jueves, 18 de junio de 2015

El PRD no le sirve a nadie que quiera ir por la presidencia: Barbosa

MÉXICO, D.F: El presidente del Senado, Miguel Barbosa, admitió que en estos momentos el PRD no le sirve a nadie que quiera competir por la Presidencia de la República; necesita, dijo, transformarse para acercarse nuevamente a la gente.

El perredista aseguró que él buscará la transformación de su partido “porque como está no sirve. No sirve para (el jefe de Gobierno) Miguel Ángel Mancera y no sirve para cualquier aspirante de ningún estado. Así como está se aleja de la gente, no te acerca, hay que transformarlo”.

En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Barbosa destacó que el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, señaló que el partido está listo para recibir externos, pero –insistió– no se va a acercar nadie como externo si el partido no se transforma.

Agregó: “Primero vamos a intentar transformarlo y luego hacer una definición sobre la ruta que cada uno de los que hacemos política podemos buscar. Si no entendemos que hay una sociedad diferente que está viendo a los partidos con muchos cuestionamientos así como están los partidos, no tiene sentido”.

Sobre Miguel Ángel Mancera, sostuvo que aunque diga que no es del PRD, “él incide mucho en el PRD”. De hecho, agregó, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, “se convirtió en el hombre poderoso del PRD en la capital y ese fue uno de los propósitos que lo llevó a estar muy activo en las definiciones del proceso interno y de las candidaturas”.

Subrayó que el mandatario capitalino debe ser aliado y promotor de la transformación del PRD porque es una voz muy importante. “Tiene que ser aliando de la transformación. Un político tiene que verse como índice posible para transformar la realidad y poder transformar a otra cosa diferente”.

Barbosa Huerta también habló de los recientes destapes y autodestapes de personalidades que aspiran a la Presidencia de la República, de las posibilidades de cada uno y de sus propias expectativas políticas.

Sobre el PRI, dijo que tiene formas muy tradicionales de resolver sus cosas y cuando vuelve en 2012 a alcanzar el Ejecutivo federal, “repone sus formas de manera automática”. En el partido tienen como premisa “moverse solo si el poder lo ordena”, y esa es una de sus fortalezas, pero también una de sus debilidades. Ahora mismo, agregó, estamos esperando el reacomodo del gabinete de Enrique Peña Nieto.

En el PAN, apuntó, lo nuevo es la aspiración de Margarita Zavala a la candidatura presidencial en 2018. “Cuando vio que el escenario estaba absolutamente resuelto para Ricardo Anaya como presidente nacional del PAN, porque ha habido una avalancha de adhesiones tipo PRI a favor de éste, salta la pretensión” de la exprimera dama.

Zavala ya se había planteado competir por la presidencia del PAN y ahora se pone en la ruta de buscar la candidatura presidencial.

Otros candidatos rumbo al 2018 en esa fuerza política, soltó, son Gustavo Madero y Rafael Moreno Valle, pero Ricardo Anaya “también tiene potencial para buscar la candidatura. Son las tres cartas del PAN”.


Respecto de su conocida aspiración a la gubernatura de Puebla, Barbosa admitió: “No descarto nada, no descarto ninguna forma de participación. Buscaré estar en la política, y si ya no hay cargo en la política, también me veo como político haciendo política sin cargo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Slim ayudará a Javier Duarte a rescatar megaobra fallida

XALAPA, Ver: Con la ayuda del magnate Carlos Slim, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa pretende rescatar el fallido proyecto del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, cuya obra se encuentra parada desde hace dos años.

Al comparecer ante el Congreso local, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), Tomás Ruiz, detalló que el propietario de Grupo Carso está dispuesto a invertir 500 millones de pesos aproximadamente siempre y cuando se amplíe la concesión de 30 a 45 años.

Como ello depende de los legisladores, el exdirigente del Panal que regresó al servicio público en marzo pasado trató de vender la idea de que es una inmejorable oportunidad para rescatar el proyecto del Túnel, cuya construcción inició en 2004 con un presupuesto de 2 mil 065 millones de pesos y que ahora requiere de una inversión de 5 mil 134 millones 800 mil pesos.

La obra se encuentra parada desde agosto de 2013. La Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos S.A. (Cotuco), la española FCC Construcción y el gobierno de Duarte argumentaron “quedarse sin recursos” para concluirla.

Durante la comparecencia, diputados de la oposición recordaron que aún se están desahogando presuntos desvíos millonarios detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Incluso hicieron notar que el Órgano de Fiscalización (Orfis) promovió denuncias en contra de servidores públicos y directivos de las propias constructoras por una serie de irregularidades.

“La obra la recibimos quebrada, le faltan 500 millones, hay denuncias de hechos que tendrán que desahogarse, no es un borrón y cuenta nueva…de aceptar la inyección de capital  no costará un peso más a los veracruzanos, cualquier cargo extra será con cargo al concesionario”, justificó Ruiz.

Además, aseguró que si el Legislativo aprueba la participación de Carso, en un mes se reanudaría la obra que conectará la congregación de Villa Allende con la zona portuaria de Coatzacoalcos en el lapso de un año.

Los diputados del PT y del MC, Fidel Robles y Cuauhtémoc Pola, y los panistas refirieron que en mayo pasado el entonces titular de la Siop, el expanista Gerardo Buganza, actual secretario de Gobierno, hizo las mismas promesas e incluso llamó “bribones” a servidores públicos priistas y a los constructores de la obra por un presunto desfalco de 2 mil millones de pesos.

“Hay un desfalco de 2 mil millones de pesos, Buganza lo dijo en anterior comparecencia, nos dijo que se pusieron denuncias y no ha pasado nada. Nos hizo falsas promesas. ¿A quién le creemos señor secretario a usted o a él?”, reprochó el panista, Julen Rementería.

Es más, puso dos audios en los que Buganza se comprometía a rescindir el contrato a Cotuco y a FCC y que emprendería querellas por las vías civil y penal para recuperar “los recursos necesarios” para concluir la colosal obra.

Fidel Robles, del PT, comentó que la intervención de Carso se utilizaría como una certificación simulada para avalar la impunidad: “El señor Slim sacará mil millones de su cartera, los cuales debe de traer como morralla (sic) para avalar la corrupción y la impunidad, imperantes en esta obra”.

Durante las tres horas que duró la accidentada comparecencia de Tomás Ruiz, , algunos legisladores sacaron cartulinas con diversas leyendas: “Fue el túnel de la Fidelidad (sic), de la Prosperidad (sic), es el túnel de la impunidad)”, “Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, primer lugar a la corrupción” y “nuestro elefante blanco de los 5 mil millones”.

Pese a las críticas, el secretario de Infraestructura sonrió y hasta se burló de las críticas hacia los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Ya en serio, explicó que, con el nuevo “acuerdo de entendimiento”, el reajuste en la Tasa Interna de Retorno (el rendimiento del peaje de dicho túnel de 30 a 45 años) y la terminación de juicios entre ambas partes (gobierno y empresas) las arcas públicas podrán ahorrarse mil 100 millones de pesos.

El semanario Proceso dio cuenta en su edición número 1886 que la obra ha estado plagada de irregularidades: Desvío de recursos, fallas estructurales, hundimientos y soportes mal hechos, así como materiales de precaria calidad.

Incluso la auditoría 09-A-30000-04-0548 del 2009 de la ASF reportó un “dictamen negativo” al pliego de observaciones, pues acotó que el gobierno de Veracruz incumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y pago.

En la revisión de la auditoría 2010, las observaciones e inconsistencias también fueron considerables, pues en ambas hay irregularidades que se aproximan a los 400 millones de pesos.


La ASF observó que en la construcción del Túnel Sumergido se incumplió con los parámetros mínimos de calidad en sus materiales y procedimientos constructivos, como estabilidad, seguridad estructural y vida útil de la obra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

En solo 10 días, agreden a balazos y machetazos a más de 200 migrantes en México

Aunque uno de los objetivos fundamentales del Plan Frontera Sur es la protección de los migrantes a su paso por México y el combate a las redes criminales que los extorsionan, en menos de dos semanas durante el mes de junio se produjeron dos ataques masivos en Sonora y Veracruz contra personas indocumentadas.

A pesar de que uno de los objetivos fundamentales que plantea el Programa Frontera Sur –la iniciativa que el presidente Peña Nieto lanzó el 7 de julio del 2014- es la protección de las personas migrantes y el combate a los grupos delictivos que se dedican al tráfico y a la extorsión de indocumentados, más de 200 migrantes han sido agredidos a balazos y machetazos en menos de dos semanas del mes de junio a su paso por México.
El primer evento de ataque masivo a migrantes se produjo el pasado martes 2 de junio en la frontera de Sonora con Arizona, Estados Unidos.

Ese día, un grupo de 120 migrantes se dirigía hacia la línea fronteriza estadounidense cuando, después de varias horas de trayecto, uno de los vehículos en los que viajaban se descompuso y el grupo se detuvo para descansar. En ese momento, apareció un sujeto armado y vestido con ropa militar que encañonó a varios indocumentados y les ordenó tirarse en el suelo.

Posteriormente, y sin mediar palabra, el sujeto abrió fuego de manera indiscriminada contra todos, provocando la muerte de al menos tres personas, según informó la Procuraduría de Justicia de Sonora.

De acuerdo con la narración que 13 centroamericanos sobrevivientes dieron a diferentes organizaciones civiles, la balacera, en la que participó otro hombre vestido con ropa tipo militar, también ocasionó que más de 100 indocumentados que viajaban en el grupo corrieran para dispersarse por el desierto.

A más de dos semanas de los hechos, la organización Amnistía Internacional México denuncia que las autoridades mexicanas aún no han ofrecido información sobre el paradero de estos migrantes, ni han dado más detalles sobre las pesquisas del caso.

“Las autoridades del gobierno de Sonora dicen que son tres muertos y 13 rescatados, pero no sabemos qué pasó con el resto de personas que huyeron porque, hasta el momento, no vemos que se esté llevando a cabo una investigación exhaustiva de los hechos”, apunta en entrevista con Animal Político Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional (AI) México, quien exige que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga las averiguaciones, “debido a la presencia de grupos delincuenciales en la zona desértica de Sonora, y por los indicios de la vestimenta militar de los agresores”.

“Este caso debe ser investigado a fondo –insiste el activista-. No puede ser que se cierre sólo porque las autoridades del gobierno de Sonora ya dijeron que encontraron tres cuerpos”.

El otro ataque a migrantes ocurrió tan sólo 10 días después, el viernes 12 de junio; cuando al menos 20 personas armadas con escopetas, pistolas y machetes, agredieron a un grupo de 100 centroamericanos que viajaban en el tren llamado ‘La Bestia’ a su paso por la zona conocida como Las Tembladeras y San José del Carmen, municipio de las Choapas, al sur de Veracruz.

Los migrantes que lograron escapar de la agresión y acudieron al DIF municipal de las Choapas señalaron que el grupo armado les exigió una cuota de 100 dólares para continuar con el viaje, informa el diario digital veracruzano Plumas Libres.

Debido a que muchos de los indocumentados no pudieron pagar o se negaron a hacerlo, los agresores los golpearon, los despojaron de sus pertenencias, y los balacearon en un hecho que ya tuvo un precedente en agosto del año 2013, cuando integrantes del crimen organizado atacaron a más de 500 migrantes en esa misma zona de Las Tembladeras.

En lugar de investigar, autoridades iniciaron una ‘cacería de brujas’: Casa Migrante Saltillo

Tras estas agresiones, organizaciones civiles denuncian que las autoridades mexicanas respondieron con operativos policiacos para detener más migrantes y traficantes de personas, como el que tuvo lugar en Caborca, Sonora, pocos días después del ataque contra 100 indocumentados en la zona desértica entre México y Estados Unidos.

“El INM respondió a estos hechos iniciando acciones coordinadas con la Policía Federal para hacer cateos ilegales, es decir, sin una orden, en hoteles y casas particulares donde se hospedan migrantes. Entonces, en lugar de iniciar una investigación profesional, lo que empezaron fue una cacería de brujas contra indocumentados. Y creemos que esa no debe ser la respuesta del estado mexicano”, indica en entrevista Alberto Xicontécatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo.

Por su parte, Amnistía Internacional México mostró su preocupación por “la falta de información y orientación” que los sobrevivientes han recibido por parte del INM sobre sus derechos como víctimas de una agresión en México.

En este sentido, Perseo Quiroz, director de la oficina en México de AI, subrayó que las autoridades mexicanas “no explicaron con claridad” a los migrantes agredidos que por ser víctimas de un delito grave en México deberían recibir una visa humanitaria para poder obtener atención médica y emocional. Incluso, Amnistía Internacional refiere que tampoco les explicaron la diferencia entre una deportación y un retorno asistido, y que les pidieron “firmar documentos donde renuncian los migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados”.

Ante esta situación, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabriniana para Migrantes en la sección México, exigió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar el respeto a los derechos de los sobrevivientes.


“¿En qué momento llegó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender estas personas de manera integral? –se cuestiona retóricamente Gutiérrez durante la plática con Animal Político para dejar un silencio como respuesta-. Estos migrantes que fueron agredidos en Sonora llegaron completamente traumados. Hay una declaración de un niño de 17 años que dice que fue “el peor momento de su vida”. Y sin embargo, las autoridades mexicanas no han tenido la sensibilidad para proteger, acompañar y dar certeza a estas personas de que van a tener una reparación del daño”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

El líder de la CNTE reta a la SEP y pide a los maestros no hacer la evaluación

Pese a lo que ha dicho el responsable de la educación en México, Emilio Chuayffet, Rubén Núñez pidió a todos los maestros unirse al boicot a la evaluación docente.

Pese a la advertencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, acerca de que “llueve o truene” se realizarán las evaluaciones docentes en México, el líder de la Sección 22 de la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez, convocó a todos los maestros a no realizar los exámenes.

“No participen en el proceso de evaluación punitiva en todas sus etapas, que a partir de estas fechas está convocando el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) que someterá a todo trabajador al proceso de separación y despido del servicio educativo”, indicó Núñez en una circular, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. 

Ayer 17 de junio, los profesores de Oaxaca –integrantes de la Sección 22– regresaron a clases, luego de un paro de dos semanas que dejó sin clases a 950 mil estudiantes, informó el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés Robles.


Sin embargo, a pesar de haber cedido en cuanto al regreso a las aulas para terminar el ciclo escolar 2014–2015, que concluye oficialmente el 14 de julio, los maestros amenazaron con boicotear la aplicación de las evaluaciones docentes, previstas entre el 20 y 22 de junio para la promoción de maestros a los cargos de director y supervisor.

“Hoy estamos mucho mejor que antes” en seguridad: Osorio

México, DF. Aunque México fue ubicado en el sitio 144 –de entre 162 países– del Índice de Paz Global 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y Paz (IEP) con sede en Australia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que “hoy estamos mucho mejor que antes” y llamó a leer “con atención” dicho documento.

“Estamos incluso mejores que otras ciudades de Estados Unidos o América Latina. Hemos venido avanzando, los resultados impactan desde que llegó este gobierno. Es significativo que se den estos resultados, pero hay que leerlos a profundidad porque sin duda hay un gran avance en temas de seguridad” tras rechazar que los niveles de México hayan empeorado.

El estudio destaca que México “experimentó una baja considerable en la violencia desde 2011 y el nivel de paz a nivel nacional ha mejorado 16 por ciento... México avanzó en sus niveles de paz de 2.55 a 2.53 unidades entre 2014 y 2015”.

Osorio Chong insistió en revisar los indicadores “para ver cómo estábamos y cómo estamos, y a las cifras me atengo. En cada región puedo mostrar las mejoras. Si vemos cómo estábamos en La Laguna, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Durango, Veracruz o Zacatecas, Michoacán. Si vemos cada uno de los delitos que se cometían vemos una disminución en el secuestro de más de 40 por ciento, de la extorsión de más de 60 por ciento”.

El secretario de Gobernación fue entrevistado tras inaugurar el Encuentro internacional sobre la reforma al sistema de justicia penal: experiencias comparadas, que tiene lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CIRO PÉREZ SILVA.

Indígenas ante la justicia mexicana: sin intérpretes, sin defensa

A pesar de que la Constitución consagra del derecho a tener un intérprete que hable su lengua materna durante cualquier proceso jurídico, la mayoría de los indígenas de México que denuncian un delito o son acusados de haberlo cometido, están condenados a vivir una experiencia kafkiana: enfrentar un proceso sin poder comprender nada.

Cuando era niña, Felipa Reyes Jiménez vio a su mamá peregrinar de una dependencia pública a otra sin poderse defender porque no hablaba español.

Su familia, proveniente de la zona purépecha de Michoacán, había migrado a Guadalajara para vender muebles de madera. Los inspectores del Ayuntamiento los maltrataban, los extorsionaban, incluso llegaron a robarles su mercancía.

Entonces, Felipa se prometió que sería abogada. Y que trabajaría para aminorar esta desventaja que enfrentan los pueblos indígenas.

Egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara, Felipa trabaja hoy en la Comisión Estatal Indígena (CEI), donde hace “gestiones” —como ella dice—, para que tratar de que todos los indígenas tengan un intérprete. Ha auxiliado a personas en escuelas, dependencias de gobierno, hospitales y hasta en morgues.

Desgraciadamente, su esfuerzo es excepcional e insuficiente. Detenidos por un par de horas o hasta presos por años la mayoría de los indígenas que han sido detenidos en Jalisco no tienen un intérprete certificado que hable su lengua materna. Lo mismo viven aquellos que fueron víctimas de un delito y que, al querer denunciar, no tienen quien les permita traducir de su lengua al español.

“Ni siquiera en las agencias del ministerio público de la región [Norte de Jalisco], donde prácticamente caen un gran porcentaje de indiciados wixaritari existen intérpretes”, lamenta el abogado Ramón Chivarras López, de la Comisión Estatal Indígena (CEI). En el país hay 583 intérpretes certificados, según el Padrón Nacional de Intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Ninguno de ellos está en Jalisco. Si no hay intérprete de la lengua wixárika, lengua materna del principal pueblo indígena del estado, tampoco para el zoque, nahua, tsotsil, zapoteco o alguna otra de las lenguas que hablan los indígenas que han migrado a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Población indígena

En México el 15 por ciento de la población es indígena, según el Censo del 2010 del inegi. Esta población habla 68 lenguas maternas distintas. El Artículo 2º de la Constitución Mexicana consigna su derecho a tener un intérprete en su lengua materna durante un proceso jurídico. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que, para garantizar este derecho constitucional, el Estado deberá apoyar a la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores.

Al no tener un intérprete o abogado defensor que conozca su lengua, los detenidos se explican ante el Ministerio Público “como dios les da a entender”, dice Felipa Reyes Jiménez.

Para los cursos de capacitación o diplomados de formación de intérpretes es necesario que cada entidad, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) abran la convocatoria. En Jalisco, hasta el momento, no se ha realizado ningún curso de capacitación para futuros intérpretes, según confirmaron el Inali y la CEI.

El director de acreditación, certificación y capacitación del Inali, Genaro Cerna Lara, aseguró que “tenemos planeado realizar en los meses de julio y septiembre un proceso de formación de intérpretes para Jalisco”. Al cuestionarle por qué no había ocurrido esto antes, respondió que “son las cuestiones de prioridades. Tenemos estados donde tenemos una gran cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Eso se va priorizando de acuerdo al número de personas hablantes de cada entidad federativa, así como los números de casos que se presentan en el censo penitenciario”. Según información del Padrón Nacional de Intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Oaxaca hay 77 intérpretes, en Chiapas 40, en el Distrito Federal 32, en San Luis Potosí 37 y en Veracruz 61.

Aunque los números pueden parecer que en algunos estados las cosas no están tan mal, si los comparamos con el porcentaje de hablantes indígenas, la perspectiva cambia: en Chiapas hay un intérprete por cada 37 mil indígenas; en Michoacán, uno por cada 19 mil; en Yucatán, uno por cada 11 mil.

Cerna Lara señala que un intérprete debe cumplir el estándar de “interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de impartición y procuración de justicia”. El instrumento el Inali evalúa estas habilidades de los candidatos a través de un examen y de la simulación de un juicio oral. En este juicio, el intérprete debe demostrar que conoce los términos jurídicos en lengua indígena y en español.

Sin intérpretes certificados, la Comisión Estatal Indígena atiende a quienes necesitan un intérprete de las siguientes maneras. Felipa Reyes habla purépecha, así que cuando la persona detenida habla su lengua materna ella misma le auxilia; cuando el detenido pertenece a la comunidad indígena wixárika, Ramón Chivarras López lo apoya. Y en el municipio de Colotlán hay dos voluntarios que auxilian en la traducción. Uno es estudiante de derecho y otro de antropología.

Los abogados de la CEI tratan de paliar las deficiencias institucionales través de una red de personas que conocen o hablan alguna lengua indígena. Tienen un directorio con los datos de quienes han acudido a CEI a realizar algún trámite, y cuando necesitan apoyo para interpretar, los contactan y les piden colaboración voluntaria. También buscan ayuda en el Centro Rural de Educación Superior Estipac.

Chivarras explica que cuando un indígena no tiene un intérprete “se les está vulnerando las garantías de acceso a la justicia” y su derecho al debido proceso. La mayoría de las ocasiones, señala, los casos de indígenas sin intérprete llegan con el defensor de oficio, que tampoco habla su lengua materna.

“Muchas veces el juzgador no entiende las características culturales de los pueblos indígenas y los distintos modos en que se desenvuelven las comunidades”, asegura el abogado wixárika Samuel Salvador Ortiz, de la Unidad de Atención de Comunidades Indígenas de la UdeG. Por eso es necesarioa que los intérpretes no sólo tengan conocimientos legales, sino que conozcan los usos y costumbres de las comunidades.

Felipa Reyes coincide: como abogada indígena analiza el peso de las palabras durante una declaración deben ser interpretadas por un conocedor de la cosmovisión de las comunidades. Por ejemplo, palabras como “metralleta” o “cigarro” no existen en el purépecha. Entonces, el intérprete “lo que hace es decir la acción”, para decir cigarro se explica que es algo con lo que se fuma y para decir metralleta se hace referencia “a algo que daña”.

En 2013, la Procuraduría Social de Jalisco y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) firmaron un convenio para ofrecer asesoría y defensoría jurídica, para crear un padrón de presos indígenas y dar apoyo financiero para los procesos legales; sin embargo hasta el momento no existe este padrón actualizado, uno de los puntos a los que se comprometieron a través de este convenio.

Lo anterior en el marco del “Programa para la excarcelación de presos indígenas” para que personas indígenas privadas de su libertad, o en riesgo de perderla, y que no hablen el español dispongan de apoyo para el seguimiento de sus casos e incluso pago de fianzas por parte de la cdi.

Sin padrón actualizado en Jalisco no se conoce cuántos indígenas y en qué reclusorios regionales están, tampoco se tienen conocimiento de su proceso legal. Se solicitó entrevista con la delegación Jalisco de la cdi pero no se tuvo respuesta.


Según los abogados entrevistados, hay entre 70 y 90 indígenas presos en los reclusorios de Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012” documentó que “hay deficiencias en el servicio de intérpretes en los casos necesarios” en los reclusorios de Jalisco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rechaza PRI acusaciones contra Astudillo sobre nexos con el crimen

“Resulta inexplicable y sospechoso que sea hasta ahora, consumado el triunfo de Héctor Astudillo, que tengan lugar dichas declaraciones”, mencionó César Camacho, sobre un presunto financiamiento del crimen organizado.

El presidente nacional del PRI, César Camacho, calificó de irresponsables y temerarios los señalamientos de la dirigencia nacional del PRD sobre presuntas irregularidades durante el reciente proceso electoral en Guerrero.

Se refirió a las acusaciones formuladas también por la candidata perredista a la gubernatura del estado en las que, sin pruebas, afirma la intromisión del crimen organizado en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en aquel estado.

Camacho Quiroz manifestó que “resulta inexplicable y sospechoso que sea hasta ahora, consumado el triunfo de Héctor Astudillo, que tengan lugar dichas declaraciones”.

Además exigió a quienes se manifestaron en ese sentido que acrediten ante las autoridades competentes la veracidad de sus dichos.


El miércoles, en conferencia de prensa, el dirigente perredista Carlos Navarrete, y la candidata al gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica, denunciaron que la delincuencia organizada participó, actúo, financió y amenazó candidatos para facilitar el triunfo del PRI en territorio guerrerense. 

170615 by Aristegui Noticias:

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FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tamaulipas: sorprenden a grupo delincuencial instalando videocámaras

En Reynosa, descubrieron que dos sujetos instalaban una videocámara; ambos llevaron a ubicar otras 38 colocadas en la misma ciudad.

Elementos de Fuerza Tamaulipas desmantelaron, en la ciudad fronteriza de Reynosa, 39 videocámaras instaladas por instrucciones de un grupo delincuencial que opera en esa región.

El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó en un comunicado que los policías estatales sorprendieron a dos individuos cuando instalaban una de las referidas videocámaras, las cuales utiliza el grupo criminal para monitorear las actividades y desplazamientos de las fuerzas federales y estatales.

La dependencia estatal detalló que estas personas instalaban los aparatos de videograbación en un poste ubicado en la esquina de la calle Río Purificación, en la colonia Doctores de Reynosa, Tamaulipas.

Ambos individuos declararon que instalaron otras 38 videocámaras y llevaron a los policías estatales a los puntos, por lo que la Fuerza Tamaulipas desplegó un operativo para desmantelarlas en su totalidad.


Las videocámaras desmanteladas y los dos detenidos, cuyos nombres no se dieron a conocer, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Medina se defiende

El gobernador de Nuevo León habla en entrevista sobre la serie de acusaciones que por corrupción enfrentó durante el proceso electoral en su estado. Asegura que no hay ningún enriquecimiento ilícito y dice sentirse tranquilo por la investigación que hará el gobernador electo, el independiente Jaime Rodríguez, en contra de su familia y su administración.

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, está dispuesto a que investiguen su administración. Es lo normal, asegura.

Pero no está dispuesto a que se haga una persecución política. Desde sus oficinas en el Palacio de Gobierno el mandatario se dice consciente de que la nueva administración tiene derecho a investigar su trabajo durante los últimos seis años.

Lo mismo hizo él al llegar y es lo que tradicionalmente se hace.

Medina insiste en que no ha cometido ningún tipo de delito y que no se ha enriquecido desde su cargo. Se defiende. 

Muestra los cheques y las escrituras de la casa que compró en el Club de Golf Las Misiones. Ese inmueble, detalla, lo adquirió con los ahorros de casi 20 años de trabajo. 

Se le ve tranquilo como gobernador que termina su sexenio. Previo a la entrevista, charla con sus colaboradores y hace pruebas de sonido. Sonríe. Está peinado milimétricamente. Viste un traje oscuro con camisa blanca. Una corbata en tonos rosas y azules. 

En el salón contiguo a su despacho dice que se siente orgulloso de haber creado la Fuerza Civil, la que considera un ejemplo de renovación policiaca para un estado que estaba sumido en la inseguridad.

El gobernador de Nuevo León insiste en que toda su gestión ha estado llena de obstáculos. En los últimos meses se ha visto envuelto en la polémica por las propiedades de su familia como un tema que se utilizó durante la campaña electoral.

La candidata priista Ivonne Álvarez tuvo incluso que deslindarse de Medina y prometió una investigación al respecto.

Hace 3 años Reporte Indigo reveló las inversiones millonarias que Humberto Medina Ainslie, padre del mandatario, y Alejandro Medina, hermano, tenían en dos desarrollos inmobiliarios en la ciudad de San Antonio, Texas.

El tema revivió en el pasado proceso electoral junto con la adquisición de terrenos por parte de los familiares del gobernador en el municipio de Mina, Nuevo León, donde se planeaba la construcción de un penal de alta seguridad.

> ¿Se han enriquecido usted y su familia durante su mandato?

“Yo le compartí a los ciudadanos un desplegado, cuando estaba recibiendo estos embates durante 90 días consecutivos, que yo saldría a dar la cara una vez que pasaran las elecciones. Y que la veda electoral ya no me impidiera salir abiertamente a los medios.

“Lo niego rotundamente. No hay ningún enriquecimiento ilícito ni ninguna situación ilegal o ilegítima en mi patrimonio. Se me criticó, por ejemplo, que compré una casa en el fraccionamiento Las Misiones. Claro que la compré. La compré con mis recursos en el 2014 y es la casa a donde pienso irme a vivir.

“Aquí están copias de los cheques en donde se demuestra la compra, de una chequera a nombre mío, por 12 millones, aquí está la escritura pública, aquí están los impuestos que se pagaron. También de una chequera a mi nombre. Se ha pretendido hacer ver que todo esto se hizo en seis años.

“Yo tengo 20 años trabajando, he sido diputado federal, he sido Secretario General de Gobierno, delegado federal, Jefe de la Unidad de Inteligencia, he trabajado en la Secretaría de Gobernación en México, he trabajado en mi despacho. Mi esposa ha trabajado también y eso nos ha permitido tener ahorros para tener una casa.

“No tengo varias casas, es la única que poseo”.

> ¿Actualmente vive en Casa de Gobierno?

“Vivo en casa de gobierno. Vendí mi casa que tenía en la Colonia Tampiquito, en San Pedro. Con el producto de 20 años de trabajo y con los ahorros de mi esposa, pues logramos comprar esa casa.

“No está a nombre de otra persona o de un tercero. En este caso está a nombre de mi esposa. Así de transparente. Se la compré a mi familia, a mi esposa y a mis hijos.

“Tengo un terreno en General Terán, igual con una cheque de una chequera a nombre de Rodrigo Medina, es de 36 hectáreas, con una casa móvil, que adquirí por 500 mil pesos. Tengo un 20 por ciento de una propiedad en San Pedro que le corresponde a mi familia en la Avenida Tamazunchale.  Y una acción en el Club Campestre”.

> En el caso de su familia tienen desarrollos inmobiliarios en Texas. ¿cómo explica eso?

“Primero: ni como funcionario ni como persona tengo qué ver con los negocios de mi hermano y de mi padre. Pudiera pensarse que quizás ellos estén cuidando parte de mi patrimonio. Pero no es así. Segundo: eso no quiere decir que sea ilegal. Ellos están en total libertad de ejercer su actividad empresarial en este País como cualquier persona, siempre y cuando sea legal y legítimo. Las propiedades que ellos han adquirido en Texas, la gran mayoría de ellas se deben al banco, están hipotecadas, como lo hace la gran mayoría de los desarrolladores: piden un crédito bancario, compran la tierra, la desarrollan y tienen un ingreso legítimo. Lo han hecho mucho antes de que yo fuera Gobernador”.

> ¿De dónde sacaron el dinero?

“De los bancos. Se debe”.

Medina dice que de esas inversiones él no tiene ninguna utilidad. Y les reconoce a sus familiares que todo lo han puesto a su nombre ya que no tienen nada qué ocultar. Reitera que en el sector inmobiliario de Texas su hermano Alejandro es conocido desde hace más de una década.


> En su momento usted dijo que ellos darían explicaciones de todo esto. ¿Sabe cuándo y cómo lo harán?

“No lo sé porque ellos no son servidores públicos. Ellos no han sido notificados ni han sido requeridos por un tribunal. Ni tendrían por qué  hacerlo. Yo porque soy un funcionario público, soy Gobernador del Estado y estoy aquí enseñando mis documentos y porque estoy sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ellos son personas físicas. Será una decisión que ellos deberán de tomar. Finalmente mi padre tiene 47 años de trabajo. Pero ¿qué quieren hacer ver? , como si todo su patrimonio y lo que tiene lo hizo en la administración de su hijo”.

> ¿Se ha hablado de que él –su padre- operaba en su administración?

“Pues sí. Otra vez lo mismo. Se hablaba. Como se hablaba de que yo vivía en San Antonio, tan absurdo y había gente que se lo creía. Yo iba y venía. Mentira, es falso”.

“Es histórico el embate del que he sido objeto”, confiesa, “pues nunca en mi carrera política había visto que se personalizara tanto la crítica contra un mandatario”.

> Por más explicaciones que dé usted habrá quien no lo crea. ¿Está usted dispuesto a pasar a la historia como un gobernador envuelto en temas de corrupción?

“Yo creo que sí se le puede dar la vuelta, con pruebas. Y dando la cara. Vámonos al tema de los primeros tres años. 

“Me hacían la misma pregunta: ¿Gobernador está usted dispuesto a pasar a la historia como quien se dejó vencer por la inseguridad y que le dejó a Nuevo León un estado de terror? ¿O pasar a la historia como el que no terminó porque no pudo con el paquete? 

“Bueno, pues sí se pudo y sí le dimos la vuelta al tema de la inseguridad y ahora vienen de otros estados de la República a copiar el modelo de Nuevo León. Pretendo hacer lo mismo con esto”.

> ¿El resultado de la elección se asocia a esta polémica en torno a su persona?

“Creo que sería muy simple decir que el resultado de una elección se asocia a un gobierno, a una persona, o a un momento. Hay una multiplicidad de factores con respecto al proceso electoral. Se están viviendo fenómenos electorales de este tipo, platicábamos hace un momento de Madrid, Barcelona, el Reino Unido. La gente está votando por ofertas distintas a las que tradicionalmente se le ha dado. Si el resultado hubiera sido atribuible al PRI, pero fue para los dos partidos principales en el gobierno. No, la gente dijo: este es el sistema que yo conozco, para bien o para mal, pero ahora quiero yo una nueva oferta. Independiente. La gente votó por innovar, por atreverse”. 

> ¿Teme usted que vaya a ser perseguido por toda la expectativa que se generó ante la promesa de investigarlo?

“Todos los gobiernos entramos haciendo investigaciones, no persecuciones. Una cosa es la investigación que uno hace sobre el estado que guardan las cosas y de las cuales vas a tomar el control. Pero otra cosa es que haya una persecución política. El que nada debe nada teme”. 

> ¿Está dispuesto a ser investigado?

“Por supuesto que sí. No nada más yo. Todos los funcionarios de mi administración. Yo hice lo mismo. Revisas y ves cómo están las cosas. Eso es una investigación. Otra cosa es que digas yo tengo que encontrar para poder quedar bien, eso es otra cosa. Ojalá que eso no pase porque eso no ayuda a nadie, distraen y generan encono.”

En sus palabras:

> DE SU CASA
Yo tengo 20 años trabajando, he sido diputado federal, he sido Secretario General de Gobierno, delegado federal, jefe de la Unidad de Inteligencia, he trabajado en la Secretaría de Gobernación en México, he trabajado en mi despacho. 

Mi esposa ha trabajado también y eso nos ha permitido tener ahorros para tener una casa. No tengo varias casas, es la única que poseo”

> DE SU FAMILIA
Primero: ni como funcionario ni como persona tengo qué ver con los negocios de mi hermano y de mi padre. Pudiera pensarse que quizás ellos estén cuidando parte de mi patrimonio. Pero no es así. Segundo: eso no quiere decir que sea ilegal. Ellos están en total libertad de ejercer su actividad empresarial en este país como cualquier persona, siempre y cuando sea legal y legítimo”

> DE LAS ELECCIONES

Creo que sería muy simple decir que el resultado de una elección se asocia a un gobierno, a una persona, o a un momento. Hay una multiplicidad de factores con respecto al proceso electoral. Se están viviendo fenómenos electorales de este tipo (…) La gente está votando por ofertas distintas a las que tradicionalmente se le ha dado”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO ESTROP.

Valencia lanza la primera piedra

El diputado electo y exdelegado en Iztapalapa niega haber traicionado al PRD en el pasado proceso electoral. Dice que a los culpables del mal paso del partido hay que buscarlos en la dirigencia  nacional y local.

“Si hay que buscar culpables de lo que ocurrió en el Distrito Federal, los dos grandes culpables son Jesús Zambrano y Raúl Flores”, acusa Jesús Valencia .

El exdelegado en Iztapalapa está bajo sospecha de haber jugado a favor de otras fuerzas políticas en la demarcación.

“Raúl Flores que se vea en un espejo”, dice Valencia sobre el presidente del PRD en la Ciudad de México, quien puso en el escenario el tema de las traiciones tras el descalabro que sufrió el partido en la capital.

El Sol Azteca perdió ocho de las 14 delegaciones que gobernaba y la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El polémico exdelegado de la jurisdicción más ambicionada por los partidos políticos, debido al presupuesto que recibe anualmente y a la cantidad de votos que representa, se defiende.

“No estoy de acuerdo en el tema de buscar culpables, pero si hay que hacerlo, Zambrano y Flores lo son”, acusa.

Dice que analizar lo que ocurrió durante y después del proceso de selección de candidatos permite detectar que hubo mucho maltrato hacia grupos internos, a los que se les dejó fuera de la repartición de candidaturas del PRD, y que a la hora de votar se desquitaron y golpearon al partido.

“Sabíamos, por ejemplo, que (René) Bejarano iba a votar diferenciado, si lo dejaste fuera de la delegación Cuauhtémoc, qué esperabas”, cuestiona.

Valencia se refiere al proceso interno del PRD a través del cual René Bejarano, cuyo grupo político gobernó los últimos años la delegación Cuauhtémoc, no pudo colocar a ninguno de sus candidatos y más aún fue traicionado por algunos, como el exdelegado Alejandro Fernández.

La cuota para Valencia

El perredista relata que días antes de la elección en el Distrito Federal, Jesús Zambrano, dirigente nacional, y Raúl Flores,  líder capitalino, lo citaron en un restaurante para informarle cuál sería su cuota a cumplir: tres distritos, dos locales y uno federal.

Aunque se inconformó con la asignación (pues en esas zonas que le comisionaron él no traía el control total de la gente ni del voto), los dos dirigentes le pidieron acatar, pues ya se había hecho la repartición y no había marcha atrás.

“Cumplimos y cumplimos bien. Somos la única delegación en la que se ganó la jefatura delegacional, siete de ocho distritos locales, y tres de seis de los federales”, puntualiza.

“A mí me tocaron tres candidaturas, las tres que ganamos”, dice Valencia, para refutar las acusaciones de que él traicionó en Iztapalapa.

Reitera una y otra vez que ante la marginación que tuvieron dentro del PRD muchos militantes buscaron opciones en otros partidos. 

Y como muestra refiere el caso de una de sus colaboradoras en Iztapalapa, Abril Yeanette Trujillo, quien fue su directora territorial en Ermita Iztapalapa.

Esta exfuncionaria al ver que no tenía posibilidades en el PRD se registró en el Partido del Trabajo, luego en Movimiento Ciudadano, donde la impugnaron, y al final en el Partido Encuentro Social (PES), con el que consiguió una diputación local por la vía plurinominal.

¿Trabajaste a favor del PES en estas elecciones?, se le cuestiona.

“Yo tengo muchos amigos en todos lados”, responde Valencia con una sonrisa.

Asegura apoyar a Dione

El exdelegado en Iztapalapa arribará al Congreso de la Unión a través de una candidatura plurinominal del PRD.

Se jacta de llegar fortalecido a la Asamblea Legislativa del DF a través de varios diputados locales a los que apoyó, posición que le permitirá negociar espacios en la propia delegación y hasta en el gobierno.

Con este escenario, Valencia  rechaza que se le tache de traidor. Reconoce que hace tres años sí ocurrió la reunión en un hotel de la Ciudad de México a la que hace referencia la delegada electa en Iztapalapa, Dione Anguiano.

Ese día, Marcelo Ebrard decidió que le tocaba primero a Valencia gobernar Iztapalapa, y luego sería el turno de ella.

Pero también advierte que a partir del 5 de diciembre, cuando Miguel Ángel Mancera asumió como jefe de Gobierno en el Distrito Federal, las reglas del juego cambiaron.

“Nunca le regatee el apoyo”, refiere respecto a Anguiano.

Valencia se prepara para llegar al Congreso de la Unión dispuesto a negociar con el mejor postor respecto a los espacios que asume le corresponden en la Asamblea local. 

El exdelegado ha resultado invicto de escándalos personales y políticos, como el de la camioneta que chocó, que le había prestado uno de los principales proveedores de la delegación.


Y los señalamientos tras comprar una mansión en una de las zonas más costosas de la Ciudad de México.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Sepultan 207 iniciativas de diputados, entre ellas la Ley de Aguas

Declaran precluidas 207 iniciativas de diputados de todos los partidos, por lo que en total mil 113 propuestas de reforma o de nuevas leyes, al no ser discutidas en comisiones, fueron enviadas a la basura.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declaró precluidas 207 iniciativas no dictaminadas dentro del plazo reglamentario, las cuales fueron presentadas entre el 20 de agosto de 2014 y el 28 de enero de 2015.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de este 17 de junio, se desechan 46 iniciativas impulsadas por diputados del PRI; 44, del PAN; 33, del PRD; 13, del PVEM; 22, de Movimiento Ciudadano; 8, del PT; 24, de Nueva Alianza y seis de la agrupación política de Morena.

Las once restantes fueron suscritas por diputados de varios grupos parlamentarios, así como del PRI-PAN, de la Comisión Especial de Programas Sociales, de senadores del PAN y de los congresos de Sonora, Nuevo León y de Puebla.

Cabe precisar que desde el 15 de mayo y hasta la fecha, se han desechado un total de mil 113 iniciativas de ley o decreto, así como 253 puntos de acuerdo.

Del total de mil 113 iniciativas, 42 fueron declaradas precluidas por la Mesa Directiva el pasado 15 de mayo; 474, el 18 de mayo; 390, el 29 de mayo, y 207, hoy 17 de junio.

Algunas temáticas de las iniciativas cuyo plazo venció para ser dictaminadas con fundamento en el artículo 23 numeral 1 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General, son: trabajo, protección a animales domésticos, aguas nacionales, minería, derechos de autor, acceso a la información, responsabilidad ambiental, administración pública, telecomunicaciones y desarrollo social. 

De igual modo, contrataciones públicas, protección al consumidor, derechos de los adultos mayores, protección al medio ambiente, violencia contra las mujeres, control de la cannabis, protección civil, comercio, equilibrio ecológico, registro de personas desaparecidas, delitos electorales, sociedades mercantiles, movilidad humana y educación.

También, becas para estudiantes universitarios, derechos humanos, cooperativas, hidrocarburos, aduanas, impuestos, salud, fuerzas armadas, seguridad privada, igualdad entre hombres y mujeres, deporte, puertos, propiedad industrial, migración, personas con discapacidad, actividad artesanal, industria eléctrica, ciencia y tecnología, deuda pública, empleo a madres solteras y pensionados.

Con ello, será desechado el dictamen de la nueva ley general de aguas, el cual pretendía privatizar la extracción, distribución y cobro por el suministro del líquido.

El pasado 30 de abril, el Pleno camaral autorizó a la Mesa Directiva declarar preclusión de asuntos cuyo plazo ha vencido y de los que durante el Segundo Receso del Tercer Año, concluyan su término para ser dictaminados.


Para ello, la Mesa Directiva dispuso la publicación, en la Gaceta Parlamentaria, de las listas de las desechadas y archivadas, así como la actualización de los registros parlamentarios. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exige Morena anular elecciones en Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza

Simpatizantes y militantes de Morena realizarán este jueves la primera marcha, denominada “de 24 horas”, a un lado del Zócalo capitalino, encabezada por el candidato de ese partido a jefe delegacional en Gustavo a Madero, Ramón Jiménez.

El presidente nacional de Morena, Martí Batres Guadarrama, informó que su partido presentó nueve impugnaciones contra los resultados de las elecciones para jefes delegacionales, y 10 más en varios distritos locales.

En rueda de prensa, acompañado por varios candidatos de esa fuerza política, Batres Guadarrama explicó que, por diversas irregularidades, solicitaron la anulación de los comicios en Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza, y que se repita el proceso electoral.

Asimismo, pidió que se lleve a cabo el recuento voto por voto en la elección para jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras e Iztacalco.

Batres adelantó que llevarán cabo diversas protestas y manifestaciones contra los resultados electorales en esas demarcaciones los días jueves 18 y el lunes 22 de junio.

El dirigente de Morena advirtió que las marchas las efectuarán sin pedir autorización al Gobierno del Distrito Federal, toda vez que se trata de un derecho de reunión establecido en la Carta Magna.

“Las marchas empezarán este jueves y durarán 24 horas, en demanda del recuento voto por voto en la delegación Gustavo A. Madero; la del lunes, 12 horas, para solicitar la anulación de las elecciones en Iztapalapa”, detalló.


En la rueda de prensa también participaron diversas candidatas de Morena, entre ellas Bertha Luján, Clara Brugada y Patricia Ruiz Anchondo, quienes aseguraron que hubo diversas irregularidades en el proceso electoral, como la compra de voto y “secuestro” de casillas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oculta Semarnat la presencia de transgénicos en maíces nativos

René Sánchez Galindo, abogado de la campaña Sin maíz no hay país, señala que la Semarnat mintió a un juzgado federal al contestar la demanda colectiva promovida por 53 ciudadanos y 20 organizaciones civiles.

Dentro del juicio colectivo contra el maíz transgénico, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ocultó al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), organismo público presidido por el propio Secretario de Medio Ambiente, ha detectado varios casos de presencia ilegal de maíz transgénico en maíces nativos en seis estados de la República, entre 2004  y 2012.

René Sánchez Galindo, abogado de la campaña Sin maíz no hay país, explicó que la Semarnat mintió al juzgado federal al contestar la demanda colectiva promovida por 53 ciudadanos y 20 organizaciones civiles, quienes en septiembre de 2013 obtuvieron una medida precautoria para suspender la tramitación y otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico y que ha permanecido vigente por 21 meses y ha soportado 93 impugnaciones en 17 distintos tribunales federales.

La información falsa proporcionada por Semarnat ha sido retomada por las empresas trasnacionales demandadas: Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow Agrosciences, dentro del juicio colectivo.

La información del INECC-añadió Sánchez Galindo- demuestra que el flujo de polen y/o semilla es incontenible. Aún no se ha permitido la siembra comercial de OGM y ya existe presencia de transgenes en maíces nativos.

Por la ley, la presencia maíces modifcados mediante ingeniería genética debiera de ser cero. La importación de maíz amarillo transgénico para consumo, principalmente del ganado, así como las siembras experimentales y piloto durante 2009-2013, podrían ser la causa.


Si se llegara a autorizar la siembra comercial de transgénicos, la afectación al derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación de la diversidad biológica de los maíces nativos y sus pares silvestres, sería irreversible.

Semarnat mintió a un juzgado federal:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Urge Amnistía a Peña indagar ataques contra migrantes en Veracruz y Sonora

MÉXICO, D.F: Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer los ataques de los últimos días en contra de al menos 200 migrantes indocumentados en distintos puntos del territorio nacional.

Luego de destacar que las denuncias por secuestro de migrantes pasaron de 62 a 682 en un año (de 2013 a 2014), la organización internacional pidió al gobierno de México que garantice la seguridad de los sobrevivientes de ataques armados e instrumente operativos para localizar al menos a 130 personas que se encuentran desaparecidas.

En un comunicado, Ericka Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, sostuvo que el país representa “una trampa mortal para las personas migrantes” por la existencia de bandas criminales que los acechan y atacan “por unos cuantos dólares” ante la complacencia de autoridades estatales y federales, “más ansiosas por expulsar a gente que por salvar vidas”.

Tras preguntar “cuántas vidas tendrán que perderse antes de que las autoridades despierten y decidan actuar”, Guevara Rosas recordó que el pasado viernes 12, en Los Choapas, Veracruz, hombres armados con pistolas, escopetas y machetes atacaron a un centenar de migrantes que viajaban en La Bestia, el tren que atraviesa México de sur a norte, no sin antes exigirles dinero.

De acuerdo con testimonios recabados por la organización entre autoridades migratorias, 44 centroamericanos lograron huir del ataque y se refugiaron en una comunidad cercana, de donde fueron llevados a una Estación Migratoria y desde ahí “se han puesto en contacto con sus consulados para considerar sus opciones, que pueden incluir regresar a casa, obtener un visado humanitario para México o, en algunos casos, solicitar asilo”.

En este grupo de migrantes, donde hay cinco niños, un hombre fue herido por impacto de bala y otros dos resultaron lesionados.

Según AI, “algunas de las personas migrantes están considerando la posibilidad de declarar ante las autoridades en relación con el ataque, pero otras tiene demasiado miedo para hacerlo”, y hasta el momento las autoridades competentes “no han dado información sobre las acciones emprendidas para buscar al resto del grupo o investigar el delito”.

A este ataque se suma otro ocurrido el pasado martes 2 contra un grupo de 120 migrantes centroamericanos en el estado de Sonora, luego de que el vehículo en el que viajaban se averió.

Amnistía Internacional precisó que los centroamericanos fueron agredidos a balazos por un grupo de hombres vestidos con trajes tipo militar. Al menos 13 personas escaparon y encontraron refugio.

Dos días después, personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora encontró tres cadáveres y dos vehículos quemados en el lugar donde se produjeron los hechos.

En cuanto a los 13 migrantes, solicitaron el retorno a sus países de origen tras vivir “una experiencia traumática”, sin que hasta el momento las autoridades informen “sobre los responsables del ataque y la suerte que corrieron los sobrevivientes, muchos de los cuales siguen desaparecidos en el desierto o se teme que hayan sido secuestrados por las bandas delictivas”.

Guevara Rosas resaltó que el registro de secuestros de las personas migrantes se ha incrementado en los últimos años, y subrayó que AI “ha documentado en el pasado una falta generalizada de investigación de los delitos cometidos”.

La defensora exigió al gobierno mexicano emprender una búsqueda inmediata de las personas que se encuentran perdidas en el desierto de Sonora o en manos de bandas criminales.

De igual manera, llamó a las autoridades a dar garantías a las personas que han sido rescatadas e iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes, y asegurarse de que los responsables enfrenten la justicia.

“Cualquier otra cosa sólo servirá para poner a más migrantes en peligro”, soltó.


La defensora también pidió que las autoridades brinden “atención adecuada como víctimas de delitos graves” a los sobrevivientes, “incluida la atención psicológica y médica inmediata y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientras tramitan una denuncia penal”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Ortega ofrece abogar por una ley de amnistía para lograr la liberación de Nestora Salgado

MÉXICO, D.F: El gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, visitó de nueva cuenta a la excomandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, en el penal de Tepepan, al sur de esta capital, y le reiteró que abogará por una ley de amnistía para que pueda recuperar su libertad.

La mujer, presa por tres acusaciones de secuestro, recibió al mandatario estatal, quien le aseguró que insistirá con el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, para que se desista de los cargos.

Sandino Rivero, abogado defensor de la activista, estuvo presente en el encuentro y declaró a esta agencia que Nestora se encuentra estable de salud tras la huelga de hambre que mantuvo por 31 días, en protesta por su encarcelamiento, y la falta de avances en el proceso legal.

El pasado 4 de junio Nestora levantó el ayuno que inició el 5 de mayo ante la insistencia de su familia y porque Rogelio Ortega se comprometió a reubicar de penal a los policías comunitarios Gonzalo Molina y Arturo Campo, que estaban recluidos en el Estado de México acusados de secuestro, lo cual ya hizo.

La semana pasada las hijas de Nestora, Saira y Grisel, se reunieron con representantes de la embajada de Estados Unidos en México para pedir su colaboración en el proceso legal que lleva la excomandanta, quien también tiene la nacionalidad estadunidense.

El primer logro fue obtener una constancia que avala la ciudadanía estadunidense de Nestora; durante este tiempo que lleva en prisión, primero en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, y ahora en Tepepan, no se había presentado el documento para acreditar su doble nacionalidad.

Sandino Rivero también precisó que en próximos días se presentará un amparo para que “salgan las órdenes de aprehensión” pendientes en contra de la activista, porque según la defensa legal, hay por lo menos tres acusaciones más de secuestro que aún no salen a la luz.

Para los abogados defensores tener más acusaciones y no sacar una orden de aprehensión es una “forma de administrar el conflicto”, porque entonces se usarán cuando convenga a las autoridades y ello significa mantener a Nestora en prisión mientras transcurre la investigación.

El amparo, explicó el abogado, es la única forma para que un juzgado diga cuántas órdenes de aprehensión están pendientes y las haga efectivas, es decir se inicien de manera formal los procesos en contra de Nestora.


Por lo pronto, la defensa legal mantuvo ayer una reunión con funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para revisar la situación de salud de la ex comandanta que el próximo 21 de agosto cumplirá dos años en prisión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.

Comisión de defraudados por Ficrea es recibida en Los Pinos

México, DF. Más de un centenar de ahorradores defraudados de Ficrea se manifiestan sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Auditorio Nacional, sin obstruir la circulación vehicular, en espera de que regrese la comisión del movimiento que fue recibida a mediodía en la residencia oficial de Los Pinos.

La cita fue previamente acordada como consecuencia de que semanas atrás los ahorradores solicitaron un audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga en el conflicto que lleva siete meses y medio y les sean devueltos la totalidad de sus ahorros.

La comisión fue recogida por un vehículo enviado por Los Pinos a la explanada del Auditorio Nacional, mientras que el resto de los ahorradores determinó esperarlos en ese lugar, pero exhibiendo pancartas y coreando consignas como "el cien por ciento para el cien por ciento".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SUSANA GONZÁLEZ.