Los nosocomios particulares son pocos y malos, afirma el presidente de la agrupación. Los parches ya son inútiles; está diseñado para necesidades de los años 40: Alfonso Díaz.
El modelo del sistema de salud de México está agotado. Ya no funciona para los retos que plantean las enfermedades en la actualidad y la solución no está en los nosocomios privados, los cuales, contrario a lo que la gente piensa, somos pocos y malos, advirtió Alejandro Alfonso Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados.
Existen 3 mil 100 establecimientos particulares –así los denomina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, de los cuales menos de 3 por ciento tiene más de 50 camas. Sólo 100 están certificados por el Consejo de Salubridad General, es decir, cumplen con los requisitos de calidad en la atención que brindan a los pacientes.
Además, seis o siete sanatorios particulares tienen reconocimiento internacional, pero nada más.
Así que encontrar un hospital privado malo es fácil, señaló Alfonso Díaz. Usted tira una piedra y le pega a tres o cuatro.
En entrevista durante el Foro Internacional de Liderazgo y Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey, el también director del Centro Médico ABC analizó la situación del sistema nacional de salud y afirmó que los parches ya no sirven.
Asegurar la protección de la salud de los habitantes requiere un barco nuevo, que termine con las actuales deficiencias administrativas y de carencia de recursos en la prestación de servicios a cargo del sector público, y a la vez permita la participación de la iniciativa privada con reglas y normatividad claras para evitar los abusos y la desviación de recursos.
Para el directivo, el criterio guía de los cambios que puedan ocurrir en unos cuatro años es que se requiere un sistema que responda a las necesidades de salud de los próximos 25-30 años.
El modelo actual se diseñó y construyó para resolver una problemática y necesidades de los años 40 del siglo pasado, cuando prevalecían las enfermedades transmisibles. Fue muy útil, pero ya no funciona. Pretender usar el mismo modelo sería temerario y de corta visión, indicó.
Lo mismo pasa con los hospitales. Están diseñados para curar enfermedades y se siguen construyendo bajo las normas de la década de los 70, pese a que ahora el discurso se enfoca a la prevención, y no existe la infraestructura donde eso se pueda concretar, sostuvo Alfonso Díaz.
Respecto de los servicios médicos privados, advirtió que existe una idea equivocada. Hablamos de ellos como si fueran muchos y buenos. La verdad somos pocos y malos. Dijo que la mayoría de los hospitales particulares carecen de protocolos y compromiso, pero sí son un gran negocio, sobre todo si por alguna infección o complicación los pacientes deben permanecer más días hospitalizados, porque la cuenta crece.
Por eso, explicó el ejecutivo, es falso pensar que los sanatorios privados van a solucionar los problemas del sistema nacional de salud. Este país está lleno de historias en las que en diferentes sectores, los particulares, lejos de solucionar algo, lo empeoran. Entonces, no nos dejemos engañar, apuntó.
Sin embargo, reconoce que los dueños de los hospitales están a la expectativa sobre los cambios legales y normativos que les permitan incursionar en la prestación de servicios médicos en el país.
Hay gente con los bolsillos listos para invertir, porque somos 110 millones de personas. Sólo hacer diálisis es un negociazo. Y está bien que quien invierta tenga el retorno adecuado, pero esa no es la solución al problema de salud.
Para evitar desvíos de recursos, abusos y mentiras, el gobierno debe mantenerse como rector del sistema para terminar con la relación asimétrica entre médicos y hospitales con los pacientes que tienen que confiar en los tratamientos que les prescriben, y cuando buscan una segunda opinión carecen del respaldo de sus médicos.
Además, se debe tomar en cuenta al personal de salud, médicos que están ahí pero carecen de representación nacional. Y las enfermeras, donde hay un gran problema, porque las egresadas de las escuelas no tienen las capacidades que los empleadores necesitamos.
Eso no se resuelve con dinero. Sería muy fácil conseguir el recurso, pero corremos el riesgo de utilizarlo mal y al final no tendremos ni salud ni dinero, concluyó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.
lunes, 25 de mayo de 2015
Dan 48 horas al gobernador de Guerrero para encontrar a desaparecidos de Chilapa
CHILPANCINGO, Gro: Familiares de personas desaparecidas de Chilapa durante el sitio que instalaron miembros del grupo delictivo Los Ardillos con el apoyo del Ejército y las policías federal y estatal, dieron un plazo de 48 horas al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, para que libere a los retenidos.
Las víctimas recriminaron la grave omisión e indolencia de Ortega frente a este caso que exhibe nuevamente la complicidad de autoridades con la delincuencia.
Por ello, le exigieron que así como negoció con los representantes del grupo delictivo que dirige la familia del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, para que se retiraran de Chilapa, ahora les pida que entreguen con vida a los desaparecidos.
Lo anterior durante una reunión realizada este domingo en las instalaciones del seminario de Chilapa entre el gobernador Ortega y familiares de desaparecidos, quienes volvieron a culpar a las autoridades de los tres niveles por la desaparición de personas en este municipio ante su inacción o su presunta complicidad con la banda de Los Ardillos y Los Rojos.
“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.
También, le reprocharon al gobernador Ortega que se haya presentado dos semanas después de que el grupo de Los Ardillos encabezados por comisarios, sitió la cabecera de Chilapa durante cinco días, periodo donde desarmaron a policías municipales, instalaron retenes, catearon viviendas y al menos una treintena de personas fueron privadas de su libertad frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
“A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá, ya perdí tres hijos, ya recibí amenazas y no me importa que me maten por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos porque no son perros”, expresó el Bernardo Carreto González, padre de tres jóvenes desparecidos durante la acción concertada de Los Ardillos.
Las víctimas recriminaron la presencia del gobernador Ortega y le dijeron que sólo le importa “proteger su imagen” porque hasta ahora se presente en el lugar del conflicto.
Los reproches también se enfocaron contra el alcalde priista Francisco García González porque consideran que la violencia se recrudeció cuando asumió el cargo.
“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. Por qué no se le investiga; por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos”, expresó la hermana de un joven desaparecido desde el 30 de marzo y que fue encontrado ejecutado junto a dos jóvenes hace dos días en el poblado de Nejapa.
Al respecto, la mujer expresó: “No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro cuando mi hermano era estudiante de Artes Visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos porque él mismo decía que en Chilapa, ya no hay lugar para gente decente aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.
En respuesta, el edil acusado públicamente de proteger al grupo de Los Rojos, volvió a decir que está dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales para demostrar que no tiene nexos con la delincuencia y reiteró que su administración ha sido rebasada por los hechos de violencia que han colapsado este lugar.
Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los comisarios municipales que encabezaron al grupo de Los Ardillos, argumentando que ellos también tienen una treintena de desaparecidos en las comunidades del municipio de Chilapa.
Luego, dijo que tiene las manos limpias y no lo pueden acusar de corrupto y tener nexos con la delincuencia.
También, señaló que la delincuencia organizada ha infiltrado no sólo a las autoridades, sino también al resto de los sectores de la sociedad y por ello, pidió que sociedad y gobierno se unan para enfrentar al narco.
Ortega anunció que citará a los comisarios municipales para que expliquen en una reunión el caso de los desparecidos durante la semana que el grupo de Los Ardillos asumieron el control de la ciudad con el apoyo de autoridades castrenses y corporaciones policiacas.
Así cómo crear una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones, conformada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Las víctimas recriminaron la grave omisión e indolencia de Ortega frente a este caso que exhibe nuevamente la complicidad de autoridades con la delincuencia.
Por ello, le exigieron que así como negoció con los representantes del grupo delictivo que dirige la familia del presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, para que se retiraran de Chilapa, ahora les pida que entreguen con vida a los desaparecidos.
Lo anterior durante una reunión realizada este domingo en las instalaciones del seminario de Chilapa entre el gobernador Ortega y familiares de desaparecidos, quienes volvieron a culpar a las autoridades de los tres niveles por la desaparición de personas en este municipio ante su inacción o su presunta complicidad con la banda de Los Ardillos y Los Rojos.
“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.
También, le reprocharon al gobernador Ortega que se haya presentado dos semanas después de que el grupo de Los Ardillos encabezados por comisarios, sitió la cabecera de Chilapa durante cinco días, periodo donde desarmaron a policías municipales, instalaron retenes, catearon viviendas y al menos una treintena de personas fueron privadas de su libertad frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
“A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá, ya perdí tres hijos, ya recibí amenazas y no me importa que me maten por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos porque no son perros”, expresó el Bernardo Carreto González, padre de tres jóvenes desparecidos durante la acción concertada de Los Ardillos.
Las víctimas recriminaron la presencia del gobernador Ortega y le dijeron que sólo le importa “proteger su imagen” porque hasta ahora se presente en el lugar del conflicto.
Los reproches también se enfocaron contra el alcalde priista Francisco García González porque consideran que la violencia se recrudeció cuando asumió el cargo.
“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. Por qué no se le investiga; por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos”, expresó la hermana de un joven desaparecido desde el 30 de marzo y que fue encontrado ejecutado junto a dos jóvenes hace dos días en el poblado de Nejapa.
Al respecto, la mujer expresó: “No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro cuando mi hermano era estudiante de Artes Visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos porque él mismo decía que en Chilapa, ya no hay lugar para gente decente aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.
En respuesta, el edil acusado públicamente de proteger al grupo de Los Rojos, volvió a decir que está dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales para demostrar que no tiene nexos con la delincuencia y reiteró que su administración ha sido rebasada por los hechos de violencia que han colapsado este lugar.
Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los comisarios municipales que encabezaron al grupo de Los Ardillos, argumentando que ellos también tienen una treintena de desaparecidos en las comunidades del municipio de Chilapa.
Luego, dijo que tiene las manos limpias y no lo pueden acusar de corrupto y tener nexos con la delincuencia.
También, señaló que la delincuencia organizada ha infiltrado no sólo a las autoridades, sino también al resto de los sectores de la sociedad y por ello, pidió que sociedad y gobierno se unan para enfrentar al narco.
Ortega anunció que citará a los comisarios municipales para que expliquen en una reunión el caso de los desparecidos durante la semana que el grupo de Los Ardillos asumieron el control de la ciudad con el apoyo de autoridades castrenses y corporaciones policiacas.
Así cómo crear una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones, conformada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Circulan en redes fotografías de posible manipulación tras enfrentamiento en Michoacán
MÉXICO, D.F: Este fin de semana circularon en redes sociales imágenes captadas en el lugar del enfrentamiento en el Rancho El Sol, en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, que dejó 43 muertos el viernes pasado.
Las fotografías muestran que, supuestamente, la escena del crimen fue manipulada.
En una de las imágenes, un cadáver aparece con un objeto parecido a una cartuchera colocada después de la balacera.
En otra foto, un cuerpo aparece sólo en trusa y ensangrentado, lo cual generó controversia en redes sociales al ponerse en duda que en esas condiciones el presunto integrante del crimen organizado pudo enfrentarse a elementos de fuerzas federales.
Mientras que otra imagen muestra el cadáver de un joven con un brazo fracturado y el otro lesionado supuestamente con un machete.
Las imágenes fueron publicadas en las cuentas de Twitter @La_corrupcion y @taller2006 y compartidas por decenas de usuarios.
En tanto que Anonymous Hispano difundió el análisis de dos fotografías donde se observa posible manipulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=405255.
Las fotografías muestran que, supuestamente, la escena del crimen fue manipulada.
En una de las imágenes, un cadáver aparece con un objeto parecido a una cartuchera colocada después de la balacera.
En otra foto, un cuerpo aparece sólo en trusa y ensangrentado, lo cual generó controversia en redes sociales al ponerse en duda que en esas condiciones el presunto integrante del crimen organizado pudo enfrentarse a elementos de fuerzas federales.
Mientras que otra imagen muestra el cadáver de un joven con un brazo fracturado y el otro lesionado supuestamente con un machete.
Las imágenes fueron publicadas en las cuentas de Twitter @La_corrupcion y @taller2006 y compartidas por decenas de usuarios.
En tanto que Anonymous Hispano difundió el análisis de dos fotografías donde se observa posible manipulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=405255.
Al Verde le quitan spots y recursos, pero a 13 días de la elección su registro sigue intacto
Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le han recortado el 100 por ciento de su presupuesto para gastos ordinarios en el mes de abril y suprimido miles de spots para promocionarse justo antes del cierre de campaña.
Ha sido cuestionado por especialistas y partidos políticos, y recibido una estocada de 150 mil firmas de ciudadanos que piden que se le retire el registro por incumplir con uno de los principios fundamentales en una contienda electoral: la equidad. Pero a 15 días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el partido del tucán sigue vivo y listo para contender, aun con la ola de multas y sanciones.
El miércoles pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó suspender las prerrogativas en radio y televisión al PVEM durante los últimos tres días de campaña; es decir 47 mil 493 spots de radio y televisión federales y locales.
El secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del órgano electoral, Patricio Ballados Villagómez, explicó que en el ámbito federal los tres días en los que se retirarán los spots del PVEM tienen que ver con 24 mil 197 promocionales en radio y 14 mil 545 en televisión, lo que suma 38 mil 742 spots. En pauta local serán 5 mil 333 en radio, incluida la intercampaña de Chiapas, y 3 mil 418 en televisión, para sumar un total de 8 mil 751 spots.
En conferencia el vocero del PVEM, Carlos Puentes Salas, informó que este instituto político seguirá con la divulgación de sus spots, en los que difunde los logros de esta fuerza partidista.
El legislador dejó en claro que “no es un desafío” para la autoridad y asumirán la responsabilidad como partido, pero el Verde Ecológico seguirá rindiendo su informe apegado a la ley.
Posteriormente tras conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de aplicar una sanción al Verde Ecologista para retirarle las prerrogativas al 100 por ciento, Carlos Puente manifestó que este instituto político la acatará pese a que quedará en la indefensión e inequidad.
La Sala Superior del TEPJF determinó el mismo miércoles retener el 100 por ciento del presupuesto de gastos ordinarios del mes de abril del financiamiento público del Partido Verde Ecologista para pagar una fracción de sus multas.
Con esta decisión, el Tribunal avaló la determinación del INE que tomó esta medida el pasado cuando inició el cobro de las sanciones impuestas al PVEM por violaciones a las reglas de la contienda electoral, y que el partido impugnó al considerar que se violaban sus derechos.
Por mayoría de votos, los magistrados coincidieron en la aplicación de la retención establecida por la autoridad administrativa de la ministración del pasado mes que asciende a 26 millones de pesos.
Durante el actual proceso electoral, el instituto político ha recibido multas que ascienden a más de 190 millones de pesos, sin embargo no todas están en firme.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Shaila Rosagel, Ariadna Ortega y David Martínez.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-05-2015/1353423.
Ha sido cuestionado por especialistas y partidos políticos, y recibido una estocada de 150 mil firmas de ciudadanos que piden que se le retire el registro por incumplir con uno de los principios fundamentales en una contienda electoral: la equidad. Pero a 15 días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el partido del tucán sigue vivo y listo para contender, aun con la ola de multas y sanciones.
El miércoles pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó suspender las prerrogativas en radio y televisión al PVEM durante los últimos tres días de campaña; es decir 47 mil 493 spots de radio y televisión federales y locales.
El secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del órgano electoral, Patricio Ballados Villagómez, explicó que en el ámbito federal los tres días en los que se retirarán los spots del PVEM tienen que ver con 24 mil 197 promocionales en radio y 14 mil 545 en televisión, lo que suma 38 mil 742 spots. En pauta local serán 5 mil 333 en radio, incluida la intercampaña de Chiapas, y 3 mil 418 en televisión, para sumar un total de 8 mil 751 spots.
En conferencia el vocero del PVEM, Carlos Puentes Salas, informó que este instituto político seguirá con la divulgación de sus spots, en los que difunde los logros de esta fuerza partidista.
El legislador dejó en claro que “no es un desafío” para la autoridad y asumirán la responsabilidad como partido, pero el Verde Ecológico seguirá rindiendo su informe apegado a la ley.
Posteriormente tras conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de aplicar una sanción al Verde Ecologista para retirarle las prerrogativas al 100 por ciento, Carlos Puente manifestó que este instituto político la acatará pese a que quedará en la indefensión e inequidad.
La Sala Superior del TEPJF determinó el mismo miércoles retener el 100 por ciento del presupuesto de gastos ordinarios del mes de abril del financiamiento público del Partido Verde Ecologista para pagar una fracción de sus multas.
Con esta decisión, el Tribunal avaló la determinación del INE que tomó esta medida el pasado cuando inició el cobro de las sanciones impuestas al PVEM por violaciones a las reglas de la contienda electoral, y que el partido impugnó al considerar que se violaban sus derechos.
Por mayoría de votos, los magistrados coincidieron en la aplicación de la retención establecida por la autoridad administrativa de la ministración del pasado mes que asciende a 26 millones de pesos.
Durante el actual proceso electoral, el instituto político ha recibido multas que ascienden a más de 190 millones de pesos, sin embargo no todas están en firme.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Shaila Rosagel, Ariadna Ortega y David Martínez.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-05-2015/1353423.
Respuesta de Los Pinos sobre el cuarto de 48 mil pesos para EPN en Bruselas
La reservación para Peña Nieto y su comitiva fue enviada a Aristegui Noticias desde la plataforma MéxicoLeaks.
El coordinador de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dio la versión de la Presidencia de la República sobre el reportaje titulado Reservan para EPN hotel de 48 mil pesos por noche en Bélgica, publicado por Aristegui Noticias.
El texto publicado anoche en ese sitio apunta que el presidente Enrique Peña Nieto cuenta con una reservación en un hotel de 5 estrellas en Bruselas, Bélgica, para una habitación cuyo costo será de 2 mil 850 euros, casi 49 mil pesos por noche, para asistir a la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea con sus pares Latinoamericanos y Caribeños.
Al respecto, Eduardo Sánchez expuso lo siguiente:
“En la organización de cualquier cumbre internacional, el país receptor selecciona a una serie de hoteles para que los países participantes decidan en cuál de ellos acomodan a los integrantes de su delegación. Generalmente, el país receptor celebra un acuerdo con dichos hoteles para ofrecer un precio preferencial. En el caso de la Cumbre CELAC-UE, el Consejo de Europa seleccionó diez hoteles.
“La elección del alojamiento se toma tras hacer valoraciones como seguridad, cercanía a la sede de los encuentros, disponibilidad de habitaciones, instalaciones que permitan la operación de una delegación, tarifas y condiciones de pago, etc.
“El número de integrantes de la comitiva depende de la agenda a desahogar en cada gira. En este caso, la comitiva definitiva, y por ende el número de personas que viajarán, se conocerá en un par de semanas más”, adelantó el vocero de Los Pinos.
De acuerdo con un presupuesto elaborado por el hotel Sofitel para la embajada de México en Bélgica, obtenido por este sitio a través de MéxicoLeaks, la estancia del mandatario mexicano por tres noches representará un gasto total de 8 mil 550 euros, alrededor de 145 mil 350 pesos al tipo de cambio actual.
Sin embargo, el viaje de trabajo de Enrique Peña Nieto programado entre el 9 y el 12 de junio próximos será aún más costoso para las finanzas públicas ya que, en ese mismo documento, consta que se han reservado 37 habitaciones para él y su comitiva por 52 mil 200 euros, esto significaría un total de 887 mil 400 pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El coordinador de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dio la versión de la Presidencia de la República sobre el reportaje titulado Reservan para EPN hotel de 48 mil pesos por noche en Bélgica, publicado por Aristegui Noticias.
El texto publicado anoche en ese sitio apunta que el presidente Enrique Peña Nieto cuenta con una reservación en un hotel de 5 estrellas en Bruselas, Bélgica, para una habitación cuyo costo será de 2 mil 850 euros, casi 49 mil pesos por noche, para asistir a la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea con sus pares Latinoamericanos y Caribeños.
Al respecto, Eduardo Sánchez expuso lo siguiente:
“En la organización de cualquier cumbre internacional, el país receptor selecciona a una serie de hoteles para que los países participantes decidan en cuál de ellos acomodan a los integrantes de su delegación. Generalmente, el país receptor celebra un acuerdo con dichos hoteles para ofrecer un precio preferencial. En el caso de la Cumbre CELAC-UE, el Consejo de Europa seleccionó diez hoteles.
“La elección del alojamiento se toma tras hacer valoraciones como seguridad, cercanía a la sede de los encuentros, disponibilidad de habitaciones, instalaciones que permitan la operación de una delegación, tarifas y condiciones de pago, etc.
“El número de integrantes de la comitiva depende de la agenda a desahogar en cada gira. En este caso, la comitiva definitiva, y por ende el número de personas que viajarán, se conocerá en un par de semanas más”, adelantó el vocero de Los Pinos.
De acuerdo con un presupuesto elaborado por el hotel Sofitel para la embajada de México en Bélgica, obtenido por este sitio a través de MéxicoLeaks, la estancia del mandatario mexicano por tres noches representará un gasto total de 8 mil 550 euros, alrededor de 145 mil 350 pesos al tipo de cambio actual.
Sin embargo, el viaje de trabajo de Enrique Peña Nieto programado entre el 9 y el 12 de junio próximos será aún más costoso para las finanzas públicas ya que, en ese mismo documento, consta que se han reservado 37 habitaciones para él y su comitiva por 52 mil 200 euros, esto significaría un total de 887 mil 400 pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Normalistas queman propaganda electoral en Chilpancingo
MÉXICO, D.F: Padres de familia y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa retiraron y quemaron propaganda electoral frente al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, Guerrero.
Además, los inconformes tomaron la caseta de Palo Blanco de la autopista Del Sol, en protesta por la desaparición de los 43 normalistas.
Por más de una hora los manifestantes permitieron el paso libre a los automovilistas que transitaban por dicha vía.
Al lugar acudió un grupo de policías federales que se retiraron luego de que los inconformes decidieron desbloquear la caseta.
Luego, a bordo de autobuses los manifestantes se dirigieron a Chilpancingo para realizar una marcha.
En el trayecto, desprendieron la propaganda de los candidatos y le prendieron fuego.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=405235.
Además, los inconformes tomaron la caseta de Palo Blanco de la autopista Del Sol, en protesta por la desaparición de los 43 normalistas.
Por más de una hora los manifestantes permitieron el paso libre a los automovilistas que transitaban por dicha vía.
Al lugar acudió un grupo de policías federales que se retiraron luego de que los inconformes decidieron desbloquear la caseta.
Luego, a bordo de autobuses los manifestantes se dirigieron a Chilpancingo para realizar una marcha.
En el trayecto, desprendieron la propaganda de los candidatos y le prendieron fuego.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=405235.
domingo, 24 de mayo de 2015
Difunden video de la balacera en Michoacán
MÉXICO, D.F: Un video del enfrentamiento del pasado viernes en Michoacán, el cual dejó 43 muertos, circula en las redes sociales.
En la grabación, supuestamente realizada por un policía federal, se escuchan disparos y se observan los momentos en que los efectivos policiacos reciben instrucciones.
Incluso se escucha que uno de los agentes advierte a sus compañeros: “¡Al tiro, están disparando para acá!”.
El enfrentamiento tuvo lugar en el rancho El Sol, perteneciente al municipio de Ecuandureo, específicamente en el kilómetro 371 de la carretera Ecuandureo-Tanhuato.
La balacera dejó 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante este choque entre presuntos narcotraficantes y fuerzas federales, murió un elemento de la Policía Federal.
VÍDEO:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En la grabación, supuestamente realizada por un policía federal, se escuchan disparos y se observan los momentos en que los efectivos policiacos reciben instrucciones.
Incluso se escucha que uno de los agentes advierte a sus compañeros: “¡Al tiro, están disparando para acá!”.
El enfrentamiento tuvo lugar en el rancho El Sol, perteneciente al municipio de Ecuandureo, específicamente en el kilómetro 371 de la carretera Ecuandureo-Tanhuato.
La balacera dejó 42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante este choque entre presuntos narcotraficantes y fuerzas federales, murió un elemento de la Policía Federal.
VÍDEO:
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Las únicas razones para anular
MÉXICO, D.F: Las causales de nulidad de una elección están clara y explícitamente establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellas, la única vinculada al origen de los recursos es recibir o utilizar “recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”, lo cual no incluye el rebase de los máximos de financiamiento privado o el límite anual de donativos por persona, como infieren quienes pretenden establecer el tope de gastos de campaña de los candidatos independientes en el doble de su financiamiento público.
El tope de gastos de una determinada elección es el establecido por la autoridad electoral, y es el mismo para todos los candidatos participantes, pues el principio que lleva a su establecimiento es garantizar la equidad en la contienda. Por esto, fijar límites diferenciados para los distintos candidatos sería una aberración, toda vez que se garantizaría justo lo contrario: inequidad.
Hay quienes alegan que Jaime Rodríguez El Bronco, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, sólo puede gastar 766 mil 657 pesos en su proselitismo porque es poco menos del doble del financiamiento público que le autorizaron. Esos detractores ignoran que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (LEENL) contemplan el autofinanciamiento como una modalidad distinta a las aportaciones de militantes y simpatizantes.
La LGPP no especifica qué entiende por autofinanciamiento pero lo incluye dentro del capítulo II, “Del Financiamiento Privado”, por lo que podría argumentarse que se debe contabilizar dentro de dicho criterio general. No obstante, la LEENL sí explica claramente qué comprende el autofinanciamiento. Esta ley abarca además ciertas disposiciones de las que se deduce que el autofinanciamiento no se incluye dentro del financiamiento privado.
El inciso “c” del párrafo II (que se refiere a los tipos de ingresos que reciben los partidos políticos fuera del erario) del artículo 45 de la LEENL marca que esta modalidad “se integra por los ingresos obtenidos de la organización de actividades con fines promocionales, tales como congresos, conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos de tipo cultural o académico, ventas editoriales, venta de bienes y de propaganda utilitaria, así como cualquiera otra similar que se realice con el fin de reunir fondos”.
Y el párrafo IV del artículo 217 señala que, entre las prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados, se encuentran éstas: “Obtener financiamiento privado y autofinanciamiento para la etapa de la obtención de respaldo ciudadano, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido político de reciente registro ni provenir de fuentes de financiamiento ilícito”.
La disposición merece dos reflexiones: una, esta norma diferencia el autofinanciamiento del financiamiento privado, pues de lo contrario no hay razón para enunciarlos separadamente; y dos, en toda la legislación estatal no existe un límite al autofinanciamiento y ni siquiera al financiamiento privado en su conjunto. De hecho, Nuevo León es una de las entidades que no señalan explícitamente que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Los únicos límites establecidos son a las aportaciones de los precandidatos, candidatos y simpatizantes, que es 10% del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador.
Pero suponiendo que el autofinanciamiento se considere dentro del financiamiento privado y que el monto total del mismo no debe rebasar el financiamiento público que recibirá el candidato independiente, como interpreta la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), superar los límites establecidos para las aportaciones por partido político y el límite anual por persona establecido en el acuerdo CEE/CG/08/2015, del 1 de febrero de este año, conduce a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 351 de la LEEGNL, que van desde el apercibimiento y la amonestación hasta la eventual cancelación del registro como partido político.
El artículo 353 de la misma legislación todavía es más explícito al respecto: “Al partido político que infrinja las disposiciones de esta Ley sobre restricciones para recibir aportaciones de financiamiento que no provengan del erario, se le sancionará con multa de hasta el doble del monto recibido indebidamente. Si reincide en la falta, el monto de la multa será aumentada hasta en dos tantos más”. Así, no hay lugar a dudas de cuál sería la sanción: multa, pero no nulidad de la elección, salvo que el dinero fuera de procedencia ilícita o recursos públicos.
En contraparte, se presume que la violación a los topes de gastos de campaña por más de 5% sí sería determinante para el resultado de la elección “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”. Ello, por tanto, conduciría a la nulidad de la elección.
Infringir las restricciones al financiamiento privado, siempre que no provenga de actividades ilícitas o de recursos públicos, no reviste la misma gravedad, y por ello la legislación federal y la estatal no contemplan que esta falta pueda conducir a la nulidad de la elección. En el peor de los casos podría llevar a la pérdida del registro de un partido político, “lo cual sólo podrá decretarse cuando el partido político reincida en violaciones graves a la presente ley”.
El término destacado es definido en el artículo 353 de la LEENL: “La repetición de una conducta contraria a las disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral o de esta Ley, cuando sea realizada por exactamente la misma asociación política, partido, coalición o persona física, así como que se encuentre previamente determinada, probada y sancionada, y que haya causado ejecutoria ante autoridad correspondiente”.
Por lo tanto, Jaime Rodríguez, candidato independiente a gobernador de Nuevo León, pondría en riesgo la elección si excede en 5% el gasto de campaña establecido (49 millones 929 mil 949 pesos); si rebasa el tope consignado en el acuerdo CEE/CG/08/2014, del 30 de octubre de 2014; si compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o si recibe o utiliza recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Si viola las restricciones al financiamiento privado se hará acreedor a multas que pueden alcanzar un monto hasta del doble de la cantidad con la que se haya excedido, pero no se le anulará la elección y, por lo tanto, de resultar ganador se le tendría que respetar su triunfo, tal como sucedió en su momento con Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, en el año 2000.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
El tope de gastos de una determinada elección es el establecido por la autoridad electoral, y es el mismo para todos los candidatos participantes, pues el principio que lleva a su establecimiento es garantizar la equidad en la contienda. Por esto, fijar límites diferenciados para los distintos candidatos sería una aberración, toda vez que se garantizaría justo lo contrario: inequidad.
Hay quienes alegan que Jaime Rodríguez El Bronco, candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, sólo puede gastar 766 mil 657 pesos en su proselitismo porque es poco menos del doble del financiamiento público que le autorizaron. Esos detractores ignoran que la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (LEENL) contemplan el autofinanciamiento como una modalidad distinta a las aportaciones de militantes y simpatizantes.
La LGPP no especifica qué entiende por autofinanciamiento pero lo incluye dentro del capítulo II, “Del Financiamiento Privado”, por lo que podría argumentarse que se debe contabilizar dentro de dicho criterio general. No obstante, la LEENL sí explica claramente qué comprende el autofinanciamiento. Esta ley abarca además ciertas disposiciones de las que se deduce que el autofinanciamiento no se incluye dentro del financiamiento privado.
El inciso “c” del párrafo II (que se refiere a los tipos de ingresos que reciben los partidos políticos fuera del erario) del artículo 45 de la LEENL marca que esta modalidad “se integra por los ingresos obtenidos de la organización de actividades con fines promocionales, tales como congresos, conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos de tipo cultural o académico, ventas editoriales, venta de bienes y de propaganda utilitaria, así como cualquiera otra similar que se realice con el fin de reunir fondos”.
Y el párrafo IV del artículo 217 señala que, entre las prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados, se encuentran éstas: “Obtener financiamiento privado y autofinanciamiento para la etapa de la obtención de respaldo ciudadano, así como para el sostenimiento de sus campañas, los cuales no deberán rebasar el que corresponda a un partido político de reciente registro ni provenir de fuentes de financiamiento ilícito”.
La disposición merece dos reflexiones: una, esta norma diferencia el autofinanciamiento del financiamiento privado, pues de lo contrario no hay razón para enunciarlos separadamente; y dos, en toda la legislación estatal no existe un límite al autofinanciamiento y ni siquiera al financiamiento privado en su conjunto. De hecho, Nuevo León es una de las entidades que no señalan explícitamente que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado. Los únicos límites establecidos son a las aportaciones de los precandidatos, candidatos y simpatizantes, que es 10% del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador.
Pero suponiendo que el autofinanciamiento se considere dentro del financiamiento privado y que el monto total del mismo no debe rebasar el financiamiento público que recibirá el candidato independiente, como interpreta la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), superar los límites establecidos para las aportaciones por partido político y el límite anual por persona establecido en el acuerdo CEE/CG/08/2015, del 1 de febrero de este año, conduce a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 351 de la LEEGNL, que van desde el apercibimiento y la amonestación hasta la eventual cancelación del registro como partido político.
El artículo 353 de la misma legislación todavía es más explícito al respecto: “Al partido político que infrinja las disposiciones de esta Ley sobre restricciones para recibir aportaciones de financiamiento que no provengan del erario, se le sancionará con multa de hasta el doble del monto recibido indebidamente. Si reincide en la falta, el monto de la multa será aumentada hasta en dos tantos más”. Así, no hay lugar a dudas de cuál sería la sanción: multa, pero no nulidad de la elección, salvo que el dinero fuera de procedencia ilícita o recursos públicos.
En contraparte, se presume que la violación a los topes de gastos de campaña por más de 5% sí sería determinante para el resultado de la elección “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”. Ello, por tanto, conduciría a la nulidad de la elección.
Infringir las restricciones al financiamiento privado, siempre que no provenga de actividades ilícitas o de recursos públicos, no reviste la misma gravedad, y por ello la legislación federal y la estatal no contemplan que esta falta pueda conducir a la nulidad de la elección. En el peor de los casos podría llevar a la pérdida del registro de un partido político, “lo cual sólo podrá decretarse cuando el partido político reincida en violaciones graves a la presente ley”.
El término destacado es definido en el artículo 353 de la LEENL: “La repetición de una conducta contraria a las disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral o de esta Ley, cuando sea realizada por exactamente la misma asociación política, partido, coalición o persona física, así como que se encuentre previamente determinada, probada y sancionada, y que haya causado ejecutoria ante autoridad correspondiente”.
Por lo tanto, Jaime Rodríguez, candidato independiente a gobernador de Nuevo León, pondría en riesgo la elección si excede en 5% el gasto de campaña establecido (49 millones 929 mil 949 pesos); si rebasa el tope consignado en el acuerdo CEE/CG/08/2014, del 30 de octubre de 2014; si compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o si recibe o utiliza recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Si viola las restricciones al financiamiento privado se hará acreedor a multas que pueden alcanzar un monto hasta del doble de la cantidad con la que se haya excedido, pero no se le anulará la elección y, por lo tanto, de resultar ganador se le tendría que respetar su triunfo, tal como sucedió en su momento con Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, en el año 2000.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
“Nada más oía cómo zumbaban las balas”, dice policía que participó en el enfrentamiento de Michoacán
Habitantes de las poblaciones cercanas a el Rancho El Sol, localizado entre Ecuandureo y Tanhuato, Michoacán, desconocen qué fue lo que pasó y aseguran que nunca vieron a las personas que murieron en su interior.
El mayor enfrentamiento ocurrido hasta la fecha entre un grupo delictivo y cuerpos policiacos no cuenta con testigos que narren lo ocurrido, pues El Rancho El Sol se encuentra incrustado en un punto ciego de la autopista México-Guadalajara, mejor conocida como la carretera de Occidente.
La historia de dicho rancho y de sus dueños es incluso desconocida por autoridades y pobladores cercanos, y sobre lo que ocurría al interior sólo se sabe que por un tiempo se vendía alfalfa y otros cuentan que incluso ese terreno ya había sido incautado por las autoridades.
Es de resaltarse que las poblaciones mas cercanas están a cinco, 10 y 15 kilómetros y en ninguna de ellas se registró el ruido de los balazos, pese a que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas.
“Pues por estos lados no escuchamos ni los silbidos de los balazos, acá estuvo todo tranquilo nos enteremos por el movimiento que hubo en la tarde de los policías pero nada mas”, cuenta uno de los pobladores de Ecuandureo, la población más grande y cercana al lugar en el que murieron 43 personas.
El Rancho del Sol pertenece con sus 112 hectáreas a dos municipios: Tanhuato y Ecuandureo y los pobladores niegan conocer no solo el lugar, sino el tipo de actividades que se realizaban al interior del rancho, incluso aseguran que nunca vieron rondar a las personas que murieron en su interior.
“Mire aquí en Ecuandureo, somos una población en la que todos nos conocemos, en la cabecera municipal debemos de ser unas tres mil personas y cada que viene alguien por estos rumbos nos damos cuenta que son nuevos, esos del rancho nunca se pararon por estos lados y la verdad en donde está ubicado es difícil acceder a pie, pues se trata de la autopista federal”, detalló Jesús Infante, presidente municipal de ese municipio.
El Rancho está en medio de la nada, pero colocado justo en un punto estratégico del kilómetro 370 de la carretera de cuota México-Guadalajara, cuando se pasa por este punto sólo ve que se trata de un terreno más y pese a que se ve desde la carretera, la arboleda que tiene en su interior impide ver las dos construcciones que hay en su interior.
Recorriendo los distintos poblados, la gente asegura que quienes estaban en el rancho no eran personas de su comunidad, “por acá nunca se pararon ni a comprar tortillas o comida nunca los vimos, así como estamos platicando con usted, que es extraño, ellos también los hubieramos visto” explica una señora del poblado de Ecuandureo.
Es así que el mayor enfrentamiento se desarrolló en medio de un punto ciego para los pobladores e incluso para las autoridades municipales.
Por la madrugada de este sábado hubo necesidad de contar con seis camioetas para poder sacar los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes muertos, mismos que fueron llevados al Servicio Médico Forense de Morelia.
De hecho, al mediodía del sábado comenzó la entrega de cuerpos a los familiares que pudieran presentarse.
En tanto, al interior del rancho se siguen realizando investigaciones, peritajes y cada dos horas los cuerpos policíacos intentan hacer un “barrido de las 112 hectáreas” para encontrar mas elementos de las actividades que se realizaban al interior.
También durante la madrugada fueron retirados los ocho vehículos que fueron calcinados, que daban detalle del tamaño de batalla que hubo al interior, y que de acuerdo a los policías que custodían el rancho quedaron calcinados producto de la explosión de granadas.
Los rastros del enfrentamiento
Al interior del rancho y desde la distancia se puede observar que la policía colocó las marcas del lugar en el que los cuerpos quedaron esparcidos en los campos de alfalfa, en algunas zanjas y en una casa y bodega que hay al interior.
Incluso, en una de las rejas que está en uno de los costados del rancho se puede observar cómo uno de los presuntos delincuentes trató de huir dejando un rastro de sangre al interior y exterior del predio.
Al recorrer gran parte de las 112 hectáreas que tiene este rancho, se pueden observar los terrenos áridos que lo rodean y cómo es que en su interior había campos cuidados de alfalfa.
A las afueras del terreno sólo se pueden observar pequeños rastros del enfrentamiento y tan solo restos de cartuchos percutidos que aún no han sido localizados por las autoridades.
La tarde de este sábado se logró ver a la distancia que el incendio de la bodega retomó vida hasta que fue controlado por los cuerpos policiacos que resguardan la zona.
Aún buscan armas, cuerpos o presuntos criminales
Durante el recorrido, uno de los oficiales que resguardan el lugar y que fue testigo de los acontecimientos, reveló el miedo que sintió al enfrentar al grupo armado, pese a que solamente iba de apoyo.
En uno de los accesos —ubicado al oriente de la propiedad y por el que presumen, era la entrada y salida de los civiles armados para no ser detectados por las autoridades– el oficial explicó que durante la agresión la adrenalina de los policías sube considerablemente y lo único en lo que piensan es protegerse.
“Está cabrón. Yo nada más oía cómo zumbaban las balas y lo malo es que nosotros llegamos cuando estaba todavía la balacera”, expresó el elemento, quién detalló que los presuntos criminales estaban parapetados al interior de la casa, localizada al sur de la propiedad, y de la bodega, ubicada al sur-poniente.
Por la tarde arribaron al menos cuatro vehículos con personal militar hasta el Rancho del Sol, el cual, la mayor parte del tiempo, estuvo vigilado por elementos de la Fuerza Ciudadana (estatal).
Otro policía del mismo acceso, construido con malla ciclónica, explicó las acciones que en ese momento se realizaban al interior del rancho.
Armado con un fusil AR-15, un arma corta y su chaleco antibalas, el oficial aclaró, que la orden que tenían de sus superiores era que nadie entrara al predio, ya que “lo que hay ahí adentro es prácticamente pura basura”.
“Hemos estado peinando la zona porque todavía nos encontramos armas, casquillos, cargadores, porque lo importante es que si nos encontramos un arma, imagínese, alguien más se la puede encontrar. Ahí adentro hubo detonaciones de granadas en las camionetas, entonces no podemos dejar nada”, dijo.
“Igual, andamos peinando el área por si encontramos incluso hasta un cuerpo o a lo mejor alguna otra persona salió huyendo y por ahí anda, entonces, pues no podemos dejar entrara a nadie y es por eso que estamos resguardando el lugar”, agregó.
En la puerta principal, se aprecia una cámara de vigilancia donde se postraron tres patrullas para controlar el acceso a la propiedad. En tanto, al interior, permanecían los patrullajes en vehículos oficiales y otros automóviles particulares, que recorrían los caminos de terracería.
Afuera, sobre la carreta federal, convoyes del Ejército Mexicano, de la Marina Armada y de la Policía Federal, circulaban sobre el tramo Ecuandureo-Tanhuato, sin que pareciera que formaban parte del grupo de seguridad que resguardaba el lugar.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.
El mayor enfrentamiento ocurrido hasta la fecha entre un grupo delictivo y cuerpos policiacos no cuenta con testigos que narren lo ocurrido, pues El Rancho El Sol se encuentra incrustado en un punto ciego de la autopista México-Guadalajara, mejor conocida como la carretera de Occidente.
La historia de dicho rancho y de sus dueños es incluso desconocida por autoridades y pobladores cercanos, y sobre lo que ocurría al interior sólo se sabe que por un tiempo se vendía alfalfa y otros cuentan que incluso ese terreno ya había sido incautado por las autoridades.
Es de resaltarse que las poblaciones mas cercanas están a cinco, 10 y 15 kilómetros y en ninguna de ellas se registró el ruido de los balazos, pese a que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas.
“Pues por estos lados no escuchamos ni los silbidos de los balazos, acá estuvo todo tranquilo nos enteremos por el movimiento que hubo en la tarde de los policías pero nada mas”, cuenta uno de los pobladores de Ecuandureo, la población más grande y cercana al lugar en el que murieron 43 personas.
El Rancho del Sol pertenece con sus 112 hectáreas a dos municipios: Tanhuato y Ecuandureo y los pobladores niegan conocer no solo el lugar, sino el tipo de actividades que se realizaban al interior del rancho, incluso aseguran que nunca vieron rondar a las personas que murieron en su interior.
“Mire aquí en Ecuandureo, somos una población en la que todos nos conocemos, en la cabecera municipal debemos de ser unas tres mil personas y cada que viene alguien por estos rumbos nos damos cuenta que son nuevos, esos del rancho nunca se pararon por estos lados y la verdad en donde está ubicado es difícil acceder a pie, pues se trata de la autopista federal”, detalló Jesús Infante, presidente municipal de ese municipio.
El Rancho está en medio de la nada, pero colocado justo en un punto estratégico del kilómetro 370 de la carretera de cuota México-Guadalajara, cuando se pasa por este punto sólo ve que se trata de un terreno más y pese a que se ve desde la carretera, la arboleda que tiene en su interior impide ver las dos construcciones que hay en su interior.
Recorriendo los distintos poblados, la gente asegura que quienes estaban en el rancho no eran personas de su comunidad, “por acá nunca se pararon ni a comprar tortillas o comida nunca los vimos, así como estamos platicando con usted, que es extraño, ellos también los hubieramos visto” explica una señora del poblado de Ecuandureo.
Es así que el mayor enfrentamiento se desarrolló en medio de un punto ciego para los pobladores e incluso para las autoridades municipales.
Por la madrugada de este sábado hubo necesidad de contar con seis camioetas para poder sacar los cuerpos de los 42 presuntos delincuentes muertos, mismos que fueron llevados al Servicio Médico Forense de Morelia.
De hecho, al mediodía del sábado comenzó la entrega de cuerpos a los familiares que pudieran presentarse.
En tanto, al interior del rancho se siguen realizando investigaciones, peritajes y cada dos horas los cuerpos policíacos intentan hacer un “barrido de las 112 hectáreas” para encontrar mas elementos de las actividades que se realizaban al interior.
También durante la madrugada fueron retirados los ocho vehículos que fueron calcinados, que daban detalle del tamaño de batalla que hubo al interior, y que de acuerdo a los policías que custodían el rancho quedaron calcinados producto de la explosión de granadas.
Los rastros del enfrentamiento
Al interior del rancho y desde la distancia se puede observar que la policía colocó las marcas del lugar en el que los cuerpos quedaron esparcidos en los campos de alfalfa, en algunas zanjas y en una casa y bodega que hay al interior.
Incluso, en una de las rejas que está en uno de los costados del rancho se puede observar cómo uno de los presuntos delincuentes trató de huir dejando un rastro de sangre al interior y exterior del predio.
Al recorrer gran parte de las 112 hectáreas que tiene este rancho, se pueden observar los terrenos áridos que lo rodean y cómo es que en su interior había campos cuidados de alfalfa.
A las afueras del terreno sólo se pueden observar pequeños rastros del enfrentamiento y tan solo restos de cartuchos percutidos que aún no han sido localizados por las autoridades.
La tarde de este sábado se logró ver a la distancia que el incendio de la bodega retomó vida hasta que fue controlado por los cuerpos policiacos que resguardan la zona.
Aún buscan armas, cuerpos o presuntos criminales
Durante el recorrido, uno de los oficiales que resguardan el lugar y que fue testigo de los acontecimientos, reveló el miedo que sintió al enfrentar al grupo armado, pese a que solamente iba de apoyo.
En uno de los accesos —ubicado al oriente de la propiedad y por el que presumen, era la entrada y salida de los civiles armados para no ser detectados por las autoridades– el oficial explicó que durante la agresión la adrenalina de los policías sube considerablemente y lo único en lo que piensan es protegerse.
“Está cabrón. Yo nada más oía cómo zumbaban las balas y lo malo es que nosotros llegamos cuando estaba todavía la balacera”, expresó el elemento, quién detalló que los presuntos criminales estaban parapetados al interior de la casa, localizada al sur de la propiedad, y de la bodega, ubicada al sur-poniente.
Por la tarde arribaron al menos cuatro vehículos con personal militar hasta el Rancho del Sol, el cual, la mayor parte del tiempo, estuvo vigilado por elementos de la Fuerza Ciudadana (estatal).
Otro policía del mismo acceso, construido con malla ciclónica, explicó las acciones que en ese momento se realizaban al interior del rancho.
Armado con un fusil AR-15, un arma corta y su chaleco antibalas, el oficial aclaró, que la orden que tenían de sus superiores era que nadie entrara al predio, ya que “lo que hay ahí adentro es prácticamente pura basura”.
“Hemos estado peinando la zona porque todavía nos encontramos armas, casquillos, cargadores, porque lo importante es que si nos encontramos un arma, imagínese, alguien más se la puede encontrar. Ahí adentro hubo detonaciones de granadas en las camionetas, entonces no podemos dejar nada”, dijo.
“Igual, andamos peinando el área por si encontramos incluso hasta un cuerpo o a lo mejor alguna otra persona salió huyendo y por ahí anda, entonces, pues no podemos dejar entrara a nadie y es por eso que estamos resguardando el lugar”, agregó.
En la puerta principal, se aprecia una cámara de vigilancia donde se postraron tres patrullas para controlar el acceso a la propiedad. En tanto, al interior, permanecían los patrullajes en vehículos oficiales y otros automóviles particulares, que recorrían los caminos de terracería.
Afuera, sobre la carreta federal, convoyes del Ejército Mexicano, de la Marina Armada y de la Policía Federal, circulaban sobre el tramo Ecuandureo-Tanhuato, sin que pareciera que formaban parte del grupo de seguridad que resguardaba el lugar.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ DE TAGLE.
Por qué desaparecen personas en uno de los lugares más vigilados de México
Habitantes de Chilapa, en Guerrero, denuncian casos de desaparición de personas, los cuales presuntamente ocurrieron entre el 9 y el 14 de mayo pasado.
La ciudad es vigilada por cientos de soldados, policías federales, del estado y el municipio. Pero de sus calles desaparecieron decenas de personas.
De ninguna se sabe nada. Los que sí han aparecido, a pesar de la estricta vigilancia, son cuerpos desmembrados o decapitados.
Es Chilapa, un municipio al pie de la montaña de Guerrero, en el sur de México.
Organizaciones civiles dicen que desde julio de 2014 han sido asesinadas más de cien personas en la localidad.
A otras las secuestraron grupos armados. El caso más reciente ocurrió entre el 9 y el 14 de mayo cuando supuestos policías comunitarios tomaron el control de la cabecera municipal.
Al marcharse se llevaron a varias personas. El número no está claro.
Lea también: México: investigan nuevas desapariciones en Guerrero
Familiares de las víctimas dicen que son 30, pero Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal, asegura que las denuncias se refieren a 16 personas.
El Comisionado Nacional Antisecuestro, Renato Sales, dice que no se trata de plagios para obtener dinero.
“No tenemos hasta el momento la notificación de que hayan solicitado algún rescate”, indicó a medios locales.
Más violencia
Desde el año pasado Chilapa vive una intensa violencia que no se detuvo ni con la presencia de policías federales y el ejército, subraya Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
En Guerrero, el Gobierno Federal aplica una estrategia especial de seguridad, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre.
Lea: Iguala, la tragedia del “cementerio” que alberga a cientos de desaparecidos
Pero la violencia en algunas regiones no cesa, como ocurre en Chilapa.
“Lo más preocupante es que estando la Gendarmería Nacional, las Fuerzas Especiales de la policía estatal y el Ejército, en el municipio seguía habiendo secuestros y muchos asesinados”, dice Olivares a BBC Mundo.
“Cuando sucede lo de Iguala, el gobierno debió poner más atención a la forma como se incrementa la guerra por el control de la plaza en el municipio”.
No ocurrió, insiste el activista. El 1 de mayo fue asesinado un candidato a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.
Una semana después aparecieron tres cuerpos en un auto incendiado, y después aparecieron 200 civiles armados en la cabecera de Chilapa.
Ellos se llevaron a los ahora desaparecidos.
Rojos vs Ardillos
El fondo del problema es que Chilapa se encuentra en medio de una cruenta disputa entre las bandas de Los Rojos y Los Ardillos.
Son dos grupos que pretenden controlar el narcotráfico en la zona, uno de los sitios con mayor producción de heroína del país.
El municipio está en medio de esa guerra, reconoce el alcalde Francisco Javier García.
“Chilapa es la puerta de la montaña, en la parte alta de esta zona se siembra marihuana y amapola”, señala.
“Y Chilapa es el paso obligado para sacar esos enervantes a otras zonas del país”.
El grupo de civiles armados que llegó el 9 de mayo a la cabecera municipal pretendía deshacerse de sus rivales, reconoce el alcalde.
“Vinieron a hacer limpieza de otro grupo delictivo y levantaron (secuestraron), presuntamente, a los halcones (espías) de Los Rojos”.
Lea también: seis meses de Ayotzinapa: la lucha contra el olvido de los estudiantes desaparecidos en México
Pero familiares de los desaparecidos no están de acuerdo con la versión.
Entre las víctimas se encuentran estudiantes, taxistas, albañiles, activistas de derechos humanos y vendedores de fruta y carne.
Sus familias dicen que no están vinculados a la delincuencia. El alcalde reconoce que fueron secuestrados “al azar”.
“Es complejo”
El activista Manuel Olivares insiste en que el gobierno federal debe establecer quiénes se llevaron a los desaparecidos.
También debe aclarar por qué no se ha frenado la violencia a pesar del despliegue de soldados y policías.
El comisionado Galindo dice que se investigarán todos los hechos, incluso los que ocurrieron el año pasado.
Por lo pronto al municipio llegaron más elementos de la Gendarmería Nacional y agentes del Ministerio Público, con la orden de buscar a los secuestrados.
“El conflicto es complejo, difícil el contexto de ahí, tiene que ver con supuestas policías comunitarias que se están investigando”, reconoce el jefe de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO NÁJAR.
La ciudad es vigilada por cientos de soldados, policías federales, del estado y el municipio. Pero de sus calles desaparecieron decenas de personas.
De ninguna se sabe nada. Los que sí han aparecido, a pesar de la estricta vigilancia, son cuerpos desmembrados o decapitados.
Es Chilapa, un municipio al pie de la montaña de Guerrero, en el sur de México.
Organizaciones civiles dicen que desde julio de 2014 han sido asesinadas más de cien personas en la localidad.
A otras las secuestraron grupos armados. El caso más reciente ocurrió entre el 9 y el 14 de mayo cuando supuestos policías comunitarios tomaron el control de la cabecera municipal.
Al marcharse se llevaron a varias personas. El número no está claro.
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Familiares de las víctimas dicen que son 30, pero Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal, asegura que las denuncias se refieren a 16 personas.
El Comisionado Nacional Antisecuestro, Renato Sales, dice que no se trata de plagios para obtener dinero.
“No tenemos hasta el momento la notificación de que hayan solicitado algún rescate”, indicó a medios locales.
Más violencia
Desde el año pasado Chilapa vive una intensa violencia que no se detuvo ni con la presencia de policías federales y el ejército, subraya Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
En Guerrero, el Gobierno Federal aplica una estrategia especial de seguridad, especialmente tras la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en septiembre.
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Pero la violencia en algunas regiones no cesa, como ocurre en Chilapa.
“Lo más preocupante es que estando la Gendarmería Nacional, las Fuerzas Especiales de la policía estatal y el Ejército, en el municipio seguía habiendo secuestros y muchos asesinados”, dice Olivares a BBC Mundo.
“Cuando sucede lo de Iguala, el gobierno debió poner más atención a la forma como se incrementa la guerra por el control de la plaza en el municipio”.
No ocurrió, insiste el activista. El 1 de mayo fue asesinado un candidato a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.
Una semana después aparecieron tres cuerpos en un auto incendiado, y después aparecieron 200 civiles armados en la cabecera de Chilapa.
Ellos se llevaron a los ahora desaparecidos.
Rojos vs Ardillos
El fondo del problema es que Chilapa se encuentra en medio de una cruenta disputa entre las bandas de Los Rojos y Los Ardillos.
Son dos grupos que pretenden controlar el narcotráfico en la zona, uno de los sitios con mayor producción de heroína del país.
El municipio está en medio de esa guerra, reconoce el alcalde Francisco Javier García.
“Chilapa es la puerta de la montaña, en la parte alta de esta zona se siembra marihuana y amapola”, señala.
“Y Chilapa es el paso obligado para sacar esos enervantes a otras zonas del país”.
El grupo de civiles armados que llegó el 9 de mayo a la cabecera municipal pretendía deshacerse de sus rivales, reconoce el alcalde.
“Vinieron a hacer limpieza de otro grupo delictivo y levantaron (secuestraron), presuntamente, a los halcones (espías) de Los Rojos”.
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Pero familiares de los desaparecidos no están de acuerdo con la versión.
Entre las víctimas se encuentran estudiantes, taxistas, albañiles, activistas de derechos humanos y vendedores de fruta y carne.
Sus familias dicen que no están vinculados a la delincuencia. El alcalde reconoce que fueron secuestrados “al azar”.
“Es complejo”
El activista Manuel Olivares insiste en que el gobierno federal debe establecer quiénes se llevaron a los desaparecidos.
También debe aclarar por qué no se ha frenado la violencia a pesar del despliegue de soldados y policías.
El comisionado Galindo dice que se investigarán todos los hechos, incluso los que ocurrieron el año pasado.
Por lo pronto al municipio llegaron más elementos de la Gendarmería Nacional y agentes del Ministerio Público, con la orden de buscar a los secuestrados.
“El conflicto es complejo, difícil el contexto de ahí, tiene que ver con supuestas policías comunitarias que se están investigando”, reconoce el jefe de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO NÁJAR.
Detienen a supuesto empresario con 5 mdp en efectivo en aeropuerto de Toluca
MÉXICO, D.F: Un sujeto que llegó en un vuelo privado de Jalapa, Veracruz, al aeropuerto de Toluca, Estado de México con cinco millones de pesos en efectivo, fue detenido por elementos de la Policía Federal (PF).
La PF informó que el sospechoso, identificado como Mariano “N”, de 43 años, dijo a las autoridades que era un empresario del ramo azucarero y que el dinero era producto de una venta del endulzante.
No obstante, el supuesto empresario no pudo comprobar la procedencia del dinero ni presentó algún documento que avalara su origen lícito, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Según la información, elementos federales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las plataformas del Aeropuerto Internacional de Toluca de Lerdo.
La noche del sábado detectaron el arribo de un avión particular del que no se proporcionó la matrícula, por lo que se procedió a realizar una revisión a la tripulación y al pasajero que llegó en el vuelo.
En la cabina de la aeronave se detectó una maleta con dinero en efectivo, que al ser contado arrojó la cantidad total de cinco millones de pesos en billetes de diversas denominaciones.
Los elementos de la Policía Federal procedieron a leerle al sospechoso el contenido de la Cartilla de Derechos para Personas en Detención, para trasladarlo junto con el dinero a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para el inicio de las investigaciones correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La PF informó que el sospechoso, identificado como Mariano “N”, de 43 años, dijo a las autoridades que era un empresario del ramo azucarero y que el dinero era producto de una venta del endulzante.
No obstante, el supuesto empresario no pudo comprobar la procedencia del dinero ni presentó algún documento que avalara su origen lícito, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Según la información, elementos federales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las plataformas del Aeropuerto Internacional de Toluca de Lerdo.
La noche del sábado detectaron el arribo de un avión particular del que no se proporcionó la matrícula, por lo que se procedió a realizar una revisión a la tripulación y al pasajero que llegó en el vuelo.
En la cabina de la aeronave se detectó una maleta con dinero en efectivo, que al ser contado arrojó la cantidad total de cinco millones de pesos en billetes de diversas denominaciones.
Los elementos de la Policía Federal procedieron a leerle al sospechoso el contenido de la Cartilla de Derechos para Personas en Detención, para trasladarlo junto con el dinero a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para el inicio de las investigaciones correspondientes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Familiares de desaparecidos en Chilapa culpan al gobernador y al presidente del Congreso
CHILAPA, Gro: Familiares de personas desaparecidas durante el sitio que instalaron civiles armados vinculados al grupo delictivo Los Ardillos, con el apoyo del Ejército y corporaciones policiacas, responsabilizaron de este crimen al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez.
“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y Casa Guerrero”, expresó el profesor José Díaz Navarro, quien reprochó la criminal indolencia gubernamental frente a este caso porque autoridades de los tres niveles permitieron operar impunemente al grupo delictivo que dirige la familia del representante del Poder Legislativo en la entidad.
Lo anterior durante una reunión entre familiares de desaparecidos y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Godínez Muñoz, realizada esta tarde en el tradicional restaurante Casa Pilla en el centro de la ciudad de Chilapa, donde el funcionario estatal anunció que van a citar a los comisarios que iban al frente del grupo armado para que declaren sobre este caso que vuelve a exhibir los presuntos nexos de autoridades y políticos con la delincuencia.
Godínez Muñoz dijo que abrieron una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 17 jóvenes del 9 al 14 de este mes, periodo donde más de 300 personas armadas tomaron el control de la cabecera municipal, instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron por la fuerza a una treintena de jóvenes frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
Los representantes del grupo armado procedentes de comunidades de Chilapa informaron que su objetivo era la captura del líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro, a quien responsabilizaron de la ola de violencia que ha dejado una estela de muerte y terror en este lugar de la región Centro donde grupos criminales se disputan a sangre y fuego las zonas de producción y trasiego de heroína.
Durante el encuentro con el fiscal, los familiares de las víctimas reprocharon la omisión de las autoridades que permitieron operar al grupo armado durante cinco días y anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para denunciar al gobierno mexicano por este hecho que fue comparado con el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por ello, exigieron resultados al fiscal para liberar a las víctimas que afirman, fueron retenidos por el grupo de Los Ardillos que dirige Celso Ortega Jiménez La vela, hermano del presidente del Congreso estatal.
En tono molesto, algunos de los familiares reprocharon la indiferencia de las autoridades frente a la ola de violencia que se vive en Chilapa, donde han registrado al menos cien homicidios y decenas de desaparecidos desde mediados del año pasado a la fecha.
También, responsabilizaron al gobernador Rogelio Ortega y al presidente del Congreso, Bernardo Ortega de la desaparición de personas durante los cinco días que el grupo armado asumió el control de la cabecera municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y Casa Guerrero”, expresó el profesor José Díaz Navarro, quien reprochó la criminal indolencia gubernamental frente a este caso porque autoridades de los tres niveles permitieron operar impunemente al grupo delictivo que dirige la familia del representante del Poder Legislativo en la entidad.
Lo anterior durante una reunión entre familiares de desaparecidos y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Godínez Muñoz, realizada esta tarde en el tradicional restaurante Casa Pilla en el centro de la ciudad de Chilapa, donde el funcionario estatal anunció que van a citar a los comisarios que iban al frente del grupo armado para que declaren sobre este caso que vuelve a exhibir los presuntos nexos de autoridades y políticos con la delincuencia.
Godínez Muñoz dijo que abrieron una averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 17 jóvenes del 9 al 14 de este mes, periodo donde más de 300 personas armadas tomaron el control de la cabecera municipal, instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron por la fuerza a una treintena de jóvenes frente a la mirada complaciente de soldados y policías federales y estatales.
Los representantes del grupo armado procedentes de comunidades de Chilapa informaron que su objetivo era la captura del líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro, a quien responsabilizaron de la ola de violencia que ha dejado una estela de muerte y terror en este lugar de la región Centro donde grupos criminales se disputan a sangre y fuego las zonas de producción y trasiego de heroína.
Durante el encuentro con el fiscal, los familiares de las víctimas reprocharon la omisión de las autoridades que permitieron operar al grupo armado durante cinco días y anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para denunciar al gobierno mexicano por este hecho que fue comparado con el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por ello, exigieron resultados al fiscal para liberar a las víctimas que afirman, fueron retenidos por el grupo de Los Ardillos que dirige Celso Ortega Jiménez La vela, hermano del presidente del Congreso estatal.
En tono molesto, algunos de los familiares reprocharon la indiferencia de las autoridades frente a la ola de violencia que se vive en Chilapa, donde han registrado al menos cien homicidios y decenas de desaparecidos desde mediados del año pasado a la fecha.
También, responsabilizaron al gobernador Rogelio Ortega y al presidente del Congreso, Bernardo Ortega de la desaparición de personas durante los cinco días que el grupo armado asumió el control de la cabecera municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Desmantelan en Reynosa red de narcoespionaje; vigilaban al Ejército
MÉXICO, D.F: Policías estatales de Fuerza Tamaulipas desmantelaron en Reynosa un sistema de narcoespionaje del crimen organizado que consistía en un circuito de cámaras instaladas en ese municipio.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que la red estaba conformada por 52 puntos fijos de alto impacto a través de 39 cámaras operadas vía Internet, con las cuales se vigilaban las acciones de las fuerzas estatales y federales de seguridad, así como de la sociedad civil.
El desmantelamiento fue realizado el lunes y martes pasados por elementos de Fuerza Tamaulipas, con el apoyo de militares que resguardaron la seguridad de los lugares donde los policías estatales retiraron los aparatos.
Durante el operativo para retirar los dispositivos, integrantes del grupo delincuencial que opera en ese municipio fronterizo, al percatarse del desmantelamiento, retiraron y desactivaron 18 cámaras de la red.
La mayoría de las cámaras fueron instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México.
Los 52 puntos de narcoespionaje desmantelados estaban ubicados frente a instalaciones de la Octava Zona Militar, Marina, PGR y Fuerza Tamaulipas, así como en la avenida Villa Dorada, bulevar Morelos, bulevar Luis Donaldo Colosio, bulevar Las Fuentes, en centros comerciales y fraccionamientos.
Las cámaras de video tienen capacidad para transmisión alámbrica e inalámbrica y el Internet lo obtenían a través de líneas telefónicas o servicio de Cablevisión. Cuentan además con módem, tarjeta de video, codificador de datos a video, cables alimentadores de corriente e instalación eléctrica.
En la colonia Las Fuentes, sección Aztlán, fueron hallados cinco puntos de “halconeo” con un tipo de dispositivo que puede operar simultáneamente hasta cinco cámaras cada punto.
Fuentes oficiales indican que el sistema de video pertenecía al Cártel del Golfo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que la red estaba conformada por 52 puntos fijos de alto impacto a través de 39 cámaras operadas vía Internet, con las cuales se vigilaban las acciones de las fuerzas estatales y federales de seguridad, así como de la sociedad civil.
El desmantelamiento fue realizado el lunes y martes pasados por elementos de Fuerza Tamaulipas, con el apoyo de militares que resguardaron la seguridad de los lugares donde los policías estatales retiraron los aparatos.
Durante el operativo para retirar los dispositivos, integrantes del grupo delincuencial que opera en ese municipio fronterizo, al percatarse del desmantelamiento, retiraron y desactivaron 18 cámaras de la red.
La mayoría de las cámaras fueron instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México.
Los 52 puntos de narcoespionaje desmantelados estaban ubicados frente a instalaciones de la Octava Zona Militar, Marina, PGR y Fuerza Tamaulipas, así como en la avenida Villa Dorada, bulevar Morelos, bulevar Luis Donaldo Colosio, bulevar Las Fuentes, en centros comerciales y fraccionamientos.
Las cámaras de video tienen capacidad para transmisión alámbrica e inalámbrica y el Internet lo obtenían a través de líneas telefónicas o servicio de Cablevisión. Cuentan además con módem, tarjeta de video, codificador de datos a video, cables alimentadores de corriente e instalación eléctrica.
En la colonia Las Fuentes, sección Aztlán, fueron hallados cinco puntos de “halconeo” con un tipo de dispositivo que puede operar simultáneamente hasta cinco cámaras cada punto.
Fuentes oficiales indican que el sistema de video pertenecía al Cártel del Golfo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Campaña de bots pide que ‘Desaparezcan a otros 43′
Alrededor de las 13 horas de este domingo 24 de mayo, inició una campaña de bots "pidiendo" que "Desaparezcan a otros 43." En menos de 40 minutos el # se convirtió en tendencia nacional.
En un fin de semana en donde ha dominado la información sobre distintas masacres ocurridas en México, se echó a andar una campaña de “bots”, que en pocos minutos posicionó como tendencia nacional un hashtag que pide que “Desaparezcan a otros 43″.
Trendinalia México, un servicio que mide tendencias en Twitter, aseguró que “1.378 cuentas y 2,803 tuits (2513 RTs), en 31 minutos…” convirtieron dicho hashtag en Tendencia nacional.
La campaña inició cuando supuestos usuarios de Twitter enviaron mensajes sin contenido y sólo con este mensaje provocador. El efecto inmediato fue que usuarios de redes sociales retomaran la frase para manifestar diversos ideas. La tendencia duró menos de dos horas posicionada. Algunos usuarios hicieron llamados a no usar o retuitear la frase.
Este fin de semana se han divulgado informaciones relevantes acerca de diversas masacres ocurridas en el país, como la del viernes 22 de mayo en Ecuandureo Michoacán, localidad cercana al municipio de Tanhuato. En redes sociales han circulado imágenes y comentarios que ponen en duda la versión oficial, acerca de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Aristegui Noticias y la revista Proceso han dado a conocer, de manera conjunta, la segunda parte de la investigación especial de la periodista Laura Castellanos, sobre la mascare ocurrida en Apatzingán, el pasado 6 de enero de 2015. En esa investigación se revela que participaron agentes federales y militares , según se desprende del “parte informativo y de la puesta a disposición” de la Causa Penal correspondiente del fuero federal, citada en la investigación.
La revista Proceso, también publicó en su edición de este fin de semana otra investigación especial sobre lo ocurrido en Villa Purificación, Jalisco, lugar en el que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribaron un helicóptero Cougar del ejército mexicano. El reportaje de los periodistas Alberto Osorio M. y Felipe Cobián, señala que 43 cuerpos fueron enviados por los peritos del Servicio Médico Forense al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aún no han sido identificados los cadáveres, reporta el semanario. En la misma edición, se publica un reportaje especial de la periodista Marcela Turati sobre la matanza ocurrida en agosto de 2010. El reportaje señala que : “La versión del gobierno mexicano sobre la masacre de San Fernando no resiste la prueba de las indagaciones independientes”.
También circula, este fin de semana, el editorial de la periodista Laura Castellanos titulado “Un país de masacres”, publicado en este sitio de noticias.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En un fin de semana en donde ha dominado la información sobre distintas masacres ocurridas en México, se echó a andar una campaña de “bots”, que en pocos minutos posicionó como tendencia nacional un hashtag que pide que “Desaparezcan a otros 43″.
Trendinalia México, un servicio que mide tendencias en Twitter, aseguró que “1.378 cuentas y 2,803 tuits (2513 RTs), en 31 minutos…” convirtieron dicho hashtag en Tendencia nacional.
La campaña inició cuando supuestos usuarios de Twitter enviaron mensajes sin contenido y sólo con este mensaje provocador. El efecto inmediato fue que usuarios de redes sociales retomaran la frase para manifestar diversos ideas. La tendencia duró menos de dos horas posicionada. Algunos usuarios hicieron llamados a no usar o retuitear la frase.
Este fin de semana se han divulgado informaciones relevantes acerca de diversas masacres ocurridas en el país, como la del viernes 22 de mayo en Ecuandureo Michoacán, localidad cercana al municipio de Tanhuato. En redes sociales han circulado imágenes y comentarios que ponen en duda la versión oficial, acerca de un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Aristegui Noticias y la revista Proceso han dado a conocer, de manera conjunta, la segunda parte de la investigación especial de la periodista Laura Castellanos, sobre la mascare ocurrida en Apatzingán, el pasado 6 de enero de 2015. En esa investigación se revela que participaron agentes federales y militares , según se desprende del “parte informativo y de la puesta a disposición” de la Causa Penal correspondiente del fuero federal, citada en la investigación.
La revista Proceso, también publicó en su edición de este fin de semana otra investigación especial sobre lo ocurrido en Villa Purificación, Jalisco, lugar en el que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribaron un helicóptero Cougar del ejército mexicano. El reportaje de los periodistas Alberto Osorio M. y Felipe Cobián, señala que 43 cuerpos fueron enviados por los peritos del Servicio Médico Forense al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aún no han sido identificados los cadáveres, reporta el semanario. En la misma edición, se publica un reportaje especial de la periodista Marcela Turati sobre la matanza ocurrida en agosto de 2010. El reportaje señala que : “La versión del gobierno mexicano sobre la masacre de San Fernando no resiste la prueba de las indagaciones independientes”.
También circula, este fin de semana, el editorial de la periodista Laura Castellanos titulado “Un país de masacres”, publicado en este sitio de noticias.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Identifican a 28 muertos que dejó enfrentamiento en Michoacán
Morelia, Mich. Hasta esta tarde han sido identificados 28 de los 42 presuntos delincuentes que perecieron el viernes anterior en el rancho El Sol entre los límites de los municipios de Ecuandureo y Tanhuato al enfrentarse a fuerzas federales. Todos ellos son procedentes del estado de Jalisco.
Fuentes periciales de la Procuraduría estatal subrayaron que hasta ahora ninguno de los identificados es de Michoacán.
Desde el viernes en la mañana fuerzas federales y estatales mantienen vigilado y resguardado el rancho donde se dio el enfrentamiento, un predio de 112 hectáreas.
Los uniformados aún buscan armas y restos de la balacera que duró casi tres horas, según el comisionado nacional para la seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Desde las 15 horas las autoridades de la Procuraduría estatal comenzaron a entregar los primeros seis cuerpos identificados a los familiares, que llegaron a bordo de carrozas fúnebres y se negaron a emitir alguna declaración.
A decir de policías federales, es posible que el rancho era utilizado como casa de seguridad y no se descarta que los presuntos delincuentes hayan participado en los recientes hechos ocurridos en Jalisco, donde cuatro militares murieron al ser derribado el helicóptero en el que viajaban, además de que fueron incendiados vehículos e inmuebles.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
EPN, falla generalizada del sistema
MÉXICO, D.F: No hay registro en la historia contemporánea de un presidente de la República con tantos negativos como Enrique Peña Nieto, quien además ha traído consigo disensos fundamentales en la agenda nacional.
De acuerdo con varias encuestas de Parametría hechas a solicitud de tomadores de decisiones y a ejercicios de extrapolación, los temas clave de EPN están lejos de generar consensos en lo fundamental. Veamos.
Primero. El presidente Enrique Peña Nieto no deja de caer en los estados de ánimo de la opinión pública. En efecto, EPN a pesar de sus promocionales con cargo al erario y en plena violación al artículo 134 constitucional ha logrado que el 96 por ciento de los mexicanos hayan escuchado hablar de él.
De sus más bajos niveles en noviembre del año pasado con un 49 por ciento de opinión positiva y un 44 por ciento de opinión negativa dando una opinión efectiva de más 5. La opinión efectiva resulta de restarle a la opinión positiva la opinión negativa.
Hace un mes, en abril, la opinión positiva bajó del 49 por ciento al 44 por ciento y la opinión negativa creció del 44 al 49 por ciento, lo que significa que EPN sigue teniendo una opinión efectiva de 5, pero bajo cero, caso único en el país.
Difícilmente en el mundo democrático un gobernante hubiera podido mantenerse en el poder con ese nivel de desaprobación. Esto ha hecho que el propio presidente de la República se convierta en un pasivo para los candidatos a cargos de elección popular de su partido que preferirán verlo de lejos para evitar el contagio negativo que es de vida o muerte en una elección. Pero no sólo EPN va mal, sus principales programas de gobierno hacen agua por todos lados.
Segundo. Así, por ejemplo, a la pregunta sobre si el país va por el rumbo correcto, el 65 por ciento de los mexicanos afirma que no y sólo el 32 por ciento sostiene lo contrario. A la interrogante sobre si la economía del país ha mejorado en los últimos 12 meses, el 61 por ciento de los mexicanos dice que no y sólo el 16 por ciento afirma que sí.
A la pregunta sobre si cree que en los próximos 12 meses la economía del país mejorará, el 40 por ciento de los mexicanos dice que no y el 24 por ciento cree que sí. Sobre el programa de combate a la pobreza de EPN la gente tampoco tiene una buena impresión. A la pregunta sobre si los programas del gobierno federal han ayudado a reducir la pobreza o las cosas se mantienen igual, el 62 por ciento de los mexicanos no advierte ninguna mejora y el 35 por ciento dice que sí.
A la pregunta sobre si considera que el país es seguro, el 90 por ciento de los mexicanos cree que no y sólo el 10 por ciento afirmó lo contrario, lo que pone de relieve que la inseguridad no es un mito, sino una realidad. Y sobra decir que en política lo que se percibe es lo que es.
Tercero. Hay un tema que se ha debatido desde tiempo atrás: narco o violencia como si fueran plata o plomo en el lenguaje del crimen organizado. El hartazgo de la sociedad ha llegado a sus umbrales de tolerancia a lo largo y a lo ancho del país. La reciente y fallida incursión del ejército en la segunda ciudad más poblada del país, Guadalajara, sólo arrojó miedo, muertes, pérdidas económicas y ningún presunto responsable capturado.
A la pregunta sobre si considera que se debe combatir el narcotráfico aunque haya violencia o que se permita el narcotráfico y no haya violencia, el 47 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo en que haya narcotráfico pero que no haya violencia, el 40 por ciento opina lo contrario. El descrédito de las autoridades ha hecho mella en casi todos los rubros.
Por ejemplo, a la pregunta sobre si cree que si hubiera un acuerdo entre autoridades y partidos políticos la seguridad del país estaría mejor o igual, el 44 por ciento de los mexicanos cree que las cosas seguirían igual y el 40 por ciento considera que estaría mejor. Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, el 54 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno federal es el principal encargado de resolverlo, 22 por ciento el gobierno estatal y sólo el 16 por ciento el gobierno municipal.
Por lo que concierne a qué partido le afecta más el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el 27 por ciento considera que al PRI y el 26 por ciento piensa que al PRD. A la pregunta sobre si considera que está de acuerdo o no que se evalúe y certifique a las personas que ocupan un cargo público, el 78 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo y sólo el 9 por ciento se manifestó en contra.
Al preguntar si la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a combatir la corrupción, el 73 por ciento de los mexicanos dijo que no ayudará, sólo el 22 por ciento afirmó lo contrario. Como se puede advertir con los datos comentados a medio sexenio no hay nada que celebrar y sí mucho que reprochar a EPN y su grupo político, que no guardan forma alguna y se presentan como lo que son: los depredadores de las riquezas de la nación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
De acuerdo con varias encuestas de Parametría hechas a solicitud de tomadores de decisiones y a ejercicios de extrapolación, los temas clave de EPN están lejos de generar consensos en lo fundamental. Veamos.
Primero. El presidente Enrique Peña Nieto no deja de caer en los estados de ánimo de la opinión pública. En efecto, EPN a pesar de sus promocionales con cargo al erario y en plena violación al artículo 134 constitucional ha logrado que el 96 por ciento de los mexicanos hayan escuchado hablar de él.
De sus más bajos niveles en noviembre del año pasado con un 49 por ciento de opinión positiva y un 44 por ciento de opinión negativa dando una opinión efectiva de más 5. La opinión efectiva resulta de restarle a la opinión positiva la opinión negativa.
Hace un mes, en abril, la opinión positiva bajó del 49 por ciento al 44 por ciento y la opinión negativa creció del 44 al 49 por ciento, lo que significa que EPN sigue teniendo una opinión efectiva de 5, pero bajo cero, caso único en el país.
Difícilmente en el mundo democrático un gobernante hubiera podido mantenerse en el poder con ese nivel de desaprobación. Esto ha hecho que el propio presidente de la República se convierta en un pasivo para los candidatos a cargos de elección popular de su partido que preferirán verlo de lejos para evitar el contagio negativo que es de vida o muerte en una elección. Pero no sólo EPN va mal, sus principales programas de gobierno hacen agua por todos lados.
Segundo. Así, por ejemplo, a la pregunta sobre si el país va por el rumbo correcto, el 65 por ciento de los mexicanos afirma que no y sólo el 32 por ciento sostiene lo contrario. A la interrogante sobre si la economía del país ha mejorado en los últimos 12 meses, el 61 por ciento de los mexicanos dice que no y sólo el 16 por ciento afirma que sí.
A la pregunta sobre si cree que en los próximos 12 meses la economía del país mejorará, el 40 por ciento de los mexicanos dice que no y el 24 por ciento cree que sí. Sobre el programa de combate a la pobreza de EPN la gente tampoco tiene una buena impresión. A la pregunta sobre si los programas del gobierno federal han ayudado a reducir la pobreza o las cosas se mantienen igual, el 62 por ciento de los mexicanos no advierte ninguna mejora y el 35 por ciento dice que sí.
A la pregunta sobre si considera que el país es seguro, el 90 por ciento de los mexicanos cree que no y sólo el 10 por ciento afirmó lo contrario, lo que pone de relieve que la inseguridad no es un mito, sino una realidad. Y sobra decir que en política lo que se percibe es lo que es.
Tercero. Hay un tema que se ha debatido desde tiempo atrás: narco o violencia como si fueran plata o plomo en el lenguaje del crimen organizado. El hartazgo de la sociedad ha llegado a sus umbrales de tolerancia a lo largo y a lo ancho del país. La reciente y fallida incursión del ejército en la segunda ciudad más poblada del país, Guadalajara, sólo arrojó miedo, muertes, pérdidas económicas y ningún presunto responsable capturado.
A la pregunta sobre si considera que se debe combatir el narcotráfico aunque haya violencia o que se permita el narcotráfico y no haya violencia, el 47 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo en que haya narcotráfico pero que no haya violencia, el 40 por ciento opina lo contrario. El descrédito de las autoridades ha hecho mella en casi todos los rubros.
Por ejemplo, a la pregunta sobre si cree que si hubiera un acuerdo entre autoridades y partidos políticos la seguridad del país estaría mejor o igual, el 44 por ciento de los mexicanos cree que las cosas seguirían igual y el 40 por ciento considera que estaría mejor. Sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, el 54 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno federal es el principal encargado de resolverlo, 22 por ciento el gobierno estatal y sólo el 16 por ciento el gobierno municipal.
Por lo que concierne a qué partido le afecta más el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el 27 por ciento considera que al PRI y el 26 por ciento piensa que al PRD. A la pregunta sobre si considera que está de acuerdo o no que se evalúe y certifique a las personas que ocupan un cargo público, el 78 por ciento de los mexicanos dijo estar de acuerdo y sólo el 9 por ciento se manifestó en contra.
Al preguntar si la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a combatir la corrupción, el 73 por ciento de los mexicanos dijo que no ayudará, sólo el 22 por ciento afirmó lo contrario. Como se puede advertir con los datos comentados a medio sexenio no hay nada que celebrar y sí mucho que reprochar a EPN y su grupo político, que no guardan forma alguna y se presentan como lo que son: los depredadores de las riquezas de la nación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
Exigen cárcel para implicados en asesinato de Cristopher
CHIHUAHUA, Chih: A una semana de encontrarse el cuerpo de Cristopher Raymundo Márquez Mora y al grito de “¡Ni un niño más!”, cientos de personas vestidas de blanco exigieron justicia en las calles de esta capital.
Con indignación, coraje y dolor, familiares del menor y vecinos de Laderas de San Guillermo exigieron que se castigue con prisión a los adolescentes que mataron al niño de seis años.
Los manifestantes se concentraron esta mañana en la Plaza del Ángel, caminaron hasta la glorieta de Francisco Villa y regresaron por la avenida Universidad hasta el Palacio de Gobierno, donde llamaron a la sociedad a hacer conciencia del cuidado de la niñez y la juventud.
“Yo me pregunto: ¿dónde estaban los padres de los asesinos?”, “Justicia para Cristopher”, “Hoy fue Cristopher, mañana puede ser tu hijo”, indicaban las mantas y cartulinas que portaban los inconformes.
La mamá de Cristopher, Tania Concepción Mora Alvarado, no acudió al acto. La abuela del niño, Claudia Alvarado, encabezó la marcha y posteriormente se reunió con el secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar.
Al salir, la mujer afirmó que tiene la promesa del gobernador César Duarte de revisar y modificar las leyes en materia de sanciones para adolescentes infractores.
El equipo de Laura Bozzo estuvo en la manifestación e insistió en que están en Chihuahua para ayudar. Algunas mujeres ajenas a la familia de Cristopher gritaban que querían a Laura “sí cumple”.
La abuela de Cristopher dejó claro que continuarán exigiendo justicia de manera pacífica, sin agresividad, y se mantuvo al margen de los representantes del programa de la conductora peruana.
“No estamos de acuerdo con las decisiones que las autoridades han tomado y queremos justicia porque han dejado un daño irreparable, queremos que paguen y que los juzguen por lo que hicieron y no porque son niños queden impunes”, exigieron los manifestantes.
En Chihuahua, sólo a los adolescentes mayores de 15 años se les puede privar de su libertad. En este caso particular sólo dos de los cinco menores que participaron pueden ser recluidos en el centro de internamiento especializado para adolescentes.
La legislación de Chihuahua indica que los mayores de 12 años y menores de 15 son imputables pero no pueden ser recluidos, por lo que se les sigue un proceso y en este caso sólo están bajo la tutela del DIF estatal.
De acuerdo con el fiscal Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, los cinco tuvieron participación activa en el homicidio, estrangularon al niño, lo lapidaron, inhumaron, le colocaron maleza encima y un perro muerto.
Según el funcionario, fue una niña quien lo apuñaló cuando ya estaba sin vida y también fue una menor quien cavó la pequeña fosa. Ahora hay dos mujeres de 13 años procesadas por el hecho.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Con indignación, coraje y dolor, familiares del menor y vecinos de Laderas de San Guillermo exigieron que se castigue con prisión a los adolescentes que mataron al niño de seis años.
Los manifestantes se concentraron esta mañana en la Plaza del Ángel, caminaron hasta la glorieta de Francisco Villa y regresaron por la avenida Universidad hasta el Palacio de Gobierno, donde llamaron a la sociedad a hacer conciencia del cuidado de la niñez y la juventud.
“Yo me pregunto: ¿dónde estaban los padres de los asesinos?”, “Justicia para Cristopher”, “Hoy fue Cristopher, mañana puede ser tu hijo”, indicaban las mantas y cartulinas que portaban los inconformes.
La mamá de Cristopher, Tania Concepción Mora Alvarado, no acudió al acto. La abuela del niño, Claudia Alvarado, encabezó la marcha y posteriormente se reunió con el secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar.
Al salir, la mujer afirmó que tiene la promesa del gobernador César Duarte de revisar y modificar las leyes en materia de sanciones para adolescentes infractores.
El equipo de Laura Bozzo estuvo en la manifestación e insistió en que están en Chihuahua para ayudar. Algunas mujeres ajenas a la familia de Cristopher gritaban que querían a Laura “sí cumple”.
La abuela de Cristopher dejó claro que continuarán exigiendo justicia de manera pacífica, sin agresividad, y se mantuvo al margen de los representantes del programa de la conductora peruana.
“No estamos de acuerdo con las decisiones que las autoridades han tomado y queremos justicia porque han dejado un daño irreparable, queremos que paguen y que los juzguen por lo que hicieron y no porque son niños queden impunes”, exigieron los manifestantes.
En Chihuahua, sólo a los adolescentes mayores de 15 años se les puede privar de su libertad. En este caso particular sólo dos de los cinco menores que participaron pueden ser recluidos en el centro de internamiento especializado para adolescentes.
La legislación de Chihuahua indica que los mayores de 12 años y menores de 15 son imputables pero no pueden ser recluidos, por lo que se les sigue un proceso y en este caso sólo están bajo la tutela del DIF estatal.
De acuerdo con el fiscal Zona Centro, Sergio Almaraz Ortiz, los cinco tuvieron participación activa en el homicidio, estrangularon al niño, lo lapidaron, inhumaron, le colocaron maleza encima y un perro muerto.
Según el funcionario, fue una niña quien lo apuñaló cuando ya estaba sin vida y también fue una menor quien cavó la pequeña fosa. Ahora hay dos mujeres de 13 años procesadas por el hecho.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Ante el “enfrentamiento” en Michoacán, las dudas
De nueva cuenta en Michoacán, el viernes 22 un presunto enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación dejó un policía y 42 civiles muertos. Es la peor masacre que en las últimas décadas se haya visto en esa entidad y sus características despiertan las mismas dudas que las matanzas más recientes en Guerrero y Jalisco…
ECUANDUREO, Mich: En relación con la balacera que el viernes 22 dejó 43 personas muertas –42 civiles y un policía– en el Rancho Del Sol, ubicado en el kilómetro 370 de la autopista México-Guadalajara, se imponen varias dudas ante los precedentes en el país de otras masacres semejantes que han sido reportadas por autoridades como producto de “enfrentamientos”.
En una rueda de prensa realizada ese mismo día, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que los 42 civiles muertos eran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CNJG). La refriega, agregó, fue consecuencia de la Operación Jalisco, que se inició el viernes 1 de mayo.
El presunto enfrentamiento, a decir del funcionario, se desató cuando elementos de la Policía Federal atendían una averiguación previa relacionada con la ocupación ilegal del rancho, que se encuentra en un lugar solitario, sin ninguna vivienda en cinco kilómetros a la redonda.
“En seguimiento a una averiguación previa iniciada el día de ayer por la invasión de una propiedad ubicada en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, por presuntos delincuentes armados, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y autoridades estatales implementaron un operativo de investigación”, aseveró Rubido en su conferencia, realizada en un hotel de Zamora.
Y enumeró: las fuerzas federales y estatales lograron la detención de tres presuntos delincuentes, el aseguramiento de ocho vehículos, 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas armado, un fusil calibre 50 y diversos cartuchos útiles.
Tras la denuncia de despojo, dijo, se organizó un operativo entre las dependencias mencionadas, y cuando los agentes y militares se acercaban a la finca a investigar, fueron agredidos a tiros desde una camioneta. Los tripulantes de ese vehículo intentaron darse a la fuga y se internaron en el predio. Sin embargo, al verse acorralados, los hombres descendieron y atacaron a los soldados y policías.
Fuentes consultadas por el corresponsal en la zona consideraron extraño que más de 42 pistoleros que conocían el terreno apenas pudieran abatir a un policía, pese al enorme arsenal que poseían. “¿Los agarraron dormidos o qué?”, se pregunta uno de los entrevistados.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS
ECUANDUREO, Mich: En relación con la balacera que el viernes 22 dejó 43 personas muertas –42 civiles y un policía– en el Rancho Del Sol, ubicado en el kilómetro 370 de la autopista México-Guadalajara, se imponen varias dudas ante los precedentes en el país de otras masacres semejantes que han sido reportadas por autoridades como producto de “enfrentamientos”.
En una rueda de prensa realizada ese mismo día, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que los 42 civiles muertos eran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CNJG). La refriega, agregó, fue consecuencia de la Operación Jalisco, que se inició el viernes 1 de mayo.
El presunto enfrentamiento, a decir del funcionario, se desató cuando elementos de la Policía Federal atendían una averiguación previa relacionada con la ocupación ilegal del rancho, que se encuentra en un lugar solitario, sin ninguna vivienda en cinco kilómetros a la redonda.
“En seguimiento a una averiguación previa iniciada el día de ayer por la invasión de una propiedad ubicada en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, por presuntos delincuentes armados, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y autoridades estatales implementaron un operativo de investigación”, aseveró Rubido en su conferencia, realizada en un hotel de Zamora.
Y enumeró: las fuerzas federales y estatales lograron la detención de tres presuntos delincuentes, el aseguramiento de ocho vehículos, 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas armado, un fusil calibre 50 y diversos cartuchos útiles.
Tras la denuncia de despojo, dijo, se organizó un operativo entre las dependencias mencionadas, y cuando los agentes y militares se acercaban a la finca a investigar, fueron agredidos a tiros desde una camioneta. Los tripulantes de ese vehículo intentaron darse a la fuga y se internaron en el predio. Sin embargo, al verse acorralados, los hombres descendieron y atacaron a los soldados y policías.
Fuentes consultadas por el corresponsal en la zona consideraron extraño que más de 42 pistoleros que conocían el terreno apenas pudieran abatir a un policía, pese al enorme arsenal que poseían. “¿Los agarraron dormidos o qué?”, se pregunta uno de los entrevistados.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS
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