Los “moches” siguen persiguiendo al Partido Acción Nacional. El aspirante panista a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es ahora el nuevo protagonista de un video donde es grabado recibiendo dinero de parte de un constructor como adelanto para su campaña electoral.
Un video exhibe al panista Francisco Rojas Toledo recibiendo “moches” de parte de un empresario para financiar su campaña a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El exalcalde y exaspirante a la gubernatura de Chiapas aparece en un video recibiendo sobornos de parte de un constructor originario de Puebla. La grabación, en poder de Reporte Indigo, capta a Rojas Toledo aceptando al menos una docena de fajos de billetes que son acomodados en una caja de zapatos. La calidad de las imágenes no permiten definir la cantidad del dinero recibido por el político panista que hoy aspira nuevamente a gobernar la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Por el hilo de la conversación que mantiene Rojas Toledo y el empresario no identificado, el dinero entregado sería como pago por la intervención que habría realizado el político para conseguir una obra y por contratos de obra pública futuros si el panista llegara a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. El panista fue grabado presuntamente en un privado del exclusivo restaurante Angus, ubicado en la capital de Chiapas. Las primeras imágenes del video-escándalo que involucra al panista Rojas Toledo son cuando el empresario deja caer en una mesa una caja de zapatos llena de fajos de billetes. “Yo ya cumplí, cabrón”, le dice el constructor a Rojas Toledo. La cantidad de dinero que este pone sobre la mesa sorprende al panista. “¡Ay Burro!”, exclama cuando observa el dinero regado en la mesa. En uno de los diálogos que se escucha en el audio el constructor le dice a Rojas Toledo que el dinero que le entrega es “con todo mi corazón” y “toda mi gratitud”. “El varo es el que manda aquí”, le aclara el empresario. “Este varo ora si que es con todo mi corazón, toda mi gratitud”. “Lo que yo quiero decir es que estoy muy agradecido contigo, trabajemos… ¡Vamos al moche!”. En Chiapas, Rojas Toledo es conocido como “Paco Bono”, por la compensación económica que se autorizó cuando se desempeñó como alcalde de la capital de Chiapas. Ha sido diputado federal por el PAN, titular de la Sedesol en Chiapas y actualmente es uno de los aspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a información que se ha publicado, Rojas Toledo sería postulado por el PAN en alianza con el PRD en las elecciones programadas para el 19 de julio de este año. En la grabación se escucha cuando el constructor le dice al panista que está muy agradecido con su intervención en el proceso para conseguir contratos de obra pública. “No tienes que agradecer”, le responde Rojas Toledo. Y le ofrece: “Yo soy el que te daré más obra”. En un momento Rojas Toledo deja ver cierta incomodidad por la entrega de los fajos de dinero en ese sitio. “Hay que tener cuidado con el dinero”, le aconseja Rojas Toledo al empresario. “No me puedes dar el paquete directazo”. El empresario le interrumpe: “¡Ahorita ya ni la puta madre nos hizo!”. “Sos un warrior para esto”, le contesta el panista. “Po´s clarín”, le responde el político. En la grabación el empresario que le entrega el dinero le pide a Rojas Toledo que lo beneficie con más obra pública. “Nada más dame una pinche obrota… y que cierren bien, papá”. “Yo te doy un constructor número uno, tocayo”. En la grabación es el constructor el que lleva la iniciativa de la conversación con el aspirante blanquiazul. “Nos beneficiaremos todos con proyectos modelo”, le adelanta el empresario. “Yo creo que sigue también como de finiquito”. En el audio se escuchan reiteradas muestras de agradecimiento del constructor para el político de Acción Nacional. “Con usted yo estoy a toda madre. Me quedo a la espera que me dé más obra sino es a todos nos quita”. El panista le responde con modestia. “Yo no soy cliente pero si por mi obtuvieron…”. “No, carnal”, le interrumpe el constructor. “No es modestia, pero el día de ayer me mostraste, cabrón, que eres un güey a toda madre. Sobre todo que tu si reaccionaste sinceramente”. La fecha de la video de la cámara de seguridad que graba a Rojas Toledo indica que la grabación fue hecha el 2 de septiembre del 2014. El video capta la escena cuando el constructor empieza a tomar cada uno de los fajos de los billetes esparcidos sobre la mesa y los acomoda en la caja de los zapatos. Uno a uno, ante la mirada del aspirante albiazul, el dinero es apilado en la caja de zapatos de un tamaño normal. En ese momento Rojas Toledo le dice en broma que ojalá no vayan a filmarlos como lo hizo el empresario Carlos Ahumada con el dirigente perredista René Bejarano. -No te vayan a filmar cómo se llama… -¡Jaja! No mames… -¿Cómo se llama? Ahumada y -Ahumada y Bejarano. Una vez reunidos los fajos de billete, el constructor le acerca la caja a Rojas Toledo. El panista pone una tela sobre ella y se lleva las manos al rostro. En ese momento aprovecha para consultar con el constructor sobre el proceso para abrir una empresa en Chiapas. “A ver dime cómo le hago para hacer una empresa acá en Chiapas… yo quisiera porque me van a reclamar seguramente”. En la parte final del video aparecen dos chicas que se unen a la conversación que mantiene Rojas Toledo y su amigo el constructor. Una de ellas se dirige hacia el albiazul y le propone ayudarle a coordinar algunas citas. “Dame tu teléfono para que no recibas nada mañana. Yo te contesto, digo que soy tu secretaria y yo hago las citas”, le ofrece la mujer. Rojas Toledo se acerca a ella y le acaricia la cabeza con su mano. El panista le responde: “Ahora que sea presidente municipal…”. -¿Vas a volver a ser presidente municipal? ¡Qué padre!”.
La mujer sigue hablando con Rojas Toledo. “¿Sabes que es lo bonito de acá? Que todo el mundo se reelige si quiere. Tengo un amigo que es de Motozintla, es el presidente actual. Ese cabrón ha sido presidente de en Motozintla como 6 veces. Aquí se puede hacer todo”. Rojas Toledo le alcanza a responde antes de dejar el privado cargando su caja de zapatos repleta de fajos de billetes en compañía del constructor. “¡No tires mi regalo!”, le grita la mujer a manera de despedida a Rojas Toledo, que deja la oficina por una de las puertas donde una de las cámaras de seguridad capta su rostro. Golpes del pasado A Francisco Rojas Toledo le persigue un polémico pasado. Los incidentes van desde golpear a su ex esposa hasta un bono millonario de retiro cuando fue Alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Por el finiquito que se autoentregó se ganó el mote de “Pacobono”. Por los golpes a su ex mujer, quien estaba acompañada de su nueva pareja, el político provocó que un juez girara una orden de aprehensión a mediados de 2008 por tentativa de homicidio. Por eso Rojas Toledo sin duda no pasa desapercibido en Tuxtla Gutiérrez. En su primer campaña para ganar la alcaldía recorrió la mayor parte de las colonias a pie. Su discurso siempre fue en contra de la corrupción y a favor de un gobierno honesto. Si bien hoy aquellos lemas de campaña se van por tierra, lo cierto es que para ganar su primera elección utilizó un método que hoy es imposible repetir. En aquellos años le dijeron “Pacoloco” por recorrer sin transporte todas las colonias. Hoy el polémico político chiapaneco seguro se ganará un nuevo mote: “Pacomoches”. A diferencia del proceso federal que se celebra en el país, en Chiapas la elección local iniciará el 16 de junio y concluirá el 15 de julio. El registro de candidatos para las alcaldías está previsto para la siguiente semana, entre el 10 y 12 de junio. La jornada electoral está programada para el 19 de julio. Rojas Toledo encabeza una negociación para ser postulado como candidato del PAN a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez en alianza con el PRD y posiblemente el PT.
Un proyecto que seguramente se modificará tras la revelación de este video donde es grabado recibiendo “moches”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
CHILPANCINGO, Gro: Al menos dos cuerpos desmembrados fueron exhumados esta tarde de una fosa clandestina cerca de Chilapa, lugar colapsado por la narcoviolencia. El hallazgo se reportó en un predio ubicado entre las comunidades de Acazacatla y Miraflor, ubicado al poniente de la cabecera municipal, indican reportes oficiales. La zona que se encuentra a 15 minutos de Chilapa, fue resguardada por soldados así como policías federales y estatales, mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias. La fosa se ubica en la ladera de un cerro al que se llega a través de un camino sinuoso de terracería que conecta esta ciudad con la zona rural de este municipio donde bandas delincuenciales disputan a sangre y fuego el control de la plaza. De acuerdo al reporte preliminar, fueron exhumados dos cadáveres que estaban desmembrados y envueltos en cobijas.
Las víctimas presentaban avanzado estado de putrefacción y sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de esta capital para tratar de identificarlos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos. Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad. Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa. Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia. “Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente. La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”. Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado. Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel. En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila. Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa. Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes, ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga. Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo. A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido. Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte. Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”. La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”. Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”. El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre. Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.
A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Las elecciones de 2011 a la gubernatura de Michoacán fueron el último gran intento de Felipe Calderón por controlar el PAN y darle vida a la guerra antinarco. Así, maniobró para que la candidata del PAN-Panal fuera su hermana Luisa María Calderón, quien prometió luchar contra la corrupción. Pero mintió. Proceso consiguió la contabilidad real de esa campaña –nunca declarada a las autoridades– y descubrió que Cocoa gastó 664% más de lo que permitía la ley, corrompió a la prensa y permitió que su hermano Juan Luis atrajera decenas de millones de pesos de manera poco transparente. Colaboradores y periodistas confirman las irregularidades. Hoy, Luisa María intenta de nuevo gobernar esa entidad…
MÉXICO, D.F: Luisa María Calderón Hinojosa Cocoa violó la ley en la campaña a la gubernatura de 2011, cuando participó como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Nueva Alianza (Panal). La hermana del entonces presidente Felipe Calderón rebasó en 664% el tope de gastos de campaña, ocultó a las autoridades su gasto real, mantuvo una “Contabilidad B” y corrompió a decenas de periodistas para que hablaran bien de ella. Cocoa perdió aquellos comicios, pero actualmente compite de nuevo por el mismo cargo, representando al PAN rumbo a los comicios del 7 de junio. Tras una investigación de dos años, Proceso logró reunir buena parte de la contabilidad oculta que Luisa María y su equipo mantuvieron en 2011. Se trata de más de 400 documentos (recibos simples, todos originales y firmados; fichas de depósito; facturas; presupuestos; fotos; resúmenes; notas, y archivos electrónicos) que demuestran que hubo muchos más ingresos y egresos que los reportados al Instituto Electoral de Michoacán (IEM). La autenticidad y la exactitud de estos papeles fueron confirmadas por personas que trabajaron o trabajan en la campaña electoral de Cocoa, por proveedores y por periodistas corrompidos en esos comicios. Egresos que crecen y crecen Según analistas, la elección de Michoacán 2011 era de suma importancia para Felipe Calderón. En ese estado nació, ahí declaró la guerra antinarco –que ya había demostrado su sangriento fracaso– y ahí tenía la última oportunidad de mantener su poder dentro de un PAN que él mismo resquebrajó. En su penúltimo año como presidente, el moreliano maniobró para imponer a su hermana Luisa María como candidata a gobernadora. En este contexto se desarrolló la contienda. El 17 de mayo de 2011, el IEM publicó los topes de gastos para los candidatos a la gubernatura de Michoacán. Cada aspirante podría erogar, a lo sumo, 39 millones 28 mil 574 pesos con 38 centavos durante las campañas, que se realizaron del 31 de agosto al 9 de noviembre de aquel año. Ese dinero provendría tanto del erario como de donativos privados. La jornada electoral se celebró el 13 de noviembre de 2011. Justo un año después la alianza PAN-Panal presentó ante el IEM el Informe consolidado sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales, correspondientes a la contienda por la gubernatura. Ahí, la coalición reportó un gasto total de 27 millones 771 mil 254 pesos con 73 centavos, una cifra bastante menor al tope legal. Según este informe –que Proceso consiguió íntegro merced a la ley de transparencia de Michoacán– 4 millones 971 mil 292 pesos con 98 centavos provinieron del IEM (es decir, del presupuesto público), y el resto, de aportaciones de los comités ejecutivos nacional y el estatal de los citados partidos, de militantes y de simpatizantes. Ésas fueron las cifras oficiales… Sin embargo, el documento SEM 2 (un archivo Excel) de la “Contabilidad B” de Cocoa consigna gastos por 272 millones 860 mil 749 pesos con 25 centavos, tan sólo en los rubros de “Tierra” (la propaganda casa por casa), “Electoral” (internamente se le llamaba “Ejército electoral”: los encargados de cuidar el voto, representantes generales y de casilla), “Jurídico” (equipo de abogados que operaba desde el Comité Directivo Estatal del PAN) y “Publicidad” (anuncios y materiales propagandísticos). Esto significa una erogación que supera en 233 millones 832 mil 175 pesos el límite legal. Semana a semana y distrito a distrito, SEM 2 muestra que, por ejemplo, sólo del 7 al 13 de noviembre se gastaron 48 millones 82 mil 859 pesos. “Y ese documento no muestra todos los gastos. No incluye la nómina de las casas de campaña ni lo que se dio a periodistas. O sea, la publicidad en medios sí está, pero no lo que se les entregó por noticias y columnas”, revela una fuente que conoció a fondo la campaña de 2011 y quien confirma la veracidad de los papeles. Otra página de SEM 2 muestra una tabla con los salarios de los empleados más cercanos a Cocoa, titulada Nómina K3. Ahí se escribieron únicamente algunos sueldos. Se consigna, por ejemplo, que Juan Luis Calderón Hinojosa –hermano de la candidata y del entonces presidente de la República– era “coordinador operativo”, pero sus percepciones son “$0”. Las pagas que sí aparecen suman 3 millones 506 mil 330 pesos mensuales. Como la campaña duró dos meses y medio, esa cifra debe multiplicarse por 2.5 para saber cuánto gastó Cocoa en nómina: 8 millones 765 mil 825 pesos. Si esta cantidad se suma a lo consignado en SEM 2 se obtiene un total de 281 millones 626 mil 574 pesos con 25 centavos erogados por la candidata. El costo de apapachar Respecto de los recursos entregados a periodistas para que difundieran la campaña de Cocoa –tampoco registrados en SEM 2–, existe otro documento que los consigna. Se llama Relación Medios LMCH y, con todo detalle, muestra que –en una de las entidades más pobres del país y destrozada por la guerra antinarco– se repartieron 16 millones 558 mil 600 pesos a 86 medios de comunicación, reporteros y directivos para que hablaran o escribieran de Luisa María Calderón sin precisar necesariamente que se trataba de publicidad. Si este monto se agrega a SEM 2 y a Nómina K3 se obtiene una suma total de 298 millones 185 mil 174 pesos con 25 centavos utilizados por la campaña de Luisa María Calderón. ¿Qué significa esto? Que Cocoa gastó 664% más de lo permitido legalmente. Este dinero no incluye las “Inserciones”, que aparecen en otro recuadro del mismo archivo de Excel. Para éstas se destinaron 436 mil 806 pesos. “El dinero que aparece en la lista de medios no incluye el que se le dio a Televisa y a TV Azteca nacionales, con las que hubo convenios pero fueron firmados directamente por la gente de mayor rango en la campaña”, acota un trabajador que conoció de primera mano la Contabilidad B desde el momento en que estaba redactándose. Los que sí aparecen en el compendio son Televisa y Tv Azteca estatales. A la primera se le dieron 860 mil pesos y, a la segunda, medio millón. A CB Televisión le tocaron 2 millones y a la Asociación Michoacana de Televisoras por Cable, un millón más. Marmor TV se embolsó 540 mil pesos, y Canal 13 de Michoacán y Nuestra Visión de Lázaro Cárdenas, 500 mil pesos cada una. Respecto de medios impresos, Relación Medios LMCH y los recibos registran que a La Voz de Michoacán, el diario más conocido de la entidad, se le dieron 3 millones de pesos (más 209 mil 751 de inserciones). A Provincia –otro periódico de referencia, copropiedad de la misma familia que posee La Voz, los Medina González– se le entregaron 2 millones 479 mil 757 pesos (más 79 mil 757 pesos 73 centavos de “inserciones”). Al IEM, en cambio, el equipo de Cocoa sólo reportó una factura de La Voz por 81 mil 664 pesos. El Sol de Morelia, en tanto, cobró un millón, y La Jornada Michoacán 700 mil pesos (más 97 mil 54 pesos de inserciones). Le siguen Cambio de Michoacán y ABC, cada cual con medio millón. A otros 20 rotativos se les entregaron cantidades que van de los 150 mil a los 2 mil pesos. Entre los consorcios y estaciones de radio se le dio dinero a Cadena Rasa (500 mil pesos), La Z (400 mil), La Pura Ley, La Poderosa de Uruapan, Radio ACIR, Radio 13 y La K Buena Zitácuaro (cada cual recibió 200 mil). Siempre según los registros y recibos, entre los columnistas y reporteros a quienes se entregaron pagos –chayotes– para que trataran bien a la candidata está Eliseo Caballero, quien en 2011 era corresponsal de Televisa y recibió 60 mil pesos de la campaña de Cocoa. Esa televisora lo despidió después de que, en septiembre de 2014, él apareciera en un video con el hoy preso Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, pidiéndole dinero. Otro reportero, Miguel García Tinoco –corresponsal de Excélsior y dueño de una agencia noticiosa–, supuestamente recibió 80 mil pesos. Arturo Estrada Chávez, de El Financiero, obtuvo 100 mil, misma cantidad que se le dio a un influyente locutor, Juan José Rosales, y a Jaime López. Un caso llama la atención: Francisco García Davish, corresponsal de Milenio, y su agencia informativa Quadratín obtuvieron 500 mil pesos. Inicialmente, el equipo de Cocoa previó darles sólo 300 mil. Sin embargo, según se relata en círculos periodísticos michoacanos, García fue a la casa de campaña a exigir otros 200 mil pesos, puesto que así, dijo, lo había acordado con Benigno Quezada, coordinador de agenda de la candidata. Los consiguió. Este semanario cuenta con la proyección inicial y con los recibos originales, firmados por García y una representante de su agencia, Dilia Hernández, que amparan la entrega de medio millón de pesos. En su reporte al IEM, Cocoa consignó un pago de 278 mil 400 pesos a Quadratín y su propietario. De hecho, Proceso tiene la mayor parte de los recibos que acreditan un gasto total de más de 16 millones para la compra de periodistas y publicidad encubierta. Son notas improvisadas en pedazos de cartulina u hojas de reúso. Carecen de folio, valor fiscal o desglose de IVA. Están firmadas y escritas a mano, bien por quien recibe o por quien dio el dinero –generalmente Aída Barriga, quien era la administradora de campaña, o Laura González Martínez, quien fue la coordinadora de medios y actualmente es diputada local. He aquí dos ejemplos de esos recibos: “Bueno por $200,000 / Recibí de la casa de campaña de la sra. Luisa María Calderón la cantidad de $200,000 (doscientos mil pesos 00/100 MN) por concepto de finiquito por difusión de materiales periodísticos / (rúbrica) Francisco García Davish / 18/11/11”. “24-Noviembre-2011 / Recibí la cantidad de $400,000 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo / (rúbrica) María Esther Rodríguez V. / La Voz de Michoacán.” Uno de los periodistas que aceptó dinero de la campaña justifica: “Siempre se ha manejado así. Son ayudas. (…) Sin ese dinero, que dan todos los partidos, está difícil hacerla. (…) A lo mejor no estuvo tan bien recibirlo, pero imagínate reportar todo, pues Hacienda nos come”. Publicidad y utilitarios Uno de los rubros en los que más gastó Cocoa fue el de la publicidad. El documento Gastos varios registra que se destinaron 44 millones a “espectaculares, bardas, banqueta, (publicidad en) transporte, impresión a gran formato, pantallas, globo (aero)estático” y otros rubros menos onerosos. Sólo en este tipo de promoción, por lo tanto, se superó el tope de gastos. En este apartado sobresale una inversión por 20 millones 592 mil 750 pesos para poner anuncios sobre unidades de transporte público, un sector inmensamente politizado en Michoacán. Calderón también erogó millonadas en gorras, playeras, lapiceros, pines, llaveros, banderas y similar parafernalia proselitista. En este rubro, desembolsó 33 millones 405 mil 72 pesos con 30 centavos. El desglose de los recibos evidencia que entre cuatro proveedores se repartieron más de dos terceras partes (24 millones y medio) de esta última partida. Lewis N. Guerra, a través de sus compañías Yelos y Yorte, S.A. de C.V. (de Monterrey), ofreció playeras y otros “utilw itarios”. Guerra se llevó, según la Contabilidad B, 14 millones 194 mil 506 pesos con 58 centavos. En cambio, Cocoa entregó al IEM una factura de Yorte por 410 mil 640 pesos. El segundo gran proveedor fue Ricardo López, quien también aparece en los registros oficiales de “donantes” de la campaña panista. Él cobró 4 millones 606 mil 895 pesos… pero donó 792 mil. El tercero, Óscar Valentín Pérez Vallejo, ganó 3 millones 843 mil pesos, pero Calderón dio al IEM una factura por 116 mil. El cuarto es la compañía Logística Integral, que a través de Sergio Marín cobró 6 millones 800 mil pesos; al IEM se presentó una factura por 510 mil. Así pues, la mayor parte de los pagos reales se hizo en efectivo o mediante depósitos en ventanilla, y no mediante los formatos y procedimientos que marca la ley. “Bueno por $227,224.16 / Recibí de casa campaña Luisa Ma. Calderón, la cantidad de $227,224.16 como abono referido a las remisiones recibidas #’s 967, 969, 970, 971, 974, 975, 977, 976, quedando como saldo para su pago completo, la cantidad de $2,800,000.00 / (rúbrica) / 31/oct/11 Lewis N. Guerra”, se lee en uno de los recibos. Eso sí, el equipo de Luisa María Calderón se cuidó de facturar y reportar al IEM compras como “2 cajas de clip cuadradito No. 2 Baco” por 17 pesos con 94 centavos, y un consumo en el Pollo Leñero por 194 pesos. De hecho, en la contabilidad oculta sólo aparecen dos facturas. Una por un millón 68 mil 360 pesos, pagada por el PAN nacional a In-K imprenta, y otra –cancelada– emitida por Canadian t-shirt (RFC CTS090107878) a la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. (RFC OCE791214330, de los hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox). El concepto es “venta de overoles con logotipo al frente y bordado”, el precio unitario es de “$70,000” y el total facturado, un millón 6 mil 200 pesos. Uno de los proveedores de las campañas de 2011 y de 2015 confirma la sistemática falta de comprobación de gastos en los comicios anteriores: “En ningún momento vi yo que se manejaran facturas ni nunca hicieron llegar ninguna documentación ni RFC (Registro Federal de Contribuyentes) para facturar. A mí en ningún momento me pidieron hacer las cuentas claras. A veces tenía tickets y a veces no. No había control sobre lo económico. A mí me pagaron por mi trabajo y en ningún momento di factura, ni mi amigo dio factura, ni de la prestación de servicios ni nada”. ¿Quién y cómo se pagó? Desde 2011, Cocoa busca construir una imagen de política inmaculada. En aquella campaña, aseguró que ella era la única candidata honesta, presumió que era ama de casa y propuso un retorno a los valores familiares. En ese empeño es apoyada por Felipe Calderón, quien la ha defendido de las acusaciones de corrupción y de presuntos vínculos con La Tuta. El 22 de marzo pasado, el otrora presidente la acompañó durante su registro como candidata y dijo: “Es una mujer honesta. Le pregunto a todos los michoacanos e incluso a sus adversarios: ¿hay alguna duda de la honestidad de Luisa María?, ¿hay la remota sospecha de su honestidad?”. Sí las hay. Uno de los puntos centrales de la campaña de Cocoa fue el financiamiento. El equipo de Luisa María Calderón tuvo claro que si iba a gastar mucho más de lo permitido, la mayor parte de los recursos no podrían pasar por las 127 cuentas bancarias registradas y fiscalizables por el IEM. Así, según testimonios, los altos directivos de la campaña simplemente entregaban el efectivo a los grandes proveedores sin pedirles comprobantes fiscales, o con toda discreción lo llevaban a las casas de campaña, y desde ahí los empleados lo distribuían, también sin solicitar facturas. El documento Ingresos compendia únicamente el dinero que entró a la casa de campaña del 28 de agosto al 19 de noviembre de 2011. Pese a ser limitado, evidencia que sólo en ese periodo y por esa vía llegaron 217 millones 16 mil 590 pesos a la campaña de Cocoa. De las 90 entregas registradas, 82 fueron en efectivo, tres involucraron cheques y efectivo, y cinco sólo cheques. Lo más llamativo de esa lista es que muestra quiénes llevaban “los donativos”. La persona que más entregas hizo fue “JL”, es decir, el coordinador operativo Juan Luis Calderón Hinojosa, según confirma gente que trabajó con él en la campaña. En 36 entregas, que hizo en persona, dejó 76 millones 113 mil 700 pesos, que cargaba en maletas o bolsas. Sólo el 8 de noviembre, por ejemplo, dejó 25 millones 400 mil pesos, que fueron contados en la casa de campaña y guardados en la caja fuerte del inmueble. Un caso relacionado es el de Édgar Acosta, esposo de una de las primas de Juan Luis, Luisa María y Felipe Calderón. Él llevó 38 millones 641 mil 500 pesos en 10 entregas. También hubo donadores de más renombre, que no necesariamente iban en persona, pero en la casa de campaña se daba la indicación de que se registraran sus nombres. En Ingresos aparece un “Lozano”, que las fuentes consultadas identifican como Javier Lozano Alarcón, quien en ese momento era secretario federal del Trabajo. Él dio 300 mil pesos. “Esteban Cruzaley”, quien era delegado de la Sagarpa en Michoacán, llevó 600 mil pesos. Gabriela Ruiz del Rincón, senadora en 2011 y asidua visitante de la casa de campaña de Cocoa, entregó 500 mil pesos. Guillermo “Memo Anaya”, senador con licencia y candidato panista al gobierno de Coahuila, mandó 10 millones. El gobierno poblano, encabezado por Rafael Moreno Valle, fue otro generoso patrocinador. El “Gob(ierno) Pue(bla)/Rec(tor) BUAP” (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) entregó dos millones de pesos en efectivo y sin pedir comprobante. Además, en dos “remesas” Eukid Castañón Herrera, alfil del mandatario poblano, donó 27 millones y medio de pesos en efectivo (13 millones el 26 de octubre de 2011, y el resto el 10 de noviembre). Y Roberto Arandia, otro cercano operador de Moreno Valle con fuertes vínculos entre el empresariado veracruzano, suministró 11 millones 83 mil pesos. Existieron otros estados dadivosos. Baja California Sur mandó 9 millones 400 mil pesos; “Coahuila”, 3 millones; “Sinaloa” 505 mil 240 pesos, y “Oaxaca”, 250 mil pesos. Otra donación institucional es de “Sedesol”, que entregó 7 millones de pesos. Gente de la campaña recuerda que ese monto lo llevó en persona José Antonio Plaza Urbina, quien fungía como delegado de dicha secretaría federal en Michoacán. Otra cantidad la dio “Gobernación”, que el 14 de septiembre envió 100 mil pesos en efectivo, y varios delegados del “ISSSTE” entregaron 2 millones 400 mil pesos. El banco privado “Bansi” mandó 5 millones. Un reportero que aparece en la Relación de Medios LMCH explica: “Las estructuras federales hicieron una trampa. Compraron espacios publicitarios, según eso para la difusión de sus actividades institucionales. O sea, llegaba Sagarpa, por ejemplo, y decía: ‘Aquí van tres millones de pesos. Necesito que me manejes mi información, pero ahí te recomiendo, échale la mano a la candidata’. Te ponían la zanahoria y no ibas a dejar ir una situación así. Pero fueron todas las dependencias que se te puedan ocurrir: el ISSSTE, el Seguro Social, las que tienen mayor presupuesto… Sedesol, ¡puta, Sedesol! Ése fue el esquema de financiamiento oculto”.
En contraparte, el 13 de febrero de 2013, el Consejo General del IEM publicó la Resolución IEM/R-CAPYF-01/2013 acerca de las irregularidades detectadas en la campaña de Cocoa. Sólo consideró necesario catigar al PAN y al Panal con siete multas que suman un millón 858 mil 241 pesos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS ORTEGA PRADO.
En 2009, cuando era Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el hoy Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inculpó falsamente a cuatro hombres del asesinato de un científico francés, en un caso que en ese momento causó conmoción, de acuerdo con una investigación de Univision. La cadena de televisión estadounidense refirió que la falsa imputación fue una injusticia que resultó “políticamente conveniente” a Mancera Espinosa, a costa del encarcelamiento de cuatro personas, que a la postre fueron absueltas. El caso hoy sigue sin ser resuelto ni los verdaderos responsables castigados. VÍDEO En un reportaje publicado la tarde-noche de este domingo, el equipo de investigación de la cadena televisiva, Univision Investiga, rescató la historia de los cuatro hombres que fueron acusados del asalto y asesinato del científico francés Christopher Augur, el 27 de enero de 2009, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde había ido a cambiar 4 mil 800 euros. El científico recibió un disparo en la cabeza al momento del asalto y murió cuatro días después. Pero con una celeridad inusitada, dos días después del asalto, el 29 de enero, el entonces Procurador Mancera Espinosa anunciaba en televisión -en el noticiario nocturno de Joaquín López Dóriga- que cuatro personas habían sido detenidas por el caso, y que el único testigo de los hechos identificaba “plenamente y son temor a equivocarse” al homicida de Augur. Ese mismo día, de acuerdo con la investigación de Univision, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Romain Nadal, declaró que su gobierno confiaba en que el trabajo de las autoridades mexicanas permitiera detener y juzgar “cuanto antes a los autores de actos criminales tan despreciables”. “La solución ‘cuanto antes’ fue tomada literalmente por las autoridades mexicanas que querían evitar la mala imagen internacional que genera este tipo de noticias”, refiere el reportaje elaborado por Peniley Ramírez y Tomás Ocaña. En el noticiero de López Dóriga, Mancera Espinosa aseguró: “Traemos al testigo, identifica plenamente y sin temor a equivocarse como la persona que de manera violenta reventó el cristal con un objeto contundente, posteriormente exigió la entrega del dinero y posteriormente efectuó el disparo”. Sin embargo, Univision encontró que el caso no estaba resuelto en ese momento ni lo está ahora, más de seis años después. Los cuatro detenidos fueron liberados y declarados inocentes, tras probarse que no tenían relación entre ellos, ni habían participado en el robo y mucho menos uno de ellos disparado. Pero la noche de ese 29 de enero de 2009, en el noticiero estelar Mancera Espinosa incluso presentó un retrato hablado del supuesto asaltante y asesino del científico francés que, según afirmó, había sido elaborado con base en el testimonio del único testigo del caso, que era el acompañante de Augur al momento del asalto. “Mancera quedó como un héroe nacional por los resultados de esta operación relámpago, pero la verdad, desconocida hasta ahora, estuvo sepultada por la impunidad y el olvido: el retrato había sido elaborado después del arresto, según lo afirma la sentencia que absolvió al sospechoso luego de cinco años y medio de cárcel”, señaló Univision. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-05-2015/1361445
José Ascensión Orihuela, candidato del PRI-PVEM a la gubernatura de Michoacán, modificó la imagen para hacer creer que había más gente en su cierre de campaña realizado en Morelia.
El candidato del PRI-PVEM al gobierno de Michoacán, José Ascención Orihuela, manipuló las fotos de su cierre de campaña en Morelia para hacer creer que había gente en los espacios en los que no había, reporta la agencia Quadratin. De acuerdo con expertos citados por la agencia de noticias, el aspirante manipuló una de las imágenes, en especial en la parte más alejada al templete, donde “repitieron y colocaron” gente.
De acuerdo con el comunicado del equipo de campaña de José Ascención Orihuela, alrededor de 50 mil ciudadanos estuvieron presentes en el cierre de campaña.
En el cierre de campaña de Ascensión Orihuela a la gubernatura de Michoacán, en la Plaza de Armas de Morelia, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que los abanderados del tricolor saben cómo alcanzar y rebasar a sus contrincantes. Señaló que urge poner orden en el estado “porque una casa ordenada da oportunidad para que las inversiones se queden y las que están buscando lugar lleguen y se conviertan en muchos empleos y mejor pagados. Acompañado por el líder del grupo del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y por el presidente del Comité Directivo Estatal, Agustín Trujillo, resaltó que el estado vivió muchos años en la postración, por lo que “ya merece tener un gobernador de la talla de uno de los suyos, de la talla de ‘Chon’”. En su oportunidad, Ascensión Orihuela, resaltó la unidad y fuerza con la que llega su candidatura a la jornada electoral del 7 de junio. “Ustedes podrán optar por dos proyectos: uno que representa un paso al vacío, más corrupción y violencia, y el de nosotros, que será un gobierno que pondrá orden y generará empleos para las familias”.
Al cierre de campaña asistieron el delegado del CEN del PRI en la entidad, Jesús Casilla Romero; el delegado regional del partido, Fernando Moreno Peña, y los candidatos del tricolor a diputaciones locales y federales, así como aspirantes a diversas presidencias municipales michoacanas. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
CHIHUAHUA, Chih: El pasado 25 de mayo, Tania Concepción Mora Alvarado, madre de Cristopher, el niño asesinado por sus amigos hace unos días, notificó al juez especializado en adolescentes, Francisco de León Merino, que saldría del estado debido a que recibió amenazas y por el acoso de los medios de comunicación.
El oficio fechado el pasado 17 de mayo y recibido a las 10:38 horas, está dirigido al Ministerio Público de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes.
Tania dejó la entidad un día antes de la audiencia de vinculación a proceso, y el documento fue integrado a la causa penal 95/2015. Los abogados de la familia solicitaron apoyo psicológico para la madre del menor, pero la Fiscalía General del Estado tardó más de 10 días en buscarla. Cristopher fue asesinado el pasado 15 de mayo y su cuerpo encontrado el sábado 17. Ese mismo día se acercó el equipo de abogados que coadyuva en el caso para ofrecer sus servicios y de inmediato solicitó apoyo psicológico para Tania Mora. La mujer dio ruedas de prensa y acudió a la primera audiencia, aunque no pudo ingresar. Permaneció en la casa de su mamá pero la Fiscalía no la buscó para darle apoyo. Luego de la audiencia de vinculación a proceso, realizada el martes pasado, comenzaron a buscarla pero ya no estaba en la ciudad. En su carácter de acusador coadyuvante, el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano pide acceso a la carpeta de investigación, así como atención médica y psicológica para Tania Mora Alvarado, según consta en la averiguación 19/2015-0014870/bis.
Posteriormente, en el oficio dirigido al juez De León Merino, Tania Mora le dice: “Vengo a hacer del conocimiento de usted, que la suscrita tendrá que salir del estado de Chihuahua, toda vez que está en peligro mi integridad física y emocional, he recibido amenazas en contra de mi personalidad y como también por el acoso de los medios de comunicación (sic)”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
MÉXICO, D.F: Una joven indígena cuestionó ayer a la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, cuando ésta llamaba al voto y a recordar a los 43 normalistas de Ayotzinapa con un minuto de silencio.
En el evento llamado “Conferencia Magistral Democracia y Cultura de La Paz”, realizado en Acapulco, Guerrero, participaban Menchú; el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega; el presidente del Consejo Local y vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado; y los candidatos a la gubernatura del PRD, Beatriz Mojica y del PAN, Jorge Camacho.
Una joven identificada Ana Gatica, de 27 años, subió al panel y dio un mensaje que le valió aplausos de los asistentes. Gatica cuestionó a Menchú sobre cómo podía llamar al voto en la entidad y pedir un minuto de silencio por los desaparecidos. “No podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos porque pedir un minuto por cada desaparecido en nuestro país es quedarnos callados para siempre”, replicó la joven a Menchú. La joven, quien afirmó dedicarse a la gestión y producción cultural desde los 13 años, narró que desde octubre de 2012 hasta mayo de 2015 contó 50 jóvenes desaparecidos. La primera, agregó, fue la hija de su prima, una joven de 15 años; el último, Gilberto Abundis, artista gráfico de 30 años, levantado afuera de su casa cuando regaba sus plantas. “Estudiaba en Bellas Artes y regresó a visitar a su familia. Lo levantaron afuera de su casa y apareció el 27 de mayo, le quitaron la cabeza, su cuerpo estaba en descomposición absoluta y lo reconocimos por un tatuaje que tenía en la espalda”, dijo. “¿Cómo señor gobernador me puede llamar a votar? ¿Cómo partidos políticos del estado de Guerrero nos pueden pedir a los jóvenes que somos el más numeroso índice de población en México? ¿Cómo nos pueden llamar al voto? ¿Cómo me pueden pedir que otorgue el voto en mi municipio, cuando una sola duda en una pared dice, Miguel Cantorán asesinaste a Ulises Fabián? Sea mentira o sea verdad no interesa. Eso ya lo pone en duda. Eso sólo es razón absoluta para no pedir mi voto”, cuestionó la joven a los ponentes de la mesa. “Señora Rigoberta Menchú: la indignación y la rabia no se puede acabar y sé que usted lo entiende. Una cosa más: no podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos, porque pedir un minuto de silencio por cada asesinado y por cada desaparecido del país o en nuestro estado es quedarnos callados eternamente”, finalizó. Gatica afirmó que diversas comunidades como San Luis Acatlán –pueblo nahua de donde ella proviene– están sumidas en una situación de violencia. El pasado martes 26, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, encabezó la ceremonia de acreditación de Menchú como visitante extranjera, así como para presuntamente realizar tareas de observación electoral en los comicios que están en curso.
En ese acto realizado en el INE, Córdova celebró que Menchú aceptara ser observadora electoral, debido a que es “una mujer reconocida a nivel internacional por su incesante lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como por sus convicciones sobre la paz”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILAPA, Gro: Familiares de personas desaparecidas exigieron frente a autoridades federales que investiguen y citen a declarar al presidente del Congreso estatal, el diputado local perredista, Bernardo Ortega Jiménez para que aporte información sobre sus hermanos Celso La Vela y Antonio, líderes del grupo delictivo Los Ardillos, quienes irrumpieron y sitiaron durante seis días esta ciudad y privaron de su libertad a una treintena de personas frente a la mirada complaciente del Ejército y las policías federal y estatal. Las víctimas que portaban carteles con imágenes de los desaparecidos y una lona con un mensaje en contra del proceso electoral, señalaron que “gane quien gane” en las elecciones del próximo domingo 7 de junio, el escenario de violencia en este lugar no va a cambiar si las autoridades no atacan el problema de fondo. Las víctimas afirmaron que Bernardo Ortega junto al gobernador provisional, Rogelio Ortega Martínez, están brindando protección política a la banda criminal de Los Ardillos, por ello, las autoridades no realizan ningún operativo en el municipio de Quechultenango, considerado como el bastión de Los Ardillos, así como en las comunidades de Chilapa que participaron en la toma de la cabecera del sábado 9 al jueves 14. “Queremos que se investigue el nivel de participación de la familia de Bernardo Ortega en la desaparición de personas y la protección oficial a los comisarios que siguen amenazando con volver a sitiar Chilapa”, expresó el profesor José Díaz Navarro, vocero de los familiares de los 14 jóvenes que fueron detenidos por Los Ardillos durante la acción concertada con autoridades civiles y militares. Lo anterior en conferencia después de la reunión privada que sostuvieron las víctimas con el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa y el comisionado general de los Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, en la sede del seminario católico ubicado en el barrio de San José de esta levítica ciudad. Al respecto, Campa informó que el único avance que tiene el gobierno federal a más de dos semanas del hecho, es que un joven desaparecido en marzo fue encontrado muerto la semana pasada. Mientras que el jefe de la PF, Enrique Galindo justificó la inacción de la corporación, argumentando que los policías federales de la división Gendarmería no intervinieron porque eran 20 elementos y de esta forma se evitó una tragedia. Ambos funcionarios señalaron que existen 11 líneas de investigación y pidieron paciencia a los familiares de las víctimas. Al respecto, el vocero de los familiares de los 14 desaparecidos durante la irrupción de Los Ardillos en la cabecera, lamentó que la lista de víctimas va en aumento. El profesor Díaz Navarro informó que se sumaron tres casos más a la lista de 16 que tienen registrados hasta la fecha: se trata de Roberto Santos Cruz, de 24 años y Juan Santos Santiago, de 19, ambos originarios de la comunidad de El Terrero uno, anexo de San Jerónimo Papantla, quienes desaparecieron en la cabecera el 30 de diciembre y hasta el momento se desconoce su paradero. Así como Miguel Sánchez Mateos, un albañil de 24 años que desapareció el 12 de diciembre. José Díaz criticó los nexos de autoridades con el narco y señaló que en la próxima elección del 7 de junio “gane quien gane, el escenario de violencia no va a cambiar”. Por ello, los familiares de los desaparecidos exigieron a los representantes del gobierno federal que investigue al diputado local perredista Bernardo Ortega por sus presuntos nexos con el narco. También, hicieron un llamado al dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete para que se reúna con los familiares de los desaparecidos porque en caso de que los jóvenes retenidos por el grupo de Los Ardillos aparezcan muertos, “al rato se van a deslindar de Bernardo Ortega”. El vocero demandó a Navarrete que venga a dar la cara por Bernardo Ortega, así como por la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica y el candidato por este partido a presidente municipal, Miguel Cantorán, a quienes responsabilizaron por la desaparición de los jóvenes por tener vínculos políticos con el presidente del Congreso estatal. Díaz Navarro hizo un llamado a las autoridades para que no se reedite el caso Ayotzinapa y afirmó que el problema de violencia en Chilapa es político porque están involucrados personajes de distintos partidos que ostentan cargos públicos como los alcaldes de este municipio, así como Ahuacuotzingo y Zitlala, así como el diputado local perredista, Bernardo Ortega. El vocero dijo que tienen información de que en el municipio de Zitlala hay al menos 50 desaparecidos y el mismo drama se vive en comunidades de Chilapa y Ahuacuotzingo.
En este sentido, advirtió que aún no se dimensiona la gravedad de la problemática que se vive en esta zona de la Montaña baja de la entidad que fue convertida en cementerio clandestino por los grupos de Los Rojos y Los Ardillos que mantienen una brutal disputa por esta importante plaza. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Orizaba, Ver.- Al ayuntamiento de esta ciudad no le importa violar la Ley General de Víctimas y se burla de los familiares de personas desaparecidas, les promete apoyo para la ubicación de los extraviados pero sólo es de palabra; les ofrece atención a los casos, sin embargo ignora las peticiones de los padres que, desde hace al menos cuatro años, buscan a sus allegados. Por medio de un comunicado las madres y familiares de víctimas del delito de desaparición en la zona metropolitana de Orizaba y la región, acusan al ayuntamiento de esta ciudad de “insensible e irresponsable a las autoridades municipales por el incumplimiento de los acuerdos tomados por el ayuntamiento de Orizaba, Veracruz”. Acusan que en esa reunión las madres y familiares de víctimas del delito de desaparición presentaron la situación de cada caso y solicitaron al representante local que informara sobre los procedimientos y protocolos para atender estos delitos, por parte del ayuntamiento y de la policía municipal. No obstante se asegura que, “el director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, comentó que él no tenía conocimiento de las desapariciones de jóvenes en Orizaba, que apenas se había enterado de alguno de los casos hace meses y por los medios de comunicación”. Esa respuesta, se señala en el comunicado, deja en claro que Herebia Hernández, “quiere deslindar al municipio y a su policía de cualquier responsabilidad ante estos delitos, argumentando que hay otras instancias que los atienden y se ofreció a ser gestor para futuras reuniones con esas otras instancias”. Cita que, “Al final de la reunión se presentó por escrito un documento con algunas solicitudes de apoyo concretas al ayuntamiento, tales como la instalación de lonas con los datos de nuestras hijas y nuestros hijos en los espacios conocidos como carteleras municipales, sin costo para nosotros y por el tiempo que sea necesario o hasta el regreso de nuestros familiares; incluir un espacio en la página web del ayuntamiento, con la información de manera permanente hasta se regreso”. Exponen que Juan Manuel Herebia les dijo que esa misma tarde daría réplica por escrito, como parte del ayuntamiento, “pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna, ni pública, ni privada, ni por escrito ni de palabra o por algún otro medio”. Con estas acciones, agregan: “el ayuntamiento viola los artículos y párrafos de la Ley General de Víctimas promulgada el 14 de mayo de 2013, donde define con claridad las responsabilidades municipales y de las policías en los tres niveles de gobierno para la atención del delito de desapariciones, mismas que le fueron presentadas en la reunión”. “El artículo 119 refiere que corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes: I. instrumentar y articular en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas; II. Coadyuvar con el gobierno federal y las entidades federativas en la adopción y consolidación del sistema”.
Así, citan demás apartados de la ley que son trasgredidos por la auroridad al negarles respaldo. FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ. AUTOR: FERNANDO INÉS CARMONA.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pidieron garantías de la suspensión de la evaluación nacional, y que no quede sólo en un anuncio mediático. Así lo manifestó el maestro Francisco Cruz Cruz, integrante de la CNTE de Oaxaca, quien mencionó que hasta el momento no han tenido una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni con la Secretaría de Gobernación (Segob) para tratar el tema de la suspensión de evaluaciones. “Los único que pretenden es desestabilizar nuestro movimiento, lo que pretenden es a través de una evaluación punitiva quitarnos el empleo, y eso es algo que no vamos a permitir porque somos maestros capacitados, y si hay que evaluar hay que comenzar primero por el secretario de Educación Pública”, advirtió. En otro tema, refirió que en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Oaxaca harán boicot “a la farsa electoral”, pues no permitirán que las casillas se instalen en las escuelas de todo el país, como parte de la protesta nacional contra la reforma educativa. Además, el 1º de junio, Veracruz se sumará al paro nacional magisterial. “Nosotros nos estaremos movilizando, nos pronunciamos en paro indefinido para suspender actividades en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en total somos 24 estados que estaremos movilizados en coordinación con la CNTE”, manifestó.
Como parte de las actividades se harán mítines, caravanas y tendederos políticos para dar a conocer los daños de las reformas estructurales. FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia de Coahuila anunció que investiga al empresario Rolando González Treviño por presuntas operaciones ilegales, pero que en cambio el exgobernador Humberto Moreira fue exonerado de esas acusaciones por la Procuraduría General de la República (PGR), pese a ser señalado de lavado de dinero. De acuerdo con el diario Reforma, la dependencia dio a conocer que iniciará la investigación contra el dueño de Núcleo Radio y Televisión, quien se declaró culpable el pasado miércoles ante las autoridades estadunidenses por el delito de conspiración para transportar dinero robado a través de la frontera, y podría ser sentenciado a cinco años de prisión. Según las autoridades del vecino país, las operaciones millonarias de González Treviño y sus cómplices se habrían fraguado en “la mansión del gobernador” en 2009. En ese tiempo Humberto Moreira gobernaba Coahuila.
Las acusaciones formales señalan que los integrantes de la conspiración transfirieron 1.8 millones de dólares a cuentas bancarias de González Treviño en Estados Unidos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MONTERREY, N.L: Mauricio Fernández Garza, quien se perfila para ser de nuevo alcalde de San Pedro Garza García, adelantó que cambiará su polémico “Grupo Rudo” por una aplicación electrónica (app) que servirá para combatir la inseguridad y evitar que el crimen organizado regrese a ese exclusivo municipio, considerado el de mayor ingreso per cápita de América Latina. Fernández Garza, quien compite por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), mantiene una cómoda ventaja del 60% en las encuestas que miden la intención del voto para San Pedro, municipio sede de corporativos como Cemex, Gruma, Vitro y el grupo Alfa, el conglomerado industrial más grande de América Latina propiedad de la familia de Mauricio Fernández. Durante su pasada administración 2009-2012, Mauricio Fernández hizo a un lado las limitaciones legales que impiden a los alcaldes combatir el narcotráfico y formó un “Grupo Rudo” integrado por excolaboradores de los cárteles, quienes operaron un servicio de inteligencia municipal que fue usado para combatir el crimen organizado. Gracias a ese Grupo Rudo fueron eliminados capos como El Negro Saldaña y el Comandante Azero, quienes realizaban secuestros y extorsiones a los comerciantes del pequeño municipio de aproximadamente 120 mil habitantes, la mayoría de ellos con altos ingresos económicos. “Mis prioridades al encabezar una nueva administración en San Pedro salieron tras realizar una gran cantidad de encuestas”, afirmó Fernández Garza en entrevista. Mencionó que los sondeos arrojaron que la principal preocupación de la población del municipio sigue siendo el tema de seguridad. “Si gano las elecciones, mantendré las Inteligencia para seguir mejorando la inseguridad. En mi administración anterior San Pedro fue el único municipio en México que tuvo un cuerpo de Inteligencia para combatir al crimen organizado”. Fernández señaló que ningún alcalde le quiere entrar a ese tema y que utilizan las leyes para decir que el narcotráfico es un asunto de orden federal. “El Grupo Rudo era un concepto de blindaje, de intolerancia contra los delincuentes que intentaban actuar en el municipio. En la medida que teníamos la capacidad de detectarlos, los combatíamos, y así los delincuentes sabían que no era fácil operar en San Pedro”. “La Inteligencia es una forma de estar enterado de lo que está pasando y ahora pretendo ampliar ese sistema a toda la población”, enfatizó. El candidato del PAN subrayó que cambiará su Grupo Rudo por una aplicación electrónica (app) como parte de los Servicios de Inteligencia, llamada LiveSave, que ya se usa en algunas ciudades de Estados Unidos. La versión de LiveSafe para teléfonos inteligentes disponible en la tienda electrónica Apple Store permite la comunicación directa y discreta a través de dos vías con los funcionarios de seguridad, utilizando herramientas de texto, imagen, video y audio. Además permite la ubicación inmediata de la denuncia o de la víctima. “La idea es meter a los 120 mil habitantes de San Pedro con línea directa con la policía y los sistemas de Inteligencia para que cualquiera pueda denunciar cualquier cosa anormal o rara que vea·, dijo Fernández. Contó que hay tres versiones de LiveSafe y una de ellas ya está desarrollada para el municipio de San Pedro, la cual ya se puede bajar de Apple Store. La versión que se desarrolló para San Pedro no sólo tiene la parte policiaca, sino también una sección para reportar las fallas en los servicios públicos o incluso solicitar información de la administración del ayuntamiento. Enfatizó que la app será una manera de hacer participar a todo mundo, “así vamos ampliar nuestro sistema de Inteligencia para lograr la seguridad en San Pedro”. Fernández Garza informó que otra de sus prioridades para su nueva administración será realizar modificaciones legales para incluir la figura de city manager, un puesto público que no es de elección popular y que se responsabiliza de la planificación y la obra pública de largo plazo para las ciudades. La figura de city manager será a través de un secretario de gobierno que se usará para profesionalizar, por primera vez en México, el servicio público. “Ahora no se necesita experiencia ni cursos para gobernar y por eso el país está como está. El servicio profesional debe tener áreas claves del municipio”. “El secretario general tendría las dependencias que desdicen en dónde se gasta el dinero. Sería algo similar al city manager, pero más avanzado. Esa figura ahora se centra en administrar servicios públicos y el mío incluiría la administración del municipio, desarrollo urbano y muchas más áreas del ayuntamiento”, subrayó.
Entre sus funciones estaría la contraloría para hacer factible la rendición de cuentas, ya que actualmente los contralores son amigos del alcalde, del gobernador o del presidente. “En realidad por eso hay tanta corrupción”, concluyó Fernández Garza. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
CHERÁN, Mich: A siete días de la jornada electoral en Michoacán, la comunidad purépecha de Cherán K’eri, llama a los municipios, comunidades, rancherías y tenencias a que impidan la instalación de casillas electorales el próximo domingo 7 de junio y a que se organicen para hacerse cargo de su propia seguridad y del resguardo de sus familias y de su territorio. Y es que, afirma, los partidos políticos y los gobiernos en turno están vinculados con el crimen organizado pues el Estado protege los intereses capitalistas, particularmente a “la empresa trasnacional” del narcotráfico. “Ante este escenario, nos piden que confiemos en ellos. Nosotros decimos ningún voto para los partidos políticos, como se determinó en nuestra comunidad (…) Creemos firmemente que esta falsa democracia no es opción, pues es una simulación que beneficia solo a una minoría”, señala un comunicado del Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia, en el que dicen que la autonomía es posible y que cada vez serán más los pueblos que caminen al margen del Estado. El pasado 3 de mayo se realizó la elección por usos y costumbres de los 12 keris que integrarán el nuevo Consejo de Mayores de Cherán, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre y que sustituirá al primer gobierno comunal elegido en 2012. Los actuales encargados de la impartición de justicia en la comunidad también denuncian que, desde que inició su movimiento el 15 de abril de 2011, cuando se rebelaron contra los talamontes, el Estado “ha tratado de desarticularnos” a través del despliegue de estrategias de contrainsurgencia, que van desde agresiones directas hasta la dilación de justicia para los asesinados y desaparecidos, y la implementación de programas sociales “para la compra de conciencias y la cooptación de nuestra gente”. Una de las presiones recurrentes ha sido a través del gobierno de Michoacán. En distintas ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública estatal trató de “corrompernos y cooptarnos” para que la ronda comunitaria entrara al Mando Único y “así vulnerar nuestra seguridad”, señalan el Concejo de Procuración y Conciliación de Justicia. La ronda comunitaria se ha mantenido bajo el mandato de los cuatro barrios que conforman la cabecera municipal de Cherán, que se ha convertido en los últimos años en una isla de seguridad en un estado convulsionado por la violencia. El concejo también conocido coloquialmente como de “Honor y Justicia” o “HJ” comenzó a existir en 2012 como parte del gobierno comunal y con la encomienda de impartir una justicia basada en la oralidad, la reparación del daño y la conciliación, para lo cual la comunidad creó un reglamento interno. Tanto a sus integrantes como a los de la ronda comunitaria, el gobierno de Michoacán les ha ofrecido altos salarios para que cedan a la presión de adherirse al Mando Único, lo cual no han aceptado hasta la fecha. Es así que las autoridades recién electas que darán continuidad a este proyecto de construcción de autonomía, tendrán el reto de mantener la postura de no permitir que el gobierno federal y estatal vuelvan a tener el control de la seguridad de Cherán y desintegren a la ronda comunitaria, que a la fecha mantiene tres barricadas en la entrada del pueblo y un grupo de guardabosques que resguarda su territorio. El Concejo de “Honor y Justicia” también advierte que nunca se cumplió la exigencia de hacer justicia a los caídos y desaparecidos de Cherán, pues el poder judicial estatal y federal han hecho que todo el proceso sea “un calvario tortuoso para los familiares, haciéndoles perder tiempo y dinero en reuniones con autoridades que siempre se culpan sobre la falta de avances: los jueces dicen que los ministerios públicos tienen la culpa y viceversa, cuando en realidad existe una política de Estado para no buscar a los desaparecidos y para olvidar el dolor que sufren miles de familias”.
Las esposas y hermanos de los cinco desaparecidos de Cherán han tenido que hacer lo mismo que miles familias en el país que buscan a sus seres queridos: cavan cerros, se meten a ranchos peligrosos a preguntar, investigan la ubicación de fosas o aserraderos clandestinos, entregan información a los ministerios públicos y hacen hasta lo imposible por encontrar a su gente, mientras que las investigaciones siguen en lo mismo: en cero. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ALEJANDRA GUILLÉN
