martes, 23 de junio de 2015

Sin cura para la violencia

Carencias extremas, el escaso apoyo de las autoridades de salud del país, la extorsión telefónica, asalto a mano armada y el robo a vehículos son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los doctores pasantes en ciertas comunidades mexicanas, sobre todo en zonas donde opera el crimen organizado.


El asesinato de dos médicos pasantes, una en Guanajuato y otro en Sinaloa, ha abierto un debate sobre las condiciones de seguridad que enfrenta el personal de salud que labora en las comunidades del país.

Una vez que concluyen con sus estudios de medicina, los médicos pasantes son enviados a hacer su servicio social a algún consultorio o clínica que puede ubicarse lo mismo en ciudades que en comunidades rurales apartadas.

Ahí, los pasantes deben dar consulta a los pacientes durante un año, como parte de su servicio.

Aunque todavía no obtienen el título como médicos, los pasantes llegan como becarios a los consultorios de las comunidades y ya tienen todas las obligaciones y responsabilidades de cualquier médico profesional.

Los pasantes se enfrentan, además, a las condiciones de falta de seguridad para su ejercicio en muchas de las comunidades en las que trabajan.

Y también a la precariedad de los centros de salud donde laboran. 

Un estudio revela que solo dos de cada 10 médicos pasantes come tres veces al día.

Asesinatos, secuestros, violaciones, robos

Según un punto de acuerdo impulsado por diputados del PRD en el Congreso de la Unión, el 75 por ciento de los médicos residentes ha sufrido un incidente de seguridad durante su estancia en las localidades donde realizan su servicio social.

En  los últimos siete años, los ataques a la integridad de los médicos han aumentado 200 por ciento, sobre todo en los estados de Morelos, Guerrero y México, señalan los legisladores.

La extorsión telefónica, el asalto a mano armada y el robo a vehículos son los delitos que más se reportan. Pero no son los únicos, sobre todo cuando ejercen su profesión en zonas donde opera el crimen organizado.

Los casos más recientes han sacudido al sistema de salud.

Se trata del asesinato, en hechos separados, de Paulina Méndez, María Teresa Adona y Luis Oswaldo Duarte, todos médicos pasantes que realizaban su servicio social en diferentes estados del país.

El caso de Paulina Méndez se trata de una estudiante de la especialidad de traumatología en León, Guanajuato, que fue asesinada luego de un intento de asalto en octubre del 2014.

Luis Oswaldo Duarte fue ultimado el 8 de junio pasado. Trabajaba en el Hospital Ángeles de Culiacán, Sinaloa. Fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y al día siguiente su cuerpo calcinado fue localizado en una carretera cercana.

Seis días después, el 14 de junio, María Teresa Adona fue encontrada sin vida en Cuerámaro, Guanajuato. Ella era estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara y prestaba su servicio social en el municipio de La Romita, en Guanajuato.

A estos se suman los asesinatos de otros médicos pasantes que realizaban su servicio social cuyos casos han sido denunciados en redes sociales.

En julio del 2011 fue asesinado Edgar Francisco Rodríguez, en Colomo, Nayarit. En junio del 2013, Gonzalo González Martínez, en Matamoros, Tamaulipas.

Otro caso es el de Julio Arroyo Ocaña, encontrado muerto en noviembre del 2013 en el municipio de Carmen, Campeche. Y el de Hassan Hamscho, quien falleció en Matamoros, Tamaulipas, en marzo del 2014.

Aunque estos casos han ganado los reflectores nacionales, en redes sociales los médicos pasantes han dejado cientos de testimonios sobre experiencias de riesgo que han vivido.

Ellos relatan casos como violaciones sexuales, secuestros, agresiones con armas de fuego, extorsiones o daños en sus propiedades.

“Yo fui privado de mi libertad por un paramédico que estaba coludido con unos ministeriales, me querían sacar un susto. Lo bueno que supe cómo librarla. Todo se quedó callado y en secreto por ser épocas electorales. Y fui reubicado”, menciona un médico.

“En el 2004 a una amiga embarazada, médico pasante, en su consultorio de Oaxaca la hirieron de bala en la pierna. A la médico de base que me precedió en mi sede del servicio social, en Oaxaca, la violaron en el consultorio”, relata una médica.

Los testimonios se cuentan por decenas, en un sistema de salud que no les garantiza siquiera ayuda para enfrentar una emergencia, pues la mayoría de las veces se encuentran solos en las comunidades, sin los medicamentos e instrumentos para atender al 100 por ciento a la población.

Precariedad del servicio social

Durante su servicio social, la mayoría de los médicos pasantes tienen que vivir con carencias extremas por las condiciones del lugar donde trabajan y el escaso apoyo de las autoridades del sector salud, quien los cuenta dentro de su personal para las estadísticas, pero no para los beneficios.

“(Estás) lejos de casa, lejos de la civilización del pueblo que ‘te tocó’; porque las universidades públicas tienen a bien sortear las plazas por promedio y por palancas. Las universidades privadas las venden”, denunció una médica en el grupo Yo Soy Médico 17, en Facebook.

Los pasantes de medicina que realizan su servicio social en las comunidades rurales reciben un cheque de 600 pesos quincenales aproximadamente.

Cuando se trata de comunidades apartadas, los médicos se quedan a vivir en ellas, en instalaciones que pertenecen al sistema de salud que pocas veces tienen un mantenimiento óptimo.

En el estudio “Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social”, publicado en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc), se revela que casi el 60 por ciento de los pasantes realiza apenas dos comidas al día; solo el 20 por ciento hace tres.


El 70 por ciento de los alimentos a los que tenían acceso era conseguido por los propios pasantes; el 18 por ciento se los da la propia comunidad; y apenas el 12 por ciento es proporcionado por las autoridades del sector salud.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Padres de los 43 acusan al gobierno de Peña de querer dividirlos

MÉXICO, D.F: Con la participación de al menos 65 artistas, sindicatos y colectivos de universidades públicas y privadas, padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, realizarán una jornada de actividades de 43 horas este viernes 26 con motivo del noveno mes sin noticias de los jóvenes.

En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, y Carlos Martínez, representante de los estudiantes, alertaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dividir su movimiento con informaciones como la que difundió el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores, en el sentido de que uno de los normalistas desaparecido es miembro activo del Ejército, con base en la respuesta de la Sedena a una solicitud de información.

“¿Por qué a nueve meses (las autoridades) sacan la nota de que uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado en activo? ¿por qué no lo declararon de esa manera desde un inicio”, cuestionó Felipe de la Cruz.

El vocero reconoció que al reservarse el nombre del militar en activo, la Sedena sembró dudas entre los padres de familia con el objetivo de  “involucrar a los padres en una confrontación entre ellos y deshacer ese movimiento tan fuerte”, que ha persistido pese a las ofertas de dinero y el paso del tiempo.

Contó que una vez que se publicó la información entregada por la Sedena a Proceso, padres de familia de los desaparecidos se reunieron para saber de viva voz si era cierta la versión, y llegaron a la conclusión de que el objetivo de la Sedena es “sembrar la duda y la desconfianza de los padres de familia”.

De la Cruz recordó que desde un principio los padres de familia responsabilizaron a los militares destacamentados en Iguala del ataque a los estudiantes, y que así se lo hicieron saber a Peña Nieto y al exprocurador Jesús Murillo Karam en la reunión que sostuvieron a finales del año y los acusaron de estar “encubriendo a los asesinos”.

De ser cierta la versión de que entre los estudiantes había un militar, dijo, se estaría “quitando la máscara con la infiltración de un soldado”.

El estudiante Carlos Martínez acusó a la Sedena de meter “esa espinita de la duda” y pretender “desarticular al interior del movimiento ya que no pudieron mediante golpes, asesinatos, detenciones y el desprestigio”.

De acuerdo a Martínez, que aseguró ser una sobreviviente de la noche fatídica en Iguala, por los mecanismos de selección de los estudiantes de Ayotzinapa, no habría forma en que se infiltrara un militar entre los alumnos, y “lo que ha intentado la Sedena es  sembrar duda y la desconfianza en el seno del movimiento”.

Sin embargo, agregó que de haber sido el caso implicaría aún más al Ejército en los hechos, porque querría decir que el Ejército “conocía la situación al interior, y tuvo participación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que los militares sabían los movimientos, la ruta, y cuántos había en los camiones, es decir, pudieron planear mejor los ataques, eso prueba de actuación del Estado”.

En cuanto a las acciones programadas para el próximo 26 de junio, Citlali Hernández de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), explicó que a partir de las 16:00 horas saldará una marcha del Ángel de la Independencia a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, escenario de actos culturales y artísticos para exigir la presentación de los 43 así como la sanción a los responsables de los hechos.

La activista dijo que al menos 65 artistas independientes, de universidades públicas y privadas, así como sindicatos y organizaciones sociales, se anotaron para participar en las actividades del próximo viernes que culminarán a las dos de la tarde del domingo 28.

La Jornada 43 por 43, explicó, “tiene como finalidad continuar con la exigencia de verdad, justicia y memoria para Ayotzinapa”, así como “revertir el olvido que el actual gobierno quiere imponer y callar el grito de indignación ante frente a su ‘verdad histórica”.


La convocatoria está firmada por decenas de organizaciones sociales, académicas y de trabajadores, entre ellas la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Asamblea de la Comunidad Artística, Bloque de Trabajadores Democráticos del STUAM; CLETA-UNAM; Coordinadora primero de Diciembre; Egresados del IPN Raúl Álvarez Garín, Centro de Estudios Ecuménicos, así como las 72 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Exhuman una decena de cuerpos de siete narcofosas en Acapulco

MÉXICO, D.F: Miguel Ángel Godínez, fiscal general de Guerrero, confirmó que han sido exhumados una decena de cuerpos de siete narcofosas descubiertas en la colonia Olímpica, al sur de Acapulco.

No obstante, el titular de la FGE no descartó que pudiesen hallarse más fosas con cuerpos de víctimas en su interior, por lo que prosiguen las labores de excavación.

Según datos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), las fosas fueron encontradas en un baldío de la calle 13 de la colonia Olímpica.

Hasta esta tarde, peritos de la FGE y personal de apoyo de la Secretaría de Protección Civil habían recuperado diez cuerpos, siete hombres y tres mujeres.


El hallazgo de las narcofosas se realizó el domingo 21 a pocos minutos del arque “El Veladero”, un área verde protegida de ese destino turístico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corte inicia discusión de amparos impuestos por maestros contra la reforma educativa

Mientras los ministros discuten los amparos, un grupo de profesores de la CNTE se manifiesta afuera de la Corte.

En estos momentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute los amparos promovidos por maestros de la CNTE contra la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los ministros de la Corte deberán discutir los 26 amparos impuestos por docentes. Uno de los argumentos de los maestros es que sujetar la permanencia en sus empleos a una evaluación es contrario a la estabilidad laboral que el artículo 123 de la Constitución estipula.

Se prevé que los ministros de la SCJN declaren constitucionales los artículos 52, 53, 8º y 9º transitorios de la ley, en los cuales se detallan las reglas de la evaluación para la permanencia en el servicio profesional docente.

Para negar o conceder un amparo se necesitan los votos de seis de los 11 maestros.

Mientras los ministros discuten los amparos, un grupo de profesores de la CNTE se manifiesta afuera de la Corte.

Maestros regresan al Monumento a la Revolución para reforzar plantón

Profesores de la CNTE de Oaxaca y Michoacán regresaron al Distrito Federal para reforzar el plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución, después de que el fin de semana impidieron que se llevaran a cabo las evaluaciones docentes en estos estados.

El pasado 17 de junio, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron a clases en Oaxaca, sin embargo, en reuniones decidieron que un 30% de sus miembros permaneciera en el plantón en la ciudad de México.

El retiro de la mayor parte del plantón en el Monumento a la Revolución obedeció a un “repliegue estratégico” para el boicot de las evaluaciones docentes en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó ayer domingo 21 de junio que las evaluaciones para la promoción  a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica fueron suspendidas en Oaxaca y Michoacán “al no existir todas las condiciones que garantizaran su realización”.


Además, la dependencia también dio a conocer que las evaluaciones sí se llevaron a cabo en Guerrero y Chiapas, y que más del 82% de los maestros registrados participaron en los dos primeros días del examen.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Se incendia plataforma de Pemex en Campeche; es el tercer incidente en 3 meses

CIUDAD DEL CARMEN, Camp: Un nuevo accidente, el tercero en menos de tres meses, se registró esta tarde en la zona de plataformas marinas de la Sonda de Campeche, donde una presunta fuga de aceite y gas en la plataforma Akal-H de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un saldo extraoficial de un trabajador desaparecido.

De acuerdo con versiones que corrieron entre el personal de la paraestatal, poco después de la una de la tarde ocurrió una explosión en un separador remoto de la plataforma satélite Akal-H, a bordo de la cual se encontraban cuatro trabajadores quienes, ante la contingencia, se arrojaron al mar.

Tres de ellos fueron rescatados, pero uno más estaba en calidad de desaparecido.

Pemex aseguró que personal especializado atiende la “contingencia por la fuga de aceite y gas que se suscitó a las 13:35 horas de hoy en la plataforma satélite Akal-H, en la Sonda de Campeche, sin que se registraran lesionados”.

La empresa paraestatal informó que los tres trabajadores que se encontraban a bordo por una inspección de rutina “fueron desalojados de manera oportuna y segura de la plataforma”.

Destacó que la instalación está deshabitada y opera de manera automática. Agregó que en el área existen cuatro embarcaciones contra incendio que “de manera inmediata” sofocaron el fuego.

Además, informó que autoridades de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) se reunieron en el Centro de Respuesta y Atención de Emergencia (CRAE) en Ciudad del Carmen, Campeche, desde donde coordinan las labores de control.

El de esta tarde es el tercer accidente que se registra en los últimos tres meses en la zona de plataformas petroleras de la Sonda de Campeche.

El primero ocurrió el pasado 1 de abril en la plataforma Abkatún Alfa, donde una explosión dejó un saldo oficial de cuatro trabajadores muertos, 16 lesionados y dos desaparecidos.


Un mes después, el 5 de mayo, se registró otro incidente en la plataforma autoelevable Troll Solution, de la empresa contratista Typhon, que inclinó al ceder una de sus patas. El saldo fue de dos trabajadores muertos y 10 heridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

Propone ministro declarar constitucional evaluación docente

México, DF. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco, propuso a sus compañeros del pleno declarar constitucional dos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y sus transitorios octavo y noveno, en particular el tema de la evaluación obligatoria y sus consecuencias, que fueron impugnados por decenas de maestros mediante el juicio de amparo.

La propuesta que planteó Franco a sus compañeros durante la sesión pública de este lunes -cuya discusión es probable que se prolongue a los días martes y jueves de esta semana, cuando se reúne el pleno de ministros- apenas ha avanzado en temas de técnica jurídica, entre ellos legitimación (interés jurídico de los maestros quejosos) y competencia de la Corte para conocer del asunto.

En la sesión de mañana (martes), los once ministros discutirán si coinciden con los argumentos vertidos por Franco en su proyecto de resolución o si se inclinan por amparar a los docentes.

Los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la ley detallan las reglas de evaluación para la permanencia en el servicio docente, tanto de maestros que ya tenían nombramientos antes de la reforma de septiembre de 2013, como para los de nuevo ingreso.

El alegato más fuerte de los maestros refiere que los artículos cuestionados sujetan su permanencia en el empleo a una evaluación obligatoria, lo que de acuerdo con los quejosos, es contrario al derecho a la estabilidad laboral de los burócratas que contiene el artículo 123 de la Constitución.

Otro argumento planteado por los abogados de los maestros refiere que deberían ser regulados exclusivamente por normas de carácter laboral, contenidas en el mismo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.

De inicio, el ministro Franco -quien coordinó a la comisión de secretarios que durante más de un año preparó los proyectos de sentencia- dijo que desde su punto de vista no son inconstitucionales los artículos impugnados, debido a que la reforma al artículo tercero de la Constitución creó una excepción para las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

CFE licitará obras por 150 mdp antes de fin de año

MÉXICO, D.F: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitará obras por más de 150 mil millones de pesos antes de que finalice el año, entre ellas un gasoducto marino de 42 pulgadas de diámetro, en el que se espera una inversión de 3 mil 100 millones de dólares.

De acuerdo con la paraestatal, las obras se concretarán antes de 2018, y tienen como principal objetivo reestructurar el sistema estadunidense de transporte de gas natural y ampliar la capacidad del país para producir energías alternativas.

Según el diario El Financiero, se trata de 24 proyectos, entre los que resalta el gasoducto marino para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios con una longitud aproximada de 800 kilómetros.

En la lista también se encuentran nueve obras para reducir pérdidas en distribución de electricidad, cinco gasoductos, tres ramales, la nueva fase de la central geotérmica Los Azufres, y una nueva central eólica para el sur de la República.


Las pre-bases y bases de cada uno de los proyectos se darán a conocer en julio próximo y se espera que para diciembre se realicen los fallos contractuales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Logran amparo de libertad Bryan y Jacqueline, acusados de robar 500 pesos a un policía

MÉXICO, D.F: El Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó este lunes la liberación de Jacqueline Selene Santana López y Bryan Reyes Rodríguez, quienes el pasado 15 de noviembre fueron detenidos por supuestamente robarle 500 pesos a una policía federal.

El amparo interpuesto por la defensa de la pareja fructifica luego de siete meses.

De acuerdo con el portal Sin Embargo, el abogado de los jóvenes, Jorge Miranda, informó que la Juez Novena ordenó la liberación de la pareja al no acreditarse que los policías que los detuvieron se encontraban en funciones cuando los arrestaron y porque tampoco se pudo comprobar el delito de robo.

El defensor refirió que la juez ordenó al Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal, ubicado en el Reclusorio Norte y quien fue el que dictó el auto de formal prisión contra los jóvenes, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y dicte un auto de libertad que deberá concretarse en el transcurso de los próximos 15 días.

Bryan Reyes, es estudiante de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es conocido por ser uno de los procesados a consecuencia de la jornada de protestas del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

La historia

El pasado 15 de noviembre pasadas las 14:00 horas, Bryan, Jacqueline y su amigo Ulises caminaban por Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, cuando un grupo de 15 personas vestidas de civiles los sometieron para subirlos a un Chevy con vidrios polarizados y un taxi Tsuru.

Cuando uno de los jóvenes gritó “¡Soy Bryan Reyes, me están secuestrando!, un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal arrancó su camioneta y rebasó al Tsuru y al Chevy y ordenó a los conductores detenerse. Ellos se identificaron como policías federales y la patrulla se fue.

Posteriormente fueron llevados al Ministerio Público en donde tras permanecer dos horas, se enteraron que estaban acusados de amenazar con cuchillos de cocina a una policía federal y robarle 500 pesos, a pesar de que se encontraba acompañado por otros dos uniformados.


Apenas 20 horas después de su ingreso al MP, Bryan fue llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil de Santa Martha.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

lunes, 22 de junio de 2015

Denuncias de la Auditoría contra mi gobierno no tienen sustento: Javier Duarte

XALAPA, Ver: El gobernador Javier Duarte presumió que las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, por presunta malversación de fondos, sustracción indebida de recursos públicos, peculado y demás han quedado sin efecto.

Está mañana, Duarte de Ochoa convocó a la prensa para asegurar que nunca existieron órdenes de aprehensión en contra de sus colaboradores por este concepto.

“Por las evidencias obtenidas, y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de este órgano autónomo del Estado hizo de mi conocimiento que las denuncias de hechos han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales señalados”, justificó.

El 12 de mayo, Apro tuvo acceso a seis denuncias que la dirección jurídica de la ASF interpuso ante la PGR en contra de colaboradores y exfuncionarios de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera por presunto desvío de recursos.

Las querellas orillaron a que el Senado emitiera un punto de acuerdo, elaborado por el panista Fernando Yunes, para “exhortar” a la PGR a deslindar responsabilidades y, de ser necesario, promover órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.

Las denuncias incriminaban a los hoy diputados federales electos Edgar Spinoso (PVEM), Adolfo Mota (PRI) y Tareck Abdala (PRI), quienes según la ASF simularon el “resarcimiento de recursos” a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.

“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente volvían a retirar el dinero en dos transferencias”, exponían las denuncias en poder de Apro.

Este lunes, en la sala de banderas de Palacio de Gobierno y acompañando del fiscal general Luis Ángel Bravo, Duarte aseguró que en este caso se “tergiversó la realidad”.

“Se hicieron públicas denuncias de hechos que la Auditoría Superior de la Federación habría presentado ante la PGR, se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y sustracción indebida de recursos públicos federales para financiar campañas políticas, lo que resultó falso”, sentenció el gobernador.

No sólo eso, pues Duarte aseguró que se “dio puntual cumplimiento” en la prestación de los servicios de educación y la formación de maestros, conforme a lo previsto en las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación, así como en el caso de las otras denuncias que involucran al Seguro Popular y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Los recursos fueron programados, calendarizados y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones al mismo, por lo que fueron ejercidos, quiero subrayarlo, en estricto apego a la normatividad”, argumentó.

Respecto del Seguro Popular, el gobernador explicó que “los recursos correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de 2 mil 104 millones de pesos, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en los términos de la normatividad correspondiente, como lo confirmó en su oportunidad el director general de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”.


No obstante, Duarte eludió comentar sobre las demandas que interpuso Intermercado en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Sefiplan por un supuesto fraude de 10 millones de pesos, luego de que maestros del SNTE contrataron créditos y, aunque el gobierno estatal hacía descuentos vía nómina a los docentes, este recurso nunca fue reingresado a aquella empresa, razón por la que hay un estimado de 10 mil mentores boletinados en el Buró de Crédito.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Se analiza la pérdida de 7 mil empleos en mayo: Navarrete Prida

México, DF. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, asentó que la pérdida de siete mil puestos de empleo, de acuerdo con las estadísticas del IMSS, puede obedecer a una situación estacional, ya que en el primer trimestre del año se registró un aumento del empleo formal.

“La información de mayo se está analizando; al finalizar este mes informé cuáles fueron las causas. Hoy me reuniré con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Hay que esperar los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Secretaría de Hacienda y del Banco de México para saber qué paso en dicho mes”, dijo. Agregó que se mantiene la meta de crear en este año 600 mil empleos formales.

En conferencia de prensa, el titular de la STPS también rechazó que en el país existan contratos de protección, quienes así lo han señalado en el ámbito internacional no han presentado pruebas, son voces que se oponen a la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que en breve firmará México y que representa una oportunidad de desarrollo para el país.

Refirió que en los secretarios de trabajo de los estados, en la primera sesión ordinaria de la Conferencia Nacional que se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, se comprometieron a intensificar la promoción y vigilancia en materia de transparencia sindical, a proteger el derecho a la sindicación y contratación colectiva, así como hacer un frente común en contra de cualquier práctica de simulación que restrinja la libertad de cualquier trabajador a decidir quienes lo representen.

Las críticas en torno a los contratos de protección, abundó, estaban dirigidas a los secretarios de trabajo de los estados. “México no quiere ese tipo de contratos por eso se llevó a cabo una reforma laboral; el país está listo para firmar el TPP, pero seguramente habrá más críticas”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MATILDE PÉREZ.

Denuncian censura en el Canal 22 por caso Aristegui

Miembros del equipo editorial de la Dirección de Noticias revelan que, tras informar del caso Aristegui, se desató una "práctica censora, sistemática, de revisión, mutilación y no emisión de programas".

Periodistas de Canal 22 denunciaron censura como represalia por la decisión de la Dirección de Noticias de informar en Noticias 22, “con veracidad y concisión”, sobre la cancelación del noticiario radiofónico de la periodista Carmen Aristegui en MVS, “tema que por órdenes expresas de la Dirección General debía omitirse absolutamente”.

A través de un comunicado, miembros del equipo editorial de la Dirección de Noticias afirmaron que tras desobedecer las órdenes de la Dirección General se detonó una “práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas” sobre temas como violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación de derechos humanos.

La censura también se ha manifestado, de acuerdo con los periodistas, en la cancelación de un programa especial sobre la jornada electoral, que sería transmitido en vivo el 7 de junio y que, pese a estar en proceso de producción, fue cancelado “de manera sorpresiva”.

“La prestigiada barra informativa nocturna del Canal, ha ido adquiriendo tintes oficialistas por presiones directas de la Dirección General”, cuyo titular es Raúl Cremoux, quien asumió el cargo al iniciar la presidencia de Enrique Peña Nieto, acusan.


En este sentido, periodistas como María Idalia Gómez y Marco Lara Klahr criticaron el acoso contra Juan Jacinto Silva Ibarra, director de Noticias y la inminente salida del aire de los programas El Observador y Global 22, siendo el primero la única producción institucional de periodismo de investigación.













Comunicado íntegro:

Periodistas de Canal 22 denuncian censura:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

Detenciones de niños migrantes centroamericanos en México aumentan 49%

Según el Instituto Nacional de Migración, 6 mil 113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o con traficantes de personas, mientras que 5 mil 780 iban con algún familiar.

Las detenciones de menores centroamericanos y su posterior deportación se mantienen a la alza en México.

El Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que los arrestos de menores de Centroamérica -en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador- sumaron 11 mil 893 en los primeros cinco meses de 2015, un incremento de 49% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se detuvieron a 8 mil 003 niños y adolescentes.

El organismo señaló que del total, 6 mil 113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o con traficantes de personas, mientras que 5 mil 780 iban con algún familiar.

Además, dos terceras partes tienen una edad de entre 12 y 17 años, y del total, 8 mil 060 son hombres y 3 mil 833 mujeres.

México asegura que atiende a los menores a través de agencias de protección antes de ser deportados.

Las cifras de menores están en concordancia con los datos generales de deportación, los cuales señalan que México detiene en general más centroamericanos que Estados Unidos.

Entre octubre y abril, por ejemplo, México detuvo a 92 mil 889 migrantes centroamericanos, cuando en el mismo periodo Estados Unidos retuvo a 70 mil 226.

En semanas recientes, organizaciones y activistas señalaron que el gobierno de México ha endurecido sus acciones a raíz de la implementación en 2014 del llamado Plan Frontera Sur, por medio del cual se desplegaron elementos federales en estados mexicanos sureños y se ha impedido a migrantes subir al tren de carga -comúnmente conocido como “La Bestia”- en el que varios solían transportarse en su intento por llegar a Estados Unidos.


El plan se implementó luego de que se detectó en 2014 una gran oleada de menores no acompañados que llegaron hasta la frontera con Estados Unidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AP.

Veracruz ficha a 20 activistas como “personas peligrosas” durante las elecciones

Previo a las elecciones la Policía Estatal elaboró un informe de personas consideradas de riesgo que incluye estudiantes activistas, integrantes de la CNTE y de la oposición.

Antes de las elecciones del domingo  7 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruz elaboró un informe en el que varias personas fueron identificadas y señaladas -entre ellas estudiantes, maestros de la CNTE y líderes sociales y políticos- como potenciales amenazas a los comicios y estabilidad del estado.

La existencia de ese informe fue denunciada públicamente por activistas, luego del ataque que 48 horas antes de la votación sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana por un comando de personas encapuchadas y armadas, caso que sigue bajo investigación y cuyo móvil no se ha esclarecido.


Animal Político tuvo acceso al documento de la Secretaría de Seguridad estatal denunciado por los activistas. Se trata de una presentación titulada “Avance del proceso electoral federal 2015” en donde aparecen, entre otros datos relativos al proceso electoral, una lista de 20 personas la mayoría de ellos con nombre completo y fotografía.

Avance Del Proceso Electoral Federal en Veracruz:



En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan relaciones con otras personas o grupos.
El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.

Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.

Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.

“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.

Los estudiantes

La presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, describe  en la primera parte las condiciones de seguridad en torno a los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre ataques en contra de candidatos en el país.

Pero en la segunda parte enumera a 20 personas en total que por distintas razones podrían incurrir en un intento de boicot en contra de los comicios o de las instituciones. Los casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.

En primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias “Canek” estudiante de la  Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.

A Ramírez la SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo de 50 a 100 activistas de quienes no se aporta mayor información.

Además a “Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda” como literalmente dice el documento  y se nombran a seis personas más de los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.

Los otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de nombre Lavida;  Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.

En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar su facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con “Canek”.

Los otros estudiantes señalados son Andrea Franco López, estudiante de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e isidro González Valerio quien preside la confederación de Estudiantes y Jóvenes del estado de Veracruz (CEJEV).

Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.

Maestros y opositores

Además de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también colocó en el informe a otros personajes a los que señala como instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones,

En el caso de Romero Agustín, el informe hace hincapié en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán” sin otros detalles.

También es mencionada María Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada  federal  por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz  afiliado al CNTE” y participante en manifestaciones, marchas y plantones.

Otros dos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano a la CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con “manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.

A continuación se mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de instalaciones debido a la desatención de sus demandas.

La lista la completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente Gerónimo  Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.

“Nos pasaron factura”


Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y con un palo con clavos,  la madrugada del 5 de junio.

Para el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad Veracruzana,  que les dejaron heridas que incluso aun requieren cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que colaboran.

– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.

– Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales.

En entrevista con Animal Político tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de que lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus compañeros estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero no había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar que estaban ahí.

Fueron una decena de personas encapuchadas quienes utilizaron bates de beisbol, palos con clavos salidos y bastones retractiles para destrozar las ventanas de la casa e ingresar al sitio donde estaban los estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en contra de los estudiantes.

Pero además de la agresión, para los estudiantes es clave la intervención que tuvieron los policías estatales que llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes. “Solo nos tomaron fotografías y nos interrogaron sobre si éramos estudiantes, nunca llamaron ni una ambulancia” dijo.

Ignacio reconoció que él y sus compañeros participan  en movimientos sociales en contra de políticas públicas y privadas como minería a cielo abierto, la privatización del agua, pero no solo a través de marchas sino de expresiones culturales y de protesta como la música o la poesía.

“Pero aun con los riesgos vamos a seguir alzando la voz porque este es en estado en el que se está secuestrando, asesinando, y no podemos callarnos” añadió Ignacio.

El jueves 18 de junio los estudiantes sostuvieron una reunión de dos horas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera Escamilla, quien confirmó que el organismo tiene abierto un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.


Posteriormente se realizó un encuentro con el fiscal del Estado, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les dijo que las indagatorias se encuentran en marcha y que no se descarta ninguna posibilidad en el ataque aunque no existe una fecha probable en que se darán a conocer los resultados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Los 24 trenes “rescatados” del Metro: más caros de lo revelado y con 2 mil 400 fallas

El Metro ha dicho que invirtió 350 millones de pesos en el rescate de unidades pero el gasto en realidad supera los 568 millones de pesos; uno los trenes, el que se estrelló en la estación Oceanía, tuvo más de 140 reportes de fallas… Hay otros peores en funcionamiento.

Los 24 trenes que el Sistema de Transporte Colectivo Metro “rescató” para regresarlos al servicio, de los cuales quedan 23, luego que uno de ellos se estrelló en la estación Oceanía, han requerido hasta ahora una inversión de 568 millones de pesos —cantidad superior a los 350 millones revelados públicamente— tanto para rehabilitarlos como para reparar las más de dos mil 400 fallas que han presentado.

Para ponerlo en proporción, el gasto que han conllevado en estos trenes equivale a 113 millones de boletos del Metro ya con el costo de 5 pesos o lo que es lo mismo, las ganancias correspondientes a 20 días completos de viajes si se considera que diariamente se transportan cinco millones de usuarios.

Algunas de los trenes rehabilitados, como el modelo NM-73AR, construido en 1973 e involucrado en el accidente en Oceanía, han tenido incluso un gasto superior de mantenimiento a lo que se invirtió en su momento para recuperarlos del taller.

Además hay convoyes que, aún después de ser puestos en marcha han continuado presentando fallas. El tren que chocó el 4 de mayo registró un récord de 140 servicios en el taller por desperfectos pero hay otros que acumularon aún más problemas y hoy en día siguen funcionando.

Cabe señalar que estos datos corresponden a las bitácoras de servicio y mantenimiento de los 24 trenes recuperados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y en concreto a la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante de dicho sistema, y fueron obtenidos por Animal Político a través de dos solicitudes de transparencia.

Viejos revividos

Cuando se anunció el incremento tarifario de 3 a 5 pesos en el boleto del Metro, que comenzó a operar en diciembre del 2013, el Gobierno del Distrito Federal dijo que los recursos extras obtenidos por este reajuste tarifario se dedicarían a 11 programas distintos o compromisos encaminados a mejoramiento del servicio.

Uno de estos programas fue el de la recuperación de trenes que por la falta de refacciones o de mantenimiento no estaban operativos al 100% y se encontraban varados en los talleres. El director General del STC Metro, Joel Ortega Cuevas, planteó que solo en el 2014 se recuperarían 24 trenes, compromiso que por cierto no se cumplió, pues el año terminó con 18 convoyes recuperados.

Las autoridades estimaron que con cada tren que fuera rescatado de los talleres y se pusiera de nuevo en operación, resultarían beneficiados de 200 a 450 mil pasajeros dependiendo de la línea en donde se les colocara en servicio.

El pasado 26 de abril, cuando finalmente se logró poner en marcha el tren recuperado número 24, Ortega dijo que para sacar adelante este programa se habían invertido 350 millones de pesos aproximadamente. Los recursos para estos trabajos provenían del Fideicomiso FIMETROCDMX, creado para reunir y administrar el dinero extra que se recibe por aumento en el costo del boleto del Metro.

En todos los casos, los trabajos de rehabilitación estuvieron a cargo de empleados del propio Metro. Aunque las reparaciones variaron entre cada tren, en la mayoría de los casos se procedió con la rehabilitación de los sistemas de frenado.

De acuerdo con los datos proporcionados a Animal Político por el STC Metro, los 24 trenes recuperados corresponden a cinco tipos de modelos: FM-86, NM-73AR, NM 79, NM-83B y MP-68R96. El tren más antiguo recuperado data de 1970 mientras que el más reciente era de 1991.

Gastos “post operatorios”

Los 350 millones de pesos que Ortega dijo que se habían desembolsado para la rehabilitación de estos trenes del Metro no es en realidad toda la inversión que han requerido.

La información proporcionada por el Sistema de Transporte Colectivo precisa que el gasto en estas máquinas asciende a 568 millones de pesos en total. Tan solo en lo referente a la rehabilitación de las distintos trenes, se han desembolsado 372 millones 707 mil 334 pesos.

Pero a lo anterior hay que sumarle otros 195 millones 498 mil 69 pesos que también se han gastado en estos trenes derivado de trabajos de mantenimiento tanto programado como correctivo.

En proporción, uno de cada tres pesos que se han invertido en los trenes rehabilitados se ha ido precisamente en el servicio y mantenimiento.

Hay por lo menos ocho trenes —de los 24— en los que el gasto relacionado con reparaciones y servicio ha sobrepasado incluso lo que se invirtió para que fueran “rescatados del taller”. Por citar un ejemplo, la recuperación del segundo tren puesto en marcha en enero del 2014 llevó consigo un gasto de poco más de tres millones 400 mil pesos; sin embargo, los problemas que ha presentado después han requerido un gasto de más de 14 millones de pesos extras.

Las bitácoras de servicio de los 24 trenes rescatados entregadas a Animal Político a partir de las solicitudes de transparencia, arrojan que los mismos han presentado dos mil 545 fallas que requirieron trabajos de mantenimiento en el taller.

El tren modelo NM-73AR, que se accidentó el lunes 4 de mayo en Oceanía, y que según el análisis del Comité para Incidentes Relevantes del Metro tuvo como detonante un error humano, acumulaba hasta antes del siniestro un record de 143 desperfectos que requirieron mantenimiento. Pero hay casos peores.


Por ejemplo, el tren modelo NM-79 motores M0921/M0291, fabricado en 1983, y que se convirtió en el noveno en ser rehabilitado para dar servicio en la Línea 8, acumuló hasta abril de este año 193 desperfectos que requirieron mantenimiento, lo que convierte a este tren en el de mayor número de fallas.



Los otros trenes con el mayor número de fallas de los recuperados son el modelo FM-086 habilitado para dar servicio en la Lìnea A y que presenta 190 desperfectos, así como el tren modelo NM-73AR fabricado en 1976 —sexto en ser recuperado— y que ya lleva un registro de 182 desperfectos.

En total, la información entregada revela que hay convoyes que acumulan más fallas que el que se accidentó el 4 de mayo pasado en Oceanía.


Cabe señalar que de acuerdo con las bitácoras entregadas por la Dirección de Mantenimiento del STC, en casi todos los casos, los trenes se presentaron fallas aun cuando ya habían superado la fase de rehabilitación y estaban en servicio.




En mayo pasado el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino, acusó que los trenes que se reportaban como recuperados por las autoridades del Metro en realidad no quedaban en buenas condiciones u operaban bajo situaciones de riesgo.


“No podemos engañar ni a la gente, ni a los usuarios ni a los trabajadores ni a los medios de comunicación con el pretexto de decir que están recuperados, son trenes que están abandonados y que muchas de las veces se les pone una rueda, una llanta, se les compone las puertas y es todo”, dijo.

“Frankenstein” averiado

El tren involucrado en el choque en la estación Oceanía era conocido como “El Frankenstein”, por los trabajadores sindicalizados del Metro, debido a que había sido reconstruido con piezas de otras máquinas y porque presentaba varias fallas.

Animal Político solicitó al STC Metro conocer en el caso específico de este tren los detalles de la bitácora, el reporte de fallas y las causas de las mismas, así como el tiempo que dicho convoy estuvo operativo y fuera de servicio, y las inversiones que conllevaron su mantenimiento.

La respuesta recibida incluyó solo algunos de los datos anteriores. Por ejemplo se detalla que dicho tren modelo NM-73AR fabricado en 1973, estuvo operativo 258 días en total desde enero del 2014 –cuando fue recuperado- hasta abril de este año, mientras que por mantenimiento pasó en los talleres 188 días.

Lo anterior significa que luego de ser “recuperado” y hasta antes de chocar en Oceanía, este tren había pasado más de 40% del tiempo en los talleres.


Los documentos entregados indican que en total se invirtieron poco más de cinco millones de pesos en la rehabilitación de este tren, mientras que los gastos de mantenimiento alcanzaron casi los once millones. Es decir, la inversión en repararlo duplicó lo que en su momento se gastó por su “rescate”, tal como ha ocurrido con otros trenes.

Solicitud de información:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTO: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/los-24-trenes-rescatados-del-metro-mas-caros-de-lo-revelado-y-con-2-mil-400-fallas/

Evaluación docente no tendrá marcha atrás: Peña Nieto

MÉXICO, D.F: El presidente de México, Enrique Peña Nieto reiteró este lunes que la evaluación magisterial “no tendrá marcha atrás”.

En el marco del XVI Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, Peña advirtió: “La evaluación docente no tendrá marcha atrás, es una obligación constitucional y estamos para cumplirla”.

Recordó que por primera vez los ascensos serán obtenidos por los méritos de cada maestro y maestra, lo que beneficia también a los alumnos, y que el gobierno está impulsando una reforma educativa que tiene como prioridad que todos los niños y jóvenes reciban educación de calidad.

Indicó que durante el fin de semana y hasta este lunes, están siendo evaluados más de 39 mil maestros de Educación Básica que aspiran a una promoción.


“La reforma educativa será la de mayor impacto para el desarrollo del país y de los mexicanos”, aseguró el mandatario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncia investigador uso de fracking en Papantla; Pemex ha tratado de ocultarlo

Papantla, Ver: Se han detectado 172 pozos petroleros explorados bajo la técnica de la fracturación hidráulica en Papantla, desconociéndose cuáles son las afectaciones al ambiente y a la salud en la región, porque Pemex ha tratado de ocultar la información, denunció Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Análisis e Investigación “Fundar”

“Desde Tecolutla, hasta el municipio de Camerino Z, en la sierra norte de puebla, hay 500 pozos que se van a explorar bajo está técnica que ha sido prohibida en otros países porque es altamente contaminante”, dijo.

Lamentó que hay un grave problema de información, pues aunque desde 2003, la paraestatal ha empleado la técnica de la fracturación hidráulica para explorar gas y petróleo, no ha dado a conocer información pública y precisa sobre el daño ambiental.

Hace poco más de un mes, a través de solicitudes de información, organizaciones ambientales lograron obtener la confirmación de parte de Pemex, de que en el país hay 900 pozos donde se está usando está técnica aunque no da más detalles.

“Pemex tenía que haber informado a la población y las comunidades donde invade el territorio sobre la exploración de estos pozos, la población no está informada en que se está dando en su territorio ni las afectaciones para impedirlo”, dijo.

En entrevista durante el Encuentro Regional Norte-Golfo por la Defensa del Agua y el Territorio frente a Proyectos de Muerte, el académico dijo que el primer paso de la resistencia es informar a las comunidades sobre qué es la técnica del fracking y sus afectaciones, que incluyen daños ambientales y a la salud, por los químicos que se usan para extraer hidrocarburos.

“Esta es información que no debería se responsabilidad de las organizaciones civiles, es una responsabilidad del gobierno que tiene que informar, sobre todo porque se trata de comunidades indígenas y así lo mandata la mandata la constitución”, dijo.


Afirmó que la iniciativa de crear un gran frente de defensa y territorio en al menos cinco estados del país, tiene como finalidad informar a la sociedad civil y crear redes de defensa del territorio para impedir los proyectos que están previstos como parte de la Reforma Energética.

FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.

Propuesta anti memes, un “mal chiste”: Artículo 19

La diputada local del Partido Verde en Sonora, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, propuso una ley que da el carácter de ilícito al uso de la imagen de personas y servidores públicos en redes sociales sin su consentimiento, como ocurre con los memes.

La organización Artículo 19 hizo un llamado al Congreso de Sonora a desechar la iniciativa conocida como “Ley anti-meme” y respetar las libertades de expresión e información, imprescindibles en una democracia.

En un comunicado, indicó que “resulta particularmente preocupante que a nivel federal y estatal se sigan presentando iniciativas de ley para inhibir en diversos espacios y mediante distintas herramientas el ejercicio de la libertad de expresión”. 

Además, exigió al Congreso de Sonora “derogar el delito de calumnia, previsto en el artículo 284 del Código Penal local, ya que este tipo de normas inhiben el ejercicio de derechos, al criminalizar las libertades de expresión e información”.

Artículo 19 expuso que el pasado 15 de junio, la diputada Selma Guadalupe Gómez Cabrera del Partido Verde, presentó ante el Congreso de Sonora la iniciativa de Ley sobre Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida privada, el Honor y la Propia Imagen, que contiene diversas disposiciones que restringirían la difusión de los llamados “memes”, además de que “pretenden imponer restricciones más amplías en diversos aspectos que atañen el ejercicio de la libertad de expresión”.

“Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues tanto el artículo 6° de la Constitución, como el 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen límites legítimos para su ejercicio, siendo uno de ellos la vida privada; sin embargo, toda restricción deberá interpretarse conforme a criterios estrictos, como el denominado test tripartita, en el cual toda restricción deberá (i) estar establecida en una ley, de forma clara y precisa, (ii) perseguir algún fin legítimo superior, y (iii) ser necesaria y proporcional.

“Este tipo de iniciativas que establecen limitaciones a derechos, deben observar puntualmente dichos estándares o, de lo contrario, se generarían restricciones ilegítimas y desproporcionadas, resultando inconstitucionales e inconvencionales al ser violatorias de derechos humanos”, apuntó.

Y sostuvo que sancionar la utilización de nombre, voz o imagen “con fines peyorativos”, deriva en un concepto ambiguo e impreciso, sujeto a interpretaciones discrecionales y arbitrarias por parte de las autoridades, que serían restrictivas de las libertades de expresión e información.

Con esta iniciativa, en caso de ser aprobada, podría llegarse a sancionar la utilización de los denominados “memes” o imágenes satíricas que comúnmente circulan en las redes sociales que, a partir de determinados hechos o acontecimientos, generan expresiones críticas o cáusticas a través de dichas imágenes. Esto se encuentra totalmente protegido dentro de la libertad de expresión, al tratarse de críticas mordaces, irónicas, sarcásticas o cáusticas, añadió. 


Además, al realizarse sobre figuras públicas o con contenido político, dichas expresiones se encuentran especial y doblemente protegidas, ya que aluden a funcionarios o personas con proyección o notoriedad públicas, respecto a hechos relacionados con sus actividades también de carácter público, por lo que no representaría un daño a su vida privada, honor o imagen, siendo la libertad de expresión la que debe prevalecer y protegerse.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aumentan asesinatos en mayo

El Estado de México, por quinto mes consecutivo, es la entidad más violenta del país.

En mayo se registró un aumento en el número de homicidios dolosos, pues pasó de mil 428 ocurridos en enero 2015, a mil 621 el mes pasado.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde marzo se registra un aumento de asesinatos, al pasar de mil 449 dicho mes, a mil 520 en abril y los mil 621 en mayo.


La entidad más violenta el mes pasado fue el Estado de México, con 211 homicidios dolosos; en los primeros 5 meses del año, acumula 977. El segundo lugar por el número de asesinatos lo ocupó Guerrero, con 175 en mayo, y un total de 802 en los primeros 5 meses del año.

Las cifras completas, que incluyen número de secuestros y extorsiones:

Victimas2015_052015.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.