La SSC protagoniza uno de los peores y más violentos conflictos sociales que enfrenta el gobierno de Ollanta Humala; el saldo hasta ahora es de tres civiles y un policía muertos a consecuencia de los choques entre la fuerza pública y ciudadanos que se oponen al proyecto cuprífero Tía María, en el sureño valle del Tambo.
El pasado 22 de mayo Humala declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay, donde tienen lugar las manifestaciones contra la SCC y su plan de inversión de mil 500 millones de dólares, y puso el área bajo control de militares y policías.
Los pobladores del Tambo, mayoritariamente dedicados a la agricultura, rechazan Tía María pues ese proyecto representa una amenaza a su economía, no obstante que la minera les ha prometido una millonaria compensación ante cualquier eventual daño ambiental.
El pasado 2 de febrero, González Rocha, acusado de delitos de contaminación ambiental, debía presentarse en el juzgado de Ilo, la provincia donde están las instalaciones de la fundición y la refinería de la SCC, para recibir sentencia. No se presentó.
En nombre de la empresa, el abogado peruano Renzo Carrasco Domhoff entregó una resolución judicial que le concedía a González Rocha un amparo constitucional para no ser procesado ni condenado.
El documento lo expidió un juez de Lima, Ricardo Chang Racuay. Uno de los argumentos que esgrimió González para recurrir al amparo fue que un eventual mandato de cárcel le causaría la muerte debido a su avanzada edad. Acaba de cumplir 77 años.
Historial
El 29 de mayo, González dijo –en una entrevista en el programa de televisión La Hora N– que no comprendía por qué la población se expresaba contra la compañía, si durante su trayectoria en Perú había sido muy cuidadosa con las normas de preservación ambiental.
“Cumplimos con modernizar la fundición, no hay ningún problema de humos en la población de Ilo, después de la inauguración, en 2007 (…) Creemos que hemos hecho las cosas bien en Ilo. Es una de las poblaciones de mayor desarrollo del Perú y que tiene los índices de desarrollo humano más altos, según las Naciones Unidas. (…) No creemos que la empresa haya hecho mal las cosas”, dijo.
Sin embargo, después de que la SCC se acogió al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, mediante el cual se obligaba a reducir los niveles de contaminación del complejo de la fundición y refinería de Ilo, los superó.
De acuerdo con documentos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) –que Proceso pudo consultar–, entre el 8 y el 18 de mayo de 2007 se aplicó una evaluación técnica al complejo de Ilo con resultados negativos: se detectaron emisiones de la chimenea de entre 187.9 y 219.4 mg/m3, cuando lo permisible es 100 mg/3. También se registraron efluentes con una concentración de arsénico que alcanzaba los 8.009 mg/L, que superaba largamente el 1.0 mg/L exigido por la Ley de Preservación del Medio Ambiente.
Del 17 al 21 de noviembre de 2009 se hicieron nuevas evaluaciones del complejo de Ilo y nuevamente se detectaron violaciones a las normas de conservación ambiental.
Los informes evidencian que Southern es una compañía con antecedentes de violación de las leyes ambientales peruanas, muy lejos de la imagen que quiere proyectar González Rocha.
Basándose en estos hechos, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un informe sobre los estudios aplicados al complejo minero el 13 de marzo de 2013.
Ocho meses después, el 11 de noviembre, la fiscalía determinó que había suficientes elementos de convicción de que Southern había cometido delito y pidió 30 meses de cárcel para Óscar González Rocha.
“Lo más importante de la acusación fiscal es que la compañía Southern superó los límites máximos permisibles, específicamente respecto a las partículas contaminantes que arroja la chimenea. Ese es un hecho objetivo”, señaló la fiscal Ángela Marroquín Córdova, quien sustentó la acusación.
En su defensa la compañía alegó que si hubiera habido contaminación, eso hubiera sido en 2007, cuando se hizo la primera evaluación, pero que en la actualidad dicha situación ha sido superada.
Empero, la fiscalía demostró que en 2009 se mantuvieron los registros de contaminación. “Señalamos que el delito continuó, fue permanente en el tiempo, y que mientras no se demuestre lo contrario, es un delito permanente. De hecho, la emisión de partículas contaminantes podría continuar hasta el día de hoy”, señaló Marroquín.
Fuentes de la OEFA consultadas por este semanario informan que no hay ningún nuevo informe sobre evaluaciones practicadas al complejo de Ilo que pudiera demostrar control o eliminación de partículas contaminantes por parte de la minera.
Daños
En la audiencia del pasado 2 de febrero, a la cual faltó González Rocha, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo tenía previsto acreditar más evidencias que demostraban que desde 2007 se repitieron los incidentes de contaminación.
Pero González pudo detener el juicio con una acción de amparo ante el temor de que una condena pudiera costarle la vida.
Proceso pidió a la especialista Liz Pérez Ramos, del Centro de Control Analítico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una opinión en torno al impacto de la contaminación que detectó el Osinergmin en 2007 en el complejo de Ilo.
“Las partículas lanzadas al aire por la chimenea de la fundición se acumulan en los pulmones y pueden generar en los seres humanos fibroma, fibrosis y asma. Esas partículas también caen al suelo; se acumulan en la tierra y atrofian el desarrollo de las plantas. Eso también afecta a la fauna marina”, explica la especialista.
Pérez Ramos resalta también las consecuencias de la superación de los límites máximos permisibles del vaciado de arsénico al mar.
“Importantes consecuencias de los altos niveles de arsénico en el mar son la bioacumulación y la biomagnificación. Esto significa que si un pez vive en un mar con niveles de arsénico que han superado lo establecido, acumula el tóxico en su cuerpo; viene luego otro pez más grande y se lo come y su cuerpo se llena de ese metal pesado. Y así sucesivamente. Luego aparece el hombre que se come al pescado contaminado y puede así tener daños neurológicos, hematológicos y renales” precisa.
Defensor
Juan Carlos Eguren, del centroderechista Partido Popular Cristiano (PPC) y congresista por el departamento de Arequipa, es uno de los más notorios defensores del proyecto Tía María. No ha reparado en calificar a los opositores de “terroristas medioambientalistas” y “delincuentes”, y ha promovido vigorosamente las medidas de fuerza en el valle del Tambo, donde se ubica la veta cuprífera.
Para Eguren, que la SCC tenga antecedentes por contaminación no afecta su reputación y mucho menos debería ser motivo de desconfianza de la población.
“La minería en el mundo, como cualquier otra actividad, siempre tiene riesgos ambientales. Si por alguna circunstancia, voluntaria o involuntaria, sobrepasa los estándares de calidad medioambiental, el Estado tiene la facultad para multar a la empresa o incluso cancelar la actividad si eso termina siendo insuperable. Esos son los mecanismos que se aplican a cualquier empresa. La actividad minera social y ambientalmente responsable debe cumplir con la ley.
“Ahora, si el presidente de la empresa Southern ha conseguido una acción de amparo para evitar un juicio, tenemos que respetar lo que dice la justicia”, argumentó Eguren.
De acuerdo con los registros de la OEFA, la SCC es una de las 10 mineras más multadas en el país por violaciones a la Ley de Preservación del Medio Ambiente: tiene 14 multas, sin contar con el proceso judicial por contaminar Ilo.
Para Ricardo Giesecke, quien fue ministro de Medio Ambiente del gobierno de Humala, los antecedentes de la SCC no fortalecen la confianza de la población en la compañía minera propiedad del Grupo México.
“Si Southern se comprometió a cumplir con los límites máximos permisibles y no lo hace, entonces la población tiene obviamente derecho a desconfiar. Tenemos derecho a sospechar sanamente que en general no cumplen lo que dicen. ¿Por qué vamos a tener la confianza en que van a cumplir todas las maravillas que nos ofrecen en el estudio de impacto ambiental que proponen para el proyecto Tía María, si en la realidad no cumplen”, dice a Proceso.
El pasado 31 de mayo el diario La República publicó una encuesta de la compañía GfK que le da la razón al exministro. En un mes subió el número de pobladores que considera que el proyecto Tía María ocasionará contaminación: pasó de 51% a 59%.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁNGEL PÁEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
