En la Miguel Hidalgo, delegación que vuelve a gobernar el PAN de la mano de Xóchitl Gálvez, el número de denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso del suelo urbano aumentó 264% en cuatro años. En la Benito Juárez, la comisión de derechos humanos de la Asamblea del DF estima que hay 900 obras irregulares.
El PAN volverá a gobernar dos delegaciones del Distrito Federal, luego que en la elección del pasado 7 de junio conservara la demarcación Benito Juárez, el ‘bastión blanquiazul’ en la capital del país, y consiguiera de la mano de la candidata Xóchitl Gálvez arrebatar por un margen ajustado al PRD la delegación Miguel Hidalgo, la cual lideró durante 12 años consecutivos hasta el pasado 2012.
Tras el triunfo en las urnas, tanto Xóchitl Gálvez como Christian Von Roehrich, nuevo jefe delegacional de la Benito Juárez, tienen dos retos idénticos por afrontar: atacar la corrupción en materia de uso de suelo urbano y reducir los elevados índices de inseguridad.
En 4 años, aumentan denuncias 264% por mal uso de suelo
La empresa, desde luego, no será fácil. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), la Miguel Hidalgo fue en 2014 la delegación de todo el Distrito Federal con más denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso de suelo urbano, como construir edificios con más niveles de los permitidos, no cumplir las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, violar órdenes de suspensión de actividades, o construir sin los permisos necesarios.
En total, el año pasado la PAOT contabilizó 204 denuncias. Un 264% más que en 2010 –cuando se registraron 56-; 223% más que en 2011 (63); 50% más que en 2012 (136); y un 80% más que en 2013 (113).
Asimismo, en lo que va de 2015 la tendencia de denuncias en esta demarcación va al alza. De enero a mayo, la PAOT contabilizó 153 reportes por irregularidades de carácter ambiental y de ordenamiento del territorio, de las cuales 92 (el 48%) fueron por un mal uso del suelo urbano. Estos 153 reportes reflejan un aumento de un 50% en comparación con los cinco primeros meses de 2014, cuando se registraron 102 denuncias.
Al interior de la delegación destaca el caso de Polanco, una de las zonas económicas y comerciales de mayor plusvalía de la ciudad de México y del país. Sólo en esta zona, la organización civil La Voz de Polanco lleva contabilizadas 51 obras que presentan algún tipo de irregularidades. Las más comunes son construir edificios con más niveles de los permitidos, presentación de documentación apócrifa, y violación al uso de suelo por parte de hoteles y restaurantes.
CONSTRUCCIONES
Constructores ganaron ilegalmente 2 mil 500 mdp en la Juárez: PAOT
En la otra delegación panista, la Benito Juárez, Christian Von Roehrich tendrá como principal reto materializar la promesa de campaña que hizo su antecesor Jorge Romero, quien lanzó en 2013 un programa de ordenamiento de obras irregulares.
A la fecha, la delegación informa en su página web que un total de 56 obras están suspendidas o clausuradas. No obstante, instancias como la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF estiman que el número de obras irregulares en la demarcación puede llegar hasta 900.
Además, la PAOT calcula que en los últimos tres años desarrolladores inmobiliarios han ganado ilegalmente 2 mil 535 millones de pesos en la Benito Juárez por abusos a la Normal General de Ordenamiento.
Asimismo, a pesar del programa que lanzó Jorge Romero para ordenar las construcciones con irregularidades, la delegación que gobernará Von Roehrich es actualmente la segunda en el DF con más denuncias ciudadanas por violaciones al uso del suelo urbano.
En total, se registraron 192 reportes en 2014, cifra que revela un incremento en las denuncias de 146% en relación a 2010 –ese año se contabilizaron 78 reportes-; 113% en comparación con 2011 (90 reportes); 41% respecto a 2012 (136); y 46% mas en relación a 2013 (131).
Estos datos llevaron a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) a que emitiera en noviembre de 2014 la recomendación 12/2014 a las autoridades de la delegación Benito Juárez, ante violaciones a las garantías de personas relacionadas con construcciones de vivienda. Cabe señalar que esta misma recomendación fue remitida a otras nueve delegaciones.
BJ y MH, la tercera y cuarta más peligrosas del DF
En cuanto al tema de seguridad, a pesar de que tanto la Miguel Hidalgo como la Benito Juárez son las dos delegaciones del DF con mejores índices de desarrollo –la Miguel Hidalgo está entre los cinco municipios del país con menos pobreza, según Coneval, y la Juárez ocupa el tercer lugar en el estudio Las ciudades más habitables de México 2014, que cada año elabora el Gabinete de Comunicación Estratégica-, las estadísticas delictivas en estas demarcaciones permanecen elevadas.
Tanto, que en 2014 la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo fueron la tercera y cuarta delegación, respectivamente, más peligrosas de la Ciudad de México, solamente superadas por la delegación Cuauhtémoc –que ocupa el primer lugar- y la Venustiano Carranza.
En la Benito Juárez se cometieron 501.5 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del DF. Mientras que en la Miguel Hidalgo se registró una tasa de 492.4 por cada 100 mil personas.
En 2014 el delito más común en ambas delegaciones fue el robo. La Benito Juárez acumuló un total de 6 mil 670 robos, y la Miguel Hidalgo registró 5 mil 855, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los robos más comunes en ambos casos fueron el robo de vehículo, robo a transeúntes con violencia, robo a negocios, y el robo a casa habitación.
Movilidad, servicios públicos y desigualdad, los otros retos
Además de los retos que plantean la corrupción e inseguridad, los vecinos de las dos delegaciones panistas coinciden en señalar la mala movilidad urbana que en forma de atascos y falta de estacionamientos saturan las calles; la desigualdad social entre las colonias más pudientes y las menos desarrolladas; y la mala calidad en la prestación de servicios públicos, como abastecimiento de agua, limpieza, recolección de basuras, y el alumbrado público; como otros de los grandes problemas que los nuevos jefes delegacionales deben atender de inmediato.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/corrupcion-inmobiliaria-e-inseguridad-lo-que-encontraran-los-nuevos-delegados-en-la-miguel-hidalgo-y-benito-juarez/.
En sus recomendaciones finales al Estado, el Comité de Derechos del Niño pidió castigar el reclutamiento en grupos armados y asegurar que los alumnos de escuelas militares no participen de ninguna forma en la lucha contra el tráfico de drogas.
En México no se persigue el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en grupos armados o para actividades del crimen organizado, lo que propicia la participación de los menores y permite que el Estado no cuente con políticas para prevenir el reclutamiento y proteger a la infancia, dijo este miércoles el Comité de Derechos de Niños de las Naciones Unidas en su reporte de recomendaciones finales al país.
“Explícitamente debe penalizar el reclutamiento y la participación de niños en actividades hostiles, incluidas la de grupos armados no estatales e incluir una definición de la participación directa de menores en estas hostilidades”, recomendó el Comité.
El tema de la participación de niños en conflictos armados ha sido discutido entre México y la ONU desde 2011, años después de que el entonces presidente Felipe Calderón implementara la Estrategia Nacional contra el crimen organizado.
Lo que México argumentó en ese año es que no tenía datos sobre la participación de menores en grupos delictivos pero durante su presentación en este 2015 ante el Comité, en mayo pasado, rechazó que en el país exista algún conflicto armado que pudiera afectar a niños, niñas o adolescentes.
Aunque la ONU insiste en que México debe entregar datos sobre cuántos niños están siendo afectados y reclutados por la actividad criminal en el país, el Estado se limita a decir que para proteger a los menores, se persigue el delito de corrupción de menores.
Ante esto, el Comité insistió este miércoles en identificar y perseguir el delito de reclutamiento y participación de niños en grupos armados y del crimen organizado; e identificar claramente a los grupos y bandas que pudieran estar cometiendo ese delito.
El Comité también recomendó que el Estado compense a los niños que han sido reclutados y revise su estrategia en contra el crimen organizado para que tenga una visión que garantice que los menores están protegidos de la violencia incluso durante la realización de operativos para frenar actividades delictivas.
La Secretaría de Gobernación emitió este miércoles un comunicado sobre las recomendaciones del Comité. Sin mencionar el tema del reclutamiento y participación de niños en actividades del crimen y grupos armados, dijo que “el Estado Mexicano reitera su compromiso con el pleno respeto a los derechos de la infancia”.
“El Gobierno de México reconoce que son muchos los retos que aún se enfrentan para hacer plenamente vigentes los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, y por ello se trabajará para dar atención de manera coordinada en la atención de dichas recomendaciones”, cita el comunicado.
El Comité de Derechos del Niño también expresó su preocupación “por la situación de violencia armada, tráfico de drogas y lucha contra el crimen organizado que resulta en el asesinato de muchos niños, incluyendo los casos de ejecuciones extrajudiciales como el caso Tlataya, lo que continúa amenazando el derecho a la vida, sobrevivencia y desarrollo de muchos niños”.
Sobre la violencia en el país, el Comité destacó que México no se ha hecho cargo de la desaparición de menores, especialmente de niñas; ni ha asegurado el acceso a la justicia para las familias víctimas de casos como el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; o el asesinado del niño José Luis Tlehuatle en Puebla.
Ante ello, recomendó tomar medidas urgentes para asegurar el acceso a la justicia y que los delitos contra niños, niñas y adolescentes sean investigados de manera profunda y expedita incluso cuando los presuntos involucrados sean agentes del Estado, como ocurrió en el caso Tlataya.
Sobre el Servicio Militar en México, el Comité de la ONU también indicó que se debe evitar que se enlisten jóvenes de entre 16 y 17 años y revocar el artículo 25 del la Ley del Servicio Militar que permite que menores de 18 años se adhieran al servicio según determinadas condiciones.
También insistió en que la educación en las escuelas militares debe estar en manos y vigilancia de la Secretaría de Educación y que por ningún motivo los adolescentes de estas instituciones deben estar vinculados a actividades de la lucha contra el crimen organizado.
Niños con discapacidad, migrantes, abuso sexual
El Comité de los Derechos del Niño retomó una recomendación que en octubre pasado hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a México.
Dijo que el Estado debe supervisar los recursos públicos que son entregados a proyectos privados como el Teletón para atender a niños con discapacidad y vigilar cómo se usa la imagen de los menores para evitar que sea en términos de lástima y caridad.
“Debe supervisar todos los recursos y los proyectos administrados por la institución privada para asegurar que los niños con discapacidad se beneficien de los recursos sin discriminación ni distingo y asegurar que los niños con discapacidad no sean mostrados como objetos de caridad sino como sujetos de derechos”.
Otros temas que tocó el Comité de la ONU es la protección a niños migrantes y la necesidad de contar con estadísticas confiables sobre cuántos piden protección y refugio y las razones para no recibirlo.
También alertó sobre la permanencia de tratos crueles y degradantes en contra de esos menores migrantes, así como de niños en situación de calle o los que se encuentran bajo custodia y detención.
Sobre las niñas, recomendó mejorar los procesos de atención cuando son víctimas de violencia y abuso y atender las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la Mujer (Cedaw) que alerta sobre la necesidad de tipificar, investigar y perseguir feminicidios.
“El Comité muestra su preocupación sobre la alta presencia de violencia sexual en contra de niños, particularmente en contra de niñas. El Comité tiene serias preocupaciones sobre cómo los violadores pueden escapar del castigo si se casan con la víctima”.
La ONU urge a México a capacitar a jueces, abogados, procuradores y policías sobre cómo tratar a niños víctimas de violencia sexual y evitar caer en estereotipos de género que afecten el derecho de las niñas a un juicio justo.
La próxima vez que el Estado mexicano se presente ante este Comité de la ONU será en octubre del año 2020, cuando se espera que responda a cada una de las recomendaciones y entregue datos sobre los avances en materia de respeto y garantía de los derechos del niño.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L . MONTALVO.
La averiguación cumplió tres años y medio sin ningún avance. Pese a un amparo ganado por las víctimas y que la PGR reveló que sí existió el fraude, la Procuraduría del DF no ha consignado el expediente.
El saqueo de casi 200 millones de pesos del Fideicomiso de Mexicana de Aviación está a punto de quedar en la impunidad.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), responsable de investigar la operación fraudulenta, no consignará ante un juez la averiguación abierta por la denuncia que en 2012 interpuso la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) en contra del empresario Gastón Azcárraga, ex director del Consejo de Administración de Mexicana.
Esto, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) – que acusó a Azcárraga de lavado de dinero- ya reveló públicamente que el fideicomiso si fue saqueado por el empresario y que el dinero terminó en cuentas de empresas del Grupo Posadas.
Tanto los representantes legales de ASPA como fuentes internas de la procuraduría capitalina confirmaron a Animal Político que la Fiscalía a cargo de la averiguación propuso el no ejercicio de la acción penal, es decir la no consignación del caso ante un juez. Ya no hay investigación en curso y se espera solo la aprobación de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público para mandar el expediente al archivo.
Cabe señalar que en tres años y medio, el Ministerio Público no revisó los movimientos de las cuentas bancarias de donde fue sustraído el dinero.
“Es increíble como la Procuraduría ha sido negligente y omisa en este caso. Incluso ganamos un amparo para que pidieran bien la información del fideicomiso a la Comisión Bancaria y aún así nunca revisaron la parte clave que era los movimientos bancarios. ¿Cómo decides que no hay fraude sino revisas donde está el dinero? Es absurdo” dijo Agustín Liñán, abogado de ASPA en el caso.
Incluso, ni Gastón Azcárraga ni sus socios fueron citados para que rindieran declaración, añadió el litigante.
Animal Político solicitó desde hace dos semanas a la Procuraduría capitalina una versión oficial sobre el cierre o avance de este caso y una entrevista con la fiscal de Asuntos Especiales Margarita Vázquez Sánchez, o el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Cabe recordar que Mexicana de Aviación, en su momento la aerolínea más grande de México y de América Latina y con más de 90 años de historia, dejó de operar el 28 de agosto del 2010, apenas un lustro después de ser adquirida por Grupo Posadas, conglomerado empresarial de Azcárraga.
Al momento de su cierre la aerolínea estaba prácticamente en quiebra, sin liquidez alguna para cubrir sus deudas ni la nómina de sus trabajadores. Ocho mil personas se quedaron sin empleo.
Saqueo del fideicomiso…
La operación fraudulenta del Fideicomiso F/589 de Mexicana de Aviación fue revelada no solo en la denuncia interpuesta por ASPA sino en la investigación que por su cuenta realizó la PGR y que derivó en órdenes de aprehensión por lavado y delitos bancarios en contra Azcárraga, actualmente refugiado en Estados Unidos y a la espera de ser extraditado.
El Fideicomiso F/589 cuyas cuentas principales están en Banorte (antes Banco IXE) fue creado en junio de 2006 como una alternativa para cubrir remuneraciones de los trabajadores de la compañía. Su saldo inicial fue de 198 millones de pesos y contemplaba a diversos accionistas, entre ellos la propia ASPA.
Pero la Unidad de Análisis Financiero de la PGR descubrió que Azcárraga, haciendo uso de triangulaciones ilegales logró transferir el dinero en su único beneficio. Con recursos de fideicomiso compró a una de sus empresas llamada Administradora Profesional de Hoteles las acciones que tenía de la aerolínea
En total 197 millones 971 mil 395 pesos, se usaron para comprar dichas acciones. De ese mismo dinero Administradora Profesional de Hoteles transfirió 110 millones 700 mil 380 pesos a la cuenta de Grupo Posadas.
El 20 de enero del 2012 ASPA, desde su posición de perjudicada por el fraude en el fideicomiso y además en representación de trabajadores afectados interpuso una denuncia de hechos en la Procuraduría capitalina. Se inició la averiguación previa FAE/A7T2/00044/12-01 cargo de la Fiscalía de Asuntos Especiales.
Los representantes legales de la asociación sindical expusieron como posible responsable ´por administración fraudulenta a Azcárraga, delito que de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal puede alcanzar más de una década de prisión y sin derecho a fianza.
… Y no pasó nada
Tres años y medio después de presentada la denuncia el avance en la investigación de la Procuraduría capitalina fue nulo.
Documentos de los que Animal Político tiene copia, evidencian como el Ministerio Público tuvo que ser empujado incluso con una sentencia de amparo para que pidiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de forma correcta los documentos del Fideicomiso F/589 incluyendo los movimientos bancarios. La Procuraduría dio cumplimiento… a medias.
La sentencia de amparo 649/2013 emitida por el Juez Noveno de Distrito en noviembre del 2013 – dos años después de interpuesta la denuncia – concluyó que la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría había actuado de forma negligente al no pedir a la CNBV de forma correcta los datos del fideicomiso.
Y es que la Procuraduría había pedido los datos pero sin utilizar las “medidas de apremio”, es decir, sin advertir a la CNBV que no entregar los datos – como había ocurrido hasta ese momento – le acarrearía sanciones e incluso arrestos, pues era información imprescindible para la averiguación previa.
“Ni el subprocurador de averiguaciones previas centrales ni el fiscal (de Asuntos Especiales) actuaron conforme a los artículos 21 y 102 constitucionales ya que no han utilizado los medios legales disponibles para recabar información. (…) Lo cual revela que la integración de dicha averiguación no ha sido pronta ni expedita”, señala la sentencia de amparo.
Aun con el llamado de atención anterior, la Procuraduría interpuso un recurso de inconformidad en contra del amparo pero un tribunal lo ratificó. Sin otra opción la PGJDF solicitó los datos del fideicomiso.
El 6 de mayo del 2014 la CNBV remitió a la procuraduría el oficio 220-1/828272/2014 en el que Banorte entregó el contrato del fideicomiso F/589, sin embargo, para abrir la información de los movimientos solicitó al Ministerio Público que se especificara el periodo de tiempo que se requería así como las cuentas… pero no hubo respuesta.
La PGJDF no volvió a solicitar la información recabada pese a que los abogados de ASPA pidieron dos veces al agente del responsable (en agosto 2014 y marzo 2015), con los oficios correspondientes, que se realizara la diligencia especificando que se requerían los movimientos de la cuenta del Fideicomiso Banco IXE número 1194105.7 clave 0321800001194.
La respuesta de la Procuraduría, fechada el 20 de abril y de la que también este medio posee copia, es que “ya se había” cumplido con lo señalado en el amparo.
“No es procedente realizar las diligencias solicitadas por el apoderado legal de ASPA en virtud de que como se desprende de las actuaciones que integran la presente indagatoria, dichos reqerimientos (sic) ya se solicitaron” dijo la PGJDF.
En ese contexto los abogados de ASPA dirigieron una carta al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fechada el 22 de abril, en donde acusaban que a casi cuatro años el caso estaba detenido y que el Ministerio Público se negó a realizar la diligencia clave, situación “por demás violatoria de derechos humanos”.
El 29 de abril el Gobierno capitalino respondió con un oficio a la fiscal Vázquez Sánchez que se informara de los avances del caso. Un día después, los abogados tuvieron conocimiento que el caso ya no estaba en integración sino que se mandó a la coordinación de agentes ministeriales con la propuesta de no proceder penalmente.
¿Qué sigue?
Los representantes legales de ASPA adelantaron que preparan recursos legales en torno a la determinación de la Procuraduría de no proceder penalmente por este caso, los cuales serán presentados una vez que les sea notificada la determinación oficialmente.
De acuerdo con Agustín Liñán, la forma de proceder de la Procuraduría deja en evidencia “que no hay voluntad” de esclarecer el caso sino al revés, de cerrarlo lo antes posible. Prueba de ello es que la PGR si pudo en su momento obtener datos del fideicomiso.
“El hecho de que se cumpliera el amparo a medias, de que no se quiera pedir a detalle los datos de los movimientos nos pone en claro que fueron más de tres años de simulación en este caso. Vamos a estudiar como procedemos porque es un hecho de que el fideicomiso fue saqueado y que el responsable está identificado” dijo el litigante.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/sin-revisar-cuentas-bancarias-saqueadas-por-azcarraga-pgjdf-le-da-carpetazo-a-fraude-en-mexicana/.
Cerca de 15 manifestantes, según la autoridad, participaron en una manifestación en las calles del DF para expresar su rechazo a la reforma educativa que exigirá la aplicación de evaluaciones a los maestros.
Las protestas en contra de las evaluaciones a docentes cobraron fuerza ayer en la capital.
El llamado era puntual para los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Nueve de la mañana en las inmediaciones del Congreso de la Unión, recinto desde donde partiría un numeroso grupo de inconformes provenientes de Oaxaca y Chiapas.
Pero no fue hasta dos horas después cuando iniciaron la caminata hacia el Monumento a la Revolución.
Durante el recorrido los docentes expresaron su rechazo a la reforma educativa, que exigirá la aplicación de las evaluaciones punitivas a los maestros.
Las autoridades del Distrito Federal reportan que la afluencia rondó entre los 15 mil manifestantes.
El cuerpo de seguridad capitalino resguardó en todo momento el perímetro por donde circulaban los contingentes, que más que una marcha, se conducían como un desfile, en el que las agrupaciones se presentaban con estandarte de la localidad de la que procedían.
Grupos que llegaron de Michoacán y Guerrero hicieron presencia en Paseo de la Reforma, donde a paso lento llegarían a la Glorieta del Caballito cerca de las tres de la tarde.
Las consignas contra las autoridades federales eran continuas, tampoco cesaba de el reclamo por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Las movilizaciones concluyeron a eso de las seis de la tarde, pero los campamentos se mantendrán en la extensión de la Plaza de la República.
Primero las aulas, luego el diálogo
Sobre el diálogo con las autoridades, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que solo conversarán si los profesores regresan a las aulas.
“Hubo una reunión con la Comisión Nacional Política de la Coordinadora y establecimos una condicionante: la Secretaría de Gobernación se sentará a la mesa con ellos hasta en tanto todos los contingentes movilizados estén en sus escuelas trabajando. Mientras tanto, no hay diálogo con la Coordinadora”, pronunció ante medios el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HIDALGO NEIRA.
Aunque lo han criticado en el pasado, ahora el PAN tomó las calles. Madero, Preciado y miles de panistas acusaron fraude en Colima y exigieron un recuento ‘voto por voto, casilla por casilla’.
Después de que en 2006 el PAN criticó la petición del entonces abanderado perredista, Andrés Manuel López Obrador, de hacer un recuento del voto tras los resultados de las elecciones presidenciales en las que Felipe Calderón obtuvo la victoria, ahora le toca estar en la misma posición.
“El Partido Acción Nacional no permitirá que se consume un fraude en Colima ni el robo de la voluntad de los colimenses, por lo que exigirá el conteo del voto por voto y casilla por casilla para defender el triunfo de Jorge Luis Preciado como gobernador”, advirtió ayer el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz.
Acompañado por Santiago Creel, el Presidente Gustavo Madero participó en la “Marcha para Defender el Triunfo de Jorge Luis Preciado Rodríguez”, realizada de Piedra Lisa al Instituto Electoral del estado, en Colima.
“Entiendan bien, estos seis municipios representan el 90 por ciento de la población del estado y la ganó el PAN, ¿me van a decir que no ganamos la gubernatura? Ganamos una población con 577 mil habitantes”, manifestó Madero durante la movilización.
Con las consignas “¡Fuera el PRI!” y “¡Repudio total al fraude electoral!”, una columna de personas recorrió diversas calles de la capital del estado.
Posteriormente, frente al Instituto Electoral Estatal (IEE) lanzó que el Comité Ejecutivo Nacional respalda con todo a Preciado y el triunfo no se lo van a arrebatar.
Por su parte, Preciado advirtió que si las autoridades del IEE “se atreven a tocar uno solo de los paquetes electorales, esto va a arder, aquí los votos cuentan y se cuentan, y vamos a pedir que se cuente cada uno de ellos”.
En su intervención, el candidato destacó que ganaron 12 de los 16 distritos, seis de los 10 municipios, con un mayor número de habitantes, además del Segundo Distrito federal.
Dijo que “el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no puede imponerle a Colima un Gobernador”.
Madero también advirtió que “las cosas se van a poner rudas” y agregó que “vamos a contar todas las actas, una por una, y deben acatar el resultado; por eso, mañana, en estas instalaciones, vamos a vigilar que se cuente voto por voto, casilla por casilla”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
MÉXICO, D.F: Este miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob) estableció que para continuar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los maestros movilizados deben regresar a impartir clases.
El subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, destacó que durante la reunión que sostuvo esta tarde con integrantes del magisterio disidente se fijó como requisito el regreso a clases.
“La Segob no se sentará a la mesa con ellos hasta en tanto todos los contingente movilizados estén en sus escuelas”, sentenció en entrevista Miranda Nava.
Al término del encuentro con integrantes de la Comisión Nacional Política de la CNTE, el funcionario federal advirtió que mientras no se cumpla ese requisito, “no hay diálogo con la Coordinadora”.
Integrantes de la CNTE se manifestaron este miércoles en las cámaras de Diputados y Senadores, y posteriormente se dirigieron a la Segob para exigir la derogación de la reforma educativa y la cancelación de la evaluación del magisterio, entre otros puntos planteados en su pliego petitorio.
Por la tarde, la Segob emitió un comunicado en el que confirma que funcionarios se reunieron con integrantes de la CNTE de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Distrito Federal y Chihuahua “con el propósito de generar condiciones de diálogo y acuerdo entre las partes”.
Sin embargo, la dependencia “dejó en claro a los maestros que el diálogo sólo podrá continuar una vez que los docentes regresen a las aulas, toda vez que los niños y jóvenes no pueden verse afectados por la suspensión de clases”.
Por su parte, los integrantes de la comisión negociadora de la CNTE señalaron que tendrán que valorar la situación ante la respuesta de las autoridades, por lo que dialogarán con sus respectivos contingentes.
Representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación confirmaron que sesionarán en las instalaciones de la Sección 9 para determinar las posibles acciones a seguir luego del emplazamiento formulado por la Segob.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MCALLEN, Tx: El diputado federal republicano, Henry Cuéllar, legislador por el área de Laredo-McAllen, anunció que helicópteros UH-60 Blackhawk, utilizados en la guerra, serán desplegados en la frontera de Texas con Tamaulipas.
La medida es una respuesta al ataque contra una aeronave de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) que ocurrió en Nuevo Laredo el pasado viernes.
En declaraciones al portal Expreso.Press, Cuéllar detalló que la llegada de los helicópteros ocurrirá en el curso de esta semana y añadió que las naves UH-60 Blackhawk están blindadas y son utilizados ante amenazas superiores, como la guerra.
Cuentan además con equipo superior al EC120, que se utiliza actualmente en la región.
Por lo pronto, serán dos los helicópteros que se envíen al sur de Texas, concluyó el representante Henry Cuéllar.
El pasado viernes autoridades de Estados Unidos y México informaron que rastreaban en la frontera de los dos Laredos a presuntos miembros del crimen organizado que dispararon contra un helicóptero de Aduanas y Protección Fronteriza, el cual tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
El aparato recibió disparos de armas de grueso calibre, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el noroeste de Laredo, Texas. La nave colaboraba con agentes que intentaban irrumpir una operación de narcotráfico en un rancho llamado La Bota, ubicado en los márgenes del Río Grande, desde donde le dispararon con armas de grueso calibre.
Las balas impactaron las alas del rotor y la cabina. El piloto se salvó debido a que estaba sentado sobre su chaleco antibalas. Las autoridades atribuyeron el ataque a Los Zetas que operan en Nuevo Laredo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
XALAPA, Ver: Académicos de la Universidad Veracruzana exigieron al gobernador Javier Duarte y a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la agresión perpetrada el viernes pasado por un grupo de encapuchados contra ocho alumnos de la UV, quienes se encontraban en una cuartería de la calle Herón Poal, localizada a una calle de la sede del PRI estatal.
En el comunicado se destaca que tras el ataque debieron ser hospitalizados tres de los jóvenes por distintas fracturas, pérdida de dientes, policontusiones y, uno de ellos, con traumatismo craneoencefálico.
Sin embargo, el pronunciamiento no fue respaldado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien ha sido blanco de críticas en redes sociales por su pasividad ante la acción.
En rueda de prensa Alejandro Saldaña, de la Facultad de Contaduría y Administración, leyó el documento de repudio a los actos de represión que, sostuvo, fueron originados desde el gobierno estatal.
“Exigimos una línea de investigación clara y sin cortapisas, pues la magnitud de los hechos requiere una respuesta institucional a la altura de las circunstancias. Instamos y exigimos a la autoridad estatal para que sean dadas a conocer las líneas de investigación que se siguen para el esclarecimiento de este caso”, expresan más de 70 profesores en el pronunciamiento.
Incluso, lunes y martes grupos de estudiantes se concentraron afuera del edificio A y B de Rectoría, en señal de protesta por la brutal agresión del viernes 5, pero también han manifestado su preocupación por otros hechos de violencia e inseguridad que se han suscitado en los alrededores del campus universitario.
Apenas el lunes por la tarde-noche, unas 500 personas, entre estudiantes y profesores de la Facultad de Humanidades, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, activistas y anarquistas, salieron a las calles a protestar por los hechos, el grito popular fue: “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”.
Las protestas llegaron hasta el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la sede del PRI, Diario de Xalapa, oficinas de la SSP, palacio de gobierno y rectoría de la UV.
Pese a que hay dos distritos electorales donde no hay un claro ganador (Veracruz urbano y Papantla), los consejeros del INE decidieron suspender la instalación del consejo permanente y abandonar el inmueble para evitar ser blanco de las protestas de estudiantes, así como garantizar la seguridad del personal.
Al paso de la manifestación, un grupo de anarquistas destruyó las luminarias del INE y dañó paredes y puertas. En el PRI repitieron el mismo operativo.
Sobre avenida Ávila Camacho, los encapuchados rompieron las ventanillas de una patrulla de la Policía Vial en movimiento, aunque el hecho fue reprobado por catedráticos universitarios, quienes solicitaron a los estudiantes matriculados “desmarcarse” de los anarquistas.
En la marcha se gritaron consignas en contra del gobernador priista Javier Duarte; el secretario de la SSP, Arturo Bermúdez, y la rectora Ladrón de Guevara, quien apenas ayer acudió de forma exprés a visitar a los estudiantes agredidos.
En el transcurso de la movilización destacaron las consignas: “No somos todos, faltan los golpeados”, “No somos infiltrados, somos un pueblo encabronado” y “No más violencia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
El gabinete de seguridad michoacano renunció a sus cargos por la posibilidad de ser consignados por sus vínculos con el crimen organizado.
A menos de tres meses de que concluya el fallido periodo de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, la federación comenzó su retirada en la ocupación que hizo de la gubernatura de Michoacán.
Argumentando nuevas encomiendas federales, el procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro; el sub secretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta Mora, así como el director de Seguridad Pública Estatal, Carlos Alberto Flores Sánchez, renunciaron a sus cargos horas antes de que el gobernador del estado conociera la decisión.
Y fue aceptada de manera posfechada para el lunes 15 de junio próximo.
La salida de los tres funcionarios, que fueron encumbrados durante la gestión del Comisionado Federal Alfredo Castillo Cervantes, coincidió con los señalamientos de colusión con el crimen organizado de al menos uno de los tres funcionarios federales.
De acuerdo a lo expuesto por Semeí Verdía Zepeda, comandante de los grupos de autodefensa de la región Sierra Costa Nahua, el que hasta el lunes próximo será subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta Mora, tuvo al menos una reunión con miembros del crimen organizado.
Entre los presuntos delincuentes con los que se reunió el funcionario de Michoacán se encuentra el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, quien el lunes pasado recibió el auto de formal prisión, acusado de haber atentado contra la vida de Semeí Verdía.
De esa forma, Juan Hernández se convirtió en el octavo presidente municipal de Michoacán en ser procesado y encarcelado por su probable relación con miembros del cartel de los Caballeros Templarios.
El alcalde de Aquila había sido señalado por el jefe de las autodefensas, Semeí Verdía, de ser parte de la estructura criminal de los Templarios. Una serie de fotografías difundidas en la red, revelan una reunión en donde aparece Servando Gómez Martínez “La Tuta” al lado del munícipe.
La salida del procurador de justicia mete en complicaciones al gobernador Salvador Jara, toda vez que la designación del cargo tiene que ser avalada por el Congreso local.
Esta sería la cuarta ocasión en que llega un nuevo titular a la Procuraduría de Justicia del Estado en el lapso de 3 años y cuatro meses, por donde ya han pasado Plácido Pineda Torres, Marco Vinicio Aguilera Garibay y José Martín Godoy Castro, quien en breve podría asumir un cargo dentro de la PGR.
El octavo alcalde tras las rejas
Los señalamientos que el jefe de las autodefensas en la Sierra Costa Nahua, Semeí Verdía Zepeda, hizo sobre el alcalde priista Juan Hernández, al que se le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa, terminaron con un auto de formal prisión en su contra.
El presidente municipal de Aquila es señalado de conspirar contra el jefe de las autodefensas en ese municipio, al que supuestamente mandó matar ofreciendo pagar a un grupo de sicarios la suma de 2 millones de pesos, y entregó anticipos por 7 mil pesos a cada uno de los matones.
El comandante Semeí Verdía ha sufrido dos atentados contra su vida. El primero de ellos, del que resultó ileso, ocurrió el pasado 16 de diciembre del 2014, cuando fue emboscado sobre la carretera costera. El otro sucedió apenas el 25 de mayo pasado, donde el líder autodefensa sí resultó con lesiones leves.
De esa forma el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, se ha sumado a la larga lista de presidentes municipales encarcelados, una de ellos muerta en prisión. Todos procesados por el procurador de justicia que ha presentado su renuncia al cargo y que llegó a Michoacán como parte del equipo federal que tomó el control del gobierno estatal.
Oficialmente, el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero anunció mediante un boletín la aceptación de la renuncia de los tres funcionarios, pero trascendió que un grupo de alcaldes, todos investigados por sus presuntos nexos con los Caballeros Templarios, fue el que no ha dejado de insistir ante el secretario de Gobernación en la renuncia de Godoy Castro, aduciendo hostigamiento.
Critican omisión
Juan Hernández Ramírez es procesado sólo por el delito de homicidio en grado de tentativa. La Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán no le pudo fincar los cargos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico.
Esto ha sido cuestionado con severidad entre los grupos de autodefensa, al considerar que el gobierno estatal no toma en cuenta el esfuerzo que hacen los civiles armados para aportar pruebas.
En el caso del alcalde de Aquila, fueron los grupos de autodefensa los que entregaron la mayor parte de las pruebas para que se pudiera procesar. Dieron fotografías en donde aparece Juan Hernández Ramírez en franca convivencia con Servando Gómez Martínez “La Tuta”, quien se dice apadrinó su carrera política.
Pese a las pruebas integradas, la Procuraduría de Justicia del Estado no pudo cuadrar ilícitos del orden federal en el proceso del presidente de Aquila. Similar situación se ha observado en los otros procesos penales levantados contra de otros siete alcaldes de Michoacán, donde las pruebas entregadas por los hombres de las autodefensas no han dado frutos.
Ya se enfrían
A la lista de funcionarios del renglón de seguridad que llegaron para hacerse cargo del gobierno en Michoacán y recomponer el orden que se había perdido, se han sumado también algunos mandos medios de otras dependencias, como la Tesorería y los programas de asistencia social, que podrían renunciar antes de que llegue el nuevo gobernador.
Desde enero del 2014, la federación en Michoacán destinó poco más de 250 funcionarios federales para apoyar en la ejecución de programas que permitieran el desarrollo social y económico del estado. La mayoría de esos burócratas fueron colocados en mandos de dirección, jefaturas de departamentos, asesores y subsecretarios.
La larga lista de funcionarios con plazas federales, comisionados al rescate de Michoacán, comenzará a presentar su renuncia de manera paulatina en los próximos días, dijo un funcionario del gobierno de Michoacán, a fin de que al arribo del nuevo gobernador, Silvano Aureoles Conejo, ya no estén presentes.
La Comisión Federal que encabezó Alfredo Castillo Cervantes hasta el 22 de enero de este año dejó a más de 120 personas trabajando en diversas dependencias, todas de apoyo a las acciones del Grupo de Coordinación Michoacán, órgano encargado de desarrollar los planes de trabajo de la federación en Michoacán.
Esos funcionarios, por disposición oficial ya tienen preparada su renuncia para hacerla efectiva de manera escalonada.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Acaban de ser electos, y los nueve gobernadores ya llegan cargados de acusaciones en su contra. Ninguno de los virtuales mandatarios tiene un historial limpio. En algunos casos, incluso existen denuncias penales en su contra. Estos señalamientos provocarán que estos funcionarios inicien sus administraciones con un reto mayor para ganar la confianza de sus gobernados.
1. Baja California Sur
Mendoza, investigado por la DEA
El panista Carlos Mendoza Davis es investigado por la DEA por tener un nexo familiar con Avelino Montoya, involucrado en operaciones del cártel de los Arellano Félix.
Montoya está casado con Valeria Velázquez, cuñada del virtual gobernador de Baja California. La vinculación de Montoya con el ganador de la elección del pasado domingo ocurrió cuando el año pasado fueron incautadas seis toneladas de mariguana en bodegas de San Diego, propiedad del concuño de Mendoza.
La DEA investiga si Montoya colaboró con la campaña de Mendoza para ser senador, en el 2012.
A esto se suma una llamada de Mendoza donde habla con Francisco Domínguez, candidato ganador en la elección de Querétaro, en la que se refieren a una aportación de “seis kilos mensuales” que recibirían de un personaje de sobrenombre “Kors”.
2. Campeche
Moreno, y su cercana Oceanografía
Alejandro Moreno, el priista ganador de la contienda en Campeche, ha sido acusado de defender a varios de los involucrados en el fraude de la empresa Oceanografía a Pemex.
En el 2006, Moreno fue electo senador por Campeche y en ese entonces fortaleció los lazos con la empresa Oceanografía, la favorita en materia petrolera durante el sexenio de Felipe Calderón.
Cuando comenzaron las investigaciones por el fraude se publicó que Moreno abogó por Amado Yañez, quien incluso le prestaba su avión para que el entonces diputado viajara sin restricciones.
Se dice que desde Los Pinos se pensó en no apoyar su candidatura, pero pudo más la idea de que si no lo postulaba el PRI, otro lo haría.
3. Colima
Peralta y Preciado, en empate
En Colima José Ignacio Peralta, el candidato del PRI y el panista Jorge Luis Preciado están empatados.
Cualquiera que resulté ganador, tiene escándalos pendientes.
Peralta fue denunciado por desfalco a la hacienda pública en sus funciones como subsecretario de Comunicaciones en la SCT.
El supuesto quebranto fue por mil 196 millones de pesos por contratos firmados por Peralta en el 2013, algunos de ellos duplicados.
Preciado fue señalado cuando se descubrió que se construía un castillo en un terreno de su propiedad.
Ha sido criticado también por ser empresario de hoteles y moteles en la entidad, siendo parte del PAN, un partido de derecha.
4. Guerrero
Astudillo y el desvío de recursos
El priista Héctor Astudillo, virtual ganador de la contienda en Guerrero, ha tenido acusaciones de múltiples actividades ilegales.
La revista Proceso publicó en febrero pasado que se le acusó de desvío de recursos de la Secretaría de Educación de Guerrero para financiar su campaña política contra el perredista Zeferino Torreblanca, en el 2005.
Más tarde se presentó una denuncia en su contra por extorsión por presuntamente pedir dinero a una empresaria para autorizarle una licencia, mientras él era alcalde de Chilpancingo.
Se le acusó también de dar plazas en el gobierno municipal a sus familiares y a los de sus cercanos; por ese hecho fue denunciado por amenazas de muerte por los trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, quienes se inconformaron por esas plazas.
5. Nuevo León
‘El Bronco’ y sus escándalos
No por ser independiente se salvará de ser señalado por diversos escándalos.
Jaime Rodríguez, “El Bronco”, llegará a la gubernatura de Nuevo León con denuncias por estar implicado en el despojo de 80 hectáreas que hizo la empresa Javer a la comunidad de El Fraile, en el municipio de García.
Los vecinos de esa localidad señalaron que fueron desalojados de sus casas por personas armadas, apoyadas por la Policía municipal de García, cuando “El Bronco” era alcalde.
Rodríguez fue acusado también, en un audio que circuló en redes sociales de una supuesta llamada con su esposa, de haber “entregado” a un general del Ejército Mexicano para ser asesinado.
“El Bronco” aclaró que la voz que se escucha en la grabación no es la de su esposa; dijo que se trató de una guerra sucia orquestada en su contra.
6. Querétaro
Domínguez y los casinos
El panista Francisco Domínguez, quien recuperó para el PAN la gubernatura de Querétaro, ha estado involucrado en varios escándalos.
Uno de los primeros fue cuando estuvo acusado de generar un quebranto de 8 millones de pesos de los recursos de Querétaro, cuando fue alcalde de esa ciudad, entre el 2009 y el 2011.
Domínguez también ha sido señalado por tener cercanía con empresas cuestionadas como Oceanografía y Gas Express Nieto.
Se ha publicado también su cercanía con empresarios casineros como Javier Rodríguez, quien también está implicado en investigaciones de ordeña de ductos.
7. Sonora
Pavlovich, ‘la guapa’
La abanderada del PRI, el PVEM y Nueva Alianza fue acusade de intercerder por algunos amigos empresarios de su entidad ante la SCT para que se les otorgaran algunos contratos de obras en la entidad.
A cambio, Pavlovich pidió prestada la avioneta de uno de ellos para trasladarse a otros puntos del estado en los días que comenzaba su campaña.
El otro escándalo que le fue revelado a Pavlovich fue una llamada donde se escucha pedir a uno de sus colaboradores que pida a un empresario por quien hizo gestiones “que se ponga guapo”, para que le dé un moche, después de haberle gestionado apoyos federales por más de 7 millones de pesos.
8. San Luis Potosí
Carreras y las pensiones
Juan Manuel Carreras, triunfador de la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí, ha sido cuestionado por la supuesta desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros del sistema de Telesecundaria en su entidad.
La revista Proceso publicó que Carreras fungía como secretario de Educación de su estado cuando esos recursos fueron depositados en las arcas del gobierno estatal, pero nunca llegaron a los maestros.
Carreras ha sido cuestionado también por poseer bienes millonarios y favorecer a la Universidad IDEP (Instituto de Educación Proactiva), de la que es dueño, mientras fue secretario de Educación.
9. Michoacán
Silavdo Aureoles, y su red
Durante la campaña política por la gubernatura de su estado, Silvano Aureoles fue denunciado penalmente por senadores del PRI de encabezar una red de corrupción.
Aureoles fue acusado de haber gestionado recursos por 5 mil 333 millones de pesos para Michoacán en el 2013, y 264 millones en el 2014 y beneficiar a personas cercanos a él.
Sin embargo, la mayor parte de esos recursos se destinaron presuntamente a empresas de quienes luego serían candidatos del PRD a diversos cargos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
MÉXICO, D.F: La marcha conmemorativa del “halconazo” ocurrido el 10 de junio de 1971 arrancó esta tarde en el Casco de Santo Tomás, y dos horas después llegó al Zócalo capitalino, donde voceros reclamaron la liberación de los presos políticos en el país.
Los voceros del Comité 68 denunciaron la nueva Ley de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal, las reformas estructurales de la administración de Enrique Peña Nieto y la militarización del país.
Además, exigieron la liberación de los detenidos el domingo pasado durante actividades de boicot electoral, así como de los activistas yaquis y de los manifestantes presos a raíz de las marchas contra la toma de poder de Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012.
Los contingentes, conformados por unos miles de estudiantes y algunos sindicatos, caminaron de manera pacífica lanzando diversas consignas.
En algunas calles adyacentes, columnas de granaderos, varios de ellos con extintores en la mano, se mantuvieron listos pero no tuvieron razón para intervenir.
Escasas pintas –“Asesinos”, “Fue el Estado”– realizadas por encapuchados cubrieron las paredes de edificio del PRI en el DF, así como algunos puestos y quioscos obre la avenida 5 de Mayo. No hubo mayor incidente.
Al llegar al zócalo, jóvenes extendieron el brazo y enseñaron el anular a un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que sobrevolaba la Plaza de la Constitución.
En el acto estuvieron presentes algunos padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, aparte de familiares de los 49 niños fallecidos en junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Legisladores de PRD, PT y MC tunden en el Congreso al PVEM y reprochan omisiones del INE y del Tribunal Electoral.
La izquierda se lanzó este miércoles contra el Partido Verde, a causa de sus violaciones a la ley en el proceso electoral en curso.
Legisladores federales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano reprocharon las violaciones sistemáticas a la legislación electoral cometidas por el PVEM durante el proceso electoral que culminó en los comicios del pasado 7 de junio.
Durante una debate sobre las elecciones, realizado en la sesión de la Comisión Permanente, los legisladores condenaron que el partido del tucán haya incurrido en faltas desde antes de iniciar las campañas y hasta el día de la jornada comicial.
“La violación de la Ley por parte de un partido político que no tuvo llenadera, porque el mismo día de la elección, ya fuera el Piojo Herrera, ya fueran artistas, estaban apoyando al Partido Verde y el mismo día de la elección, la gente estaba recibiendo SMS, por 15 mil pesos pagados a los artistas”, acusó el senador del PRD, Armando Ríos Piter, quien exigió que los abusos no queden en la impunidad.
“¿Va a haber impunidad en el caso del Partido Verde? Porque hoy le resulta útil, indispensable al PRI para mantener la presencia en la Cámara baja y para mantener una mayoría?”.
La senadora perredista Angélica de la Peña lamentó la tibieza con la que han respondido las autoridades electorales ante la conducta del Partido Verde.
Graciela Saldaña, diputada del PRD, reprochó al PRI el haberse beneficiado de los abusos cometidos por el PVEM, pero también calificó de omisos al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Entonces ellos tienen multas y no pasa nada, 20, 200, 300, 500 millones y no pasa nada. El PRD ya pidió la pérdida del registro del Verde Ecologista y el Instituto Nacional Electoral no hace nada. El Tribunal Electoral no hace nada”, lanzó.
El diputado perredista José Antonio León Mendivil se refirió a la información publicada por el diario Reforma, sobre la existencia de “casillas zapato” en Chiapas, hoy gobernado por Manuel Velasco, emanado de las filas del Partido Verde.
Manuel Bartlett, coordinador del PT en el Senado, lamentó los excesos cometidos en los gastos de campaña por el PVEM y el uso de temas de carácter ambiental como pretexto para hacer proselitismo.
“Hubo dinero a manos llenas como para comprar votos, hubo silencio frente a violaciones como las que cometió el Partido Verde. La opinión pública ya lo juzgó, aunque vengan a decir que ganaron porque han hecho muchísimas medidas verdes; ninguna, todo es parte de un fraude”, expresó.
La diputada petista Lilia Aguilar consideró incluso que la conducta del partido del tucán sirvió como un distractor en una contienda plagada de violencia, compra de votos, viejas prácticas casi todos los partidos, manga ancha para los gobernadores de todos los colores, el hartazgo de la ciudadanía y el rechazo al sistema de partidos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
