MÉXICO, D.F: Un video del enfrentamiento del pasado viernes en Michoacán, el cual dejó 43 muertos, circula en las redes sociales.
En la grabación, supuestamente realizada por un policía federal, se escuchan disparos y se observan los momentos en que los efectivos policiacos reciben instrucciones.
Incluso se escucha que uno de los agentes advierte a sus compañeros: “¡Al tiro, están disparando para acá!”.
El enfrentamiento tuvo lugar en el rancho El Sol, perteneciente al municipio de Ecuandureo, específicamente en el kilómetro 371 de la carretera Ecuandureo-Tanhuato.
La balacera dejó 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante este choque entre presuntos narcotraficantes y fuerzas federales, murió un elemento de la Policía Federal.
VÍDEO:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
domingo, 24 de mayo de 2015
Las únicas razones para anular
MÉXICO, D.F: Las causales de nulidad de una elección están clara y explícitamente establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellas, la única vinculada al origen de los recursos es recibir o utilizar “recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”, lo cual no incluye el rebase de los máximos de financiamiento privado o el límite anual de donativos por persona, como infieren quienes pretenden establecer el tope de gastos de campaña de los candidatos independientes en el doble de su financiamiento público.
El tope de gastos de una determinada elección es el establecido por la autoridad electoral, y es el mismo para todos los candidatos participantes, pues el principio que lleva a su establecimiento es garantizar la equidad en la contienda. Por esto, fijar límites diferenciados para los distintos candidatos sería una aberración, toda vez que se garantizaría justo lo contrario: inequidad.
Hay quienes alegan que Jaime Rodríguez El Bronco, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, sólo puede gastar 766 mil 657 pesos en su proselitismo porque es poco menos del doble del financiamiento público que le autorizaron. Esos detractores ignoran que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (LEENL) contemplan el autofinanciamiento como una modalidad distinta a las aportaciones de militantes y simpatizantes.
La LGPP no especifica qué entiende por autofinanciamiento pero lo incluye dentro del capítulo II, “Del Financiamiento Privado”, por lo que podría argumentarse que se debe contabilizar dentro de dicho criterio general. No obstante, la LEENL sí explica claramente qué comprende el autofinanciamiento. Esta ley abarca además ciertas disposiciones de las que se deduce que el autofinanciamiento no se incluye dentro del financiamiento privado.
El inciso “c” del párrafo II (que se refiere a los tipos de ingresos que reciben los partidos políticos fuera del erario) del artículo 45 de la LEENL marca que esta modalidad “se integra por los ingresos obtenidos de la organización de actividades con fines promocionales, tales como congresos, conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos de tipo cultural o académico, ventas editoriales, venta de bienes y de propaganda utilitaria, así como cualquiera otra similar que se realice con el fin de reunir fondos”.
Y el párrafo IV del artículo 217 señala que, entre las prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados, se encuentran éstas: “Obtener financiamiento privado y autofinanciamiento para la etapa de la obtención de respaldo ciudadano, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido político de reciente registro ni provenir de fuentes de financiamiento ilícito”.
La disposición merece dos reflexiones: una, esta norma diferencia el autofinanciamiento del financiamiento privado, pues de lo contrario no hay razón para enunciarlos separadamente; y dos, en toda la legislación estatal no existe un límite al autofinanciamiento y ni siquiera al financiamiento privado en su conjunto. De hecho, Nuevo León es una de las entidades que no señalan explícitamente que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Los únicos límites establecidos son a las aportaciones de los precandidatos, candidatos y simpatizantes, que es 10% del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador.
Pero suponiendo que el autofinanciamiento se considere dentro del financiamiento privado y que el monto total del mismo no debe rebasar el financiamiento público que recibirá el candidato independiente, como interpreta la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), superar los límites establecidos para las aportaciones por partido político y el límite anual por persona establecido en el acuerdo CEE/CG/08/2015, del 1 de febrero de este año, conduce a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 351 de la LEEGNL, que van desde el apercibimiento y la amonestación hasta la eventual cancelación del registro como partido político.
El artículo 353 de la misma legislación todavía es más explícito al respecto: “Al partido político que infrinja las disposiciones de esta Ley sobre restricciones para recibir aportaciones de financiamiento que no provengan del erario, se le sancionará con multa de hasta el doble del monto recibido indebidamente. Si reincide en la falta, el monto de la multa será aumentada hasta en dos tantos más”. Así, no hay lugar a dudas de cuál sería la sanción: multa, pero no nulidad de la elección, salvo que el dinero fuera de procedencia ilícita o recursos públicos.
En contraparte, se presume que la violación a los topes de gastos de campaña por más de 5% sí sería determinante para el resultado de la elección “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”. Ello, por tanto, conduciría a la nulidad de la elección.
Infringir las restricciones al financiamiento privado, siempre que no provenga de actividades ilícitas o de recursos públicos, no reviste la misma gravedad, y por ello la legislación federal y la estatal no contemplan que esta falta pueda conducir a la nulidad de la elección. En el peor de los casos podría llevar a la pérdida del registro de un partido político, “lo cual sólo podrá decretarse cuando el partido político reincida en violaciones graves a la presente ley”.
El término destacado es definido en el artículo 353 de la LEENL: “La repetición de una conducta contraria a las disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral o de esta Ley, cuando sea realizada por exactamente la misma asociación política, partido, coalición o persona física, así como que se encuentre previamente determinada, probada y sancionada, y que haya causado ejecutoria ante autoridad correspondiente”.
Por lo tanto, Jaime Rodríguez, candidato independiente a gobernador de Nuevo León, pondría en riesgo la elección si excede en 5% el gasto de campaña establecido (49 millones 929 mil 949 pesos); si rebasa el tope consignado en el acuerdo CEE/CG/08/2014, del 30 de octubre de 2014; si compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o si recibe o utiliza recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Si viola las restricciones al financiamiento privado se hará acreedor a multas que pueden alcanzar un monto hasta del doble de la cantidad con la que se haya excedido, pero no se le anulará la elección y, por lo tanto, de resultar ganador se le tendría que respetar su triunfo, tal como sucedió en su momento con Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, en el año 2000.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
El tope de gastos de una determinada elección es el establecido por la autoridad electoral, y es el mismo para todos los candidatos participantes, pues el principio que lleva a su establecimiento es garantizar la equidad en la contienda. Por esto, fijar límites diferenciados para los distintos candidatos sería una aberración, toda vez que se garantizaría justo lo contrario: inequidad.
Hay quienes alegan que Jaime Rodríguez El Bronco, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, sólo puede gastar 766 mil 657 pesos en su proselitismo porque es poco menos del doble del financiamiento público que le autorizaron. Esos detractores ignoran que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (LEENL) contemplan el autofinanciamiento como una modalidad distinta a las aportaciones de militantes y simpatizantes.
La LGPP no especifica qué entiende por autofinanciamiento pero lo incluye dentro del capítulo II, “Del Financiamiento Privado”, por lo que podría argumentarse que se debe contabilizar dentro de dicho criterio general. No obstante, la LEENL sí explica claramente qué comprende el autofinanciamiento. Esta ley abarca además ciertas disposiciones de las que se deduce que el autofinanciamiento no se incluye dentro del financiamiento privado.
El inciso “c” del párrafo II (que se refiere a los tipos de ingresos que reciben los partidos políticos fuera del erario) del artículo 45 de la LEENL marca que esta modalidad “se integra por los ingresos obtenidos de la organización de actividades con fines promocionales, tales como congresos, conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos de tipo cultural o académico, ventas editoriales, venta de bienes y de propaganda utilitaria, así como cualquiera otra similar que se realice con el fin de reunir fondos”.
Y el párrafo IV del artículo 217 señala que, entre las prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados, se encuentran éstas: “Obtener financiamiento privado y autofinanciamiento para la etapa de la obtención de respaldo ciudadano, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido político de reciente registro ni provenir de fuentes de financiamiento ilícito”.
La disposición merece dos reflexiones: una, esta norma diferencia el autofinanciamiento del financiamiento privado, pues de lo contrario no hay razón para enunciarlos separadamente; y dos, en toda la legislación estatal no existe un límite al autofinanciamiento y ni siquiera al financiamiento privado en su conjunto. De hecho, Nuevo León es una de las entidades que no señalan explícitamente que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Los únicos límites establecidos son a las aportaciones de los precandidatos, candidatos y simpatizantes, que es 10% del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador.
Pero suponiendo que el autofinanciamiento se considere dentro del financiamiento privado y que el monto total del mismo no debe rebasar el financiamiento público que recibirá el candidato independiente, como interpreta la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), superar los límites establecidos para las aportaciones por partido político y el límite anual por persona establecido en el acuerdo CEE/CG/08/2015, del 1 de febrero de este año, conduce a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 351 de la LEEGNL, que van desde el apercibimiento y la amonestación hasta la eventual cancelación del registro como partido político.
El artículo 353 de la misma legislación todavía es más explícito al respecto: “Al partido político que infrinja las disposiciones de esta Ley sobre restricciones para recibir aportaciones de financiamiento que no provengan del erario, se le sancionará con multa de hasta el doble del monto recibido indebidamente. Si reincide en la falta, el monto de la multa será aumentada hasta en dos tantos más”. Así, no hay lugar a dudas de cuál sería la sanción: multa, pero no nulidad de la elección, salvo que el dinero fuera de procedencia ilícita o recursos públicos.
En contraparte, se presume que la violación a los topes de gastos de campaña por más de 5% sí sería determinante para el resultado de la elección “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”. Ello, por tanto, conduciría a la nulidad de la elección.
Infringir las restricciones al financiamiento privado, siempre que no provenga de actividades ilícitas o de recursos públicos, no reviste la misma gravedad, y por ello la legislación federal y la estatal no contemplan que esta falta pueda conducir a la nulidad de la elección. En el peor de los casos podría llevar a la pérdida del registro de un partido político, “lo cual sólo podrá decretarse cuando el partido político reincida en violaciones graves a la presente ley”.
El término destacado es definido en el artículo 353 de la LEENL: “La repetición de una conducta contraria a las disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral o de esta Ley, cuando sea realizada por exactamente la misma asociación política, partido, coalición o persona física, así como que se encuentre previamente determinada, probada y sancionada, y que haya causado ejecutoria ante autoridad correspondiente”.
Por lo tanto, Jaime Rodríguez, candidato independiente a gobernador de Nuevo León, pondría en riesgo la elección si excede en 5% el gasto de campaña establecido (49 millones 929 mil 949 pesos); si rebasa el tope consignado en el acuerdo CEE/CG/08/2014, del 30 de octubre de 2014; si compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o si recibe o utiliza recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Si viola las restricciones al financiamiento privado se hará acreedor a multas que pueden alcanzar un monto hasta del doble de la cantidad con la que se haya excedido, pero no se le anulará la elección y, por lo tanto, de resultar ganador se le tendría que respetar su triunfo, tal como sucedió en su momento con Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, en el año 2000.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
“Nada más oía cómo zumbaban las balas”, dice policía que participó en el enfrentamiento de Michoacán
Habitantes de las poblaciones cercanas a el Rancho El Sol, localizado entre Ecuandureo y Tanhuato, Michoacán, desconocen qué fue lo que pasó y aseguran que nunca vieron a las personas que murieron en su interior.
El mayor enfrentamiento ocurrido hasta la fecha entre un grupo delictivo y cuerpos policiacos no cuenta con testigos que narren lo ocurrido, pues El Rancho El Sol se encuentra incrustado en un punto ciego de la autopista México-Guadalajara, mejor conocida como la carretera de Occidente.
La historia de dicho rancho y de sus dueños es incluso desconocida por autoridades y pobladores cercanos, y sobre lo que ocurría al interior sólo se sabe que por un tiempo se vendía alfalfa y otros cuentan que incluso ese terreno ya había sido incautado por las autoridades.
Es de resaltarse que las poblaciones mas cercanas están a cinco, 10 y 15 kilómetros y en ninguna de ellas se registró el ruido de los balazos, pese a que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas.
“Pues por estos lados no escuchamos ni los silbidos de los balazos, acá estuvo todo tranquilo nos enteremos por el movimiento que hubo en la tarde de los policías pero nada mas”, cuenta uno de los pobladores de Ecuandureo, la población más grande y cercana al lugar en el que murieron 43 personas.
El Rancho del Sol pertenece con sus 112 hectáreas a dos municipios: Tanhuato y Ecuandureo y los pobladores niegan conocer no solo el lugar, sino el tipo de actividades que se realizaban al interior del rancho, incluso aseguran que nunca vieron rondar a las personas que murieron en su interior.
“Mire aquí en Ecuandureo, somos una población en la que todos nos conocemos, en la cabecera municipal debemos de ser unas tres mil personas y cada que viene alguien por estos rumbos nos damos cuenta que son nuevos, esos del rancho nunca se pararon por estos lados y la verdad en donde está ubicado es difícil acceder a pie, pues se trata de la autopista federal”, detalló Jesús Infante, presidente municipal de ese municipio.
El Rancho está en medio de la nada, pero colocado justo en un punto estratégico del kilómetro 370 de la carretera de cuota México-Guadalajara, cuando se pasa por este punto sólo ve que se trata de un terreno más y pese a que se ve desde la carretera, la arboleda que tiene en su interior impide ver las dos construcciones que hay en su interior.
Recorriendo los distintos poblados, la gente asegura que quienes estaban en el rancho no eran personas de su comunidad, “por acá nunca se pararon ni a comprar tortillas o comida nunca los vimos, así como estamos platicando con usted, que es extraño, ellos también los hubieramos visto” explica una señora del poblado de Ecuandureo.
Es así que el mayor enfrentamiento se desarrolló en medio de un punto ciego para los pobladores e incluso para las autoridades municipales.
Por la madrugada de este sábado hubo necesidad de contar con seis camioetas para poder sacar los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes muertos, mismos que fueron llevados al Servicio Médico Forense de Morelia.
De hecho, al mediodía del sábado comenzó la entrega de cuerpos a los familiares que pudieran presentarse.
En tanto, al interior del rancho se siguen realizando investigaciones, peritajes y cada dos horas los cuerpos policíacos intentan hacer un “barrido de las 112 hectáreas” para encontrar mas elementos de las actividades que se realizaban al interior.
También durante la madrugada fueron retirados los ocho vehículos que fueron calcinados, que daban detalle del tamaño de batalla que hubo al interior, y que de acuerdo a los policías que custodían el rancho quedaron calcinados producto de la explosión de granadas.
Los rastros del enfrentamiento
Al interior del rancho y desde la distancia se puede observar que la policía colocó las marcas del lugar en el que los cuerpos quedaron esparcidos en los campos de alfalfa, en algunas zanjas y en una casa y bodega que hay al interior.
Incluso, en una de las rejas que está en uno de los costados del rancho se puede observar cómo uno de los presuntos delincuentes trató de huir dejando un rastro de sangre al interior y exterior del predio.
Al recorrer gran parte de las 112 hectáreas que tiene este rancho, se pueden observar los terrenos áridos que lo rodean y cómo es que en su interior había campos cuidados de alfalfa.
A las afueras del terreno sólo se pueden observar pequeños rastros del enfrentamiento y tan solo restos de cartuchos percutidos que aún no han sido localizados por las autoridades.
La tarde de este sábado se logró ver a la distancia que el incendio de la bodega retomó vida hasta que fue controlado por los cuerpos policiacos que resguardan la zona.
Aún buscan armas, cuerpos o presuntos criminales
Durante el recorrido, uno de los oficiales que resguardan el lugar y que fue testigo de los acontecimientos, reveló el miedo que sintió al enfrentar al grupo armado, pese a que solamente iba de apoyo.
En uno de los accesos —ubicado al oriente de la propiedad y por el que presumen, era la entrada y salida de los civiles armados para no ser detectados por las autoridades– el oficial explicó que durante la agresión la adrenalina de los policías sube considerablemente y lo único en lo que piensan es protegerse.
“Está cabrón. Yo nada más oía cómo zumbaban las balas y lo malo es que nosotros llegamos cuando estaba todavía la balacera”, expresó el elemento, quién detalló que los presuntos criminales estaban parapetados al interior de la casa, localizada al sur de la propiedad, y de la bodega, ubicada al sur-poniente.
Por la tarde arribaron al menos cuatro vehículos con personal militar hasta el Rancho del Sol, el cual, la mayor parte del tiempo, estuvo vigilado por elementos de la Fuerza Ciudadana (estatal).
Otro policía del mismo acceso, construido con malla ciclónica, explicó las acciones que en ese momento se realizaban al interior del rancho.
Armado con un fusil AR-15, un arma corta y su chaleco antibalas, el oficial aclaró, que la orden que tenían de sus superiores era que nadie entrara al predio, ya que “lo que hay ahí adentro es prácticamente pura basura”.
“Hemos estado peinando la zona porque todavía nos encontramos armas, casquillos, cargadores, porque lo importante es que si nos encontramos un arma, imagínese, alguien más se la puede encontrar. Ahí adentro hubo detonaciones de granadas en las camionetas, entonces no podemos dejar nada”, dijo.
“Igual, andamos peinando el área por si encontramos incluso hasta un cuerpo o a lo mejor alguna otra persona salió huyendo y por ahí anda, entonces, pues no podemos dejar entrara a nadie y es por eso que estamos resguardando el lugar”, agregó.
En la puerta principal, se aprecia una cámara de vigilancia donde se postraron tres patrullas para controlar el acceso a la propiedad. En tanto, al interior, permanecían los patrullajes en vehículos oficiales y otros automóviles particulares, que recorrían los caminos de terracería.
Afuera, sobre la carreta federal, convoyes del Ejército Mexicano, de la Marina Armada y de la Policía Federal, circulaban sobre el tramo Ecuandureo-Tanhuato, sin que pareciera que formaban parte del grupo de seguridad que resguardaba el lugar.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.
El mayor enfrentamiento ocurrido hasta la fecha entre un grupo delictivo y cuerpos policiacos no cuenta con testigos que narren lo ocurrido, pues El Rancho El Sol se encuentra incrustado en un punto ciego de la autopista México-Guadalajara, mejor conocida como la carretera de Occidente.
La historia de dicho rancho y de sus dueños es incluso desconocida por autoridades y pobladores cercanos, y sobre lo que ocurría al interior sólo se sabe que por un tiempo se vendía alfalfa y otros cuentan que incluso ese terreno ya había sido incautado por las autoridades.
Es de resaltarse que las poblaciones mas cercanas están a cinco, 10 y 15 kilómetros y en ninguna de ellas se registró el ruido de los balazos, pese a que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas.
“Pues por estos lados no escuchamos ni los silbidos de los balazos, acá estuvo todo tranquilo nos enteremos por el movimiento que hubo en la tarde de los policías pero nada mas”, cuenta uno de los pobladores de Ecuandureo, la población más grande y cercana al lugar en el que murieron 43 personas.
El Rancho del Sol pertenece con sus 112 hectáreas a dos municipios: Tanhuato y Ecuandureo y los pobladores niegan conocer no solo el lugar, sino el tipo de actividades que se realizaban al interior del rancho, incluso aseguran que nunca vieron rondar a las personas que murieron en su interior.
“Mire aquí en Ecuandureo, somos una población en la que todos nos conocemos, en la cabecera municipal debemos de ser unas tres mil personas y cada que viene alguien por estos rumbos nos damos cuenta que son nuevos, esos del rancho nunca se pararon por estos lados y la verdad en donde está ubicado es difícil acceder a pie, pues se trata de la autopista federal”, detalló Jesús Infante, presidente municipal de ese municipio.
El Rancho está en medio de la nada, pero colocado justo en un punto estratégico del kilómetro 370 de la carretera de cuota México-Guadalajara, cuando se pasa por este punto sólo ve que se trata de un terreno más y pese a que se ve desde la carretera, la arboleda que tiene en su interior impide ver las dos construcciones que hay en su interior.
Recorriendo los distintos poblados, la gente asegura que quienes estaban en el rancho no eran personas de su comunidad, “por acá nunca se pararon ni a comprar tortillas o comida nunca los vimos, así como estamos platicando con usted, que es extraño, ellos también los hubieramos visto” explica una señora del poblado de Ecuandureo.
Es así que el mayor enfrentamiento se desarrolló en medio de un punto ciego para los pobladores e incluso para las autoridades municipales.
Por la madrugada de este sábado hubo necesidad de contar con seis camioetas para poder sacar los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes muertos, mismos que fueron llevados al Servicio Médico Forense de Morelia.
De hecho, al mediodía del sábado comenzó la entrega de cuerpos a los familiares que pudieran presentarse.
En tanto, al interior del rancho se siguen realizando investigaciones, peritajes y cada dos horas los cuerpos policíacos intentan hacer un “barrido de las 112 hectáreas” para encontrar mas elementos de las actividades que se realizaban al interior.
También durante la madrugada fueron retirados los ocho vehículos que fueron calcinados, que daban detalle del tamaño de batalla que hubo al interior, y que de acuerdo a los policías que custodían el rancho quedaron calcinados producto de la explosión de granadas.
Los rastros del enfrentamiento
Al interior del rancho y desde la distancia se puede observar que la policía colocó las marcas del lugar en el que los cuerpos quedaron esparcidos en los campos de alfalfa, en algunas zanjas y en una casa y bodega que hay al interior.
Incluso, en una de las rejas que está en uno de los costados del rancho se puede observar cómo uno de los presuntos delincuentes trató de huir dejando un rastro de sangre al interior y exterior del predio.
Al recorrer gran parte de las 112 hectáreas que tiene este rancho, se pueden observar los terrenos áridos que lo rodean y cómo es que en su interior había campos cuidados de alfalfa.
A las afueras del terreno sólo se pueden observar pequeños rastros del enfrentamiento y tan solo restos de cartuchos percutidos que aún no han sido localizados por las autoridades.
La tarde de este sábado se logró ver a la distancia que el incendio de la bodega retomó vida hasta que fue controlado por los cuerpos policiacos que resguardan la zona.
Aún buscan armas, cuerpos o presuntos criminales
Durante el recorrido, uno de los oficiales que resguardan el lugar y que fue testigo de los acontecimientos, reveló el miedo que sintió al enfrentar al grupo armado, pese a que solamente iba de apoyo.
En uno de los accesos —ubicado al oriente de la propiedad y por el que presumen, era la entrada y salida de los civiles armados para no ser detectados por las autoridades– el oficial explicó que durante la agresión la adrenalina de los policías sube considerablemente y lo único en lo que piensan es protegerse.
“Está cabrón. Yo nada más oía cómo zumbaban las balas y lo malo es que nosotros llegamos cuando estaba todavía la balacera”, expresó el elemento, quién detalló que los presuntos criminales estaban parapetados al interior de la casa, localizada al sur de la propiedad, y de la bodega, ubicada al sur-poniente.
Por la tarde arribaron al menos cuatro vehículos con personal militar hasta el Rancho del Sol, el cual, la mayor parte del tiempo, estuvo vigilado por elementos de la Fuerza Ciudadana (estatal).
Otro policía del mismo acceso, construido con malla ciclónica, explicó las acciones que en ese momento se realizaban al interior del rancho.
Armado con un fusil AR-15, un arma corta y su chaleco antibalas, el oficial aclaró, que la orden que tenían de sus superiores era que nadie entrara al predio, ya que “lo que hay ahí adentro es prácticamente pura basura”.
“Hemos estado peinando la zona porque todavía nos encontramos armas, casquillos, cargadores, porque lo importante es que si nos encontramos un arma, imagínese, alguien más se la puede encontrar. Ahí adentro hubo detonaciones de granadas en las camionetas, entonces no podemos dejar nada”, dijo.
“Igual, andamos peinando el área por si encontramos incluso hasta un cuerpo o a lo mejor alguna otra persona salió huyendo y por ahí anda, entonces, pues no podemos dejar entrara a nadie y es por eso que estamos resguardando el lugar”, agregó.
En la puerta principal, se aprecia una cámara de vigilancia donde se postraron tres patrullas para controlar el acceso a la propiedad. En tanto, al interior, permanecían los patrullajes en vehículos oficiales y otros automóviles particulares, que recorrían los caminos de terracería.
Afuera, sobre la carreta federal, convoyes del Ejército Mexicano, de la Marina Armada y de la Policía Federal, circulaban sobre el tramo Ecuandureo-Tanhuato, sin que pareciera que formaban parte del grupo de seguridad que resguardaba el lugar.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.
Por qué desaparecen personas en uno de los lugares más vigilados de México
Habitantes de Chilapa, en Guerrero, denuncian casos de desaparición de personas, los cuales presuntamente ocurrieron entre el 9 y el 14 de mayo pasado.
La ciudad es vigilada por cientos de soldados, policías federales, del estado y el municipio. Pero de sus calles desaparecieron decenas de personas.
De ninguna se sabe nada. Los que sí han aparecido, a pesar de la estricta vigilancia, son cuerpos desmembrados o decapitados.
Es Chilapa, un municipio al pie de la montaña de Guerrero, en el sur de México.
Organizaciones civiles dicen que desde julio de 2014 han sido asesinadas más de cien personas en la localidad.
A otras las secuestraron grupos armados. El caso más reciente ocurrió entre el 9 y el 14 de mayo cuando supuestos policías comunitarios tomaron el control de la cabecera municipal.
Al marcharse se llevaron a varias personas. El número no está claro.
Lea también: México: investigan nuevas desapariciones en Guerrero
Familiares de las víctimas dicen que son 30, pero Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal, asegura que las denuncias se refieren a 16 personas.
El Comisionado Nacional Antisecuestro, Renato Sales, dice que no se trata de plagios para obtener dinero.
“No tenemos hasta el momento la notificación de que hayan solicitado algún rescate”, indicó a medios locales.
Más violencia
Desde el año pasado Chilapa vive una intensa violencia que no se detuvo ni con la presencia de policías federales y el ejército, subraya Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
En Guerrero, el Gobierno Federal aplica una estrategia especial de seguridad, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre.
Lea: Iguala, la tragedia del “cementerio” que alberga a cientos de desaparecidos
Pero la violencia en algunas regiones no cesa, como ocurre en Chilapa.
“Lo más preocupante es que estando la Gendarmería Nacional, las Fuerzas Especiales de la policía estatal y el Ejército, en el municipio seguía habiendo secuestros y muchos asesinados”, dice Olivares a BBC Mundo.
“Cuando sucede lo de Iguala, el gobierno debió poner más atención a la forma como se incrementa la guerra por el control de la plaza en el municipio”.
No ocurrió, insiste el activista. El 1 de mayo fue asesinado un candidato a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.
Una semana después aparecieron tres cuerpos en un auto incendiado, y después aparecieron 200 civiles armados en la cabecera de Chilapa.
Ellos se llevaron a los ahora desaparecidos.
Rojos vs Ardillos
El fondo del problema es que Chilapa se encuentra en medio de una cruenta disputa entre las bandas de Los Rojos y Los Ardillos.
Son dos grupos que pretenden controlar el narcotráfico en la zona, uno de los sitios con mayor producción de heroína del país.
El municipio está en medio de esa guerra, reconoce el alcalde Francisco Javier García.
“Chilapa es la puerta de la montaña, en la parte alta de esta zona se siembra marihuana y amapola”, señala.
“Y Chilapa es el paso obligado para sacar esos enervantes a otras zonas del país”.
El grupo de civiles armados que llegó el 9 de mayo a la cabecera municipal pretendía deshacerse de sus rivales, reconoce el alcalde.
“Vinieron a hacer limpieza de otro grupo delictivo y levantaron (secuestraron), presuntamente, a los halcones (espías) de Los Rojos”.
Lea también: seis meses de Ayotzinapa: la lucha contra el olvido de los estudiantes desaparecidos en México
Pero familiares de los desaparecidos no están de acuerdo con la versión.
Entre las víctimas se encuentran estudiantes, taxistas, albañiles, activistas de derechos humanos y vendedores de fruta y carne.
Sus familias dicen que no están vinculados a la delincuencia. El alcalde reconoce que fueron secuestrados “al azar”.
“Es complejo”
El activista Manuel Olivares insiste en que el gobierno federal debe establecer quiénes se llevaron a los desaparecidos.
También debe aclarar por qué no se ha frenado la violencia a pesar del despliegue de soldados y policías.
El comisionado Galindo dice que se investigarán todos los hechos, incluso los que ocurrieron el año pasado.
Por lo pronto al municipio llegaron más elementos de la Gendarmería Nacional y agentes del Ministerio Público, con la orden de buscar a los secuestrados.
“El conflicto es complejo, difícil el contexto de ahí, tiene que ver con supuestas policías comunitarias que se están investigando”, reconoce el jefe de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO NÁJAR.
La ciudad es vigilada por cientos de soldados, policías federales, del estado y el municipio. Pero de sus calles desaparecieron decenas de personas.
De ninguna se sabe nada. Los que sí han aparecido, a pesar de la estricta vigilancia, son cuerpos desmembrados o decapitados.
Es Chilapa, un municipio al pie de la montaña de Guerrero, en el sur de México.
Organizaciones civiles dicen que desde julio de 2014 han sido asesinadas más de cien personas en la localidad.
A otras las secuestraron grupos armados. El caso más reciente ocurrió entre el 9 y el 14 de mayo cuando supuestos policías comunitarios tomaron el control de la cabecera municipal.
Al marcharse se llevaron a varias personas. El número no está claro.
Lea también: México: investigan nuevas desapariciones en Guerrero
Familiares de las víctimas dicen que son 30, pero Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal, asegura que las denuncias se refieren a 16 personas.
El Comisionado Nacional Antisecuestro, Renato Sales, dice que no se trata de plagios para obtener dinero.
“No tenemos hasta el momento la notificación de que hayan solicitado algún rescate”, indicó a medios locales.
Más violencia
Desde el año pasado Chilapa vive una intensa violencia que no se detuvo ni con la presencia de policías federales y el ejército, subraya Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
En Guerrero, el Gobierno Federal aplica una estrategia especial de seguridad, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre.
Lea: Iguala, la tragedia del “cementerio” que alberga a cientos de desaparecidos
Pero la violencia en algunas regiones no cesa, como ocurre en Chilapa.
“Lo más preocupante es que estando la Gendarmería Nacional, las Fuerzas Especiales de la policía estatal y el Ejército, en el municipio seguía habiendo secuestros y muchos asesinados”, dice Olivares a BBC Mundo.
“Cuando sucede lo de Iguala, el gobierno debió poner más atención a la forma como se incrementa la guerra por el control de la plaza en el municipio”.
No ocurrió, insiste el activista. El 1 de mayo fue asesinado un candidato a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.
Una semana después aparecieron tres cuerpos en un auto incendiado, y después aparecieron 200 civiles armados en la cabecera de Chilapa.
Ellos se llevaron a los ahora desaparecidos.
Rojos vs Ardillos
El fondo del problema es que Chilapa se encuentra en medio de una cruenta disputa entre las bandas de Los Rojos y Los Ardillos.
Son dos grupos que pretenden controlar el narcotráfico en la zona, uno de los sitios con mayor producción de heroína del país.
El municipio está en medio de esa guerra, reconoce el alcalde Francisco Javier García.
“Chilapa es la puerta de la montaña, en la parte alta de esta zona se siembra marihuana y amapola”, señala.
“Y Chilapa es el paso obligado para sacar esos enervantes a otras zonas del país”.
El grupo de civiles armados que llegó el 9 de mayo a la cabecera municipal pretendía deshacerse de sus rivales, reconoce el alcalde.
“Vinieron a hacer limpieza de otro grupo delictivo y levantaron (secuestraron), presuntamente, a los halcones (espías) de Los Rojos”.
Lea también: seis meses de Ayotzinapa: la lucha contra el olvido de los estudiantes desaparecidos en México
Pero familiares de los desaparecidos no están de acuerdo con la versión.
Entre las víctimas se encuentran estudiantes, taxistas, albañiles, activistas de derechos humanos y vendedores de fruta y carne.
Sus familias dicen que no están vinculados a la delincuencia. El alcalde reconoce que fueron secuestrados “al azar”.
“Es complejo”
El activista Manuel Olivares insiste en que el gobierno federal debe establecer quiénes se llevaron a los desaparecidos.
También debe aclarar por qué no se ha frenado la violencia a pesar del despliegue de soldados y policías.
El comisionado Galindo dice que se investigarán todos los hechos, incluso los que ocurrieron el año pasado.
Por lo pronto al municipio llegaron más elementos de la Gendarmería Nacional y agentes del Ministerio Público, con la orden de buscar a los secuestrados.
“El conflicto es complejo, difícil el contexto de ahí, tiene que ver con supuestas policías comunitarias que se están investigando”, reconoce el jefe de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO NÁJAR.
Detienen a supuesto empresario con 5 mdp en efectivo en aeropuerto de Toluca
MÉXICO, D.F: Un sujeto que llegó en un vuelo privado de Jalapa, Veracruz, al aeropuerto de Toluca, Estado de México con cinco millones de pesos en efectivo, fue detenido por elementos de la Policía Federal (PF).
La PF informó que el sospechoso, identificado como Mariano “N”, de 43 años, dijo a las autoridades que era un empresario del ramo azucarero y que el dinero era producto de una venta del endulzante.
No obstante, el supuesto empresario no pudo comprobar la procedencia del dinero ni presentó algún documento que avalara su origen lícito, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Según la información, elementos federales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las plataformas del Aeropuerto Internacional de Toluca de Lerdo.
La noche del sábado detectaron el arribo de un avión particular del que no se proporcionó la matrícula, por lo que se procedió a realizar una revisión a la tripulación y al pasajero que llegó en el vuelo.
En la cabina de la aeronave se detectó una maleta con dinero en efectivo, que al ser contado arrojó la cantidad total de cinco millones de pesos en billetes de diversas denominaciones.
Los elementos de la Policía Federal procedieron a leerle al sospechoso el contenido de la Cartilla de Derechos para Personas en Detención, para trasladarlo junto con el dinero a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para el inicio de las investigaciones correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La PF informó que el sospechoso, identificado como Mariano “N”, de 43 años, dijo a las autoridades que era un empresario del ramo azucarero y que el dinero era producto de una venta del endulzante.
No obstante, el supuesto empresario no pudo comprobar la procedencia del dinero ni presentó algún documento que avalara su origen lícito, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Según la información, elementos federales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las plataformas del Aeropuerto Internacional de Toluca de Lerdo.
La noche del sábado detectaron el arribo de un avión particular del que no se proporcionó la matrícula, por lo que se procedió a realizar una revisión a la tripulación y al pasajero que llegó en el vuelo.
En la cabina de la aeronave se detectó una maleta con dinero en efectivo, que al ser contado arrojó la cantidad total de cinco millones de pesos en billetes de diversas denominaciones.
Los elementos de la Policía Federal procedieron a leerle al sospechoso el contenido de la Cartilla de Derechos para Personas en Detención, para trasladarlo junto con el dinero a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para el inicio de las investigaciones correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Familiares de desaparecidos en Chilapa culpan al gobernador y al presidente del Congreso
CHILAPA, Gro: Familiares de personas desaparecidas durante el sitio que instalaron civiles armados vinculados al grupo delictivo Los Ardillos, con el apoyo del Ejército y corporaciones policiacas, responsabilizaron de este crimen al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez.
“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y Casa Guerrero”, expresó el profesor José Díaz Navarro, quien reprochó la criminal indolencia gubernamental frente a este caso porque autoridades de los tres niveles permitieron operar impunemente al grupo delictivo que dirige la familia del representante del Poder Legislativo en la entidad.
Lo anterior durante una reunión entre familiares de desaparecidos y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Godínez Muñoz, realizada esta tarde en el tradicional restaurante Casa Pilla en el centro de la ciudad de Chilapa, donde el funcionario estatal anunció que van a citar a los comisarios que iban al frente del grupo armado para que declaren sobre este caso que vuelve a exhibir los presuntos nexos de autoridades y políticos con la delincuencia.
Godínez Muñoz dijo que abrieron una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 17 jóvenes del 9 al 14 de este mes, periodo donde más de 300 personas armadas tomaron el control de la cabecera municipal, instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron por la fuerza a una treintena de jóvenes frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
Los representantes del grupo armado procedentes de comunidades de Chilapa informaron que su objetivo era la captura del líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro, a quien responsabilizaron de la ola de violencia que ha dejado una estela de muerte y terror en este lugar de la región Centro donde grupos criminales se disputan a sangre y fuego las zonas de producción y trasiego de heroína.
Durante el encuentro con el fiscal, los familiares de las víctimas reprocharon la omisión de las autoridades que permitieron operar al grupo armado durante cinco días y anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para denunciar al gobierno mexicano por este hecho que fue comparado con el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por ello, exigieron resultados al fiscal para liberar a las víctimas que afirman, fueron retenidos por el grupo de Los Ardillos que dirige Celso Ortega Jiménez La vela, hermano del presidente del Congreso estatal.
En tono molesto, algunos de los familiares reprocharon la indiferencia de las autoridades frente a la ola de violencia que se vive en Chilapa, donde han registrado al menos cien homicidios y decenas de desaparecidos desde mediados del año pasado a la fecha.
También, responsabilizaron al gobernador Rogelio Ortega y al presidente del Congreso, Bernardo Ortega de la desaparición de personas durante los cinco días que el grupo armado asumió el control de la cabecera municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y Casa Guerrero”, expresó el profesor José Díaz Navarro, quien reprochó la criminal indolencia gubernamental frente a este caso porque autoridades de los tres niveles permitieron operar impunemente al grupo delictivo que dirige la familia del representante del Poder Legislativo en la entidad.
Lo anterior durante una reunión entre familiares de desaparecidos y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Godínez Muñoz, realizada esta tarde en el tradicional restaurante Casa Pilla en el centro de la ciudad de Chilapa, donde el funcionario estatal anunció que van a citar a los comisarios que iban al frente del grupo armado para que declaren sobre este caso que vuelve a exhibir los presuntos nexos de autoridades y políticos con la delincuencia.
Godínez Muñoz dijo que abrieron una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 17 jóvenes del 9 al 14 de este mes, periodo donde más de 300 personas armadas tomaron el control de la cabecera municipal, instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron por la fuerza a una treintena de jóvenes frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
Los representantes del grupo armado procedentes de comunidades de Chilapa informaron que su objetivo era la captura del líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro, a quien responsabilizaron de la ola de violencia que ha dejado una estela de muerte y terror en este lugar de la región Centro donde grupos criminales se disputan a sangre y fuego las zonas de producción y trasiego de heroína.
Durante el encuentro con el fiscal, los familiares de las víctimas reprocharon la omisión de las autoridades que permitieron operar al grupo armado durante cinco días y anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para denunciar al gobierno mexicano por este hecho que fue comparado con el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por ello, exigieron resultados al fiscal para liberar a las víctimas que afirman, fueron retenidos por el grupo de Los Ardillos que dirige Celso Ortega Jiménez La vela, hermano del presidente del Congreso estatal.
En tono molesto, algunos de los familiares reprocharon la indiferencia de las autoridades frente a la ola de violencia que se vive en Chilapa, donde han registrado al menos cien homicidios y decenas de desaparecidos desde mediados del año pasado a la fecha.
También, responsabilizaron al gobernador Rogelio Ortega y al presidente del Congreso, Bernardo Ortega de la desaparición de personas durante los cinco días que el grupo armado asumió el control de la cabecera municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Desmantelan en Reynosa red de narcoespionaje; vigilaban al Ejército
MÉXICO, D.F: Policías estatales de Fuerza Tamaulipas desmantelaron en Reynosa un sistema de narcoespionaje del crimen organizado que consistía en un circuito de cámaras instaladas en ese municipio.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que la red estaba conformada por 52 puntos fijos de alto impacto a través de 39 cámaras operadas vía Internet, con las cuales se vigilaban las acciones de las fuerzas estatales y federales de seguridad, así como de la sociedad civil.
El desmantelamiento fue realizado el lunes y martes pasados por elementos de Fuerza Tamaulipas, con el apoyo de militares que resguardaron la seguridad de los lugares donde los policías estatales retiraron los aparatos.
Durante el operativo para retirar los dispositivos, integrantes del grupo delincuencial que opera en ese municipio fronterizo, al percatarse del desmantelamiento, retiraron y desactivaron 18 cámaras de la red.
La mayoría de las cámaras fueron instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México.
Los 52 puntos de narcoespionaje desmantelados estaban ubicados frente a instalaciones de la Octava Zona Militar, Marina, PGR y Fuerza Tamaulipas, así como en la avenida Villa Dorada, bulevar Morelos, bulevar Luis Donaldo Colosio, bulevar Las Fuentes, en centros comerciales y fraccionamientos.
Las cámaras de video tienen capacidad para transmisión alámbrica e inalámbrica y el Internet lo obtenían a través de líneas telefónicas o servicio de Cablevisión. Cuentan además con módem, tarjeta de video, codificador de datos a video, cables alimentadores de corriente e instalación eléctrica.
En la colonia Las Fuentes, sección Aztlán, fueron hallados cinco puntos de “halconeo” con un tipo de dispositivo que puede operar simultáneamente hasta cinco cámaras cada punto.
Fuentes oficiales indican que el sistema de video pertenecía al Cártel del Golfo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que la red estaba conformada por 52 puntos fijos de alto impacto a través de 39 cámaras operadas vía Internet, con las cuales se vigilaban las acciones de las fuerzas estatales y federales de seguridad, así como de la sociedad civil.
El desmantelamiento fue realizado el lunes y martes pasados por elementos de Fuerza Tamaulipas, con el apoyo de militares que resguardaron la seguridad de los lugares donde los policías estatales retiraron los aparatos.
Durante el operativo para retirar los dispositivos, integrantes del grupo delincuencial que opera en ese municipio fronterizo, al percatarse del desmantelamiento, retiraron y desactivaron 18 cámaras de la red.
La mayoría de las cámaras fueron instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México.
Los 52 puntos de narcoespionaje desmantelados estaban ubicados frente a instalaciones de la Octava Zona Militar, Marina, PGR y Fuerza Tamaulipas, así como en la avenida Villa Dorada, bulevar Morelos, bulevar Luis Donaldo Colosio, bulevar Las Fuentes, en centros comerciales y fraccionamientos.
Las cámaras de video tienen capacidad para transmisión alámbrica e inalámbrica y el Internet lo obtenían a través de líneas telefónicas o servicio de Cablevisión. Cuentan además con módem, tarjeta de video, codificador de datos a video, cables alimentadores de corriente e instalación eléctrica.
En la colonia Las Fuentes, sección Aztlán, fueron hallados cinco puntos de “halconeo” con un tipo de dispositivo que puede operar simultáneamente hasta cinco cámaras cada punto.
Fuentes oficiales indican que el sistema de video pertenecía al Cártel del Golfo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Campaña de bots pide que ‘Desaparezcan a otros 43′
Alrededor de las 13 horas de este domingo 24 de mayo, inició una campaña de bots "pidiendo" que "Desaparezcan a otros 43." En menos de 40 minutos el # se convirtió en tendencia nacional.
En un fin de semana en donde ha dominado la información sobre distintas masacres ocurridas en México, se echó a andar una campaña de “bots”, que en pocos minutos posicionó como tendencia nacional un hashtag que pide que “Desaparezcan a otros 43″.
Trendinalia México, un servicio que mide tendencias en Twitter, aseguró que “1.378 cuentas y 2,803 tuits (2513 RTs), en 31 minutos…” convirtieron dicho hashtag en Tendencia nacional.
La campaña inició cuando supuestos usuarios de Twitter enviaron mensajes sin contenido y sólo con este mensaje provocador. El efecto inmediato fue que usuarios de redes sociales retomaran la frase para manifestar diversos ideas. La tendencia duró menos de dos horas posicionada. Algunos usuarios hicieron llamados a no usar o retuitear la frase.
Este fin de semana se han divulgado informaciones relevantes acerca de diversas masacres ocurridas en el país, como la del viernes 22 de mayo en Ecuandureo Michoacán, localidad cercana al municipio de Tanhuato. En redes sociales han circulado imágenes y comentarios que ponen en duda la versión oficial, acerca de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Aristegui Noticias y la revista Proceso han dado a conocer, de manera conjunta, la segunda parte de la investigación especial de la periodista Laura Castellanos, sobre la mascare ocurrida en Apatzingán, el pasado 6 de enero de 2015. En esa investigación se revela que participaron agentes federales y militares , según se desprende del “parte informativo y de la puesta a disposición” de la Causa Penal correspondiente del fuero federal, citada en la investigación.
La revista Proceso, también publicó en su edición de este fin de semana otra investigación especial sobre lo ocurrido en Villa Purificación, Jalisco, lugar en el que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribaron un helicóptero Cougar del ejército mexicano. El reportaje de los periodistas Alberto Osorio M. y Felipe Cobián, señala que 43 cuerpos fueron enviados por los peritos del Servicio Médico Forense al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aún no han sido identificados los cadáveres, reporta el semanario. En la misma edición, se publica un reportaje especial de la periodista Marcela Turati sobre la matanza ocurrida en agosto de 2010. El reportaje señala que : “La versión del gobierno mexicano sobre la masacre de San Fernando no resiste la prueba de las indagaciones independientes”.
También circula, este fin de semana, el editorial de la periodista Laura Castellanos titulado “Un país de masacres”, publicado en este sitio de noticias.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En un fin de semana en donde ha dominado la información sobre distintas masacres ocurridas en México, se echó a andar una campaña de “bots”, que en pocos minutos posicionó como tendencia nacional un hashtag que pide que “Desaparezcan a otros 43″.
Trendinalia México, un servicio que mide tendencias en Twitter, aseguró que “1.378 cuentas y 2,803 tuits (2513 RTs), en 31 minutos…” convirtieron dicho hashtag en Tendencia nacional.
La campaña inició cuando supuestos usuarios de Twitter enviaron mensajes sin contenido y sólo con este mensaje provocador. El efecto inmediato fue que usuarios de redes sociales retomaran la frase para manifestar diversos ideas. La tendencia duró menos de dos horas posicionada. Algunos usuarios hicieron llamados a no usar o retuitear la frase.
Este fin de semana se han divulgado informaciones relevantes acerca de diversas masacres ocurridas en el país, como la del viernes 22 de mayo en Ecuandureo Michoacán, localidad cercana al municipio de Tanhuato. En redes sociales han circulado imágenes y comentarios que ponen en duda la versión oficial, acerca de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Aristegui Noticias y la revista Proceso han dado a conocer, de manera conjunta, la segunda parte de la investigación especial de la periodista Laura Castellanos, sobre la mascare ocurrida en Apatzingán, el pasado 6 de enero de 2015. En esa investigación se revela que participaron agentes federales y militares , según se desprende del “parte informativo y de la puesta a disposición” de la Causa Penal correspondiente del fuero federal, citada en la investigación.
La revista Proceso, también publicó en su edición de este fin de semana otra investigación especial sobre lo ocurrido en Villa Purificación, Jalisco, lugar en el que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribaron un helicóptero Cougar del ejército mexicano. El reportaje de los periodistas Alberto Osorio M. y Felipe Cobián, señala que 43 cuerpos fueron enviados por los peritos del Servicio Médico Forense al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aún no han sido identificados los cadáveres, reporta el semanario. En la misma edición, se publica un reportaje especial de la periodista Marcela Turati sobre la matanza ocurrida en agosto de 2010. El reportaje señala que : “La versión del gobierno mexicano sobre la masacre de San Fernando no resiste la prueba de las indagaciones independientes”.
También circula, este fin de semana, el editorial de la periodista Laura Castellanos titulado “Un país de masacres”, publicado en este sitio de noticias.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Identifican a 28 muertos que dejó enfrentamiento en Michoacán
Morelia, Mich. Hasta esta tarde han sido identificados 28 de los 42 presuntos delincuentes que perecieron el viernes anterior en el rancho El Sol entre los límites de los municipios de Ecuandureo y Tanhuato al enfrentarse a fuerzas federales. Todos ellos son procedentes del estado de Jalisco.
Fuentes periciales de la Procuraduría estatal subrayaron que hasta ahora ninguno de los identificados es de Michoacán.
Desde el viernes en la mañana fuerzas federales y estatales mantienen vigilado y resguardado el rancho donde se dio el enfrentamiento, un predio de 112 hectáreas.
Los uniformados aún buscan armas y restos de la balacera que duró casi tres horas, según el comisionado nacional para la seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Desde las 15 horas las autoridades de la Procuraduría estatal comenzaron a entregar los primeros seis cuerpos identificados a los familiares, que llegaron a bordo de carrozas fúnebres y se negaron a emitir alguna declaración.
A decir de policías federales, es posible que el rancho era utilizado como casa de seguridad y no se descarta que los presuntos delincuentes hayan participado en los recientes hechos ocurridos en Jalisco, donde cuatro militares murieron al ser derribado el helicóptero en el que viajaban, además de que fueron incendiados vehículos e inmuebles.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
EPN, falla generalizada del sistema
MÉXICO, D.F: No hay registro en la historia contemporánea de un presidente de la República con tantos negativos como Enrique Peña Nieto, quien además ha traído consigo disensos fundamentales en la agenda nacional.
De acuerdo con varias encuestas de Parametría hechas a solicitud de tomadores de decisiones y a ejercicios de extrapolación, los temas clave de EPN están lejos de generar consensos en lo fundamental. Veamos.
Primero. El presidente Enrique Peña Nieto no deja de caer en los estados de ánimo de la opinión pública. En efecto, EPN a pesar de sus promocionales con cargo al erario y en plena violación al artículo 134 constitucional ha logrado que el 96 por ciento de los mexicanos hayan escuchado hablar de él.
De sus más bajos niveles en noviembre del año pasado con un 49 por ciento de opinión positiva y un 44 por ciento de opinión negativa dando una opinión efectiva de más 5. La opinión efectiva resulta de restarle a la opinión positiva la opinión negativa.
Hace un mes, en abril, la opinión positiva bajó del 49 por ciento al 44 por ciento y la opinión negativa creció del 44 al 49 por ciento, lo que significa que EPN sigue teniendo una opinión efectiva de 5, pero bajo cero, caso único en el país.
Difícilmente en el mundo democrático un gobernante hubiera podido mantenerse en el poder con ese nivel de desaprobación. Esto ha hecho que el propio presidente de la República se convierta en un pasivo para los candidatos a cargos de elección popular de su partido que preferirán verlo de lejos para evitar el contagio negativo que es de vida o muerte en una elección. Pero no sólo EPN va mal, sus principales programas de gobierno hacen agua por todos lados.
Segundo. Así, por ejemplo, a la pregunta sobre si el país va por el rumbo correcto, el 65 por ciento de los mexicanos afirma que no y sólo el 32 por ciento sostiene lo contrario. A la interrogante sobre si la economía del país ha mejorado en los últimos 12 meses, el 61 por ciento de los mexicanos dice que no y sólo el 16 por ciento afirma que sí.
A la pregunta sobre si cree que en los próximos 12 meses la economía del país mejorará, el 40 por ciento de los mexicanos dice que no y el 24 por ciento cree que sí. Sobre el programa de combate a la pobreza de EPN la gente tampoco tiene una buena impresión. A la pregunta sobre si los programas del gobierno federal han ayudado a reducir la pobreza o las cosas se mantienen igual, el 62 por ciento de los mexicanos no advierte ninguna mejora y el 35 por ciento dice que sí.
A la pregunta sobre si considera que el país es seguro, el 90 por ciento de los mexicanos cree que no y sólo el 10 por ciento afirmó lo contrario, lo que pone de relieve que la inseguridad no es un mito, sino una realidad. Y sobra decir que en política lo que se percibe es lo que es.
Tercero. Hay un tema que se ha debatido desde tiempo atrás: narco o violencia como si fueran plata o plomo en el lenguaje del crimen organizado. El hartazgo de la sociedad ha llegado a sus umbrales de tolerancia a lo largo y a lo ancho del país. La reciente y fallida incursión del ejército en la segunda ciudad más poblada del país, Guadalajara, sólo arrojó miedo, muertes, pérdidas económicas y ningún presunto responsable capturado.
A la pregunta sobre si considera que se debe combatir el narcotráfico aunque haya violencia o que se permita el narcotráfico y no haya violencia, el 47 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo en que haya narcotráfico pero que no haya violencia, el 40 por ciento opina lo contrario. El descrédito de las autoridades ha hecho mella en casi todos los rubros.
Por ejemplo, a la pregunta sobre si cree que si hubiera un acuerdo entre autoridades y partidos políticos la seguridad del país estaría mejor o igual, el 44 por ciento de los mexicanos cree que las cosas seguirían igual y el 40 por ciento considera que estaría mejor. Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, el 54 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno federal es el principal encargado de resolverlo, 22 por ciento el gobierno estatal y sólo el 16 por ciento el gobierno municipal.
Por lo que concierne a qué partido le afecta más el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el 27 por ciento considera que al PRI y el 26 por ciento piensa que al PRD. A la pregunta sobre si considera que está de acuerdo o no que se evalúe y certifique a las personas que ocupan un cargo público, el 78 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo y sólo el 9 por ciento se manifestó en contra.
Al preguntar si la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a combatir la corrupción, el 73 por ciento de los mexicanos dijo que no ayudará, sólo el 22 por ciento afirmó lo contrario. Como se puede advertir con los datos comentados a medio sexenio no hay nada que celebrar y sí mucho que reprochar a EPN y su grupo político, que no guardan forma alguna y se presentan como lo que son: los depredadores de las riquezas de la nación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
De acuerdo con varias encuestas de Parametría hechas a solicitud de tomadores de decisiones y a ejercicios de extrapolación, los temas clave de EPN están lejos de generar consensos en lo fundamental. Veamos.
Primero. El presidente Enrique Peña Nieto no deja de caer en los estados de ánimo de la opinión pública. En efecto, EPN a pesar de sus promocionales con cargo al erario y en plena violación al artículo 134 constitucional ha logrado que el 96 por ciento de los mexicanos hayan escuchado hablar de él.
De sus más bajos niveles en noviembre del año pasado con un 49 por ciento de opinión positiva y un 44 por ciento de opinión negativa dando una opinión efectiva de más 5. La opinión efectiva resulta de restarle a la opinión positiva la opinión negativa.
Hace un mes, en abril, la opinión positiva bajó del 49 por ciento al 44 por ciento y la opinión negativa creció del 44 al 49 por ciento, lo que significa que EPN sigue teniendo una opinión efectiva de 5, pero bajo cero, caso único en el país.
Difícilmente en el mundo democrático un gobernante hubiera podido mantenerse en el poder con ese nivel de desaprobación. Esto ha hecho que el propio presidente de la República se convierta en un pasivo para los candidatos a cargos de elección popular de su partido que preferirán verlo de lejos para evitar el contagio negativo que es de vida o muerte en una elección. Pero no sólo EPN va mal, sus principales programas de gobierno hacen agua por todos lados.
Segundo. Así, por ejemplo, a la pregunta sobre si el país va por el rumbo correcto, el 65 por ciento de los mexicanos afirma que no y sólo el 32 por ciento sostiene lo contrario. A la interrogante sobre si la economía del país ha mejorado en los últimos 12 meses, el 61 por ciento de los mexicanos dice que no y sólo el 16 por ciento afirma que sí.
A la pregunta sobre si cree que en los próximos 12 meses la economía del país mejorará, el 40 por ciento de los mexicanos dice que no y el 24 por ciento cree que sí. Sobre el programa de combate a la pobreza de EPN la gente tampoco tiene una buena impresión. A la pregunta sobre si los programas del gobierno federal han ayudado a reducir la pobreza o las cosas se mantienen igual, el 62 por ciento de los mexicanos no advierte ninguna mejora y el 35 por ciento dice que sí.
A la pregunta sobre si considera que el país es seguro, el 90 por ciento de los mexicanos cree que no y sólo el 10 por ciento afirmó lo contrario, lo que pone de relieve que la inseguridad no es un mito, sino una realidad. Y sobra decir que en política lo que se percibe es lo que es.
Tercero. Hay un tema que se ha debatido desde tiempo atrás: narco o violencia como si fueran plata o plomo en el lenguaje del crimen organizado. El hartazgo de la sociedad ha llegado a sus umbrales de tolerancia a lo largo y a lo ancho del país. La reciente y fallida incursión del ejército en la segunda ciudad más poblada del país, Guadalajara, sólo arrojó miedo, muertes, pérdidas económicas y ningún presunto responsable capturado.
A la pregunta sobre si considera que se debe combatir el narcotráfico aunque haya violencia o que se permita el narcotráfico y no haya violencia, el 47 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo en que haya narcotráfico pero que no haya violencia, el 40 por ciento opina lo contrario. El descrédito de las autoridades ha hecho mella en casi todos los rubros.
Por ejemplo, a la pregunta sobre si cree que si hubiera un acuerdo entre autoridades y partidos políticos la seguridad del país estaría mejor o igual, el 44 por ciento de los mexicanos cree que las cosas seguirían igual y el 40 por ciento considera que estaría mejor. Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, el 54 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno federal es el principal encargado de resolverlo, 22 por ciento el gobierno estatal y sólo el 16 por ciento el gobierno municipal.
Por lo que concierne a qué partido le afecta más el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el 27 por ciento considera que al PRI y el 26 por ciento piensa que al PRD. A la pregunta sobre si considera que está de acuerdo o no que se evalúe y certifique a las personas que ocupan un cargo público, el 78 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo y sólo el 9 por ciento se manifestó en contra.
Al preguntar si la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a combatir la corrupción, el 73 por ciento de los mexicanos dijo que no ayudará, sólo el 22 por ciento afirmó lo contrario. Como se puede advertir con los datos comentados a medio sexenio no hay nada que celebrar y sí mucho que reprochar a EPN y su grupo político, que no guardan forma alguna y se presentan como lo que son: los depredadores de las riquezas de la nación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
Exigen cárcel para implicados en asesinato de Cristopher
CHIHUAHUA, Chih: A una semana de encontrarse el cuerpo de Cristopher Raymundo Márquez Mora y al grito de “¡Ni un niño más!”, cientos de personas vestidas de blanco exigieron justicia en las calles de esta capital.
Con indignación, coraje y dolor, familiares del menor y vecinos de Laderas de San Guillermo exigieron que se castigue con prisión a los adolescentes que mataron al niño de seis años.
Los manifestantes se concentraron esta mañana en la Plaza del Ángel, caminaron hasta la glorieta de Francisco Villa y regresaron por la avenida Universidad hasta el Palacio de Gobierno, donde llamaron a la sociedad a hacer conciencia del cuidado de la niñez y la juventud.
“Yo me pregunto: ¿dónde estaban los padres de los asesinos?”, “Justicia para Cristopher”, “Hoy fue Cristopher, mañana puede ser tu hijo”, indicaban las mantas y cartulinas que portaban los inconformes.
La mamá de Cristopher, Tania Concepción Mora Alvarado, no acudió al acto. La abuela del niño, Claudia Alvarado, encabezó la marcha y posteriormente se reunió con el secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar.
Al salir, la mujer afirmó que tiene la promesa del gobernador César Duarte de revisar y modificar las leyes en materia de sanciones para adolescentes infractores.
El equipo de Laura Bozzo estuvo en la manifestación e insistió en que están en Chihuahua para ayudar. Algunas mujeres ajenas a la familia de Cristopher gritaban que querían a Laura “sí cumple”.
La abuela de Cristopher dejó claro que continuarán exigiendo justicia de manera pacífica, sin agresividad, y se mantuvo al margen de los representantes del programa de la conductora peruana.
“No estamos de acuerdo con las decisiones que las autoridades han tomado y queremos justicia porque han dejado un daño irreparable, queremos que paguen y que los juzguen por lo que hicieron y no porque son niños queden impunes”, exigieron los manifestantes.
En Chihuahua, sólo a los adolescentes mayores de 15 años se les puede privar de su libertad. En este caso particular sólo dos de los cinco menores que participaron pueden ser recluidos en el centro de internamiento especializado para adolescentes.
La legislación de Chihuahua indica que los mayores de 12 años y menores de 15 son imputables pero no pueden ser recluidos, por lo que se les sigue un proceso y en este caso sólo están bajo la tutela del DIF estatal.
De acuerdo con el fiscal Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, los cinco tuvieron participación activa en el homicidio, estrangularon al niño, lo lapidaron, inhumaron, le colocaron maleza encima y un perro muerto.
Según el funcionario, fue una niña quien lo apuñaló cuando ya estaba sin vida y también fue una menor quien cavó la pequeña fosa. Ahora hay dos mujeres de 13 años procesadas por el hecho.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Con indignación, coraje y dolor, familiares del menor y vecinos de Laderas de San Guillermo exigieron que se castigue con prisión a los adolescentes que mataron al niño de seis años.
Los manifestantes se concentraron esta mañana en la Plaza del Ángel, caminaron hasta la glorieta de Francisco Villa y regresaron por la avenida Universidad hasta el Palacio de Gobierno, donde llamaron a la sociedad a hacer conciencia del cuidado de la niñez y la juventud.
“Yo me pregunto: ¿dónde estaban los padres de los asesinos?”, “Justicia para Cristopher”, “Hoy fue Cristopher, mañana puede ser tu hijo”, indicaban las mantas y cartulinas que portaban los inconformes.
La mamá de Cristopher, Tania Concepción Mora Alvarado, no acudió al acto. La abuela del niño, Claudia Alvarado, encabezó la marcha y posteriormente se reunió con el secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar.
Al salir, la mujer afirmó que tiene la promesa del gobernador César Duarte de revisar y modificar las leyes en materia de sanciones para adolescentes infractores.
El equipo de Laura Bozzo estuvo en la manifestación e insistió en que están en Chihuahua para ayudar. Algunas mujeres ajenas a la familia de Cristopher gritaban que querían a Laura “sí cumple”.
La abuela de Cristopher dejó claro que continuarán exigiendo justicia de manera pacífica, sin agresividad, y se mantuvo al margen de los representantes del programa de la conductora peruana.
“No estamos de acuerdo con las decisiones que las autoridades han tomado y queremos justicia porque han dejado un daño irreparable, queremos que paguen y que los juzguen por lo que hicieron y no porque son niños queden impunes”, exigieron los manifestantes.
En Chihuahua, sólo a los adolescentes mayores de 15 años se les puede privar de su libertad. En este caso particular sólo dos de los cinco menores que participaron pueden ser recluidos en el centro de internamiento especializado para adolescentes.
La legislación de Chihuahua indica que los mayores de 12 años y menores de 15 son imputables pero no pueden ser recluidos, por lo que se les sigue un proceso y en este caso sólo están bajo la tutela del DIF estatal.
De acuerdo con el fiscal Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, los cinco tuvieron participación activa en el homicidio, estrangularon al niño, lo lapidaron, inhumaron, le colocaron maleza encima y un perro muerto.
Según el funcionario, fue una niña quien lo apuñaló cuando ya estaba sin vida y también fue una menor quien cavó la pequeña fosa. Ahora hay dos mujeres de 13 años procesadas por el hecho.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Ante el “enfrentamiento” en Michoacán, las dudas
De nueva cuenta en Michoacán, el viernes 22 un presunto enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación dejó un policía y 42 civiles muertos. Es la peor masacre que en las últimas décadas se haya visto en esa entidad y sus características despiertan las mismas dudas que las matanzas más recientes en Guerrero y Jalisco…
ECUANDUREO, Mich: En relación con la balacera que el viernes 22 dejó 43 personas muertas –42 civiles y un policía– en el Rancho Del Sol, ubicado en el kilómetro 370 de la autopista México-Guadalajara, se imponen varias dudas ante los precedentes en el país de otras masacres semejantes que han sido reportadas por autoridades como producto de “enfrentamientos”.
En una rueda de prensa realizada ese mismo día, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que los 42 civiles muertos eran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CNJG). La refriega, agregó, fue consecuencia de la Operación Jalisco, que se inició el viernes 1 de mayo.
El presunto enfrentamiento, a decir del funcionario, se desató cuando elementos de la Policía Federal atendían una averiguación previa relacionada con la ocupación ilegal del rancho, que se encuentra en un lugar solitario, sin ninguna vivienda en cinco kilómetros a la redonda.
“En seguimiento a una averiguación previa iniciada el día de ayer por la invasión de una propiedad ubicada en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, por presuntos delincuentes armados, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y autoridades estatales implementaron un operativo de investigación”, aseveró Rubido en su conferencia, realizada en un hotel de Zamora.
Y enumeró: las fuerzas federales y estatales lograron la detención de tres presuntos delincuentes, el aseguramiento de ocho vehículos, 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas armado, un fusil calibre 50 y diversos cartuchos útiles.
Tras la denuncia de despojo, dijo, se organizó un operativo entre las dependencias mencionadas, y cuando los agentes y militares se acercaban a la finca a investigar, fueron agredidos a tiros desde una camioneta. Los tripulantes de ese vehículo intentaron darse a la fuga y se internaron en el predio. Sin embargo, al verse acorralados, los hombres descendieron y atacaron a los soldados y policías.
Fuentes consultadas por el corresponsal en la zona consideraron extraño que más de 42 pistoleros que conocían el terreno apenas pudieran abatir a un policía, pese al enorme arsenal que poseían. “¿Los agarraron dormidos o qué?”, se pregunta uno de los entrevistados.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS
ECUANDUREO, Mich: En relación con la balacera que el viernes 22 dejó 43 personas muertas –42 civiles y un policía– en el Rancho Del Sol, ubicado en el kilómetro 370 de la autopista México-Guadalajara, se imponen varias dudas ante los precedentes en el país de otras masacres semejantes que han sido reportadas por autoridades como producto de “enfrentamientos”.
En una rueda de prensa realizada ese mismo día, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que los 42 civiles muertos eran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CNJG). La refriega, agregó, fue consecuencia de la Operación Jalisco, que se inició el viernes 1 de mayo.
El presunto enfrentamiento, a decir del funcionario, se desató cuando elementos de la Policía Federal atendían una averiguación previa relacionada con la ocupación ilegal del rancho, que se encuentra en un lugar solitario, sin ninguna vivienda en cinco kilómetros a la redonda.
“En seguimiento a una averiguación previa iniciada el día de ayer por la invasión de una propiedad ubicada en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, por presuntos delincuentes armados, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y autoridades estatales implementaron un operativo de investigación”, aseveró Rubido en su conferencia, realizada en un hotel de Zamora.
Y enumeró: las fuerzas federales y estatales lograron la detención de tres presuntos delincuentes, el aseguramiento de ocho vehículos, 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas armado, un fusil calibre 50 y diversos cartuchos útiles.
Tras la denuncia de despojo, dijo, se organizó un operativo entre las dependencias mencionadas, y cuando los agentes y militares se acercaban a la finca a investigar, fueron agredidos a tiros desde una camioneta. Los tripulantes de ese vehículo intentaron darse a la fuga y se internaron en el predio. Sin embargo, al verse acorralados, los hombres descendieron y atacaron a los soldados y policías.
Fuentes consultadas por el corresponsal en la zona consideraron extraño que más de 42 pistoleros que conocían el terreno apenas pudieran abatir a un policía, pese al enorme arsenal que poseían. “¿Los agarraron dormidos o qué?”, se pregunta uno de los entrevistados.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS
Hidroeléctrica El Naranjal dañará 40 especies protegidas, admite Semarnat
Orizaba, Ver: El proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal fue denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por las afectaciones que tendrán al menos habitantes de ocho municipios colidantes; se revela que tanto la Semarnat como la Conanp reconocieron la grave afectación ambiental, que incluye la desaparición de al menos 40 especies de fauna y se exhibe el incremento de amenazas de muerte contra los activistas de esta región.
De acuerdo al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), “la imposición de la hidroeléctrica provocará un daño irreversible ecológico y social que abarca a cerca de 93.31 hectáreas donde vivimos y trabajamos más 30 mil familias campesinas”.
A través de un documento, señala que “Semarnat admite que la construcción y puesta en operación de la hidroeléctrica va a perjudicar a 40 especies de fauna con relevancia para la conservación y con status de protección; 15 de ellas están sujetas a protección especial; cuatro amenazadas; una en peligro de extinción y 16 especies de vegetación protegidas amenazadas y que cuenta con estatus de protección”.
Otras afectaciones “las reconoció la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, organismo que advirtió a la Sermarnat que parte de la obra, concretamente la edificación de una de las cortinas se localizará muy cerca, a menos de medio kilómetro de la poligonal del Parque Nacional, decretado el 4 de mayo 1938, del Cañón del Río Blanco”.
Es claro que los más de 400 kilómetros de distancia entre esa área natural protegida y la construcción de la cortina se nulifica, porque la obra requiere de una amplia zona de desmonte, devastación de la capa vegetativa y subsuelo, profundas excavaciones, aperturas indiscriminada de brechas y terracerías, instalación de campamentos y la gran dimensión de la construcción hace en la vía de los hechos un daño irreversible al Parque Nacional.
Este proyecto hidroeléctrico “afectará severamente el caudaloso afluente de los ríos Blanco y Metlac, este último aún se encuentra en condiciones de agua utilizable para las necesidades domésticas de la comunidades que habitan a sus márgenes”, señala, no obstante para la Semarnat esto no representa ningún riesgo porque ambos afluentes, asegura cínicamente, ya están contaminados.
Esta aseveración “es falsa y omite de forma perversa que gracias a estos dos ríos en toda la región tiene una humedad natural privilegiada que mantiene la fecundidad en la flora y fauna que es la vida e interacción en los múltiples ecosistemas, así como un sin números de manantiales, puntos de filtración de agua y fuente de abastecimiento de pozos artesianos, medio ambiente se reproduce y cohabitan de forma natural en las riveras del Blanco y Metlac”.
Otros organismos como la Comisión Nacional de Biodiversidad consideran que la parte alta y media de la cuenca del río Blanco “son consideradas por como un sitio terrestre prioritario e irremplazable por su diversidad biológica, de prioridad extrema a escala nacional. Adicionalmente, uno de sus tributarios, el río Metlac, es considerado por la misma comisión como área de importancia para la conservación de las aves”.
En el estado de Veracruz para ilustrar lo anterior “recurrimos a los casos más emblemáticos en las vertientes de los ríos Blanco, Jamapa y Cotaxtla, donde los procesos de control político y privatización del agua han desatado reacciones colectivas contra estos proyectos”. En Los Tuxtlas la cascada del Salto de Eyipantla, con la hidroeléctrica Chilapan, su caudal se ha disminuido; de los tres chorros que naturalmente conformaban la cascada sólo quedan dos.
Está comprobado que el sistema de presa y represamiento afecta el caudal ecológico, más si se realiza de forma arbitraria e indiscriminada. Las presas, especialmente los que se encuentran en zonas tropicales, producen gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), como el CO2 (dióxido de carbono) y el CH4 (metano) por la descomposición de materia orgánica que se da en el embalse y en los canales de conducción.
Si a las anteriores conclusiones científicas sumamos que el río Blanco es uno de los tres afluentes a nivel nacional con mayor grado de contaminación, los daños al medio ambiente –naturaleza y sociedad− en la región con el equivocado manejo que se le pretender dar potencializan el inminente ecocidio y desplazamiento forzado de la población. Además la región de las Altas Montañas, como se conoce a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en el centro de Veracruz, es origen de las subcuencas de los ríos Blanco y Cotaxtla, tributarios de las cuencas del Papaloapan y del río Jamapa, respectivamente.
El área donde pretenden construir-operar la hidroeléctrica absolutamente rural con importante biodiversidad, fecunda y vasta agricultura que alimenta a las zonas semiurbanas y urbanas de la región centro de Veracruz, como también es de suma importante la conservación de tradiciones y expresiones culturales de los pueblos originarios están estrechamente ligadas a la tierra y por ende la medio ambiente al ser la agricultura la principal actividad económica.
Los adectados son ocho municipios del centro del Veracruz ubicados en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, región de Altas Montañas.
La hidroeléctrica El Naranjal es una empresa de capital e interés privado oligárquico que pertenece al ramo de generación de la energía eléctrica, que hasta haces unas décadas eran un bien de servicio e interés público, que ahora con la ley neoliberal en materia energética es para beneficio exclusivo del capital privado nacional y transnacional.
“Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la información, consulta y a decidir sobre los recursos naturales que están en nuestras tierras, que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se incrementen modalidades de violencia gubernamental en contra de quienes estamos organizados para defender nuestro único patrimonio familiar-comunitario la tierra y los recursos naturales”, dice el comunicado.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
AUTOR: FERNANDO INÉZ CARMONA.
De acuerdo al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), “la imposición de la hidroeléctrica provocará un daño irreversible ecológico y social que abarca a cerca de 93.31 hectáreas donde vivimos y trabajamos más 30 mil familias campesinas”.
A través de un documento, señala que “Semarnat admite que la construcción y puesta en operación de la hidroeléctrica va a perjudicar a 40 especies de fauna con relevancia para la conservación y con status de protección; 15 de ellas están sujetas a protección especial; cuatro amenazadas; una en peligro de extinción y 16 especies de vegetación protegidas amenazadas y que cuenta con estatus de protección”.
Otras afectaciones “las reconoció la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas, organismo que advirtió a la Sermarnat que parte de la obra, concretamente la edificación de una de las cortinas se localizará muy cerca, a menos de medio kilómetro de la poligonal del Parque Nacional, decretado el 4 de mayo 1938, del Cañón del Río Blanco”.
Es claro que los más de 400 kilómetros de distancia entre esa área natural protegida y la construcción de la cortina se nulifica, porque la obra requiere de una amplia zona de desmonte, devastación de la capa vegetativa y subsuelo, profundas excavaciones, aperturas indiscriminada de brechas y terracerías, instalación de campamentos y la gran dimensión de la construcción hace en la vía de los hechos un daño irreversible al Parque Nacional.
Este proyecto hidroeléctrico “afectará severamente el caudaloso afluente de los ríos Blanco y Metlac, este último aún se encuentra en condiciones de agua utilizable para las necesidades domésticas de la comunidades que habitan a sus márgenes”, señala, no obstante para la Semarnat esto no representa ningún riesgo porque ambos afluentes, asegura cínicamente, ya están contaminados.
Esta aseveración “es falsa y omite de forma perversa que gracias a estos dos ríos en toda la región tiene una humedad natural privilegiada que mantiene la fecundidad en la flora y fauna que es la vida e interacción en los múltiples ecosistemas, así como un sin números de manantiales, puntos de filtración de agua y fuente de abastecimiento de pozos artesianos, medio ambiente se reproduce y cohabitan de forma natural en las riveras del Blanco y Metlac”.
Otros organismos como la Comisión Nacional de Biodiversidad consideran que la parte alta y media de la cuenca del río Blanco “son consideradas por como un sitio terrestre prioritario e irremplazable por su diversidad biológica, de prioridad extrema a escala nacional. Adicionalmente, uno de sus tributarios, el río Metlac, es considerado por la misma comisión como área de importancia para la conservación de las aves”.
En el estado de Veracruz para ilustrar lo anterior “recurrimos a los casos más emblemáticos en las vertientes de los ríos Blanco, Jamapa y Cotaxtla, donde los procesos de control político y privatización del agua han desatado reacciones colectivas contra estos proyectos”. En Los Tuxtlas la cascada del Salto de Eyipantla, con la hidroeléctrica Chilapan, su caudal se ha disminuido; de los tres chorros que naturalmente conformaban la cascada sólo quedan dos.
Está comprobado que el sistema de presa y represamiento afecta el caudal ecológico, más si se realiza de forma arbitraria e indiscriminada. Las presas, especialmente los que se encuentran en zonas tropicales, producen gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), como el CO2 (dióxido de carbono) y el CH4 (metano) por la descomposición de materia orgánica que se da en el embalse y en los canales de conducción.
Si a las anteriores conclusiones científicas sumamos que el río Blanco es uno de los tres afluentes a nivel nacional con mayor grado de contaminación, los daños al medio ambiente –naturaleza y sociedad− en la región con el equivocado manejo que se le pretender dar potencializan el inminente ecocidio y desplazamiento forzado de la población. Además la región de las Altas Montañas, como se conoce a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en el centro de Veracruz, es origen de las subcuencas de los ríos Blanco y Cotaxtla, tributarios de las cuencas del Papaloapan y del río Jamapa, respectivamente.
El área donde pretenden construir-operar la hidroeléctrica absolutamente rural con importante biodiversidad, fecunda y vasta agricultura que alimenta a las zonas semiurbanas y urbanas de la región centro de Veracruz, como también es de suma importante la conservación de tradiciones y expresiones culturales de los pueblos originarios están estrechamente ligadas a la tierra y por ende la medio ambiente al ser la agricultura la principal actividad económica.
Los adectados son ocho municipios del centro del Veracruz ubicados en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, región de Altas Montañas.
La hidroeléctrica El Naranjal es una empresa de capital e interés privado oligárquico que pertenece al ramo de generación de la energía eléctrica, que hasta haces unas décadas eran un bien de servicio e interés público, que ahora con la ley neoliberal en materia energética es para beneficio exclusivo del capital privado nacional y transnacional.
“Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la información, consulta y a decidir sobre los recursos naturales que están en nuestras tierras, que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se incrementen modalidades de violencia gubernamental en contra de quienes estamos organizados para defender nuestro único patrimonio familiar-comunitario la tierra y los recursos naturales”, dice el comunicado.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
AUTOR: FERNANDO INÉZ CARMONA.
Consignan a presunto implicado en el caso Ayotzinapa
Las autoridades detuvieron a Javier Brito Catalán, quien confesó haber participado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó este domingo 24 de mayo ante el juez noveno de distrito a Javier Brito Catalán, quien aseguró haber participado en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Brito Catalán, alias el “J.J.” e integrante del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, fue consignado, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud.
La dependencia detalló en un comunicado que miembros de las fuerzas federales detuvieron hace unos días a Brito Catalán en la carretera Iguala-Teloloapan, en Guerrero, en el marco del Operativo Especial Tierra Caliente.
Al momento de su detención, el “J.J.” portaba un arma larga, y durante una revisión de rutina se le encontraron cinco paquetes de mariguana, por lo que fue conducido ante el Ministerio Público de la Federación.
Al rendir su declaración ministerial, el detenido refirió su participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
El indiciado quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 Noroeste, en Nayarit, a disposición del juez noveno de Distrito de Guerrero, con sede en Iguala, quien inició a la causa penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó este domingo 24 de mayo ante el juez noveno de distrito a Javier Brito Catalán, quien aseguró haber participado en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Brito Catalán, alias el “J.J.” e integrante del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, fue consignado, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud.
La dependencia detalló en un comunicado que miembros de las fuerzas federales detuvieron hace unos días a Brito Catalán en la carretera Iguala-Teloloapan, en Guerrero, en el marco del Operativo Especial Tierra Caliente.
Al momento de su detención, el “J.J.” portaba un arma larga, y durante una revisión de rutina se le encontraron cinco paquetes de mariguana, por lo que fue conducido ante el Ministerio Público de la Federación.
Al rendir su declaración ministerial, el detenido refirió su participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
El indiciado quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 Noroeste, en Nayarit, a disposición del juez noveno de Distrito de Guerrero, con sede en Iguala, quien inició a la causa penal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Es pecado no votar: diócesis de León e Irapuato
GUANAJUATO, Gto: Las diócesis católicas de León e Irapuato, a través de folletos y mensajes de obispos y vicarios, advierte a los guanajuatenses que pecarán de omisión si no votan, y hacen un llamado a que sean congruentes con su religión al elegir a los partidos y candidatos que promuevan los valores de bien común, el matrimonio sólo entre hombre y mujer y el respeto a la vida humana desde la concepción.
La diócesis de Irapuato, que encabeza el obispo José de Jesús Martínez Zepeda, comenzó a distribuir folletos en los templos y parroquias para los feligreses, elaborados por iniciativa propia.
“Reflexiones en torno a las próximas elecciones del 7 de junio del 2015”, lleva por nombre el folleto, en el cual se señala inicialmente que es una obligación de todo católico ser coherente con la fe “en público o en privado”, por lo que no es posible que elija un candidato contrario a sus convicciones religiosas y a sus exigencias morales.
“Esta es la forma de mantener la alianza con Dios”, señala el documento, que pide tomar en cuenta una serie de acciones o posturas de los candidatos por los que se habrá de emitir el voto.
En siete puntos, la diócesis de Irapuato explica que las opciones de los católicos deben ser aquéllos candidatos que respeten la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural; que respeten el derecho de practicar, en privado o en público, de manera individual o colectiva, su creencia religiosa; así como aquellos que respeten el derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación que quieran para sus hijos, “de acuerdo a sus convicciones”.
“Todo católico debe saber que su fe lo compromete a colaborar en el bien del país emitiendo su voto libre, secreto, personal e informado. El abstencionismo es un pecado de omisión”, se refiere.
En el folleto también se plantea que los católicos deben emitir su voto “pensando en el bien común y no según intereses personales o de partido”.
En la última página del folleto, se reproduce una frase atribuida a Juan Pablo II: “La democracia no se sustenta sin la verdad. Verdad y libertad, o bien van juntas, o juntas perecen miserablemente”.
De acuerdo con lo señalado por el obispo Martínez Zepeda, el folleto fue distribuido en todos los templos y parroquias de la diócesis.
Tres días atrás, el rector de la Basílica Colegiata en la capital del estado, Rubén de la Cruz Martínez, convocó a una conferencia de prensa para hacer un llamado a los feligreses a votar, bajo los mismos principios referidos en los folletos de la diócesis de Irapuato, aunque la capital pertenece a la diócesis de León.
Dijo que la ciudadanía debe respaldar a aquéllos candidatos que respondan a sus convicciones personales, siempre y cuando éstas sean compatibles con las leyes morales naturales y el bien común.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
La diócesis de Irapuato, que encabeza el obispo José de Jesús Martínez Zepeda, comenzó a distribuir folletos en los templos y parroquias para los feligreses, elaborados por iniciativa propia.
“Reflexiones en torno a las próximas elecciones del 7 de junio del 2015”, lleva por nombre el folleto, en el cual se señala inicialmente que es una obligación de todo católico ser coherente con la fe “en público o en privado”, por lo que no es posible que elija un candidato contrario a sus convicciones religiosas y a sus exigencias morales.
“Esta es la forma de mantener la alianza con Dios”, señala el documento, que pide tomar en cuenta una serie de acciones o posturas de los candidatos por los que se habrá de emitir el voto.
En siete puntos, la diócesis de Irapuato explica que las opciones de los católicos deben ser aquéllos candidatos que respeten la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural; que respeten el derecho de practicar, en privado o en público, de manera individual o colectiva, su creencia religiosa; así como aquellos que respeten el derecho de los padres de familia a escoger el tipo de educación que quieran para sus hijos, “de acuerdo a sus convicciones”.
“Todo católico debe saber que su fe lo compromete a colaborar en el bien del país emitiendo su voto libre, secreto, personal e informado. El abstencionismo es un pecado de omisión”, se refiere.
En el folleto también se plantea que los católicos deben emitir su voto “pensando en el bien común y no según intereses personales o de partido”.
En la última página del folleto, se reproduce una frase atribuida a Juan Pablo II: “La democracia no se sustenta sin la verdad. Verdad y libertad, o bien van juntas, o juntas perecen miserablemente”.
De acuerdo con lo señalado por el obispo Martínez Zepeda, el folleto fue distribuido en todos los templos y parroquias de la diócesis.
Tres días atrás, el rector de la Basílica Colegiata en la capital del estado, Rubén de la Cruz Martínez, convocó a una conferencia de prensa para hacer un llamado a los feligreses a votar, bajo los mismos principios referidos en los folletos de la diócesis de Irapuato, aunque la capital pertenece a la diócesis de León.
Dijo que la ciudadanía debe respaldar a aquéllos candidatos que respondan a sus convicciones personales, siempre y cuando éstas sean compatibles con las leyes morales naturales y el bien común.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Refuerzan seguridad en frontera entre Michoacán y Jalisco
MÉXICO, D.F: Luego del enfrentamiento entre efectivos de las fuerzas armadas y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dejó 43 muertos el pasado viernes, más de mil elementos federales y militares llegaron a reforzar la vigilancia en los límites entre Michoacán y Jalisco.
El enfrentamiento tuvo lugar en el Rancho El Sol, perteneciente al municipio de Ecuandureo.
Según un comunicado de prensa, de acuerdo con reportes de la policía municipal de Ecuandureo, la balacera tuvo lugar en el kilómetro 371, sobre la carretera Ecuandureo-Tanhuato.
Las tropas realizan patrullajes por tierra y aire en la zona fronteriza de ambas entidades, unida por la carretera Guadalajara-Morelia.
En tanto que el rancho Del Sol, donde ocurrió la balacera, permanece resguardado por soldados, Fuerza Ciudadana y Policía Federal.
Dichas acciones pretenden evitar un posible ataque por parte del crimen organizado además de ubicar otros ranchos ocupados por la delincuencia.
Los habitantes de la región se mantienen en tensión y zozobra.
Fuentes de seguridad indican que el rancho Del Sol era utilizado como refugio de integrantes del CJNG, de quienes se sospecha huyeron de Jalisco debido a los operativos realizados en aquel estado por parte de fuerzas federales y estatales.
Militares y federales se desplegaron este fin de semana en los municipios michoacanos de Tanhuato, Vista Hermosa, Ecuandureo, Ixtlán y Yurécuaro.
En tanto que en Jalisco los efectivos fueron enviados al municipio de La Barca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El enfrentamiento tuvo lugar en el Rancho El Sol, perteneciente al municipio de Ecuandureo.
Según un comunicado de prensa, de acuerdo con reportes de la policía municipal de Ecuandureo, la balacera tuvo lugar en el kilómetro 371, sobre la carretera Ecuandureo-Tanhuato.
Las tropas realizan patrullajes por tierra y aire en la zona fronteriza de ambas entidades, unida por la carretera Guadalajara-Morelia.
En tanto que el rancho Del Sol, donde ocurrió la balacera, permanece resguardado por soldados, Fuerza Ciudadana y Policía Federal.
Dichas acciones pretenden evitar un posible ataque por parte del crimen organizado además de ubicar otros ranchos ocupados por la delincuencia.
Los habitantes de la región se mantienen en tensión y zozobra.
Fuentes de seguridad indican que el rancho Del Sol era utilizado como refugio de integrantes del CJNG, de quienes se sospecha huyeron de Jalisco debido a los operativos realizados en aquel estado por parte de fuerzas federales y estatales.
Militares y federales se desplegaron este fin de semana en los municipios michoacanos de Tanhuato, Vista Hermosa, Ecuandureo, Ixtlán y Yurécuaro.
En tanto que en Jalisco los efectivos fueron enviados al municipio de La Barca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Desmantelan narcolaboratorio en Toluca
TOLUCA, Edomex: Un narcolaboratorio fue desmantelado en la capital del Estado de México por agentes de la Procuraduría General de Justicia local (PGJEM), tras el cateo a un inmueble ubicado en la calle Privada José A. Mateo, en la localidad de Capultitlán.
Manchas color rojo, al parecer hemáticas, fueron encontradas en el patio, escalera, cocina y baño; además un cuchillo en la cocina; en el patio, un trapeador y una playera blanca con manchas rojas, una bolsa de plástico y cubeta con liquido rojizo.
En una recámara se localizó un cargador de arma, una mochila con cartuchos calibre .22 y .355, y una caja de herramientas con diversos cartuchos.
En el domicilio se encontraba un tambo de plástico de color verde con capacidad de 200 litros, tres cucharas, una jarra de plástico, un colador, tres medidores y dos mangueras.
Además, fueron asegurados 3 contadores de papel moneda (billetes), una segueta, un desarmador, dos vaporeras, un comal, un tambo de aluminio de agua y una cacerola.
También fueron incautadas una báscula digital, 6 cajas de cinta plástica, 32 cintas plásticas sueltas, 5 garrafones (tres de 20 litros, uno de 18 y uno de 50).
De igual manera se localizaron un frasco de glicerina de 50 mililitros, una botella de 2.5 litros de ácido clorhídrico, una lata de aerosol color blanco de antióxido, un tanque de gas de 20 kilogramos, 7 paquetes de papel blanco, una prensa, un garrafón con etilmetilcetona de 18 litros, una cacerola con 3 bolsas de plástico con polvo blanco en su interior, un refractario de vidrio con una bolsa de plástico con polvo blanco y una bolsa negra con polvo blanco.
La orden de cateo fue autorizada por el juez, tras un homicidio ocurrido el pasado 4 de mayo en el Barrio La Soledad.
El inmueble quedó asegurado por la PGJEM mientras se realizan las investigaciones para encontrar a los probables responsables de estos hechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
Manchas color rojo, al parecer hemáticas, fueron encontradas en el patio, escalera, cocina y baño; además un cuchillo en la cocina; en el patio, un trapeador y una playera blanca con manchas rojas, una bolsa de plástico y cubeta con liquido rojizo.
En una recámara se localizó un cargador de arma, una mochila con cartuchos calibre .22 y .355, y una caja de herramientas con diversos cartuchos.
En el domicilio se encontraba un tambo de plástico de color verde con capacidad de 200 litros, tres cucharas, una jarra de plástico, un colador, tres medidores y dos mangueras.
Además, fueron asegurados 3 contadores de papel moneda (billetes), una segueta, un desarmador, dos vaporeras, un comal, un tambo de aluminio de agua y una cacerola.
También fueron incautadas una báscula digital, 6 cajas de cinta plástica, 32 cintas plásticas sueltas, 5 garrafones (tres de 20 litros, uno de 18 y uno de 50).
De igual manera se localizaron un frasco de glicerina de 50 mililitros, una botella de 2.5 litros de ácido clorhídrico, una lata de aerosol color blanco de antióxido, un tanque de gas de 20 kilogramos, 7 paquetes de papel blanco, una prensa, un garrafón con etilmetilcetona de 18 litros, una cacerola con 3 bolsas de plástico con polvo blanco en su interior, un refractario de vidrio con una bolsa de plástico con polvo blanco y una bolsa negra con polvo blanco.
La orden de cateo fue autorizada por el juez, tras un homicidio ocurrido el pasado 4 de mayo en el Barrio La Soledad.
El inmueble quedó asegurado por la PGJEM mientras se realizan las investigaciones para encontrar a los probables responsables de estos hechos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
Sedena autorizará que agentes extranjeros porten armas dentro de México
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá expedir permisos temporales para ingreso y portación de armas en el país a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, así como a los encargados de la seguridad de un jefe de Estado o de gobierno en una visita oficial.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reforman los artículos 11, último párrafo; 27 y 28, y se adiciona un 28 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El artículo 11, que describe las armas, municiones y materia para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, menciona que podrá autorizarse su utilización, por justificación de necesidad, a quienes desempeñen cargos de la federación, entidades federativas o municipios, así como a servidores públicos extranjeros.
Al artículo 27 se especifica que a los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando acrediten su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de permisos de licencia temporal para turistas con fines deportivos.
También podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas.
El 28 establece que, con base en el principio de reciprocidad, la Sedena podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, acreditados ante el gobierno federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales.
Al menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, las secretarías de Gobernación o de Hacienda y Crédito Público deberán tramitar ante la Sedena el permiso, el cual tendrá una vigencia de seis meses y podrá renovarse semestralmente.
Los servidores públicos extranjeros sólo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40 pulgadas o equivalente.
Este artículo detalla también que en el caso de servidores públicos mexicanos que participen en las actividades migratorias o aduaneras en instalaciones de países extranjeros, la Segob o la SHCP, según sea el caso, deberán avisar a la Sedena sobre la salida y retorno de las armas que porten éstos.
En tanto que el nuevo artículo 28 Bis, indica que la Sedena podrá otorgar permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a Jefes de Estado, de gobierno, ministros o equivalentes.
Las armas deberán ser revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40 pulgadas o equivalente; en casos excepcionales se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Sedena se justifique la necesidad de su uso.
Este permiso deberá ser tramitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con 15 días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de derecho internacional correspondiente; y su vigencia será durante el tiempo de la comisión.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reforman los artículos 11, último párrafo; 27 y 28, y se adiciona un 28 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El artículo 11, que describe las armas, municiones y materia para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, menciona que podrá autorizarse su utilización, por justificación de necesidad, a quienes desempeñen cargos de la federación, entidades federativas o municipios, así como a servidores públicos extranjeros.
Al artículo 27 se especifica que a los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando acrediten su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de permisos de licencia temporal para turistas con fines deportivos.
También podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas.
El 28 establece que, con base en el principio de reciprocidad, la Sedena podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, acreditados ante el gobierno federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales.
Al menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, las secretarías de Gobernación o de Hacienda y Crédito Público deberán tramitar ante la Sedena el permiso, el cual tendrá una vigencia de seis meses y podrá renovarse semestralmente.
Los servidores públicos extranjeros sólo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40 pulgadas o equivalente.
Este artículo detalla también que en el caso de servidores públicos mexicanos que participen en las actividades migratorias o aduaneras en instalaciones de países extranjeros, la Segob o la SHCP, según sea el caso, deberán avisar a la Sedena sobre la salida y retorno de las armas que porten éstos.
En tanto que el nuevo artículo 28 Bis, indica que la Sedena podrá otorgar permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad, en visitas oficiales, a Jefes de Estado, de gobierno, ministros o equivalentes.
Las armas deberán ser revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40 pulgadas o equivalente; en casos excepcionales se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Sedena se justifique la necesidad de su uso.
Este permiso deberá ser tramitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con 15 días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de derecho internacional correspondiente; y su vigencia será durante el tiempo de la comisión.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)