Todo inició la mañana del 20 de junio de 2001 cuando Irene comenzó a tener contracciones y fue auxiliada por una partera en su casa, en la comunidad de Morelos. Sin embargo, debido a la dilación en el trabajo de parto la enviaron a la unidad de salud más cercana, a dos horas de distancia, en Santa Cruz Itundujia.
La tarde del 21 de junio (casi 30 horas después) Irene aún no había sido atendida. El personal médico diagnosticó que el parto sería normal, así que le sugirieron caminar –nuevamente- hasta el hospital más cercano. Pero en esos lugares decir “hospital cercano” es una metáfora. La instalación médica más próxima era una clínica que no tenía el equipo necesario para urgencias obstétricas. De ahí fue enviada (sí, una vez más) al hospital rural del IMSS en Tlaxiaco, lo que le implicó dos horas más de camino de terracería.
Para ese momento, el trabajo de parto de Irene sumaba ya más de 50 horas, largas caminatas y explicaciones confusas. Llegó entonces el punto de quiebre en su vida y en la de su familia: la madrugada del 22 de junio, cuando en el hospital rural de Tlaxiaco le practicaron una cesárea de urgencia. La inadecuada aplicación de anestesia le produjo paros cardiacos que impidieron que el oxígeno llegara al cerebro. Eso le provocó un daño cerebral permanente e irreversible y la pérdida total de movimiento. Además, sin el consentimiento de ella o su familia, le implantaron un dispositivo intrauterino.
La familia de Irene interpuso hace catorce años una denuncia penal ante el Ministerio Público adscrito al Hospital Civil de Oaxaca. La investigación estuvo abierta por más de 10 años en manos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO). Pero nada pasó. La historia de siempre cuando los más pobres acuden a las instituciones: dilaciones injustificadas, omisiones y declinaciones de competencias entre autoridades estatales y federales.
¿Puede usted creer que en 10 años, a pesar de que existía una denuncia penal por daños a la integridad personal de Irene, el Ministerio Público no practicó una sola diligencia? No movieron un dedo para resolver el asunto y castigar a los culpables. En consecuencia para cuando el caso se llevó ante un juez, el delito de lesiones con la agravante de responsabilidad profesional ya había prescrito. Así que no habrá sanciones ni culpables en esa dimensión llamada verdad judicial.
La defensa de Irene conjuntamente con su familia emprendió nuevas acciones jurídicas para evitar que esta sea una injusticia en todos los frentes. Han impugnado la falta de actuaciones del MP y presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asegurarse que –además de una indemnización por todos los gastos originados- se cubran los futuros costos de atención, se le asegure cobertura médica a ella y a su hijo. Claro, nada —absolutamente nada— compensará ni mínimamente lo que significa perder un proyecto de vida y tener a una integrante de la familia con gravísimos daños neuronales, pero en Derecho se le llama “reparación integral del daño” y nuestra Constitución lo reconoce.
La familia de Irene también exige que se revierta la situación de precariedad en la atención a la salud que se vive en sus comunidades y que se ponga un alto a la morbilidad materna y a la violencia obstétrica. Aunque nadie puede asegurar que no volverá a pasar, a esto en el derecho internacional se le llama “garantías de no repetición” y el gobierno mexicano está obligado a ellas.
A Irene y a su familia les asiste la razón no sólo por fundamental consideración y sensibilidad humana, sino por derecho. El caso es claro y conciso, de acuerdo al peritaje realizado por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico —y por los propios peritos de la PGR que realizaron un segundo dictamen— existe un nexo causal entre la mala praxis médica y los daños ocasionados a Irene. Además, existe una resolución judicial en la que un magistrado reconoció (en un acuerdo del 11 de diciembre de 2013) que existía un daño continuado que debía de ser reparado.
Pero este caso es tan sólo una muestra de cómo la insensibilidad de las autoridades puede llegar a extremos ofensivos. Tristemente, el de Irene forma parte de un patrón frente al que urge buscar soluciones profundas. Tan sólo entre 1990 y 2013, diversas complicaciones asociadas al embarazo costaron la vida de cerca de 30.000 mujeres en México. Tenemos una Razón de Muerte Materna (el número de muertes por cada 100,000 nacidos vivos) 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces mayor que países como Chile. Y el número de muertes se dispara hasta tres veces en municipios mayoritariamente indígenas.
Sin embargo, de poco han servido las negociaciones y las firmas de actas de acuerdo con compromisos específicos entre las representantes de Irene y el gobierno. El IMSS se enreda en acciones absurdas. La más reciente fue la entrega ante el Primer Tribunal Unitario de Oaxaca (juzgado en donde se lleva el caso), de un “Análisis sociológico con perspectiva de género y enfoque estructuralista”, con el que pretende la reconsideración –y por tanto exoneración- de su responsabilidad en los hechos y decir que gracias a la atención del hospital de Tlaxiaco, fue salvada la vida de Irene y la de su hijo. En el colmo de las cosas, incapaces de dar atención adecuada y de cumplir con sus obligaciones legales, en el IMSS ahora buscan convertir una historia de negligencia médica y violencia obstétrica en una de heroismo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.
