MÉXICO, D.F: La noche de ayer la Presidencia de la República rechazó el reportaje difundido por la agencia Reuters, en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto “declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades”.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández destacó una carta dirigida al autor del trabajo periodístico, Simon Gardner, a quien acusa de faltar a la verdad, omitir información relevante, carecer de rigor y “tergiversar notoriamente la realidad”.
Sánchez Hernández insiste en que el terreno de mil metros cuadrados localizado en Valle de Bravo, Estado de México, fue adquirido hace 27 años por el padre (finado) del presidente, quien determinó ponerla a nombre de su hijo, entonces de 22 años, donación que siempre ha sido declarada por Peña Nieto a lo largo de su vida pública.
Incluso, el portavoz presidencial señala que la nota de Reuters omite consignar un dato importante: la cantidad de 11 millones 200 mil pesos equivale precisamente a 11 mil 200 de los llamados “nuevos pesos”.
“Por lo que respecta a las conversiones que usted (Gardner) hace de los llamados ‘viejos pesos’ a dólares, quiero resaltar que resulta inverosímil que pretenda convertir montos de 1982 usando un tipo de cambio actual (un dólar igual a 15.35 pesos mexicanos)”, se advierte en la misiva.
Además, abunda Eduardo Sánchez, “no sólo omite calcular la inflación en México en el transcurso de estos 33 años, y la plusvalía de los inmuebles con el paso del tiempo sino, lo más elemental, el desliz del tipo de cambio peso-dólar –más de 1.800% de esa fecha para acá–, por lo que la valuación que usted hace carece de rigor y tergiversa notoriamente la realidad”.
El funcionario de Los Pinos refiere que Gardner en su reportaje señala que “la Oficina del presidente no quiso hacer comentarios a pesar de que se le pidió varias veces explicaciones sobre las discrepancias en los documentos”.
Al respecto, Eduardo Sánchez dijo lamentar mucho que el colaborador de Reuters falte a la verdad con esta afirmación.
“En su teléfono celular encontrará varios recados –escritos y de voz– del día de ayer, en los que hay constancia de que los buscamos para atender su solicitud de información, así como varios correos electrónicos en los que de manera fehaciente se demuestra que sí quisimos hacer comentarios que usted no estuvo en disposición de atender por razones que desconocemos”, remata la carta de Los Pinos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El 15 de diciembre de 2011, “María”, originaria del estado de Guerrero, acudió al Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco, dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (Sedesa), para que la asistieran en el parto de su segundo hijo.
A pesar de que ya sentía cólicos y contracciones, los encargados del nosocomio le dijeron que no podían recibirla porque no tenían cupo y la transfirieron al Materno Infantil de Magdalena Contreras. Ahí empezó su tragedia.
El 3 de enero de 2012, personal de ese hospital la revisó y le dijo que los signos vitales de su hijo estaban “normales”. Un médico le informó que, debido a su baja estatura, debían hacerle cesárea. La programó para el siguiente día y le sugirió practicarle la salpingoclasia “para que ya no tuviera más hijos y se dedicara a gozar”.
La mañana siguiente, ya en la cama del hospital, cinco médicos residentes discutían la atención que debían darle. Uno se quejaba hasta con groserías porque le enviaban muchas cesáreas y faltaban cirujanos.
Los galenos le comentaron que a su bebé le faltaban dos semanas para nacer y que mejor se regresara a su casa a esperar. Ella protestó. El médico encargado le dijo que si quería, le hacía la cesárea, pero bajo su propia responsabilidad, pero que su hijo nacería “prematuro o mal”.
“María” pidió que le hicieran un ultrasonido para corroborar el tiempo de gestación. “¿Está bien mi hijo?”, preguntó a la doctora que la revisó. Ésta guardó silencio, sólo le dijo: “Su doctor le explicará”. Los de bata blanca seguían discutiendo, pero el mismo que le ordenó esperar en su casa, cambió su discurso y le soltó la noticia hasta en tono burlón: “Su hijo está muerto, pero usted está joven, puede tener otro”.
Aún en shock por la noticia, “María” recibió medicamento para provocar la expulsión del feto. El dolor comenzó y los maltratos también. Ninguna enfermera la ayudó a pasar de la cama a la camilla, pese a que parte del cuerpo de su hijo ya estaba afuera. El dolor hacía que se encogiera, pero las enfermeras la jalaban de los brazos para evitarlo.
Tras minutos de sufrimiento físico y emocional, la mujer pidió ver el cuerpo de su hijo, pero se lo negaron. Enseguida le aplicaron un sedante y cuando despertó le llevaron el cuerpo. Ya estaba congelado.
Violencia obstétrica
El de “María” fue uno de los 23 casos de violencia obstétrica documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 3/2015 dirigida a la Secretaría de Salud del DF que encabeza Armando Ahued.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Atención en la Salud de la Mujer, el organismo presidido por Perla Gómez explicó que las quejosas eran beneficiarias del Seguro Popular y aún así, sus derechos fueron violados en el transcurso de su embarazo y al momento de solicitar atención médica en la Red de Salud Pública del Distrito Federal.
Durante la revisión de las quejas recibidas durante los últimos años, la CDHDF identificó los siguientes hechos: deficiente o mala práctica médica, tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato físico o psicológico como indiferencia, insensibilidad e irresponsabilidad institucional por la ausencia de equipo médico adecuado, medicamentos básicos y especialistas.
En 90% de los casos, las trataron con comentarios irónicos, descalificadores y hasta en tono de chiste, tardaron en atenderlas, no las dejaron preguntar sobre su propia salud o no les contestaban, diferentes médicos les hicieron tactos vaginales reiterados, les negaron el contacto inmediato con su recién nacido, las culparon de no cooperar para mejorar su situación y cuando sus hijos murieron, no les dieron explicación alguna.
Peor aún, según la Comisión, la mayoría de las mujeres que presentaron una queja contra la Sedesa eran adolescentes, indígenas o tenían VIH, entre otras condiciones de vulnerabilidad que las hicieron más susceptibles de padecer abusos.
Al momento de la violación de sus derechos, las mujeres tenían entre 15 y 33 años de edad, más de la mitad trabajaba en el hogar y la mayoría tenía estudios de educación básica. Más: 14 de ellas cursaba su primer embarazo. Dos de ellas murieron, una de apenas 15 años.
En nueve de los 23 casos, las mujeres alumbraron cuerpos sin vida y más de la mitad tenía 38 semanas de gestación. A tres se les extirpó total o parcialmente el útero y a una se le impuso un método anticonceptivo definitivo sin su consentimiento. Nueve de los bebés nacidos vivos requerirán valoraciones a corto y mediano plazo para detectar algún factor de riesgo relacionado con su desarrollo físico y psicoemocional, además de que deberán recibir estimulación temprana y apoyo terapéutico.
En la recomendación fueron señalados como los lugares donde se violaron los derechos de las mujeres los hospitales materno infantil de Tláhuac, Cuautepec, Magdalena Contreras, Inguarán y Cuajimalpa, éste último derribado por la explosión del pasado 29 de enero. Además, se enlistó a los hospitales generales Dr. Enrique Cabrera, Iztapalapa, Ticomán y Dr. Gregorio Salas Flores, así como el Ajusco Medio, el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez.
Según la recomendación 3/2015, los derechos violados de las víctimas –tanto de las madres como de sus hijos– fueron el de tener una vida libre de violencia, disfrutar del más alto nivel posible de salud durante el embarazo, parto y puerperio; tener un desarrollo y supervivencia, una vida e integridad personal; una vida privada e intimidad, salud y autonomía reproductiva, así como integridad personal.
Violaciones reiteradas
La recomendación 3/2015 se suma a las siete que ha emitido la CDHDF contra la Sedesa en los últimos años: una en 2002, dos en 2006, una en 2009 y tres entre 2011 y 2014.
De hecho, en la 5/2014, la Comisión sugirió a la Secretaría realizar un diagnóstico de los centros hospitalarios y centros de salud de la red que dan atención materno infantil. Sin embargo, a la fecha la Comisión no tiene evidencias del avance de la Secretaría en el tema.
Y aunque la ombusperson,Perla Gómez, reconoció el esfuerzo de la Sedesa en los últimos meses para reparar el daño causado a las víctimas de las recomendaciones emitidas, llamó a tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar que los hechos se repitan.
Para la más reciente recomendación pidió al secretario Armando Ahued aplicar 13 medidas entre las que se cuenta indemnizar económicamente a las víctimas, atenderlas médica y psicológicamente, capacitar a todo el personal de los hospitales mencionados, investigar los casos para medir y resolver el problema, implementar una campaña de sensibilización sobre violencia obstétrica y su denuncia, así como desarrollar protocolos para atención de urgencias obstétricas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA
De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, los policías federales no realizaron tiros a menos de 200 metros de distancia.
Durante el enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, los policías federales no dispararon a menos de 200 metros de distancia a los presuntos delincuentes que fallecieron, según los primeros resultados de los peritajes.
Un reporte revelado en el programa de Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, descartó que los elementos de la Policía Federal (PF) haya disparado a quemarropa o a corta distancia a las personas que estaban en el rancho El Sol, y quienes –de acuerdo con la versión oficial los atacaron a tiros–.
La información es el resultado de los estudios realizados por peritos y forenses de la Procuraduría de Justicia de Michoacán y la Procuraduría General de la República (PGR).
La muerte de 42 presuntos delincuentes y sólo un elemento federal causó dudas sobre el tipo de operativo que realizaron los federales en esa localidad colindante con Jalisco, donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Testigos narraron a Animal Político que las personas que estaban en el rancho “no tuvieron oportunidad de defenderse”, ya que los policías dispararon contra los presuntos integrantes del CJNG desde un helicóptero.
Sin embargo, el comisionado de la PF, Enrique Galindo, ha negado que en Tanhuato se hayan llevado a cabo ejecuciones.
Este hecho recordó el caso Tlatlaya, una localidad en el Estado de México donde elementos del Ejército presuntamente ejecutaron a 22 presuntos delincuentes que ya se habían rendido; siete soldados están acusados por este hecho.
HRW pide al gobierno mexicano investigar
La organización internacional defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), pidió este jueves 28 de mayo que el gobierno mexicano realice una investigación “oportuna, exhaustiva e imparcial” sobre lo el enfrentamiento de tres horas en Tanhuato.
“Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, dijo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización.
“La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado”, agregó.
Acerca de lo ocurrido en Tlatlaya, el director de la organización en América, dijo: “Para no repetir el fiasco de la investigación sobre el caso Tlatlaya, la procuradora general de la República debería convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que puedan otorgarle credibilidad a su investigación sobre los asesinatos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF) detuvieron a Víctor Manuel García Orozco, presunto lugarteniente del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera El Mencho.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que la captura del presunto delincuente se realizó ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el marco de la Operación Jalisco.
A García Orozco, de 47 años y originario de Apatzingán, Michoacán, se le identificó como probable responsable de las operaciones de trasiego de droga, robo de combustible, extorsión y diversos ataques en contra de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los municipios de La Barca, Jamay, Tizapán El Alto y Poncitlán (Jalisco), así como en Briseñas, Sahuayo, Vista Hermosa, Tanhuato, Ixtlán, Pajacuarán y Venustiano Carranza (Michoacán).
También se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de elementos de la Policía Federal Ministerial en Briseñas, el 3 de noviembre de 2013, hechos que condujeron a la localización de 37 fosas clandestinas en el municipio de La Barca, donde se realizó el hallazgo de 75 cuerpos a finales de ese mismo año.
El presunto integrante del CJNG, liderado por El Mencho, fue aprehendido mientras circulaba a bordo de un vehículo en compañía de J. Jesús Magallón Morales, de 49 años, originario de Michoacán.
Al momento de la detención se les aseguraron dos armas cortas calibre 9 mm, dinero en efectivo y un automóvil.
Según la Segob, la captura de ambos sujetos es resultado de trabajos coordinados de investigación e inteligencia entre la Sedena y la PF, que permitieron conocer su zona movilidad.
Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Desde testigos falsos hasta fabricación de pruebas, el común denominador en esas acusaciones. En 2013 un juez pidió investigar a los fiscales por la operación de estos casos.
Por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas un juez liberó esta semana cuatro personas acusadas de haber perpetrado los atentados con granadas en el zócalo Morelia en septiembre del 2008.
El caso, fue responsabilidad de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. Pero esta exoneración, no es la primera que se presenta.
De hecho, con este último caso suman ya más de medio centenar de detenidos que a la postre fueron liberados tan solo en relación con tres averiguaciones previas emblemáticas integradas entre los años 2008 y 2009: la “Operación Limpieza”, el llamado “Michoacanazo”, y los referidos atentados.
Fueron en esos dos años donde la PGR estuvo encabezada por el actual Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, mientras que la oficina de la SIEDO era responsabilidad de la hoy cónsul en Milán Marisela Morales.
El común denominador de todas esas acusaciones fueron confesiones ministeriales hechas sin sustento, mentiras premeditadas de testigos protegidos, así como fabricación de evidencia. Algunos de los acusados pasaron solo meses en prisión pero otros estuvieron años antes de que las irregularidades fueran comprobadas.
Cabe señalar que hasta el día de hoy, y pese a la gravedad de algunos de los abusos señalados por los jueces, no hay un solo funcionario de la SIEDO o de la PGR que haya sido detenido o procesado por haber llevado a posibles inocentes a prisión.
La sucia “Operación Limpieza”
En su momento pareció el golpe más espectacular en décadas en contra de la corrupción y la infiltración del crimen organizado. Catorce funcionarios altos y medios de distintas dependencias, puestos al descubierto por colaborar con el crimen organizado y en específico con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
A través de un spot de televisión se acusaba a ex funcionarios de “ser traidores infiltrados en las fuerzas del orden”. En la foto aparecían los rostros de algunos de los detenidos, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador de la SIEDO o el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Javier Herrera Valles.
“Vamos a limpiar a la PGR y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones” dijo en octubre del 2008 Medina Mora, en una conferencia donde apareció junto a Morales para anunciar los primeros resultados de la “Operación Limpieza”.
Cuatro años tuvieron que pasar para que la verdadera naturaleza de los casos quedara al descubierto. La mayoría de los expedientes en su momento consignados por la PGR, estaban sustentados en testimonios falsos, en declaraciones fabricadas de testigos protegidos, sin ningún otro sustento.
Por ejemplo, en el caso de Ramírez Mandujano, liberado el 14 de abril de 2013, el juez federal Mauricio Fernández de la Mora determinó que prácticamente toda la averiguación estaba sustentada en los dichos del testigo colaborador “Jennifer” mintió en los señalamientos peor fue más allá.
“En particular, en la diligencia de careo entre el acusado Noé Ramírez Mandujano, con el testigo colaborador con nombre clave ‘Jennifer’, se advirtió una posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al Procurador General de la República, para que conforme a sus atribuciones procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía que recabó dichos testimonios” señaló el juez en su sentencia.
De las investigaciones en contra de funcionarios no se supo nada, pero el hecho es de que para 2013, catorce capturados en la Operación Limpieza ya habían quedado en libertad bajo las mismas circunstancias.
Entre los funcionarios que fueron detenidos y luego liberados, además de Mandujano, estuvo Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México, y el ex coordinador de seguridad pública Javier Herrera Valles.
El fiasco del michoacanazo
El 26 de mayo del 2009 elementos del Ejército y la Policía Federal cumplimentaron órdenes de presentación en contra de 35 funcionarios públicos del estado de Michoacán, entre ellos 12 presidentes municipales, por presuntos nexos con la organización delictiva de “La Familia Michoacana”.
La SIEDO no tenía pruebas iniciales para encarcelar a todos los involucrados pero utilizó la figura del arraigo para impedir que quedaran en libertad mientras “reunía pruebas en su contra”.
Finalmente la dependencia se apoyó en los dichos de varios testigos protegidos, entre ellos “Zajed” o “Paco” para acusar a los políticos de colaborar con el crimen.
“Estas personas protegían y filtraban información que favorecía el desarrollo de las actividades de ese grupo criminal (…) las investigaciones permitieron demostrar que los ahora inculpados aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia” dijo en ese entonces el procurador Medina Mora.
Pero 18 meses después de haber sido encarcelados, jueces federales liberaron prácticamente a todas las personas que fueron detenidas bajo el argumento de que no existían pruebas más allá de dichos, que dieran sustento a las acusaci0ones.
En meses posteriores se descubrió que algunos de los testigos protegidos usados por la SIEDO como “Paco”, en realidad utilizaron una identidad falsa e incluso los documentos que acreditan su posible identidad también están falsificados. Una situación que en realidad se repitió con otros testigos que la PGR utilizó en diversas acusaciones como “Jennifer” o “Libre”.
Recientemente, previo a su designación como ministro de la Corte, Medina Mora defendió las investigaciones que en su momento llevaron a la cárcel a los funcionarios y alcaldes en el llamado “Michoacanazo” El ex procurador sostuvo que el Ministerio Público tenía pruebas para acusar y que fue un juez, que hoy en día está bajo investigación, quien opinó distinto.
Granadas… y tortura
El último fiasco. Esta semana un juez federal exoneró a las cuatro personas que la SIEDO consignó en el 2008 acusados de haber sido responsables de la detonación de granadas en el zócalo de Morelia durante los festejos patrios del 15 de septiembre.
El motivo fue similar al de varios de los liberados de la Operación Limpieza: testimonios que no se verificaron, pruebas dudosas o de plano fabricadas, más el agregado de prácticas de hechos de tortura en contra de los detenidos.
“Quedó plenamente demostrado (…) que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura” dice la sentencia.
Aunado a lo anterior los detenidos fueron exhibidos en un video promocional (como ocurrió con otros casos entre ellos la Operación Limpieza), no se respetó su principio de inocencia, su declaración se hizo sin abogados, y hasta se alteraron las firmas de las confesiones lo que confirma la fabricación de la evidencia.
Cabe recordar que desde noviembre del 2008 los familiares de los detenidos denunciaron que ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos sino que fueron “levantados” por civiles armados en Lázaro Cárdenas, situación que fue ratificada esta semana por la sentencia del juez.
Pero el entonces procurador Medina Mora defendió que el caso era contundente y que los testimonios, que hoy se sabe se obtuvieron mediante tortura, lo avalaban. Incluso, dijo que las declaraciones se hicieron con el defensor presente.
“Sí hay registro de estas personas en la plaza Melchor Ocampo (Morelia) en momentos previos a los hechos y esto está considerado como un elemento importante que ratifica la declaración. (su declaración) fue realizada con plenos derechos, con la asistencia del Defensor de Oficio, en donde ellos admiten los hechos” declaró el hoy Ministro de la Corte.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El procurador de Michoacán, José Martín Godoy, confirmó que entre los 42 fallecidos por los hechos violentos registrados el viernes 1 en el rancho del Sol, en Ecuandureo, se encuentran dos policías del municipio jalisciense de Zapotlán del Rey.
En entrevista, el titular de la PGJE destacó que uno de los policías municipales ya fue identificado como Edgar Ramírez Mayoral, de 24 años, quien ya fue reclamado y entregado a sus familiares.
El otro uniformado abatido, aunque se encuentra identificado, no ha sido reclamado, precisó el funcionario michoacano.
Godoy Castro refirió que se encontró también que los uniformados tenían apenas dos años de servicio en la corporación policiaca de Jalisco.
Además, resaltó que se investiga la presunta relación de los policías municipales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó un donativo por 10 mil dólares para que Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz 1992, atestiguara los comicios en Guerrero, las fundaciones Murrieta y Tendiendo Puentes desmintieron que ese haya sido el objetivo de la visita a México de la líder indígena guatemalteca.
Apenas hace dos días, el martes 26, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, encabezó la ceremonia de acreditación de Menchú como visitante extranjera, así como para presuntamente realizar tareas de observación electoral en los comicios que están en curso.
En ese acto realizado en el INE, Córdova celebró que Menchú aceptara ser observadora electoral, debido a que es “una mujer reconocida a nivel internacional por su incesante lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como por sus convicciones sobre la paz”.
En respuesta, Menchú anotó que “servir significa mucho, especialmente para los pueblos originarios y las comunidades ancestrales, pero quiero decirles que también la participación tiene que estar en el marco de un tejido social que fortalece la democracia. Hoy la institución no lo cambia, o no lo deben cambiar unos cuantos, sino lo debe cambiar el votante”.
Luego de recomendar “no vender el voto”, Menchú sostuvo que es un honor presenciar el proceso electoral del 7 de junio, aunque no es la primera vez que lo hace, agregó, para enseguida desear al país éxito en estos comicios.
Sin embargo, este jueves en un comunicado ambas fundaciones aclararon que Menchú sólo realizaría dos actividades en México: el acto protocolario para acreditarla como visitante extranjera y una conferencia que dictará en Acapulco, Guerrero, este viernes 29.
“De inicio, el INE sólo se haría cargo de los gastos relacionados con la organización, promoción y logística de las dos actividades referidas”, indicaron ambas fundaciones en un comunicado.
El viaje costó 20 mil dólares y fueron financiados por estas organizaciones, 5 mil cada una, y el resto por el INE.
El coordinador nacional de Comunicación Social del INE, Alberto García, explicó que la institución electoral aceptó cooperar con los gastos de la visita porque uno de los patrocinadores no pudo cubrir con su parte.
El INE “aceptó fungir como tal y dio un pago de 10 mil dólares exclusivamente en labores de promoción de la democracia que hace Rigoberta Menchú. Es falso que se le haya pagado por venir a una ceremonia donde se le acredite como observadora electoral”, aseguró.
García también indicó que la de Menchú “fue una actividad paralela durante la visita de la premio Nobel a nuestro país. Prueba de ellos es esta actividad de mañana en Acapulco que va a tratar el tema de democracia y paz”.
Los recursos para la visita de la líder guatemalteca, abundó, salieron del rubro de capacitación electoral. “Las labores de observación electoral no tienen costo alguno y los visitantes extranjeros no reciben pago alguno”, agregó.
No obstante, en la ceremonia realizada el martes pasado en el INE, Menchú mencionó que iría a Guerrero a promover el voto, aunque sabía la problemática de esa entidad.
“¿Por qué Rigoberta acompaña una elección mexicana? Y de hecho me voy a dar un pasito por Guerrero; sé que es muy difícil lo que pasan nuestros hermanos por allá, pero no hay mejor momento de paz que yo aspiro, más que ese momento donde los ciudadanos sí pueden elegir, pueden elegir conscientemente.
“La única pregunta que yo lanzaría aquí sería ¿si sólo la democracia debe madurar, o si cada ciudadano debemos de madurar? Estamos maduros para hacer un ciudadano correcto, y también un ciudadano participativo, un ciudadano comprometido, y un ciudadano activo, y obviamente si no hacemos ese compromiso pues el liderazgo que aspiramos en las próximas generaciones no será lo que nos va a plantear unas condiciones de vida digna y vida mejor”, argumentó.
Hace dos semanas el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se vio envuelto en una polémica de tinte racista por la que se vio obligado a ofrecer disculpas al dirigente de comunidades indígenas Mauricio Mata por la manera en que se refirió a él en una llamada intervenida ilegalmente.
El viernes pasado, Córdova Vianello envió una carta privada y se reunió con él y otros dirigentes para ofrecer personalmente disculpas a los ofendidos.
El presidente del INE aún espera respuesta pues, según le dijo Mata Soria, la comunidad decidirá lo conducente.
“Ellos consultarían a sus bases para saber si había o no una aceptación de las disculpas y lo demás establecimos canales de comunicación permanente… el tema indígena es prioritario para el INE que tiene una agenda de no discriminación clara”, refrendó Córdova.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
A principios de mayo, el juez sexto de Distrito de Quintana Roo, Reynaldo Pión Rangel, enumeró una serie de violaciones al proceso del periodista, las cuales fueron reconocidas y convalidadas en el amparo que le otorgó el 24 de febrero. Sin embargo, en esa ocasión no ordenó la libertad de Pedro Canché.
Un juez otorgó un amparo al periodista maya Pedro Canché y ordenó su libertad inmediata, informó la organización Artículo 19.
Canché saldrá libre nueve meses después de haber sido detenido y encarcelado por, según el gobierno de Quintana Roo, haber cometido el delito de motín cuando realizaba su labor periodística durante unas movilizaciones contra la instalación de medidores y cobro de agua potable en el municipio Felipe Carrillo Puerto entre el 16 y 19 de agosto de 2014.
A principios de mayo, el juez sexto de Distrito de Quintana Roo, Reynaldo Pión Rangel, enumeró una serie de violaciones al proceso del periodista, las cuales fueron reconocidas y convalidadas en el amparo que le otorgó el 24 de febrero. Sin embargo, en esa ocasión no ordenó la libertad de Canché.
De acuerdo con dicha resolución, el gobierno de Roberto Borge no acreditó la existencia del delito de sabotaje, puesto que no se comprobó que el suministro de agua en Carrillo Puerto fuera interrumpido por las protestas realizadas en el municipio del 11 al 19 de agosto de 2014, señalado así por sus acusantes.
El juez también apuntó que no se comprobó que Pedro Canché tuviera una intención de trastornar gravemente la vida cultural y económica del municipio. Además, tampoco se comprobó que contrató a personas para realizar protestas contra el sistema de cobro de agua en el municipio.
Esta mañana la Secretaría de Gobernación informó vía telefónica a Alejandra Gonza, del cuerpo de abogados de la luchadora social Nestora Salgado, que ya la habían trasladado a la cárcel de Tepepan, en la Ciudad de México, donde sería atendida en la clínica penitenciaria, sin que esta información fuera cierta, declaró a Desinformémonos Saira Rodríguez, hija de la comandante de la Policía de Comunitaria de Olinalá, Guerrero.
“Se están burlando, están jugando con la vida de mi madre”, denunció Saira, quien advirtió que la abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, recibió el mensaje falso del traslado de su madre, directamente de la Secretaría de Gobernación, a quien le solicitó que le notificara por escrito, “pero nunca lo hicieron porque simplemente era una mentira”.
Ayer se anunció que el posible traslado de la líder de la policía comunitaria, quien se encuentra en huelga de hambre y sin beber líquidos, se llevaría a cabo este jueves. Se dijo también que se había demorado por falta de camas en el penal de Tepepan. Pero hasta le momento (18 horas) no se ha efectuado el traslado “y continúan las burlas del gobierno”, indicó Saira Rodríguez, quien reiteró que su madre continúa en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, “y no sabemos si aún está viva”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Sólo la complicidad y la ausencia de un llamado a cuentas explican que Felipe Calderón justifique la violencia del Estado que impulsó durante su gobierno.
Como se preveía, al paso de los años, el Poder Judicial está dejando claro ante la opinión pública los abusos cometidos por su gobierno.
La exhibición más reciente ocurrió el pasado miércoles con la absolución de los cuatro inculpados del atentado narcoterrorista contra la población civil, la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán.
El ataque, que dejó ocho muertos y más de cien heridos, fue la primera respuesta de magnitud a la declaratoria de guerra de Calderón a los narcotraficantes.
Contundente, el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con sede en el penal de alta seguridad de Puente Grande, absolvió a los cuatro acusados bajo el argumento de graves violaciones a sus derechos humanos.
Además de la tortura, el gobierno calderonista se valió de pruebas falsas y testigos pagados. En su resolución, el juez exhibió lo que fue un modus operandi de ese gobierno.
Tres de los acusados pasaron casi siete años de prisión y fueron entregados por la propia delincuencia en una operación encubierta encabezada por el general retirado Arturo Acosta Chaparro, especialista en guerra sucia, en una encomienda del gobierno de Calderón.
Los tres fueron torturados y exhibidos como integrantes del grupo de Los Zetas por la entonces subprocuradora de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEIDO, Marisela Morales. El cuarto acusado fue Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, detenido en septiembre de 2012, cuando el gobierno de Calderón llegaba a su fin. El Coss fue acusado como autor intelectual.
Ahora cónsul de México en Milán, Italia, Marisela Morales goza de la protección del gobierno de Peña Nieto en lo que parece un acuerdo tácito con Calderón para dejarla a salvo de cualquier responsabilidad.
En su gestión como subprocuradora y luego titular de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron muchos los agravios cometidos contra funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos comunes en el afán de dar resultados en esa guerra que se prolonga hasta ahora, aunque el actual mandatario evite referirse a ella.
El jefe de Marisela Morales, como procurador General de la República era nada menos que el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora; colocado en ese espacio de protección también por el propio Peña Nieto.
Medina Mora y Marisela Morales fueron además los responsables del fiasco llamado “Manos Limpias”, la supuesta operación limpieza emprendida en la propia PGR ante la infiltración del narcotráfico.
Prácticamente todos los acusados, entonces funcionarios y agentes de la PGR, ya fueron absueltos por la justicia federal. Fueron encarcelados sin más pruebas que los dichos de testigos protegidos que declaraban lo que el gobierno de Calderón quería escuchar.
En ambos casos, las afectaciones a los acusados han sido de todo orden y Calderón todavía sale públicamente a criticar a los jueces, a quienes tilda de hiper garantistas.
Torturados o no, fueron ellos, declaró Calderón en Radio Fórmula la mañana del jueves ante la liberación de los acusados de los granadazos. Su gobierno consintió y se valió de la tortura para armar casos que demostraran la eficacia de su gobierno en el combate a la delincuencia.
Esa es una de las razones por las que la Corte Penal Internacional aún mantiene en estudio dos denuncias que hay en su contra por delitos de lesa humanidad. El gobierno de Peña Nieto está presionando para que las acusaciones no prosperen.
Lo hace no sólo por Calderón, sino porque él mismo podría ser denunciado ante los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado disfrazados como enfrentamientos, como ocurrió en Tlatlaya, estado de México.
La complicidad no sólo impide que se finquen responsabilidades contra quienes abusan del poder, pero también es la garantía de no llegar a la verdad, como en el caso del atentado en Morelia y de la infiltración del narcotráfico en la PGR durante el gobierno de Calderón.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
TOLUCA, Edomex: Funcionarios electorales y del PRI pactaron una estrategia de manipulación del voto en Nezahualcóyotl, denunció el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El encuentro fue convocado por Víctor Manuel Tinoco Vázquez, secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Estatal (CDE) del PRI, y a él acudieron enlaces de la Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde también se abordaron medidas de manipulación del proceso comicial.
Omar Ortega, dirigente estatal del PRD, presentó como prueba un audio de la reunión que se realizó en un restaurante de la ciudad de Toluca, cerca de las oficinas del PRI mexiquense, el viernes 22 de mayo a las 17:00 horas.
Ese pacto, advirtió el líder perredista, contraviene la autonomía del IEEM y prueba la intromisión de los priistas en el organismo, con lo que se vulneran los principios de independencia, legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que deben regir al órgano electoral.
El priista Víctor Manuel Tinoco Vázquez, recordó Ortega, operó hace tres años el intento de fraude mediante la alteración de votos marcados a favor del PRD para anularlos, y alertó sobre la posibilidad de que se repita la operación.
Aunque el audio resulta de difícil comprensión por la música y el sonido de los cubiertos, da cuenta de los asistentes, en virtud de que reportan en orden la asistencia de representantes de las juntas distritales.
En el encuentro estuvieron presentes Sonia Claudia Alba Nieto, del distrito 26 y 32; Jorge Arturo Valverde González, de los distrito 24 y 25; José Fernando Hernández Becerra, enlace administrativo municipal y del distrito 41, y el coordinador administrativo regional del IEEM, Leopoldo Ramírez Subidia, así como vocales de la junta municipal y de las juntas distritales.
Los enlaces administrativos del IEEM en las juntas municipales y distritales proporcionan los recursos materiales para el proceso electoral, entre ellos vehículos, mobiliario, papelería, viáticos y pago de los salarios; también distribuyen los paquetes electorales.
La plática gira en torno al ambiente electoral de Nezahualcóyotl, la operación de las juntas y el comportamiento de sus integrantes en torno a las decisiones y acciones.
Sin embargo, alrededor del minuto 5`55“, uno de los asistentes refiere que uno de los enlaces del Partido Verde se comporta como simpatizante del PRD: “Sí va, pero parece que es amarillo”, expone, mientras no se descarta la posibilidad de sustituirlo.
Ya para el minuto 29, otro de los enlaces ofrece: “Yo soy institucional, y la línea que me den, adelante”.
Ortega Álvarez adelantó que promoverá una investigación a través de denuncias entabladas ante la Contraloría Interna del IEEM, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la legislatura mexiquense, pues estas reuniones, desde su punto de vista, son indebidas y sospechosas.
También se requerirá al Consejo General del IEEM una explicación sobre los elementos que se tomaron en cuenta para el nombramiento de los enlaces administrativos.
“Tenemos una alta preocupación de que el proceso electoral se encuentre viciado y los funcionarios electorales actúen de forma parcial. No tiene ninguna lógica o explicación legal esta reunión”, consideró el dirigente perredista.
Si no se realiza una investigación rápida, eficiente y expedita en este caso, advirtió, el proceso electoral quedará viciado de origen.
“Es preocupante que la autoridad electoral se preste a este tipo de juegos. No podemos dejar de pensar que integrantes del Consejo General estén involucrados en este tema, pues de ahí salió el nombramiento y el respaldo para los funcionarios electorales involucrados”, acusó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: Desde la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, el verano pasado, las autoridades migratorias mexicanas deportaron prácticamente el mismo número de migrantes centroamericanos menores de edad no acompañados que la Patrulla Fronteriza estadunidense.
Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), de octubre del año pasado a marzo último, el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a 9 mil 671 niños y adolescentes centroamericanos, 131 menos que la Patrulla Fronteriza estadunidense en el mismo lapso.
Antes de la aplicación de las medidas que endurecieron el control migratorio sobre la frontera sur de México, las autoridades mexicanas deportaban un número de niños y adolescentes migrantes más de tres veces inferior a las detenciones de la Patrulla Fronteriza.
Según WOLA, entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, el INM deportó a 16 mil 201 niños y adolescentes centroamericanos, mientras que la Patrulla Fronteriza detuvo a 51 mil 705 de ellos en el mismo periodo.
“Estas cifras ilustran de manera clara que México asumió un nuevo papel como agente migratorio y que ese papel llegó como una respuesta, al menos parcial, a la presión de Estados Unidos”, aseveró Adam Isacson, el encargado del área de Seguridad Regional en WOLA.
En marzo de 2014, las autoridades estadunidenses se alarmaron por la ola de niños y adolescentes migrantes no acompañados que intentaron cruzar su frontera sur. En total, detuvieron a 67 mil 339 de ellos en 2014, en una crisis sin precedente que atrajo una fuerte atención mediática.
WOLA subrayó que “una parte significativa” de los niños y adolescentes migrantes no acompañados huyeron de sus países debido a los peligros que ahí corrían.
La organización lamentó que “México no monitorea a estos niños de manera adecuada para su protección, y la enorme mayoría de ellos es retornada de manera rápida hacia las situaciones que huyeron”.
El pasado 20 de mayo, Apro reportó que, de acuerdo con las estadísticas oficiales del INM, durante los primeros tres meses del año las autoridades migratorias mexicanas deportaron a un promedio de 437 migrantes por día, una cifra en aumento de 89% en comparación con el mismo periodo de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
El juicio de amparo presentado por Aristegui, se encuentra detenido hasta en tanto no se resuelva la queja presentada por la empresa de Joaquín Vargas. Los abogados de la periodista solicitaron a los ministros atraer dicha queja.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si ejerce su facultad de atracción en una parte del caso de la periodista Carmen Aristegui, tras su salida del aire de Noticias MVS primera emisión.
Este jueves se dio a conocer la resolución de la segunda sala, en la que ordena lo siguiente al quinto tribunal colegiado en materia administrativa:
93/2015
FACULTAD DE ATRACCIÓN
SOLICITANTE: MARÍA DEL CARMEN ARISTEGUI FLORES (QUEJOSA EN EL J.A. 672/2015 Y EN LA QUEJA 139/2015)
TRÁMITE
SE ESTIMA NECESARIO SUSPENDER EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS AUTOS DEL RECURSO DE QUEJA DE MÉRITO, DEL ÍNDICE DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, HASTA EN TANTO ESTA SEGUNDA SALA DETERMINE LO CONDUCENTE, DÉSE VISTA A LOS MINISTROS QUE LA INTEGRAN PARA QUE EN LA SESIÓN PRIVADA SE DETERMINE LA SI HACEN SUYA O NO LA SOLICITUD FORMULADA.
Esto ocurre luego de que abogados de la periodista solicitaran a los ministros de la Corte ejercer su facultad de atracción, en el caso de la queja presentada por MVS, con la que intenta finalizar el juicio iniciado tras la demanda de la periodista, por el intento de terminar unilateralmente un contrato.
El juicio de amparo presentado por Aristegui, se encuentra detenido hasta en tanto no se resuelva es queja presentada por la empresa de Joaquín Vargas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mientras el Juez Silva escribió una histórica resolución, los magistrados del Octavo Colegiado en Materia Administrativa al parecer apenas garabatearon su perplejidad. Si hubiesen revisado la sentencia del Juez Marshall (Marbury vs. Madison) quizás lo hubiesen reprendido por extralimitarse en sus funciones: ¿Cuál es el artículo, la fracción, el párrafo, la coma, de la Constitución en la que se basa para declarar inconstitucional una ley?
En Italia, los jueces administrativos inventaron el giudizio di attemperanza, sin que hubiese una ley de por medio. Los magistrados del Octavo Colegiado probablemente también hubiesen revocado dichas resoluciones por extralimitarse en sus funciones.[1]
Ni el juicio de constitucionalidad de las leyes, ni las medidas cautelares en un juicio contra actos de autoridad –como lo es la que se otorgó a Aristegui—surgieron de una regla del legislador. El control de constitucionalidad de las leyes surgió ¡de una deducción! Tushnet, profesor de Harvard, en un disfrutable texto (Constitucionalismo y judicial review[2]) expone el razonamiento de Marshall: si la Constitución es una norma suprema, es inmodificable por leyes ordinarias: si una ley es contraria a la Constitución, entonces no es derecho. Si esto no es así, entonces la Constitución es un ensayo absurdo.
Las medidas cautelares fueron creadas por los jueces por una necesidad “instrumental”. Si la función de los jueces es impartir justicia y existe alguna circunstancia que ponga en riesgo tal función, el juez puede evitar ese peligro de ineficacia. Al ser “instrumentos”, las medidas cautelares tienen una relación medio/fin y, por tanto, deben ser adecuadas para que, en su provisionalidad, logren su propósito. Son las medidas cautelares las que deben adecuarse al conflicto y a los fines de la justicia y no al revés.
¿Cuál es el conflicto constitucional en el caso de Aristegui? Según la información difundida, el Tribunal Colegiado argumentó que si el contrato había sido rescindido por MVS, entonces era un hecho consumado. Según la Ley de Amparo, que el acto se haya consumado es motivo para negar la suspensión y para que el amparo sea improcedente[3]. Sin embargo, la misma ley agrega que el acto debe ser consumado “de modo irreparable”. Suponiendo que el contrato haya sido rescindido, debe decirse por qué eso es “irreparable”.
Lo cierto es que a estas alturas del juicio, los tribunales resuelven sobre “apariencias”. La información es todavía precaria y lo novedoso del juicio de amparo contra un particular, se encuentra en un estado “de insuficiente reflexión”. Además, se está ante un amparo inédito.
Es inédita, por ejemplo, la apreciación de cómo debe valorarse una “rescisión” contractual en un juicio constitucional. Pues si de apariencias hablamos, una rescisión unilateral de un contrato tiene la “apariencia” de justicia por propia mano. En “apariencia” –más que fundada—, para rescindir un contrato se requiere que una parte demande a otra y que sea un juez el que, debido proceso mediante, la declare. Que se niegue la suspensión por la “apariencia” de que se trata de una rescisión en “apariencia” inconstitucional, aparenta una decisión que convalida un acto en apariencia cuestionable.
Es inédita, en el caso de amparos contra particulares, el tratamiento de conflictos constitucionales al interior de la organización. No es solamente la relación entre las partes de la litis, sino su posición en las relaciones y la materia constitucional protegidas. Hay una evidente tensión entre considerar que es un problema contractual que debe ser dirimido en tribunales civiles y, por otra parte, que tiene implicaciones constitucionales.
Lo expuesto, no es inédito si apreciamos los conflictos al interior de las organizaciones públicas. Por ejemplo, los problemas que se suscitan entre los servidores públicos y las dependencias de la administración pueden tener distinta “naturaleza” que conduce a conflictos sobre la jurisdicción competente. Un servidor perteneciente al servicio profesional de carrera puede ejercer una acción contra su “patrón” ante el tribunal burocrático, o bien, puede hacerlo ante el contencioso administrativo o en amparo, dependiendo de su estrategia. La construcción del caso puede ser laboral, administrativa o constitucional. Lo relevante son los criterios para realizar la distinción.
La posibilidad de que los actos de los particulares puedan ser controvertidos en amparo tiene su basamento en la función que realizan y, por tanto, si actúan como autoridades. Para ello, el régimen constitucional de la radiodifusión da varias claves: que sea un servicio público y que se concesione un bien del Estado para su prestación, impone un determinado régimen jurídico. Que la concesión que se otorgó a MVS sea para fines comerciales, establece también el ámbito de su actividad. En este extremo MVS explota una concesión para obtener dinero; en el otro, lo hace en una función pública cuyo titular es el Estado y es un medio para lograr fines constitucionales: democracia informativa, pluralidad de voces, libertad de expresión.
Lo anterior le da una especial posición al concesionario. La dogmática administrativista alemana[4] acuñó un concepto con valor explicativo y funcional: los concesionarios se encuentran en una situación de especial sujeción, que no es más que una modulación de roles que posibilita cumplir con los objetivos de interés público. En esto hay tensión entre el interés privado de la empresa y el tipo de concesión: comercial, lo cual supone un criterio de rentabilidad (el equilibrio financiero) y; por otra parte, que siendo comercial, la actividad tiene relevancia constitucional al ser un medio para la libre expresión de las ideas.
Esta intensidad en la regulación que una empresa tiene cuando realiza una actividad derivada de la habilitación que le da el titular o “dueño” de tal función, no es ajena ni extraña incluso en relaciones comerciales. En el caso de las franquicias, por ejemplo, el dueño de la franquicia impone a quienes quieren explotar su marca el tipo de instalaciones, los colores, los insumos, la temperatura del café, la variedad de productos. Un franquiciatario realiza sus fines comerciales propios y a la vez los fines comerciales globales del franquiciante.
Guardadas las proporciones, la concesión hace algo parecido, pero en lo público, en aquello que concierne a los intereses de una sociedad democrática. El concesionario realiza sus fines comerciales y a la vez realiza los valores constitucionales (…)
Artículo íntegro en Nexos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/NEXOS.
AUTOR: José Roldán Xopa.
HERMOSILLO, Son: El padre Alejandro Solalinde afirmó que las ejecuciones masivas registradas en Apatzingán, Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo son “políticas públicas” del actual gobierno federal.
De visita en la entidad para ofrecer un ciclo de conferencias en el Quinto Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante organizado por el Colegio de Sonora, Solalinde dijo que estos ataques armados se han convertido en el “modus operandi” de la autoridad.
“No dejan a nadie vivo, asesinan a todos porque de esta manera se ahorran derechos humanos y se ahorran el dinero que invierte en la construcción de cárceles”, subrayó el sacerdote.
Tenemos un gobierno caduco, prosiguió, o en decadencia que no busca el diálogo y la razón, sino la fuerza y la represión.
“Hay una constancia en las diferencias que existen entre los hechos y las versiones oficiales, como de lo ocurrido en Apatzingán, Tlatlaya, Ayotzinapa y, ahora, en Ecuandureo”.
Las autoridades pueden decir una cosa, pero la verdad es otra, sentenció el fundador del albergue albergue “Hermanos en el Camino”, localizado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
“Es un gobierno mentiroso, que oculta la verdad y lo que hace en realidad son ejecuciones extrajudiciales como tónica, política pública, o modus operandi”, ultimó Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=405663
MÉXICO, D.F: Un día después de haber promulgado la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la agencia Reuters reveló que el presidente Enrique Peña Nieto falseó su declaración patrimonial, particularmente en lo referente al procedimiento mediante el cual obtuvo un terreno de mil metros cuadrados en Valle de Bravo, Estado de México.
De acuerdo con una declaración patrimonial oficial presentada por primera vez en 2013, Peña reportó que recibió una propiedad a través de una “donación” o un obsequio de su padre Gilberto Enrique Peña del Mazo.
Según la agencia informativa, el Ejecutivo hizo pública su declaración hace dos años como parte de un esfuerzo por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, y desde entonces ha actualizado y ratificado su declaración dos veces.
No obstante, a través de una solicitud de información pública, Reuters accedió a documentos que mostraron que Peña Nieto, en realidad, compró la propiedad en cuestión en 1988, de manos de un tercero.
Por ese terreno pagó 11.2 millones de pesos, o unos 5 mil dólares de esa época, según el registro, pero su declaración muestra que por la propiedad valuada se pagaron sólo 11 mil 200 viejos pesos o cinco dólares en aquella época.
Reuters no pudo determinar por qué el presidente mexicano presentó la compra como una donación y declaró un precio menor, y detalla que la declaración obtenida muestra una lista de otras ocho propiedades inmobiliarias, cinco de las cuales también son reportadas como donaciones, pero no pudo corroborar si éstas fueron declaradas correctamente.
Detalla, asimismo, que los funcionarios públicos mexicanos no tienen la obligación de explicar la fuente de los recursos utilizados para obtener propiedades que reciben como obsequio, pero se les requiere que declaren con precisión cómo adquirieron sus propiedades.
Y destaca que la oficina del presidente no quiso hacer comentarios, pese a que se le pidieron explicaciones sobre las discrepancias en los documentos.
Ayer,a tres años de haberse comprometido a crear una Comisión Nacional Anticorrupción, e inclusive prometer una iniciativa antes de tomar posesión, Peña Nieto promulgó finalmente las reformas en la materia que implicaron 14 cambios al articulado constitucional.
En su discurso calificó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la reforma transformadora número 12, pues –sostuvo– se trata de un cambio de paradigmas, “una reforma contra la impunidad”.
De acuerdo con Peña Nieto, “para superar un problema estructural” se requiere “una respuesta estructural”, y a su juicio la reforma implica un cambio de paradigma, pues ahora quien incurra en actos de corrupción será sancionado y deberá resarcir el daño.
“Como Presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.
Abundó en que la reforma establece y articula el Sistema Nacional Anticorrupción, con un comité integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y un comité ciudadano del propio Sistema.
Además, destacó que se fortalecen las facultades de la ASF, que ahora podrá reducir los tiempos de fiscalización, revisar ejercicios fiscales previos y conocer sobre ejercicio prespuestales de estaos y municipios.
La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción fue una propuesta de Peña Nieto en mayo de 2012, cuando las movilizaciones del movimiento #yosoy132 parecían empañar un proselitismo que, conforme a los estudios de opinión, eran mero trámite.
El 21 de mayo de 2012, el mexiquense dio a conocer su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”, en el que ya planteaba la creación de dicho sistema. El asunto no se volvió a tocar hasta que, en el contexto de las movilizaciones contra el resultado electoral, anunció tres iniciativas, entre ellas la creación del nuevo modelo anticorrupción.
La iniciativa jamás pasó, hasta el 27 de noviembre pasado, en medio de las movilizaciones que exigían justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y del escándalo de la “Casa Blanca”, construida y financiada por el contratista gubernamental, Juan Armando Hinojosa Cantú.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Un hombre de nacionalidad holandesa fue asesinado a balazos en el corazón de la colonia Polanco.
El homicidio ocurrió alrededor de las 15:00 horas frente a su domicilio ubicado en la calle de Lafontaine, entre Presidente Mazaryk y Horacio.
El hombre de 45 años de edad quedó sobre la banqueta, con varios impactos de disparo de arma de fuego.
La zona fue acordonada por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) quienes levantaron las primeras pruebas para integrarlas en la averiguación previa que se iniciará por el delito de homicidio.
La esposa del hoy occiso fue llevada al Ministerio Público para que rinda su declaración en calidad de testigo.
De acuerdo a versiones narradas por testigos, dos sujetos en un auto compacto color negro le dispararon al ciudadano holandés y después se dieron a la fuga por la calle de Horacio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El primer visitador del organismo, Ismael Eslava Pérez, ha coordinado la revisión de los resultados de los dictámenes de necropsia y se reunió con la Procuraduría estatal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realiza varias diligencias en Michoacán para reunir información sobre los hechos violentos registrados en el rancho El Sol, ubicado en los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, ha coordinado la revisión de los resultados de los dictámentes de necropsia y la inspección del helicóptero federal que participó en los hechos, informó el organismo de derechos humanos en un comunicado de prensa.
Los peritos médicos coordinados por Eslava Pérez llevaron a cabo la revisión de seis cuerpos hallados en el Rancho Del Sol, con el fin de detectar lesiones en los cadáveres.
El primer visitador también sostuvo un encuentro con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) y otras instancias de la entidad. ”Todas ofrecieron su disposición de proporcionar la información y documentación con que cuenten, en el marco de la investigación que realiza este organismo nacional”, indicó la CNDH.
El comunicado:
Comunicado 138 2015 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
