Al considerar que ninguno de los candidatos que contienden por mandos de gobierno representan sus intereses, autodefensas iniciaron una campaña para solicitarle a los electores que no participen en los comicios.
A la campaña antivoto que han iniciado los civiles alzados en armas, se han sumado también algunos agrupaciones civiles y sindicatos de trabajadores, principalmente de maestros, que consideran no han tenido respuesta a sus demandas por parte de las estructuras de gobierno estatal y federal.
La campaña nació en el municipio de Aquila, en donde inicialmente se rechazó la posibilidad de otorgarle el voto al candidato del PRI, Asención Orihuela Bárcenas, al que se le considera una extensión del mismo sistema que encumbró en su momento a Fausto Vallejo.
A menos de 17 días para que se lleve el proceso electoral, la difusión para que el electorado no se presente a las urnas o anule su voto se ha extendido a los 113 municipios de toda la entidad. A veces a través de las redes sociales, pero por lo general en reuniones breves, las autodefensas y grupos afines han intensificado su llamado a la desobediencia electoral.
El sindicato de profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es el organismo más activo en la difusión de la propuesta para que la gente no emita su voto o lo anule, al considerar que el llamado es “porque no tenemos por quien votar”, siendo ese órgano gremial el más crítico a las descoloridas campañas electorales que realizan los aspirantes al gobierno de Michoacán.
En el seno del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), donde algunos funcionarios de ese órgano colegido habían calificado al llamamiento “como una vacilada”, ya hay nerviosismo. Los miembros del consejo general del IEM han insistido, en público y en privado, sobre la necesidad de hacer frente a la contra campaña de la anulación del voto.
El caso más evidente de la preocupación de los organizadores de las elecciones en Michoacán se manifestó con la intención del consejo Alfonso Augusto Ortega Caire, quien tuvo acercamientos con el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia, para ver la posibilidad de incluir una leyenda de aliento al voto en los recibos el agua del mes de mayo.
Para fortalecer la campaña contra el voto y la anulación del mismo, el movimiento “Los Trabajadores no Tenemos por Quien Votar”, organismo gremial de corte socialista, llevará a cabo su primer congreso en la ciudad de Morelia el próximo sábado 23 de mayo, en donde se debatirán las razones por las que consideran que los salariados no tienen opciones de representación en este proceso electoral.
En la cada vez más creciente campaña contra la anulación del voto o el desistimiento de él, ha jugado un importante papel la organización autónoma de las comunidades indígenas de Cherán y Santa Cruz Tanáco, en donde hace unos días fueron renovados los mandos de gobierno local, por usos y costumbres, sin la participación de los partidos políticos y ni organismo electorales.
No van contra las casillas
De acuerdo a la propuesta emitida por los grupos de autodefensa, en los municipios de la zona de Tierra Caliente y de la zona Costa Sierra Nahua, el llamado es para que la gente no voto o anule el sufragio, pero no se han instrumentado acciones que afecten la instalación de las meses de votación.
El propio presidente del IEM Ramón Hernández Reyes, considerando que existen condiciones de seguridad, ha anunciado que se instalaran casillas en los 113 municipios de la entidad, incluido Cherán, en donde hubo elección de autoridad local y se tiene la esperanza de que el electorado salga a emitir su sufragio por los diputados y gobernador que desean tener.
En Michoacán se instalarán 5 mil 804 casillas, pero ante a la campaña anti voto de los autodefensas no se ha definido si se reubican algunas de esas mesas de votación. En Michoacán podría entrar en vigor el modelo del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicado en Oaxaca, en donde se recomendó no instalar casillas en las escuelas a fin de evitar que los conflictos magisteriales afecten el proceso.
De las 5 mil 804 casillas de votación que se prevén para la jornada electoral de Michoacán, al menos mil 322 de ellas se ubican en escuelas, por lo que no se descarta que los grupos magisteriales que apoyan la campaña contra la anulación del voto pudieran evitar que la elecciones se lleven a cabo en sus centros de trabajo.
La CNTE tiene su plan
Agentes de campo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) han informado desde Morelia que uno de los organismos más activos y “de más alto riesgo para el proceso electoral del próximo domingo 7 de junio, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, el que se ha sumado al llamado de los grupos de autodefensa para promover la anulación del voto.
De acuerdo a datos de inteligencia del gobierno mexicano, miembros directivos de la CNTE no solo están haciendo labor entre sus bases para que anulen su voto, sino que organizan un plan que podría consistir en el secuestro de las urnas una vez instaladas, cerrando los centros de labores de los miembros de esa organización.
“La movilización de los maestros integrantes de la CNTE para boicotear el proceso electoral –dice un informe del CISEN- comenzara 48 horas antes de la jornada, a la par de la entrega del material electoral a los funcionarios de casilla, con actos que pudieran ir desde el rapto de casillas y materiales, hasta el bloqueos para la instalación de urnas, sin tocar para nada las boletas, a fin de disminuir el impacto jurídico del delito electoral”.
Pleito de familia
La difusión de la campaña antivoto que promueven los autodefensas en todo el estado, con énfasis en los municipios donde la violencia no ha cesado, ha hecho que los grupos armados que nacieron juntos ahonden su encono.
Los llamados autodefensas legítimos, los que siguen en pie de lucha sin dejar las armas, son acusados por los autodefensas pacificados de violentar el clima de paz con el llamado que hacen a la insurgencia electoral.
Hipólito Mora, candidato a diputado por el Movimiento Ciudadano, ha criticado severamente el llamado a la anulación del voto, al considerar que es la jornada electoral del 7 de junio es la mejor opción que tienen los terracalentanos para cambiar la historia y fortalecer la paz, tras a pesadilla vivida.
Los autodefensas leales a Estanislao Beltrán –la mayoría incluidos en la policía Fuerza Rural- que se sumaron a la campaña del PRI y le han alzado la mano a Asención Orihuela en diversos actos políticos, culpan a los autodefensas legítimos de querer incendiar de nueva cuenta el estado con el llamado a la desobediencia electoral.
Los seguidores de Adalberto Fructuoso, otro de los grupos de autodefensa que se mantienen activos en la zona de Aguililla, también han criticado el llamado a la anulación del voto, porque consideran que esa no es una alternativa que ayude en algo al esfuerzo de pacificación que se lleva en Michoacán. Las autodefensas de Fructuoso siguen activas, pero han tenido acercamientos con los candidatos del PRD.
Desde las filas leales a la panista Luisa María Calderón, el hijo de José Manuel Mireles, Alejandro Mireles Valencia -candidato a diputado suplente por el PAN- no solo ha cuestionado la campaña contra el voto, sino que ha cuestionado a los que se hayan colgado del nombre de su padre para sumar sufragios.
Mireles Valencia pide a la población que no escuche la propuesta de los llamados autodefensas legítimas, los que reclaman la anulación del voto.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
jueves, 21 de mayo de 2015
Lorenzo Córdova, el día después
El consejero presidente del INE dirigió la sesión del instituto más solemne que de costumbre. Del escándalo del audio, no se habló
Visiblemente desencajado, Lorenzo Córdova presidió ayer la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el día después de la revelación de la llamada donde se burló de un líder indígena.
Lejos de la imagen sonriente y confiada con la que suele presidir los trabajos del Instituto, ayer los gestos de Córdova fueron duros y su mirada se tornaba inquisitiva por momentos.
Aparentemente cansado y sin despegar la mirada de los documentos que tenía frente a sí, Córdova llevó a cabo los trabajos de la sesión donde se discutió la pertinencia de sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el retiro de sus tiempos de radio y televisión.
El ambiente en la sesión del Consejo General era tenso. Al principio, todas las miradas estuvieron puestas en Córdova, quien arribó al salón de sesiones del Consejo General recibiendo saludos de varios consejeros y representantes de partidos políticos.
Algunos esperaban que el presidente del INE hiciera un pronunciamiento sobre los hechos del martes. Que se refiriera a la llamada donde se le escuchó burlarse de un líder indígena y sobre el hecho del espionaje del que fue objeto.
Lo que sí comentó es que líderes indígenas de Guanajuato presentaron una queja contra él por sus dichos discriminatorios y que hay varias peticiones en la plataforma Change.org para pedir su renuncia.
El martes fue filtrado un audio a través de YouTube donde se escucha una llamada telefónica, grabada de forma ilegal, en la que se escucha a Córdova hablar de forma despectiva de un líder indígena con el que acaba de reunirse, en abril pasado.
“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón: ‘Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato; yo decir aquí: o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones’”, se escucha decir a Córdova imitando al líder indígena.
Córdova no se refirió al tema en toda la sesión. Lo mismo pasó con los otros consejeros y los representantes de los partidos políticos.
En el interior del INE aseguran que el consejero presidente está consciente que esto ha dañado a la institución y a él como servidor público. Que quedará marcado como un funcionario racista.
Tres días de castigo al PVEM
En medio de la vorágine personal por la que pasa Lorenzo Córdova, en la sesión del INE se decidió que el PVEM será sancionado con el retiro de propaganda durante tres días.
Cuando tomó la palabra para hablar sobre el tema que se discutía, Córdova intentó ser contundente, pero habló en un tono distinto del que usa comúnmente.
“El desacato a una medida cautelar provoca que el impacto indebido permanezca y que, en consecuencia, la afectación al orden jurídico continúe (…) No basta con un deslinde o con iniciar acciones, sino que éstas tienen que ser eficaces para que efectivamente pueda cumplirse con la garantía del orden jurídico”, dijo distraído.
El tema en sí mismo despertó la animadversión de representantes de los partidos políticos contra los consejeros y contra sus oponentes.
En la votación final de la sanción al PVEM, Córdova votó por retirar los spots de radio y televisión por 12 días; pero por mayoría de votos, los otros consejeros decidieron que solo fuera por tres días.
‘Dos caras’
Hipólito Arriaga Pote, llamado “gobernador indígena nacional” dijo en entrevista a Excélsior que la forma en que Lorenzo Córdova se refirió a la manera de hablar de uno de sus asesores es muy discriminatoria para todos los indígenas a nivel nacional.
“Dan dos caras, nos tratan bien cuando estamos frente a ellos y en las espaldas hablan mal de nosotros. Inclusive cuando fuimos el primer día (al INE el 23 de abril), nos trataron de indios mugrosos, todos los empleados, pero nada más que mi personal ni me dijo nada en ese momento, (sino) hasta después me dijeron”.
El órgano electoral no negó la autenticidad de la grabación, pero sí anunció que levantará una denuncia ante la PGR por “intervención ilegal de conversaciones telefónicas privadas”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Visiblemente desencajado, Lorenzo Córdova presidió ayer la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el día después de la revelación de la llamada donde se burló de un líder indígena.
Lejos de la imagen sonriente y confiada con la que suele presidir los trabajos del Instituto, ayer los gestos de Córdova fueron duros y su mirada se tornaba inquisitiva por momentos.
Aparentemente cansado y sin despegar la mirada de los documentos que tenía frente a sí, Córdova llevó a cabo los trabajos de la sesión donde se discutió la pertinencia de sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el retiro de sus tiempos de radio y televisión.
El ambiente en la sesión del Consejo General era tenso. Al principio, todas las miradas estuvieron puestas en Córdova, quien arribó al salón de sesiones del Consejo General recibiendo saludos de varios consejeros y representantes de partidos políticos.
Algunos esperaban que el presidente del INE hiciera un pronunciamiento sobre los hechos del martes. Que se refiriera a la llamada donde se le escuchó burlarse de un líder indígena y sobre el hecho del espionaje del que fue objeto.
Lo que sí comentó es que líderes indígenas de Guanajuato presentaron una queja contra él por sus dichos discriminatorios y que hay varias peticiones en la plataforma Change.org para pedir su renuncia.
El martes fue filtrado un audio a través de YouTube donde se escucha una llamada telefónica, grabada de forma ilegal, en la que se escucha a Córdova hablar de forma despectiva de un líder indígena con el que acaba de reunirse, en abril pasado.
“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón: ‘Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato; yo decir aquí: o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones’”, se escucha decir a Córdova imitando al líder indígena.
Córdova no se refirió al tema en toda la sesión. Lo mismo pasó con los otros consejeros y los representantes de los partidos políticos.
En el interior del INE aseguran que el consejero presidente está consciente que esto ha dañado a la institución y a él como servidor público. Que quedará marcado como un funcionario racista.
Tres días de castigo al PVEM
En medio de la vorágine personal por la que pasa Lorenzo Córdova, en la sesión del INE se decidió que el PVEM será sancionado con el retiro de propaganda durante tres días.
Cuando tomó la palabra para hablar sobre el tema que se discutía, Córdova intentó ser contundente, pero habló en un tono distinto del que usa comúnmente.
“El desacato a una medida cautelar provoca que el impacto indebido permanezca y que, en consecuencia, la afectación al orden jurídico continúe (…) No basta con un deslinde o con iniciar acciones, sino que éstas tienen que ser eficaces para que efectivamente pueda cumplirse con la garantía del orden jurídico”, dijo distraído.
El tema en sí mismo despertó la animadversión de representantes de los partidos políticos contra los consejeros y contra sus oponentes.
En la votación final de la sanción al PVEM, Córdova votó por retirar los spots de radio y televisión por 12 días; pero por mayoría de votos, los otros consejeros decidieron que solo fuera por tres días.
‘Dos caras’
Hipólito Arriaga Pote, llamado “gobernador indígena nacional” dijo en entrevista a Excélsior que la forma en que Lorenzo Córdova se refirió a la manera de hablar de uno de sus asesores es muy discriminatoria para todos los indígenas a nivel nacional.
“Dan dos caras, nos tratan bien cuando estamos frente a ellos y en las espaldas hablan mal de nosotros. Inclusive cuando fuimos el primer día (al INE el 23 de abril), nos trataron de indios mugrosos, todos los empleados, pero nada más que mi personal ni me dijo nada en ese momento, (sino) hasta después me dijeron”.
El órgano electoral no negó la autenticidad de la grabación, pero sí anunció que levantará una denuncia ante la PGR por “intervención ilegal de conversaciones telefónicas privadas”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Denuncian construcción ilegal de puentes en la isla de Holbox
CANCUN, Q. Roo: Ambientalistas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la construcción ilegal de puentes sobre una laguna de baja profundidad ubicada en un área de descanso y anidación de aves, en el poniente de la isla de Holbox.
Alejandra Serrano, directora Regional Oficina de Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo que dichos puentes, que los desarrolladores de Grupo Sadasi llaman “andadores”, se construyeron sin la autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Además, detalló que si bien los promotores contaban con permisos expedidos en 2012, éstos vencieron en noviembre del año pasado y los “andadores” se empezaron a construir el mes pasado. “Se le pasó el término y construyeron”, subrayó.
De igual modo, indicó que el estudio de impacto ambiental, presentado por lo promoventes, “no evaluaba impacto a la cacerolita de mar”, una especie protegida, que habita la zona.
De acuerdo con ambientalistas, la zona es hábitat de la cacerolita del mar, también conocida como cangrejo herradura, que, sin lugar a dudas, advirtieron, será afectado con la construcción de estos puentes.
“Es un cangrejo que habita en la playa. Es una especie que no ha evolucionado mucho”, comentó el empresario y ambientalistas, Eduardo Pacheco Cetina.
Por otra parte, denunció que los propietarios de los predios cerraron en días pasados el acceso al lugar, sobre la cual se construyeron los puentes o “andadores”.
“Ya nos lo cerraron. Ya no es tan público. ¿No que era para el uso de todos?”, cuestionó el ambientalista.
El promueve de la obra es Isaac Vainer Girs, presidente de la constructora Grupo Sadasi, que realizó la obra sin consultar a los pobladores.
Desde su proceso de construcción, ambientalistas sostuvieron que esta infraestructura de madera implicará perturbar este pequeño hábitat de decenas de aves que terminarán siendo ahuyentadas, como ya ocurrió en otras zonas de la isla donde se han construido cabañas.
Según información recabada por Pacheco Cetina, el proyecto consiste en un primer andador de madera dura de 49.41 metros de largo por 1.5 metros de ancho, y otro más de 50.24 metros de largo por 1.5 m de ancho, para unir dos predios al parecer propiedad de Isaac Vainer Girs, separados por una pequeña laguna y manglares.
Para el soporte de los andadores, sostuvo, “se colocarán postes de madera de zapote de 20 a 25 centímetros de diámetro por 3.5 metros de largo a una distancia de tres metros”.
Pacheco Cetina destacó que el estudio realizado para la construcción de los andadores reconoce una serie de afectaciones ambientales. En primer lugar, dijo, establece que el predio donde se construirán “se ubica dentro del área natural protegida Yum Balam, con una categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)” que aún no cuenta con plan de manejo.
Además, se trata de “un área importante para más de 30 especies de aves terrestres que migran por la ruta transgolfo, cruzando el océano desde Louisiana y el oeste de Florida, hasta el norte de la península de Yucatán”.
Y más: “Es el primer sitio de descanso en tierra firme al que llegan estas aves del neártico, y es crítico para estas especies el no disponer de hábitat para reabastecerse y así continuar su viaje hacia América del Sur o bien permanecer en la península durante el invierno”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Alejandra Serrano, directora Regional Oficina de Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo que dichos puentes, que los desarrolladores de Grupo Sadasi llaman “andadores”, se construyeron sin la autorización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Además, detalló que si bien los promotores contaban con permisos expedidos en 2012, éstos vencieron en noviembre del año pasado y los “andadores” se empezaron a construir el mes pasado. “Se le pasó el término y construyeron”, subrayó.
De igual modo, indicó que el estudio de impacto ambiental, presentado por lo promoventes, “no evaluaba impacto a la cacerolita de mar”, una especie protegida, que habita la zona.
De acuerdo con ambientalistas, la zona es hábitat de la cacerolita del mar, también conocida como cangrejo herradura, que, sin lugar a dudas, advirtieron, será afectado con la construcción de estos puentes.
“Es un cangrejo que habita en la playa. Es una especie que no ha evolucionado mucho”, comentó el empresario y ambientalistas, Eduardo Pacheco Cetina.
Por otra parte, denunció que los propietarios de los predios cerraron en días pasados el acceso al lugar, sobre la cual se construyeron los puentes o “andadores”.
“Ya nos lo cerraron. Ya no es tan público. ¿No que era para el uso de todos?”, cuestionó el ambientalista.
El promueve de la obra es Isaac Vainer Girs, presidente de la constructora Grupo Sadasi, que realizó la obra sin consultar a los pobladores.
Desde su proceso de construcción, ambientalistas sostuvieron que esta infraestructura de madera implicará perturbar este pequeño hábitat de decenas de aves que terminarán siendo ahuyentadas, como ya ocurrió en otras zonas de la isla donde se han construido cabañas.
Según información recabada por Pacheco Cetina, el proyecto consiste en un primer andador de madera dura de 49.41 metros de largo por 1.5 metros de ancho, y otro más de 50.24 metros de largo por 1.5 m de ancho, para unir dos predios al parecer propiedad de Isaac Vainer Girs, separados por una pequeña laguna y manglares.
Para el soporte de los andadores, sostuvo, “se colocarán postes de madera de zapote de 20 a 25 centímetros de diámetro por 3.5 metros de largo a una distancia de tres metros”.
Pacheco Cetina destacó que el estudio realizado para la construcción de los andadores reconoce una serie de afectaciones ambientales. En primer lugar, dijo, establece que el predio donde se construirán “se ubica dentro del área natural protegida Yum Balam, con una categoría de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)” que aún no cuenta con plan de manejo.
Además, se trata de “un área importante para más de 30 especies de aves terrestres que migran por la ruta transgolfo, cruzando el océano desde Louisiana y el oeste de Florida, hasta el norte de la península de Yucatán”.
Y más: “Es el primer sitio de descanso en tierra firme al que llegan estas aves del neártico, y es crítico para estas especies el no disponer de hábitat para reabastecerse y así continuar su viaje hacia América del Sur o bien permanecer en la península durante el invierno”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
En México están muy arraigadas impunidad y corrupción: ASF.
Hay que atacar el fenómeno,Recibió conclusiones de la cuenta pública 2013 dice Portal.
La corrupción en México es terrible, muchísimo más grande que el caso de una inmobiliaria o un inmueble; no, hablamos de asuntos mucho mayores, expresó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.
Después de recibir las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia sobre la cuenta pública 2013, el auditor sostuvo que se requiere atacar ese fenómeno a través del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo en los puntos de riesgo donde se facilita que haya desvíos tan grandes en el gasto público.
Dijo que por las irregularidades de la cuenta pública 2013 aún no hay funcionarios denunciados, pero hay mucha gente que va a estar. Al respecto, informó que la ASF prepara denuncias, en especial de los casos en que ya se cuenta con elementos de probable daño a la hacienda pública federal.
Portal Martínez consideró que una de las áreas a atacar es la de adquisiciones de obras públicas, sobre todo porque existen huecos que permiten desvío de recursos, porque se avalan contrataciones sin licitación –figura de la que se ha abusado entre entes públicos.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Erwin Arriola (PRD), sostuvo que la corrupción y la impunidad permanecen muy arraigadas, porque la falta de seguimiento se traduce en ausencia de castigo a los responsables, y la fiscalización del ejercicio del presupuesto se reduce a una recapitulación de incumplimientos y problemas de la administración pública.
Citó por ejemplo la renuncia obligada a la Secretaría de Comunicaciones del estado de México de Apolinar Mena Vargas, por solicitar y aceptar que la empresa española OHL le pagara su estancia y de su familia en un hotel de lujo en la Riviera Maya.
Mena Vargas, dijo, se vio involucrado, junto con altos directivos de OHL, en un fraude en la concesión del Viaducto Bicentenario en esa entidad, sacando provecho de su posición de funcionario público con información privilegiada.
Asimismo, respecto de la solicitud de la comisión para que la ASF fiscalice las reformas estructurales aprobadas por la 62 Legislatura, Portal Martínez explicó que los resultados de esa revisión llevarán varios años, debido a que la aplicación de los cambios está en proceso.
La ASF realizará revisiones que aporten información para conocer el desarrollo de la ejecución de dichas reformas. No obstante, una visión integral de sus efectos se podrá apreciar después de varios años de fiscalización, indicó.
El auditor expuso que más allá del matiz político y de la distorsión en que se incurre cuando se adopta una postura de superioridad moral, sí existe una inquietud legítima, compartida por una parte representativa de la opinión pública, de que persiste un componente de impunidad no atendido.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
La corrupción en México es terrible, muchísimo más grande que el caso de una inmobiliaria o un inmueble; no, hablamos de asuntos mucho mayores, expresó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.
Después de recibir las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia sobre la cuenta pública 2013, el auditor sostuvo que se requiere atacar ese fenómeno a través del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo en los puntos de riesgo donde se facilita que haya desvíos tan grandes en el gasto público.
Dijo que por las irregularidades de la cuenta pública 2013 aún no hay funcionarios denunciados, pero hay mucha gente que va a estar. Al respecto, informó que la ASF prepara denuncias, en especial de los casos en que ya se cuenta con elementos de probable daño a la hacienda pública federal.
Portal Martínez consideró que una de las áreas a atacar es la de adquisiciones de obras públicas, sobre todo porque existen huecos que permiten desvío de recursos, porque se avalan contrataciones sin licitación –figura de la que se ha abusado entre entes públicos.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Erwin Arriola (PRD), sostuvo que la corrupción y la impunidad permanecen muy arraigadas, porque la falta de seguimiento se traduce en ausencia de castigo a los responsables, y la fiscalización del ejercicio del presupuesto se reduce a una recapitulación de incumplimientos y problemas de la administración pública.
Citó por ejemplo la renuncia obligada a la Secretaría de Comunicaciones del estado de México de Apolinar Mena Vargas, por solicitar y aceptar que la empresa española OHL le pagara su estancia y de su familia en un hotel de lujo en la Riviera Maya.
Mena Vargas, dijo, se vio involucrado, junto con altos directivos de OHL, en un fraude en la concesión del Viaducto Bicentenario en esa entidad, sacando provecho de su posición de funcionario público con información privilegiada.
Asimismo, respecto de la solicitud de la comisión para que la ASF fiscalice las reformas estructurales aprobadas por la 62 Legislatura, Portal Martínez explicó que los resultados de esa revisión llevarán varios años, debido a que la aplicación de los cambios está en proceso.
La ASF realizará revisiones que aporten información para conocer el desarrollo de la ejecución de dichas reformas. No obstante, una visión integral de sus efectos se podrá apreciar después de varios años de fiscalización, indicó.
El auditor expuso que más allá del matiz político y de la distorsión en que se incurre cuando se adopta una postura de superioridad moral, sí existe una inquietud legítima, compartida por una parte representativa de la opinión pública, de que persiste un componente de impunidad no atendido.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
Activistas de México y EU piden a la CIDH mediar por libertad de Nestora
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Activistas de México y Estados Unidos integrados en el Frente para la Liberación de Nestora Salgado, pidieron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, su intervención para lograr la excarcelación de Nestora Salgado, quien lleva 15 días en huelga hambre en el Centro Federal Femenil Noroeste de Tepic, Nayarit, y su salud empeora.
En una carta enviada al organismo internacional, el colectivo binacional aseguró que el Estado mexicano incumple las medidas cautelares dictadas el pasado 28 de enero a favor de Salgado García, lo que derivó en una huelga de hambre iniciada el pasado 5 de mayo ante la omisión de las autoridades.
La integridad y vida de la activista, alertó el Frente, está en juego por los “pases políticos” entre el gobierno federal, las autoridades penitenciarias y el gobierno de Guerrero. Denunció que éstos no toman acciones para proteger su salud pues aún no la trasladan a un penal del fuero común para que tenga atención médica.
Y es que Nestora lleva más de dos años en prisión sin recibir condena.
La organización remarcó que la exigencia única, prioritaria y urgente es la libertad inmediata de la defensora, por lo que pidió la actuación y coadyuvancia de la CIDH para exigir al Estado mexicano su pronta liberación y que haga públicas las razones por las que sigue presa como criminal de máxima seguridad.
Los activistas recordaron que la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá estaba facultada para ejercer tareas de seguridad, como lo establece la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero. Por ello, llamaron a la CIDH a intervenir de manera inmediata para la liberación de la activista.
De acuerdo con el colectivo, el Estado mexicano no puede ser omiso ante las violaciones graves documentadas desde la detención arbitraria de la líder comunitaria el 21 de agosto de 2013, entre ellas, que no hubo orden de aprehensión, está incomunicada y bajo tortura, además de las violaciones al debido proceso que la mantienen encarcelada en detrimento de su salud.
El Frente aseguró que a pesar de que la activista fue exonerada de los cargos de delincuencia organizada desde marzo de 2014, sigue injustamente recluida, mientras que el gobierno de Guerrero, la Procuraduría General estatal, así como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han contribuido a la falta de acceso a la justicia.
La agrupación reclamó que la inacción gubernamental fortalece la afirmación de que la excomandanta es criminalizada por su labor como defensora de los derechos de los pueblos indígenas y por ejercer el derecho de las comunidades originarias a regirse bajo sus propios sistemas normativos.
Prueba de ello, explicó, son los tratos y hostigamiento que enfrenta en el penal federal y las constantes amenazas hacia su familia. Por ello, aseguró que es necesario investigar cómo actúa la directora del penal, Natasha María Bidault Mniszek, en este caso.
La abogada Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, informó a esta agencia que siguen a la espera de que se concrete el acuerdo del pasado lunes entre la Segob y el gobierno de Guerrero, para que Nestora sea trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan en la Ciudad de México y se atienda su salud.
Asimismo, informó que ya se hizo el trámite formal de reubicación de Nestora ante el Juzgado Primero y Segundo de lo Penal en Tlapa, Guerrero, y ya fue autorizado, por lo que se espera que el traslado sea en los próximos días.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
En una carta enviada al organismo internacional, el colectivo binacional aseguró que el Estado mexicano incumple las medidas cautelares dictadas el pasado 28 de enero a favor de Salgado García, lo que derivó en una huelga de hambre iniciada el pasado 5 de mayo ante la omisión de las autoridades.
La integridad y vida de la activista, alertó el Frente, está en juego por los “pases políticos” entre el gobierno federal, las autoridades penitenciarias y el gobierno de Guerrero. Denunció que éstos no toman acciones para proteger su salud pues aún no la trasladan a un penal del fuero común para que tenga atención médica.
Y es que Nestora lleva más de dos años en prisión sin recibir condena.
La organización remarcó que la exigencia única, prioritaria y urgente es la libertad inmediata de la defensora, por lo que pidió la actuación y coadyuvancia de la CIDH para exigir al Estado mexicano su pronta liberación y que haga públicas las razones por las que sigue presa como criminal de máxima seguridad.
Los activistas recordaron que la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá estaba facultada para ejercer tareas de seguridad, como lo establece la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero. Por ello, llamaron a la CIDH a intervenir de manera inmediata para la liberación de la activista.
De acuerdo con el colectivo, el Estado mexicano no puede ser omiso ante las violaciones graves documentadas desde la detención arbitraria de la líder comunitaria el 21 de agosto de 2013, entre ellas, que no hubo orden de aprehensión, está incomunicada y bajo tortura, además de las violaciones al debido proceso que la mantienen encarcelada en detrimento de su salud.
El Frente aseguró que a pesar de que la activista fue exonerada de los cargos de delincuencia organizada desde marzo de 2014, sigue injustamente recluida, mientras que el gobierno de Guerrero, la Procuraduría General estatal, así como la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han contribuido a la falta de acceso a la justicia.
La agrupación reclamó que la inacción gubernamental fortalece la afirmación de que la excomandanta es criminalizada por su labor como defensora de los derechos de los pueblos indígenas y por ejercer el derecho de las comunidades originarias a regirse bajo sus propios sistemas normativos.
Prueba de ello, explicó, son los tratos y hostigamiento que enfrenta en el penal federal y las constantes amenazas hacia su familia. Por ello, aseguró que es necesario investigar cómo actúa la directora del penal, Natasha María Bidault Mniszek, en este caso.
La abogada Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, informó a esta agencia que siguen a la espera de que se concrete el acuerdo del pasado lunes entre la Segob y el gobierno de Guerrero, para que Nestora sea trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan en la Ciudad de México y se atienda su salud.
Asimismo, informó que ya se hizo el trámite formal de reubicación de Nestora ante el Juzgado Primero y Segundo de lo Penal en Tlapa, Guerrero, y ya fue autorizado, por lo que se espera que el traslado sea en los próximos días.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
INE da entrada a petición para retirar registro al PVEM
México, DF. El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) dio entrada a la petición de siete fuerzas políticas en torno a iniciar un procedimiento para retirar al PVEM su registro como partido, con lo cual, remitió el caso a la Secretaría Ejecutiva para que esta determine a la brevedad, el cauce legal que le dará.
Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; Javier Corral, del PAN, y Horacio Duarte, de Morena, ennumeraron las múltiples violaciones a la legislación electoral que le han válido al Verde multas por 519 millones de pesos.
En sesión extraordinaria del consejo general, dijeron que el cúmulo de infracciones que ha cometido el Verde, lo confirman como un partido fuera de la ley y por tanto ha llegado la hora de sancionarlo de manera ejemplar.
El consejero Ciro Murayama recordó que la demanda de miles de ciudadanos para que se quite el registro al verde fue remitida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y que incluso ese instituto ya fue emplazado a responder los señalamientos en su contra.
El INE, puntualizó, no traspapeló ni encajonó la denuncia. Está en curso, pero lo que no puede hacer el órgano electoral es prejuzgar y pronunciarse sobre un procedimiento, cuando ello debe ser cuando éste concluya.
Se manifestó en favor de dar cauce a la solicitud en contra el PVEM, pero advirtió que por sus características, el tema no puede ser tramitado en la comisión de prerrogativas y partidos políticos, como demandó la oposición, sino en la unidad técnica, donde se sustancia la queja de los ciudadanos. Aunado a ello, pidió no poner plazos, porque ello puede vulnerar el trámite
Los consejeros Pamela San Martín, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños coincidieron en que no corresponde el asunto a la comisión, sino a la unidad técnica o a la secretaría ejecutiva, y estas deben definir si la petición partidista se suma a la de los ciudadanos, corre por separado, u opta por otra alternativa que esté apegada a derecho.
Tagle y Corral propusieron modificar el proyecto de acuerdo para que se turne a la unidad técnica y esta inicie el procedimiento para retirarle al verde su inscripción como partido político.
En el debate, el representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos, calificó la demanda de sus opositores como un intento por descarrillar a uno de los contendientes. “Les afecta y quieren eliminarlo”, añadió, al pedir al INE que actúe en este caso conforme a la ley. Aunado a ello, expuso que la principal tarea del órgano electoral en estos momentos es realizar la elección con equidad e imparcialidad.
Jorge Herrera, representante del Verde, dijo que la petición de los partidos es frívola y mediática y como ha hecho en otras ocasiones, criticó al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, al senador Corral y a sus opositores "en busca de golpearlos".
En la votación, nueve consejeros se manifestaron a favor de turnar el asunto a la secretaría ejecutiva y que sea ésta la que analice a la brevedad el cauce legal que le dará.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Georgina Saldierna y Claudia Herrera.
Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; Javier Corral, del PAN, y Horacio Duarte, de Morena, ennumeraron las múltiples violaciones a la legislación electoral que le han válido al Verde multas por 519 millones de pesos.
En sesión extraordinaria del consejo general, dijeron que el cúmulo de infracciones que ha cometido el Verde, lo confirman como un partido fuera de la ley y por tanto ha llegado la hora de sancionarlo de manera ejemplar.
El consejero Ciro Murayama recordó que la demanda de miles de ciudadanos para que se quite el registro al verde fue remitida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y que incluso ese instituto ya fue emplazado a responder los señalamientos en su contra.
El INE, puntualizó, no traspapeló ni encajonó la denuncia. Está en curso, pero lo que no puede hacer el órgano electoral es prejuzgar y pronunciarse sobre un procedimiento, cuando ello debe ser cuando éste concluya.
Se manifestó en favor de dar cauce a la solicitud en contra el PVEM, pero advirtió que por sus características, el tema no puede ser tramitado en la comisión de prerrogativas y partidos políticos, como demandó la oposición, sino en la unidad técnica, donde se sustancia la queja de los ciudadanos. Aunado a ello, pidió no poner plazos, porque ello puede vulnerar el trámite
Los consejeros Pamela San Martín, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños coincidieron en que no corresponde el asunto a la comisión, sino a la unidad técnica o a la secretaría ejecutiva, y estas deben definir si la petición partidista se suma a la de los ciudadanos, corre por separado, u opta por otra alternativa que esté apegada a derecho.
Tagle y Corral propusieron modificar el proyecto de acuerdo para que se turne a la unidad técnica y esta inicie el procedimiento para retirarle al verde su inscripción como partido político.
En el debate, el representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos, calificó la demanda de sus opositores como un intento por descarrillar a uno de los contendientes. “Les afecta y quieren eliminarlo”, añadió, al pedir al INE que actúe en este caso conforme a la ley. Aunado a ello, expuso que la principal tarea del órgano electoral en estos momentos es realizar la elección con equidad e imparcialidad.
Jorge Herrera, representante del Verde, dijo que la petición de los partidos es frívola y mediática y como ha hecho en otras ocasiones, criticó al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, al senador Corral y a sus opositores "en busca de golpearlos".
En la votación, nueve consejeros se manifestaron a favor de turnar el asunto a la secretaría ejecutiva y que sea ésta la que analice a la brevedad el cauce legal que le dará.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Georgina Saldierna y Claudia Herrera.
Diplomáticos difunden en Europa “versión oficial”, no la verdad: padres de los 43
México, DF. A su regreso, la delegación de padres y compañeros de los normalistas de Ayotpzinapa desaparecidos que partió hace un mes a Europa para realizar una gira por 13 países de ese continente, aseguró que el gobierno mexicano se ha dedicado a través de sus representantes diplomáticas a difundir la versión oficial y no lo que realmente sucedió la noche del 26 y 27 de septiembre pasado y no lo que realmente sucedió.
“No se toman en cuenta para nada las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las del Comité de Desaparición Forzada (ONU) o las del relator (especial sobre Tortura de ONU) Juan Méndez. Se guarda silencio ante todo eso y ese es el problema”.
Omar García, uno de los sobrevivientes del ataque a los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, dijo que tuvieron una buena recepción de la sociedad europea, principalmente de organizaciones de la sociedad civil, a quienes les explicaron lo que transcurrió esa noche en Iguala Guerrero donde seis personas murieron y 43 más fueron desaparecidas.
La última vez que se supo de los alumnos es que fueron sometidos por policías municipales. “Lo más de 100 policías detenidos deben juzgarse procesarse por desaparición forzada”
Después de las ocho de la noche de este miércoles, Eleucadio Ortega, padre de uno de los estudiantes desaparecidos; Román Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Omar García salieron por la puerta E3 de llegadas internacionales de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedentes de Ámsterdam, Holanda en el vuelo KLM 685.
Desde abril pasado la Eurocaravana 43 visitó entre otros, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Francia, España, Holanda, Bélgica e Inglaterra.
Respecto a la negativa del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para entrevistar a militares que estuvieron presentes en la zona de Iguala Guerrero, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa, lamentó que desde un inicio al Ejército Mexicano siempre los han encubierto.
“Se ha mantenido una cerrazón a pesar de la exigencia. A pesar de que el mismo ejercito en febrero publicó fotografías de la clínica donde los atendieron (a los alumnos heridos) y que demuestran que sí estuvieron presentes esa noche (parte del Batallón 27).
“A nivel nacional vemos que ellos (las autoridades federales) dicen que al Ejército no se le toca, que tiene sus propios mecanismos para investigar y bueno se vuelven intocables y autónomos”
Pero también, comentó, hay otras recomendaciones que deberían tomar en cuenta, entre ellas, que se deben abrir nuevas líneas de investigación y continuar con la búsqueda en vida de sus compañeros y que se debe tipificar el delito como desaparición forzada independientemente si participa o no el Ejercito.
A 18 días de las elecciones intermedias manifestó que no acudirán a votar a las urnas en respaldo al reclamo de los familiares de los desaparecidos y "hasta que sus hijos no estén no vamos a votar".
El movimiento, aseguró, apuesta más por la organización que por el voto. La gente va a ir a votar y estamos de acuerdo. Pero también estamos seguros de que, más allá del voto, no se trata nada más de delegar la responsabilidad a parásitos, a vividores del presupuesto, a gente como este cab... (Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE) que acaba de burlarse de los padres de familia y de las comunidades indígenas.
“Debe entenderse que ya no hay moral dentro de las instituciones gubernamentales, ya no hay respeto, que ya no representan más que a sus propios bolsillos. Tenemos que apostarle a algo distinto".
Por su parte Eleucadio Ortega, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, señaló que hay cerrazón del Estado mexicano para continuar con las investigaciones. “Ya son ocho meses que no aparecen nuestros hijos y el gobierno mexicano no dice nada, está cerrado y también quiere cerrar el caso. Nosotros exigimos la presentación con vida de nuestros hijos porque el gobierno sabe dónde los tienen por esos fuimos a otros países a pedir apoyo”.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
Moreno Valle hace pasarela con miras al 2018: Observatorio Electoral
PUEBLA, Pue: El Observatorio Electoral Ciudadano (OEC) denunció que en las últimas tres semanas el gobernador Rafael Moreno Valle aprovechó la coyuntura electoral para hacer campaña en ocho entidades del país, con miras a colocarse como candidato presidencial en 2018.
Marcos Mazatle, integrante del OEC, precisó que el mandatario poblano estuvo en Querétaro, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Baja California Norte y Jalisco, y que incluso en esta última entidad fue destapado como el “candidato natural” del PAN.
“El gobernador poblano se aprovecha del vulnerable andamiaje institucional comicial, que le permite promoverse sin ser aún candidato, y para ello cuenta con la asesoría del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fernando Ojesto Martínez Porcayo”, sostuvo.
Añadió: “Las campañas electorales en todo el país, con cinco gubernaturas en disputa, le proporcionan el escenario ideal para exhibirse ante los panistas de otros estados de la República”.
De acuerdo con Mazatle, el pasado 12 de abril Moreno Valle acudió a un acto de campaña del candidato de San Luis Potosí a la alcaldía, Xavier Azuara Zúñiga. Días después, el 25 de abril, el exgobernador oaxaqueño Diódoro Carrasco y el gobernador poblano se reunieron con candidatos panistas en la ciudad de Tijuana.
El 9 de mayo, Moreno Valle acompañó a Carlos Mendoza Davis, candidato a gobernador por Baja California sur, a una reunión con madres de familia, e hizo lo mismo con Francisco Domínguez Servién, candidato en Querétaro, con quien recorrió las localidades de San Juan del Río y Corregidora.
De igual manera, mencionó la denuncia que recientemente hizo el candidato a diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tehuantepec, Pavel Meléndez, quien acusó al mandatario estatal de enviar 20 tráileres con despensas para repartirlas en ese distrito.
“En lugar de atender al estado, ver en qué lugar estamos, la mala calidad de vida de los poblanos, se va a otros estados a promocionarse”, se quejó el también integrante del Movimiento Alternativa Social.
El integrante del OEC señaló que Moreno Valle busca además que los próximos diputados federales, “sean del partido que fueran”, le sirvan de plataforma para la Presidencia de la República, recordó que en el caso de Puebla impuso a sus “incondicionales” en las candidaturas no sólo del PAN, sino de otros partidos como Nueva Alianza y el PRD.
En el caso de Acción Nacional, indicó que la gran mayoría son “Juanitos” que al llegar a la diputación federal dejarán su lugar a sus suplentes, para corresponder al proyecto político del gobernador.
Uno de esos candidatos, precisó, es el exalcalde de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez, quien lleva como suplente a Sergio Moreno Valle, primo del gobernador.
También comentó el caso del exsecretario de Desarrollo Rural del estado, Mario Rincón, quien lleva como suplente a Isidoro Alonso de Silva, hijo del concesionario de TV Azteca Puebla. Otro caso es el del candidato por el distrito 12 con cabecera en Puebla, Ángel Trawitz Echeguren, quien lleva como suplente a José Cabalán Macari Álvaro, exsecretario de Infraestructura.
Ricardo Jiménez, también integrante del OEC, aseguró que el mandatario poblano utiliza recursos públicos para hacer sus recorridos por el país para promocionarse por la Presidencia.
“Es importante observar cómo tiene clara su pretensión de cuidar a Cabalán (exsecretario de Infraestructura), principal ejecutor de la obra pública en Puebla, obra pública inflada, y que de ahí están saliendo los recursos para que Moreno Valle se ande promoviendo en todo el país”, afirmó.
De hecho, dijo, mucha de la obra que ha llevado a cabo el sexenio panista son construcciones “fantasmas” o “elefantes blancos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Marcos Mazatle, integrante del OEC, precisó que el mandatario poblano estuvo en Querétaro, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Baja California Norte y Jalisco, y que incluso en esta última entidad fue destapado como el “candidato natural” del PAN.
“El gobernador poblano se aprovecha del vulnerable andamiaje institucional comicial, que le permite promoverse sin ser aún candidato, y para ello cuenta con la asesoría del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fernando Ojesto Martínez Porcayo”, sostuvo.
Añadió: “Las campañas electorales en todo el país, con cinco gubernaturas en disputa, le proporcionan el escenario ideal para exhibirse ante los panistas de otros estados de la República”.
De acuerdo con Mazatle, el pasado 12 de abril Moreno Valle acudió a un acto de campaña del candidato de San Luis Potosí a la alcaldía, Xavier Azuara Zúñiga. Días después, el 25 de abril, el exgobernador oaxaqueño Diódoro Carrasco y el gobernador poblano se reunieron con candidatos panistas en la ciudad de Tijuana.
El 9 de mayo, Moreno Valle acompañó a Carlos Mendoza Davis, candidato a gobernador por Baja California sur, a una reunión con madres de familia, e hizo lo mismo con Francisco Domínguez Servién, candidato en Querétaro, con quien recorrió las localidades de San Juan del Río y Corregidora.
De igual manera, mencionó la denuncia que recientemente hizo el candidato a diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tehuantepec, Pavel Meléndez, quien acusó al mandatario estatal de enviar 20 tráileres con despensas para repartirlas en ese distrito.
“En lugar de atender al estado, ver en qué lugar estamos, la mala calidad de vida de los poblanos, se va a otros estados a promocionarse”, se quejó el también integrante del Movimiento Alternativa Social.
El integrante del OEC señaló que Moreno Valle busca además que los próximos diputados federales, “sean del partido que fueran”, le sirvan de plataforma para la Presidencia de la República, recordó que en el caso de Puebla impuso a sus “incondicionales” en las candidaturas no sólo del PAN, sino de otros partidos como Nueva Alianza y el PRD.
En el caso de Acción Nacional, indicó que la gran mayoría son “Juanitos” que al llegar a la diputación federal dejarán su lugar a sus suplentes, para corresponder al proyecto político del gobernador.
Uno de esos candidatos, precisó, es el exalcalde de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez, quien lleva como suplente a Sergio Moreno Valle, primo del gobernador.
También comentó el caso del exsecretario de Desarrollo Rural del estado, Mario Rincón, quien lleva como suplente a Isidoro Alonso de Silva, hijo del concesionario de TV Azteca Puebla. Otro caso es el del candidato por el distrito 12 con cabecera en Puebla, Ángel Trawitz Echeguren, quien lleva como suplente a José Cabalán Macari Álvaro, exsecretario de Infraestructura.
Ricardo Jiménez, también integrante del OEC, aseguró que el mandatario poblano utiliza recursos públicos para hacer sus recorridos por el país para promocionarse por la Presidencia.
“Es importante observar cómo tiene clara su pretensión de cuidar a Cabalán (exsecretario de Infraestructura), principal ejecutor de la obra pública en Puebla, obra pública inflada, y que de ahí están saliendo los recursos para que Moreno Valle se ande promoviendo en todo el país”, afirmó.
De hecho, dijo, mucha de la obra que ha llevado a cabo el sexenio panista son construcciones “fantasmas” o “elefantes blancos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
miércoles, 20 de mayo de 2015
Arremete AMLO contra Lorenzo Córdova: “es un académico carente de convicciones”
MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), criticó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a quien calificó como “un académico carente de convicciones”.
El tabasqueño recordó en su cuenta de Facebook que Arnaldo Córdova, fallecido el año pasado y padre de Lorenzo, “fue un hombre consecuente”.
En contraste, deploró el exjefe de gobierno capitalino, “su hijo es un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, comentarista de un programa de radio, encumbrado sin mérito en la congruencia y la honestidad”.
También recordó que Lorenzo Córdova, junto con otros intelectuales supuestamente independientes, avaló el fraude de 2006 y “se hizo de la vista gorda en 2012”, después de las elecciones presidenciales en las que López Obrador fue candidato de las fuerzas de izquierda.
Después de esto, Córdova Vianello llegó a la presidencia del INE mediante negociación con los partidos de la “mafia del poder” y previa entrevista en lo oscurito con Enrique Peña Nieto, fustigó López Obrador.
“De modo que no debe extrañarnos su comportamiento clasista y racista, así piensan y actúan, aunque con recato e hipocresía, muchos académicos, comunicadores e intelectuales. Entre otras calamidades, México padece del mal del conservadurismo, de una realidad muy reaccionaria”, indicó el político tabasqueño.
La publicación de López Obrador comenzó refiriéndose a los hijos de “hombres sabios y famosos” que en los tiempos actuales son “niños mimados, descoloridos, acomodaticios y, lo más perjudicial, aunque sea un contrasentido, les perjudica estudiar en instituciones como el ITAM o de corte extranjero.
“Una vez un economista egresado del ITAM que participaba con nosotros, que era la sensación de muchos aspiracionistas, por su jerigonza y recetas tecnocráticas, escribió un artículo en La Jornada y usó como ejemplo el dicho racista según el cual: ‘La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre’. Desde entonces confirmé que no era un hombre confiable. Más tarde defeccionó y se fue con Luis Videgaray y EPN”, señaló el líder de Morena.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El tabasqueño recordó en su cuenta de Facebook que Arnaldo Córdova, fallecido el año pasado y padre de Lorenzo, “fue un hombre consecuente”.
En contraste, deploró el exjefe de gobierno capitalino, “su hijo es un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, comentarista de un programa de radio, encumbrado sin mérito en la congruencia y la honestidad”.
También recordó que Lorenzo Córdova, junto con otros intelectuales supuestamente independientes, avaló el fraude de 2006 y “se hizo de la vista gorda en 2012”, después de las elecciones presidenciales en las que López Obrador fue candidato de las fuerzas de izquierda.
Después de esto, Córdova Vianello llegó a la presidencia del INE mediante negociación con los partidos de la “mafia del poder” y previa entrevista en lo oscurito con Enrique Peña Nieto, fustigó López Obrador.
“De modo que no debe extrañarnos su comportamiento clasista y racista, así piensan y actúan, aunque con recato e hipocresía, muchos académicos, comunicadores e intelectuales. Entre otras calamidades, México padece del mal del conservadurismo, de una realidad muy reaccionaria”, indicó el político tabasqueño.
La publicación de López Obrador comenzó refiriéndose a los hijos de “hombres sabios y famosos” que en los tiempos actuales son “niños mimados, descoloridos, acomodaticios y, lo más perjudicial, aunque sea un contrasentido, les perjudica estudiar en instituciones como el ITAM o de corte extranjero.
“Una vez un economista egresado del ITAM que participaba con nosotros, que era la sensación de muchos aspiracionistas, por su jerigonza y recetas tecnocráticas, escribió un artículo en La Jornada y usó como ejemplo el dicho racista según el cual: ‘La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre’. Desde entonces confirmé que no era un hombre confiable. Más tarde defeccionó y se fue con Luis Videgaray y EPN”, señaló el líder de Morena.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Comunicadores y artistas llaman a sumarse a #EstamosContigoAristegui
MÉXICO, D.F: A menos de 24 horas de que se lleve a cabo la segunda reunión entre Carmen Aristegui y los abogados de Grupo MVS, la plataforma Change.org dio entrada a una petición para apoyar a la periodista a través de las redes sociales con la etiqueta #EstamosConAristegui.
“Mañana es la segunda reunión –la definitiva– de Carmen con MVS y nuestro apoyo es importante. Hemos presentado más de tres mil amparos y han estado funcionando. También los interpuestos por el equipo de Carmen y sus abogados. Si presionamos lo suficiente mañana podemos ayudar a que Carmen regrese”, informa la solicitud firmada por Alberto Escorcia y Exigimos Democracia.
Además de la solicitud en línea, en YouTube comenzó a circular un video de 30 segundos en el que personalidades llaman a apoyar la iniciativa.
La analista política Denise Dresser asegura: “Mañana es un día definitorio para la lucha en la que estamos participando todos, la lucha de Aristegui y también de nuestros derechos como audiencia”.
Destaca la importancia de este encuentro pues, dice, ambas partes se reúnen “por instrucciones de un juez que ha dicho que se deben sentar a negociar con la presencia del árbitro designado contractualmente, José Woldenberg”.
El periodista Témoris Grecko explica que esta iniciativa es “por el derecho de la sociedad a estar informada, por tu derecho, por el derecho de todos”.
El monero Rapé llama a los usuarios de redes sociales a estar “muy presentes” pues, dice, “es muy importante la presión por parte de nosotros para que estos imbéciles se den cuenta que Carmen Aristegui no está sola”.
Héctor Bonilla, reconocido actor, pide apoyo “en este momento crucial para el arreglo con Multivisión”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Mañana es la segunda reunión –la definitiva– de Carmen con MVS y nuestro apoyo es importante. Hemos presentado más de tres mil amparos y han estado funcionando. También los interpuestos por el equipo de Carmen y sus abogados. Si presionamos lo suficiente mañana podemos ayudar a que Carmen regrese”, informa la solicitud firmada por Alberto Escorcia y Exigimos Democracia.
Además de la solicitud en línea, en YouTube comenzó a circular un video de 30 segundos en el que personalidades llaman a apoyar la iniciativa.
La analista política Denise Dresser asegura: “Mañana es un día definitorio para la lucha en la que estamos participando todos, la lucha de Aristegui y también de nuestros derechos como audiencia”.
Destaca la importancia de este encuentro pues, dice, ambas partes se reúnen “por instrucciones de un juez que ha dicho que se deben sentar a negociar con la presencia del árbitro designado contractualmente, José Woldenberg”.
El periodista Témoris Grecko explica que esta iniciativa es “por el derecho de la sociedad a estar informada, por tu derecho, por el derecho de todos”.
El monero Rapé llama a los usuarios de redes sociales a estar “muy presentes” pues, dice, “es muy importante la presión por parte de nosotros para que estos imbéciles se den cuenta que Carmen Aristegui no está sola”.
Héctor Bonilla, reconocido actor, pide apoyo “en este momento crucial para el arreglo con Multivisión”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Congreso declara constitucional la reforma anticorrupción
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión envió la reforma constitucional al presidente Peña Nieto para su promulgación.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de combate a la corrupción la tarde de este miércoles 20 de mayo.
En la sesión de este miércoles y en medio de un debate y acusaciones entre todas las bancadas sobre recientes casos de corrupción, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Luis Miguel Barbosa realizó dicha declaratoria de la reforma constitucional.
La declaratoria se realizó luego de que 24 congresos estatales se manifestaron en sentido satisfactorio, entre los que están Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
Asimismo los estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por lo que la reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación.
Durante la sesión, se abrió un debate sobre los alcances de la reforma y los recientes casos de corrupción en diversos niveles de gobierno y estados en el país.
El senador del PRD Armando Ríos Piter expuso que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción no incluyó el tema del conflicto de interés y aludió diversos casos de presunta corrupción de candidatos y en los gobiernos de estados como Nuevo León, Querétaro, Sonora y el Estado de México.
El senador Javier Lozano respondió a las críticas y señalamientos en contra del candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez, rechazó que su patrimonio personal y familiar tenga vínculo con actos de corrupción.
La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar destacó que la iniciativa avalada servirá para iniciar el camino para combatir este flagelo y reconoció que como todo proyecto es perfectible y se debe de continuar su actualización para lograr eliminar la corrupción existente en el país.
Graciela Ortiz, senadora del PRI, indicó que de acuerdo con Transparencia Mexicana las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus ingresos, es decir alrededor de 32 mil millones de pesos al año, para pagar “mordidas” y otros actos de corrupción para agilizar trámites, por lo que esta reforma es un paso para revertir estas prácticas.
El diputado del PVEM, Tomás Torres, dijo que argumentó que el trabajo conjunto realizado para legislar en materia de combate a la corrupción es loable y se destaca la participación del sector social, del titular del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Legislativo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de combate a la corrupción la tarde de este miércoles 20 de mayo.
En la sesión de este miércoles y en medio de un debate y acusaciones entre todas las bancadas sobre recientes casos de corrupción, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Luis Miguel Barbosa realizó dicha declaratoria de la reforma constitucional.
La declaratoria se realizó luego de que 24 congresos estatales se manifestaron en sentido satisfactorio, entre los que están Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
Asimismo los estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por lo que la reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación.
Durante la sesión, se abrió un debate sobre los alcances de la reforma y los recientes casos de corrupción en diversos niveles de gobierno y estados en el país.
El senador del PRD Armando Ríos Piter expuso que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción no incluyó el tema del conflicto de interés y aludió diversos casos de presunta corrupción de candidatos y en los gobiernos de estados como Nuevo León, Querétaro, Sonora y el Estado de México.
El senador Javier Lozano respondió a las críticas y señalamientos en contra del candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez, rechazó que su patrimonio personal y familiar tenga vínculo con actos de corrupción.
La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar destacó que la iniciativa avalada servirá para iniciar el camino para combatir este flagelo y reconoció que como todo proyecto es perfectible y se debe de continuar su actualización para lograr eliminar la corrupción existente en el país.
Graciela Ortiz, senadora del PRI, indicó que de acuerdo con Transparencia Mexicana las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus ingresos, es decir alrededor de 32 mil millones de pesos al año, para pagar “mordidas” y otros actos de corrupción para agilizar trámites, por lo que esta reforma es un paso para revertir estas prácticas.
El diputado del PVEM, Tomás Torres, dijo que argumentó que el trabajo conjunto realizado para legislar en materia de combate a la corrupción es loable y se destaca la participación del sector social, del titular del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Legislativo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.
Tras acuerdo con las víctimas, exoneran al chofer de la pipa que explotó en Cuajimalpa
La resolución se basó en el hecho de que la compañía cubrió el daño a todas las víctimas mediante acuerdos reparatorios, aunque no se precisó a cuánto ascendió dicha compensación.
El chofer de la pipa de Gas Express Nieto -la única persona que se encontraba bajo proceso penal por la explosión del pasado 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa- fue exonerado de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
La jueza 32 de Control del Sistema Penal Acusatorio para Delitos no Graves del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez, sobreseyó el juicio iniciado contra Carlos Chávez Hernández, chofer de la pipa de la empresa Gas Express Nieto.
Chávez Hernández fue exonerado de los delitos de homicidio culposo en agravio de tres víctimas y lesiones culposas contra otras cinco.
Autoridades judiciales informaron que la resolución de Bolaños Martínez se basó en el hecho de que la compañía cubrió el daño a todas las víctimas mediante acuerdos reparatorios, aunque no se precisó a cuánto ascendió dicha compensación.
En sesión celebrada este martes 19 de mayo, la juzgadora consideró “oportuno, procedente y lícito el acto reparatorio”, por lo que declaró “extinta la pretensión punitiva del Estado a favor del imputado, una vez que la defensa así lo solicitó”, por lo que decretó el sobreseimiento total de la causa y el levantamiento de medidas cautelares.
Derivado de la explosión, cinco personas perdieron la vida y más de 70 resultaron lesionadas, en tanto que el hospital fue demolido en su totalidad por los daños estructurales que registró.
Entre el 26 de febrero y el 19 de mayo se realizaron ocho audiencias correspondientes a la reparación del daño por los delitos derivados de la explosión.
Aún falta que se determine la reparación del daño a dos de las personas fallecidas días después de los hechos: la enfermera Mónica Orta Ramírez y el camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz, cuyos casos se desahogan en la unidad de mediación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El chofer de la pipa de Gas Express Nieto -la única persona que se encontraba bajo proceso penal por la explosión del pasado 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa- fue exonerado de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
La jueza 32 de Control del Sistema Penal Acusatorio para Delitos no Graves del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez, sobreseyó el juicio iniciado contra Carlos Chávez Hernández, chofer de la pipa de la empresa Gas Express Nieto.
Chávez Hernández fue exonerado de los delitos de homicidio culposo en agravio de tres víctimas y lesiones culposas contra otras cinco.
Autoridades judiciales informaron que la resolución de Bolaños Martínez se basó en el hecho de que la compañía cubrió el daño a todas las víctimas mediante acuerdos reparatorios, aunque no se precisó a cuánto ascendió dicha compensación.
En sesión celebrada este martes 19 de mayo, la juzgadora consideró “oportuno, procedente y lícito el acto reparatorio”, por lo que declaró “extinta la pretensión punitiva del Estado a favor del imputado, una vez que la defensa así lo solicitó”, por lo que decretó el sobreseimiento total de la causa y el levantamiento de medidas cautelares.
Derivado de la explosión, cinco personas perdieron la vida y más de 70 resultaron lesionadas, en tanto que el hospital fue demolido en su totalidad por los daños estructurales que registró.
Entre el 26 de febrero y el 19 de mayo se realizaron ocho audiencias correspondientes a la reparación del daño por los delitos derivados de la explosión.
Aún falta que se determine la reparación del daño a dos de las personas fallecidas días después de los hechos: la enfermera Mónica Orta Ramírez y el camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz, cuyos casos se desahogan en la unidad de mediación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En curso, 3 mil 580 amparos ciudadanos contra MVS por salida de Aristegui
MÉXICO, D.F: Un total de 3 mil 580 amparos colectivos de ciudadanos afectados por la suspensión del programa radiofónico de Carmen Aristegui en Noticias MVS se han interpuesto en dos tribunales especializados en telecomunicaciones y radiodifusión, de los cuales, 535 han sido rechazados por falta de algún requisito, pero pueden volver a presentarse, afirmó la abogada Karla Michel Salas.
En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, Michel Salas destacó la importancia de estos amparos porque “es necesario poner en la mesa de los juzgados especializados del Poder Judicial que la libertad de expresión no puede ser violada o vulnerada por parte de agentes de Estado o por particulares”, sobre todo, después de la reforma de telecomunicaciones.
En el mismo sentido, el abogado David Peña afirmó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está facultado como órgano garante de la libertad de expresión y de velar por los derechos de las audiencias, por lo tanto, debe involucrarse en este caso.
La profesora y columnista Denise Dresser, así como el actor Héctor Bonilla y el cartonista Rafael Pineda Rapé estuvieron presentes también en la conferencia donde abundaron sobre la importancia del caso de Aristegui para defender los derechos de las audiencias y combatir el “estado de indefensión” de la prensa en el gobierno federal del PRI.
“Estamos gritando en esta sala que ya no hay libertad porque no lo podemos gritar en la radio”, sentenció Dresser.
La excolaboradora de la mesa de análisis de la Primera Emisión de MVS Radio con Aristegui comentó que durante la gestión del PRI, el 48% de las agresiones a periodistas han provenido de gobernantes y dirigentes políticos.
“Vivimos un estado de indefensión del periodismo de resistencia”, agregó Dresser.
Por su parte, el actor Héctor Bonilla consideró que la salida de Aristegui de la radio no se hubiera dado si existieran periodistas como Julio Scherer y Miguel Ángel Granados Chapa, a quienes consideró como los antecesores del periodismo crítico.
Bonilla, promotor también del sindicalismo independiente entre los actores mexicanos, ponderó la importancia de la existencia de medios como Procesoya que “es una revista congruente, que publica lo que no debe publicarse” en otros medios.
Rapé también destacó la importancia de los amparos interpuestos por las audiencias.
“No les queda claro (a las autoridades) que los derechos de las audiencias son garantías constitucionales y derechos universales. Se está forjando un sendero, no hay referente anterior. Es algo inédito”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, Michel Salas destacó la importancia de estos amparos porque “es necesario poner en la mesa de los juzgados especializados del Poder Judicial que la libertad de expresión no puede ser violada o vulnerada por parte de agentes de Estado o por particulares”, sobre todo, después de la reforma de telecomunicaciones.
En el mismo sentido, el abogado David Peña afirmó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones está facultado como órgano garante de la libertad de expresión y de velar por los derechos de las audiencias, por lo tanto, debe involucrarse en este caso.
La profesora y columnista Denise Dresser, así como el actor Héctor Bonilla y el cartonista Rafael Pineda Rapé estuvieron presentes también en la conferencia donde abundaron sobre la importancia del caso de Aristegui para defender los derechos de las audiencias y combatir el “estado de indefensión” de la prensa en el gobierno federal del PRI.
“Estamos gritando en esta sala que ya no hay libertad porque no lo podemos gritar en la radio”, sentenció Dresser.
La excolaboradora de la mesa de análisis de la Primera Emisión de MVS Radio con Aristegui comentó que durante la gestión del PRI, el 48% de las agresiones a periodistas han provenido de gobernantes y dirigentes políticos.
“Vivimos un estado de indefensión del periodismo de resistencia”, agregó Dresser.
Por su parte, el actor Héctor Bonilla consideró que la salida de Aristegui de la radio no se hubiera dado si existieran periodistas como Julio Scherer y Miguel Ángel Granados Chapa, a quienes consideró como los antecesores del periodismo crítico.
Bonilla, promotor también del sindicalismo independiente entre los actores mexicanos, ponderó la importancia de la existencia de medios como Procesoya que “es una revista congruente, que publica lo que no debe publicarse” en otros medios.
Rapé también destacó la importancia de los amparos interpuestos por las audiencias.
“No les queda claro (a las autoridades) que los derechos de las audiencias son garantías constitucionales y derechos universales. Se está forjando un sendero, no hay referente anterior. Es algo inédito”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Critican en Ginebra al Teletón por “uso mercantil y promover lástima hacia niños”
MÉXICO, D.F: Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que representantes del Estado mexicano no hayan hecho ningún pronunciamiento a los expertos de la ONU durante la revisión del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde Ginebra, Suiza, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dio cuenta de la audiencia en la que una delegación de unos 25 funcionarios del gobierno federal, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, así como el gobernador Rubén Moreira, en su calidad de representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentaron el Cuarto y Quinto Informe Consolidado sobre la aplicación de la Convención, ratificada por México hace 25 años.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la REDIM, defensores destacaron que desde 1990 México ha recibido 295 recomendaciones de mecanismos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 70% no se ha atendido.
Los defensores y Pérez García, éste vía telefónica, destacaron que la representación mexicana hizo alarde de la aprobación el año pasado de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tramitada como iniciativa preferente para el presidente Enrique Peña Nieto, legislación que los mismos expertos celebraron pero advirtieron que carece de fondos presupuestados para su ejecución.
Para el defensor de la infancia una vez más la respuesta del Estado mexicano fue insuficiente, tanto que los 18 expertos del Comité de Derechos del Niño dieron un plazo de 48 horas a la delegación mexicana para dar respuesta a temas como la desaparición de menores.
Pérez García apuntó que de acuerdo a los datos oficiales revisados por la REDIM, de los más de 23 mil desaparecidos, 7 mil corresponden a menores de edad, “pero en la audiencia representantes de la PGR aseguraron que la relación es de 9 mil desaparecidos de los cuales 3 mil son niñas, niños y adolescentes”.
Tras resaltar que la REDIM, integrada por 76 organizaciones, y otras 30 que no están enfocadas en la defensa de sectores distintos a la niñez, entregaron en septiembre del año pasado un informe sombra, Pérez García resaltó que en la sesión, “los expertos mostraron un amplio conocimiento de lo que ocurre en México, de la inequidad social y económica en que viven la niñez, y sostuvieron que el rostro de la pobreza tiene cara de niño porque el 53% viven en la pobreza”.
Al igual que el comité de la ONU para revisar el cumplimiento del convenio sobre discapacidad, apuntó, “los expertos también cuestionaron la existencia del uso mercantil del Teletón, y del uso de la lástima hacia los niños para la obtención de recursos, y de forma por demás inapropiada, los representantes del Estado defendieron al Teletón y en su nombre pidieron una reunión con los comités de la ONU sobre discapacidad y de niñez”.
Entre los temas por los que México fue cuestionado, apuntó, fue el incremento de la deportación de menores centroamericanos que huyen de la violencia y atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos.
“El representante del Instituto Nacional de Migración (INM) arrancó risas de los especialistas al decir que no se trataba de expulsión de menores sino que la institución aceleraba el reencuentro con sus familiares”, añadió Pérez García.
En la conferencia de prensa, defensores que participaron en el informe sombra advirtieron de la falta de voluntad política de incluir los temas de la infancia en la agenda nacional, a pesar de que expresiones de que la crisis de derechos humanos como la del homicidio de un niño a manos de adolescentes en Chihuahua.
Alfonso Poiré, de Save de Children, y Alicia Vargas del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, coincidieron en que el caso de Chihuahua es una muestra evidente de la falta de consideración de los efectos en la niñez de la política pública de seguridad, como la guerra contra el narcotráfico, así como la desatención a recomendaciones del mismo Comité sobre Derechos del Niño de la ONU, de la responsabilidad que el Estado mexicano tiene que asumir para combatir la incorporación de menores en el crimen organizado.
Aidé García, de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, expuso que otro de los temas desatendidos por el Estado mexicano tiene que ver con la violencia de género de las que son víctimas las niñas y adolescentes, como los abusos sexuales atribuidos a miembros del clero.
La activista destacó que 77% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que 60% de los desaparecidos son mujeres de entre 12 y 17 años, “en tanto que de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en esa entidad, cada año desaparecen 600 mujeres, de las cuales 60% tienen menos de 17 años”.
Isabel Fulda, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), apuntó que entre las graves deficiencias en la atención a los menores durante el gobierno de Peña Nieto, es la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de programas como la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, lanzada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en julio de 2014.
“Al igual que la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, esa Estrategia Integral, corre el riesgo de ser sólo un proyecto de papel, de ser inoperante ante la falta de voluntad política real de atención a la niñez y la infancia”, señaló.
Otros temas de preocupación que no han tenido respuesta adecuada del Estado mexicano, dijo, es la desatención a la recomendación del Comité de Derechos del Niño, sobre legislar para que evitar matrimonios de menores de edad, así como tomar medidas efectivas para la atención obstétrica para prevenir las muertes maternas, así como para facilitar el aborto en casos de abuso sexual.
Los defensores resaltaron que estarán pendientes del cumplimiento de las recomendaciones que haga el comité de expertos al Estado mexicano, en junio próximo, así como de la probable visita a México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Desde Ginebra, Suiza, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dio cuenta de la audiencia en la que una delegación de unos 25 funcionarios del gobierno federal, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, así como el gobernador Rubén Moreira, en su calidad de representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentaron el Cuarto y Quinto Informe Consolidado sobre la aplicación de la Convención, ratificada por México hace 25 años.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la REDIM, defensores destacaron que desde 1990 México ha recibido 295 recomendaciones de mecanismos de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, de las cuales el 70% no se ha atendido.
Los defensores y Pérez García, éste vía telefónica, destacaron que la representación mexicana hizo alarde de la aprobación el año pasado de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tramitada como iniciativa preferente para el presidente Enrique Peña Nieto, legislación que los mismos expertos celebraron pero advirtieron que carece de fondos presupuestados para su ejecución.
Para el defensor de la infancia una vez más la respuesta del Estado mexicano fue insuficiente, tanto que los 18 expertos del Comité de Derechos del Niño dieron un plazo de 48 horas a la delegación mexicana para dar respuesta a temas como la desaparición de menores.
Pérez García apuntó que de acuerdo a los datos oficiales revisados por la REDIM, de los más de 23 mil desaparecidos, 7 mil corresponden a menores de edad, “pero en la audiencia representantes de la PGR aseguraron que la relación es de 9 mil desaparecidos de los cuales 3 mil son niñas, niños y adolescentes”.
Tras resaltar que la REDIM, integrada por 76 organizaciones, y otras 30 que no están enfocadas en la defensa de sectores distintos a la niñez, entregaron en septiembre del año pasado un informe sombra, Pérez García resaltó que en la sesión, “los expertos mostraron un amplio conocimiento de lo que ocurre en México, de la inequidad social y económica en que viven la niñez, y sostuvieron que el rostro de la pobreza tiene cara de niño porque el 53% viven en la pobreza”.
Al igual que el comité de la ONU para revisar el cumplimiento del convenio sobre discapacidad, apuntó, “los expertos también cuestionaron la existencia del uso mercantil del Teletón, y del uso de la lástima hacia los niños para la obtención de recursos, y de forma por demás inapropiada, los representantes del Estado defendieron al Teletón y en su nombre pidieron una reunión con los comités de la ONU sobre discapacidad y de niñez”.
Entre los temas por los que México fue cuestionado, apuntó, fue el incremento de la deportación de menores centroamericanos que huyen de la violencia y atraviesan México con la intención de llegar a Estados Unidos.
“El representante del Instituto Nacional de Migración (INM) arrancó risas de los especialistas al decir que no se trataba de expulsión de menores sino que la institución aceleraba el reencuentro con sus familiares”, añadió Pérez García.
En la conferencia de prensa, defensores que participaron en el informe sombra advirtieron de la falta de voluntad política de incluir los temas de la infancia en la agenda nacional, a pesar de que expresiones de que la crisis de derechos humanos como la del homicidio de un niño a manos de adolescentes en Chihuahua.
Alfonso Poiré, de Save de Children, y Alicia Vargas del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, coincidieron en que el caso de Chihuahua es una muestra evidente de la falta de consideración de los efectos en la niñez de la política pública de seguridad, como la guerra contra el narcotráfico, así como la desatención a recomendaciones del mismo Comité sobre Derechos del Niño de la ONU, de la responsabilidad que el Estado mexicano tiene que asumir para combatir la incorporación de menores en el crimen organizado.
Aidé García, de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, expuso que otro de los temas desatendidos por el Estado mexicano tiene que ver con la violencia de género de las que son víctimas las niñas y adolescentes, como los abusos sexuales atribuidos a miembros del clero.
La activista destacó que 77% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que 60% de los desaparecidos son mujeres de entre 12 y 17 años, “en tanto que de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en esa entidad, cada año desaparecen 600 mujeres, de las cuales 60% tienen menos de 17 años”.
Isabel Fulda, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), apuntó que entre las graves deficiencias en la atención a los menores durante el gobierno de Peña Nieto, es la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de programas como la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, lanzada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en julio de 2014.
“Al igual que la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, esa Estrategia Integral, corre el riesgo de ser sólo un proyecto de papel, de ser inoperante ante la falta de voluntad política real de atención a la niñez y la infancia”, señaló.
Otros temas de preocupación que no han tenido respuesta adecuada del Estado mexicano, dijo, es la desatención a la recomendación del Comité de Derechos del Niño, sobre legislar para que evitar matrimonios de menores de edad, así como tomar medidas efectivas para la atención obstétrica para prevenir las muertes maternas, así como para facilitar el aborto en casos de abuso sexual.
Los defensores resaltaron que estarán pendientes del cumplimiento de las recomendaciones que haga el comité de expertos al Estado mexicano, en junio próximo, así como de la probable visita a México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Suspende el INE ‘spots’ del Verde por 3 días; le perdonan multa por 116.8 mdp
MÉXICO, D.F: En medio de un debate salpicado de descalificaciones y, pese a la férrea defensa de PRI y PVEM, el Consejo General del INE decidió por seis votos a favor y cinco en contra suspender la transmisión de spots del Verde durante los tres últimos días de la campaña electoral federal.
Es decir, el Partido Verde, televisoras y radiodifusoras tendrán que suspender 2 mil 373 promocionales por día. En total se cancelan 7 mil 119 spots del 1 al 3 de junio.
El proyecto sancionador contra el Verde, presentado por la consejera Beatriz Galindo y aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias el viernes 15, planteaba una sanción de su financiamiento público por 116 millones 861 mil pesos, debido a que incumplió la medida cautelar ordenada el 27 de febrero para que retirara la propaganda fija en diversos estados y desestimó la suspensión de los tiempos de propaganda en medios electrónicos.
Sin embargo, al iniciar el debate el consejero Roberto Ruiz Saldaña rechazó la sanción económica y contrapropuso la suspensión de 2 mil 373 spots por día, pero la idea fue rechazada por el Consejo con seis votos en contra y cinco a favor. La sanción económica fue desaprobada en el mismo sentido de la votación anterior.
El castigo surgió luego de que el Verde vulneró el principio de equidad en la contienda electoral federal, generando una ventaja indebida del 4 al 9 de marzo, pese a que el 6 del mismo mes había sido sancionado con 67 millones 112 mil 123 pesos, recordó la consejera Beatriz Galindo.
“Hay que advertir que el partido político no obtuvo un beneficio económico como resultado de dicha conducta, sino un beneficio ilícito que lo posicionó frente a la ciudadanía en el marco del proceso electoral federal, conculcando el principio de equidad ante una conducta reiterada, dolosa y de gravedad especial, por lo que no es medible económicamente el daño, sino cualitativamente bajo las circunstancias ya descritas”, justificó el consejero Roberto Ruiz Saldaña.
El consejero Ciro Murayama recordó que el 27 de febrero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al Verde que en un plazo de 72 horas retirara la propaganda plasmada en espectaculares y demás propaganda fija colocada en medios móviles que contuvieran su logotipo o la leyenda “Verde sí cumple”, “Vales de medicina”; “Propuestas cumplidas o propuesta cumplida, vales de medicina”.
Al desacatar el PVEM esa instrucción, la Unidad Técnica de lo Contencioso abrió un procedimiento oficioso tras acreditarse el incumplimiento en 10 entidades federativas con la existencia de 461 elementos publicitarios del Verde.
El 10 de marzo la Sala Especializada acreditó que el Verde puso en riesgo el principio de equidad por su sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática en diversos estados del territorio nacional. Es decir, el desacato a las medidas cautelares del INE se extendió por seis días.
La Unidad Técnica de lo Contencioso acreditó que el costo de los 461 elementos publicitarios que el Partido Verde no retiró ascendió a unos 712 mil 569 pesos.
También advirtió que la conducta del Verde era reincidente y por eso estuvo de acuerdo en retirarle los spots, porque la falta “es grave y con dolo”.
La consejera Pamela San Martín se manifestó en contra porque la sanción económica no sería disuasiva al partido para cumplir con las cautelares, y ejemplo de ello era una infografía difundida por Murayama en su cuenta de Twitter en días pasados, donde indicó que las sanciones al Verde sumaban hasta ese momento 512 millones de pesos, entre las sanciones impuestas por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En su turno, la consejera Adriana Favela consideró que suspender los spots en radio y televisión durante una campaña electoral “tendría que ser justificado y por una gravedad realmente mucho mayor”.
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, arremetió contra el Consejo por sancionar de esa manera al Verde.
Además, admitió que ese castigo afecta a su partido y su campaña, aunque los priistas no han sido parte de ningún juicio.
“La suspensión de la pauta del Verde afecta a todos los candidatos de la coalición de manera cualitativa. Se afectan gravemente la campaña de nuestros candidatos que tampoco fueron parte de este proceso ni tomaron decisión alguna en este proceso. Y finalmente, imponerla de inmediato causa un daño irreversible a nuestra campaña cuando, insisto, no hemos tenido siquiera oportunidad de argumentar ante una instancia judicial lo que pudiera ser conveniente para nosotros”, se quejó.
El representante de Morena, Horacio Duarte, reviró que los del Verde “quisieron chamaquear al INE”, y celebró que Ramírez Marín por fin apoye a su incómodo aliado aduciendo que el castigo les afecta, cuando eso quería significar que se juntaron para violar la ley, firmar convenios de coalición y el modelo de comunicación electoral.
“Ahora el PRI se sorprende. Dice: ‘¿Por qué vamos a ser afectados? Y’ la pregunta es: Y cuando se trata de los beneficios, ¿sí son beneficiados? Porque hay que decirlo con mucha claridad, la coalición PRI-Verde es un engaño a los ciudadanos para que el PRI busque de manera artificiosa obtener una mayoría que no puede obtener por sí mismo.
“Lo que les preocupa es que aún montados en la ilegalidad obtengan el número mágico que les permita, junto con su aliado el PVEM, con su aliado el titular del Ejecutivo, tener una mayoría artificial en la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo, por lo demás no les importan las multas, tienen para pagarlas estas y otras, porque alguien que se prepara para violar la ley, junta dinero ilegal para pagar precisamente esa violación de la ley y eso es lo que está haciendo el Verde y por eso ahora el PRI tiene que asumir la responsabilidad de haber firmado un convenio de coalición con un partido tan violador de la ley como lo es el Partido Verde”.
El representante del PAN ante el INE, Javier Corral, aclaró por qué este castigo no afecta al PRI.
“No le afecta al PRI porque ha celebrado un convenio de coalición de carácter parcial, pues en 250 distritos electorales convino tiempos en radio y televisión por separado en los que cada partido se hace cargo de su pauta. No le afecta porque convinieron tiempos por separado; si hubieran ido en una coalición total de los 300 distritos electorales, la conducta del Verde, en términos de la sanción propuesta por los consejeros de interrumpir la transmisión de radio y televisión, sí le hubiera afectado, pero ustedes separaron los tiempos de transmisión”, aclaró.
La sorpresa de Corral fue la confesión del propio Ramírez Marín, en el sentido de que la decisión del Consejo sí les afecta, pero “el PRI no vino a defenderse en este proceso ni tampoco a quejarse”, prosiguió el panista.
“Se quejan de la afectación porque les benefició la conducta ilegal del Partido Verde y ese es precisamente lo que tratamos de señalar aquí. Hay una complicidad del gobierno de la República, de su partido, con esta contumacia ilegal del Partido Verde, con este dolo, con esta forma permanente de hacer fraude a la ley, de violentar las normas, de darle la vuelta, de burlarse de las autoridades, de decirles: ‘No nos importan sus cautelares’”, añadió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Es decir, el Partido Verde, televisoras y radiodifusoras tendrán que suspender 2 mil 373 promocionales por día. En total se cancelan 7 mil 119 spots del 1 al 3 de junio.
El proyecto sancionador contra el Verde, presentado por la consejera Beatriz Galindo y aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias el viernes 15, planteaba una sanción de su financiamiento público por 116 millones 861 mil pesos, debido a que incumplió la medida cautelar ordenada el 27 de febrero para que retirara la propaganda fija en diversos estados y desestimó la suspensión de los tiempos de propaganda en medios electrónicos.
Sin embargo, al iniciar el debate el consejero Roberto Ruiz Saldaña rechazó la sanción económica y contrapropuso la suspensión de 2 mil 373 spots por día, pero la idea fue rechazada por el Consejo con seis votos en contra y cinco a favor. La sanción económica fue desaprobada en el mismo sentido de la votación anterior.
El castigo surgió luego de que el Verde vulneró el principio de equidad en la contienda electoral federal, generando una ventaja indebida del 4 al 9 de marzo, pese a que el 6 del mismo mes había sido sancionado con 67 millones 112 mil 123 pesos, recordó la consejera Beatriz Galindo.
“Hay que advertir que el partido político no obtuvo un beneficio económico como resultado de dicha conducta, sino un beneficio ilícito que lo posicionó frente a la ciudadanía en el marco del proceso electoral federal, conculcando el principio de equidad ante una conducta reiterada, dolosa y de gravedad especial, por lo que no es medible económicamente el daño, sino cualitativamente bajo las circunstancias ya descritas”, justificó el consejero Roberto Ruiz Saldaña.
El consejero Ciro Murayama recordó que el 27 de febrero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al Verde que en un plazo de 72 horas retirara la propaganda plasmada en espectaculares y demás propaganda fija colocada en medios móviles que contuvieran su logotipo o la leyenda “Verde sí cumple”, “Vales de medicina”; “Propuestas cumplidas o propuesta cumplida, vales de medicina”.
Al desacatar el PVEM esa instrucción, la Unidad Técnica de lo Contencioso abrió un procedimiento oficioso tras acreditarse el incumplimiento en 10 entidades federativas con la existencia de 461 elementos publicitarios del Verde.
El 10 de marzo la Sala Especializada acreditó que el Verde puso en riesgo el principio de equidad por su sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática en diversos estados del territorio nacional. Es decir, el desacato a las medidas cautelares del INE se extendió por seis días.
La Unidad Técnica de lo Contencioso acreditó que el costo de los 461 elementos publicitarios que el Partido Verde no retiró ascendió a unos 712 mil 569 pesos.
También advirtió que la conducta del Verde era reincidente y por eso estuvo de acuerdo en retirarle los spots, porque la falta “es grave y con dolo”.
La consejera Pamela San Martín se manifestó en contra porque la sanción económica no sería disuasiva al partido para cumplir con las cautelares, y ejemplo de ello era una infografía difundida por Murayama en su cuenta de Twitter en días pasados, donde indicó que las sanciones al Verde sumaban hasta ese momento 512 millones de pesos, entre las sanciones impuestas por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En su turno, la consejera Adriana Favela consideró que suspender los spots en radio y televisión durante una campaña electoral “tendría que ser justificado y por una gravedad realmente mucho mayor”.
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, arremetió contra el Consejo por sancionar de esa manera al Verde.
Además, admitió que ese castigo afecta a su partido y su campaña, aunque los priistas no han sido parte de ningún juicio.
“La suspensión de la pauta del Verde afecta a todos los candidatos de la coalición de manera cualitativa. Se afectan gravemente la campaña de nuestros candidatos que tampoco fueron parte de este proceso ni tomaron decisión alguna en este proceso. Y finalmente, imponerla de inmediato causa un daño irreversible a nuestra campaña cuando, insisto, no hemos tenido siquiera oportunidad de argumentar ante una instancia judicial lo que pudiera ser conveniente para nosotros”, se quejó.
El representante de Morena, Horacio Duarte, reviró que los del Verde “quisieron chamaquear al INE”, y celebró que Ramírez Marín por fin apoye a su incómodo aliado aduciendo que el castigo les afecta, cuando eso quería significar que se juntaron para violar la ley, firmar convenios de coalición y el modelo de comunicación electoral.
“Ahora el PRI se sorprende. Dice: ‘¿Por qué vamos a ser afectados? Y’ la pregunta es: Y cuando se trata de los beneficios, ¿sí son beneficiados? Porque hay que decirlo con mucha claridad, la coalición PRI-Verde es un engaño a los ciudadanos para que el PRI busque de manera artificiosa obtener una mayoría que no puede obtener por sí mismo.
“Lo que les preocupa es que aún montados en la ilegalidad obtengan el número mágico que les permita, junto con su aliado el PVEM, con su aliado el titular del Ejecutivo, tener una mayoría artificial en la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo, por lo demás no les importan las multas, tienen para pagarlas estas y otras, porque alguien que se prepara para violar la ley, junta dinero ilegal para pagar precisamente esa violación de la ley y eso es lo que está haciendo el Verde y por eso ahora el PRI tiene que asumir la responsabilidad de haber firmado un convenio de coalición con un partido tan violador de la ley como lo es el Partido Verde”.
El representante del PAN ante el INE, Javier Corral, aclaró por qué este castigo no afecta al PRI.
“No le afecta al PRI porque ha celebrado un convenio de coalición de carácter parcial, pues en 250 distritos electorales convino tiempos en radio y televisión por separado en los que cada partido se hace cargo de su pauta. No le afecta porque convinieron tiempos por separado; si hubieran ido en una coalición total de los 300 distritos electorales, la conducta del Verde, en términos de la sanción propuesta por los consejeros de interrumpir la transmisión de radio y televisión, sí le hubiera afectado, pero ustedes separaron los tiempos de transmisión”, aclaró.
La sorpresa de Corral fue la confesión del propio Ramírez Marín, en el sentido de que la decisión del Consejo sí les afecta, pero “el PRI no vino a defenderse en este proceso ni tampoco a quejarse”, prosiguió el panista.
“Se quejan de la afectación porque les benefició la conducta ilegal del Partido Verde y ese es precisamente lo que tratamos de señalar aquí. Hay una complicidad del gobierno de la República, de su partido, con esta contumacia ilegal del Partido Verde, con este dolo, con esta forma permanente de hacer fraude a la ley, de violentar las normas, de darle la vuelta, de burlarse de las autoridades, de decirles: ‘No nos importan sus cautelares’”, añadió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
La SCJN declara inconstitucional penalizar el “halconeo”
México, DF. El artículo 398 bis del Código Penal del estado de Chiapas que castiga el “halconeo” -que consiste en vigilar y obtener información sobre las actividades de la policía y militares en contra de la delincuencia- es inconstitucional, porque atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información, estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con el voto en contra de José Ramón Cossío, los ministros concedieron un amparo en contra del artículo referido, al considerar que limita el derecho a la información; aún y cuando reconocieron que el objetivo central del artículo era legítimo, porque pretendía proteger la seguridad pública y castigar a quienes sirven a la delincuencia.
Cossío, quien elaboró el proyecto de dictamen, lamentó en la sesión de la sala la decisión y advirtió que, “generar amparos en donde no se han aplicado las normas va a generar un efecto distorsionador muy grande”, porque todas las personas van a considerar o van a obtener un amparo y no necesariamente se les va a haber aplicado la norma.
Además de que, al estar dirigido a combatir la delincuencia organizada y la manera en que se puede transmitir esa información, “genera una situación sumamente peligrosa en la sociedad, cuando no se ha aplicado, ese es el tema central”.
Al concederle la razón a Darío Ramírez, director general de la organización Artículo 19, la mayoría consideró que el quejoso tiene interés legítimo para impugnar la norma, ya que los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información no sólo protegen la libertad de los individuos, sino que también garantizan “un espacio público de deliberación política”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
Con el voto en contra de José Ramón Cossío, los ministros concedieron un amparo en contra del artículo referido, al considerar que limita el derecho a la información; aún y cuando reconocieron que el objetivo central del artículo era legítimo, porque pretendía proteger la seguridad pública y castigar a quienes sirven a la delincuencia.
Cossío, quien elaboró el proyecto de dictamen, lamentó en la sesión de la sala la decisión y advirtió que, “generar amparos en donde no se han aplicado las normas va a generar un efecto distorsionador muy grande”, porque todas las personas van a considerar o van a obtener un amparo y no necesariamente se les va a haber aplicado la norma.
Además de que, al estar dirigido a combatir la delincuencia organizada y la manera en que se puede transmitir esa información, “genera una situación sumamente peligrosa en la sociedad, cuando no se ha aplicado, ese es el tema central”.
Al concederle la razón a Darío Ramírez, director general de la organización Artículo 19, la mayoría consideró que el quejoso tiene interés legítimo para impugnar la norma, ya que los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información no sólo protegen la libertad de los individuos, sino que también garantizan “un espacio público de deliberación política”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
Reforma al fuero militar en México no cumple la norma internacional: Corte Interamericana de DH
La Corte Interamericana determinó que "la actual legislación" mexicana en materia de fuero castrense continúa sin reconocer plenamente que "la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de derechos humanos, aún cuando el sujeto activo y el pasivo (el victimario y la víctima) sean militares".
Luego de que, en junio de 2014, las autoridades mexicanas limitaran los alcances del fuero militar, para que los soldados que violen derechos humanos de civiles sean juzgados en tribunales civiles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que dicha reforma legal es insuficiente, ya que no aplica para los casos en que la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.
A través de una resolución emitida el pasado 17 de abril, el tribunal continental determinó que, aún cuando el año pasado fue modificado el artículo 57 del Código de Justicia Militar, éste “continúa contemplando una redacción que no se adecua a los referidos estándares (internacionales), porque permite que dicho fuero mantenga competencia para la investigación y juzgamiento de violaciones a derechos humanos, cuando el imputado es un militar y la víctima también es militar“.
En concreto, la Corte Interamericana determinó que “la actual legislación” mexicana en materia de fuero castrense continúa sin reconocer plenamente que “la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de derechos humanos, aún cuando el sujeto activo y el pasivo (el victimario y la víctima) sean militares“.
Además, el órgano de justicia interamericano destacó que “en el fuero militar sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos del orden militar“, y los derechos humanos superan dicho orden.
La reforma aplicada en 2014 al Código de Justicia Militar, cabe recordar, fue producto de la sentencia emitida en 2010 por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, luego de comprobar que el fuero militar había sido empleado para encubrir a soldados implicados en un caso de detención ilegal y tortura.
Así, a pesar de que la Corte Interamericana reconoció que la reforma al Código de Justicia Militar aplicada en 2014 “constituye una importante armonización del derecho interno con los estándares convencionales e internacionales”, también subrayó que esto no representa un “cumplimiento total” a la sentencia emitida en contra del Estado mexicano en 2010.
Por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a que “México adopte las medidas necesarias, a fin de adecuar de forma completa, en un plazo razonable, su derecho interno”, para que todo militar que viole las garantías de otra persona sea sometido a la justicia civil, aún cuando la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Luego de que, en junio de 2014, las autoridades mexicanas limitaran los alcances del fuero militar, para que los soldados que violen derechos humanos de civiles sean juzgados en tribunales civiles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que dicha reforma legal es insuficiente, ya que no aplica para los casos en que la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.
A través de una resolución emitida el pasado 17 de abril, el tribunal continental determinó que, aún cuando el año pasado fue modificado el artículo 57 del Código de Justicia Militar, éste “continúa contemplando una redacción que no se adecua a los referidos estándares (internacionales), porque permite que dicho fuero mantenga competencia para la investigación y juzgamiento de violaciones a derechos humanos, cuando el imputado es un militar y la víctima también es militar“.
En concreto, la Corte Interamericana determinó que “la actual legislación” mexicana en materia de fuero castrense continúa sin reconocer plenamente que “la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de derechos humanos, aún cuando el sujeto activo y el pasivo (el victimario y la víctima) sean militares“.
Además, el órgano de justicia interamericano destacó que “en el fuero militar sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos del orden militar“, y los derechos humanos superan dicho orden.
La reforma aplicada en 2014 al Código de Justicia Militar, cabe recordar, fue producto de la sentencia emitida en 2010 por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, luego de comprobar que el fuero militar había sido empleado para encubrir a soldados implicados en un caso de detención ilegal y tortura.
Así, a pesar de que la Corte Interamericana reconoció que la reforma al Código de Justicia Militar aplicada en 2014 “constituye una importante armonización del derecho interno con los estándares convencionales e internacionales”, también subrayó que esto no representa un “cumplimiento total” a la sentencia emitida en contra del Estado mexicano en 2010.
Por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a que “México adopte las medidas necesarias, a fin de adecuar de forma completa, en un plazo razonable, su derecho interno”, para que todo militar que viole las garantías de otra persona sea sometido a la justicia civil, aún cuando la víctima sea otro integrante de las Fuerzas Armadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
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