El movimiento popular y magisterial de Tixtla mantiene cerrado el Ayuntamiento debido a un acuerdo de asamblea, y esta semana comenzará la integración de representantes de los pueblos, los barrios y las colonias para la conformación del Concejo Popular, informó uno de los promotores.
En consulta telefónica el activista precisó que hasta nuevo acuerdo la Asamblea Popular Municipal mantendrá cerrado el Palacio Municipal, y mantiene como centro de operaciones el auditorio municipal pese a que el síndico procurador, David Martínez, en una reunión les advirtió que este lunes presentaría la denuncia por la toma de los edificios y que van a proceder de manera inmediata para recuperar el inmueble.
El activista que pidió que se reservara su nombre, dijo que la última asamblea, el lunes en la tarde, desconocieron las elecciones municipales del 7 de junio y acordaron que no van a aceptar a ninguna autoridad municipal, pues el movimiento consiguió boicotear las votaciones en el municipio, que repercuten directamente en la elección del gobierno municipal.
Recordó que se impidió la instalación de más de 40 por ciento de las 52 urnas señaladas, y el límite para declarar valida la elección es la instalación de 80 por ciento de las casillas.
Aunque el órgano electoral ya entregó el acta de mayoría al candidato del PRI y el Tribunal Estatal Electoral determinará la validez de los comicios, subrayó que desconocen el proceso electoral y al alcalde electo.
Aunque la Asamblea Nacional Popular acordó la devolución de los ayuntamientos que seguían tomados, la fuente aclaró que padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa apoyaron su determinación de mantenerlo cerrado.
Rechazaron cualquier acoso o desalojo de parte del cabildo, del alcalde o del síndico procurador.
En tanto, informó que el movimiento continuará impulsando la conformación del Concejo Popular como alternativa para suplir al Ayuntamiento, y esta semana convocarán a asambleas para el nombramiento de concejales de cada barrio, pueblo y colonia.
Asimismo van a realizar foros y talleres informativos sobre su funcionamiento y fundamento legal. El primer taller será hoy a las 10 de la mañana en el auditorio municipal, adelantó.
Añadió que el sábado a las 10 de la mañana, padres de los 43 alumnos Ayotzinapa van a hablar de su experiencia en el auditorio, y a las 5 de la tarde habrá una marcha para rechazar las elecciones, exigir la presentación de los normalistas desaparecidos y la libertad de los presos políticos.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://suracapulco.mx/archivos/1000191.
MÉXICO, D.F: Hace tiempo que los partidos políticos en México dejaron de ser representantes de la sociedad. Este distanciamiento o falta de representatividad se ha ido dando conforme los miembros de estas agrupaciones dejaron de encabezar los movimientos sociales que en su mayoría son demandas de derechos establecidos en la ley y que no se cumplen.
Metidos en sus propias agendas de poder, los partidos sufren una severa crisis de legitimidad, sobre todo los que alguna vez se nutrieron de las corrientes de izquierda y que eran las portavoces de los grupos sociales que lucharon por un cambio del régimen de sistema único, contra toda expresión de abusos del poder, por los derechos humanos y, sobre todo, en contra de la corrupción, la impunidad y la injusticia.
Los partidos políticos en general, incluyendo al PRD, han repetido las mismas prácticas de inducción, coacción y compra de votos para mantener su registro y, con ello, seguir obteniendo miles de millones de pesos del presupuesto público.
Visto de esta manera, para muchos de sus integrantes y dirigentes, estar en un partido y mantenerlo registrado es el gran negocio de su vida y por ello lo administran como una franquicia exclusiva de la cual sacan provecho ampliando el negocio mediante la comercialización de la marca en la obtención de prebendas o en la gestoría de demandas de tierra, vivienda, salud, educación y salud, derechos que deberían de estar garantizados por el Estado.
El PRD nació en 1989 precisamente como una amalgama de aquellos partidos de izquierda –comunistas y socialistas—, líderes de movimientos sociales, estudiantiles, de colonos, sindicales y de derechos humanos, junto con personajes identificados con las corrientes nacionalistas del PRI encabezadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, entre otros.
Con esa representatividad social y de izquierda el perredismo avanzó a pasos agigantados hasta convertirse en la segunda fuerza política nacional en la elección del 2006. Muchos de esos líderes sociales, estudiantiles, campesinos, indígenas, obreros y sindicales se hicieron legisladores y otros gobernantes. Pero al mismo tiempo que se empoderaron y entronizaron, se fueron alejando de sus principios y bases.
El PRD se perdió en la pelea de corrientes, tribus y liderazgos que buscaron a toda costa un espacio de poder. La izquierda olvidó sus principios de transformación social y se aliaron a los partidos tradicionales para repartirse las cuotas del poder legislativo y ejecutivo. Dejaron de escuchar las voces sociales que inundaron las calles y ya no respondieron a las exigencias de acabar con la corrupción, la injusticia y la impunidad.
El PRD dejó de ser de izquierda y se transformó en una franquicia de grupo político con los mismos vicios que tanto criticó de inicio: la corrupción, el amiguismo, el compadrazgo, tráfico de influencias, la impunidad y el negocio familiar.
Lo mismo pasó con el PRI que dejó de ser desde hace mucho nacionalista y revolucionario y el PAN que ya no es una alternativa honesta y democrática desde el 2000 para la mayoría de la ciudadanía que cada vez participa menos en las elecciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
La tarde anterior a los comicios del domingo 7, el Partido Verde Ecologista de México violó la veda de propaganda partidista: hizo contratar a personajes de la farándula y del deporte para crear en las redes sociales una ola de apoyo electoral. Ante la indignación que causó su maniobra, los dirigentes verdes y las televisoras replicaron que sus empleados sólo expresaron libremente su preferencia política… No fue así. Aquí se documenta cómo se planeó y se ejecutó la operación que convirtió a muchos “famosos” en delincuentes electorales.
MÉXICO, D.F: Desde la tarde del sábado 6, ante el riesgo de no alcanzar la cuota de votos requerida para garantizar la mayoría del PRI y del PVEM en la Cámara de Diputados, los dirigentes de este último decidieron emprender la última de sus hazañas ilegales para burlar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): emprender una agresiva campaña en redes sociales a su favor con los “famosos” y las cuentas de Twitter contratadas previamente con ese objetivo.
Andrea Mirabent, colaboradora de Jesús Sesma Suárez, el responsable de la chequera en el PVEM y de pagar los convenios con los medios y comunicadores, comenzó a hacer llamadas a las agencias contratadas para “inundar” Twitter con hashtags y frases a favor de este partido.
Una de esas agencias es la que encabeza Danna Vázquez, quien maneja en su cuenta a cerca de 40 actores, conductores y “famosos” de TV Azteca y de Televisa, que cobran entre 115 mil y 200 mil pesos por lanzar mensajes publicitarios a favor de una marca o de un partido político.
No es la única ni la primera agencia que administra cuentas en redes sociales y que decidió emprender este camino a costa de su prestigio y el de las cuentas que concentra. También otras empresas, como Agavis Digital, comenzaron a utilizar las decenas de cuentas, entre falsas y reales, que controlan para crear una oleada de apoyo al PVEM.
El caso más escandaloso, el día de la jornada electoral, fue el del director técnico de la Selección Mexicana de futbol, Miguel El Piojo Herrera, quien estaba en el foco de la atención porque ese día el equipo nacional jugaba contra Brasil. Él redactó una serie de mensajes con frases como “los verdes sí cumplen”, en un tramposo y ambiguo mensaje que pretendía pasar como de apoyo al equipo de balompié.
Otro que tuiteó a favor del Verde fue el excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez. Ambos participaron desde el año pasado en la campaña de spots, desplegados en prensa, infomerciales y eventos deportivos llamada Chiapasiónate, financiada por el gobierno de Manuel Velasco.
En medio de una condena generalizada en redes sociales y de un “exhorto” del INE para que se suspendiera esa campaña en redes sociales, los dirigentes del PVEM Arturo Escobar y el senador Carlos Puente negaron una y otra vez que se tratara de un apoyo pagado. “Son una expresión de apoyo genuino”, sentenció Escobar, y el diputado Jorge Herrera se llegó a quejar: “Nos están poniendo la mordaza”.
El Piojo Herrera sólo recibió una “sanción” de 140 mil pesos por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al igual que los jugadores Marco Fabián y Oribe Peralta, por hacer algo “inadecuado”. Pero el directivo de la FMF, Héctor González Iñárritu, insistió ante los medios de comunicación que en el trato para que Herrera le hiciera propaganda al PVEM “no hubo nada de dinero, es una relación que tiene con las gentes de ese partido”.
Sin embargo, una serie de correos electrónicos, facturas y manuales de manejos de redes, cuya copia obtuvo Proceso, indican que el “ataque a las redes” fue planeado con anticipación, desde abril de 2015, y que en muchos casos se hizo en sintonía con el gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco.
Éste fue el único mandatario del PVEM que logró una hazaña digna de los mejores tiempos del “carro completo”: en su entidad el partido ganó los 12 distritos electorales y obtuvo 651 mil votos a su favor.
La entidad más pobre de México, con los indicadores más altos de marginación, pobreza y de daños al medio ambiente, se transformó por obra y gracia de Velasco en fuente de votos para un partido que se ha mantenido en la raya de la ilegalidad. El PVEM se convirtió en la primera fuerza política de Chiapas con 45.6% de los sufragios. De los 2.5 millones de votos obtenidos por este partido en el país, la cuarta parte provino de Chiapas.
Desde antes de las elecciones, el senador Javier Corral, representante del PAN ante el INE, acusó al gobernador Velasco de “comandar una maquinaria” para intervenir de manera “indebida, ilegal e inmoral” en la elección para favorecer al PVEM.
El ataque en las redes
Desde abril pasado, el PVEM firmó con la empresa Agavis Digital, S.A., de C.V., un contrato por 3 millones 26 mil 800 pesos para pagar “servicios consistentes en la difusión de 576 tuits, 22 trending tuits y cinco videos para blogs, dentro del periodo del 23 de mayo al 7 de junio de 2015. Con el contenido previamente autorizado hasta con tres horas de anticipación”.
Por los 576 tuits pagaron 1 millón 36 mil 800 pesos; por 22 trending tuits, un total de 1 millón 210 mil pesos, y por cinco videos para blogs, 780 mil pesos. El total es de 3 millones 26 mil 800 pesos. En el anexo del contrato se enlistan 34 cuentas de Twitter que maneja esta empresa, la mayoría relacionadas con asuntos de futbol e incluso la de Chumel Torres, del blog Pulso de la República.
Según el documento, cuya copia tiene Proceso, ambas partes se obligan a mantener “absoluta discreción y confidencialidad respecto de la información y datos a los que tenga acceso, así como a todo tipo de resultados obtenidos con motivo de los servicios objeto de este contrato”.
También se penaliza en el caso de que el contratante “incumpla de alguna manera o forma con los servicios del presente contrato, y en caso de que algún tweet no salga según el texto y tema acordado, no se realizará el pago restante que falta por hacerse efectivo, en caso de no cumplir con los requerimientos y especificaciones publicitarias”.
El contrato está firmado por Aarón Fernández Medina, quien aparece como apoderado legal de Agavis Digital, y Andrés Eloy Plata Fernández, a quien se le denominó “El Contratado”. En ninguna parte aparece el nombre del PVEM.
Sin embargo, en una serie de correos electrónicos enviados por Andrés Eloy Plata Fernández a Andrea Mirabent, desde el 22 de abril, se desarrollan y especifican una serie de estrategias para manejar a los trolls a favor del PVEM.
Por ejemplo, Plata Fernández le señala a Mirabent que entre los trolls que manejarán definitivamente están los siguientes:
@UglyZorra.
@PerraDementeVIP
@Chochos.
@DolorDeHuevos
@Mr_Egooo
“Con estas cuentas estamos blindados y podemos atacar a discreción. Son cuentas que se dedican exclusivamente a eso. Sería increíble poder contar con ellos para sumar fuerzas.”
Mirabent, la asistente de Jesús Sesma, le respondió en ese correo que para la firma del convenio necesita conocer la cláusula de la secrecía profesional “con el objeto de no dar a conocer este contrato so pena de una sanción económica”.
La agencia Agavis Digital participó en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto en 2012, y cobró 237 mil 500 pesos por el mantenimiento de páginas on line, según el contrato del fideicomiso formado para tal efecto y que dio a conocer el portal SinEmbargo.Mx.
En menos de tres años, actualizó SinEmbargo, Agavis Digital ha firmado con el gobierno de Peña Nieto unos 40 contratos por más de 40 millones de pesos para el manejo de redes digitales para Petróleos Mexicanos, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ahora tiene entre sus clientes al PVEM. En el contrato, la agencia establece que su objeto social es “el manejo de campañas y estrategias publicitarias en medios interactivos, asesoría y consultoría en optimización de campañas publicitarias en motores de búsqueda y sitios especializados, blogs, páginas en internet que ofrezcan espacios publicitarios”.
Otro documento de la misma agencia, fechado el 23 de mayo, menciona explícitamente al PVEM y algunos ejemplos de cómo promoverlo. Dice que su objetivo general es “posicionar, blindar, promover y amplificar de manera orgánica la imagen, propuestas y candidatos del PVEM durante el proceso electoral”.
La estrategia es la siguiente: “Mediante conversaciones entre los influencers se permeará la línea de comunicación de la campaña a través de posteos e interacciones. De esta manera unificamos el mensaje e integramos de manera orgánica y generamos un lazo entre Partido-Trend Setters-Ciudadanía para hacer comunión entre los intereses de todas las partes. El motivo de hacer un diálogo es para crear una red de comunicación con los seguidores”.
El domingo 7 circuló en las redes sociales una lista de 17 conductores de Televisa y de TV Azteca con pagos de entre 200 mil (en el caso de Andrea Legarreta) y 45 mil pesos (sobre todo, de los conductores de Ventaneando, del Canal 13) para apoyar al PVEM.
Los dirigentes de éste negaron la veracidad de esta lista, junto con otra donde aparecían actores, conductores y deportistas con pagos de 10 mil a 40 mil pesos por cada tuit “verde”.
Sin embargo, varios conductores de televisión, especialmente del área de deportes, admitieron que les ofrecieron estos pagos. En un mensaje enviado el 8 de junio en Twitter, Jean Duverger afirmó: “A mí también me lo ofrecieron en diversas ocasiones y por diversos medios, a lo cual siempre decliné la invitación. Una cosa es vender ropa, pastelitos, papas, teléfonos, etcétera. Otra cosa muy diferente es vender a tu país”.
Inés Sáinz, conductora de TV Azteca Deportes, se deslindó del tuit que apareció en su cuenta apoyando al PVEM. Responsabilizó del mismo a su agencia de medios, que le pidió subir un mensaje sobre educación y ecología, sin aclararle que se trataba de apoyar al partido.
La telecracia en acción
El más indignado con las críticas y las sanciones al Partido Verde, sobre todo por los tuits del día de la jornada electoral, fue el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien subió el siguiente mensaje en Twitter: “Ahora resulta que el @INEMexico define ‘quien’ y ‘como’ se puede expresar. ¿Cómo llegamos a estar tan jodidos?”.
Desafiante, en el mismo lenguaje que utilizó el 7 de junio de 1999, cuando fue asesinado el conductor Paco Stanley, Salinas Pliego pontificó: “Es la mentalidad tercermundista la que pretende controlar lo que oímos, pensamos y expresamos. No debemos perder la libertad de expresión”.
Las televisoras, en especial TV Azteca, trataron de convertir esa violación del PVEM a la ley y al modelo de comunicación electoral –surgido de la reforma de 2008-2009 y que tanta animadversión generó en el duopolio televisivo– en un asunto de “libertad de expresión”.
La mayoría de los “famosos” que contrataron las agencias del PVEM pertenecen a TV Azteca. La hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas, es senadora de ese partido, y el director de Proyecto 40, Luis Armando Melgar, también es senador del Verde y aspira a ser gobernador de Chiapas.
La “generosidad” de las televisoras con el PVEM durante la campaña de 2015 sólo es equiparable con las dispendiosas campañas de difusión con que el gobierno de Manuel Velasco ha favorecido a las dos grandes televisoras.
Y el INE sancionó con 322 millones de pesos a ese partido por el financiamiento ilegal en sus spots televisivos, pero dio por válidos los montos que el mismo partido reportó por cada pauta en Televisa y TV Azteca: 369 pesos.
El exconsejero electoral Alfredo Figueroa señala que ese costo resulta de dividir los 293 mil 321 spots entre el monto de 108 millones 265 mil 200 pesos que reportó el PVEM.
“La Unidad Técnica de Fiscalización del INE actuó para proteger al Partido Verde y a las televisoras subvaluando el costo de los impactos y declarándose incompetente para entrar al tema de la donación en especie”, advirtió Javier Corral, representante del PAN.
Precisamente uno de los gobiernos más generosos en pagos a los medios de comunicación, especialmente a las televisoras, es el de Manuel Velasco. Tan sólo un concentrado de facturas correspondientes a marzo de 2014, a las que tuvo acceso este semanario, indica que Velasco gastó en promoción por ese medio un total de 98 millones 982 mil pesos, de los cuales al Grupo Televisa le entregó 60 millones y a TV Azteca 26 millones de pesos.
Otra serie de facturas indica que Velasco pagó a Sky y Cablevisión, filiales de Televisa, montos de 4 millones 198 mil y 2 millones 79 mil pesos por anunciar su informe de labores.
Al conductor del noticiario estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga, el gobierno de Chiapas le pagó 2 millones 300 mil pesos, más de lo que le dio al Grupo Fórmula (1 millón de pesos) por una campaña promocional en radio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: Bomberos de la Ciudad de México se manifiestan en cuatro puntos de la ciudad de México para exigir al gobierno capitalino nuevos equipos de trabajo.
Las movilizaciones y bloqueos se llevan a cabo cerca de sus instalaciones ubicadas en Ermita Iztapalapa, Eje Central, Calzada de la Viga e Insurgentes.
Los bomberos de la estación central de Calzada de la Viga y Fray Servando Teresa de Mier, amenazaron con una huelga general de no solucionarse sus demandas a más tardar el próximo 30 de junio.
Ismael Figueroa, secretario General del Sindicato de Bomberos, informó que el personal de las cuatro estaciones que protestan exigen 200 millones de pesos para la compra de cinco autoescaleras, seis camiones bomba y un equipo contra incendio, de acuerdo con la agencia Quadratín.
Figueroa aclaró que pese a las movilizaciones, el servicio a la ciudadanía se mantiene sin alteraciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El líder del PRD, Carlos Navarrete, defendió las aspiraciones presidenciales del jefe de Gobierno capitalino.
Si Miguel Ángel Mancera logra conjuntar un respaldo ciudadano de izquierda de cara a sus aspiraciones presidenciales en el 2018, aunque este no necesariamente provenga de un partido político, el Partido de la Revolución Democrática debería apoyar ese proyecto, consideró ayer el líder del Sol Azteca, Carlos Navarrete.
De acuerdo con el perredista, el mensaje que envió la ciudadanía el pasado 7 de junio consistió en darle la oportunidad a los aspirantes ciudadanos, por lo que es tiempo que en el PRD terminen las candidaturas internas amarradas por un proceso de selección.
Por ello, recalcó que con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México “no existe ruptura, ni divorcio, ni rompimiento”.
Aliado del PRD
En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRD reconoció que se ha reunido en días recientes con Mancera Espinosa y que seguirá trabajando con el jefe de Gobierno, a quien consideró “como un aliado del PRD”, aun cuando no sea militante.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: Pese a la violencia desatada en los últimos meses y el elevado grado de corrupción en el país, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, presumió que “México es un país plenamente democrático”.
Al participar en la entrega del Décimo Premio Santander a la Innovación Empresarial, en el Museo Interactivo de Economía, ubicado en el Centro Histórico, el funcionario federal aseguró que las elecciones del pasado domingo 7 “acreditan la calidad de la democracia”, aunque dicho proceso electoral dejó un saldo de más de 20 candidatos asesinados.
Ante el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles; el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el director de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, Luis Videgaray soltó:
“México es un país donde se ejerce con gran vitalidad los valores de la democracia, como la libertad de expresión y el acceso ciudadano a la información pública”.
Frente a los académicos, directivos de Santander y decenas de jóvenes, el titular de la SHCP narró: “Yo me acuerdo que en 1987 era bien difícil encontrar en los medios de comunicación una crítica dura, fuerte, al gobierno de la República, y creo que hoy todos nos damos cuenta que eso ha cambiado y para bien”.
Sin embargo, no mencionó que nuestro país es uno de los más peligrosos del orbe para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
En su portal de Internet, esa organización destaca que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas en el país y 17 han desaparecido, además de que ciertos medios de comunicación “frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte de México por parte de los cárteles de la droga, que se preocupan por hacer callar a los periodistas… Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales”, apunta.
Aún más, el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC) colocó a México en el sexto lugar entre naciones con el mayor número de periodistas asesinados en 2014, apenas antecedido por Israel, Siria, Pakistán, Irak y Ucrania.
Los cambios “impensables” de Peña
Luego de presumir la democracia en México, Videgaray se deshizo en elogios hacia el presidente Enrique Peña Nieto, quien en sus dos primeros años de gobierno, dijo, “ha logrado cambios que hace apenas algunos años parecían impensables”, en clara referencia a las reformas.
No obstante, admitió que no todo es miel sobre hojuelas. “Todo cambio es un proceso complejo que enfrenta resistencias, que genera incertidumbre, pero México hoy está decidido a cambiar y hoy México se está transformando”.
Agregó: “Vemos los primeros resultados muy alentadores de la aplicación de las reformas y vamos por la dirección correcta. Ha bajado el precio de la luz, ya no sube el precio de la gasolina, se están reduciendo los costos de los servicios de telecomunicaciones, el acceso a Internet y a la telefonía móvil, al tiempo que mejora la calidad de estos servicios”.
Según Videgaray, México dejó de exportar petróleo en los últimos 30 años al pasar a ser un país manufacturero, aunque con la caída de los precios del petróleo las finanzas públicas estén en crisis.
Luego presumió que la inflación dejó de ser un tema de preocupación, después de que en 1987 hubo un episodio de hiperinflación que implicaba que a veces los precios crecieran de una semana a la otra, a veces de un día para otro, pero en mayo pasado, sostuvo, este indicador registró la tasa más baja en la historia al alcanzar 2.88%.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
MÉXICO, D.F: El “conflicto doméstico” que impacta a México en el marco de la guerra contra el narcotráfico le cuesta al país 221 mil millones de dólares anuales, que representan el sexto mayor gasto asignado a la contención de la violencia a escala mundial, detrás de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, afirma el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en el Informe Global de la Paz 2015, que publicó hoy.
De acuerdo con el IEP, México se encuentra este año en la posición 144 de la lista de 162 países clasificados según sus niveles de violencia, y permanece en el último lugar de la región Centroamérica y el Caribe.
En términos de violencia, países como Libia, Ucrania, Rusia, Corea del Norte o los países árabes en conflicto con el Estado Islámico (EI), entre otros, tuvieron peores calificaciones que México.
“La continuación de la guerra contra las drogas en México también generó un incremento en la pérdida de riquezas debido a las muertes del conflicto y los gastos militares”, estima la IEP.
México forma parte de los 31 países con una tasa “muy elevada” de homicidios –21.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes–, ya que es cuatro veces más elevada que el promedio mundial, que alcanza 6.37 homicidios por cada cien mil habitantes.
De acuerdo con el documento, la mayoría de los homicidios ocurren en las ciudades mayores a 50 mil personas y, pese a que las urbes “tienden a ser un factor positivo para crear sociedades pacíficas”, el IEP señala que pueden incentivar la violencia cuando “el estado de derecho es débil y las injusticias y la desigualdad de ingresos están fuertes”.
En marzo pasado, el mismo organismo dedicó un informe a México, en el que planteaba que el costo de la violencia equivale a 17.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, o sea tres veces más que el presupuesto federal dedicado al sector salud.
Además, el IEP expresaba su preocupación ante el declive constante del índice de eficacia de la justicia entre 2006 y 2013, sobre todo en los estados de Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Durango, el Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Morelos.
Y si bien observaba una disminución de las cifras oficiales de la violencia, estimaba que esto “no significa necesariamente que las organizaciones criminales son menos poderosas; pueden haberse vuelto más cuidadosas en sus actividades”.
Paz en decaída
Mediante la medición de una serie de indicadores, el IEP observó un declive en los niveles de paz global desde 2008, debido a los conflictos internos y externos, el terrorismo o la criminalidad, entre otros.
También observó mejorías en 81 países y agravaciones en los 78 restantes, y se alarmó ante la duplicación del número de muertes perpetradas en acciones terroristas en el mundo, que sumaron 18 mil en 2013. Los atentados todavía se concentren en un número reducido de países, principalmente en Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria.
El IEP asevera que sólo 500 millones de los 7.2 mil millones de seres humanos en el planeta viven en los 20 países más pacíficos, mientras que 2.3 mil millones habitan en las 20 naciones más afectadas por la violencia.
En un mundo siempre más militarizado, los gastos asociados con la violencia ascendieron a 14 billones 300 mil millones de dólares en 2014 –equivalente a 13.4% de las riquezas internacionales–, repartidos principalmente entre los gastos militares, los costos generados por los homicidios y los crímenes violentos, así como los gastos en la policía.
En 2008, el precio de la violencia a nivel global, tomando en cuenta los factores de multiplicación de costo, era menor en 2 billones de dólares.
Tan sólo en el marco de la militarización, los países gastaron 3 billones de dólares en 2015, equivalente a 2.9% del PIB mundial. Estados Unidos gastó prácticamente la mitad de este monto, seguido por China, con 390 mil millones de dólares, aunque el verdadero gasto podría ser mucho mayor.
Estos dos países también gastaron la mayor cantidad de dinero en sus policías: 127 mil millones de dólares para Estados Unidos, 93 mil millones de dólares para China.
“Si la violencia global disminuyera en 10%, cerca de 1.43 billones de dólares se agregarían de manera efectiva a la economía mundial cada año”, plantea el informe.
En 2015 los países más militarizados –es decir, los que dedican la mayor proporción de su PIB y reclutan a la mayor parte de su población en lo militar, o los que más armas exportan o importan– fueron Israel, Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos y Pakistán, y el IEP señala que “mientras los países se vuelven más militarizados, tienden a volverse menos pacíficos”.
Además, el IEP observó una correlación “significativa” entre la militarización y la violencia política, por lo que concluyó: “Las capacidades militares, a contrario de las fuerzas de seguridad interna, son un factor que puede llevar a la violencia del Estado contra sus ciudadanos”.
En 2014, el gobierno estadunidense de Barack Obama asignó 5.7 mil millones de dólares a la asistencia militar a otros países, a través de acuerdos de cooperación en materia de defensa.
En el Medio Oriente y la región de África del Norte, el surgimiento y la expansión belicosa del Estado Islámico, las guerras civiles en Siria, Libia y Sudán, así como el operativo militar israelí contra Gaza estancaron a la región como la más violenta del mundo; mientras que la guerra civil en el este de Ucrania desplomó el país en la clasificación.
Para Irak y Siria, la guerra representa, además de las decenas de miles de muertes, un costo equivalente a más de 30% de su PIB.
En paralelo, Europa siguió siendo la región más pacífica del globo, aunque sólo 4% de sus habitantes aseguraron ser muy optimistas en cuanto al futuro de la Unión Europea (UE).
En total 42 países sufrieron conflictos internos en 2015, y más de 50 millones de personas tenían un estatuto de refugiado, una cifra no alcanzada desde la Segunda Guerra Mundial.
Triángulo Norte
Los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, El Salvador y Guatemala–, encabezaron, junto con Venezuela, la lista de los países con las mayores tasas de homicidio en el mundo el año pasado.
La contención de la violencia y de los homicidios cuesta a Honduras y El Salvador el 21 y 17% de su PIB, respectivamente.
De estos tres países sale la aplastante mayoría de los cientos de miles de migrantes que cruzan México cada año rumbo a Estados Unidos.
Si bien la región de Centroamérica y el Caribe reportó las mejores calificaciones en términos de militarización, registró la peor situación en términos de inseguridad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Reporta que dos personas fueron abatidas y cinco fueron detenidas; se aseguraron 22 armas largas, 12 cortas y 66 cargadores.
Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron en el municipio de Tamazula de Victoria, Durango, a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial, cuatro de ellos son menores de edad.
La dependencia informó que los hechos ocurrieron el domingo pasado, cuando personal naval, durante recorridos de vigilancia aérea, fue agredido por personas armadas que viajaban a bordo de diversos vehículos.
Por esta razón, justificó, se efectuaron “disparos de advertencia” para detener la marcha de los atacantes, quienes hicieron caso omiso y continuaron accionado sus armas de fuego, por lo que se repelió la agresión.
Como resultado de ese enfrentamiento, fueron abatidos “dos sujetos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada” y fueron arrestados cuatro menores de edad, a quienes se les aseguraron armamento, equipo táctico y de comunicaciones.
Posteriormente, con apoyo de unidades terrestres se realizó un recorrido en un área cercana, donde fue capturado José Guadalupe Niebla Fernández, quien tenía en su poder un arma larga y 250 kilogramos de hierba con las características propias de la mariguana.
La Semar precisó que como resultado de esos eventos dos personas fueron abatidas y cinco fueron detenidas; se aseguraron 22 armas largas, 12 cortas y 66 cargadores.
También se decomisaron mil 307 cartuchos de diferentes calibres, 250 kilogramos de hierba con las características propias de la mariguana, un vehículo y vestimenta de camuflaje.
Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público con sede en Culiacán, Sinaloa, quien integra la averiguación previa correspondiente para deslindar responsabilidades.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Lo que está cayendo no solamente es un modelo de expectativas, está cayendo un modelo de hacer política", explicó el autor de "La caída del telepresidente".
“La caída del telepresidente. De la imposición de las reformas a la indignación social”, es un libro que se hace en función del desarrollo de los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, que explica el proceso de las reformas estructurales y la mecánica de cómo se impusieron en el Congreso, sin debate social, así como los casos de la matanza en Tlatlaya (junio 2014), los desaparecidos de Ayotzinapa (septiembre 2014) y la Casa Blanca (noviembre 2014), expuso su autor, el periodista Jenaro Villamil.
En entrevista para Aristegui CNN, señaló que en libro se observa el fenómeno del auge y caída del “Mexican moment”, pues en menos de 3 años, “el modelo Peña Nieto va del ascenso súbito a una caída muy fuerte en términos de aceptación pública nacional e internacional”.
Villamil consideró que EPN fue un político construido gracias a la inversión en la televisión y medios de comunicación; la utilización intensiva de los recursos para volver popular a un político a través de medios masivos es muy eficaz para ganar las elecciones pero no es eficaz para gobernar, sostuvo.
“Lo que está cayendo no solamente es un modelo de expectativas, está cayendo un modelo de hacer política. Este país no solamente quiere un mandatario que sea popular porque se casa con una actriz, o una cara agradable y bonita en la pantalla, quiere alguien que gobierne y que no sea corrupto”, aseveró.
El periodista indicó que “ese modelo del telepresidente es el que está cayendo, el que está en crisis”.
Mencionó que para hacer su obra, leyó la tesis de Peña en la Universidad Panamericana, en la que considera una “dictadura benévola” la de Porfirio Díaz y habla de que su grandeza fue hacer de las formas duras un arte de imponer reformas en el país, aunque no habla de la revolución y las vidas que costó el gobierno de Díaz.
“No hay una idea de las consecuencias sociales”, refirió. “El modelo de poder porfirista es un modelo al que Peña y su grupo admiran”, aseguró, como una “élite moderna que le impone a un país atrasado una agenda para quedar bien con las grandes potencias internacionales”.
Sin embargo, apuntó que las reformas estructurales de EPN no están pacificando al país, sino “lo están tensando y polarizando”.
Villamil dijo que en las pasadas campañas electorales, el tema de las reformas no estuvo presente, no fue un voto de referéndum a las reformas de Peña Nieto, fueron las estructuras partidistas peleando por los espacios; además de que los partidos firmantes del Pacto por México tuvieron una menor votación que en 2009.
“No fue una elección de referéndum a Peña Nieto porque el PRI no quiso hacerlo así… el PRI habló de otra cosa pero no de las reformas”, mencionó.
En tanto, el nivel de aceptación de EPN sigue siendo muy bajo. Las encuestas lo ubican con 40 por ciento o menos.
El autor comentó que a millones de mexicanos se les impusieron reformas como si fueran spots. Una de ellas, la reforma política, con toda una infraestructura electoral, que salió cara, fue “dinamitada” por el aliado del PRI, el Partido Verde, agregó.
Otras han generado indignación social, como la reforma energética, o la que quieren hacer en la ley de aguas o en materia de salud.
“No estamos jugando a los spots, sino a la arquitectura y diseño de un país”, explicó.
Con este panorama, EPN “es el primer presidente de los priistas que llega a la mitad de su sexenio y en las elecciones intermedias con un declive, todos los presidentes priistas incluyendo a Ernesto Zedillo, llegó a la elección del 97 con un índice de aceptación muy grande, ya no se diga Carlos Salinas y Miguel de la Madrid”.
“Llega en una situación de mucho descontento, vulnerabilidad, o como un propio priista me lo dijo: en 3 años agotaron un sexenio y revientan conflictos soterrados”, añadió.
Además, Ayotzinapa está arrastrando al sexenio a una de las crisis más fuertes en materia de derechos humanos, en materia de legitimación social y de imagen internacional, concluyó Villamil.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El PAN pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que atraiga la organización y calificación del proceso para elegir a 122 alcaldes y 41 diputados locales, el próximo 19 de julio, porque existe la amenaza de que se registre una “elección de Estado”.
“Ante la posibilidad de que aquí se dé una elección de Estado, y para dar mayores garantías a la ciudadanía y a los institutos políticos de un proceso electoral imparcial, el Partido Acción Nacional pidió ya que el INE comisione a consejeros electorales nacionales que vengan para acompañar la conducción que hace el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)”, dijo Ángel Chávez Nava, secretario del Comité Directivo Estatal de esa fuerza política.
De acuerdo con el panista, actualmente no hay condiciones para garantizar el derecho libre al sufragio y una contienda limpia y equitativa, por lo que es menester que el INE intervenga. Esto se debe dar en una situación extraordinaria o excepcional, como la que vive la entidad, por lo que la atracción podría aplicarse, apuntó.
“Ayudaría tener cerca su experiencia y poder comentar rápidamente algunas situaciones que se vayan presentando; de esa forma, la capacidad que de por sí tienen los consejeros del IEPC podría ser reforzada, o simplemente la presencia de esos consejeros nacionales pudiera validar el debate que se lleva a cabo en cada sesión del IEPC”.
Con la intervención del INE, subrayó, se cuidaría que resuelvan a partir del análisis y no de alguna consigna que se les dé por instrucción.
La presencia de los consejeros electorales del INE, insistió, ayudaría a aumentar la confianza e ir frenando el gasto de las campañas, además de encaminar el proceso hacia una elección legal, producto del ejercicio libre del voto el próximo 19 de julio, cuando 12 mil 274 candidatos contenderán por un puesto en las 122 alcaldías y 41 curules en el Congreso local.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
MÉXICO, D.F: Por unanimidad, el Consejo General del INE se declaró incompetente para investigar si el ayuntamiento de Torreón, Coahuila, realizó transferencias electrónicas de trabajadores del municipio al PRI local, violando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe); además, ordenó regresar el proyecto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para investigar el caso a fondo.
Reservado por la consejera Pamela San Martín en el orden del día de la sesión extraordinaria, ésta destacó su voto en contra de la queja presentada por Javier Corral, representante del PAN ante el INE, debido a que no existen pruebas de que los descuentos o retenciones realizadas a los empleados del ayuntamiento de Torreón fueran transferidos a una cuenta bancaria del PRI local o a la Fundación Colosio, como denunció el senador panista.
San Martín indicó que en el expediente se acreditaron los descuentos y retenciones, además de las transacciones, pero no hay pruebas de que fueron aportados entre enero y abril de 2014, sino en noviembre de ese año, porque así lo aceptó el alcalde de Torreón.
“No puedo acompañar esto porque, sin duda, tenemos acreditado que hasta el mes de septiembre se hicieron transferencias, ingresó dinero del ayuntamiento de Torreón a las cuentas del PRI, con un detalle que es importante señalar: En el 2014 se celebró un proceso electoral local en Coahuila, y este es uno de los argumentos que se utilizan para la competencia para investigar estos hechos. Tenemos acreditado que ingresó el dinero a estas cuentas bancarias, lo que no tenemos acreditado, porque no lo investigamos, es si el dinero se erogó una vez ingresado a las cuentas bancarias para incidir en el proceso electoral local que estaba en curso”, añadió.
Sin embargo, mencionó que sí tienen acreditado que concluido ese proceso electoral local e iniciado el federal continuaron los descuentos a los burócratas, pero no saben si se depositaron a la cuenta del PRI “porque no lo investigamos”, aunque sí estaban destinados a hacer aportaciones al partido, resaltó.
En contraparte, el consejero Ciro Murayama respaldó el proyecto y propuso que se diera vista a la Fepade, “a fin de evitar un daño irreparable con el despliegue de conductas relacionadas con una presumible utilización de recursos públicos”.
El consejero Benito Nacif llamó la atención de que estas prácticas de retener o destinar dinero de los trabajadores a un partido de facto debe frenarse.
Mientras, el consejero Javier Santiago apoyó la propuesta de San Martín de devolver el proyecto al Instituto Electoral de Coahuila, así como dar vista a la Fepade, aunque también sugirió avisarle al Congreso local.
Y además planteó que esta investigación sea ordenada para que concluya en diciembre próximo.
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó en su defensa que se trata de un asunto local, aunque destacó que en su caso, como diputado federal, hace una aportación doble al partido nacional y al estatal, en el ámbito local la aportación es, justificó, “estrictamente voluntaria”.
En su opinión, al tratarse de dinero de la nómina del militante y trabajador del ayuntamiento ya no es un recurso público, sino particular.
Horacio Duarte, representante de Morena, comentó que en sus estatutos los legisladores aportarán 50% de su salario a las finanzas de su partido para garantizar el trabajo parlamentario, legislativo y gubernamental.
También consideró que se debe precisar el Reglamento de Fiscalización para establecer una regla y evitar estos casos, así como prevenir abusos en esta materia por la cultura que obliga a ciertos trabajadores, no necesariamente militantes, a entregar parte de sus ingresos, así sea poco, “voluntariamente a fuerzas”.
Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova se pronunció a favor de regresar el proyecto para “cerrar la pinza de las indagatorias en estos dos meses, que podrían significar un cabo suelto, un cabo no cerrado. Es pertinente”, aseveró.
“Creo que, a partir de eso, tendría que determinarse varias cosas. Uno, si el destino de estas retenciones es la misma cuenta. Si somos competentes luego de estas indagatorias. Si hay que dar vista al órgano local responsable de la fiscalización. Si hay que turnar a la Fepade, cosa que creo hay que hacer, y si este enstituto es competente”, añadió.
El consejero Marco Antonio Baños estuvo de acuerdo. “Me parece importante atender la propuesta que formuló el consejero Javier Santiago para que el proyecto sea devuelto y que, efectivamente, apoyando la propuesta del consejero Murayama, pudiera venir ya con la vista respectiva, amén de que se realicen las indagatorias que se han puesto sobre la mesa”, apuntó.
Aunque los representantes de los partidos defendieron la validez de las aportaciones ordenadas por sus estatutos, estuvieron de acuerdo en abordar el tema en el reglamento de fiscalización para evitar abusos hacia trabajadores o militantes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
MÉXICO, D.F: Tras la debacle del PRD en el DF en las elecciones del pasado 7 de junio, el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, ofreció su renuncia al gabinete de Miguel Ángel Mancera, pero éste la rechazó y le pidió continuar con los proyectos de la ciudad.
Según una nota del portal de noticias La Silla Rota.
Serrano Cortés propuso dejar la oficina del primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, desde donde se dirige toda la operación política del gobierno de la ciudad.
El argumento: “se falló en la estrategia implementada” para las elecciones y los resultados “afectaron la imagen de Mancera y aumentaron las críticas a la forma de gobernar del PRD en la capital del país”, de acuerdo con la nota del mencionado portal.
El texto afirma que Mancera Espinosa “rechazó la propuesta de Serrano, y le pidió seguir adelante en los proyectos de la Ciudad de México”. No obstante, agrega que éste asegura “a sus más allegados que es su convicción dejar el cargo entre septiembre y enero próximo”.
La información publicada se presenta un día después de que el líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, demandó a Mancera la salida de su gabinete de Héctor Serrano, la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, y del director del Metro, Joel Ortega. Dijo que es “impostergable el rediseño” del GDF en esas tres áreas.
Sobre el papel del secretario de Gobierno –quien tenía el mismo cargo en el gobierno de Marcelo Ebrard y fue ratificado por Mancera–,
Barbosa argumentó que ese cargo fue instrumentado “bajo un gobierno mayoritario en delegaciones y mayoritario en la Asamblea”. Sin embargo, aseguró: ahora “cambió la circunstancia” y se debe considerar una nueva relación entre las fuerzas políticas.
Y es que en las elecciones del pasado domingo 7 de junio, el PRD perdió ocho de las 14 delegaciones que gobernaba. Peor aún, cinco se las arrebató Morena, dos el PRI y una el PAN.
Por si fuera poco, el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador le quitó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al obtener 22 diputaciones locales en total, entre las de mayoría y las plurinominales, para la próxima legislatura.
Además, el supuesto ofrecimiento de la renuncia de Serrano, se da luego de que el presidente del PRD-DF, Raúl Flores, aseguró que en la derrota del partido en la capital hubo “traidores” que en lugar de apoyar sus fuerzas, respaldaron a Morena, el PRI y el PAN.
Días después de la elección, los reporteros que cubren las actividades de Mancera Espinosa le preguntaron si tras los resultados haría cambios en su gabinete. Este respondió que los integrantes de su equipo son evaluados conforme a sus resultados y que los cambios que pudiera haber serán por su trabajo, no por cuestiones políticas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La designación tiene como fin evitar la depredación de los activos del partido político, mientras se define si pierde su registro o no.
El Partido del Trabajo consideró “ilegal y arbitrario” el nombramiento de un interventor por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso previo a la posible disolución del instituto político, luego de que no obtuvo el porcentaje mínimo de votos requerido (3%) para conservar el registro, en las elecciones del 7 de junio.
Pedro Vázquez González, representante ante el INE del PT, dijo que la medida es “ilegal e inconstitucional” y que “los procedimientos de liquidación, en cualquiera de sus fases, sólo pueden iniciar cuando las autoridades electorales tienen la plena certeza de que no cumplimos con el 3% de la votación válida emitida. No como ocurre ahora cuando está en litigio el porcentaje de votos que obtuvimos”.
Al respecto, el consejero Benito Nacif explicó que el interventor designado será responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos del partido político, para evitar su fuga, mientras se resuelven las impugnaciones en las que el PT podría llegar a alcanzar la votación mínima necesaria.
El martes, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral designó, vía insaculación, al contador público Gerardo Sierra como interventor para el llamado “periodo de prevención” del Partido del Trabajo (PT).
La ley considera que en caso de que, como resultado de los juicios de inconformidad, el partido llegara a alcanzar la votación mínima necesaria para mantener su registro éste podrá reanudar en forma habitual sus operaciones.
Entonces, el interventor rendirá un informe sobre el estado financiero y lo realizado durante el periodo de prevención.
Sin embargo, si el partido pierde su registro, el interventor designado será responsable de las tareas de liquidación del partido político.
El representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez González, anunció que interpondrán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso de inconformidad contra el nombramiento del interventor.
Además dio a conocer que el PT también impugnará más de 100 distritos electorales de todo el país, donde se considera hubo ilegalidades.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La empresa acusaba una supuesta amistad entre el juez y el abogado de la periodista, lo que fue rechazado por ambas partes.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa notificó el rechazo sobre la recusación planteada por Grupo MVS en contra del juez federal Fernando Silva García, al que pretendía remover del caso de la periodista Carmen Aristegui, informó Reforma.
Además de declarar infundada la recusación, impuso a la empresa una multa, por haber actuado con mala fe y para entorpecer el trámite del juicio.
La empresa argumentaba que el juez Fernando Silva García debía quedar impedido en el juicio de amparo que promovió Aristegui, con el cual impugnó su despido, ya que según MVS, su padre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Juan Silva Meza, sería “amigo cercano” de uno de los abogados de la comunicadora, Javier Quijano.
Sin embargo las únicas pruebas que aportó la empresa, fueron dos columnas de Ricardo Alemán publicadas en un periódico; ambas partes negaron la existencia de esa supuesta amistad.
“La intencionalidad de la recusante (MVS) de pretender el entorpecimiento o dilación en el trámite del juicio de amparo se acredita si se considera que no aportó elemento probatorio alguno idóneo de que realmente existe una relación de amistad entre el juez federal y el abogado de la quejosa”, resolvió el tribunal.
“Los argumentos vertidos en las columnas de opinión son simples afirmaciones carentes de sustento, por lo que las pruebas documentales, únicas que fueron admitidas y desahogadas en el presente asunto, no tienen valor probatorio”, agregó.
Los magistrados llegaron a la conclusión de que la empresa presentó la recusación con el objetivo de atrasar el trámite de juicio de amparo.
El comunicado de la Judicatura:
Nota Informativa 69 17-Junio-2015 by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa está dado de alta como soldado en activo, pero su identidad fue catalogada como “confidencial”, reveló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Proporcionar la información representa un riesgo real para la seguridad de la familia del militar desaparecido, ya que podrían ser identificados con facilidad, dando como resultado posibles atentados en su contra”, informó la Sedena a esta agencia de noticias del semanario Proceso.
A mediados de abril, el reportero realizó una solicitud de información a dicha dependencia federal –folio 77315– en la que preguntó si entre los normalistas desaparecidos se encontraban soldados en activo.
Ello debido a una línea de investigación seguida sobre el nivel de infiltración del gobierno en la esfera de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”, considerada por autoridades y políticos como “semillero de guerrilleros”.
La semana pasada, la Sedena emitió una respuesta oficial donde hace la siguiente revelación:
“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”.
Lo anterior se indica en el oficio 2433, firmado por el subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Sedena, General David Córdova Campos.
La resolución denominada “confidencial”, justifica la reserva del nombre del militar en activo que era estudiante en la Normal de Ayotzinapa y forma parte del grupo de 43 jóvenes desaparecidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
Ello debido a que el proporcionar el nombre del soldado, “potenciaría considerablemente una amenaza en agravio de la vida, seguridad y salud de su familia”, señala la resolución de la Sedena.
Luego, agrega: “Ya que la información podría ser utilizada por grupos desafectos a las fuerzas armadas, incluyendo la delincuencia organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”.
Este hecho aporta una nueva línea en el caso Ayotzinapa; incluso, ni siquiera había sido abordada por el gobierno federal para explicar la causa por la que autoridades coludidas con la delincuencia actuaron en contra de los 43 normalistas desaparecidos, entre ellos un soldado en activo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
CHIHUAHUA, Chih: Víctor Alonso Tadeo Solano, abogado de la familia del niño Cristopher Raymundo Márquez Mora, asesinado hace un mes por cinco adolescentes, solicitó hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.
En su calidad de acusador coadyuvante de la mamá de la víctima, Tania Concepción Mora Alvarado, Tadeo Solano pidió que los ministros analicen las medidas cautelares impuestas a tres de los cinco adolescentes que presuntamente asesinaron a Cristopher, quien tenía seis años cuando lo mataron, apuñalaron, degollaron e inhumaron.
El 21 de mayo, el juez especializado en adolescentes infractores, Luis Francisco de León, impuso como medida cautelar a tres menores imputados que permanezcan bajo la tutela y vigilancia de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF estatal.
Los adolescentes Jesús David y Jorge Eduardo, de 15 años; Valeria Janeth y Alma Leticia, de 13, así como Irvin, de 12, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado, de acuerdo con la causa penal 95/2015.
Posteriormente, el equipo defensor de Tania Concepción Moral promovió un amparo indirecto en el Juzgado Primero de Distrito de Chihuahua, que se radicó en el expediente 788/2015, en el que el acto reclamado son las medidas cautelares impuestas por el juez. El amparo fue aceptado el martes 16.
A los ministros les solicitaron que realicen un ejercicio de la interpretación constitucional directa de los artículos 18 y 19 sobre las medidas cautelares impuestas a Valeria Janeth, Irvin, y Alma Leticia.
La solicitud está dirigida al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
MÉXICO, D.F: El Fondo de inversión noruego KLP, que maneja los recursos de las pensiones del sector público, decidió cancelar sus inversiones en la empresa mexicana Cemex, ya que explota recursos naturales en los territorios ocupados palestinos, lo cual, según los inversionistas noruegos, representa un “riesgo inaceptable de violar las normas éticas fundamentales”.
De acuerdo con la responsable de las inversiones del fondo, Jeanett Bergan, “toda nueva explotación de recursos naturales en un territorio ocupado representa un incentivo fuerte para prolongar un conflicto”.
Según el periódico israelí Haaretz, Cemex abastecería de materias primas a las empresas israelíes Hanson Quarry Products y Readymix Industries, en los territorios ocupados de Judea y Samaria.
Por lo anterior, el fondo no invertirá 65 mil millones de dólares en Cemex y la empresa alemana Heidelberg Cement, la cual opera también en los territorios ocupados, precisó Haaretz.
Cemex forma parte de un grupo de diez empresas multinacionales sancionadas por el fondo noruego, debido a sus operaciones nefastas para el medio ambiente, sus alegadas prácticas de corrupción o las violaciones a las normas éticas.
Así, KLP anunció hoy que mantiene vigente su sanción contra la empresa ferrocarrilera China Railway Group Ltd., ya excluida del fondo en 2014 por decisión del grupo de ética.
Esta empresa tiene pasivos en México: encabezó el consorcio que “ganó” la licitación para construir el tren rápido entre la Ciudad de México y Querétaro.
Apenas una semana después de su aprobación, la licitación fue cancelada de manera súbita por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante la inminencia de la publicación del reportaje sobre la “Casa Blanca” comprada por la pareja presidencial en Las Lomas bajo sospecha de conflicto de intereses.
En el consorcio liderado por la compañía china se encontraban empresas propiedades de Juan José Hinojosa Cantú –el empresario clave en la operación de compra de la “Casa Blanca”– e Hipólito Gerard, entre otros, ambos parte del círculo de poder mexiquense del presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
