Roma. En la entrega de la condecoración del Aguila Azteca al filósofo italiano Giovanni Sartori, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las elecciones del pasado 7 de julio han sido históricas "por la intensa competencia entre candidatos, lo que se reflejó en las preferencias electorales y en los resultados logrados". Último acto de la visita oficial a Italia, el homenaje al politólogo tuvo lugar en la embajada de México en este país. Ahí, Peña Nieto indicó que en el país, "hemos pasado de un sistema hegemónico a una democracia plural y competitiva" y así lo demostraron los comicios del pasado día 7 de este mes. Fueron los primeros comicios realizados después de la reforma político-electoral, dijo también y se acreditó en los mismos "una mayor equidad en las contiendas y, sobre todo, la gran vitalidad de nuestra democracia ". En los mexicanos, insistió Peña Nieto, existe la convicción de que la democracia es el mejor camino para el país. "A pesar de las dificultades, quedó demostrada una vez más, la fuerza de los ciudadanos".
La transformación nacional, aseguró también, ha surgido no a partir de la imposición sino de la construcción de acuerdos". FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.
"El reto para este gobierno es mayúsculo porque aún si tuviera los mejores oficios, en el sexenio anterior se alborotó el avispero, y ahora hay mucha más violencia en los cárteles, no será fácil volver a esos niveles de 2005", señaló.
Cuatro millones 979 mil 575 son los años de vida potencialmente perdidos en México durante el sexenio de Felipe Calderón, reveló Alejandro Aguirre, investigador del Centro de Etudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, quien realizó un estudio junto con Fortino Vega de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Los años de vida potencialmente perdidos es algo que se refiere a años no vividos y que deberían haber sido vividos, lo que se considera es que la gente debería vivir hasta una cierta edad, para estos cálculos se considera el límite en 75 años que es aproximadamente la esperanza de vida en nuestro país, es el promedio de lo que la gente vive”, explicó en entrevista para Aristegui CNN. “Si alguien muere antes de los 75 años, estaría perdiendo los años que restaban para llegar a esa edad, si alguien es asesinado antes, a los 15- 20 años, estaría perdiendo 60-55 años de vida potencial”, dijo. Detalló que “la Organización Panamericana de la Salud propuso originalmente este concepto, que surgió en 1990, hay un ajuste, originalmente se propuso en 65 años que era el promedio para la región”. “Nos concentramos en ele sexenio pasado, el sexenio del ex presidente Felipe Calderón porque durante ese sexenio se da un incremento dramático en el número de homicidios, a partir de 2008 hay un aumento en el número de defunciones por homicidio que se llegan a triplicar de 8 mil y fracción en 2007 a más de 27 mil en 2011 cuando alcanzó el máximo“, señaló Aguirre. “No pretendemos decir que se debe a una sola causa pero va muy de la mano a la guerra contra el narcotráfico que lanzó Calderón desde el inicio de su mandato”, apuntó. Durante el sexenio de Calderón “hubo más de cien mil muertes por homicidio, no es que todas sean por la guerra contra el narcotráfico, pero hay un aumento. Desde 1990 había una tendencia descendente como ocurre casi con todas las causas de muerte, y se da el aumento en 2008″, recordó. “Con los años de vida potencialmente perdidos lo que queremos destacar es el costo que lleva los años de vida perdidos, ya que se concentran en edades relativamente jóvenes. A partir de los quince años hay un aumento importante hacia los treinta años está la moda, que es la frecuencia mayor. Entre los 15 y los 40 años se dan más defunciones por homicidio, se están perdiendo todos esos años que faltan para los 75, es una pérdida terrible”, indicó. Impactos por los años perdidos “La fecundidad que no tuvieron los fallecidos; también tenemos el bono demográfico que consiste en que hay una cantidad relativamente joven y eso puede potenciar el desarrollo ecónomico, la mayor parte de las defunciones suceden en edades productivas. Gente que estaba en edad de producir, quizá no todos estaban en las actividades que quisiéramos”. Además explicó que “por estados, en Chihuahua hablando de años de vida potencialmente perdidos pasó de 2006 a 2012 de 47 mil a 114 mil, más del doble; Michoacán con más de 30 mil años de vida potencialmente perdidos sólo por un año”. “Se mide una tragedia con indicadores que van más allá de los tradicionales; el número de muertos, las tasas de mortalidad, las esperanzas de vida”, agregó. “El índice de años de vida potencialmente perdidos, tiene la virtud de que distingue exactamente por qué causas se están perdiendo esos años de vida potenciales”, dijo Aguirre. También detalló que “hay que lidiar con la calidad de la información, evaluar la calidad de la información, para empezar la cobertura de la fuente de información. En el caso de esta causa de muerte (homicidio), que es la de un tema sensible hay problemas en la calidad de información”. “Las estadísticas permiten ver tendencias, diferenciales y se captan la mayor parte de las defunciones por homicidio, ahí van mezcladas muertes por homicidio doloso, las muertes por homicidio culposo, están las preintencionales”, aseveró.
“Se ha hablado de que el presidente Calderón ante lo controvertido de la elección, quiso comenzar bien su sexenio con un golpe mediático, impactar, pero no sé si a la sociedad mexicana le iba a caer bien o no esa medida. En todo caso iría a complacer al gobierno norteamericano, algo contradictorio es que en Estados Unidos hasta 2009 catorce estados tenían permitido el uso de la mariguana para usos medicinales, ya andan cerca de los 30 estados y aún para fines recreativos está permitido en algunos estados; por un lado hay que conseguirla y por otro lado a los productores se les sataniza”, enfatizó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Durante los sexenios de Zedillo y de Fox, el entonces auditor de Pemex, Marco Antonio Díaz Tobías, denunció una gran cantidad de irregularidades, negocios oscuros o de plano delitos cometidos en Pemex y la CFE. Pero en ningún caso hubo castigo para los funcionarios responsables. Incluso durante el primer sexenio panista, el auditor pudo comprobar que las promesas del mandatario blanquiazul de acabar con la corrupción no eran serias: no sólo no la combatió, sino que la protegió.
MÉXICO, D.F: Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Marco Antonio Díaz Tobías, como auditor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), documentó numerosos casos de corrupción en estas instituciones; la mayoría de ellos quedó impune o apenas con sanciones administrativas leves. Y después, en el periodo de Vicente Fox, Díaz Tobías desarrolló investigaciones que pronto lo llevaron a descubrir un fenómeno: el uso de las áreas de auditoría del sector público para facilitar ilegalidades y la persecución de quienes intentaron documentar la corrupción gubernamental. Ahora Díaz Tobías se muestra molesto por las mutuas acusaciones de corrupción que el PAN y el PRI le imprimieron a sus recién concluidas campañas electorales, pues él conoció a fondo la manera de gobernar de ambos partidos, así como las corruptelas y la impunidad de sus funcionarios. En entrevista con Proceso, Díaz Tobías cuenta además que en 2003 creó un programa fiscalizador probado con éxito en ambas instancias; pero lejos de que el foxismo lo aplicara en todo el gobierno federal, como estaba planeado, lo congeló. Ese programa, el Sistema Integral de Fiscalización de la Administración Pública (SIFAP), incluso era capaz de identificar las irregularidades en tiempo real: estaba diseñado para ampliar la fiscalización del gasto, tenía un proceso de reingeniería de áreas y homologaba funciones de evaluación que permitían identificar e inhibir las desviaciones desde su origen. También transparentaba información; tenía una estructura que hacía a las dependencias y entidades gubernamentales autofiscalizables y, una vez en marcha, el mismo sistema podía generar procesos de preauditoría. Díaz Tobías muestra los dictámenes de dos comités de expertos gubernamentales y los oficios de comunicación interna que acreditan que el proyecto le fue presentado en enero de 2001 a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Como se trataba de un desarrollo independiente, el área jurídica de esa dependencia determinó que para “adquirirlo” debía comprarse. Explica que, como estaba convencido de las promesas de combate a la corrupción y creyó que los panistas tenían voluntad política de hacerlo, no quiso lucrar: vendió el sistema al gobierno federal en un peso y aceptó una cláusula del contrato en la cual se establecía la exclusividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP, sucesora de la Secodam) sobre el programa, por lo que su dominio y posible comercialización futura se hizo imposible. El SIFAP se probó en Pemex y la CFE con buenos resultados. Se acordó aplicarlo en todas las dependencias y entidades del gobierno… pero de pronto Díaz Tobías fue arrastrado por una vorágine que terminó dejándolo fuera del gobierno. “En su campaña electoral el PAN hablaba de un sistema nacional anticorrupción que ni siquiera llega al nivel conceptual del SIFAP, que inclusive permitiría reducir costos de fiscalización y no volver el aparato más obeso. Lo que hicieron fue congelarlo y guardarlo. “La administración de Fox, primero con Francisco Barrio y luego con Eduardo Romero Ramos en la SFP, hubiera tenido un gran avance. Cuando el PAN fue gobierno, antes que reducir la corrupción, la prohijó”, subraya. Persecución Díaz Tobías sostiene que, con acusaciones falsas y supuestas víctimas, manipuladas por personal de la SFP, enfrentó una persecución judicial (se le acusó de hostigamiento sexual) y su salida del gobierno. Las presiones sobre él se desataron cuando comprobó una prevaricación con millonarias consecuencias para Pemex. El responsable fue el entonces abogado general de la paraestatal, César Nava (este caso se abordó en los libros Camisas azules, manos negras, de la periodista Ana Lilia Pérez, y en Impunidad, de Julio Scherer Ibarra). Las irregularidades ocurrieron a partir de abril de 2002. Nava era abogado general de la paraestatal cuando el alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel, demandó a Pemex-Petroquímica por 713 millones de pesos (mdp) debido a su atraso en el pago de los impuestos locales. Para gestionar la demanda contra la paraestatal, Montiel contrató al despacho Asociados y Abogados Internacionales (AAI), de Jesús Antonio Macías Yazegey, conocido como Tony Macías y suegro del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Para la defensa de Pemex, Nava designó a sus colaboradores Juan Agustín López Huesca, Rogelio Martínez Hernández y Ernesto Ordaz Moreno, quienes además de su empleo en la paraestatal formaban parte del despacho Orbes, Servicios Legales Internacionales. Durante el litigio incurrieron en errores elementales y perdieron oportunidades procesales en un asunto que era sencillo de ganar. La peculiaridad es que los dos despachos, AAI y Orbes, tenían el mismo domicilio, la misma papelería y los mismos teléfonos. El caso fue a más: Montiel solicitó un embargo por 900 mdp y los abogados de Pemex, en lugar de designar bienes embargables, no respondieron, así que se ordenó el embargo de tres cuentas de la petrolera por un monto de 714 mdp. Díaz Tobías documentó más: los colaboradores de Nava gestionaron un amparo ante el juez noveno de Veracruz, Vicente Mariche Garza, quien lo negó. Pero éste es cuñado de Rogelio Martínez (uno de los abogados de Nava) y concuño de Tony Macías. Las evidencias no sirvieron de nada. El caso fue archivado en 2003 por la SFP, a cargo entonces de Romero Ramos. Antes de la alternancia Como auditor en Pemex y la CFE, Díaz Tobías documentó numerosos casos de corrupción durante los noventa. De haberlos tomado en cuenta, el gobierno hubiera podido evitar millonarios daños patrimoniales. Se trata de casos que en su tiempo fueron escandalosos y quedaron impunes. Por ejemplo, entre 1995 y 1996 investigó en Santa Catarina, Nuevo León, un mecanismo que calificó de “ingenioso”. Consistía en la sustracción de gasolina de plantas de abastecimiento y ductos. El combustible robado se escondía un tiempo, para luego venderlo a gasolineras. La auditoría identificó a quienes incurrían en el robo de combustible y a los franquiciatarios que se beneficiaban. Por la magnitud del delito, se dio aviso a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República. Todo quedó en proyectos de sanción elaborados por Díaz Tobías, a los cuales se les dio carpetazo. A él lo cambiaron de puesto. Las recomendaciones para evitar el robo a ductos se archivaron; con el tiempo esa práctica se volvió una industria delincuencial. El nombre de Jaime Mario Willars Andrade, a la sazón director de Pemex-Refinación, aparecía con frecuencia en las denuncias. Un caso más ocurrió en 1997, cuando Pemex Petroquímica simuló contratar un supuesto servicio de confinamiento de residuos hexaclorados que, se dijo, eran enviados a Estados Unidos para su destrucción. Esa basura es cancerígena y provoca daño ambiental. El auditor descubrió que en realidad esos desechos se tiraban en Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz. El asunto “no tuvo trascendencia. Fue reducido para quedar sólo en sanciones administrativas; hubo un segundo contrato y la misma situación, las mismas denuncias y todo quedó en nada”, lamenta. En 2000 la contraloría de la CFE –donde se había asignado a Díaz Tobías– registró un caso que sería antecedente de otro escándalo de corrupción. El 14 de abril de ese año recibió una denuncia anónima. En ella se indicaba que Néstor Moreno y su antecesor en la dirección de Operaciones, Arturo Hernández, mostraron favoritismo hacia las empresas Sistemas Eléctricos de Potencia, Automatización y Control y Surtidores Eléctricos del Noreste, a las cuales les asignaron contratos para la instalación de equipos destinados a las subestaciones urbanas del país y otras áreas de distribución de electricidad. Todo parecía indicar que dichas empresas eran de prestanombres de Moreno, pero por instrucciones del director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, y de su director de Comunicación Social, David López Gutiérrez (quien hasta hace unas semanas tuvo el mismo cargo, pero en la Presidencia), al asunto se le dio carpetazo y Díaz Tobías (quien además fue amenazado) fue enviado de nuevo a Pemex. La historia fue documentada en el número 1859 de Proceso. Siguió luego un caso relacionado con una planta de éter metil tert-butílico (MTBE) para favorecer a la empresa Productos Ecológicos (Proesa) y su filial Oximex. Los hechos ocurrieron en 1999, cuando Rogelio Montemayor Seguy era director de Pemex. Entre las irregularidades destacaba la enajenación irregular de una planta nueva que se vendería como chatarra. Montemayor contrató como consultor externo a Antonio Cedillo, quien había sido contralor de Coahuila meses antes, durante el gobierno de aquél. Cedillo recomendó cancelar el contrato y pagar una indemnización de 137 millones de dólares a Proesa. Ese asunto trascendió el sexenio. En 2002 la investigación de Díaz Tobías provocó la inhabilitación durante 20 años de Mario Willars (Proceso 1612). Por entonces el titular de la Contraloría era Barrio Terrazas, y el comisario de la dependencia, dice Díaz Tobías, el también panista Rosendo Villarreal Dávila, quien a su vez es tío de Héctor René Garza Villarreal, dueño de Proesa, de manera que “los altos funcionarios panistas justificaron todo y dieron carpetazo a los expedientes”. Para el exauditor no hay duda: fueron los casos de Nava y Proesa los que motivaron su salida del gobierno. Impunidad y poder Tocados los intereses de Nava, Villarreal y sus familias, Díaz Tobías fue acusado de acoso sexual. Pero las mujeres que lo acusaron terminaron por reconocer ante el Ministerio Público que les ofrecieron una plaza en Pemex si acusaban al auditor. Descubierta la trampa, Villarreal pidió una disculpa al exauditor y se le ofreció la jubilación anticipada (tenía 40 años). Con él, otros 13 auditores quedaron fuera del gobierno. “Esos casos exhibieron que la corrupción de la administración priista que concluyó en 2000 no sólo se generalizó con el PAN, sino que se convirtió en una práctica de mayor alcance, toda vez que la irregularidad se trasladó a las represalias contra los servidores públicos de las áreas de auditoría. Fueron hostiles a quienes pretendían mantenerse independientes”, señala Díaz Tobías. Los casos concluyeron así: Respecto a la prevaricación en Pemex, Nava siguió en el cargo y luego fue asesor jurídico de Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, para luego convertirse en su secretario particular en la Presidencia, diputado federal y dirigente del PAN. El alcalde Montiel repitió en el cargo hasta 2010. Ahora es secretario de Desarrollo Social de Veracruz. El abogado Rogelio Martínez ahora milita en el PRD. López Huesca siguió en el mismo cargo en Pemex hasta 2013. Néstor Moreno fue el operador de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (2009). Luego se le procesó en Estados Unidos y en México acusado de corrupción. Respecto a la planta de MTBE, a Willars se le inhabilitó 20 años, pero luego la sanción se redujo a 10. No hubo resarcimiento económico. En cuanto a Proesa, Rosendo Villarreal, de ser comisario en la SFP se convirtió en director de Administración de Pemex hasta 2008. En Coahuila, Rogelio Montemayor encabeza oficialmente el lobby energético con miras a la extracción de gas shale. “Los gobiernos panistas tomaron del PRI lo peor y lo incorporaron. Lo más perverso fue cuando replicaron la corrupción a través de las auditorías, que se convirtieron en vigilantes de que las violaciones recurrentes no fueran conocidas ni subsanadas”, dice Díaz Tobías.
“Y cuando los que en su momento decidieron trascender con independencia, conocimiento y hacer valer la ley, fueron reprimidos, castigados o separados de sus cargos. No hubo excepciones. Mi caso no fue el único ni el principal, sólo que yo no he dejado de denunciar.” FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Atrás quedó el optimismo del presidente del PAN, Gustavo Madero, quien en febrero pasado calculó que su partido ganaría entre 150 y 200 diputados. En realidad sólo fueron 108, lo que acentúa la caída de Acción Nacional en varias entidades donde incluso hoy es la cuarta fuerza. Las pugnas internas están a la orden del día, entre ellas la amenaza de Felipe Calderón de renunciar a su militancia. El PAN está convertido en una “fábrica de lealtades mercenarias” que deben ser desterradas; sólo así se explican tamaños resultados, escribió el martes 9 Germán Martínez, exdirigente nacional panista que no ofreció los mejores durante su gestión.
MÉXICO, D.F: En febrero, cuando algunas encuestas daban al Partido Acción Nacional (PAN) una preferencia de hasta 30% hacia las elecciones de medio sexenio de Enrique Peña Nieto, el triunfalismo de Gustavo Madero no tenía límites: obtendría ese porcentaje de votos y multiplicaría el número de diputados, que aspira a coordinar. “El PAN va a crecer: Hoy tenemos 114, nosotros calculamos que vamos a andar entre 150 y 200, ese es nuestro rango, es buen rango. ¡Es un crecimiento espectacular!”, alardeó en un desayuno con periodistas el 17 de febrero, a su regreso a la presidencia tras amarrar su candidatura a diputado plurinominal. Recordó que al PAN le ha ido peor estando en el gobierno que en la oposición, con un desplome electoral permanente del 2000 al 2012 –“10 puntos por sexenio”–, y puso como ejemplo las numerosas derrotas estatales con Felipe Calderón, su principal enemigo interno, quien ya le declaró la guerra. “De estas 32 elecciones, el PAN perdió 27 cuando gobernábamos con Calderón, conservamos dos –Guanajuato y Baja California –y ganamos tres: Sonora, Baja California Sur y Puebla”, detalló Madero para, enseguida, revelar que esa debacle lo inspiró para ir al rescate de su partido. “Éste era un indicador preocupante de que algo no estaba bien y eso es lo que me motivó a mí, Gustavo Madero, a un día mirarme al espejo. Y dije: ‘Madero, ¿qué vas a hacer con lo que te queda de vida? Pues vamos a entrarle al partido, vamos a ayudarle al PAN en lo que podamos para que recupere su capacidad, su fuerza, su potencia, para ser la opción política frente al PRI’. Y lo estamos logrando”. Y vaticinaba: “Después del 8 de junio habrá dos fuerzas, dos partidos grandes en México –esto ya se advierte– con más del 28% de los votos, tres partidos medianos entre el 10 y el 15% y dos partidos pequeños o tres máximo”. Sin embargo, la promesa de Madero de un “crecimiento espectacular” del PAN, el domingo 7 se convirtió en el peor resultado en un cuarto de siglo, como gobierno y como oposición, un desastre mayor aún al de 2009, cuando Germán Martínez Cázares –hoy su consejero– se vio forzado a renunciar a la presidencia. Este derrumbe del PAN hasta el 21% de la votación total –casi 10 puntos menos de lo prometido– y de la bancada de apenas 108 diputados –seis menos que los actuales y lejos de los hasta 200 que vislumbró–, no sólo mantiene la tendencia a la baja desde el 2000, sino que coloca a Madero como el peor presidente desde 1991.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2015, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Una pieza clave en la versión que la PGR ha difundido tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es que los estudiantes fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de Guerreros Unidos. Pero el juez de barandilla que debería haberlos recibido asegura que no fue así. En esta sexta entrega del reportaje realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, documentos y testimonios fortalecen la versión del juzgador, quien actualmente está solicitando asilo en Estados Unidos y teme por su vida.
MÉXICO, D.F: Ulises Bernabé García era juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se perpetró la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En entrevista exclusiva revela lo que pasó esa noche. En esta sexta entrega de la investigación realizada con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, García asegura en entrevista –desde una ciudad mexicana fronteriza, y a punto de cruzar a Estados Unidos– que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales de Cocula, tal como asienta la versión oficial.
Su testimonio y documentos obtenidos para esta investigación revelan que la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala.
Una de las partes principales de la versión oficial es que, a las 11:30 de aquella noche, policías de Iguala se llevaron a estudiantes de la calle Juan Álvarez –donde ocurrió una de las agresiones contra los normalistas– a la base de la policía municipal. En una versión, la PGR asienta que fueron los 43 y, en otra, que sólo 10 o 15. De ahí, en dos patrullas de la Policía Municipal de Cocula se los llevaron al paraje Loma de los Coyotes, donde los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los asesinó y quemó a la media noche de ese día en un basurero. En contraste, García afirma que, en las horas que la Procuraduría General de la República (PGR) dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una minuciosa inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después, señala García, llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2015 de la revista Proceso, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER.
Margarita Zavala anunció vía Twitter su intención de contender en las elecciones del 2018 por la presidencia de México.
La ex primera dama de México, Margarita Zavala, publicó ayer un video en el que anuncia su decisión de buscar la Presidencia de la República en 2018 y descarta ir por la dirigencia del PAN. “No contenderé por la dirigencia. El partido tiene hombres y mujeres a la altura de este desafío y confío en que en el PAN podremos tomar la mejor decisión. Por estas razones he decidido que en los tiempo que señala la ley electoral, buscaré la Presidencia de la República”, afirmó. A través de las imágenes que publicó en su cuenta de Twitter, la esposa del expresidente Felipe Calderón señaló que dentro del PAN se necesita de un nuevo proyecto nacional debido a las actuales circunstancias del partido.
“Voy a recorrer el país, escuchar a la gente, hablar de nuestras posibilidades y de lo que queremos para el futuro. Estoy convencida que podemos darnos en la elección del 2018 un gobierno que dignifique la política para benefició de los ciudadanos”, afirmó. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, reiteró su deseo de contender por la presidencia nacional del partido.
Tras esperar los resultados de estas elecciones, el coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Baja, Ricardo Anaya, solicitó al presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, adelantar la contienda interna a la mayor brevedad posible. En un mensaje dirigido a sus militantes y difundido ayer en YouTube, Anaya reiteró su deseo para competir por el liderazgo del partido y ofreció ser el factor de unidad. “Sostengo que lo más conveniente es que se convoque, a la brevedad, a la renovación de nuestra dirigencia nacional”, apuntó. Anaya enfatizó que no hay tiempo que perder ya que el próximo año se renovarán 11 gubernaturas. “Hagamos lo que hicimos aquí, en Querétaro. Salgamos unidos, postulemos a las mejores, a los mejores. Volvamos a ser la verdadera esperanza de México. Y retomemos con absoluta determinación, la ruta para en 2018 ganar la presidencia de México”, anotó. “Yo quiero unir al PAN sin rencor, sin resentimientos, sin culpar a otros; quiero un pan unido y reconciliado. Ése es el PAN que yo quiero; si ustedes quieren ese mismo PAN, yo estoy listo para ser su presidente. Lo digo sin rodeos, sin ambigüedades: en cuanto se abra el registro, me postulare como candidato a la presidencia nacional del PAN”, afirmó. En el video, el líder parlamentario manifestó que es el momento de tener un PAN libre de “compromisos y ataduras” que los lleve a ser una oposición fuerte frente al autoritarismo y frente al populismo. Llama a cerrar ciclo El panista reconoció que Acción Nacional “definitivamente no tuvo un buen resultado nacional” en estas elecciones y convocó a cerrar un ciclo por medio de una crítica profunda y con una actitud constructiva y de futuro. “La gran lección de esta elección es que los ciudadanos están verdaderamente hartos de la corrupción, hartos de los políticos de siempre.
“Los panistas debemos mejorar, debemos renovarnos a fondo o dejaremos de ser útiles a México”, advirtió Anaya. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, está lejos de ser un dirigente progresista por minimizar la importancia de discutir la legalización del aborto y las uniones entre homosexuales, criticó hoy la politóloga Denise Dresser. La posición de Morena de denostar a quienes promovieron el voto nulo y de someter a consultas públicas temas torales para la izquierda moderna demuestran que Morena en realidad se trata de una plataforma conservadora. “Alguien que afirma sin empacho: ‘Legalizar aborto y matrimonios gay, con respeto, no es tan importante…’. Pues sí, no es tan importante si uno no es mujer o gay o minoría o progresista demócrata que defiende los derechos humanos. No es tan importante promover derechos fundamentales si lo que López Obrador quiere es liderar un movimiento cuya única propuesta es combatir la corrupción. No es tan importante pensar en qué hace funcionar a la democracia incluyente, liberal y tolerante si uno no cree en ella. Como no lo hace AMLO y muchos de los que votaron por él. El que se dice líder del proyecto progresista en el país dista de serlo y muchos de sus colaboradores también”, apunta Dresser en su columna semanal publicada en el periódico Reforma.
“Una ‘izquierda’ que deja de ser progresista cuando coloca su destino en manos de un solo hombre, en un líder providencial por más incorruptible que sea. Una ‘izquierda’ que descalifica y lincha en vez de debatir ideas y reformas, proyectos y políticas públicas, medios y fines. Una ‘izquierda’ que ve a la socialdemocracia como una traición en lugar de la única manera de ser electoralmente viable. Una ‘izquierda’ peleada con el mercado que le apuesta todo a la benevolencia del Estado, incapaz de articular cómo va a crear riqueza para después repartirla mejor. Antimoderna, antiglobalista, sin una propuesta de futuro viable, creíble, convincente más allá de la definición de AMLO: ‘Ser de izquierda significa dos cosas básicamente, o sea: ser honesto y tener buenos sentimientos’. Si eso es realmente lo que significa ser de izquierda con razón no existe en México”, remata Dresser. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La Southern Copper Corporation, propiedad del Grupo México, lleva adelante en Perú una explotación minera, Tía María, que desencadenó ya una crisis para el gobierno de Ollanta Humala: choques entre la fuerza pública y los habitantes del valle del Tambo han cobrado la vida de cuatro personas. El fondo del conflicto: quienes viven alrededor del complejo cuprífero se quejan del alto grado de contaminación que los afecta. Incluso una fiscalía para delitos ambientales pidió pena de cárcel para el presidente de la empresa, el mexicano Óscar González Rocha. Pero éste se amparó y la minera sigue trabajando.
LIMA: Con una maniobra legal de último minuto, el presidente de la compañía minera Southern Copper Corporation (SCC), el mexicano Óscar González Rocha, detuvo indefinidamente un pedido de la fiscalía de Perú para condenarlo a 30 meses de prisión por delitos de contaminación ambiental. La SSC protagoniza uno de los peores y más violentos conflictos sociales que enfrenta el gobierno de Ollanta Humala; el saldo hasta ahora es de tres civiles y un policía muertos a consecuencia de los choques entre la fuerza pública y ciudadanos que se oponen al proyecto cuprífero Tía María, en el sureño valle del Tambo. El pasado 22 de mayo Humala declaró el estado de emergencia en la provincia de Islay, donde tienen lugar las manifestaciones contra la SCC y su plan de inversión de mil 500 millones de dólares, y puso el área bajo control de militares y policías. Los pobladores del Tambo, mayoritariamente dedicados a la agricultura, rechazan Tía María pues ese proyecto representa una amenaza a su economía, no obstante que la minera les ha prometido una millonaria compensación ante cualquier eventual daño ambiental. El pasado 2 de febrero, González Rocha, acusado de delitos de contaminación ambiental, debía presentarse en el juzgado de Ilo, la provincia donde están las instalaciones de la fundición y la refinería de la SCC, para recibir sentencia. No se presentó. En nombre de la empresa, el abogado peruano Renzo Carrasco Domhoff entregó una resolución judicial que le concedía a González Rocha un amparo constitucional para no ser procesado ni condenado. El documento lo expidió un juez de Lima, Ricardo Chang Racuay. Uno de los argumentos que esgrimió González para recurrir al amparo fue que un eventual mandato de cárcel le causaría la muerte debido a su avanzada edad. Acaba de cumplir 77 años. Historial El 29 de mayo, González dijo –en una entrevista en el programa de televisión La Hora N– que no comprendía por qué la población se expresaba contra la compañía, si durante su trayectoria en Perú había sido muy cuidadosa con las normas de preservación ambiental. “Cumplimos con modernizar la fundición, no hay ningún problema de humos en la población de Ilo, después de la inauguración, en 2007 (…) Creemos que hemos hecho las cosas bien en Ilo. Es una de las poblaciones de mayor desarrollo del Perú y que tiene los índices de desarrollo humano más altos, según las Naciones Unidas. (…) No creemos que la empresa haya hecho mal las cosas”, dijo. Sin embargo, después de que la SCC se acogió al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, mediante el cual se obligaba a reducir los niveles de contaminación del complejo de la fundición y refinería de Ilo, los superó. De acuerdo con documentos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) –que Proceso pudo consultar–, entre el 8 y el 18 de mayo de 2007 se aplicó una evaluación técnica al complejo de Ilo con resultados negativos: se detectaron emisiones de la chimenea de entre 187.9 y 219.4 mg/m3, cuando lo permisible es 100 mg/3. También se registraron efluentes con una concentración de arsénico que alcanzaba los 8.009 mg/L, que superaba largamente el 1.0 mg/L exigido por la Ley de Preservación del Medio Ambiente. Del 17 al 21 de noviembre de 2009 se hicieron nuevas evaluaciones del complejo de Ilo y nuevamente se detectaron violaciones a las normas de conservación ambiental. Los informes evidencian que Southern es una compañía con antecedentes de violación de las leyes ambientales peruanas, muy lejos de la imagen que quiere proyectar González Rocha. Basándose en estos hechos, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un informe sobre los estudios aplicados al complejo minero el 13 de marzo de 2013. Ocho meses después, el 11 de noviembre, la fiscalía determinó que había suficientes elementos de convicción de que Southern había cometido delito y pidió 30 meses de cárcel para Óscar González Rocha. “Lo más importante de la acusación fiscal es que la compañía Southern superó los límites máximos permisibles, específicamente respecto a las partículas contaminantes que arroja la chimenea. Ese es un hecho objetivo”, señaló la fiscal Ángela Marroquín Córdova, quien sustentó la acusación. En su defensa la compañía alegó que si hubiera habido contaminación, eso hubiera sido en 2007, cuando se hizo la primera evaluación, pero que en la actualidad dicha situación ha sido superada. Empero, la fiscalía demostró que en 2009 se mantuvieron los registros de contaminación. “Señalamos que el delito continuó, fue permanente en el tiempo, y que mientras no se demuestre lo contrario, es un delito permanente. De hecho, la emisión de partículas contaminantes podría continuar hasta el día de hoy”, señaló Marroquín. Fuentes de la OEFA consultadas por este semanario informan que no hay ningún nuevo informe sobre evaluaciones practicadas al complejo de Ilo que pudiera demostrar control o eliminación de partículas contaminantes por parte de la minera. Daños En la audiencia del pasado 2 de febrero, a la cual faltó González Rocha, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo tenía previsto acreditar más evidencias que demostraban que desde 2007 se repitieron los incidentes de contaminación. Pero González pudo detener el juicio con una acción de amparo ante el temor de que una condena pudiera costarle la vida. Proceso pidió a la especialista Liz Pérez Ramos, del Centro de Control Analítico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una opinión en torno al impacto de la contaminación que detectó el Osinergmin en 2007 en el complejo de Ilo. “Las partículas lanzadas al aire por la chimenea de la fundición se acumulan en los pulmones y pueden generar en los seres humanos fibroma, fibrosis y asma. Esas partículas también caen al suelo; se acumulan en la tierra y atrofian el desarrollo de las plantas. Eso también afecta a la fauna marina”, explica la especialista. Pérez Ramos resalta también las consecuencias de la superación de los límites máximos permisibles del vaciado de arsénico al mar. “Importantes consecuencias de los altos niveles de arsénico en el mar son la bioacumulación y la biomagnificación. Esto significa que si un pez vive en un mar con niveles de arsénico que han superado lo establecido, acumula el tóxico en su cuerpo; viene luego otro pez más grande y se lo come y su cuerpo se llena de ese metal pesado. Y así sucesivamente. Luego aparece el hombre que se come al pescado contaminado y puede así tener daños neurológicos, hematológicos y renales” precisa. Defensor Juan Carlos Eguren, del centroderechista Partido Popular Cristiano (PPC) y congresista por el departamento de Arequipa, es uno de los más notorios defensores del proyecto Tía María. No ha reparado en calificar a los opositores de “terroristas medioambientalistas” y “delincuentes”, y ha promovido vigorosamente las medidas de fuerza en el valle del Tambo, donde se ubica la veta cuprífera. Para Eguren, que la SCC tenga antecedentes por contaminación no afecta su reputación y mucho menos debería ser motivo de desconfianza de la población. “La minería en el mundo, como cualquier otra actividad, siempre tiene riesgos ambientales. Si por alguna circunstancia, voluntaria o involuntaria, sobrepasa los estándares de calidad medioambiental, el Estado tiene la facultad para multar a la empresa o incluso cancelar la actividad si eso termina siendo insuperable. Esos son los mecanismos que se aplican a cualquier empresa. La actividad minera social y ambientalmente responsable debe cumplir con la ley. “Ahora, si el presidente de la empresa Southern ha conseguido una acción de amparo para evitar un juicio, tenemos que respetar lo que dice la justicia”, argumentó Eguren. De acuerdo con los registros de la OEFA, la SCC es una de las 10 mineras más multadas en el país por violaciones a la Ley de Preservación del Medio Ambiente: tiene 14 multas, sin contar con el proceso judicial por contaminar Ilo. Para Ricardo Giesecke, quien fue ministro de Medio Ambiente del gobierno de Humala, los antecedentes de la SCC no fortalecen la confianza de la población en la compañía minera propiedad del Grupo México. “Si Southern se comprometió a cumplir con los límites máximos permisibles y no lo hace, entonces la población tiene obviamente derecho a desconfiar. Tenemos derecho a sospechar sanamente que en general no cumplen lo que dicen. ¿Por qué vamos a tener la confianza en que van a cumplir todas las maravillas que nos ofrecen en el estudio de impacto ambiental que proponen para el proyecto Tía María, si en la realidad no cumplen”, dice a Proceso.
El pasado 31 de mayo el diario La República publicó una encuesta de la compañía GfK que le da la razón al exministro. En un mes subió el número de pobladores que considera que el proyecto Tía María ocasionará contaminación: pasó de 51% a 59%. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁNGEL PÁEZ (REPORTAJE ESPECIAL)
México, DF. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que en los próximos días dará respuesta a la solicitud que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó para entrevistar a los soldados del 27 batallón de infantería del Ejército Mexicano, que se localiza en Iguala, Guerrero. Sin embargo dijo que están "cuidando" la garantía de legalidad en el procedimiento, "se trata de un asunto muy importante, es un asunto clave que tiene que ver con los temas vinculados con este elemento en el proceso y lo que hemos planteado es la necesidad que se cumpla estrictamente con la legalidad”, señaló el funcionario en entrevista durante la inauguración del “Curso Internacional de Alta Formación 2015. Políticas pública discriminatorias” Es uno de los temas, manifestó, que se han venido comentando con el grupo de la CIDH, al que el gobierno mexicano pidió que se le permitiera hacer el análisis jurídico suficiente para garantizar que esta diligencia no vaya a tener una consecuencia negativa en el proceso. "Ellos (CIDH) tienen un plazo inicial que termina a fines de agosto. No hay nada resuelto si será necesario ampliar el mandato, es un asunto que no se ha discutido. Se está trabajando a partir de los requerimientos de la comisión. Tenemos gente muy capaz en la comisión, estamos haciendo el esfuerzo para aprovechar su experiencia y su talento en la medida de lo posible". Respecto al caso Apatzingán, donde algunos sobrevivientes declararon que elementos federales perpetraron una matanza, el funcionario aseguró que se trató de un caso de legítima defensa. "Hace algunos días se publicó un desplegado por un grupo de organizaciones exigiendo información sobre el caso de Apatzingán. Lo que hice fue enviarles una carta, tuvimos una reunión en la oficina y les mostramos la información que tenemos, que acredita desde el punto de vista de la información del expediente, que se trató de un caso claro de legítima defensa. "Lo hemos hecho también con algunos medios de comunicación que en lo individual han solicitado información. Insisto, se trata de procesos que están en curso, lo cual nos obliga a ser cuidadosos en la reserva de la información. Pero lo que hemos hecho es dar información y explicaciones, sin violentar el marco jurídico, con quienes han solicitado información. Esto es lo que estaremos haciendo.
La restricción en el caso de los procesos que están en curso, añadió, nos implica una limitación. Pero la indicación del secretario de Gobernación es para que, sin violentar el orden jurídico, todos aquellos que requieran información puedan contar con ella, concluyó Campa. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
Con retazos de los equipos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa y hasta de Luisa María Calderón Hinojosa, el gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo comenzó a bosquejar el que será su gabinete de gobierno.
En compensación por el apoyo brindado, en el gabinete perredista de Michoacán tendrán cobijo sendos representantes del PRI y del PAN, según trascendió en la primera reunión a puerta cerrada que sostuvo el gobernador electo con su equipo élite. Entre los nombres que se mencionan resaltan los de los panistas Germán Tena Fernández y Julio Castellanos Ramírez, quienes se sumaron al proyecto de Silvano Aureoles luego de romper con Luisa María Calderón. También está Carlos Río Valencia, priista de toda la vida, hombre de las confianzas del gobernador con licencia Fausto Vallejo, con quien llegó a ser secretario de finanzas de Michoacán, al inicio del periodo fallido de gobierno. Como emisarios de la administración de Lázaro Cárdenas Batel podrían arribar a un cargo de primer nivel Fabiola Alanís Sámano, Guillermo Rizo Hernández y Cristina Portillo Ayala, a los que se les reconoce no solo por la cercanía política con Cárdenas Batel, sino a la relación familiar que mantienen con el resto de la familia Cárdenas. Entre los nombres palomeados se distinguió a exfuncionarios del gobernador Leonel Godoy Rangel, como Jesús Humberto Adame Ortiz y Armando Machorro Arenas. En el proyecto de gabinete estatal se distingue también la inclusión del exacalde de Arteaga, Iván Madero Naranjo, al que se le vincula una estrecha relación con el exdiputado Julio César Godoy, medio hermano del exgobernador, buscados por la PGR por su probable responsabilidad de delincuencia organizada. Entre los pocos candidatos a un cargo relevante en el gabinete de Aureoles que llegan sin padrino destacan Carlos Mandujano, artífice de la campaña de comunicación; Silvia Estrada, promotora del PRD en la zona de la costa, y Priscila López Mejía, representante del comercio en Morelia. Los que se mencionaron como obligados a un cargo son Gerardo Dueñas Bedolla, ex candidato del Partido Humanista que declinó a favor de Aureoles; Rubén Pérez Hernández, presidente del Partido Humanista en Michoacán, y Martín García Avilés, representante de los pueblos de la meseta purépecha. Reginaldo Sandoval, líder estatal del PT también se mencionó como viable a una secretaría, pero podría no incluirse en el gabinete si la votación de su partido alcanza para colocarlo como diputado plurinominal en el Congreso Federal. La mano de Fausto Carlos Río Valencia podría no ser el único de los priistas de Fausto Vallejo que se sumen a la administración de Silvano Aureoles. Fuentes dentro del equipo del gobernador electo rebelaron la existencia de un listado de por lo menos 20 nombres de colaboradores cercanos al gobernador con licencia que podrían sumarse a la administración perredista. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) emitido apenas el 31 de mayo pasado desde la ciudad de Morelia, señaló la posibilidad de que la estructura política de Vallejo, la que sigue operando en el estado de Michoacán, “pudiera haberse sumado a la campaña del perredista Silvano Aureoles Conejo”. ‘Todavía no es tiempo’ “En su momento, Silvano habrá de revisar los mejores perfiles”, aseguró Adrián López, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Michoacán. Explicó que la preocupación principal del Silvano Aureoles, como virtual ganador de las pasadas elecciones en el estado, es continuar en la ruta para atender el recibimiento de la constancia de mayoría y responder en forma puntual a los reclamos de impugnación que se pudieran presentar en algunas casillas por parte de algún candidato inconforme con los resultados. Una vez que se resuelvan los requerimientos de proceso para llegar a la toma de protesta, antes del primero de septiembre próximo, será cuando Aureoles se siente a revisar los perfiles de los hombres que integrará su gabinete, los que –aseguró López- deberán contar con al menos tres requisitos básicos: capacidad, compromiso con el proyecto y honestidad. Aseguró que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión para integrar el gabinete, mucho menos se han mencionado nombres como aseguran fuentes cercanas al primer círculo de confianza del gobernador electo.
López detalló que una cosa es segura: nadie que no cumpla con los requisitos básicos de honestidad, compromiso con el proyecto y capacidad, podrá formar parte del equipo de trabajo que estará trabajando en los próximos años en la entidad, “que no estará trabajando para Silvano Aureoles, sino para el pueblo de Michoacán”, que le apostó a un nuevo comienzo en la historia del estado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
La Organización Internacional del Trabajo pide concientizar sobre el problema que enfrentan los menores de todo el mundo, al trabajar en condiciones peligrosas y abandonar su educación. En México, tres de cada 10 trabajan más de 35 horas a la semana.
Alrededor de 120 millones de niños y adolescentes de entre cinco y 14 años de edad se encuentran en situación de trabajo infantil a nivel global. Así lo indican las estimaciones globales más recientes de segundo volumen de la serie “Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil 2015 de la Organización Internacional del Trabajo” (ILO, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ILO define trabajo infantil como “trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y mental”. El organismo señala que la persistencia de esta grave problemática global está arraigada a la pobreza y la falta de trabajo decente para los adultos, así como la falta de protección social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta la edad mínima legal de admisión al empleo. Por ello, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebró este fin de semana, la ILO centra su atención “en la importancia de una educación de calidad como un factor clave en la lucha contra el trabajo infantil. Es el momento oportuno para hacerlo ya que en 2015 la comunidad internacional examinará las razones de la incapacidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) respecto a la educación y establecerá nuevos objetivos y estrategias”, señala un documento de la ILO. En los ODM, la ONU fijó como meta asegurar que para este año todos los niños y las niñas del mundo puedan completar un ciclo de educación primaria. Pero datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) indican que 58 millones de niños en edad de educación primaria y 63 millones de adolescentes que deberían estar en la escuela secundaria aún no están matriculados en un centro educativo. Y “muchos” de los que sí van a la escuela no lo hacen de forma regular. Lo anterior propicia un círculo vicioso que se refleja en los casos actuales de trabajo infantil: una infancia marcada por una situación de trabajo y falta de educación de calidad aumenta las probabilidades de que, en la edad adulta, la persona se involucre en empleos mal remunerados e inseguros o no consiga trabajo. A su vez, esto aumenta las probabilidades de que sus hijos terminen en una situación de trabajo infantil mental, física, social o moralmente dañina que interfiera con su educación o los obligue a desertar de la escuela. Según los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2013 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 8.6 por ciento de niños y niñas de cinco a 17 años forman parte de la población ocupada, pese a que “la Ley Federal del Trabajo establece una prohibición en la utilización del trabajo de los menores de 14 años y los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, necesitando la autorización de sus padres o tutores”. “Nos enfrentamos colectivamente al reto de darles a todos los niños la posibilidad de acceder a la educación, a una educación de calidad, y debemos asumir también colectivamente esa responsabilidad”, advierte la ILO. “Una educación de segunda categoría no hace sino perpetuar la existencia de ciudadanos de segunda categoría. Todos sabemos que una educación sólida y un buen nivel de docentes es lo que marca la diferencia en la vida y el futuro de los niños y los jóvenes”. Mucho camino por andar Los niños más vulnerables a ser explotados viven en India, donde 2.4 millones de adolescentes de entre cinco y 14 años se encuentra trabajan en entornos de peligro, indica la ILO. En dicho país, donde aproximadamente más de 400 millones de la población vive bajo la línea de pobreza, el trabajo infantil está lejos de abolirse. La ley actual del trabajo infantil de la India prohíbe que los niños menores de 14 años trabajen en 18 ocupaciones y 65 procesos considerados peligrosos. Pero en mayo, el gobierno aprobó una enmienda a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil de la India de 1986, que permite que los menores de 14 años trabajen después del horario escolar o durante las vacaciones en “empresas familiares”. Para el Ministro de la mano de obra y el empleo de la India, Bandaru Dattatreya, la enmienda ayudará a las familias pobres a ganarse la vida y dará a los niños un "espíritu emprendedor". “Vivimos en un país donde es muy normal que el hijo de un granjero ayude al granjero después del horario escolar o que el hijo de un artesano aprenda el oficio. Así que no queremos que esta forma de trabajo sea penalizada como el trabajo infantil", dice en Al Jazeera un funcionario del Ministerio de Trabajo. La medida, por supuesto, provocó la indignación de las organizaciones defensoras de la infancia.
Además de que todas las formas de trabajo infantil no son ilegales en India, con una reducción de este acto de explotación a un ritmo de solo 2.2 por ciento anual, el país requerirá de 100 años para combatir esta problemática, de acuerdo con un análisis de datos de censo de la organización CRY (Child Rights and You). FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: EUGENIA RODRÍGUEZ
"Los medios de comunicación nos pertenecen a todos, solo les son concesionados a las empresas"
El 3 de junio pasado el gran Carlos Payán recibió el “Premio a la Libertad Expresión en Iberoamérica”, que entrega cada año Casa América Catalunya; en donde explicó esto de la manera más lúcida y clara: “Hay que saber que cuando los empresarios hablan de libertad de expresión, en realidad están hablando de libertad de empresa. Para ellos, solo es libertad de expresión la que defiende sus intereses económicos y la ideología que los sustenta. No hay que olvidar que en la inmensa mayoría de los casos, los periódicos, y ni se diga ya la televisión, son propiedad de empresarios, y no de periodistas. Por tanto, de entrada los medios están copados, o cooptados. Tienen dueño, y ese dueño tiene intereses particulares, y utiliza el medio a su favor. Es más, justamente para eso lo tiene” (La Jornada). Es lo que estamos viviendo en el caso de la periodista Carmen Aristegui; las razones por las cuales la despidieron, la manera en que las partes han abordado y llevado el proceso. Como usted sabe, paralelamente al proceso que continuúa entre MVS y la periodista se levantaron más de 2000 demandas de amparo por parte de la audiencia afectada por la ausencia de Aristegui en los medios de comunicación. Los promotores de dichos amparos argumentaron: “que la decisión de MVS de retirar a la periodista del espacio noticioso, coarta nuestro derecho humano a la libertad de pensamiento y a recibir informaciones e ideas y contenidos con pluralismo”. Frente a lo cual, la Presidencia de la República intentó desestimarlos, sin éxito, descalificándolos de absurdos, ya que en su lógica: “el solicitante del amparo no tiene interés legítimo porque “lo único que demuestra es la preferencia del programa de la periodista”. Como informa El Universal: el “Tribunal Federal especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, rechazó los argumentos de la Presidencia de la República para ser considerado como autoridad única en el caso Aristegui, con lo cual fueron aceptados a trámite dos solicitudes de amparo promovidos por ciudadanos que piden el regreso del programa de la comunicadora en la radio”.
Los medios de comunicación nos pertenecen a todos, solo les son concesionados a las empresas… Artículo completo FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: LUCÍA RAFAEL.
En una declaración conjunta emitida tras la cita, México y la UE dijeron que pretenden “crear el marco más ambicioso y completo posible para el comercio bilateral y las inversiones”.
México y la Unión Europea iniciarán hasta el final del año las negociaciones para la modernización de su acuerdo bilateral de asociación y comercio, anunciaron este viernes en Bruselas los presidentes mexicano Enrique Peña Nieto, y del Consejo Europeo, Donald Tusk. “Queremos que nuestra asociación alcance todo su potencial. La modernización de ese acuerdo lo tornará mucho más ambicioso y completo”, dijo Tusk en una rueda de prensa conjunta con Peña Nieto, al final de una cumbre bilateral, en Bruselas. “Pediremos un mandato para iniciar esas negociaciones durante la cumbre (de jefes de Estado y de gobierno de la UE) del 23 de junio”, explicó, por su parte el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker. Los dos socios consideran la modernización necesaria para que el acuerdo bilateral, firmado hace quince años, refleje “las nuevas realidades de ambos socios”, afirmaron en el documento. Mencionaron, en particular, su “creciente peso como actor global en el sistema internacional, los recientes cambios geopolíticos y el creciente papel de las economías emergentes”. Ambos reconocieron la “conexión vital” entre sus economías, así como el “grande potencial” para expandir sus inversiones y comercio en bienes y servicios, que superan actualmente los mil millones de euros (mil 119 millones de dólares). Peña Nieto y sus interlocutores europeos subrayaron la posibilidad que tienen México y la UE para expandir su cooperación en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, y en particular en materia de energía renovable y eficiencia energética. “Acreditamos que la competitividad, la innovación y el crecimiento económico no pueden ser alcanzados sin una fuerte cooperación en Ciencia y Tecnología”, afirmaron en la declaración conjunta.
Los dos socios también acordaron ampliar su cooperación en dos nuevas áreas: educación superior y seguridad y justicia. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Amonesta Congreso Local al gobernador de la entidad, pero no implementan sanciones económicas.
El Congreso del Estado de México autorizó una sanción administrativa de amonestación contra el Gobernador de la entidad Eruviel Ávila, por promocionarse en radio y televisión en 16 estados durante su Tercer Informe de Gobierno. En sesión extraordinaria del Pleno, realizada este miércoles por la noche, se recibió el punto de acuerdo que envió la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense y fue avalado por unanimidad. Irad Mercado, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, justificó, no obstante, que el Congreso local no tiene atribuciones para imponer un castigo económico ni de otro tipo al titular del Ejecutivo estatal, informó la revista Proceso. “Es un llamado de atención, y se hace un exhorto que va incluido dentro de la propia resolución, para que se siga el procedimiento en contra de quien resulte responsable”, afirmó. Los diputados consideraron innecesario implementar una sanción económica al mandatario estatal, pues la resolución que emite el INE implica la investigación y, en su caso, la implementación de un procedimiento administrativo por parte de la Secretaría de la Contraloría en contra de quien resulte responsable y de quien maneja el área de Comunicación del Gobierno del estado. La determinación fue tomada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tras el mandato del Instituto Nacional Electoral (INE) al resolver quejas promovidas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Consejo General. “Con fundamento en los artículos 2, 3, 41, 42 fracción 24 tercera, 43 y 49 fracción primera de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios es procedente imponer sanción administrativa de amonestación al gobernador constitucional del Estado de México”, refiere el resolutivo. La sanción responde, conforme al propio acuerdo, a que el mandatario mexiquense contravino los artículos 134, párrafo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 242 párrafo 5 y 449 párrafo primero, incisos D y F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
