Grupo México enfrenta segunda demanda colectiva por ecocidio en Sonora

HERMOSILLO, Son: La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa AC interpuso una segunda demanda colectiva contra Grupo México, para que repare el daño causado a las personas que resultaron afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 agosto del año pasado.

La denuncia fue promovida el pasado miércoles 17 ante la juez Octava de Distrito en Materia Civil, Emma Gaspar Santana, con sede en el Distrito Federal, dado que es en esa capital donde Grupo México SA de CV, Minera México SA de CV y Buena Vista del Cobre SA de CV tienen sus domicilios fiscales.

El documento los suscribieron y presentaron David Álvarez Bernal y Luis Pérez de Acha, presidente y abogado de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, respectivamente, en representación de 86 demandantes directamente afectados.

“Las circunstancias comunes que comparten los miembros de esta colectividad es que todos ellos viven o tienen sus negocios, propiedades o posesiones en los municipios de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huepac y San Felipe de Jesús, del estado de Sonora, por donde fluyen los ríos contaminados por las empresas demandas”, cita la demanda.

De acuerdo con el texto, la contaminación señalada ha dañado aproximadamente a 22 mil personas en siete municipios y ha traído como consecuencia que los niveles de contaminación del agua de los ríos se encuentren por arriba de los permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127- SSA1- 1994 (”Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización y modificación”).

El litigante Álvarez Bernal precisó que la denuncia es para que la empresa atienda directamente a los afectados por el derrame de los tóxicos, tanto a los firmantes como a quienes se sumen a esa acción colectiva.

“Significa la posibilidad de obtener, mediante un solo juicio de fácil acceso, la protección de su salud y patrimonio, y además estimula a las empresas demandadas a adoptar una cultura de responsabilidad ambiental”, resaltó.

Esta segunda demanda colectiva es complemento de la primera, admitida el 26 de marzo pasado por la misma juez Octava de Distrito, para exigir la reparación de los daños ambientales en defensa de un derecho colectivo de vivir en un medio ambiente sano.

Según los afectados, el texto se basa en la protección de derechos humanos individuales y busca que se reparen los daños provocados a personas físicas o morales que vieron lastimada su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego y la materia prima para producir alimentos, además de la enfermedad y muerte de ganado.

Las normas que dan sustento a esta demanda de acción colectiva se incluyen en la Constitución Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, ya que cualquier impacto negativo o daño ambiental que sufra el ecosistema en donde viven, trabajan y tienen sus negocios los miembros la colectividad, repercute necesariamente en su desarrollo como seres humanos, y afecta su patrimonio y su salud.


Los representantes de la firma invitaron a quienes se sientan afectados por ese accidente minero y deseen sumarse a la demanda, que envíen un correo electrónico a: info@acsinaloa.com, para integrarlos al expediente y reciban la indemnización que les corresponda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Implican a Cárdenas Batel en especulación de tierras en Michoacán

MÉXICO, D.F: El exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, entre otros exservidores públicos, es investigado por presunta especulación de tierras en la Isla de El Cayacal, municipio de Lázaro Cárdenas.

Los legisladores Antonio Sosa López (PRI) y Sebastián Naranjo Blanco (PAN), integrantes de la comisión especial de seguimiento del Parque Industrial de la Isla de La Palma, lamentaron la falta de voluntad de los gobiernos michoacanos para resolver ese asunto.

“Concluida la investigación y teniendo certeza de quiénes y cuántos incumplieron, evidenciando irregularidades que van desde el hacerse de terrenos a un costo irrisorio hasta el no cumplir con las cláusulas, como construir en un tiempo determinado, se puede proceder”, precisó Sosa López.

Los trabajos efectuados por esa comisión, dijo, han servido de presión para que en cierta medida se reactiven las acciones, pues en algunos casos incluso se han iniciado las construcciones que estaban pendientes en El Cayacal.

Sin embargo, agregó, ha faltado voluntad de los gobiernos en turno, “porque una vez que ya se tiene la información, cuando ya se pretende proceder, dicen: ‘espérate tantito’, y eso es lo que ha atorado una, dos y hasta cuatro veces el asunto”.

En declaraciones al diario ‘Cambio’ de Michoacán, el también presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán demandó una transición normativa y que se cumpla con lo que marca la ley, y no esperar una decisión desde arriba.

Por lo que toca propiamente a la Isla de La Palma, el diputado priista sostuvo que se tienen avances importantes, como el que en los próximos días se inicie el famoso cerco perimetral en el lugar. “Otro logro es que ya se lleva un avance de 100% del marco jurídico y las reglas de operación”.

Sosa López señaló que a partir de la experiencia vivida en El Cayacal, en el caso de La Palma no se venderán terrenos, sino que sólo se concesionarán, salvo en 90 hectáreas en las que se prevé se ubique el Recinto Fiscalizado y donde la Administración Portuaria ya ha elaborado una carta de intención al respecto.

Por su parte, el legislador Sebastián Naranjo Blanco refirió que si bien las facultades de la Comisión Especial se enfocan en la Isla de La Palma, en los trabajos que se han realizado han tenido conocimiento de lo ocurrido en el Parque Industrial de El Cayacal y las irregularidades ahí suscitadas.


“En la última reunión que tuvimos de la Comisión hablamos de la necesidad de que nuestras facultades pudieran ampliarse para poder emitir alguna opinión y realizar alguna investigación sobre El Cayacal”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘No habrá marcha atrás’

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que ni la evaluación a los docentes ni la reforma educativa tendrán marcha atrás.

Pese a la lucha constante que ha mantenido la CNTE contra la reforma educativa, en específico contra la evaluación docente, ayer el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no hay marcha atrás.

Después de la aplicación de las primeras evaluaciones a profesores el pasado fin de semana -a excepción de Chiapas, Oaxaca y Michoacán- el mandatario señaló que este nuevo modelo beneficia a todos, a maestros y alumnos por igual.

“Se trata de un verdadero cambio de paradigma que enfrenta resistencia de algunas minorías”, dijo Peña Nieto durante un foro sobre educación en Jalisco.

Agregó que durante el sábado y el domingo realizaron las pruebas 39 mil profesores de educación básica que aspiran a ser promovidos a cargos de dirección, supervisión o asistencia técnico-pedagógica.

Sin embargo, maestros de la CNTE en Chiapas, Oaxaca y Michoacán no asistieron al proceso.

“En Oaxaca le decimos a Emilio Chuayffet que no llovió ni tronó y la evaluación no pasó”, indicó el representante del sector estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Efraín Picasso Pérez.

Y es que en días pasados, el titular de Educación Pública afirmó que “llueva o truene” habría evaluación docente. Pero no fue así. 

¿De qué va la evaluación?

1. Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales

El director de cada escuela presenta un reporte sobre el trabajo de los profesores a su cargo.

2. Integración de expediente de evidencias de enseñanzas

Los profesores integran un portafolio en el que incluyen datos sobre su escuela y su estrategia didáctica.

3. Examen de conocimientos

Estas pruebas cuestionan qué haría cada maestro en situaciones específicas ante sus alumnos.

4. Planeación didáctica argumentada

Los profesores hacen un diagnóstico de su grupo de alumnos. En él detallan su plan de clase y cómo evaluarán el aprendizaje de sus pupilos.

¿Y si reprueban?

Si reprueban en tres oportunidades, los que tengan “nombramiento definitivo” dejarán las aulas y serán reubicados a tareas administrativas o se les ofrecerá un programa de retiro. Los que tengan “nombramiento provisional” dejarán de dar clases definitivamente.

¿Y si pasan?


Los profesores con “nombramiento provisional” tendrán nombramiento definitivo, y su siguiente evaluación será en un plazo no mayor a los 4 años.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Casta maldita

Perseguidos por los delitos de sus padres, los hijos de quienes fueron líderes de Los Templarios enfrentan una doble condena: dejaron atrás su vida de riqueza y ahora son blanco de las venganzas de quienes buscan saldar deudas de sangre.

Más allá de la guerra que persiste en Michoacán, donde siguen recios los enfrentamientos entre células de Caballeros Templarios y grupos de autodefensas, surge el drama de los otros perseguidos.

El de las familias de los que fueron jefes de plaza del cártel que gobernó a Michoacán, y que hoy –asediados por los grupos de civiles armados de las autodefensas- se esconden con miedo.

Atrás quedó la opulencia y displicencia de mujeres emperifolladas y juniors omnipotentes. La historia se ha revertido. Ahora sobre las familias de los principales jefes de plaza del cártel templario recae la venganza: pesan sendas sentencias de muerte. Por eso huyeron de Michoacán y se diseminaron en lo más recóndito del territorio nacional. 

Durante el auge de la época del terror, los michoacanos fueron sometidos al gobierno tácito que impusieron Nazario Moreno González “El Chayo”; Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Enrique Plancarte Solís, “El Kike”; Dionisio Loya Placarte, “El Tío”; Samer José Servín, Héctor Chávez Quiroz, “El Mariachi”; Francisco Galeana Núñez, “El Pantera”; Jesús Vázquez Macías, “El Toro”; Joaquín Negrete Arriaga, “El Alegreti”; Héctor Guadalupe Partida y Heliodoro Moreno Anguiano.

La mayoría del estado mayor del cártel está desmovilizada. Unos fueron abatidos y otros están encarcelados. De acuerdo a cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta marzo del 2015, ya habían sido detenidas mil 542 personas de las que al menos 268 eran parte de la estructura de mando de la organización criminal.

Reporte Indigo pudo contactar a algunos de los hijos de los jefes de plaza que mantuvieron asolado todo el estado. Son parte de una realeza caída, que vive a hurtadillas, la mayoría de ellos en la absoluta pobreza. Fueron despojados de todo. Y lo que no les arrebataron, ellos mismos se lo quitaron: la mayoría ha cambiado de nombre. Tratan de sepultar un pasado que no solo no los deja vivir, sino que amenaza con hacerlos morir.

En una suerte de venganza y barbarie, a las esposas e hijos de los que bajo la ley del terror gobernaron a Michoacán, les despojaron de todo. Los grupos de autodefensa, apenas ingresaron a las zonas controladas por los jefes del narco, decomisaron viviendas, vehículos, huertas, ganado, propiedades acumuladas ilegalmente. Pusieron precio a las cabezas de los familiares directos de los jefes templarios.

Las opulentas mansiones que contrastaron con la pobreza reinante en los llanos y cañadas, desde la  Costa hasta la Tierra Caliente, edificadas a gusto de los templarios, hoy son cuarteles de los grupos de autodefensa. En el mejor de los casos son casas abandonadas. Los añicos de cristales y paredes hablan del desprecio escupido por la población, que las blanqueó a pedradas.

Por eso, algunos de los hijos de los jefes del narco decidieron no quedarse a ver cuál sería el resultado de su persecución. Los grupos de autodefensas han logrado detener a cerca de 36 familiares directos de jefes del narco y todos han sido procesados por el delito de lavado de dinero y/o uso de recursos de procedencia ilícita. Todos los detenidos se encuentran recluidos en cárceles federales. En los últimos tres años, al menos 18 familiares de jefes de plaza han aparecido ejecutados en las regiones de Lázaro Cárdenas, Sierra Nahua y Tierra Caliente.

De ‘niña de papá’ a cajera de autoservicio

Dice que le llame Elisa  aunque no es su nombre verdadero. Tiene 24 años y desde el 2012 salió de Michoacán. Su intención era viajar a Estados Unidos, junto con su madre y hermanos, pero optó no llegar a Tijuana. 

“Dicen que allí andaba un grupo de autodefensas cazando a las familias de los templarios”, explica. “Nosotros no quisimos arriesgarnos”. 

Voltea hacia todos lados. Se le nota el temor. 

“Todos los días uno vive con miedo”, dice mientras esconde la mirada. En los últimos tres años se ha cambiado de ciudad y de nombre en dos ocasiones. Salió de Michoacán porque sobre ella pesan dos amenazas: violarla y matarla. Fue la sentencia que le dictó un grupo de autodefensas que busca vengar la muerte de por lo menos 12 niñas muertas a manos de su padre.

Elisa todavía no puede creer por las que está pasando. El pelo rojizo con el que intenta cambiar su imagen ya amenaza con raíces rubias. 

“Es que no me lo he pintado. Se me olvida”, reconoce  intentando sonreír al descubrir la mirada del reportero. “Hasta a eso me he tenido que ir acostumbrando”. 

Todos en su familia intentaron cambiar de imagen. Los muchachos, unos se raparon y otros se tiñeron también el pelo. Su mamá se hizo la base. 

“Se ve muy chistosa con su pelo chino. Parece una negrita güera”.

-¿Cómo vivían en Michoacán?

“No nos faltaba nada, más bien nos sobraba todo. Había lujos al por mayor. Yo era la niña consentida de mi papá. No había nada que no le pidiera y que no me lo cumpliera. Para un cumpleaños le pedí que me llevara banda, y me llevó tres bandas y me regaló un BMW. A mis hermanos sin que fuera ocasión especial les regalaba motocicletas y autos. El dinero era algo que nos sobraba.

“Nosotros sabíamos que estaba con Los Templarios. Pero no sabíamos que le achacaron la muerte y violación de 12 niñas”. No puede contener el llanto cuando habla de su padre. 


“Ahora los autodefensas quieren que yo pague por esas muertes, no creo que sea justo ¿o sí? Mi papá ya pagó con su muerte. Por eso es mi miedo de todos los días. Porque siento que en cualquier rato me raptan”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Las artimañas de los “ganadores”

MÉXICO, D.F: Al PRI le funcionó la estrategia de compensar su pérdida de votos con la eventual ganancia del PVEM para conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque el saldo neto de la pérdida de un punto porcentual del PRI, entre la elección del 2012 y el 2015, y la ganancia de 1.3 puntos porcentuales del PVEM, representa únicamente 0.3 puntos de incremento, eso le permitió tener nueve diputados más de los que tiene en la actual legislatura, para llegar a los 250, exactamente el 50% de las curules.

Así, aunque en conjunto apenas obtuvieron el 40.3% de la votación nacional emitida (32.6% del tricolor y 7.7% del verde), eso les permitió obtener una sobrerrepresentación de 9.7 puntos porcentuales, superior a los 8 que formalmente permiten la Constitución y la ley electoral.

En la elección se combinaron varios factores que jugaron a favor de dicha coalición, que en realidad decreció en 2 puntos porcentuales en la votación total emitida (que es total de los votos depositados en las urnas) al pasar de 38% en 2012 a 36% en 2015. Al revisar la votación del PAN y de la izquierda en su conjunto (PRD, PT, MC y Morena –aunque este último no estaba en el 2012) resulta que los blanquiazules perdieron 4.9 puntos porcentuales, al pasar de 25.9 al 21.0, y la izquierda aumentó 1.2 puntos al pasar de 27 a 28.2%.

Sin embargo, al llegar a la votación nacional emitida (que es la votación total emitida menos los votos nulos, los votos por candidatos no registrados, los votos por candidatos independientes y los votos de los partidos que no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida –la total menos los votos nulos–), que es la que se utiliza para hacer el reparto de las curules plurinominales y para medir el porcentaje de sobrerrepresentación, los números cambian porque en 2012 hubo 4.98% de votos nulos, muy similar al porcentaje de 2015, y 0.08% de votos por candidatos no registrados, lo que da un total de 5.07% que se restaron para obtener la votación nacional emitida; pero en el 2015 hay que agregar los porcentajes de los candidatos independientes y de los dos partidos que perdieron el registro; así se llega a un total de 10.48%  de votos que se redistribuyen proporcionalmente en el resto de los partidos.

Así, para efectos prácticos, el PRI y el PVEM, con el 36.1% de los votos depositados en la urnas, logran el 50% de las curules, es decir, una sobrerrepresentación de casi 14 puntos porcentuales, 6 puntos porcentuales más del 8% establecido en la legislación. El PRI y su aliado, aunque sí aumentaron su número de legisladores, decrecieron en su porcentaje de preferencia electoral.

El saldo favorable para el PRI y su comparsa no es producto del respaldo de la ciudadanía al “proyecto que estamos impulsando”, como señaló el presidente Enrique Peña Nieto, sino de una muy buena ingeniería electoral que han venido perfeccionando a lo largo de cinco procesos electorales y que en esta ocasión se conjugó con los factores ya señalados.

En la elección intermedia de 2003, la primera en la que el tricolor y el verde hicieron una alianza parcial, lograron en conjunto el 43.4% de la votación nacional emitida (VNE) y obtuvieron el 43.6% de la curules (218 diputados), lo cual resultó simplemente de haber logrado la representación equivalente a su votación. En la elección de 2006, en la que fueron en alianza total para las elecciones presidenciales, en las que cayeron al tercer lugar de la votación, incluso se quedaron con una subrrepresentación, pues lograron el 29% de la VNE y el 24.6% de las curules.

En 2009 decidieron no hacer alianza alguna; su porcentaje de votación sumado fue de 46.8%  y una representación de 52.8%, lo que les permitió tener el control de la Cámara de Diputados en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón. En 2012, nuevamente optaron por la alianza parcial y consiguieron en conjunto el 40% de la VNE y el 48.2% de las curules, es decir, ligeramente por encima de la sobrerrepresentación permitida, y fue esa curul adicional, que les dio el 0.2%, lo que les permitió tener la mayoría en la Cámara baja al sumar a los 10 diputados del Partido Nueva Alianza.

Y en esta elección, con el 40.3% de la VNE, obtiene el 50% de la Cámara, lo que implica una sobrerrepresentación de casi 10 puntos porcentuales. La clave estuvo en el número de triunfos de mayoría relativa que alcanzaron (8 más que en la elección de 2012) y en la distribución de éstos entre los dos grupos parlamentarios (el PRI obtuvo 9 menos y el PVEM –que no logró ninguno en los distritos en los que participó sólo– 17 más), lo que les permitió a ambos partidos obtener un porcentaje de sobrerrepresentación: al PRI de justo los 8 puntos porcentuales y al Verde de 1.7, y así transformar un crecimiento porcentual que les debería redituar al PRI únicamente 1.5 diputados más en uno que le permitió ganar 9, es decir, 7.5 diputados más de los que le corresponderían.

Así, al menos cuatro factores se conjugaron para permitir al tricolor y al verde eludir las disposiciones constitucionales y lograr una sobrerrepresentación mayor a la permitida: las fórmulas legales; la ingeniería electoral de los estrategas políticos; la dispersión de los votos de la izquierda, y el excesivo porcentaje de votos desperdiciados (nulos, por candidatos independientes y por dos partidos políticos que perdieron su registro).


Lo cierto es que el resultado no es un mayor apoyo al proyecto presidencial, sino una burla a la voluntad ciudadana, que en realidad se manifestó claramente en contra de los partidos que participaron en el Pacto por México y las reformas que impulsaron, ya que en su conjunto perdieron más de 15 puntos porcentuales entre una elección y otra; el PAN, 4.9; el PRI, 2.7, y el PRD, 7.5, si los porcentajes se obtienen en relación al total de votos depositados en las urnas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padre de uno de los 43 admite que su hijo fue militar, pero “desertó”

TIXTLA, Gro: Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, confirmó que su hijo fue militar, pero “desertó” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

López Patolzin estuvo dos años activo en un batallón adscrito a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, de donde se retiró tras sufrir un accidente en las labores que realizó el Ejército durante la contingencia generada por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013, indica.

En entrevista, el padre del soldado normalista advierte que su hijo no es el único militar que ha estudiado en la Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que reprochó que lo señalen como infiltrado y pretendan culparlo de la tragedia de Iguala.

También considera que la falta de transparencia en el manejo de recursos económicos destinados por organizaciones y activistas, además de la falta de respuesta de las autoridades, han generado un gran desgaste físico y moral entre algunos de los padres de los jóvenes, por lo que prefirieron mantenerse alejados del movimiento, aunque siguen firmes en la exigencia de justicia.

El pasado miércoles 16, Apro difundió una nota sobre las revelaciones que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que un soldado en activo forma parte del grupo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero decidió reservarse el nombre bajo el argumento de que se trata de información clasificada.

En la edición que circula esta semana, el semanario Proceso publica un texto titulado “El enigma del soldado normalista desaparecido”, donde se indica que desde octubre pasado funcionarios federales y estatales tenían conocimiento de que al menos dos de los 43 estudiantes matriculados en Ayotzinapa eran militares en activo.

De acuerdo con familiares de las víctimas, el normalista Julio César López Patolzin, de 25 años, perteneció al Ejército antes de ingresar a la Normal, y “no se vale que la estén agarrando contra mi hijo sólo porque fue militar y digan que es infiltrado, porque él ya había desertado”, dice Rafael López.

El padre del joven desaparecido relata que el pasado viernes 19 acudió a una reunión privada en la Normal de Ayotzinapa, convocada por líderes del movimiento, quienes le reprocharon el pasado castrense de Julio César y le exigieron un documento oficial que avale su baja del Ejército.

Como desertor, dice, no hay un oficio que acredite esa baja, y asegura que la madre de otro normalista desaparecido también dijo que su hijo había desertado de las filas castrenses y tampoco le habían dado una hoja para avalar su baja.

Luego de destacar que Julio César no era el único militar que estudiaba en la Normal de Ayotzinapa, suelta: “Hay hartos a quienes ya no les gusta (la milicia), se salen, estudian (en la Normal) y terminan su profesión, y ellos no son investigados a pesar de que han pasado otras cosas”.

De acuerdo con Rafael López, el resto de los padres acordaron exigir una respuesta a la Sedena para determinar quién es el soldado matriculado en la Normal de Ayotzinapa, y sostiene que él también pedirá información para conocer la situación de su hijo.

“Los padres van a investigar directamente ante la Sedena y nosotros también vamos a pedir una explicación para evitar que manchen la imagen de mi hijo que sigue desaparecido”, expresa López Catarino, y asegura que él y su familia se sienten mal por los señalamientos.

Asimismo, reprocha que hasta el momento no se haya esclarecido el tema del teléfono móvil de su hijo, que seguía activo después de la desaparición de los normalistas, y de acuerdo con el rastreo satelital se ubicó por última vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Ni los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ni las autoridades ministeriales federales y estatales, han dado seguimiento a esta línea de investigación que podría determinar el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, apunta.


Luego de señalar que se alejó del movimiento porque tiene que trabajar para mantener al resto de su familia, Rafael López resalta que en días recientes fue internado en el hospital general de Chilpancingo, pero nadie acudió a visitarlo para conocer su estado de salud, únicamente su familia estuvo con él.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Alertan en redes sociales sobre “cacería” de zetas en Nuevo León

MÉXICO, D.F: Un mensaje en el que se advierte de una “cacería” de presuntos miembros de Los Zetas en Monterrey, Nuevo León circuló en las redes sociales el fin de semana pasado.

Dicho mensaje empezó a circular el domingo a través de Facebook, luego de que en la mañana de ese día fueran hallados en distintos puntos de San Pedro, en el área metropolitana de Monterrey, tres cadáveres semidesnudos de jóvenes de unos 20 años y dos días después de que un comando ejecutara a 10 personas en el interior de una bodega en el municipio de García.

Este último municipio es territorio dominado por el gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, de donde fue alcalde en el trienio 2009-2012.

En el mensaje que empezó a circular tras estos hechos, los presuntos sicarios advierten que no están jugando y que van a torturar y matar “a toda la basura Z”.

El mensaje dice:

“Comunicado que me acaba de llegar: Con fecha de hoy (domingo 21) se les hace un comunicado a toda la población para que no anden en la calle a partir de las 10 de la noche dado que llego la caseria de mugrozoz (z) venimos por papo, catre, flako, el caguamo, el chino, lic chavez, el morado, el tompo y Ciro Nieto” (sic).

Todos esos “achichincles”, acusa el mensaje, están secuestrando gente con apoyo de “Germán”, comandante de la Policía Municipal.

Los azuzadores se identifican como miembros del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo, “trabajando todos unidos con el mayito y la reyna zambada patrona del pasifico todos juntos para el patron de patrones (Joaquín Guzmán loera el chapo Guzmán) no tomes ala lijera” (sic), advierten.

Y advierten que no están jugando y que van a torturar y a matar a toda “la basura” Z.

“No perdonaremos a nadie toda persona que ande alas 12 am ya sea caminando en moto o coches camionetas con poralisadas será levantado y torturado hasta que hable o muera. (sic)

“No queremos confundirlos por eso agan caso es la casería de mugrozos la limpia total de Z estan advertidos con esta fecha empesaremos alevantar torturar y matar a todo aquel que tenga apariencia de halconzito o comandante de plaza no se anden paseando con musica en los carros recuerda que no venimos a jugar estas advertido mas vale que tambien envies este mensaje atoda tu familia amigos y demas por su propia seguridad atte: CDG y CDS” (sic), firman los presunto sicarios.

El mensaje, difundido por el Blog del Narco, llegó a manos de un usuario de Facebook, cuyo nombre no se revela, quien a su vez afirmó que se lo hizo llegar la policía estatal.

“Les llego a la SSPE. Hay que tener mucho cuidado. Saludos. Que tengan buen día. Aseguran que está programado un operativo para hoy (domingo) y mañana (lunes) por fuerzas federales. Así que por favor no se expongan. HÁGANLO SABER A TODOS ¡PORFAVOR! Ya empezaron con 10 muertos en García y hoy tiraron 3 ejecutados en calzada San Pedro”, concluye el mensaje.

El domingo, el gobernador Rodrigo Medina confirmó que en las últimas 48 horas han sido asesinadas 22 personas y atribuyó la ola de violencia a “pugnas” entre los cárteles del Golfo y Los Zetas pero afirmó que no todos tienen relación y los calificó como “hechos aislados”.

Los asesinatos más recientes se registraron el domingo en zonas habitacionales de San Pedro, donde fueron encontrados tres cadáveres y una cuarta víctima apareció con un tiro de gracia en otro punto de la ciudad.

Incluso Medina reconoció que uno de los cuerpos fue arrojado frente a la residencia del actual secretario de Seguridad de San Pedro, Marcial Herrera, quien recientemente fue nombrado para ese cargo.

“La violencia está provocada por los cárteles que operan en el noreste del país y se presume que en algunos de los casos sean ajustes de cuentas o reacomodos de estos grupos delincuenciales”, afirmó el gobernador al término de una reunión de todos los cuerpos de seguridad que vigilan el estado.

El mandatario afirmó que hay líneas de investigación que ya fueron confirmadas para dar con los responsables e indicó que está trabajando para “recuperar la tranquilidad del estado”.


Adelantó que se reactivarán los puntos de revisión en las calles y el despliegue de todos los cuerpos de seguridad para vigilar la zona metropolitana, incluidas entradas y salidas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cabildean en Congreso blindaje para Medina

Ante la posible investigación al gobierno de Rodrigo Medina, operadores del PRI y del PAN intentan ‘sacar’ en esta legislatura algunos temas pendientes que serán clave a la hora de revisar las cuentas de la administración saliente.

El cierre de la actual legislatura en el Congreso estatal se dibuja complicado.

A pocas semanas que concluya el periodo de los actuales diputados locales, se discuten temas clave para la revisión de cuentas de la administración que está por terminar.

De acuerdo a fuentes al interior del Congreso, se lleva a cabo una operación de cabildeo entre los diputados del PRI y del PAN para, en esta legislatura, “sacar” adelante temas pendientes y posiciones sensibles para el gobierno de Rodrigo Medina.

Entre estas se incluyen la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el nombramiento de magistrados del Poder Judicial del Estado y la revisión de más de un centenar de Cuentas Públicas del periodo 2012-2013.

La ASE continúa acéfala después de la muerte del extitular Sergio Marenco en marzo del 2014, y sin duda podría influir en la revisión a los números del mandatario saliente.

El Congreso ya ha intentado en tres ocasiones elegir a un nuevo responsable, sin embargo, no se ha logrado un consenso en medio de acusaciones de influyentismo y compadrazgo entre las diversas bancadas.

La semana pasada la Comisión de Vigilancia del Congreso –que preside Rebeca Clouthier– aprobó lanzar la convocatoria para nombrar al sustituto de Marenco, lo que ha sido criticado por organismos intermedios.

Otros cuatro nombramientos que están pendientes –y que también serán clave a la hora de llamar a cuentas a la administración medinista- son los de los nuevos magistrados del Estado.

Los perfiles que sonaban son Raymundo González, Marco Antonio Rodríguez Barrientos, Francisco Javier Martínez Briones, Alejandro Carlin Balboa y Jesús Demetrio Cadena Montoya.

Desde abril el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución para aumentar de 16 a 20 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Voces al interior de la legislatura señalaban a algunos candidatos como cercanos al gobernador. A otros los relacionaban con el PAN, específicamente con Raúl Gracia y el Grupo San Nicolás.

Ayer operadores del PRI y del PAN trabajaban a marchas forzadas para incluir en la agenda de este periodo legislativo las diversas designaciones.

Durante la sesión se acordó citar a una permanente extraordinaria esta misma semana, para ahí fijar una fecha para discutir los temas pendientes.

Sin embargo, por la tarde la negociación continuaba y no se lograba establecer una ruta crítica. 

Incluso, algunos legisladores consideraban la opción de pasar “la papa caliente” a la próxima legislatura.

Y es que el jaloneo no es para menos.

Esta misma semana Reporte Indigo dio a conocer que las alianzas al interior del Congreso son clave para el destino del actual gobernador por lo que ya se trabajaba en la protección a Rodrigo Medina.

En medio de una pugna electoral, el tricolor incluso habría estado dispuesto a ceder la alcaldía en el municipio de Guadalupe al PAN con tal de nombrar un auditor “a modo”.

Dicho acuerdo tendría la bendición del panista Raúl Gracia y el Grupo San Nicolás, quien controla la mayoría del Congreso.

Cierre complicado

 Rodrigo Medina culmina su sexenio envuelto en acusaciones de corrupción en las que se involucra a su padre Humberto Medina Ainslie.

El mandatario entrante ha señalado que pondrá lupa a la administración de su antecesor, quien durante las elecciones fue severamente cuestionado.

“Después de esta reunión (con Medina) algunos medios e editorialistas han estado dando opiniones diversas, siempre buscando ser adivinos, les he de decir con claridad que nuestro Gobierno investigará, revisará y llevará a juicio a quien haya desviado, tomado o robado el recurso público, esto sin importar nombre, de que sea de cualquier familia o de cualquier grupo político o de partido”, aseguró “El Bronco” en un post de Facebook.


“No cederemos en esta acción, terminaremos con la corrupción, en eso he sido y seguiré siendo claro y contundente, no se dejen influenciar por comentarios que no sean de mi parte, yo haré lo que dije que haría, ténganme confianza, cumpliré, ya lo verán”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sin cura para la violencia

Carencias extremas, el escaso apoyo de las autoridades de salud del país, la extorsión telefónica, asalto a mano armada y el robo a vehículos son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los doctores pasantes en ciertas comunidades mexicanas, sobre todo en zonas donde opera el crimen organizado.

El asesinato de dos médicos pasantes, una en Guanajuato y otro en Sinaloa, ha abierto un debate sobre las condiciones de seguridad que enfrenta el personal de salud que labora en las comunidades del país.

Una vez que concluyen con sus estudios de medicina, los médicos pasantes son enviados a hacer su servicio social a algún consultorio o clínica que puede ubicarse lo mismo en ciudades que en comunidades rurales apartadas.

Ahí, los pasantes deben dar consulta a los pacientes durante un año, como parte de su servicio.

Aunque todavía no obtienen el título como médicos, los pasantes llegan como becarios a los consultorios de las comunidades y ya tienen todas las obligaciones y responsabilidades de cualquier médico profesional.

Los pasantes se enfrentan, además, a las condiciones de falta de seguridad para su ejercicio en muchas de las comunidades en las que trabajan.

Y también a la precariedad de los centros de salud donde laboran. 

Un estudio revela que solo dos de cada 10 médicos pasantes come tres veces al día.

Asesinatos, secuestros, violaciones, robos

Según un punto de acuerdo impulsado por diputados del PRD en el Congreso de la Unión, el 75 por ciento de los médicos residentes ha sufrido un incidente de seguridad durante su estancia en las localidades donde realizan su servicio social.

En  los últimos siete años, los ataques a la integridad de los médicos han aumentado 200 por ciento, sobre todo en los estados de Morelos, Guerrero y México, señalan los legisladores.

La extorsión telefónica, el asalto a mano armada y el robo a vehículos son los delitos que más se reportan. Pero no son los únicos, sobre todo cuando ejercen su profesión en zonas donde opera el crimen organizado.

Los casos más recientes han sacudido al sistema de salud.

Se trata del asesinato, en hechos separados, de Paulina Méndez, María Teresa Adona y Luis Oswaldo Duarte, todos médicos pasantes que realizaban su servicio social en diferentes estados del país.

El caso de Paulina Méndez se trata de una estudiante de la especialidad de traumatología en León, Guanajuato, que fue asesinada luego de un intento de asalto en octubre del 2014.

Luis Oswaldo Duarte fue ultimado el 8 de junio pasado. Trabajaba en el Hospital Ángeles de Culiacán, Sinaloa. Fue interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y al día siguiente su cuerpo calcinado fue localizado en una carretera cercana.

Seis días después, el 14 de junio, María Teresa Adona fue encontrada sin vida en Cuerámaro, Guanajuato. Ella era estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara y prestaba su servicio social en el municipio de La Romita, en Guanajuato.

A estos se suman los asesinatos de otros médicos pasantes que realizaban su servicio social cuyos casos han sido denunciados en redes sociales.

En julio del 2011 fue asesinado Edgar Francisco Rodríguez, en Colomo, Nayarit. En junio del 2013, Gonzalo González Martínez, en Matamoros, Tamaulipas.

Otro caso es el de Julio Arroyo Ocaña, encontrado muerto en noviembre del 2013 en el municipio de Carmen, Campeche. Y el de Hassan Hamscho, quien falleció en Matamoros, Tamaulipas, en marzo del 2014.

Aunque estos casos han ganado los reflectores nacionales, en redes sociales los médicos pasantes han dejado cientos de testimonios sobre experiencias de riesgo que han vivido.

Ellos relatan casos como violaciones sexuales, secuestros, agresiones con armas de fuego, extorsiones o daños en sus propiedades.

“Yo fui privado de mi libertad por un paramédico que estaba coludido con unos ministeriales, me querían sacar un susto. Lo bueno que supe cómo librarla. Todo se quedó callado y en secreto por ser épocas electorales. Y fui reubicado”, menciona un médico.

“En el 2004 a una amiga embarazada, médico pasante, en su consultorio de Oaxaca la hirieron de bala en la pierna. A la médico de base que me precedió en mi sede del servicio social, en Oaxaca, la violaron en el consultorio”, relata una médica.

Los testimonios se cuentan por decenas, en un sistema de salud que no les garantiza siquiera ayuda para enfrentar una emergencia, pues la mayoría de las veces se encuentran solos en las comunidades, sin los medicamentos e instrumentos para atender al 100 por ciento a la población.

Precariedad del servicio social

Durante su servicio social, la mayoría de los médicos pasantes tienen que vivir con carencias extremas por las condiciones del lugar donde trabajan y el escaso apoyo de las autoridades del sector salud, quien los cuenta dentro de su personal para las estadísticas, pero no para los beneficios.

“(Estás) lejos de casa, lejos de la civilización del pueblo que ‘te tocó’; porque las universidades públicas tienen a bien sortear las plazas por promedio y por palancas. Las universidades privadas las venden”, denunció una médica en el grupo Yo Soy Médico 17, en Facebook.

Los pasantes de medicina que realizan su servicio social en las comunidades rurales reciben un cheque de 600 pesos quincenales aproximadamente.

Cuando se trata de comunidades apartadas, los médicos se quedan a vivir en ellas, en instalaciones que pertenecen al sistema de salud que pocas veces tienen un mantenimiento óptimo.

En el estudio “Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social”, publicado en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc), se revela que casi el 60 por ciento de los pasantes realiza apenas dos comidas al día; solo el 20 por ciento hace tres.


El 70 por ciento de los alimentos a los que tenían acceso era conseguido por los propios pasantes; el 18 por ciento se los da la propia comunidad; y apenas el 12 por ciento es proporcionado por las autoridades del sector salud.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Padres de los 43 acusan al gobierno de Peña de querer dividirlos

MÉXICO, D.F: Con la participación de al menos 65 artistas, sindicatos y colectivos de universidades públicas y privadas, padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, realizarán una jornada de actividades de 43 horas este viernes 26 con motivo del noveno mes sin noticias de los jóvenes.

En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, y Carlos Martínez, representante de los estudiantes, alertaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dividir su movimiento con informaciones como la que difundió el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores, en el sentido de que uno de los normalistas desaparecido es miembro activo del Ejército, con base en la respuesta de la Sedena a una solicitud de información.

“¿Por qué a nueve meses (las autoridades) sacan la nota de que uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado en activo? ¿por qué no lo declararon de esa manera desde un inicio”, cuestionó Felipe de la Cruz.

El vocero reconoció que al reservarse el nombre del militar en activo, la Sedena sembró dudas entre los padres de familia con el objetivo de  “involucrar a los padres en una confrontación entre ellos y deshacer ese movimiento tan fuerte”, que ha persistido pese a las ofertas de dinero y el paso del tiempo.

Contó que una vez que se publicó la información entregada por la Sedena a Proceso, padres de familia de los desaparecidos se reunieron para saber de viva voz si era cierta la versión, y llegaron a la conclusión de que el objetivo de la Sedena es “sembrar la duda y la desconfianza de los padres de familia”.

De la Cruz recordó que desde un principio los padres de familia responsabilizaron a los militares destacamentados en Iguala del ataque a los estudiantes, y que así se lo hicieron saber a Peña Nieto y al exprocurador Jesús Murillo Karam en la reunión que sostuvieron a finales del año y los acusaron de estar “encubriendo a los asesinos”.

De ser cierta la versión de que entre los estudiantes había un militar, dijo, se estaría “quitando la máscara con la infiltración de un soldado”.

El estudiante Carlos Martínez acusó a la Sedena de meter “esa espinita de la duda” y pretender “desarticular al interior del movimiento ya que no pudieron mediante golpes, asesinatos, detenciones y el desprestigio”.

De acuerdo a Martínez, que aseguró ser una sobreviviente de la noche fatídica en Iguala, por los mecanismos de selección de los estudiantes de Ayotzinapa, no habría forma en que se infiltrara un militar entre los alumnos, y “lo que ha intentado la Sedena es  sembrar duda y la desconfianza en el seno del movimiento”.

Sin embargo, agregó que de haber sido el caso implicaría aún más al Ejército en los hechos, porque querría decir que el Ejército “conocía la situación al interior, y tuvo participación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que los militares sabían los movimientos, la ruta, y cuántos había en los camiones, es decir, pudieron planear mejor los ataques, eso prueba de actuación del Estado”.

En cuanto a las acciones programadas para el próximo 26 de junio, Citlali Hernández de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), explicó que a partir de las 16:00 horas saldará una marcha del Ángel de la Independencia a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, escenario de actos culturales y artísticos para exigir la presentación de los 43 así como la sanción a los responsables de los hechos.

La activista dijo que al menos 65 artistas independientes, de universidades públicas y privadas, así como sindicatos y organizaciones sociales, se anotaron para participar en las actividades del próximo viernes que culminarán a las dos de la tarde del domingo 28.

La Jornada 43 por 43, explicó, “tiene como finalidad continuar con la exigencia de verdad, justicia y memoria para Ayotzinapa”, así como “revertir el olvido que el actual gobierno quiere imponer y callar el grito de indignación ante frente a su ‘verdad histórica”.


La convocatoria está firmada por decenas de organizaciones sociales, académicas y de trabajadores, entre ellas la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Asamblea de la Comunidad Artística, Bloque de Trabajadores Democráticos del STUAM; CLETA-UNAM; Coordinadora primero de Diciembre; Egresados del IPN Raúl Álvarez Garín, Centro de Estudios Ecuménicos, así como las 72 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Exhuman una decena de cuerpos de siete narcofosas en Acapulco

MÉXICO, D.F: Miguel Ángel Godínez, fiscal general de Guerrero, confirmó que han sido exhumados una decena de cuerpos de siete narcofosas descubiertas en la colonia Olímpica, al sur de Acapulco.

No obstante, el titular de la FGE no descartó que pudiesen hallarse más fosas con cuerpos de víctimas en su interior, por lo que prosiguen las labores de excavación.

Según datos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), las fosas fueron encontradas en un baldío de la calle 13 de la colonia Olímpica.

Hasta esta tarde, peritos de la FGE y personal de apoyo de la Secretaría de Protección Civil habían recuperado diez cuerpos, siete hombres y tres mujeres.


El hallazgo de las narcofosas se realizó el domingo 21 a pocos minutos del arque “El Veladero”, un área verde protegida de ese destino turístico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corte inicia discusión de amparos impuestos por maestros contra la reforma educativa

Mientras los ministros discuten los amparos, un grupo de profesores de la CNTE se manifiesta afuera de la Corte.

En estos momentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute los amparos promovidos por maestros de la CNTE contra la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los ministros de la Corte deberán discutir los 26 amparos impuestos por docentes. Uno de los argumentos de los maestros es que sujetar la permanencia en sus empleos a una evaluación es contrario a la estabilidad laboral que el artículo 123 de la Constitución estipula.

Se prevé que los ministros de la SCJN declaren constitucionales los artículos 52, 53, 8º y 9º transitorios de la ley, en los cuales se detallan las reglas de la evaluación para la permanencia en el servicio profesional docente.

Para negar o conceder un amparo se necesitan los votos de seis de los 11 maestros.

Mientras los ministros discuten los amparos, un grupo de profesores de la CNTE se manifiesta afuera de la Corte.

Maestros regresan al Monumento a la Revolución para reforzar plantón

Profesores de la CNTE de Oaxaca y Michoacán regresaron al Distrito Federal para reforzar el plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución, después de que el fin de semana impidieron que se llevaran a cabo las evaluaciones docentes en estos estados.

El pasado 17 de junio, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron a clases en Oaxaca, sin embargo, en reuniones decidieron que un 30% de sus miembros permaneciera en el plantón en la ciudad de México.

El retiro de la mayor parte del plantón en el Monumento a la Revolución obedeció a un “repliegue estratégico” para el boicot de las evaluaciones docentes en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó ayer domingo 21 de junio que las evaluaciones para la promoción  a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica fueron suspendidas en Oaxaca y Michoacán “al no existir todas las condiciones que garantizaran su realización”.


Además, la dependencia también dio a conocer que las evaluaciones sí se llevaron a cabo en Guerrero y Chiapas, y que más del 82% de los maestros registrados participaron en los dos primeros días del examen.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Se incendia plataforma de Pemex en Campeche; es el tercer incidente en 3 meses

CIUDAD DEL CARMEN, Camp: Un nuevo accidente, el tercero en menos de tres meses, se registró esta tarde en la zona de plataformas marinas de la Sonda de Campeche, donde una presunta fuga de aceite y gas en la plataforma Akal-H de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un saldo extraoficial de un trabajador desaparecido.

De acuerdo con versiones que corrieron entre el personal de la paraestatal, poco después de la una de la tarde ocurrió una explosión en un separador remoto de la plataforma satélite Akal-H, a bordo de la cual se encontraban cuatro trabajadores quienes, ante la contingencia, se arrojaron al mar.

Tres de ellos fueron rescatados, pero uno más estaba en calidad de desaparecido.

Pemex aseguró que personal especializado atiende la “contingencia por la fuga de aceite y gas que se suscitó a las 13:35 horas de hoy en la plataforma satélite Akal-H, en la Sonda de Campeche, sin que se registraran lesionados”.

La empresa paraestatal informó que los tres trabajadores que se encontraban a bordo por una inspección de rutina “fueron desalojados de manera oportuna y segura de la plataforma”.

Destacó que la instalación está deshabitada y opera de manera automática. Agregó que en el área existen cuatro embarcaciones contra incendio que “de manera inmediata” sofocaron el fuego.

Además, informó que autoridades de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) se reunieron en el Centro de Respuesta y Atención de Emergencia (CRAE) en Ciudad del Carmen, Campeche, desde donde coordinan las labores de control.

El de esta tarde es el tercer accidente que se registra en los últimos tres meses en la zona de plataformas petroleras de la Sonda de Campeche.

El primero ocurrió el pasado 1 de abril en la plataforma Abkatún Alfa, donde una explosión dejó un saldo oficial de cuatro trabajadores muertos, 16 lesionados y dos desaparecidos.


Un mes después, el 5 de mayo, se registró otro incidente en la plataforma autoelevable Troll Solution, de la empresa contratista Typhon, que inclinó al ceder una de sus patas. El saldo fue de dos trabajadores muertos y 10 heridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

Propone ministro declarar constitucional evaluación docente

México, DF. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Fernando Franco, propuso a sus compañeros del pleno declarar constitucional dos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y sus transitorios octavo y noveno, en particular el tema de la evaluación obligatoria y sus consecuencias, que fueron impugnados por decenas de maestros mediante el juicio de amparo.

La propuesta que planteó Franco a sus compañeros durante la sesión pública de este lunes -cuya discusión es probable que se prolongue a los días martes y jueves de esta semana, cuando se reúne el pleno de ministros- apenas ha avanzado en temas de técnica jurídica, entre ellos legitimación (interés jurídico de los maestros quejosos) y competencia de la Corte para conocer del asunto.

En la sesión de mañana (martes), los once ministros discutirán si coinciden con los argumentos vertidos por Franco en su proyecto de resolución o si se inclinan por amparar a los docentes.

Los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la ley detallan las reglas de evaluación para la permanencia en el servicio docente, tanto de maestros que ya tenían nombramientos antes de la reforma de septiembre de 2013, como para los de nuevo ingreso.

El alegato más fuerte de los maestros refiere que los artículos cuestionados sujetan su permanencia en el empleo a una evaluación obligatoria, lo que de acuerdo con los quejosos, es contrario al derecho a la estabilidad laboral de los burócratas que contiene el artículo 123 de la Constitución.

Otro argumento planteado por los abogados de los maestros refiere que deberían ser regulados exclusivamente por normas de carácter laboral, contenidas en el mismo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo.

De inicio, el ministro Franco -quien coordinó a la comisión de secretarios que durante más de un año preparó los proyectos de sentencia- dijo que desde su punto de vista no son inconstitucionales los artículos impugnados, debido a que la reforma al artículo tercero de la Constitución creó una excepción para las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

CFE licitará obras por 150 mdp antes de fin de año

MÉXICO, D.F: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitará obras por más de 150 mil millones de pesos antes de que finalice el año, entre ellas un gasoducto marino de 42 pulgadas de diámetro, en el que se espera una inversión de 3 mil 100 millones de dólares.

De acuerdo con la paraestatal, las obras se concretarán antes de 2018, y tienen como principal objetivo reestructurar el sistema estadunidense de transporte de gas natural y ampliar la capacidad del país para producir energías alternativas.

Según el diario El Financiero, se trata de 24 proyectos, entre los que resalta el gasoducto marino para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios con una longitud aproximada de 800 kilómetros.

En la lista también se encuentran nueve obras para reducir pérdidas en distribución de electricidad, cinco gasoductos, tres ramales, la nueva fase de la central geotérmica Los Azufres, y una nueva central eólica para el sur de la República.


Las pre-bases y bases de cada uno de los proyectos se darán a conocer en julio próximo y se espera que para diciembre se realicen los fallos contractuales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Logran amparo de libertad Bryan y Jacqueline, acusados de robar 500 pesos a un policía

MÉXICO, D.F: El Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó este lunes la liberación de Jacqueline Selene Santana López y Bryan Reyes Rodríguez, quienes el pasado 15 de noviembre fueron detenidos por supuestamente robarle 500 pesos a una policía federal.

El amparo interpuesto por la defensa de la pareja fructifica luego de siete meses.

De acuerdo con el portal Sin Embargo, el abogado de los jóvenes, Jorge Miranda, informó que la Juez Novena ordenó la liberación de la pareja al no acreditarse que los policías que los detuvieron se encontraban en funciones cuando los arrestaron y porque tampoco se pudo comprobar el delito de robo.

El defensor refirió que la juez ordenó al Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal, ubicado en el Reclusorio Norte y quien fue el que dictó el auto de formal prisión contra los jóvenes, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y dicte un auto de libertad que deberá concretarse en el transcurso de los próximos 15 días.

Bryan Reyes, es estudiante de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es conocido por ser uno de los procesados a consecuencia de la jornada de protestas del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

La historia

El pasado 15 de noviembre pasadas las 14:00 horas, Bryan, Jacqueline y su amigo Ulises caminaban por Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, cuando un grupo de 15 personas vestidas de civiles los sometieron para subirlos a un Chevy con vidrios polarizados y un taxi Tsuru.

Cuando uno de los jóvenes gritó “¡Soy Bryan Reyes, me están secuestrando!, un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal arrancó su camioneta y rebasó al Tsuru y al Chevy y ordenó a los conductores detenerse. Ellos se identificaron como policías federales y la patrulla se fue.

Posteriormente fueron llevados al Ministerio Público en donde tras permanecer dos horas, se enteraron que estaban acusados de amenazar con cuchillos de cocina a una policía federal y robarle 500 pesos, a pesar de que se encontraba acompañado por otros dos uniformados.


Apenas 20 horas después de su ingreso al MP, Bryan fue llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil de Santa Martha.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncias de la Auditoría contra mi gobierno no tienen sustento: Javier Duarte

XALAPA, Ver: El gobernador Javier Duarte presumió que las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, por presunta malversación de fondos, sustracción indebida de recursos públicos, peculado y demás han quedado sin efecto.

Está mañana, Duarte de Ochoa convocó a la prensa para asegurar que nunca existieron órdenes de aprehensión en contra de sus colaboradores por este concepto.

“Por las evidencias obtenidas, y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de este órgano autónomo del Estado hizo de mi conocimiento que las denuncias de hechos han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales señalados”, justificó.

El 12 de mayo, Apro tuvo acceso a seis denuncias que la dirección jurídica de la ASF interpuso ante la PGR en contra de colaboradores y exfuncionarios de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera por presunto desvío de recursos.

Las querellas orillaron a que el Senado emitiera un punto de acuerdo, elaborado por el panista Fernando Yunes, para “exhortar” a la PGR a deslindar responsabilidades y, de ser necesario, promover órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.

Las denuncias incriminaban a los hoy diputados federales electos Edgar Spinoso (PVEM), Adolfo Mota (PRI) y Tareck Abdala (PRI), quienes según la ASF simularon el “resarcimiento de recursos” a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.

“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente volvían a retirar el dinero en dos transferencias”, exponían las denuncias en poder de Apro.

Este lunes, en la sala de banderas de Palacio de Gobierno y acompañando del fiscal general Luis Ángel Bravo, Duarte aseguró que en este caso se “tergiversó la realidad”.

“Se hicieron públicas denuncias de hechos que la Auditoría Superior de la Federación habría presentado ante la PGR, se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y sustracción indebida de recursos públicos federales para financiar campañas políticas, lo que resultó falso”, sentenció el gobernador.

No sólo eso, pues Duarte aseguró que se “dio puntual cumplimiento” en la prestación de los servicios de educación y la formación de maestros, conforme a lo previsto en las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación, así como en el caso de las otras denuncias que involucran al Seguro Popular y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Los recursos fueron programados, calendarizados y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones al mismo, por lo que fueron ejercidos, quiero subrayarlo, en estricto apego a la normatividad”, argumentó.

Respecto del Seguro Popular, el gobernador explicó que “los recursos correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de 2 mil 104 millones de pesos, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en los términos de la normatividad correspondiente, como lo confirmó en su oportunidad el director general de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”.


No obstante, Duarte eludió comentar sobre las demandas que interpuso Intermercado en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Sefiplan por un supuesto fraude de 10 millones de pesos, luego de que maestros del SNTE contrataron créditos y, aunque el gobierno estatal hacía descuentos vía nómina a los docentes, este recurso nunca fue reingresado a aquella empresa, razón por la que hay un estimado de 10 mil mentores boletinados en el Buró de Crédito.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.