Y mientras en Michoacán la minera Ternium enfrenta la crisis que genera la explotación de hierro en la zona de Aquila, Grupo México protagoniza un conflicto social en Perú. Pobladores locales alegan que su mina de cobre representa un daño ecológico irreversible.
Grupo México vuelve al ojo del huracán. A mediados del año pasado, la empresa vivió un escándalo por la contaminación del Río Sonora.
La firma propiedad de Germán Larrea -el segundo hombre más rico de México- gestionó la crisis con el lanzamiento de un programa de limpieza del río y con la apertura de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para este designio, el cual no estuvo excento de problemas.
Ahora, Grupo México lidia con el cierre temporal del proyecto de una mina de cobre de mil 400 millones de dólares en Perú.
Southern Copper, subsidiaria de Grupo México que cuenta con dos minas y una fundidora en Perú, tomó la decisión de suspender momentáneamente el proyecto Tía María una mina a tajo abierto en el estado sureño de Arequipa.
La decisión deriva de la presión que han ejercido los pobladores locales, quiénes alegan que la mina de cobre representa un daño ecológico irreversible.
El pueblo de Cocachacra, dónde está ubicado el proyecto de Southern Copper, es una comunidad predominantemente rural. Los pobladores aseguran que Tía María contaminará el abastecimiento de agua del cual dependen sus granjas locales. Asimismo, han expresado que la inversión y el flujo de dinero que llegará a la región sepultará el tranquilo estilo de vida rural de Cocachacra.
Las protestas, iniciadas hace dos meses, han desembocado en una fuerte escalada de violencia. El enfrentamiento entre policías y protestantes ha dejado al menos tres personas muertas.
A principios de mayo, el Gobierno Federal desplegó a más de mil militares en la región para apoyar a los 4 mil policías asignados a la región.
Óscar González Rocha, director general de Southern Copper, envió un comunicado en el que refería que “ningún interés político o económico debía estar por encima de la vida y de la paz”. Agregó que “una compañía que apoya el desarrollo de una comunidad y es socialmente responsable no puede ser indiferente a la realidad que afecta directamente a la región donde se establecerá uno de sus proyectos”.
Southern Copper está siguiendo una estrategia pública de no confrontación. Con el fin de calmar los ánimos, González Rocha anunció la pausa del proyecto para atender las preocupaciones de los pobladores y ofrecer una solución dentro de los siguientes sesenta días.
La firma aseguró que el proyecto Tía María no representa un riesgo ecológico para el abastecimiento local de agua porque la mina trabajará con agua desalinizada traída desde el Océano Pacífico. Southern Copper espera iniciar operaciones en 2017.
Además, el escenario de conflicto fue aprovechado por el mayor gremio de trabajadores mineros de Perú, el cual llamó a sus 20 mil miembros a una huelga general nacional.
A pesar de las externalidades negativas derivadas de la actividad minera, la economía peruana depende en gran medida de este sector. El 60 por ciento de las exportaciones de Perú son productos mineros.
Escándalo europeo
Los problemas de Grupo México también se encuentran del otro lado del Atlántico. La semana pasada se dieron a conocer acusaciones de corrupción en España en contra de la empresa mexicana.
De acuerdo con la Unidad de Delitos Económicos y Financieros del gobierno español, el consorcio conformado por Grupo México y Magtel se adjudicó la mina de Aznalcóllar sin haber cumplido con los requisitos de la concesión.
La mina ubicada en Andalucía se encuentra cerrada desde que en 1998 presenció un desastre natural a manos de la minera sueca Boliden. Este caso andaluz posee muchas semejanzas con los problemas que sufrió Grupo México el año pasado cuando contaminó por accidente el Río Sonora.
Con las acusaciones de corrupción, la reapertura de Aznalcóllar fue temporalmente suspendida. Organizaciones ambientalistas han denunciado las irregularidades que suma Grupo México en la operación de sus minas, destacando el incidente en Sonora del año pasado.
Opositores a la empresa de Germán Larrea advierten que se publicó la adjudicación de la mina tan sólo nueve días después de que finalizara la primera fase y que el proceso no fue transparente.
A pesar de que Grupo México obtuvo en España las mejores puntuaciones para la licitación en el aspecto económico, es la peor calificada en cuanto a sus planes de cuidado ambiental, lo que en el caso de Aznalcóllar es uno de los factores más importantes a cuidar.
El caso todavía continúa en proceso de investigación, por lo que la empresa mexicana todavía puede llegar a quedarse con el proyecto minero.
El desastre ambiental que aún no termina
En agosto del año pasado, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la Mina Buenavista del Cobre en Cananea, propiedad de Grupo México, derramó 40 mil litros cúbicos en el Río Sonora.
El Gobierno Federal etiquetó el incidente como el "peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos". Más de 20 mil personas fueron privadas de abastecimiento de agua durante meses.
El daño ecológico, además de acabar con gran parte de la flora y fauna de la región, mezcló el agua limpia del río con rastros de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
En marzo de este año, Grupo México pagó una multa de 23.5 millones de pesos a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente por más de 50 irregularidades detectadas en el derrame de químicos en el Río Sonora.
Además, el Gobierno pidió a la empresa la apertura de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos destinados al financiamiento de un programa de limpieza del río, de los cuales apenas han pagado la mitad.
Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de planeación y política ambiental, refirió en una junta de trabajo entre la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y los representantes del fideicomiso que el costo ecológico del derrame fue de mil 870 millones de pesos.
El Grupo que dañó Sonora
El 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico fueron derramados en el río Sonora por la mina Buenavista del Cobre. Poco más de 22 mil personas, de siete poblaciones aledañas, fueron afectadas. Reporte Indigo publicó una serie de notas sobre el desastre ecológico.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ALEJANDRO DABDOUB, RODRIGO CARBAJAL
Ante la presión de diversos sectores, el Gobierno del Distrito Federal y las 16 delegaciones suspenden la ayuda social en lo que resta del periodo electoral; Morena acusa que ya es tarde.
Tinacos en Tlalpan, dinero en Coyoacán, pintura y electrodomésticos en Iztapalapa, despensas en la Cuauhtémoc, tenis en Xochimilco y zapatos en Álvaro Obregón.
Es la “ayuda” que a través de diversos canales se entregó en plena jornada electoral en las diferentes delegaciones del Distrito Federal.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó al secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, de ser el artífice de esta maniobra.
Ayer, este funcionario, en nombre del Gobierno del Distrito Federal (GDF), anunció la suspensión de los programas sociales en la capital.
Con excepción de aquellas ayudas que tienen que ver con alimentos a la población o sectores desprotegidos, el Gobierno de la Ciudad de México hizo el anuncio de manera oficial luego de una larga polémica de acusaciones que recaían en Serrano Cortes como el funcionario responsable.
Aunque Mancera Espinosa hizo el exhorto desde hace más de un mes a las 16 delegaciones, las entregas continuaban, algunas captadas en fotos y videos por parte de militantes de otros partidos.
A tres semanas de que los capitalinos acudan a las urnas para votar por sus candidatos a jefes delegacionales y diputados locales, el GDF suspendió los programas sociales que en su mayoría emanan de la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Rosa Isela Rodríguez.
Héctor Serrano, secretario de Gobierno; Rosa Isela Rodríguez, titular de la Sedeso Df, acompañados de Gamaliel Martínez, director del DIF DF, encabezaron el anuncio ayer ante la presencia de Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
“Es una decisión inédita (aplazar los programas), porque no existen antecedentes similares”, dijo Serrano.
Ya está consumado…
El anuncio llegó luego de que Morena presentara incluso una denuncia por la entrega de dinero a través de la tarjeta “Por ti”, en la delegación Coyoacán, donde acusan a Mauricio Toledo de operar su entrega.
Para el líder nacional de Morena, Martí Batres, las entregas de tinacos, zapatos, tenis, pintura y dinero ya se consumaron. Acusó a
la Consejería Jurídico, Finanzas y Contraloría de participar en esta maniobra.
“Todos avalando la compra del voto. Ya no confiamos, hace dos meses hablamos con el jefe de Gobierno, pero no paró una sola entrega”.
Los resultados del clientelismo se verán reflejados en tres semanas, en la urnas.
Tambalean ‘alfiles’ de Mancera
En plena jornada de campañas, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió un golpe en sus filas cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le quitó el registro a una de sus colaboradoras cercanas, la subprocuradora de Procesos, Martha Laura Almaráz.
Además, aún faltan por resolverse los juicios de otros colaboradores cercanos, el de Ricardo Ríos Garza, hermano del procurador de justicia capitalino, Rodolfo Ríos, y el de Evangelina Hernández Duarte, la exvocera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
La resolución del Tribunal Electoral que dejó sin registro a Martha Laura Almaraz es contundente y la deja sin ninguna opción para volver a la contienda.
La doctora en derecho era uno de los alfiles del jefe de Gobierno y contendía para conseguir una curul en el Congreso de la Unión.
Las últimas horas del miércoles, el Tribunal Electoral validó un recurso promovido por el PRI que denunció que Martha Laura Almaraz tenía prohibido postularse a un cargo de elección popular debido a que fue consejera electoral del IEDF.
La exsubprocuradora de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se encontraba en plena campaña como candidata del PRD y PT por el Distrito 16 en Álvaro Obregón.
Aún no se da a conocer si se impondrá la sanción que estipula el artículo 18 de la Ley General de Delitos Electoral que contempla una multa de 400 a 800 días de multa a quienes, habiendo sido consejeros electorales, sean postulados a espacios de elección popular dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su cargo.
En abril pasado, Reporte Indigo publicó que Martha Laura Almaráz, junto con Evangelina Hernández y Sulma Eunice Campos, son tres exfuncionarias que pertenecen a su círculo de amistad y laboral cercano.
Sin embargo, luego de conseguir su registro al interior del PRD, la primera en sufrir una embestida del fuego amigo fue Evangelina Hernández, quien perdió su registro por decisión del IEDF, organismo en el que se desempeño como vocera.
Ella impugnó e inició una campaña con diez días de retraso en el Distrito 26 de la delegación Coyoacán.
Esta semana la Sala Regional del Distrito Federal del Poder Judicial Federal tendrá que resolver su caso luego de que el PAN la impugnó.
Hacen una pausa
Los programas sociales del GDF:
> Niños Talento
> Uniformes escolares gratuitos
> Útiles escolares gratuitos
> Desayunos escolares
> Bachillerato a distancia
> Estímulos bachillerato universal
> Educación garantizada
> Jóvenes en situación de riesgo
> Atención integral de cáncer de mama
> Madres solas
> Seguro contra la violencia familiar
> Viajemos seguras en el transporte público
> Pensión alimentaria para adultos mayores
> Atención médica y entrega de medicamentos gratuitos a domicilio
> Ley de voluntad anticipada
> Programa de diversidad sexual
> Apoyo a personas con discapacidad
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Se prevé una participación muy cercana a la de 2009 y la de 2003, es decir, de alrededor de 40 o 42 por ciento.
El Instituto Nacional Electoral (INE) descartó que en las elecciones del 7 de junio se incremente el abstencionismo, ya que la participación será la misma que en elecciones pasadas.
Al respecto, el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina afirmó que en una elección intermedia la participación siempre es menor que en una presidencial.
En este sentido, durante el taller informativo “Hacia las elecciones del 7 de junio”, dijo que este año se prevé una participación muy cercana a la de 2009 y la de 2003, es decir, de alrededor de 40 o 42 por ciento.
Al referirse a la inseguridad que prevalece en algunas regiones del país, expuso que la delincuencia organizada no ha actuado contra la organización de las elecciones.
La experiencia que hemos tenido de elecciones anteriores es que a la delincuencia organizada no le gustan tanto los reflectores, y por ello “no se meten” y menos con una elección federal.
Lo que ha pasado son incidentes en algunos lugares del país, pero en general no han entrado directamente con la organización de los comicios, subrayó.
Jacobo Molina sostuvo que en los meses que lleva el proceso electoral, que inicio el 7 de octubre pasado, han podido acudir a cualquier lugar del país sin que se haya actuado contra la elección o contra el personal del instituto.
El INE tiene a alrededor de 140 mil personas recorriendo todo el territorio nacional, y no se arriesgarán a ninguna, enfatizó el funcionario.
Abundó que los problemas reportados, como asaltos durante sus recorridos, tienen que ver con pandillerismo, pero el tema “sí nos preocupa, sí nos ocupa y sí estamos atentos” y por ello están en coordinación con las policías.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Hubo levantones, amenazas e intimidaciones y nadie hizo nada por detenerlos", reclaman familiares a las autoridades y a la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.
Habitantes de Chilapa denunciaron ante representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero la desaparición de al menos 30 personas, publica Reforma.
Según el diario de circulación nacional, la desaparición se registró durante la incursión de seis días, de presuntos policías comunitarios.
La denuncia se produce a cuatro días de que el grupo de 300 hombres armados se retiró de la comunidad con la amenaza de regresar el próximo viernes, en caso de que el Ejército no detenga a los cabecillas del grupo criminal de Los Rojos.
Aunque desde el fin de semana la gente salió a las calles y los comerciantes abrieron sus negocios, persiste la incertidumbre sobre cuánto durará la tranquilidad en Chilapa.
Este mediodía, familiares de 16 personas desaparecidas se reunieron con el visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Fernando Esteban Ramírez, a quien le reclamaron la tardía de este organismo en Chilapa.
“Aquí hubo levantones, amenazas e intimidaciones por parte de ese grupo de hombres armados y nadie hizo nada por detenerlos, ni siquiera ustedes”, le gritó uno de los familiares de un presunto desaparecido. La reunión se realizó en el Zócalo de la localidad.
En tanto, el alcalde Francisco Javier García González ya regresó a Chilapa, pero no despacha en el Ayuntamiento.
El político priista está en su casa y resguardado por patrullas de la Policía Estatal.
El edil ha declarado a los medios que tiene miedo de sufrir alguna agresión por parte de los dos grupos de delincuencia organizada que operan en esa región, “Los Rojos” o “Los Ardillos“.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Señaló que el periodismo realiza una función social, que es la de informar y garantizar a las audiencias un derecho a la información.
“El caso de Carmen Aristegui y MVS puede establecer un nuevo paradigma respecto a la función social que deben llevar a cabo los periodistas y los concesionarios de los medios de comunicación frente a sus audiencias”, afirmó el ombudsman de Noticias MVS, Gabriel Sosa Plata, en entrevista para Noticias.net en Oaxaca.
Sobre lo que ha resuelto hasta ahora el juez que lleva el caso, Fernando Silva García, indicó que va en el sentido de que el monopolio de la libertad de expresión no lo debe tener solo el concesionario de una estación comercial, social o gubernamental.
“Es decir el periodista ejerce su libertad de expresión, nos gustaría que fuera siempre de manera responsable, pero finalmente no es para quedar bien con el dueño o concesionario, sino como una responsabilidad social, porque así se establece en la propia Constitución y está por encima de un contrato laboral”, expuso.
Sosa Plata confió en que el conflicto contractual de Aristegui derive en un replanteamiento de la relación entre concesionarios-periodistas, “para acabar ya con esto que llaman la línea para golpear a determinados personajes de la vida pública y económica, y de que esto derive en lo que se conoce como la cláusula de conciencia”.
El ombudsman lamentó que en el caso de Carmen Aristegui en lugar de observar una solidaridad gremial, “lo que estamos viendo es un ataque a la periodista que porque ganaba mucho, que porque hacía lo que se le pegaba la gana, en fin, calificativos al por mayor, que nos habla de que en el propio periodismo se vive una crisis, donde en muchas ocasiones lo que vemos es un periodismo sensacionalista, un periodismo que busca vender, donde se golpea a otros por consigna; aunque sin duda la precariedad laboral es algo que está vinculado directamente a esta situación”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, firmaron esta mañana un acuerdo con la familia y los abogados de la activista Nestora Salgado García, en el que se comprometen a reubicarla en un penal de esta ciudad.
En entrevista telefónica desde Estados Unidos, José Luis Ávila, esposo de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, informó que la mañana de este lunes sostuvieron una reunión funcionarios de Segob con familiares y los defensores legales de Nestora, Leonel Rivero y Alejandra Gonza, en la que se acordó el traslado en fecha por determinar.
“No es verdad de que esté un traslado hoy. Hay un compromiso por parte del gobierno tanto federal como estatal de hacer un traslado en los próximos días pero de ahí todavía no hay nada concreto”, aseguró.
Y agregó: “Es un compromiso firmado, pero como en otras ocasiones ha habido otros compromiso firmados y el gobierno nos ha quedado mal, pues no podemos decir que ya es algo cien por ciento seguro. Esperamos que esta vez cumpla el gobierno”.
Desde el pasado 5 de mayo Nestora se declaró en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 en Tepic, en el estado de Nayarit, y debido a que no hay avances en su proceso penal.
Ante el visible deterioro de su salud desde la semana pasada, el gobierno federal convocó a una reunión para este lunes a fin de determinar acciones a seguir, según informó a esta agencia su abogado Leonel Rivero.
En la reunión de este día participaron (en un enlace telefónico) su esposo José Luis Ávila y una de sus hijas quienes se encuentran en Estados Unidos y de manera presencial estuvieron sus hijas Saira y Rubí, así como el abogado Leonel Rivero y la abogada Alejandra Gonza, quien además es integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Estados Unidos.
De acuerdo con el esposo de Nestora, se habló de un traslado en próximos días porque todavía hay que presentar documentos ante las autoridades correspondientes, “ojalá que para el fin de semana tengamos algo concreto”, mencionó.
Nestora Salgado fue detenida en un operativo del Ejército, Marina y policía estatal el pasado 21 de agosto de 2013, cuando fungía como coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá. Fue acusada de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, y aunque ya fue exonerada del primer delito aún enfrenta tres acusaciones por secuestro.
Pese a no estar condenada a prisión, la activista lleva dos años en una cárcel federal de máxima seguridad, por lo que el 5 de mayo inició una huelga de hambre, que de acuerdo con su hermana Cleotilde, ha deteriorado su salud toda vez que sólo bebe agua pero no ingiere ningún alimento.
Asimismo Cleotilde acusó a los funcionarios del penal de ejercer “tortura psicológica” contra la activista ya que dijo, le ofrecen comida y hasta han realizado partes médicos donde afirman que se encuentra bien de salud, lo que su hermana desmiente ya que padece gastritis y una neuropatía en las cervicales, que la limita en sus movimientos. Hasta ahora se espera fecha para su posible traslado.
Hasta el cierre de esta edición, la activista continuaba en huelga de hambre y aún no había sido notificada del acuerdo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificar el Código Civil de Jalisco para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La demanda de acción de inconstitucionalidad 28/2015 promovida por el ombudsman nacional el pasado 7 de mayo es para invalidar parte del artículo 260 del mencionado Código, reformado en enero pasado y que a la letra dice:
“Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos 18 años de edad de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
Según la CNDH, dicho artículo viola la Constitución y los tratados internacionales. Además, acusa que “excluir injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, se contrapone a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad”.
Agrega que “del texto de la norma impugnada se deriva una notoria exclusión de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, por ende el legislador crea un estigma a las modalidades no tradicionales del ejercicio de este derecho”.
En su argumentación, la CNDH asegura que la frase que dice “el hombre y la mujer” implica restricciones “al ejercicio de derechos humanos, las cuales en esencia consisten en excluir de la celebración de esta figura a parejas del mismo sexo”.
Incluso, comenta que dicho artículo “ataca directamente el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección a la organización y desarrollo de la familia, todos previstos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Con el voto de los ministros a favor de la petición de la CNDH, el artículo 260 podría anularse, así como el 258, en el que el Código Civil define el matrimonio como:
“Una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”.
La petición de la CNDH tiene antecedente, pues el 6 de diciembre de 2012, la Primera Sala de la SCJN dio un paso histórico en favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, pues declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, referente a la parte en la que asegura que el matrimonio tiene la finalidad primordial de “perpetuar la especie”. También pidió la modificación de ese artículo para que quedara como que el matrimonio es celebrado “entre dos personas, sin importar su género”.
En los últimos dos años, la Primera Sala de la SCJN ha declarado inconstitucionales los códigos civiles de seis estados por limitar el matrimonio a parejas heterosexuales, aunque estos han sido casos derivados de amparos presentados por particulares, que no anulan las leyes impugnadas sino que sólo benefician a quienes lo solicitaron.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un ministro o el pleno podrían solicitar la atracción, ante el inminente conflicto entre el juez y los tribunales colegiados.
Luego de que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva Garza, le otorgara la suspensión definitiva a Carmen Aristegui en su demanda de amparo contra MVS Radio, y perfiló una sentencia a favor de la conductora de la Primera Emisión, se abrió la posibilidad de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia ante la inminencia de que intervenga un tribunal colegiado, según distintos especialistas consultados por Proceso.
El reportaje publicado en la revista que circula esta semana indica que la suspensión definitiva a favor de Carmen Aristegui dejó pendiente el tema de fondo del amparo 672/2015 que es la reinstalación de la periodista quien fue despedida unilateralmente por la empresa, pero ordenó varias medidas cautelares que incluyen la vigencia del contrato asociativo entre ambas partes; la reintegración del pago de salarios hasta que se dicte la sentencia; que se dejen sin efecto los “lineamientos editoriales” que ordenó la empresa el 13 de marzo y que se acuda a la figura del árbitro designado por ambas partes.
El plazo de los tres días hábiles para la reunión MVS-Aristegui, ordenada por el juez, se cumple este lunes 18 de mayo. Al enterarse de la resolución, Woldenberg notificó a los abogados de ambas partes su disponibilidad a partir del sábado 16 de mayo, a pesar de estar en Uruguay.
En entrevista con Proceso, los abogados Javier Quijano y Xavier Cortina, defensores de Aristegui, subrayaron el valor de la suspensión definitiva pues “reitera el carácter de autoridad de MVS en un litigio de este tipo” donde está en juego la defensa de la libertad de expresión y la independencia editorial de la periodista; consideraron que MVS “violó dos condiciones fundamentales en el despido de la periodista: tiempo y forma”; y que la empresa incumplió, sobre todo, la cláusula XIII del contrato con Aristegui.
Para otros abogados, consultados por el periodista Jenaro Villamil para el referido reportaje, un amparo a favor de Aristegui, será litigado y rechazado por MVS.
En distintos medios los abogados de la empresa han dicho que el juez Silva se “excedió en sus facultades” al dictar las medidas cautelares y advirtieron que recurrirán ante el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa, que ya antes revocó una suspensión provisional previa del juez.
Silva García -hijo del ex presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza-negó que tenga “amistad estrecha, enemistad manifiesta u otra causal análoga de impedimento” para conocer el juicio de amparo interpuesto por Aristegui.
Lo anterior, en referencia a las acusaciones de MVS, quien buscó cambiar al juez, y por lo que presentaron una queja ante el Quinto Tribunal Colegiado, a donde llegaron como “pruebas” columnas de Ricardo Alemán.
Por su parte, Aristegui negó a Proceso lo difundido por Alemán, sobre una presunta comida de la periodista con el juez.
La llegada de este caso a la Suprema Corte podría ser de dos formas: que un ministro o el pleno soliciten la atracción ante el inminente conflicto entre el juez y los tribunales colegiados.
Con ello, la SCJN dirimiría por primera vez si existen violaciones a los derechos humanos, especialmente a la libertad de expresión y a la libre investigación periodística.
En la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión observan con lupa este litigio, que se enfila al máximo tribunal de justicia del país.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un gobernador, senadores, un partido y empresarios publican diferentes mensajes, a unos días de las elecciones.
Este lunes aparecen al menos cuatro desplegados relacionados con las próximas elecciones en diferentes estados y el Distrito Federal.
Uno de ellos es del propio gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien acusa “una buena dosis de lo que conocemos como guerra sucia”, aunque no especifica a qué se refiere.
“No caeremos en provocaciones que distraigan la acción de gobierno y, como ha sido evidente, seremos respetuosos de las distintas preferencias o puntos de vista que se expresen en el transcurso del proceso electoral”, indica.
“Es previsible que esta guerra sucia contiúe con la finalidad de influir, dirigir o ahuyentar el ánimo de los electores hacia alguna preferencia electoral, o hacia mi gobierno”, abunda.
RNAC20150518-003.PDF by Aristegui Noticias:
En otro desplegado, pagado por los senadores del PAN, envían un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y al presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En la publicación denuncian que en la elección del gobierno de Querétaro, el “PRI-gobierno prepara una elección de estado”. Y acusan violencia, amedrentamiento de ciudadanos, abuso de los recursos públicos en favor del PRI, así como “perversión del proceso democrático”.
REST20150518-015.PDF by Aristegui Noticias:
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano cuestionó las prácticas electorales en el Distrito Federal en un desplegado titulado: “Doctor Mancera: ¿Cuál civilidad?”.
Un cuarto desplegado aparece hoy, relacionado con las elecciones en Nuevo León:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El pasado 13 de mayo, el INE aprobó con siete votos a favor y cuatro en contra, la petición de Movimiento Ciudadano para que Ebrard fuera el candidato a diputado federal suplente de René Cervera.
El Partido Verde Ecologista de México y el Partido de la Revolución Democrática impugnaron por separado, el domingo, la candidatura suplente del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó que fuera candidato suplente a una diputación plurinominal de Movimiento Ciudadano.
Antes de su salida del PRD, el partido encabezado por Carlos Navarrete le negó a Ebrard ser candidato a diputado. A semanas de lo sucedido, el dirigente se manifestó ante el tribunal contra el “ilegal otorgamiento de registro como candidato suplente de Marcelo Ebrard”.
En tanto, el Verde Ecologista expuso su rechazo a la candidatura, en un recurso de apelación de 92 páginas, en el que detalló las razones de la impugnación.
Previamente, Ebrard consideró que tanto el PRI como el Verde impugnarían su candidatura “por órdenes” del presidente Enrique Peña Nieto, a quien ha acusado de operar en su contra. Sin embargo, finalmente fue el Partido Verde y el PRD quienes lo impugnaron.
En una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Ebrard pidió que no se le quitara su derecho a participar como diputado suplente en la próxima legislatura, que comienza en septiembre.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El alcalde de Saltillo, Coahuila, Isidro López Villarreal, declaró en fechas recientes que la seguridad está “mejor que nunca” en esa capital. No obstante, el funcionario desembolsó 2.2 millones de pesos del presupuesto para adquirir y blindar una camioneta de lujo que garantice su seguridad.
Información difundida por el diario Zócalo de Saltillo detalla que, según documentos proporcionados por personal de la Tesorería Municipal, la lujosa camioneta Toyota Sequoia Limited –con interiores de piel, sonido última generación de 10 bocinas, control de estabilidad, rines de aluminio y asientos eléctricos con cabecera ajustable– fue comprada en 754 mil pesos a la agencia Automotores de la Laguna, S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de Torreón.
En tanto, el blindaje y equipamiento de la unidad, con un costo de un millón 524 mil 485.92 pesos adicionales, fue realizado por la empresa Centigon México, S.A. de C.V., localizada en el Parque Industrial Millenium de Apodaca, Nuevo León.
Según la factura de producción, a la camioneta se le instaló un equipo de seguridad y blindaje “Centigon”, con un precio de un millón 426 mil 465.92 pesos.
También se le incluyeron diversos accesorios, así como equipo adicional para unidad blindada, que consiste en un juego de sirenas, intercomunicador de doble vía y juego de estrobos, todo por 98 mil 20 pesos adicionales.
Según el diario, en Saltillo la violencia relacionada con el crimen organizado se redujo desde 2013, aunque el número de robos se ha incrementado notablemente. En lo que va del año, destacó, más de 520 casas-habitación y más de 500 negocios han sido asaltados en la mancha urbana, 62% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2014.
Ese dato pasó desapercibido por el alcalde, quien prefirió gastar en una camioneta blindada para su seguridad, en lugar de invertir ese dinero en 10 patrullas Avenger para la Policía Preventiva y así apoyar las labores de vigilancia, encaminadas a reducir los robos que azotan a los comercios y hogares de Saltillo.
Sólo 225 preventivos vigilan las calles
El regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Abraham Tobías Hernández, aseguró que en la capital de Coahuila hay 86 oficiales que fungen como veladores o choferes de funcionarios y familiares, en lugar de vigilar el bienestar de la ciudadanía.
“Hay 37 policías que tenemos cuidando oficinas y museos, cuando (esos sitios) los podrían cuidar veladores u otro tipo de personal que no requiera controles de confianza, constante capacitación o equipo especializado para labores de prevención de delito”, dijo.
Además, añadió, 49 elementos laboran como escoltas “que más bien sirven de choferes o carga bolsas a la secretaria del ayuntamiento, al alcalde y a su familia”.
Según Tobías Hernández, de los 789 elementos de la Dirección Pública Municipal, 114 son agentes de Tránsito, 51 pertenecen al Grupo de Reacción Operativa Metropolitana –que operan bajo el Mando Único del estado– y 14 son directivos y comandantes, lo que deja una fuerza real de 524 preventivos divididos en dos turnos para cuidar las calles.
De igual manera, detalló que en lo que va del año 17 policías municipales han causado baja y la mayoría son elementos que abandonaron la corporación por la vía de la renuncia o jubilación, pero ocho casos fueron por reprobar los exámenes de confianza, por corrupción o por procesos administrativos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La madrugada de este lunes un grupo de desconocidos atacó con piedras la casa de Lucila Hernández García, vocera del movimiento jornalero en San Quintín, Baja California (BC).
En entrevista, la portavoz informó que la agresión se registró alrededor de las cuatro de la mañana y que rompieron las ventanas del cuarto en donde se encontraban ella, su esposo y sus tres hijos.
El resto de la familia duerme en una habitación contigua, de no más de cuatro metros cuadrados, que conecta con el dormitorio de Lucila por una pequeña puerta de madera.
Como resultado de la agresión, dos ventanas resultaron dañadas. En el interior de la casa de Lucila quedaron dos piedras grandes en el suelo. Pese a que la vocera del movimiento jornalero intentó identificar a los responsables de la agresión, no logró su cometido.
La casa de Lucila Hernández se ubica en la comunidad conocida como Las Casitas, en el rancho Los Pinos, cerca de la empresa agrícola del mismo nombre, una de las señaladas por las y los habitantes del Valle de San Quintín por ser de las más “explotadoras”.
Dicha comunidad está a más de una hora de distancia de la localidad de Vicente Guerrero, también en San Quintín, donde vive la comunidad indígena triqui, originaria de Oaxaca, y la mayoría de los voceros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
La activista por los derechos laborales de las jornaleras dijo que de inmediato avisó de la agresión a uno de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se encuentran en San Quintín, quien se comprometió a acompañarla a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de la región.
Como probables responsables del ataque, Lucila Hernández señaló a los empresarios agrícolas de la zona, quienes –aseguró– forman el único grupo con quien tiene problemas derivados de su activismo ante el gobierno federal desde marzo pasado, cuando comenzó a demandar aumento salarial y mejores condiciones laborales para las jornaleras.
Hernández García es la única mujer que acompañó a los cinco voceros de la Alianza hasta la Ciudad de México en abril pasado para exigir a autoridades y legisladores federales que resuelvan el conflicto laboral en la región y observen la miseria que se vive en el Valle de San Quintín.
Además, la participación de Lucila en el movimiento ha sido la de visibilizar en particular las problemáticas y necesidades de las mujeres. Por ejemplo: que no se tolere más el acoso sexual en los campos agrícolas, se construya un hospital de especialidades y se creen más guarderías para sus hijos.
La defensora observó que la agresión en su contra es para “tratar de intimidar, de meter miedo, pero no lo van a lograr”. Agregó que el gobierno federal está obligado a garantizarle medidas de protección, ya que uno de los acuerdos firmados en la minuta del pasado 14 de mayo fue que los gobiernos federal y estatal, empresarios agrícolas y los jornaleros garantizarían un ambiente pacífico y que “no afectara el orden social”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
El Estado no respondió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuántos padres de familia están desaparecidos y cómo afecta eso a los menores; ni sobre la participación de niños en actividades del crimen.
El Estado mexicano no sabe cuántas madres o padres de familia están desaparecidos o han sido asesinados por la violencia en el país, por lo que no hay datos sobre el número de niños afectados, en orfandad y que deben ser atendidos.
La justificación de México es que la clasificación estadística de víctimas no cuenta con criterios para detallar cuántas “madres y/o padres” han sido afectados por la violencia, por lo que no entregó el dato al Comité de los Derechos del Niño de la ONU que lo solicitó de cara al examen que el país presentará el próximo 19 y 20 de mayo sobre el respeto a los derechos de los menores.
Ante la petición de “información desglosada” sobre el número de niños, niñas y adolescentes, madres y padres asesinados o desaparecidos en los últimos tres años; México sólo respondió que creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el que existen datos por sexo, edad, nacionalidad, entidad federativa, fecha o lugar de desaparición.
Además dijo que el RNPED está en constante actualización y depuración y que el 26 de febrero pasado publicó datos actualizados.
“Del 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2015, se reportaron como no localizadas 15 mil 668 personas, de las cuáles 3 mil 677 son menores de edad (2 mil 365 niñas y mil 312 niños)”.
Según esos datos, 10 mil 597 personas son adultos y de otros mil 394 no se cuenta con la edad.
Hace tres años –la última vez que México se presentó ante este Comité– se recomendó a México contar con cifras sobre la violencia en el país y cómo ésta afecta a niños, niñas y adolescentes, incluso en el caso de que éstos pudieran ser reclutados por grupos armados.
En 2011, México dijo a la ONU que no tenía datos sobre la participación de niños en grupos delictivos o armados y en esta ocasión rechazó que el país esté en un conflicto armado en el que estén involucrados menores, por lo que tampoco entregó información.
El Comité solicitó al Estado datos sobre las medidas tomadas para “criminalizar y castigar con sanciones adecuadas, el reclutamiento y el uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Sírvanse igualmente informar sobre las medidas tomadas para prevenir dicho reclutamiento y uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes, así como para rehabilitar y compensar a las víctimas”.
En su respuesta, México dijo que el país “no se encuentra en una situación de conflicto armado” aunque el gobierno trabaja para cumplir con las obligaciones del Protocolo Facultativo de la Convención Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, en el que se contempla tomar medidas para evitar que niños participen en grupos armados.
“La situación de violencia criminal que actualmente se vive en México deriva de los hechos ilícitos de los grupos de la delincuencia organizada, que son respondidos a través de la estrategia integral para garantizar la seguridad ciudadana emprendida por el Gobierno de México, y deriva también de disputas entre los mismos grupos delictivos. Claramente, estas situaciones ¾sin perjuicio de la intensidad de la violencia que generan¾, se encuentran lejanas del concepto de conflicto armado”, cita la respuesta del Estado ante la solicitud del Comité.
Según México, en el país se toman las medidas para combatir este fenómeno “plenamente identificado” que no tiene vínculo con un conflicto armado de carácter no internacional en el que pudieran estar afectados e involucrados menores.
Pero el país tampoco informó sobre las investigaciones vinculadas al reclutamiento de niños por parte de grupos de la delincuencia organizada o su participación en cualquier actividad criminal y sólo dijo que en México se persigue el delito de corrupción de menores.
“Se reitera que en el Estado no existe un conflicto armado, razón por la cual no puede haber ni hay reclutamiento ni participación de NNA (niñas, niños y adolescentes) en grupos armados no estatales. No obstante, México reconoce que NNA son susceptibles de ser víctimas de las actividades del crimen organizado; por ello, y con la finalidad de sancionar el reclutamiento de NNA por parte de organizaciones delictivas, la legislación penal mexicana prevé el delito de corrupción de menores, también tipificado en los códigos penales de las entidades federativas”.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advirtió en febrero pasado que en el país existe un “vacío de información” sobre cómo la violencia afecta a la infancia.
“El gobierno tiene la obligación de construir e implementar un programa nacional que prevenga y atienda todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país. Este programa se debería poner en práctica a nivel local teniendo en cuenta las condiciones particulares que causan los contextos de violencia a los que se enfrentan niñas y niños en el país. No obstante, hoy no se cuenta con información disponible que permite identificar los diferentes tipos de violencia y el impacto que estos tienen en la vida de niñas y niños de México”, cita el informe La Infancia cuenta en México 2014.
Después del examen que el Estado presente ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, éste emitirá sus recomendaciones a más tardar el 10 de junio próximo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
En el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero la mitad del armamento policial está perdido. Incluso el Ejército ha sido víctima de robo de armas de alto poder, granadas y hasta lanzagranadas.
En ocho años las fuerzas policiales de nuestro país han perdido o les han robado más de 15 mil armas de fuego, desde pistolas y revólveres hasta fusiles de alto poder como los que Alemania exportó ilegalmente a México. En promedio, los policías se quedan sin seis nuevas armas todos los días.
El Distrito Federal, el estado de México y Guerrero tienen las policías preventivas y judiciales que han perdido el mayor número de armas: prácticamente concentran la mitad de todo el armamento extraviado y robado a nivel nacional, aunque no hay corporación en el país que esté libre de algún caso.
Incluso las fuerzas federales también han registrado pérdida de armamento – aunque en menor proporción- en los últimos años. Por ejemplo, al Ejército Mexicano le han robado más de un centenar de granadas de distintos tipos del 2008 a la fecha, junto con rifles, ametralladoras y hasta un lanzagranadas de más de 35 kilos de peso.
Las armas arrebatadas a las fuerzas de seguridad han terminado, según las investigaciones realizadas en su momento, en manos de organizaciones del crimen organizado, en el mercado negro, pero también en grupos que se denominan de autodefensa o de fuerzas rurales que no están reguladas.
Autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad consultadas por Animal Político, indicaron que las fuerzas de seguridad son indirectamente una de las fuentes principales de armamento para los delincuentes, (por los robos constantes que padecen) solo detrás del mercado negro de armas que provienen de Estados Unidos.
Quince mil… y podrían ser más
En la respuesta a la solicitud de información folio 00007001199, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló la estadística desglosada de su base de datos relacionada con las armas de fuego que han extraviado las fuerzas estatales de seguridad.
Cabe recordar que todas corporaciones de seguridad pública y privadas del país tienen la obligación, sin excepción, de reportar al ejército las armas que pierden dado que la licencia es proporcionada por la Sedena y así lo marca como obligación la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los datos oficiales de Sedena indican que entre los años 2006 y 2013 las secretarías de Seguridad Pública y procuradurías de Justicia de los estados reportaron 15 mil 609 armas de fuego extraviadas o robadas, sin que se tenga un desglose por separado de cada uno de los dos casos, según lo dicho por Sedena.
De ese total de armamento perdido, casi el 30 por ciento son armas largas que engloban a fusiles de todos los tipos, ametralladoras y subametralladoras, escopetas y rifles francotirador mientras que el resto son armas cortas, es decir, pistolas y revólveres.
La Sedena aclaró que las armas que han perdido las secretarias de Seguridad Pública de los estados incluyen tanto las asignadas a la policía estatal como las que tienen las policías municipales sin que se cuenten con un detalle desglosado en este apartado.
El Distrito Federal encabeza la lista de armamento perdido con 4 mil 570 ese lapso de ocho años, mientras que en segundo sitio está el estado de México con mil 746 armas. Un factor que podría incidir en este sentido es que ambas entidades tienen a las fuerzas policiales más numerosas de todo el país, con más de cien mil agentes de distintas corporaciones en conjunto, y en consecuencia concentran más armamento.
En tercer sitio se ubica Guerrero donde se reportaron más de mil 600 armas de fuego extraviadas o robadas a los policías. El dato cobra mayor relevancia ya que hay estados que tienen un número mayor de agentes de seguridad y por ende de armamento como Jalisco, Chihuahua o tabasco, pero la cantidad de pistolas y rifles perdidos es menor.
En el otro extremo de la estadística están las secretarías de seguridad y fiscalías de Yucatán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Querétaro y Colima que tienen un registro inferior a las cien armas robadas en ocho años.
Una situación a destacar es que el número armas que le han robado a las fuerzas de seguridad de los estados podría ser mayor a quince mil. La Defensa Nacional no ha revelado algún dato público de las armas perdidas en 2014 pero además fueron destruidos los registros de años anteriores al 2006.
“Del año 2000 a 2006 la información solicitada es inexistente en virtud de que los archivos correspondientes a esos años fueron depurados conforma al acta de depuración” indicó la Sedena en la solicitud de información.
Armerías vulneradas
Para robar las armas de los policías los delincuentes han logrado en varias ocasiones vulnerar directamente las armerías de las secretarías de seguridad, a veces por la fuerza y en otras ocasiones con la complicidad de las personas a cargo de la vigilancia.
Uno de los robos mejor organizados y de mayor impacto fue el registrado en el pleno corazón del complejo de seguridad de Chihuahua: el Centro de Control y Comunicaciones C4. Ocurrió el 26 de septiembre del 2010.
Ocho delincuentes, vestidos como policías llegaron en una camioneta disfrazada también de patrulla. Los vigilantes, sin verificar bien el vehículo, les permitieron el paso al complejo. Una vez dentro, estacionaron el auto y caminaron aproximadamente cien metros hasta el banco de armas.
Cuando el vigilante encargado exclusivamente de la seguridad del almacén se dio cuenta de lo que pasaba, ya era tarde. Fue golpeado y esposado en cuestión de segundos. El comando venció las cerraduras de la doble puerta de acero, y luego el candado de la reja interior. Ya con las armas en su poder, huyeron sin que alguien se atreviera a hacerles frente.
La operación duró apenas seis minutos, pero el botín fue cuantioso: 69 armas de fuego de alto poder robadas, la mitad de ellos fusiles HK G36 fabricado por la empresa alemana Heckler & Koch, que son utilizados por varios Ejércitos de la misma OTAN.
Hoy se sabe que esos fusiles de asalto fueron exportados ilegalmente desde Alemania a México, violando las regulaciones que se tienen en ese país europeo. Chihuahua no es el único caso con fusiles de este tipo robado. En agosto de 2013 policías comunitarios arrebataron a fuerzas municipales varios KHG36 en Tixtla Guerrero y nunca los regresaron.
Pero hay casos más recientes en los estados que tienen las policías con más armas robadas. El 1 de marzo de este año dos hombres llegaron por la madrugada a una bodega de armas de la Policía Auxiliar en la delegación Iztapalapa, sometieron al vigilante y se robaron 34 armas de fuego entre ellos pistolas calibre 9 milímetros y una subametralladora.
La noche del 7 de octubre en acciones simultáneas fueron asaltadas las armerías de las policías de Tlalnepantla y Huixquilucan en el estado de México. En total fueron sustraídas 39 armas de fuego que hasta el día de hoy no han sido localizadas.
Y al Ejército le roban hasta lanzagranadas
Las fuerzas federales tampoco han estado exentas de perder armamento. De acuerdo con la misma estadística de la Sedena, la Policía Federal registró el robo o extravío de poco más de 300 armas de fuego entre el 2006 y el 2013, e incluso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reportó el extravío de un arma.
Otra estadística separada de la Sedena, revela que del 2008 al 2014 la Procuraduría de Justicia Militar inició 115 averiguaciones por el robo de más de 200 armas y piezas de artillería en las distintas zonas militares del país.
Destaca el caso de más de 40 granadas de fragmentación calibre 40 o similares capaces de destruir incluso vehículos sin blindajes. Además 95 granadas antimotines también fueron sustraídas ilegalmente de una armería de la Primera Región Militar en el centro del país.
Entre el armamento registrado como perdido o robado por el Ejército mexicano hay modelos como el lanzagranadas MK-19 – fabricado por la empresa de equipamiento militar estadunidense General Dynamics – que es un artefacto de más de 35 kilos de peso, diseñado para disparar de forma automática granadas que pueden matar o lesionar a personas hasta en un radio de 15 metros. Normalmente está montado en vehículos artillados.
La Sedena también ha reportado la pérdida de fusiles automáticos de alto poder como los G-3 fabricados en Alemania o los M-16 que son los más usados por las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/05/policias-en-mexico-pierden-seis-armas-de-fuego-al-dia-ya-van-15-mil-robadas-o-extraviadas/.
La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 21 de mayo, informó el abogado Xavier Cortina; Aristegui insistió en su interés por regresar al aire en MVS.
Carmen Aristegui y MVS acordaron realizar una segunda reunión el próximo jueves 21 de mayo a las 11 de la mañana, luego de que este lunes 18 de mayo, la periodista fue recibida en las instalaciones de la radio difusora por primera ocasión desde que fue despedida el pasado 15 de marzo.
Alrededor de las 11 de la mañana y en compañía de dos abogados, la periodista ingresó a las instalaciones para reunirse con un representante de la empresa y con José Woldenberg, el mediador designado por ambas partes para las negociaciones en caso de controversias.
Al salir del encuentro, Aristegui insistió en su interés por regresar al aire. “Para nosotros el tema es regresar al aire, para nosotros el tema es que se respete un contrato vigente en los términos de un código de ética vigente”, dijo la periodista, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
El abogado Xavier Cortina dio a conocer que durante el encuentro, que duró alrededor de una hora con 40 minutos, se acordó realizar una segunda reunión el próximo jueves.
El pasado miércoles 13 de mayo, un juez ordenó realizar una reunión entre MVS Radio y la periodista para “solventar sus diferencias mediante un arbitraje”.
“La resolución puntualiza que, toda vez que las partes se obligaron al arbitraje en caso de conflicto y considerando el tiempo transcurrido desde la terminación reclamada, dicho diálogo deberá iniciar y llevarse a cabo dentro del plazo de tres días hábiles en las instalaciones de MVS Radio, con la persona que han designado las partes en sus convenios modificatorios (José Woldenberg Karakowsky)”, indicó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un comunicado.
Para lo anterior, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Fernando Silva García, resolvió conceder la suspensión definitiva solicitada por la periodista María del Carmen Aristegui Flores, “para que cesen los efectos y consecuencias del aviso de terminación contractual reclamado, con los alcances siguientes”, detalla el comunicado.
Carmen Aristegui fue despedida de Noticias MVS la noche del domingo 15 de marzo, luego de que la periodista se negó a aceptar los lineamientos impuestos por la empresa a raíz de que su noticiario se unió a la iniciativa Méxicoleaks, un portal de denuncias ciudadanas anónimas lanzado por una alianza de medios conformada por Animal Político, Emeequis, Másde131, Periodistas de a Pie, PODER, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Revista Proceso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
