al momento de los mítines de campaña.

El programa de seguridad “Hermano Mayor” se comenzó a aplicar este fin de semana en los municipios de La Piedad, Zamora, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Morelia y Zitácuaro en donde algunos abanderados del PRI han recibido amenazas anónimas.

Cambios en las planillas

Ante las amenazas de muerte, decenas de candidatos a cargos municipales declinaron a sus candidaturas. El trámite fue oficializado por sus partidos ante el Instituto Electoral de Michoacán.

El PAN solicitó cambios en las planillas de los municipios de Puruándiro, Tingambato, Taretan, Ario de Rosales, Álvaro Obregón, Chavinda, Chucándiro, Múgica, Lázaro Cárdenas, Purépero, Paracho, Parangaricutiro, Parácuaro, José Sixto Verduzco, Ecuandureo, Huaniqueo, Juárez, Tingüindín, Tuxpan, Tuzantla, Villamar, Tlalpujahua, Santa Ana Maya y Zinapécuaro. 

Por su parte, el PRD solicitó modificaciones de planillas, luego que algunos de sus candidatos presentaron “argumentos de salud” para no contender, en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Angangueo. 

El PRI modificó sus planillas en Ziracuaretiro, Tarímbaro, Pátzcuaro, Nahuatzen, Parácuaro, Charo, Susupuato, Angamacutiro y Huaniqueo.

El Partido del Trabajo pidió cambios en sus planillas a los ayuntamientos de Morelia, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Charapan, Nuevo Urecho, José Sixto Verduzco, Hidalgo, Ixtlán, Zacapu y Zinapécuaro. El Partido Verde Ecologista propuso cambios en las planillas de Apatzingán, Ario de Rosales y Jiménez, mientras que Movimiento Ciudadano solicitó cambios en Quiroga, Charo, Tancítaro, Tacámbaro, Hidalgo, Pátzcuaro y Zinapécuaro.


Por su parte, el Partido Nueva Alianza presentó sustituciones en la planilla del ayuntamiento de Morelia, Álvaro Obregón, Puruándiro, Zitácuaro y Tarímbaro; el Partido Morena en las planillas de Jungapeo, Álvaro Obregón y Charo; el Partido Encuentro Social en las planillas de José Sixto Verduzco y Tancítaro, y el Partido Humanista presentó cambios en la planilla del ayuntamiento de Angangueo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.