La presentadora de televisión dijo que la propuesta de ley la presentará ante el Congreso de Chihuahua, con el objetivo de juzgar a los menores como adultos.
Luego de que se diera a conocer que supuestamente Laura Bozzo pagó la exclusividad de las declaraciones de la madre del niño de 6 años asesinado en Chihuahua, Tania Mora, la conductora de televisión negó el hecho y advirtió que presentará una iniciativa de ley ante el Congreso estatal para juzgar a menores como adultos.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, Bozzo dijo: “voy a presentar una ley para modificar la que actualmente hay (en Chihuahua); no se puede juzgar como niño a personas que cometen crímenes como esta atrocidad. Ha sido premeditado; estos niños quemaban casas, quemaban animales (…) la ley que no hace justicia tiene que ser cambiada”.
“Yo creo que un niño que tortura (…) no es un niño, es un ser humano con una enfermedad, es un sociópata” agregó la conductora del talk show ‘Laura’, quien dijo tener un doctorado en Derecho y Ciencia Política.
Para este día, a las 2 de la tarde, se convocó a una conferencia de prensa de la madre del niño.
Estas declaraciones de Bozzo ocurren un día después de que el abogado de Mora, Víctor Alonso Tadeo, afirmó que fue relevado de sus funciones porque la madre del niño le dio la exclusividad de sus declaraciones a Bozzo, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Con Gómez Leyva, Laura Bozzo dijo que Alonso Tadeo mintió a Tania Mora, ya que le dijo que no podía entrar a la audiencia de los menores que participaron en el asesinato de su hijo de seis años.
Al respecto, ayer dijo durante su programa:
“Dejen de mentir. Jamás le prohibimos a la señora (…) La señora ha hablado con todos los medios (…) Miren qué asco me dan, con toda sinceridad, porque ahorita las redes sociales deberían de estar apoyando la moción de este programa para que los niños que cometen crímenes sean castigados.
“Yo no tengo ninguna exclusiva ni nada por el estilo. Yo lo único que tengo es un corazón de madre que quiere ayudar a otra madre”, indicó Bozzo este miércoles 21 de mayo en su programa.
Este jueves 21 de mayo por la tarde se llevó a cabo la audiencia para imputar a cinco menores por el asesinato de un niño de 6 años en Chihuahua mientras “jugaban al secuestro”.
Tras la formulación de la acusación del Ministerio Público, el juez especializado en justicia para adolescentes, Francisco de León Merino, determinó la detención preventiva en un centro especializado para dos menores de 15 años, y la custodia del DIF de Chihuahua para los otros tres menores, de entre 12 y 14 años de edad.
La próxima audiencia se llevará a cabo el martes 26 de mayo a las 9:00 horas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Dice que son los casos que “conoce”. La Unidad opera con un presupuesto recortado y sin el nuevo protocolo de búsqueda; dos subprocuradores responsables ya renunciaron.
En junio de 2013 el gobierno federal puso en marcha la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, área responsable de buscar sin distinciones a las personas no localizadas en todo el país. La realidad a casi dos años de su creación, es que dicha unidad investiga el paradero de menos de 650 mujeres y hombres.
Además, la Unidad opera aun sin el nuevo protocolo y bases de datos para el rastreo homologado de personas que se viene preparando desde finales de 2013, y con un presupuesto que este año se vio recortado un 60 por ciento.
En México, distintas estimaciones y registros incluso oficiales hablan de miles de personas que no están localizadas.
Por citar dos ejemplos, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación tiene un conteo de 25 mil 840 personas cuya ubicación presuntamente se desconocen, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha estimado que son más de 27 mil los desaparecidos.
Pero datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que depende la mencionada Unidad Especializada, arrojan que dicha área “tiene conocimiento” solo de 621 personas que desaparecieron en este siglo.
Ese número de desaparecidos equivale a menos del 2.5 por ciento de la cantidad de personas que están reportadas como no localizadas en el registro de Gobernación.
Un dato a destacar es que uno de cada seis casos que investiga la Unidad corresponde a un tema de presunta desaparición forzada, aunque el listado no incluye a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El decreto de creación de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, del 21 de junio del 2013, estableció en su artículo tercero que la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas era responsable de “coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas”.
El entonces procurador Jesús Murillo Karam señaló que la intención era contar con una única área que facilitara la búsqueda de las personas no localizadas en México y evitara a los familiares la necesidad de estar buscando entre un estado y otro a sus víctimas.
Cabe recordar que la Unidad Especializada depende jerárquicamente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR, la cual ha visto renunciar a sus dos últimos titulares.
Los 621 que sí busca la Unidad
Los datos de la PGR revelados a través de una solicitud de transparencia y con corte en marzo de este año, arrojan que la Unidad Especializada tiene conocimiento de 621 personas no localizadas. El 31 por ciento corresponde a desapariciones ocurridas en 2013, mientras que el 15 por ciento son casos surgidos en 2010, y el resto se distribuye en otros años hasta 2001.
La información desglosada de la Procuraduría evidencia que cinco de cada seis desaparecidos son hombres y que el 34 por ciento de todos los casos corresponden a personas entre 24 y 33 años de edad.
Hay cinco entidades que concentran el 65 por ciento de todas las desapariciones que investiga la Unidad Especializada: el estado de México con 121 desaparecidos; el Distrito Federal con 105 casos; Guerrero con 68; Tamaulipas con 56 y Morelos con 43.
Cabe destacar que entre los más de 600 casos se encuentra el de una desaparición ocurrida en Texas, Estados Unidos, y otra que corresponde a la Ciudad de Guatemala en Guatemala. En cambio, hay diez estados del país en donde la Unidad Especializada no busca a ningún desaparecido.
En su respuesta a la solicitud de transparencia la Procuraduría no da ninguna explicación del porque la Unidad Especializada tomó conocimiento de estos casos, es decir, si fueron denuncias directas presentadas ante sus agentes del Ministerio Público, si son los que ya tenía registrados la extinta Procuraduría de Atención a Víctimas, o si atrajo los casos siguiendo algún criterio para ello.
La información tampoco aclara en cuántos casos el trabajo de la Unidad ha conseguido ubicar a las personas no localizadas ya sea vivas o muertas.
Veracruz encabeza desaparición forzada
La PGR reveló que entre los casos de los que tiene conocimiento la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, se encuentran 120 que corresponden a posibles desapariciones forzadas, es decir, víctimas cuyo paradero no se conoce luego de que fueron detenidas ilegalmente por alguna autoridad federal, estatal o municipal.
En este caso el perfil está más recargado hacia los hombres que concentran el 93 por ciento de las víctimas. El rango de edad más común en este tipo de desapariciones son personas de 29 a 33 años de edad con 22 por ciento del total.
Respecto a los estados que tienen la mayor cantidad de casos de desaparición forzada bajo investigación de la Unidad, la estadística la encabeza Veracruz con 29 víctimas que equivalen al 24 por ciento del total. Le siguen Tamaulipas, Coahuila, el Distrito Federal y Chiapas.
Esta información coincide con la tendencia delictiva que tiene la PGR por el delito de desaparición forzada. Cifras de la Procuraduría indican que actualmente, a través de todas sus áreas, hay abiertas 189 averiguaciones por este ilícito, de las cuales 51 corresponden a casos ocurridos en Veracruz.
Un dato a destacar es que la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas no registra ni un solo caso de desaparición forzada en Guerrero, lo que significa que dicha unidad no mantiene rastreo alguno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero.
Cabe recordar que la propia investigación oficial de la ¨PGR atribuye a policías de Iguala y de Cocula el secuestro de los normalistas. En enero, el entonces procurador Jesús Murillo Karam aclaró que se haría la consignación por el delito de desaparición forzada, sin embargo, hasta ahora esto no ha ocurrido.
Unidad sin sistema y con poco dinero
Desde el 2013 la PGR prepara en colaboración con varios estados del país un nuevo protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas basado en un software especializado y dos bases de datos. Dicho mecanismo es similar al que usa la Cruz Roja Internacional y su funcionamiento estaría coordinado por la Unidad Especializada. Hasta ahora no se ha concretado.
Inicialmente el proyecto estuvo a cargo del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, pero este renunció ene l 2014. En su lugar llegó Eliana García quien le dio un impulso importante en la segunda mitad de ese año pero, por motivos que no se han hecho públicos, su arranque no se ha formalizado.
García presentó su renuncia al cargo este mes la cual le fue aceptada por la nueva procuradora Arely Gómez.
De acuerdo con lo dicho en su momento por la ahora ex subprocuradora, el nuevo sistema facilitaría la búsqueda de personas no localizadas en todo el país pues cruzaría datos de forma automática entre dos grandes bases: una ante mortem con el ADN de familiares de personas desaparecidas, y una post mortem con el material genético de personas fallecidas.
La ausencia de esta herramienta no es el único reto para la Unidad. En 2015 su presupuesto asignado fue de 14 millones 767 mil pesos, cantidad que representó un recorte de más del 60 por ciento. Además, los recursos para 2016 podrían ser aun menores luego de que el gobierno adelantó que se replanteará todo el presupuesto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/05/unidad-para-desaparecidos-busca-a-menos-de-650-personas-a-los-de-ayotzinapa-no/.
La esposa de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, interpuso una demanda ante la PGR; la fiscalía estaría preparando "un montaje" en su contra.
Lorena Martínez, esposa de Enrique Alfaro, candidato de Moviomiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara, denunció amenazas que ha recibido en su domicilio, publica El Informador.
Martínez presentó este jueves una denuncia ante la PGR Jalisco, en contra de quien resulte responsable por los mensajes intimidatorios que fueron dejados en su casa.
Ante representantes de medios de comunicación, Martínez afirmó que salió de su casa a recibir a los inspectores de Zapopan que acudieron a clausurar el domicilio y encontró en la puerta de su vivienda un sobre con el mensaje:
“Cuida a tu marido y de pasada a tus ijas (sic) no les valla a pasar algo”.
Por su parte, Alfaro, quien es uno de los principales contendientes para tratar de quitarle la alcaldía tapatía al PRI, señaló que no se trata del único ataque que sus adversarios le pueden tener preparado, informa el diario Mural.
El aspirante del MC advirtió que integrantes de la Fiscalía General del Estado le informaron que desde ese cuerpo de seguridad se prepara una acción en contra de su familia.
“Ayer me buscaron personas de la Fiscalía para decirme que están diseñando y armando un montaje para tratar de hacer algún tipo de operativo de la Fiscalía en contra de mi padre y mi hermano. ¿A qué nivel quieren llegar? No lo sé”, expresó.
Desconfía de autoridades
La esposa del emecista aseguró que es la segunda denuncia que interpone ante la PGR debido a que desconfía de las autoridades estatales; además, agregó que no sospecha de quién haya enviado los mensajes.
El paquete que recibió la esposa de Alfaro provenía de un domicilio de la Ciudad de México, aseguró Martínez, y descartó pedir seguridad al Estado.
Además, mencionó que ella no se encuentra involucrada en el proceso electoral: “Vengo a decirle a la justicia federal que me ayuden a proteger a mis hijas”.
Al respecto, el PRI condenó esas acciones y exigió a las autoridades dar con los responsables: “Tenemos la esperanza de que esta situación se esclarezca y se llegue al fondo de la búsqueda de los culpables de este condenable hecho”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El comisionado nacional de Seguridad Pública informó que se detuvo a tres presuntos delincuentes pertenecientes a la "organización criminal que tiene como principal zona de operación el estado de Jalisco".
Fuerzas federales y estatales se enfrentaron a un grupo de personas armadas en un predio del municipio de Tanhuato, Michoacán, con un saldo preliminar de “42 presuntos delincuentes abatidos”, pertenecientes a la “organización criminal que tiene como principal zona de operación el estado de Jalisco”, dijo el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido.
En conferencia de prensa desde Zamora, Michoacán, Rubido habló además de tres presuntos criminales detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público, y un agente de la Policía Federal muerto en el enfrentamiento.
“Autoridades periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ), continúan con sus diligencias; las cifras existentes deben ser consideradas preliminares”, precisó Rubido.
El comisionado informó que en el marco del Operativo Jalisco, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal (PF) implementaron un operativo de investigación, debido a una denuncia sobre la invasión de presuntos delincuentes a un predio en Tanhuato, Michoacán.
“Al aproximarse al predio, los elementos de seguridad detectaron un vehículo en el que iban personas armadas y se inició una persecución”, dijo Rubido, cuyas declaraciones fueron reproducidas por la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gobernación.
Los presuntos delincuentes que ocupaban el predio atacaron a las fuerzas de seguridad, en cuanto se percataron de su presencia, dando inicio al enfrentamiento, que se extendió por aproximadamente tres horas, en una superficie de 112 hectáreas.
Fueron aseguradas en el operativo 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagrandas y un fusil calibre 50.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por unanimidad de cinco votos, se determinó que el INE y Movimiento Ciudadano incumplieron la sentencia dictada semanas atrás.
Marcelo Ebrard Casaubón no será diputado propietario ni suplente en la próxima legislatura.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó a Ebrard la candidatura a diputado suplente.
Por unanimidad de cinco votos, se aprobó el proyecto de dictamen que argumenta que el partido Movimiento Ciudadano y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) incurrieron en inejecución de sentencia.
Ello, debido a que el TEPJF ya había determinado que la postulación no estaba apegada a derecho, pues a juicio de los magistrados el ex jefe de gobierno del Distrito Federal participó en dos procesos partidistas de manera simultánea, posición de la que originalmente disintió el magistrado presidente, Constancio Carrasco.
En la sesión de este viernes, el magistrado Pedro Esteban Penagos López argumentó que este tema “es cosa juzgada e inatacable”; es una determinación ya emitida en una sentencia que ha quedado firme.
“No se puede, en un momento dado, evadir el cumplimiento y decir que fue retirado como candidato propietario, pero ahora está como suplente. Fue la candidatura, en sí, lo que no estaba apegada a derecho”, puntualizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La justicia reconoce, 18 meses después, que la joven capitalina, que pasó 86 días presa por el delito de homicidio, lesionó al agresor en defensa propia.
Absuelta del delito de homicidio. Esta fue la resolución del juzgado número 13 Penal de delitos no graves para Yakiri Rubí Rubio, la joven capitalina que hace un año y medio mató al hombre que la estaba violando.
Cuando el juez, Fausto Agustín Favela Ayala, pronunció la palabra absuelta el resto de la resolución se opacó.
La abogada Ana Katiria Suárez lanzó un grito de alegría y Yakiri se estremeció. Es el principio del fin de una pesadilla que dura ya año y medio.
El 9 de diciembre de 2013 dos hermanos que circulaban en una motocicleta por la colonia Doctores –una de las más peligrosas del DF– la amañaron y con un cuchillo en su cintura, la obligaron a subir a un hotel de la zona. Ambos abusaron sexualmente de ella en el cuarto y uno de ellos salió mientras el otro la violaba. Cuando Yakiri intentó escapar, el agresor le acuchilló los brazos, pero la joven alcanzó a agarrarle la navaja y le asestó a la yugular.
El violador, Miguel Ángel Ramírez, salió por su propio pie todavía, pero murió desangrado. La joven, de apenas 21 años en ese momento, salió a la calle todavía semidesnuda, a pedir ayuda. Entró a la agencia del ministerio público nº 50, a dos cuadras de ahí, como víctima, y salió acusada de homicidio. Aún cuando, según ella, hasta aquel instante ni siquiera sabía que había matado a Miguel Ángel. 8 días después le dictaron auto de formal prisión.
Pasó 86 días presa, hasta que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reclasificó su delito de homicidio calificado a homicidio en “exceso de legítima defensa”. Yakiri pudo seguir el proceso en libertad condicional pero con una fianza de 450 mil pesos. Ayer esa fianza quedó anulada, y Yakiri absuelta sin cargos. El Tribunal nº13 reconoció, como ya alegaba el Amicus Curiae que hace un año presentó la Comisión de Derechos Humanos del DF, que ella estaba en una situación de vulnerabilidad y que aunque se defendió y lesionó al violador, esa agresión no cesó el peligró.
Hoy Yakiri está contenta, ayer llegó al juzgado nerviosa, pensando que la resolución podía ser negativa. Antes hubieron tres resoluciones que reiteraban el “exceso de legítima defensa”.
“Nos sorprende esta resolución, pensábamos que al haber tres resoluciones de juzgados de alzada, esta podía resolverse en la misma línea, sin embargo nos encontramos con un juez valiente”, afirmó la abogada Ana Katiria Suárez, a la salida del juzgado.
“Es una victoria, un triunfo muy difícil de alcanzar con una lucha muy desgastante y soy muy feliz por eso”, explica Yakiri Rubio ya en su casa del barrio de Tepito, entre la música de salsa y los chicharrones en la mesa para festejar la sentencia. Pero el proceso todavía no acaba.
El ministerio público, que defendió los intereses del occiso, tendría derecho a apelar la resolución en los próximos 5 días, aunque la abogada de Yakiri duda que lo haga. “No hay elementos para regresarnos a un estado que hoy hemos avanzado porque tenemos las pruebas sobre la mesa”, explica la licenciada Suárez.
Por otro lado, todavía sigue pendiente la denuncia de Yakiri al segundo de sus agresores, el hermano del occiso, Luis Omar Ramírez Anaya por la complicidad en el delito de violación y tentativa de homicidio contra la joven. “Hay que continuar con la aportación de elementos de prueba para obtener una consignación y solicitar una orden de aprehensión”, resume Suárez y añade que fueron “los dos sujetos” quienes “la privaron de su libertad y la llevaron en contra de su voluntad a un hotel donde la amagaron, la golpearon, la violaron y la apuñalaron y en legítima defensa Yakiri lesionó a uno de sus agresores a la yugular”.
Yakiri quiere ver a Ramírez Anaya entre rejas. “No me gustaría encontrármelo en la calle otra vez, sería muy fuerte, por eso mismo no se acaba todavía este proceso”, asevera. Esa joven que habla ahora habla contundente en los medios es otra de la que hace un año y medio entró al reclusorio. Hace 12 meses, en entrevista en la prisión, era una joven apenada y temerosa ante las desconocidas. “Fue una situación muy dura, los primeros meses eran de tristeza, tenía vergüenza, y una decepción total ante la autoridad, tenía mucho coraje, tuve que contar mi caso, pese al dolor para poder salir de la cárcel”, recuerda ahora. En aquel momento, ante la pregunta de si confiaba en la justicia, negaba rotundamente. Ahora tiene esperanza y creció de golpe.
Hasta habla diferente. Tanto que es candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano por los barrios más al norte de la delegación Cuauhtémoc. “Me ha cambiado la vida bastante, desde el 9 de diciembre me enfrenté con cosas que nunca había pensado, incluso con la misma autoridad, cuando yo todavía creía que había justicia en el país, ahora sé que no es así. Pero también me doy cuenta que dentro de ese sistema machista y patriarcal todavía existen, dentro de las autoridades, personas que hacen su trabajo y estoy muy agradecida con ellos. Además que volví a nacer,…”, concluye y sonríe.
En México, según los datos recopilados por Inmujeres y la ONU, asesinan a 6.4 mujeres al día. Es decir que hay un feminicidio cada tres horas y 45 minutos. Yakiri se libró de ser una muerta más que engrose estas cifras pero su defensa no solo le costó la cárcel, sino el estigma y las amenazas a ella, su familia y su abogada por parte de los familiares del occiso.
El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que una bacteria que se encuentra en la piel de cualquier humano, la estafilococo hominis, fue hallada en las vacunas que fueron aplicadas a 31 menores en Chiapas, dos de los cuales murieron.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la bacteria que infectó a los bebés de la comunidad La Pimienta, Chiapas, y que causó la muerte de dos bebés fue la llamada estafilococo hominis, que se encuentra en la piel de cualquier humano.
En conferencia de prensa, Javier Dávila, director de Prestaciones Médicas de ese organismo, explicó que se desconoce de dónde provino la bacteria, pero aseguró que otros lotes de la misma vacuna están libres de toda contaminación. Asimismo aseguró que las investigaciones continuarán.
“El análisis de Cofepris (Comisión Federal de Riesgos Sanitarios) determino que la vacuna no estaba defectuosa sino que perdió su cadena de frío. Por lo tanto la contaminación bacteriana se dio durante el proceso de aplicación y manejo de la vacuna” informó el director de Prestaciones Médicas.
Asimismo, descartó que el personal de la clínica La Pimienta sea responsable, pues aseguró que cumplieron con todos los protocolos para la aplicación. Se desconoce, sin embargo, de dónde provino la contaminación.
El 9 de mayo pasado, se dio a conocer que 31 menores habían tenido problemas de salud luego de haber sido vacunados, de los cuales dos fallecieron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
CHIHUAHUA, Chih: Los diputados de las fracciones priista, perredista y de Nueva Alianza “reventaron” hoy la sesión del Congreso local, justo cuando el panista Rogelio Loya Luna iba a presentar una iniciativa para exigir al gobernador César Duarte que clausure una galería “De la memoria y recuperación de la paz”.
En la muestra impugnada se exhiben imágenes de ejecutados, torturados, decapitados y masacres, entre otros hechos violentos registrados antes que Duarte Jaquez asumiera el gobierno en la entidad.
Los legisladores abandonaron su curul cuando Loya Luna subió a la tribuna para leer el punto de acuerdo, “para que inmediatamente gire las instrucciones necesarias a fin de cerrar de manera definitiva la galería ‘De la memoria y de la recuperación de la paz’, ubicada en el centro histórico”.
Debido a que no hubo quórum para continuar, Acción Nacional sólo dio a conocer a los medios de comunicación el punto de acuerdo.
Al iniciar este mes, en pleno proceso electoral y con la prohibición de los narcocorridos en el municipio de Chihuahua, el gobernador inauguró la galería –sin consenso o consulta a familias de las víctimas– en compañía de otras autoridades, como el fiscal Jorge Enrique González Nicolás.
Las crudas imágenes se exhiben en un edificio habilitado originalmente como mirador en el gobierno de José Reyes Baeza Terrazas, pero el espacio quedó abandonado durante esta administración.
En alrededor de cuatro pisos los visitantes, desde niños hasta adultos, pueden pasar a “admirar” las imágenes que exhiben hechos violentos registrados en el gobierno de Felipe Calderón y de Reyes Baeza.
El fin de la muestra, de acuerdo con Duarte, es para que no se olvide lo que sucedió en el pasado y no se vuelvan a repetir esos actos, como si los hechos de violencia estuvieran ausentes bajo su gobierno.
El recorrido inicia con un documental que detalla el sentido de la exposición y hay una línea del tiempo en la entrada que, desde la visión gubernamental, explica la escalada de violencia a partir de 2006 hasta “recuperar la paz” de manera paulatina con el gobierno duartista.
Sin embargo, la exposición debió cerrar por un día para cambiar algunas imágenes, debido a que un visitante entró en shock al observar las fotografías de un ejecutado; acto seguido arrancó la imagen y exigió que fuese retirada. Como ella, otras víctimas han manifestado su inconformidad por la muestra.
El diputado Rogelio Loya destacó que las fotografías “revictimizan” a los familiares u ofendidos de la “guerra que se suscitó y se sigue suscitando en el estado, por lo que se ha calificado de incongruente tal exposición, que pretende mostrar el cierre de una crisis que continúa en Chihuahua, y más allá de recordar a las víctimas, evoca el horror, siembra el miedo e indignación en la población.
“Es lamentable que los deudos que en su momento tuvieron que presenciar estos hechos violentos en los diversos medios de comunicación, aun tengan que soportar tal exhibición, que en nada abona a la sociedad; por el contrario, atenta contra los derechos humanos de víctimas y ofendidos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
NOTA: EN ESTE POST NO SE USO LA IMAGEN ORIGINAL PROVENIENTE DEL SITIO DE PROCESO YA QUE A MI JUICIO NO ERA APROPIADO.
MÉXICO, D.F: En las últimas dos semanas, el candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” amplió a 5 puntos su ventaja sobre la priista Ivonne Álvarez, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por el diario Reforma.
Sin tomar en cuenta la declinación del aspirante de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo a su favor –anunciada la tarde de ayer jueves y quien de acuerdo con la misma encuesta suma el 4% de intención del voto– El Bronco suma ya el 31 por ciento de las preferencias contra 26 por ciento de Ivonne, mientras que el panista Felipe de Jesús Cantú se rezagó con el 20 por ciento de los sufragios.
Tanto el crecimiento de El Bronco como la caída de Ivonne han sido sostenidas de marzo a la fecha, según los sondeos del periódico capitalino.
En marzo, Jaime Rodríguez tenía el 15 por ciento de la intención del voto a su favor contra el 34 por ciento de Ivonne Álvarez.
Para abril, la priista había caído un punto y el independiente subido siete.
Y el 7 de mayo, El Bronco creció otros siete puntos contra seis menos de Ivonne.
Ante el crecimiento de la candidatura de El Bronco, Televisa y el gobierno federal, junto con columnistas afines, desataron una feroz campaña en su contra, que ha incluido la difusión de encuestas inventadas que ponen a la priista en primer lugar y al aspirante independiente en un lejano tercer lugar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El fundador y exvocero de los autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, presentó un escrito al magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito para solicitar que se respete su derecho a recibir visitas.
Aduce que desde hace casi un año las autoridades penitenciarias le han negado ese derecho.
“Por este conducto me permito molestarlo de sus múltiples ocupaciones para solicitarle su ayuda para poder tener las visitas de confianza que todo preso en proceso tiene derecho, pues desde hace 10 meses y medio me tienen bloqueado totalmente en cuanto a que le niegan la entrada a verme a toda persona que solicita para tratar asuntos de mi cautiverio (…)”, escribió.
De acuerdo con información difundida por el diario ‘Zeta’, la petición del Mireles, preso en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, ocurrió durante una diligencia vía exhorto en la que le fue entregada una copia certificada del acuerdo que le notificaba del recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público de la Federación en contra del amparo concedido por el Primer Tribunal Unitario –con residencia en Morelia– en abril pasado.
Autoridades judiciales con sede en Hermosillo remitieron al tribunal de Morelia el exhorto diligenciado y anexaron el documento entregado por el quejoso.
El magistrado amparista ordenó dar vista del hecho al juez quinto de Distrito en el estado de Michoacán, quien sigue la causa penal 137/2014 a Mireles Valverde, preso desde el 30 de junio de 2014. También se notificará a su defensor particular, Salvador Molina Navarro.
En días pasados, familiares del exlíder de las autodefensas de Tierra Caliente expresaron su pesar por la presunta incomunicación que vive Mireles y la cerrazón de los directivos del Centro Federal de Readaptación Social número 11 de recibir cualquier visita para él.
Desde junio del año pasado, Mireles y tres coacusados –Javier Reyes Magaña, Gerardo López Casillas y Salvador Mendoza García–enfrentan cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína.
En abril pasado el Tribunal Federal en Michoacán concedió un amparo al procesado para efectos de que se reponga el procedimiento penal; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) se inconformó y el asunto será revisado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Ayer, luego de acusar a Movimiento Ciudadano y a sus candidatos a diputados, Virginia Mireles e Hipólito Mora, de “colgarse” de la situación legal de su padre con fines electorales, Alejandro Mireles señaló que el anuncio que aquellos hicieron el pasado martes 19 de emprender acciones de resistencia civil pacífica para exigir la liberación del exlíder de autodefensas no tiene sentido porque, subrayó, ya se ganó el amparo y será liberado, aunque no antes de las elecciones del 7 de junio.
Alejandro, quien al igual que su tía e Hipólito Mora, es candidato a diputado, pero por el PAN, dijo que “todo México sabe que (su padre) es un preso político y lo van a dejar salir hasta que pasen las elecciones, pese al deterioro que ha sufrido en su salud”.
En entrevista con la agencia “Quadratín”, Alejandro criticó que ahora su tía convoque a acciones para liberar a su padre cuando ella nunca fue autodefensa e inclusive se escondió cuando inició el movimiento.
“Hasta se fueron y nos dijeron que no querían que los mataran por culpa de mi papá. Como dicen por ahí, en Michoacán se requiere mucho valor y mi tía no lo tiene; está intentando utilizar a mi papá para ganar una elección”, acusó Alejandro.
En cuanto a Hipólito Mora, aseguró que lo respeta por lo que hizo, pero desde el accidente que tuvo su padre en enero del año pasado, se perdió el contacto entre ellos, y por eso le resulta sorprendente que ahora quiera defender a su padre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Son comisarios ejidales, tenemos nombres y domicilios, estamos trabajando en esa investigación junto a la fiscalía del estado", dijo el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo.
“La gente que iba principalmente al frente del grupo de supuestos policías están identificados, sabemos quiénes son”, dijo a Grupo Fórmula el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, sobre los supuestos policías comunitarios que entraron a Chilapa el 9 de mayo.
Dado que se identificó a los líderes, no se considera que sean prófugos. “Son comisarios ejidales, tenemos nombres y domicilios, estamos trabajando en esa investigación junto a la fiscalía del estado…no están hasta el momento prófugos. Tenemos que decantar muy bien su grado de responsabilidad,” dijo Galindo.
El comisionado se trasladó a Chilapa para reunirse con 16 familias, entre las cuales, 10 han reportado la desaparición de alguno de sus familiares en el tiempo durante el que se tomó la alcaldía.
Sobre las desapariciones, Galindo no descarta que los autores sean miembros del narcotráfico. “Hay que situarnos en el lugar, lo que significa Chilapa para el tema de narcotráfico y es algo que no podemos descartar, es una línea importante de investigación”, indicó el comisionado.
De los casos de desapariciones reportados por las familias, Galindo afirma que diez de ellos ocurrieron entre el 9 y 14 de mayo, mientras que otros seis ocurrieron en otras fechas, desde uno y hasta seis meses antes a la actualidad. De cualquier manera, él afirma: “todos los casos son importantes”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La muerte de Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas en Yurécuaro y candidato de Morena a la alcaldía de ese municipio, ha provocado que el gobierno estatal indague en su pasado y lance señalamientos criminales en su contra.
Nunca como ahora un muerto había sido tan incómodo para el gobierno estatal de Michoacán.
El asesinato de Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas en Yurécuaro y candidato del partido Morena a esa alcaldía intenta ser sepultado en lo más hondo de la denostación y la criminalización.
Como intentando zanjar la deficiencia de los funcionarios del gobierno estatal que no fueron capaces de brindar la seguridad reclamada por el candidato asesinado, el gobierno de Michoacán no deja de lanzar señalamientos criminales en contra del fallecido. Se le ha golpeado hasta después de muerto.
En una actitud que pocas veces se le había conocido al gobierno estatal, el gobernador Salvador Jara Guerrero ha ordenado recursos de investigación no para dar con el paradero de los asesinos del candidato caído en Yurécuaro, sino para indagar en su pasado y filtrarlo a los medios de comunicación.
Aguerrido en vida
Antes de saltar al escenario como líder de los grupos de autodefensa, Enrique Hernández era un empresario de medio pelo en Yurécuaro. Adentrado en el ramo de los agronegocios se ganó la fama de colérico y el apodo de ‘El Llamaradas’.
Como cientos de michoacanos, sus negocios fueron el blanco del crimen organizado. Los cobros de piso cada vez más constantes y más elevados lo llevaron a a buscar personalmente al doctor Mireles a la zona de Tierra Caliente para ver la forma en que estaban organizados los grupos de autodefensa.
En Yurécuaro formó su primer grupo de hombres armados. Armó un ejército privado que no fue del agrado de muchos de los empresarios de la zona del Bajío, principalmente de La Piedad y Zamora que estaban acostumbrados a negociar con las bandas del narco.
“El Llamaradas” Hernández comenzó a ser incómodo cuando buscó el apoyo de algunos empresarios. Se corrió el rumor de que ahora el cobro de piso lo aplicaban los grupos de autodefensas que él comandaba. Por eso los hombres de negocios organizaron a los alcaldes a su servicio para que no permitieran civiles armados en sus localidades.
Esa fue la razón por la que Enrique Hernández Salcedo se confrontó con los alcaldes de La Piedad, Yurécuaro, Tanhuato, Briseñas, Vista Hermosa e Ixtlán.
Con el edil de Tanhuato, Gustavo Garibay, se mentaron la madre y se amenazaron mutuamente de muerte. A Garibay lo ejecutaron el 22 de marzo del 2014. Su asesinato fue atribuido desde la PGR a “El Llamaradas”, quien fue encarcelado, torturado por elementos de la policía estatal de Michoacán, luego fue exonerado de la acusación y se volvió “perro del mal”, como él mismo dijo tras su liberación.
Filtraciones desde lo alto
Todavía no estaba sepultado el cuerpo de Enrique Hernández Salcedo, cuando manos anónimas de la PGR hicieron circular partes de un expediente judicial y de averiguaciones previas integradas en Michoacán que daban cuenta de acusaciones pendientes contra el difunto.
Se le señaló del secuestro, tortura y desaparición de cinco personas que acudieron a una manifestación contra los grupos de autodefensa.
Otra filtración hecha desde el gobierno estatal de Michoacán apunta hacia el hecho de que el nombre de Enrique Hernández Salcedo aparece en forma reiterada en al menos cinco averiguaciones previas que se llevan a cabo, principalmente por el delito de extorsión y narcotráfico en la zona del Bajío.
De manera oficial, la Procuraduría de Justicia de Michoacán ha señalado que el homicidio de Hernández Salcedo fue una especie de ajuste de cuentas. Sus deudos aseguran que en el gobierno estatal existe la intención de manchar el nombre del difunto, “quien finalmente ya no puede defenderse de lo que le imputen”, dice uno de sus colaboradores.
No hay detenidos
Fuentes de la Presidencia Municipal de Yurécuaro dieron a conocer que por lo menos 23 elementos de esa corporación han sido llamados a comparecer ante el agente del ministerio público, para recabar las primeras pesquisas. Todos los policías convocados han acudido ante la representación social en calidad de presentados.
Todas las pesquisas iniciadas apuntan a una coparticipación en el homicidio de Enrique Hernández por parte de los mandos policiales de Yurécuaro, quienes podrían ser declarados formalmente presos en las próximas horas. Al director y subdirector de la policía municipal de Yurécuaro se les acusa de haber facilitado la huida de los homicidas, más no de la ejecución del asesinato.
En ese clima, la familia de Enrique Hernández, cuya viuda ha sido invitada por Morena para que retome la candidatura a la alcaldía, revisan la posibilidad de salir de la zona por el riesgo que corren sus vidas, no solo por las células del crimen organizado que siguen actuantes en la zona, sino por la campaña que se ha orquestado en contra del autodefensa caído, del que se ha dicho de todo, “al cabo que el hombre ya está muerto, ni modo que lo desmienta”, dijo quien fuera su compadre y cercano colaborador.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: El ombudsman de las audiencias de MVS, Gabriel Sosa Plata, desmintió el alegato jurídico de la empresa sobre el presunto uso ilegal de contenidos en el portal de noticias de Carmen Aristegui y afirmó que la “monetización” por la reproducción de videos, desde la plataforma de YouTube, correspondía exclusivamente a MVS.
“Me consta que el uso de estos materiales se hacía con el conocimiento pleno e incluso apoyo de los directivos de MVS”, afirmó Sosa Plata en su colaboración matutina en Radio Educación, en el programa “Pulso de la Mañana”.
“No entraré en detalles, porque el caso está en manos del juez, pero durante una indagación sobre una supuesta censura de un video generado por Noticias MVS (el caso del avión presidencial) hubo un intercambio de correos electrónicos y de testimonios, en los que se confirma lo que dijo la periodista: que esos videos se subían a su portal, con el consentimiento de la empresa”.
Sosa Plata afirmó que los videos que se difundían en Aristegui Noticias al estar disponibles en la plataforma de YouTube “no sólo el portal de Aristegui sino cualquier sitio web ha tenido la posibilidad de insertarlos a sus páginas para atraer tráfico y en consecuencia anunciantes. Esta es una práctica frecuente porque en la medida en que el video sea más reproducido, desde diferentes páginas e incluso las redes sociales, ganan más dinero con Google (dueños de YouTube)”.
El ombudsman de MVS recordó que “es práctica frecuente que periodistas como Joaquín López Dóriga o Pepe Cárdenas suban sus entrevistas o notas generadas en sus medios a sus sitios web personales”.
“Es más, otro de los conductores de Noticias MVS, Luis Cárdenas, sube a su página personal parte del trabajo que realiza en la emisora”, ejemplificó Sosa Plata.
El especialista aclaró que ignora si existe convenio o contrato, o si sólo es de buena disposición del medio de comunicación y periodista, pero “no deja de ser relevante el diferendo MVS-Aristegui si se considera que algunas ocasiones el periodista, por su fama o reconocimiento, logra más visitas a su sitio web, comparado con los acceso a la página del medio de comunicación en el que trabaja”.
El equipo jurídico de MVS anunció vía comunicado que el 31 de marzo presentó una demanda mercantil en el juzgado décimo cuarto de lo civil contra Aristegui por presunto “uso indebido de propiedad intelectual e industrial” en su portal de noticias, alegando que sin consentimiento de la empresa “incorporó videos que forman parte del contenido del programa Noticias MVS”.
De acuerdo con la empresa, esta demanda mercantil es la única causa para desconocer el contrato vigente entre la conductora y MVS, por lo tanto, no pueden restablecer su noticiario y su equipo de periodistas.
“Esto es un asunto de ética jurídica y comercialmente tiene muchas implicaciones y podría colocar a otros periodistas que realizan prácticas similares en una posición de vulnerabilidad frente a las empresas”, advirtió Sosa Plata.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indemnizará con 20 millones de pesos a la empresa China Railway Construction Corporation y sus socios mexicanos por la cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.
Yuriria Mascott, subsecretaria de la dependencia, detalló que el monto establecido corresponde a un cálculo de “gastos no recuperables” derivado de la licitación de ese proyecto ferroviario que se le había otorgado al consorcio.
“Se llevó a cabo un análisis por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría y está por comunicarse cuánto procede de los gastos no recuperables y cuánto no. Estamos hablando de una cifra que no llega a los 20 millones de pesos”, dijo en entrevista luego de participar en un evento organizado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
A finales de enero pasado, China Railway Construction Corporation presentó los documentos para exigir una indemnización por la suspensión de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
La SCT admitió que la compañía tenía derecho a una indemnización, gracias al amparo otorgado por el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y sus similares.
La primera licitación de la obra, celebrada en noviembre del año pasado y cuyo costo original era de 59 mil millones de pesos, la ganó el consorcio encabezado por las empresas GIA-A de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien insistió que no tiene relación con el exmandatario; Constructora Teya, filial de Grupo Higa, del contratista consentido del peñismo, Juan Armando Hinojosa Cantú; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, postor de la segunda y tercera cadenas de televisión abiertas; GHP Infraestructura Mexicana, y las empresas chinas China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional Ferrocarriles de Francia.
El 6 de noviembre, durante su comparecencia ante comisiones en el Senado, el titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza defendió el fallo, y horas después, para sorpresa de todos, ordenó la cancelación de la licitación.
El pasado 15 de enero, cuando se dieron a conocer las pre-bases del segundo proceso licitatorio para la construcción del tren México- Querétaro, la SCT detalló que el trazo del ferrocarril de alta velocidad sería de 210 kilómetros.
Quince días después el titular de Hacienda anunció la suspensión del tren “en forma indefinida”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos sicarios en el municipio michoacano de Tanhuato habría dejado un número indeterminado de muertos.
En su noticiero radiofónico, Joaquín López Dóriga dijo que de acuerdo con reportes preliminares hay 39 muertos, 37 de ellos civiles y dos policías federales.
El portal Quadratín, por su lado, dijo tener información de 46 fallecidos, 43 presuntos delincuentes y tres uniformados.
El enfrentamiento ocurrió cerca de las 11 horas en la comunidad Tinaja de Vargas, perteneciente a Tanhuato, localidad que hace frontera con Jalisco, zona que controla el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos gatilleros atacaron a elementos de la Policía Federal quienes realizaban recorridos de vigilancia por la zona.
La dirección se Seguridad Pública de Tanhuato informó que ya está controlado el fuego en la zona, aunque los cuerpos policiacos se mantienen en el sitio.
También se informó que el gabinete de Seguridad Nacional se traslada hacia Tanhuato, para atender el enfrentamiento entre presuntos sicarios y policías federales.
Roberto Femat, vocero de la Secretaría de Gobernación, dijo que por lo trascendente del caso, mandos del Ejército, la Marina y Policía Federal se movilizan hacia la referida localidad.
El portavoz gubernamental dijo que hasta las 12:15 horas, no había un reporte oficial en torno de las bajas producidas por la acción de los presuntos criminales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Determina juez especializado que los dos adolescentes de 15 años, implicados en el asesinato del niño Christopher Márquez, sean recluidos y los otros tres menores sigan bajo la tutela del DIF.
Después de cuatro horas de declaraciones concluyó ayer la audiencia de imputación contra los cinco menores de edad señalados de asesinar a un niño de seis años en la capital chihuahuense.
Un juez especializado en adolescentes infractores determinó que los individuos de 15 años serán recluidos en el Centro de Rehabilitación para Menores Infractores, mientras que los otros tres seguirán bajo la tutela del estado en un albergue del DIF.
El ministerio público presentó cargos por el delito de homicidio calificado y el juez fijó la audiencia de vinculación al proceso para el próximo 26 de mayo.
Pide cárcel para todos
Tania Mora, madre del pequeño Christopher Márquez, exigió previo al proceso jurídico que los menores sean encarcelados pese a la minoría de edad, además de que confirmó que al menos dos de los implicados en el homicidio, son primos de la víctima.
Por ello, la señora Tania Mora ha recibido fuertes críticas, ya que hasta ayer por la noche su abogado defensor era Víctor Alonso Tadeo, un prestigiado jurista que se había ofrecido a llevar el caso de forma gratuita; no obstante, ella se decidió por la conductora Laura Bozzo.
La violencia ahora azota a este municipio de Guerrero, en donde familiares han denunciado la desaparición de 30 personas.
El pueblo guerrerense nada más no puede descansar. Desde los trágicos hechos registrados en Iguala el pasado septiembre, cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas, los golpes duros no cesan.
Ayer, los cuerpos de al menos tres hombres fueron hallados en Chilapa, Guerrero, donde horas antes se había denunciado la desaparición de 30 personas durante la toma de la ciudad por policías comunitarios.
Según un funcionario de la fiscalía estatal, los cadáveres fueron localizados en el panteón de la comunidad de Nejapa. Estaban desmembrados, con signos de descomposición y envueltos en cobijas.
El funcionario, que no tiene autorización para hablar con la prensa, dijo que los restos aún no han sido identificados y añadió que estimaban que los hombres podrían llevar unos cinco días muertos.
Los cadáveres se encontraron al día siguiente de la llegada a Chilapa de elementos de la Policía Federal para investigar el paradero de los desaparecidos.
Más de una semana después de que 200 policías comunitarios, que los pobladores vinculan al crimen organizado, tomaran este enclave con el argumento de devolver la seguridad al municipio, el destino de la gente que se llevaron sigue incierto y crece la confusión sobre lo que pasó exactamente del 9 al 14 de mayo.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció, por su parte, que enviará efectivos para investigar y buscar a los desaparecidos.
‘Los Rojos’ amenazan
La violencia en Chilapa se ha incrementado en los últimos meses por la rivalidad de dos grupos, Los Rojos y los Ardillos, que se disputan el lugar.
A principios de mayo asesinaron al candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora los primeros están vinculados con la desaparición del secuestro de 30 personas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) buscar y entregar todos los documentos del diseño del programa “Remediación Ambiental Río Sonora”.
Dichos documentos deberán contener el objetivo del programa, sus resultados periódicos o informes del desarrollo del programa, la unidad administrativa responsable, las reglas de operación o equivalentes, el presupuesto asignado y ejercido, el número de trabajadores que participaron, y quién realizó su pago.
La información fue solicitada por una particular a quien la Semarnat, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, le respondió que no contaba con los documentos requeridos porque ésta se encontraba en periodo de evaluación por parte de la Dirección General de Gestión Integral de Materias y Actividades Riesgosas, rea técnica encargada de recibir y revisar el “Programa de Remediación del Río Sonora”.
La dependencia proporcionó un vínculo a la requirente a partir del cual es posible acceder a una presentación del programa, sin embargo la respuesta no satisfizo a la particular y presentó un recurso de revisión en el que argumentó que no quería información resumida del programa, sino todos los documentos oficiales que respondan a su solicitud.
El recurso fue turnado al comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepo, quien señaló que la Semarnat atendió parcialmente el procedimiento de acceso a la información, porque sólo turnó la solicitud de la particular a una de las unidades administrativas competentes.
Según la propia Semarnat, la Dirección General de Gestión Integral de Materias y Actividades Riesgosas, adscrita a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, es el área técnica encargada de recibir y revisar al “Programa de Remediación del Río Sonora”; sin embrago, la dependencia no aportó elemento alguno que compruebe que dicha unidad administrativa haya atendido el requerimiento de la solicitante.
Además Monterrey afirmó que hay elementos que permiten sostener que a la fecha de la presentación de la solicitud de información, la Semarnat ya contaba con documentación definitiva, adicional a la ofrecida.
Su actuación durante el procedimiento, abundó, transgredió el derecho de la particular, ya que no realizó una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, es decir, faltó al criterio de exhaustividad.
“El acceso a la información se constituye en una de las principales herramientas con las que cuenta el ciudadano para saber de qué manera actúan los gobernantes ante las necesidades de protección al ambiente como consecuencia de sucesos que invariablemente afectan tanto a su entorno, como a sus personas”, argumentó.
Así, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Semarnat y le instruyó a buscar la información solicitada en todas las unidades administrativas, entre ellas la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y la Dirección General de Gestión Integral de Materias y Actividades Riesgosas y, una vez localizada, deberá entregarla a la solicitante.
El 6 de agosto del año pasado, en Sonora, un derrame de 40 mil metros cúbicos, de una solución acidulada de cobre, alcanzó el arroyo Tinajas, el Río Bacanuchi y el Río Sonora, que derivó en la afectación de una zona de aproximadamente 276 kilómetros, así como el cierre de 322 pozos y norias a 500 metros de los márgenes del río.
Producto de ese desastre se creó el Fideicomiso Río Sonora con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México (Buenavista del Cobre, SA de CV y Operadora de Minas, SA de CV), mismo que es administrado por Nacional Financiera y cuyo Comité Técnico es presidido por la Semarnat.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
