A unos días de las elecciones, miembros de la CNTE ponen en jaque la realización de los comicios. Tanto en Michoacán como en Oaxaca los ánimos de los docentes se calientan luego de que las negociaciones en la Segob no les dan las respuestas que quieren. El boicot electoral está en marcha.
A medida que se acerca el día “D”, el entorno preelectoral en Michoacán se torna más volátil.
Las descalificaciones entre los candidatos del PRI, PAN y PRD suben de tono, la guerra sucia arrecia desde el anonimato. Los maestros de la CNTE insisten en un boicot a la jornada del domingo y los grupos de autodefensas comenzaron a bloquear carreteras estatales.
El gobierno de Salvador Jara Guerrero se ha visto rebasado para atender las demandas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes para permitir el desarrollo natural de los comicios demandan la eliminación del proceso de evaluación magisterial, que a la fecha está suspendido.
Los maestros de la CNTE no han querido negociar con el gobierno estatal, por ello, de manera emergente, el gobierno federal intenta negociar un freno a la movilización.
La volatilidad del escenario preelectoral en Michoacán, a punto de convertirse en el símil de Oaxaca y Guerrero, es alentada por los candidatos Asunción Orihuela Bárcenas, Luisa María Calderón Hinojosa y Silvano Aureoles Conejo, quienes incitan a su seguidores “a defender el triunfo” que ya consideran en sus manos.
Silvano Aureoles, candidato del PRD, lanzó ataques sobre Asención Orihuela del PRI, al que ha señalado de enriquecimiento ilícito y demandó sea investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por su parte, Luisa María Calderón se ha lanzado contra los candidatos del PRI y PRD; desde el seno del PAN –al más puro estilo de los narco mensajes- se ordenó la colocación anónima de mantas en diversos puntos de la capital del estado, en donde se invita a la población a no votar por el candidato del PRI por estar “coludido con el narco”, ni por el candidato del PRD “por corrupto”.
Y Asención Orihuela, el candidato del PRI, ha señalado al del PRD, Silvano Aureoles Conejo, de ser el centro de una red de corrupción que se gestó desde la Cámara de Diputados, de donde bajó recursos por más de 5 mil millones de pesos para ejecutar obras poco transparentes en 25 municipios de Michoacán.
A la guerra sucia entre los candidatos a la gubernatura de Michoacán se ha sumado un personaje coloquial enmascarado de las redes sociales llamado “El Uchepo Vengador”.
Maestros van contra el IEM
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siguieron puntuales en su plan de acción para cerrar la posibilidad de elecciones en todo Michoacán. Los contingentes magisteriales se apostaron en las 112 oficinas del IEM en todo el estado.
La finalidad es paralizar las actividades de organización para la integración de las mesas directivas de cada uno de los puntos votación que esperan instalar el próximo domingo.
Grupos de maestros se movilizaron al interior del estado para ubicar en cada uno de los municipios los sitios alternos en donde el IEM y el INE pretenden la instalación de las casillas, para que no se puedan colocar en las escuelas públicas.
Trascendió que pese a que el IEM y el INE han tratado de mantener en secrecía la forma y modo en que se habrá de distribuir el material electoral para la elección del domingo, los maestros de la CNTE anunciaron plantones permanentes en los 112 comités electorales municipales del estado, así como en las juntas distritales federales para frenar la distribución de las boletas y las urnas.
Paralelo a ello, algunos maestros de la corriente democrática han comenzado a ubicar a los ciudadanos que fueron convocados como funcionarios de casilla, para “invitarlos” a no asistir, toda vez que no se permitirá la instalación de las casillas, ni habrá proceso electoral en forma.
Los estudiantes de las escuelas normales del estado de Michoacán, en demanda de la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, se han sumado a las acciones de boicot de las elecciones próximas.
Autodefensas toman carreteras
Como complemento al clima de incertidumbre que se gesta en Michoacán, los grupos de autodefensa de la zona serrana poniente, de las comunidades aledañas a Los Reyes y Zamora, volvieron a irrumpir en el escenario y tomaron carreteras estatales.
Hasta el momento no han dicho su intención de boicotear el proceso electoral del próximo domingo, pero esa sería la consecuencia toda vez que en esas carreteras se ha restringido el paso a todo tipo de vehículos. Sólo se permite el tránsito a unidades con mujeres embarazadas o personas enfermas.
La zona sur poniente de Michoacán ha entrado en un alto grado de tensión; las fuerzas federales se mantienen en la región a la espera de la orden federal para retirar los puntos de control que han establecido los autodefensas, que ya han evitado el paso de funcionarios electorales que buscan organizar los comicios en la zona.
Con el bloqueo de las carreteras de la zona Zamora-Los Reyes-Periban, el gobierno estatal ha subido a 37 los puntos considerados como focos rojos en la entidad, en donde pudiera no haber elecciones, al no existir condiciones de seguridad para los votantes.
En Oaxaca también se encienden
Por INDIGO STAFF
Los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quemaron llantas en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca.
Los maestros iniciaron esta acción como medida de presión para que las autoridades estatales y federales emitan una respuesta a sus demandas.
Desde temprano, los docentes mantenían tomados los accesos al aeropuerto, por lo que cientos de pasajeros quedaron sin abordar al cancelarse más de 16 vuelos.
De acuerdo a Notimex, los profesores treparon las bardas perimetrales del aeropuerto, para acceder hasta la sala de acreditación de equipaje de la terminal aérea.
Estas acciones se suman al caos que se ha generado por las manifestaciones en la capital oaxaqueña y municipios conurbados, en donde gran parte de las gasolineras han sido cerradas ante el desabasto de combustible.
Esto, debido al bloqueo a la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en jurisdicción de Santa María el Tule, por profesores de CNTE.
Por la escasez de los combustibles han parado sus recorridos, conductores de autobuses de transporte de pasajeros de diversas líneas camioneras, taxistas y mototaxistas de agencias del municipio de Oaxaca de Juárez y demás poblaciones cercanas a la capital.
Descarta INE usar boletas robadas
El consejero Marco Antonio Baños descartó que durante los comicios del 7 de junio se pueda utilizar alguna boleta electoral de las que fueron sustraídas en Guerrero o Oaxaca, pues esa documentación fue impresa con números progresivos.
El integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral expuso en entrevista que cada boleta es desprendible de un talón que tiene un número específico.
“Nosotros imprimimos a partir del número de folio que se imprimió (la última) para poder reponer las boletas y para que no vayan aparecer en algún lado.
“Así que en esa circunstancia veo muy complicado que pueda haber elementos que permita que haya boletas duplicadas o que haya suspicacia”, comentó.
Baños recordó que del Consejo Distrital 28 del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), ubicado en Tlapa, Guerrero, desaparecieron cien mil boletas para los comicios locales, más la papelería para la federal y las del estado de Oaxaca.
Sin embargo, gracias a las medidas de seguridad que adoptó el INE ante la posibilidad de sustracción de boletas, sería muy complicado que el día de la jornada electoral haya duplicadas o que esta situación se preste a la suspicacia o desconfianza.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Hace más de catorce años, Irene Cruz Zuñiga, una indígena mixteca de uno de los municipios más pobres del país, Santa Cruz Itundujia, en Oaxaca, quedó inmóvil y sin habla de por vida. Entonces ella tenía 25 años y se encontraba embarazada de su primer —y único— hijo, Epafrodito.
Todo inició la mañana del 20 de junio de 2001 cuando Irene comenzó a tener contracciones y fue auxiliada por una partera en su casa, en la comunidad de Morelos. Sin embargo, debido a la dilación en el trabajo de parto la enviaron a la unidad de salud más cercana, a dos horas de distancia, en Santa Cruz Itundujia.
La tarde del 21 de junio (casi 30 horas después) Irene aún no había sido atendida. El personal médico diagnosticó que el parto sería normal, así que le sugirieron caminar –nuevamente- hasta el hospital más cercano. Pero en esos lugares decir “hospital cercano” es una metáfora. La instalación médica más próxima era una clínica que no tenía el equipo necesario para urgencias obstétricas. De ahí fue enviada (sí, una vez más) al hospital rural del IMSS en Tlaxiaco, lo que le implicó dos horas más de camino de terracería.
Para ese momento, el trabajo de parto de Irene sumaba ya más de 50 horas, largas caminatas y explicaciones confusas. Llegó entonces el punto de quiebre en su vida y en la de su familia: la madrugada del 22 de junio, cuando en el hospital rural de Tlaxiaco le practicaron una cesárea de urgencia. La inadecuada aplicación de anestesia le produjo paros cardiacos que impidieron que el oxígeno llegara al cerebro. Eso le provocó un daño cerebral permanente e irreversible y la pérdida total de movimiento. Además, sin el consentimiento de ella o su familia, le implantaron un dispositivo intrauterino.
La familia de Irene interpuso hace catorce años una denuncia penal ante el Ministerio Público adscrito al Hospital Civil de Oaxaca. La investigación estuvo abierta por más de 10 años en manos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO). Pero nada pasó. La historia de siempre cuando los más pobres acuden a las instituciones: dilaciones injustificadas, omisiones y declinaciones de competencias entre autoridades estatales y federales.
¿Puede usted creer que en 10 años, a pesar de que existía una denuncia penal por daños a la integridad personal de Irene, el Ministerio Público no practicó una sola diligencia? No movieron un dedo para resolver el asunto y castigar a los culpables. En consecuencia para cuando el caso se llevó ante un juez, el delito de lesiones con la agravante de responsabilidad profesional ya había prescrito. Así que no habrá sanciones ni culpables en esa dimensión llamada verdad judicial.
La defensa de Irene conjuntamente con su familia emprendió nuevas acciones jurídicas para evitar que esta sea una injusticia en todos los frentes. Han impugnado la falta de actuaciones del MP y presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asegurarse que –además de una indemnización por todos los gastos originados- se cubran los futuros costos de atención, se le asegure cobertura médica a ella y a su hijo. Claro, nada —absolutamente nada— compensará ni mínimamente lo que significa perder un proyecto de vida y tener a una integrante de la familia con gravísimos daños neuronales, pero en Derecho se le llama “reparación integral del daño” y nuestra Constitución lo reconoce.
La familia de Irene también exige que se revierta la situación de precariedad en la atención a la salud que se vive en sus comunidades y que se ponga un alto a la morbilidad materna y a la violencia obstétrica. Aunque nadie puede asegurar que no volverá a pasar, a esto en el derecho internacional se le llama “garantías de no repetición” y el gobierno mexicano está obligado a ellas.
A Irene y a su familia les asiste la razón no sólo por fundamental consideración y sensibilidad humana, sino por derecho. El caso es claro y conciso, de acuerdo al peritaje realizado por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico —y por los propios peritos de la PGR que realizaron un segundo dictamen— existe un nexo causal entre la mala praxis médica y los daños ocasionados a Irene. Además, existe una resolución judicial en la que un magistrado reconoció (en un acuerdo del 11 de diciembre de 2013) que existía un daño continuado que debía de ser reparado.
Pero este caso es tan sólo una muestra de cómo la insensibilidad de las autoridades puede llegar a extremos ofensivos. Tristemente, el de Irene forma parte de un patrón frente al que urge buscar soluciones profundas. Tan sólo entre 1990 y 2013, diversas complicaciones asociadas al embarazo costaron la vida de cerca de 30.000 mujeres en México. Tenemos una Razón de Muerte Materna (el número de muertes por cada 100,000 nacidos vivos) 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces mayor que países como Chile. Y el número de muertes se dispara hasta tres veces en municipios mayoritariamente indígenas.
Sin embargo, de poco han servido las negociaciones y las firmas de actas de acuerdo con compromisos específicos entre las representantes de Irene y el gobierno. El IMSS se enreda en acciones absurdas. La más reciente fue la entrega ante el Primer Tribunal Unitario de Oaxaca (juzgado en donde se lleva el caso), de un “Análisis sociológico con perspectiva de género y enfoque estructuralista”, con el que pretende la reconsideración –y por tanto exoneración- de su responsabilidad en los hechos y decir que gracias a la atención del hospital de Tlaxiaco, fue salvada la vida de Irene y la de su hijo. En el colmo de las cosas, incapaces de dar atención adecuada y de cumplir con sus obligaciones legales, en el IMSS ahora buscan convertir una historia de negligencia médica y violencia obstétrica en una de heroismo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.
Una detención la debe ordenar el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
Por unanimidad, los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron que nadie puede ser detenido bajo la figura de “caso urgente” si no hay documento emitido por el Ministerio Público que cumpla ciertas condiciones.
En un comunicado, la SCJN informó que los ministros respaldaron la propuesta de su colega José Ramón Cossío Díaz en la resolución de los amparos directos en revisión 3506/2014 y 3023/2014.
El tema consistía en interpretar el párrafo sexto del Artículo 16 constitucional, respecto a la facultad del Ministerio Público para ordenar una detención por “caso urgente”.
Al resolver los asuntos, la Primera Sala determinó que la detención por “caso urgente” solamente es válida en términos constitucionales cuando la ordene el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
Además es necesario que se cumplan algunos requisitos, como que se trate de un delito tipificado como grave; exista fundado riesgo de que el inculpado escape; y el Ministerio Público no pueda acudir a un juez por razón de hora, lugar o circunstancias.
En consecuencia, si una persona es detenida bajo el supuesto de “caso urgente”, pero no existe la orden de detención emitida por el Ministerio Público, considerando las condiciones antes señaladas entonces la detención es inconstitucional.
“En otras palabras, no puede detenerse a persona alguna a menos que exista una orden previa de detención por parte del Ministerio Público, por lo que la figura de ‘caso urgente’ no puede ser usada para convalidar una detención”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Los magistrados de la Sala Superior declararon fundados los agravios dirigidos a cuestionar el desechamiento de la denuncia por parte del INE, "porque la autoridad responsable no expuso los argumentos suficientes para justificar su determinación".
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el miércoles -día del cierre de campañas- al Instituto Nacional Electoral, que retome la investigación por distribución de kits escolares, por parte del Partido Verde.
Esto, con el fin de “ahondar en sus argumentos” para desechar la denuncia interpuesta por otros partidos, ante la distribución masiva de estos kits.
Con ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual desechó la denuncia formulada en contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por la presunta distribución de kits escolares y boletos de cine en Colima.
En tanto, declaró la procedencia de las medidas cautelares solicitadas respecto de las tarjetas Premia Platino, es decir, dejar de repartirlas.
Por otra parte, estableció que “no se acredita apropiación indebida” del programa social “vales para atención médica” por parte del Partido Verde; esto se resolvió así, “toda vez que no se trata de un programa que actualmente esté implementando o ejecutando las instituciones públicas de salud, sino que se trata de una propuesta de ese instituto político conforme a su plataforma electoral 2015-2018″.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Miembros del magisterio disidente continuaron sus protestas esta mañana en la capital del estado. Primero, irrumpieron en la sede local del PRI donde quemaron mobiliario y propaganda electoral de ese partido. Posteriormente, se enfrentaron con policías en las inmediaciones del Congreso del Estado.
De manera paralela otro grupo de profesores tomó el edificio de finanzas del gobierno del estado ubicado en la zona centro y uniformados llegaron al lugar y desalojaron la protesta a golpes y lanzando gas lacrimógeno.
Este hecho provocó pánico entre peatones y comerciantes del primer cuadro de la capital que cerraron sus negocios. Maestros y policías se mantienen frente a frente en una situación tensa.
Alrededor de las 11 horas un grupo de maestros rompió los candados de la reja principal del PRI y usando zapapicos, abrieron el auditorio de ese partido de donde sacaron una enorme manta de más de 10 metros cuadrados a la que prendieron fuego.
Además, a un costado de la entrada principal quemaron sillas de plástico, papelería y algunos bidones con gasolina.
También realizaron pintas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Un México sin el PRI y sin elecciones”.
Minutos después, los maestros se trasladaron a la sede del Congreso y allí quemaron propaganda en uno de los accesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
México, D.F. Julio Manuel de Caso González, secretario de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, fue hallado muerto durante la madrugada este jueves al interior de sus oficinas ubicadas en la colonia Roma Sur.
De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo fue hallado colgado de una escalera por el vigilante. También se encontró un arma de fuego 9 milímetros.
Los primeros peritajes señalan que la víctima tenía un disparo de arma en la sien.
Elementos del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realizan las indagatorias correspondientes.
El hallazgo ocurrió en las oficinas ubicadas en Tonalá 210 casi esquina con Coahuila, colonia Roma Sur.
Se espera que el dirigente del PRD capitalino, Raul Flores, ofrezca en breve una conferencia de prensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MIRNA SERVÍN.
La periodista ha denunciado casos de injusticia y otras irregularidades en la entidad, por lo que ha sido víctima de amenzas de muerte.
Celeste Saénz de Miera, secretaria General del Club de Periodistas, denunció amenazas de muerte por parte de “gente cercana al gobernador de Morelos, Graco Ramírez”.
En conferencia de prensa, explicó que en los últimos tres años ha recibido las amenazas por denunciar irregularidades en esa entidad, pero que se han intensificado durante el año pasado.
Detalló que el Club de Periodistas cuenta con la Quinta Celeste, en el fraccionamiento Granjas Mérida, en Temixco, donde encontró irregularidades y arbitrariedades, por lo que surgieron amenazas que han ido “escalando”.
En ese fraccionamiento pasa una corriente del río Palo Escrito, donde detectaron desvío de agua; al comenzar a denunciar esos hechos, hubo amenazas por parte de una persona -cuyo nombre prefirió no mencionar.
La periodista precisó que el año pasado recibió una amenaza “más fuerte” en la que le dijeron “cosas particulares, específicas, no muy comunes” que no precisó.
También el año pasado llegó una carta a su domicilio, la cual contenía una bala calibre 22, junto con un mensaje amenazante, aseguró.
Además “hubo gente que fue a fotografiar mi casa, de manera frecuente y de forma evidente”.
Saénz de Miera dijo que ha solicitado audiencia al gobernador con el gobernador Graco, quien hasta ahora no le han concedido, aunque espera que pronto lo haga.
También señaló que el procurador de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado tiene conocimiento de las amenazas, pero públicamente lo ha negado.
Por el momento la periodista cuenta con el apoyo de la policía del Distrito Federal e incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo recalcó que “no es posible que no se dé una audiencia cuando hay amenaza de muerte”.
Y cuestionó a Graco Ramírez: “¿tiene usted que ver?, ¿su gente tiene que ver?, ¿por qué no dicen la verdad? Dé la cara, yo le estoy dando la cara, recuerde que el que calla otorga”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Durante las campañas, ambos partidos ocuparon el 26.77 de los espacios. Quienes menos tiempo tuvieron fueron los candidatos independientes, el PT, Partido Humanista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Morena.
El PRI y el Verde fueron más vistos y escuchados durante la campaña electoral, acuerdo con el monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias, actualizado hasta el pasado 24 de mayo.
Ambos ocuparon, juntos y por separado, un total de 26.77 de los espacios.
Tan sólo el PRI ocupó 262 horas con 55 minutos; mientras del Verde se habló 219 horas con 46 minutos; juntos, alcanzaron 140 horas.
El monitoreo consiste en “cualquier mención sobre precampañas y campañas electorales de las y los precandidatos, así como las y los candidatos a Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos de cada partido político, coalición o independiente. Se monitoreará cualquier aparición de las y los precandidatos, y las y los candidatos en los espacios que difunden noticias independientemente del tema que traten y la manera en que sean presentados. Además, se monitoreará cualquier mención sobre campañas electorales de las candidatas y candidatos independientes…”.
Quienes menos tiempo tuvieron fueron los candidatos independientes, el PT, Partido Humanista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Morena, como se muestra en la siguiente gráfica:
El reporte íntegro:
Reporte_SMN2015_Acumulado_20150405_20150524.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Lo mejor sería que vayamos a votar y hagamos un ejercicio de libertad... ¿Qué es lo peor? La violencia", indicó el especialista electoral.
Las elecciones del próximo domingo 7 de junio serán las más complicadas “de la que yo tenga memoria”, pues habrá un “nuevo marco jurídico, nueva institución electoral, nuevos partidos, candidatos independientes, y violencia.
Esto último es lo que más preocupa, nunca vi una elección que a 72 horas de la jornada comicial hubiésemos visto ataques, agresiones y asaltos contra la autoridad electoral, nunca, ni en 1988, ni en 1994″, señaló Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto.
En entrevista para Aristegui CNN, expuso que diversos grupos han asaltado y atacado esta semana las instalaciones del INE e institutos electorales locales en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas… “¿a dónde vamos, qué va a pasar el próximo domingo?”, se pregunta.
“¿Vamos a poder ir en uso de nuestro derecho ciudadano, a formarnos a la fila a que nos reciban nuestro voto? A lo mejor alguien decide que va a anularlo, eso es independiente, es respetable, pero que tengamos la amenaza de no poder llegar a la casilla, eso nunca lo había visto”, indicó.
“¿A quién beneficia que no vayamos a votar y a quién beneficia que que haya pocos electores? Al partido que tiene mayor capacidad de sí llevar a la gente a votar: el PRI, también el PAN y también el PRD, ya no estamos hablando de un solo partido”, subrayó.
El analista lamentó que ningún partido se pronunció categóricamente contra la violencia en la reciente sesión del INE, “porque cada uno tiene su interés”.
Agregó que “el acuerdo lo propuso el PRI, tres puntos: uno, repudiamos la violencia, dos, respaldamos al INE y tres llamamos a los electores. El PAN lo respaldó, el PRD y Morena no, porque dice Morena que al final de cuentas que quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad es el Estado”.
“¿No debiéramos esperar de los 10 partidos una muestra de responsabilidad?, ¿de decir hagamos un compromiso, aquí vamos a seguir debatiendo y confrontando pero en paz y civilidad?“, preguntó.
“Me pareció muy triste, ver a esos partidos arañando su pedacitos, sus votitos, son de dar pena ajena”, sentenció.
Respecto a los posibles resultados, Alcocer comentó que “cada quien su encuesta”, en referencia a los diferentes resultados que se han publicado en los últimos días.
“Lo que veo es una realidad, pese a todo, conservamos dos condiciones básicas: la certidumbre de que la autoridad electoral, con toda la experiencia acumulada, algo sí saben hacer: poner las casillas… y luego la incertidumbre, circunstancial a la democracia. ¿Quién va a ganar en Sonora, en Nuevo León, en San Luis Potosí, quién va a tener mayoría en la Cámara de Diputados? Incertidumbre. Dos condiciones de la democracia: certidumbre en la autoridad electoral e incertidumbre en los resultados”, expuso.
Empero, apuntó que en algunos lugares “la certidumbre se rompió”, por lo que “traemos a nuestros conciudadanos, que van a ir a recibir y contar los votos, un poco mareados”.
“No hay Estado, no hay seguridad, aquí el Estado Mexicano no puede garantizar a 85 millones de mexicanos que podemos ir el domingo, no me atrevería a decir que lo hacen deliberadamente, pero tendría que explicarnos por qué si el Ejército y la Marina tienen la responsabilidad de colaborar con el INE, resguardar instalaciones y papelería, una señora es capaz de decirle a un mando para fuera, y se va. ¿Dónde está el Estado?”, preguntó, en referencia al desalojo de militares, ocurrido esta semana en Oaxaca, por parte de maestros de la CNTE.
Alcocer consideró que “en México no hay Secretaría de Gobernación, no hay quien pueda responder a la ciudadanía de lo que viene, el Estado Mexicano perdió control y por desgracia perdió eficacia”.
Recordó que no es tarea del INE la seguridad porque “no tiene policías”.
“La única manera que tenemos los ciudadanos de responder a la ineficacia del Estado, es ir a votar, o nos organizamos nosotros, que queremos vivir en paz y elegir, y que nadie nos lo impida. Porque con este petate del muerto no nos espantemos, pero sí exijamos. Aquí alguien no nos ha dado la cara y no es el INE, es el gobierno de Enrique Peña Nieto”, sostuvo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por los hechos del martes, cuando la CNTE tomó gasolineras y regaló combustible, las pérdidas se calculan en alrededor de un millón de pesos, dijo Pedro Mier y Concha, presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas.
Tras la toma de 14 gasolineras y saqueo de combustible, el martes de esta semana, por parte de maestros de diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se suspendió el pedido de gasolina hasta que se garantice la seguridad, aunque las unidades siguen operando con sus reservas, informó Pedro Mier y Concha, presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas.
La cancelación de los pedidos de combustible se mantendrá por lo menos durante este miércoles, hasta que se garantice la seguridad por parte de las autoridades, dijo en entrevista vía telefónica.
Recalcó que “necesitamos seguridad y confianza para poder seguir operando”.
Mier y Concha confirmó que al menos 14 gasolineras fueron tomadas por profesores de la CNTE, quienes “robaron combustible y lo regalaron a la gente”.
“Estaban dando 15 litros por persona, y la despachaban sin las medidas de seguridad necesarias”, aseveró.
Por estos hechos, ya presentaron denuncias ante la Procuraduría del estado, en donde dijeron que iniciarían investigaciones, sin embargo Mier y Concha indicó que no han tenido mayor apoyo por parte de las autoridades.
Los profesores de la CNTE han anunciado un boicot para no permitir que se lleven a cabo las elecciones del próximo domingo 7 de junio, por lo que el martes tomaron gasolineras y se espera que sus acciones de este tipo continúen durante esta semana.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Coinciden en que las fuerzas armadas deben estar movilizadas, de forma preventiva, en zonas de riesgo.
El PAN y PRD pidieron, por separado, que fuerzas federales se desplieguen el domingo 7 de junio, durante las elecciones.
En un comunicado, el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, llamó al presidente Enrique Peña Nieto a que genere las condiciones necesarias para garantizar que el próximo domingo se realicen elecciones tranquilas y en paz.
El dirigente panista pidió al gobierno federal brindar garantías y condiciones necesarias para que los ciudadanos voten en todas las casillas del país y participen en un ejercicio democrático cívico, donde se elegirán nueve gobernadores, 500 diputados y mil 670 cargos locales.
“Las autoridades encargadas de la seguridad en el país, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno en general y las administraciones estatales deben garantizar que las elecciones se lleven a cabo en zonas donde hay claras amenazas y en territorios donde el narcotráfico ha realizado advertencias, a fin de que la gente salga a votar libremente”, indicó Madero.
En tanto, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, comentó que “valoraremos como muy positivo un despliegue en zonas específicas en el mapa de riesgos, de fuerzas armadas, para definir cualquier acontecimiento y contribuir con la autoridad electoral que se instalen en las casillas”.
El perredista pidió que “el Ejército sea un factor de disuasión en los puntos donde se considere muy importante su actuación… actuará preventivamente, lo ha hecho muchas veces en elecciones, hoy con más razón”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Elementos de la Marina y de la Policía Federal (PF) aprehendieron a Mauricio Gastélum, El Bambi, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Mauricio –hermano de César Gastélum Serrano, uno de los delincuentes más buscados por Estados Unidos por traficar cocaína a gran escala a ese país– fue capturado durante un cateo realizado ayer en los condominios Península, en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán, según información difundida por el portal Rio Doce.
Información extraoficial precisa que tras su detención, el sujeto fue trasladado a Culiacán, donde supuestamente se realizaron diversas acciones en el poblado de Portacelis, sindicatura de El Dorado, y se presume el aseguramiento de un narcolaboratorio.
En un principio se indicó que elementos de la Marina y efectivos de la PF habrían detenido al presunto narcotraficante Dámaso López, El Mini Lic, pero en el transcurso de este día esa información quedó descartada.
Según el reporte, al menos cuatro aeronaves sobrevolaban a baja altura, una seguida de la otra, en las colonias Tierra Blanca, Lázaro Cárdenas, Universitarios, Guadalupe Victoria y Chapultepec, en Mazatlán, sin que hasta el momento se sepa nada del operativo.
Además, ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha informado sobre la detención de Mauricio Gastélum, cuyo hermano fue aprehendido el pasado 13 de abril en Cancún, Quintana Roo, acusado de traficar cocaína a Estados Unidos a través de la ruta Colombia-Honduras-Guatemala, informó entonces Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En aquella ocasión, Rubido informó que al supuesto socio de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán se le decomisaron dos automóviles, un arma y cocaína.
De acuerdo con un informe emitido por las autoridades de Estados Unidos en diciembre de 2014, César Gastélum es el cabecilla de una célula del crimen organizado en la que también participan sus hermanos Alfredo, Jaime y Guadalupe Candelario, pero nunca se mencionó a Mauricio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CANCUN, Q. Roo: El consejero jurídico del gobierno estatal, Raúl Labastida Mendoza, aclaró hoy que el gobernador Roberto Borge Angulo cumplió en tiempo y forma con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso del periodista maya Pedro Canché, aunque se negó a revelar el sentido de la misma.
Únicamente se limitó a responder que el gobierno respondió “en tiempo y forma” y que la respuesta fue enviada vía correo certificado.
Labastida Mendoza afirmó también que la respuesta fue “estrictamente legal”.
“El gobierno del estado –subrayó– no tiene motivaciones políticas en el caso de Pedro Canché”.
La reacción del gobierno de Borge Angulo se da luego de que varios medios de comunicación dieron cuenta de que el pasado lunes 1 se venció el plazo para responder a la recomendación de la CNDH y las autoridades estatales no cumplieron.
Incluso, la defensa de Canché confirmó que la respuesta de Borge Angulo no había llegado a la CNDH.
El pasado 11 de mayo la CNDH emitió la recomendación 13/2015 en la que solicitó a Borge Angulo, entre otros funcionarios, a que instruyera al procurador general de Justicia para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, “se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente”.
El organismo que dirige Raúl González admitió incluso que las autoridades habían violentado la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la integridad personal del comunicador Pedro Canché.
Días después, el 28 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito ordenó la liberación del activista y periodista maya.
En su recomendación, la CNDH también solicitó a Borge Angulo reparar el daño y ofrecer una disculpa pública a la víctima y proceder en contra de los servidores públicos involucrados en la trasgresión de los derechos humanos del comunicador, entre ellos el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos, quien emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Del 9 al 14 de mayo, la banda de Los Ardillos se apoderó de la ya convulsionada cabecera municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo rival, Los Rojos. A decir de los pobladores, aunque las autoridades lograron evitar un enfrentamiento armado a gran escala, dejaron la ciudad a merced de los sicarios, que instalaron retenes, allanaron viviendas y desaparecieron a una treintena de personas. El vocero de las familias afectadas teme que se esté gestando “otro Ayotzinapa”.
CHILPANCINGO, GRO: La tarde del martes 12, Jorge Jaimes Abarca se trasladaba en motoneta al salón de fiestas California, en Chilapa, adonde entregaría un pedido de tortillas.
Al pasar por la glorieta Ecuaria Apreza fue interceptado por miembros de la banda de Los Ardillos, que tres días antes habían tomado el control de la ciudad con la aparente anuencia de la policía y el Ejército.
Del sábado 9 al jueves 14, los delincuentes instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron a varias personas por la fuerza.
Jorge Jaimes, de 18 años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se consideraba el bastión de Los Rojos, la banda rival.
El joven profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio.
Una semana antes de su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad.
Después, un comando lo levantó cuando se dirigía a su casa en las inmediaciones de la colonia Las Palmas. Su cuenta personal de Facebook y su línea de teléfono móvil fueron desactivadas, narra una fuente cercana a la familia.
En el proyecto de documental también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años, estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él fue privado de su libertad la tarde del lunes 30 de marzo, dos semanas después que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron en su casa y se lo llevaron.
El jueves 21 de mayo se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido identificados.
Héctor y Jorge Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada.
Un recuento realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado.
Durante los seis días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad ministerial 16 casos.
Las víctimas tienen entre 15 y 31 años, todos varones y de diversos oficios. Cinco son familiares de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia, pero también hay un repartidor de tortillas, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la Zona Norte, un vendedor de frutas en el mercado y un taxista.
Hasta la fecha nada se sabe del paradero de los desaparecidos y la indignación de sus familiares aumenta ante la evidente omisión y la posible participación de autoridades civiles y militares en esos delitos, en complicidad con la delincuencia.
Algunas familias de víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron interceptados por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos.
Díaz Navarro, quien se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa, considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como estatales.
Por ello, responsabiliza de esos crímenes al gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los jefes de Los Ardillos.
“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y en la Casa Guerrero”, sintetiza el profesor, quien reprocha la “criminal indolencia” gubernamental y pide la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la procuración de justicia porque a su juicio las autoridades locales están rebasadas.
Autoridad pasiva
Hasta ahora las autoridades ministeriales han registrado la desaparición de 16 personas del 9 al 14 de mayo: Jorge Jaimes Abarca, de 18 años; Carlos Emanuel Meza Nava, de 21; Daniel Velázquez Romero, de 23; los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 23, 20 y 15 años; Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22; Sergio Derramona Abarca, de 25; Alexandro Nava Reyes, de 21; Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31; Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19; Juan Carlos García Castro, de 16 años; Victorino Morales Acatitlán, de 28, Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, así como el señor Crispino Carreto González y su hijo Samuel Carreto Vázquez.
Mientras las autoridades de los tres niveles no pueden justificar que el Ejército y las corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la banda dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública, para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los responsables.
El miércoles 20, de manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la investigación.
Cuatro días después, el gobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos.
Indignados, padres y hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para liberar a las víctimas. También le reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a los retenidos:
“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.
Los familiares criticaron que el funcionario fuera a conocer el problema 10 días después de la incursión de Los Ardillos, que actuaron impunemente.
“Sólo le importa proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos, porque no son perros”, le dijo Bernardo Carreto González, padre de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas.
Los tres jóvenes desaparecieron el 10 de mayo poco después de llegar a Chilapa, adonde fueron desde Ahuihuiyuco para vender una ternera.
Reportes oficiales indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido por sus presuntos nexos con Los Rojos.
Y al presidente municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando él asumió el cargo. La hermana del artista gráfico Abundis expresó:
“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos?
“No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro. Era estudiante de artes visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos, porque él mismo decía que en Chilapa ya no hay lugar para gente decente. Aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.
Acusado públicamente de proteger a Los Rojos, el alcalde se dijo dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales y reiteró que su administración ha sido rebasada por la violencia.
Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones.
Acababa de insistir en que tiene “las manos limpias”, pues no lo pueden acusar de corrupto ni de tener nexos con la delincuencia, cuando un padre de familia le aclaró: “Tenía las manos limpias hasta ahora, porque después de la desaparición de nuestros hijos, usted es el responsable”.
El gobernador sustituto anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades.
También dijo que crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las investigaciones.
Pero la siguiente semana Ortega no se comunicó con las familias afectadas, que hicieron un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga directamente en la liberación de las personas retenidas y se investigue al presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, por sus presuntos nexos con el narco.
Hasta el cierre de la edición se desconocía el paradero de los desaparecidos, aunque se confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, visitaría Chilapa a fin de darle seguimiento a los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que implantó un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas, acceso al fondo de reparación y un mecanismo de trabajo social.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REDACCIÓN)
El comisionado presidente hizo un llamado para que cada dependencia cumpla con su labor, a cuatro día de las elecciones.
La decisión de haber retirado al Ejército de algunas sedes distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca fue para evitar provocaciones con grupos violentos que bloqueaban las instalaciones, dijo este miércoles 3 de junio el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
Entrevistado tras inaugurar la Macrosala de prensa desde donde se trasmitirán los pormenores de los comicios del 7 de junio, aclaró que la decisión tomada por un alto mando del Ejército en comunicación con el INE, se dio en los lugares donde no había material electoral.
Al respecto, Córdova explicó que “en los distritos en los que el Ejército salió para evitar una provocación frente a los grupos violentos que han bloqueado nuestras instalaciones ha sido de manera preventiva pero en donde no hay ya material electoral que resguardar.
“Recuerden que el Ejército y la Marina tienen el mandato legal de resguardar no nuestras instalaciones, sino de custodiar la papelería electoral”, explicó.
Ello, luego de que maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), arribaron a la Junta Distrital 08 ubicada en la capital oaxaqueña, para continuar con sus acciones de “boicot” contra la jornada electoral del 7 de junio, para lo cual solicitaron el desalojo de un grupo de militares que custodiaban el lugar.
INE no puede resolver reclamo de maestros
Acerca de los ataques contra sedes electorales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, Córdova dijo que “no pretendo pronunciarme sobre la legitimidad o no de las demandas de esos grupos, son temas que corresponden resolver a otras instituciones y autoridades, no al INE“.
Este martes 2 de junio, un día después de que se registraron ataques en las sedes estatales del INE de Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, los disturbios continuaro… y así seguirá hasta la jornada electoral del próximo 7 de junio, advirtió el secretario general de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés.
En entrevista con Adela Micha, de Grupo Imagen, Núñez Ginés dijo este martes que estas acciones –impedir la repartición de papelería electoral y bloqueos en sedes electorales– son parte de los acuerdos de la Asamblea Nacional, y continuarán a menos que lasecretaría de Gobernación responda a su pliego petitorio de 11 puntos.
Ayer, en Oaxaca, maestros de la Sección 22 de la CNTE expulsaron a elementos del Ejército Mexicano que resguardaban la Junta Distrital 8 del INE.
En Chiapas, docentes de la CNTE causaron destrozos en la sede del Consejo Local del INE, además saquearon y quemaron material de la Biblioteca Jurídica de la Casa de la Cultura. Ante la toma del edificio de seis pisos, el personal no ingresó a laborar esta mañana.
También en Michoacán integrantes del CNTE tomaron de manera pacífica las instalaciones del INE del estado. Ellos reafirmaron que esta lucha es ‘pacífica pero firme’y que no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de algún partido. Lo que ellos piden es que la suspensión de la evaluación nacional sea ‘definitiva’ y no ‘indefinida’, según imágenes transmitidas en Milenio TV.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Elementos federales buscan resguardar el aeropuerto General Juan N. Álvarez, después que miembros de la CNTE tomaron el aeropuerto de Oaxaca la mañana de este miércoles 3 de junio.
Unos 200 elementos de la Policía Federal llegaron al aeropuerto internacional de Acapulco para resguardarlo ante la posible llegada de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y normalistas de Ayotzinapa.
La llegada de los elementos federales sucede a unas horas de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el aeropuerto internacional de Oaxaca.
Maestros bloquean acceso al municipio de Tlapa, Guerrero
Maestros y alumnos del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) bloquean uno de los accesos a la ciudad de Tlapa, Guerrero, tras haber sido desalojados del Ayuntamiento en esta localidad. El bloqueo está en la entrada de la carretera Tlapa-Chilapa.
Los miembros del MPG -que exigen al gobierno que no haya elecciones- tenían un campamento instalado en el zócalo de Tlapa desde octubre de 2014, sin embargo, fueron desalojados por los colonos tras la quema de boletas electorales que se realizó la noche del lunes 1 de junio.
Además, se registra otro bloqueo en la carretera que conduce hacia el municipio de Huamuxtitlán. Familias damnificadas por los ciclones “Manuel” e “Ingrid” -que golpearon Guerrero en septiembre de 2014- bloquean el paso para exigir la entrega de granos y la reconstrucción de sus viviendas.
Militares entran a Chilapa
La noche del martes 2 de junio, un convoy militar ingresó a Chilapa, Guerrero. Según habitantes, la comitiva se conforma por 17 vehículos blindados, pipas de gasolina, ambulancias y unidades conocidas como ‘rinocerontes’ y fue instalada en la Unidad Deportiva de la ciudad.
De acuerdo con el vocero de los familiares de desaparecidos en el municipio, José Díaz Navarro, el ingreso del convoy militar tiene la finalidad de vigilar la elección y no de cuidar a la población, pues la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) y el Movimiento Popular Guerrerense determinaron no permitir la instalación de casillas el domingo 7 de junio.
Esto acontece a cuatro días de que inicie el proceso electoral y tras casi un mes de la irrupción de civiles armados a Chilapa, que dejó como saldo la desaparición de un número aún no determinado de habitantes. Este caso se ha desarrollado de la siguiente manera:
- El 19 de mayo la Fiscalía General de Guerrero anunció que investigaría la denuncia de 15 personas desaparecidas en Chilapa.
- La cifra de personas denunciadas subió a 16, pero también se habló de que hay otros 14 desaparecidos que no fueron denunciados por miedo a represalias.
- El 22 de mayo, Segob instaló una mesa de diálogo con familiares de desaparecidos.
- En días posteriores se recabaron muestras de ADN de los familiares y hacia el 30 de mayo se anunció que la búsqueda de las víctimas se hace ‘con vida’, pues no hay indicios de que hayan perdido la vida.
- El mismo 30 de mayo se informó que los avances en las líneas de investigación son secretos y se planteó un esquema de información individual para cada una de las familias.
- Segob informó que, ante las exigencias de los habitantes, la Policía Federal (que ingresó a Chilapa en días previos) se mantendría en la ciudad porque se sienten seguros con ella.
- El 1 de junio se hallaron dos cuerpos en una fosa en Chilapa; el alcalde informó que no se trata de ninguno de los desaparecidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El pasado 29 de marzo agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) realizaron un operativo en el municipio del Tultitlán, con el propósito de capturar a Francisco Javier Resillas Ríos, El Víbora, uno de los delincuentes más buscados en esa entidad.
El objetivo de la policía mexiquense no se cumplió, pero en la intervención capturó a Michael Gabriel Lozada Álvarez, uno de los boxeadores que representa el actual líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, y a quien incluyó en la nómina como trabajador de base del Sistema de Transporte Colectivo Metro desde el 2 de junio de 2010.
Lozada Álvarez fue vinculado al Cártel de Sinaloa y acusado de homicidio y tráfico de drogas. En su declaración ministerial se declaró culpable de tres homicidios. Actualmente se encuentra preso en el penal de Barrientos.
Su socio El Víbora, fue aprehendido el pasado 19 de mayo en Acapulco, Guerrero, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina.
El joven originario de Tijuana, Baja California, era parte del grupo de unos 30 boxeadores “protegidos” por el hombre más poderoso del sindicato del Metro.
Como lo documentó Proceso en su edición 1940 –publicada el 5 de enero de 2014—, el líder priista y actual diputado local integra a pugilistas y entrenadores como empleados del Metro a cambio de que ellos “se mantengan cercanos a él y sirvan de atractivo en los negocios que hace con recursos públicos”.
De acuerdo con la investigación, Espino Arévalo, declarado fanático del box, ha condicionado el pago de un salario y prestaciones sociales a sus protegidos, a cambio de que los deportistas mantengan sus contratos con el promotor Fausto García Navarro, de la empresa Boxeo de Gala.
Según el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que encabeza Joel Ortega Cuevas, la más reciente categoría laboral de Michael Gabriel Lozada Álvarez fue la de asistente administrativo A, adscrito a la Subgerencia de Mantenimiento Sistemático Ticomán.
Su salario era de 7 mil 400 pesos mensuales más 2 mil 421 pesos como bono cada cuatro semanas. Los días que iba a “trabajar” mostraba distracción y era un tanto agresivo, según lo describieron algunos compañeros.
Además, solía alardear de su cercanía con Espino Arévalo y de sus logros boxísticos: 39 peleas ganadas, 31 por nocaut, 10 perdidas y un empate; también peleó en Las Vegas, Nevada, y en Tokio, Japón.
A partir de la catorcena número 10 de 2015 –periodo comprendido del 4 al 17 de mayo–, confirmó el Metro en una tarjeta informativa, la Subgerencia de Personal del STC solicitó por oficio a la Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro “inhibir” el sobre de nómina de Lozada Álvarez.
La razón: Faltó a trabajar los días 25, 30 y 31 de marzo, y del 1 al 17 de abril, en su horario laboral de 9:00 a 16:00 horas.
Un mes y medio después, el 29 de mayo, Lozada Álvarez envió un escrito al STC para solicitar a la dirección general la suspensión de su relación laboral con el organismo.
“Vengo de mi parte a informarle que el suscrito está siendo procesado penalmente ante un juez de control de distrito judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por lo que me encuentro privado de mi libertad, encontrándome recluido en el penal de Barrientos (…)”, escribió.
Este miércoles el STC Metro informó que Lozada Álvarez fue dado de baja como su trabajador y que dio vista a la Contraloría Interna para los efectos legales que correspondan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
