MÉXICO, D.F: Con la protección de policías del Estado de México, trabajadores de la empresa Autopistas de Vanguardia (Autovan), propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor predilecto de Enrique Peña Nieto, reiniciaron los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, pese a que el Tribunal Agrario decidió amparar a los comuneros para desechar ese proyecto. Desde el jueves 18 a la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla llegaron los trabajadores de la empresa Autovan de Hinojosa Cantú y, acompañados por policías ministeriales, reiniciaron las obras de excavación. La autopista que pretende conectar el área de mayor plusvalía del Estado de México ubicada en el municipio de Huixquilucan, con el Distrito Federal, fue autorizada por Peña Nieto en 2007 concesionándola a su amigo Hinojosa Cantú, quien para ello creó la empresa Autovan. Hinojosa Cantú ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero la obra no arrancó por falta de dinero fresco y por diferencias con los propietarios originarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía. A escasos dos meses de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, el 23 de febrero de 2013, logró conseguir para su amigo un crédito de 2 mil 775 millones de pesos, recursos necesarios para arrancar los trabajos y que para ese tiempo llevaban casi cinco años de retraso. Del crédito que el gobierno peñanietista autorizó a Hinojosa Cantú salió el dinero para cubrir el costo del derecho de vía y 13 millones de pesos que Hinojosa Cantú entregó a 320 comuneros de Xochicuautla a cambio de que avalaran en asamblea comunitaria la entrega de sus terrenos. Los afectados iniciaron la defensa de su tierra y, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito “anuló” la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla, razón por la que Armando Hinojosa Cantú debió suspender la obra. A pesar de ello, el 8 de octubre pasado el constructor obvió la resolución judicial en materia agraria y echó a andar la maquinaria de una de sus empresas y ganadora de la licitación, Autovan; lo anterior llevó a que el 3 de noviembre se enfrentaran comuneros y empleados de la empresa, respaldados estos últimos por 600 policías mexiquenses. Luego de frenarse el proyecto, narró Lucas Miguel Hernández, comunero de Xochicuatla y quien encabeza a los productores que rechazan entregar sus tierras, la gente de Hinojosa Cantú empezó nuevamente a comprar a los comuneros. De los 121 que rechazaban el proyecto, hoy quedan menos de cien. El nuevo, presidente de Bienes Comunales, Ángel Valdez, ha convencido a varios que estaban en la resistencia pagándoles 120 pesos por metro cuadrado, denuncia Lucas Miguel, “aunque sus cheques no tienen fondos pero eso ha bastado para dividirnos”. Desarticulada parte de la resistencia, Hinojosa Cantú decidió regresar con maquinaria y el respaldo de la policía mexiquense violentando la resolución judicial. “Nuevamente el día de hoy, 18 de junio de 2015, ha sido sitiada la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla por trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, custodiados de policías estatales, entre ellos personal del gobierno del estado y Policía Ministerial; Xochicuautla se encuentra inconforme y responsabiliza de los actos de hostigamiento al gobierno, ya que en ningún momento la comunidad otorgó permiso para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en nuestro territorio”, se señala en un comunicado emitido por los comuneros el jueves anterior. “Denunciamos los convenios que las autoridades de Bienes Comunales están realizando bajo la manga por millones de pesos que sólo tiene un beneficio personal para estas personas y que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de población en general de Xochicuautla, mucho menos a las personas que se oponen a este proyecto, quienes sólo han recibido amenazas, hostigamiento, represión. “Responsabilizamos también al presidente municipal de Lerma, Erick Sevilla, por los actos ilegales que se cometen en contra de nuestra población indígena y nuestro bosque sagrado otomí, ya que este señor promueve y presume a nuestro municipio y sus pueblos como ‘pueblos con encanto y vocación turística’, lo cual repudiamos, pues ha llamado indios a los defensores del bosque y del agua, además de eso promueve y autoriza la destrucción de nuestros recursos naturales”, se lee en el comunicado. Los comuneros de Xochicuautla aún analizan convocar a otros pueblos para que los apoyen en su resistencia; por lo pronto, la maquinaria de Autovan ya ha destruido cuando menos dos kilómetros de bosque otomí, y en su acompañamiento están al día de hoy poco más de 50 granaderos que protegen a los trabajadores de la obra. Historia de la autopista En el segundo año al frente del gobierno mexiquense, Peña Nieto emitió la licitación para construir la autopista de 39 kilómetros, de los que 30 forman parte de un bosque y un santuario del agua en la zona otomí. Incluso, este último es considerado por el propio Hinojosa Cantú como “zona con gran capacidad de infiltración y representa tal vez el potencial con mayor riqueza de agua subterránea en la entidad”. En abril de 2007, Autovan “ganó” la concesión para construir la autopista Toluca-Naucalpan y operarla por 30 años, obteniendo como ganancia el cobro de peaje, pues se trata de una vía privada. Otro documento denominado “Asuntos prioritarios del sector comunicaciones del Estado de México”, con fecha del 10 de julio de 2007, establece que la obra sería de 34 kilómetros y tendría un costo de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, hoy se tienen programados 39 kilómetros. Y para arrancar el proyecto el gobierno ya entregó casi 3 mil millones de pesos a Hinojosa. Peor aún, de las cláusulas de la concesión estatal de 2007 y el crédito gubernamental federal se desprende un toma y daca de recursos. En septiembre de 2007, Hinojosa Cantú –dueño de HIGA, Eolo, Constructora Teya, Publicidad y Artículos Creativos, Mezclas Asfálticas de Calidad, Señales y Mantenimiento, consorcio IGSA Medica del Perú y ahora Ingeniería Inmobiliaria del Centro, firma esta última que es la que adquirió el terreno y vendió la casa a Angélica Rivera– recibió el título de concesión para “la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento” de la autopista. El documento establece que el concesionario deberá crear otra empresa, de ahí que el empresario consentido del régimen constituyera Autovan, así como un fideicomiso mediante el cual se indemnizará y comprará a comuneros propietarios de las hectáreas afectadas. A cambio, según el título, Hinojosa debió financiar algunas obras del entonces gobernador Peña Nieto. Se trata de 65 millones para la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio; 90 millones para la construcción de la conexión bulevar Aeropuerto, y 20 millones más para la construcción el ramal Huixquilucan. Un total de 175 millones de pesos frescos para subsidiar las obras de Peña Nieto en sus tiempos de gobernador mexiquense. El retraso en las obras, debido principalmente a conflictos con los comuneros de Xochicuatla y de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, Peña Nieto lo pudo revertir una vez que asumió la Presidencia de la República. Por decisión presidencial de Peña Nieto, pero que ejecutó su primo segundo Alfredo del Mazo, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banorte), y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), autorizaron “al empresario conocido” de Angélica Rivera unos 2 mil 775 millones de pesos “para el desarrollo de la nueva autopista Toluca-Naucalpan”. De acuerdo con el boletín de Banobras emitido el 23 febrero de 2013, se hace el préstamo “con el objetivo de mejorar la vialidad entre la zona norponiente del Valle de México con el Valle de Toluca, y Banorte junto con Fonadin autorizaron recursos por un total de 2 mil 775 millones de pesos”. Previamente, se añade en el comunicado, Fonadin otorgó a este proyecto una garantía de crédito para la liberación de derechos de vía. De los 2 mil 775 millones de pesos que entregó el gobierno federal a Hinojosa Cantú para la autopista, un día antes de que se diera a conocer públicamente ese recurso, el constructor y amigo de la pareja presidencial puso a trabajar parte de ese dinero, unos 600 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo hizo a través de la empresa llamada Infraestructura Institucional S de RL de CV. Así, la BMV reportó el 22 de febrero de 2013 como “eventos relevantes” la “inversión en deuda ‘Mezzanine’ en Autopistas de Vanguardia SA de CV –600,000,000.00–, adjudicada la concesión para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de la autopista que conectará al municipio de Toluca con el de Naucalpan”. Según el título de concesión, la empresa Autovan crearía un fideicomiso para el pago de tierras, sin embargo, fue el mexiquense Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) el que conformó el fideicomiso, por lo tanto, el que pagó a 320 productores de San Francisco Xochicuautla los bienes comunales. De acuerdo con el “convenio de ocupación previa” pactado entre el SAASCAEM y 301 productores, firmado el 16 de noviembre de 2011, éstos aceptaban el proyecto de la autopista, según la asamblea general de comuneros del 14 de agosto del mismo año. A cambio de esta aceptación avalada en la supuesta asamblea, los comuneros daban su visto bueno a la expropiación por causa de “utilidad pública” sobre 235 mil 736.42 metros cuadrados “de tierras de uso común”. Es decir, el gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto pagaría a los afectados un total de 55 millones 538 mil 758 pesos con 16 centavos, según se destaca en el convenio en poder de Proceso. Los afectados aceptan que ese dinero es como “pago de indemnización… mediante cheque y en una sola exhibición con cargo al fideicomiso constituido para tal finalidad en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de dicho convenio”. Los comuneros se obligan por su parte a “no impedir ni entorpecer las actividades y trabajos”. El convenio resalta que el gobierno estatal pagaría a los productores un total de 55 millones de pesos y que sería en una sola exhibición; sin embargo, dos años después, el 12 de julio de 2013, los comuneros recibieron, no del estatal, sino del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal Fondos Comunes (Fifonafe), 40 mil 410 pesos, según cheques en poder de Proceso. El repudio Desde el día en que se lanzó el concurso de licitación SCEM-CCA-01-06 para construir y operar la autopista Toluca-Naucalpan (en 2006), habitantes de Xochicuatla, principal grupo comunal de los siete que resultarán afectados con la autopista, empezaron movilizaciones en repudio del proyecto. José Luis Fernández Flores, Antonio Reyes Valdés y Lucas Miguel Hernández Josefa, comuneros de Xochicuautla, explicaron que en 2006 se lanzó la licitación; en abril de 2007 se informa que la ganó Armando Hinojosa Cantú, y en septiembre del mismo año se firma el título de concesión. Luego, en el 29 de octubre de 2007, el gobierno promueve que un grupo de habitante pida el reconocimiento de “comuneros de la comunidad”. De las 40 mil personas que viven en la zona por la que pasará la autopista, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 9 reconoció con carácter de comuneros a 882, a los que divide en 441 de San Francisco Xochicuautla, y 441 del Barrio La concepción. José Luis Fernández, originario de Xochicuautla, señaló que el gobierno estatal de Peña Nieto dividió con dinero a los 441 comuneros de Xochicuautla, los mismos que en octubre de 2007 pidieron el reconocimiento ante el Tribunal Agrario y quienes el 14 de agosto de 2011 resolvieron estar a favor de la autopista. “De los 441 que nos reconocieron, 320 votaron a favor y 121 lo hicimos en contra, por ello impugnamos la asamblea por tener irregularidades, eso provocó que la obra se detuviera; más tarde, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito anuló la asamblea del 14 de agosto de 2011”, recordó Fernández. Con documento en mano, del que Proceso tiene copia, exhibe como se anula el “Convenio de ocupación previa” que algunos comuneros firmaron el 14 de agosto de 2011 con el gobierno mexiquense y por lo tanto la indemnización de poco más de 55 millones de pesos. José Luis Fernández, quien acusa al gobierno estatal peñanietista de haber comprado a algunos comuneros y dividirlos, mostró el cheque por 40 mil 410 pesos que el Fifonafe entregó el 12 de julio de 2013 “para votar a favor en aquella asamblea” y con lo cual les compraron sus terrenos. El documento que ampara el cheque mencionado va acompañado de un pagaré donde se establece que se recibió el recurso, “y en consecuencia otorgo a favor del Fifonafe el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del pago a que se refiere el presente recibo, por lo que expresamente no me reservo derecho de acción alguna que pudiera reclamar “. Pero hoy, advirtió Fernández, ese convenio y los pagos se tienen que echar para atrás, así como las obras de Hinojosa y Autovan, “porque ya ganamos el amparo en la última instancia y anuló dicha asamblea”.
Pese a ello, la maquinaria de Autovan sigue en los terrenos de Xochicuatla y ya cuenta con 30% de avance de la obra. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: De las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército en Tlatlaya hace un año, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando “maniobras instintivas de defensa” y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares, publica hoy el diario La Jornada. Apoyado en peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR), el periódico destaca que las armas de tres de los fallecidos dentro de una bodega en ese municipio mexiquense, estaban descargadas. De acuerdo con dichos peritajes, en ese enfrentamiento, los militares realizaron al menos 160 disparos y los supuestos delincuentes 12. Además, los militares impactaron 60 de esos disparos en la zona toráxica de las víctimas. En los documentos oficiales a que tuvo acceso La Jornada se menciona también que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y que casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres. Dichos peritajes determinaron también que los militares utilizaron en esa ocasión un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen. La Jornada informa a sus lectores que los peritajes sobre la matanza en Tlatlaya los obtuvo mediante una solicitud de información pública. El 17 de septiembre de 2014, Proceso, de manera simultánea con la revista Esquire, publicó un reportaje del periodista Pablo Ferri Tórtola en el que se da cuenta de las declaraciones de una de las tres sobrevivientes de la balacera ocurrida el 30 de junio en Tlatlaya. La testigo ofreció una versión muy distinta a la difundida por el Ejército y la Procuraduría General de la Republica, en el sentido de que los militares abatieron a esas personas en “legítima defensa”. Según la mujer, 21 de esos individuos fueron fusilados aun cuando ya se habían rendido. Y el 25 de ese mismo mes, el portal del semanario Proceso informó que un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, fueron presentados al Juzgado Sexto Militar, de los cuales ocho fueron ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense. El reporte del periodista Arturo Rodríguez García detalla que horas después de la información adelantada por el portal proceso.com.mx, la Sedena emitió un comunicado en el que confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición, sin precisar su graduación, adscripción ni arma.
Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia, e infracciones a deberes militares en el caso del teniente. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La ola de violencia desatada en Nuevo León el pasado fin de semana levanta sospechas de una batalla del Cártel del Golfo contra Los Zetas, y una posible incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Cártel del Golfo arreció su cacería contra Los Zetas en Nuevo León… y hay indicios de que tiene un nuevo aliado para este propósito. La oleada de violencia de 21 personas ejecutadas este pasado fin de semana, en sectores considerados como bastiones zetas, apunta a un reacomodo del Cártel del Golfo en este estado. Y es que una nueva disputa por el control de Nuevo León rompió con una paz que se tenía de por lo menos hace dos años, violencia que recordó los tiempos más crudos de inseguridad en 2011 y 2012. El gobernador Rodrigo Medina confirmó que esta lucha entre ambos grupos activó la violencia en el estado. “Son los grupos delincuenciales que ustedes conocen, los cárteles que operan acá en el noreste del país, algunos de ellos están relacionados precisamente con narcomenudeo, venta de droga, se presume que en algunos de los casos podrían ser ajustes de cuenta y reacomodos de estas propias organizaciones criminales”, dijo el gobernador por medio de un comunicado. Estas ejecuciones tienen sellos muy distintos, patrones de operación que distingue a cada grupo de la delincuencia organizada en México. Acciones violentas que levantan la sospecha de que el Cártel del Golfo cuenta con un nuevo aliado, en este caso todo apunta a que sería el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por ejemplo, el Cártel del Golfo tiene una forma de operar con un bajo perfil, pues levanta sus objetivos, los asesina y tirar el cuerpo en zonas controladas por Los Zetas. Motivo por el cual se asegura que los tres jóvenes ejecutados tirados en San Pedro serían de su autoría. Sin embargo, en la masacre ocurrida el pasado viernes en la agencia Corona Bud Light, en García, tiene un sello distinto, fue con una violencia desmedida y podría apuntar a que habría sido perpetrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí, diez personas fueron acribilladas sin piedad a corta distancia y rematadas con el “tiro de gracia”. Algunos estaban desnudos y otros hincados tapándose la cara. Así como la múltiple ejecución en la colonia Independencia ocurrida la mañana del pasado sábado 20 de junio, en donde también pudiera estar relacionada con el CJNGJ-CDG. Los cuatro fueron acribillados de una forma parecida a la usada en la agencia de cerveza. Directa contra ellos y con el “tiro de gracia”. El cártel de Jalisco es de extrema violencia y entre sus filas existen exmilitares. Otro factor que se pudiera pensar que habría una alianza entre el CDG-CJNG, es que éste último en su surgimiento como grupo delictivo se autodenominó como “Los Mata Zetas”. Una fuente policiaca estatal informó que es muy factible que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación habrían llegado a Monterrey para apoyar al CDG en su guerra contra Los Zetas. Ante esto, la alarma se encendió entre todas las secretarías municipales de Seguridad Pública de Nuevo León. Ayer, Pablo Gámez, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado, informó que se realizó una reunión de mandos policiacos municipales con el secretario de Seguridad Pública estatal, Alfredo Gómez Flores. “Se reunieron para afinar detalles de la seguridad, como siempre se hace”, dijo Gámez a Reporte Indigo. Agregó que fue una reunión privada y por la tarde el gobernador Rodrigo Medina sostuvo una junta de seguridad con su gabinete estatal. C4, lenta respuesta El Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) del municipio de San Pedro vuelve a estar en el ojo del huracán por su lenta respuesta ante un delito relacionado con el crimen organizado. El pasado domingo 21 de junio, hombres armados tiraron a tres ejecutados en calles de la colonia Del Valle, sin que éstos fueran detenidos por elementos de Seguridad Publica de San Pedro. El alcalde Ugo Ruiz, en rueda de prensa el 21 de junio, horas después del hallazgo de los cuerpos, detalló el recorrido que realizaron los delincuentes para tirar los cuerpos. “Respecto a la persona encontrada en Calzada del Valle y Río Támesis se recibió reporte, aproximadamente, a las 6:00 horas. En Calzada San Pedro y Fuentes del Valle se recibió reporte a las 6:20 horas. En los hechos de Río la Silla y Mississippi se recibió reporte a las 8:05 horas”, dijo el edil. Es decir, del primer reporte al último hay una diferencia de 2 horas, y los uniformados del C4 nunca notaron que la camioneta tipo Van estaba tirando cuerpos en varias calles de San Pedro. Sin embargo, el portal de San Pedro presume que en operación este bunker de seguridad reduciría a un minuto y 30 segundos la respuesta ante un hecho delictivo. “El Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) edificado en el centro de San Pedro, cuenta con la más alta tecnología en telecomunicaciones, de sistemas, biométrica y geoespaciales. “Así como la instalación de cámaras de seguridad en diversos puntos del municipio, además de buscar reducir el tiempo de respuesta de la policía que actualmente es de 6 minutos a uno y medio”, dice en un comunicado durante la inauguración en 2008 de este centro de comando, en el que asistió el expresidente Felipe Calderón. La sospecha de omisión de los agentes policiales de C4 crecen, pues no se logró la captura de los delincuentes que tiraron los cuerpos. Ayer se entrevistó vía telefónica al secretario de Seguridad Pública de San Pedro, Marcial Herrera, para preguntar sobre el tiempo de reacción de la policía ante estos hechos, pero se negó a responder. “No te voy a contester, compadre, te dije que no daría una entrevista porque me estás madreando”, contestó el secretario de seguridad. Se insistió para una declaración.
“Pregúntale al alcalde sobre eso en entrevista”, contestó Marcial Herrera. Esta no sería la primera vez que el C4 de San Pedro está involucrado en una respuesta lenta relacionada con la delincuencia organizada. La detención en San Pedro de Omar Treviño Morales “Z-42”, exlíder absoluto de Los Zetas, dejó al descubierto deficiencias en el C4 de este municipio. Incluso, el alcalde Ugo Ruiz entregó al Ejército Mexicano grabaciones del momento de la detención de Omar Treviño Morales, alias el “Z-42”. El munícipe, en entrevista el 24 de marzo con Reporte Indigo, dijo que entregó los videos al comandante militar Rigoberto García. “La información se entregó íntegra sin ninguna edición, va a entrar a los procesos de investigación de inteligencia militar. Aquí no se solapa a nadie y nuestra policía debe de seguir siendo la mejor policía del estado”, recalcó el alcalde. Pero los tiempos parecen no coincidir. En el avance de este caso, la Procuraduría de Justicia estatal informó la identidad de las personas halladas ejecutadas.
Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Kevin Zaed y Edson Jared Grimaldo Araiza, de 17 y 18 años, respectivamente, y Érick Eduardo Escobedo Escobedo, de 25. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: JESÚS PADILLA.
“Modificar las prácticas y estructuras no es, lo sabemos, tarea sencilla ni inmediata, pero el compromiso con la ciudadanía nos impulsa a trabajar de manera coordinada y decidida”, dijo Chuayffet, a un día de que maestros de la CNTE impidieran la realización de las evaluaciones a docentes en Oaxaca y Michoacán.
Antes de pronunciar un discurso sobre el uso de la tecnología en la educación en México y la reforma educativa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, fue abucheado por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Chuayffet recibió abucheos y chiflidos durante el XVI Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, evento auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco. “Modificar las prácticas y estructuras no es, lo sabemos, tarea sencilla ni inmediata, pero el compromiso con la ciudadanía nos impulsa a trabajar de manera coordinada y decidida”, dijo Chuayffet, a un día de que maestros de la CNTE impidieran la realización de las evaluaciones a docentes en Oaxaca y Michoacán. En este evento, el presidente Enrique Peña Nieto también habló sobre la reforma educativa. México entiende que la educación de calidad adquiere “un carácter primordial y estratégico” para el desarrollo de las naciones y por ello la evaluación a los maestros “no tendrá marcha atrás”, subrayó Enrique Peña Nieto al inaugurar el evento.
El presidente Peña resaltó que el objetivo de la Estrategia Digital Nacional es hacer el mejor uso de la tecnología para detonar el desarrollo de México, capacitar a maestros y estudiantes, cerrar la brecha digital e interactuar con otras economías del mundo.
CHILPANCINGO, GRO: Tras meses de negarlo, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió su intromisión en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa al comunicar oficialmente que uno de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre último es un soldado en activo. Y aunque se reservó el nombre del militar y clasificó la información como “confidencial”, en reuniones con autoridades civiles y policiacas guerrerenses la institución admitió que en realidad son dos los militares desparecidos que estaban matriculados en la normal. Hasta ahora sólo se conocían los movimientos que efectivos del 27 Batallón de Infantería efectuaron esa noche en las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal de Iguala y en una clínica médica privada local para identificar a los normalistas. El interés de los militares, que estaban al mando del capitán José Martínez Crespo, era conocer el “nombre verdadero” de los estudiantes y asegurarles sus celulares. El 13 de abril pasado, Proceso envió a la Sedena una solicitud de información para saber si entre los normalistas desaparecidos había algún soldado en activo. El miércoles 10, la secretaría respondió por escrito: “Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, decía el oficio 2433, firmado por el subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Sedena, general David Córdova Campos. Para justificar su decisión, añade: “La información podría ser utilizada por grupos desafectos a las Fuerzas Armadas, incluyendo la delincuencia organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2016 de la revista Proceso, actualmente en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
HERMOSILLO, Son: La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa AC interpuso una segunda demanda colectiva contra Grupo México, para que repare el daño causado a las personas que resultaron afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 agosto del año pasado. La denuncia fue promovida el pasado miércoles 17 ante la juez Octava de Distrito en Materia Civil, Emma Gaspar Santana, con sede en el Distrito Federal, dado que es en esa capital donde Grupo México SA de CV, Minera México SA de CV y Buena Vista del Cobre SA de CV tienen sus domicilios fiscales. El documento los suscribieron y presentaron David Álvarez Bernal y Luis Pérez de Acha, presidente y abogado de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, respectivamente, en representación de 86 demandantes directamente afectados. “Las circunstancias comunes que comparten los miembros de esta colectividad es que todos ellos viven o tienen sus negocios, propiedades o posesiones en los municipios de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huepac y San Felipe de Jesús, del estado de Sonora, por donde fluyen los ríos contaminados por las empresas demandas”, cita la demanda. De acuerdo con el texto, la contaminación señalada ha dañado aproximadamente a 22 mil personas en siete municipios y ha traído como consecuencia que los niveles de contaminación del agua de los ríos se encuentren por arriba de los permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127- SSA1- 1994 (”Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización y modificación”). El litigante Álvarez Bernal precisó que la denuncia es para que la empresa atienda directamente a los afectados por el derrame de los tóxicos, tanto a los firmantes como a quienes se sumen a esa acción colectiva. “Significa la posibilidad de obtener, mediante un solo juicio de fácil acceso, la protección de su salud y patrimonio, y además estimula a las empresas demandadas a adoptar una cultura de responsabilidad ambiental”, resaltó. Esta segunda demanda colectiva es complemento de la primera, admitida el 26 de marzo pasado por la misma juez Octava de Distrito, para exigir la reparación de los daños ambientales en defensa de un derecho colectivo de vivir en un medio ambiente sano. Según los afectados, el texto se basa en la protección de derechos humanos individuales y busca que se reparen los daños provocados a personas físicas o morales que vieron lastimada su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego y la materia prima para producir alimentos, además de la enfermedad y muerte de ganado. Las normas que dan sustento a esta demanda de acción colectiva se incluyen en la Constitución Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, ya que cualquier impacto negativo o daño ambiental que sufra el ecosistema en donde viven, trabajan y tienen sus negocios los miembros la colectividad, repercute necesariamente en su desarrollo como seres humanos, y afecta su patrimonio y su salud.
Los representantes de la firma invitaron a quienes se sientan afectados por ese accidente minero y deseen sumarse a la demanda, que envíen un correo electrónico a: info@acsinaloa.com, para integrarlos al expediente y reciban la indemnización que les corresponda. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
MÉXICO, D.F: El exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, entre otros exservidores públicos, es investigado por presunta especulación de tierras en la Isla de El Cayacal, municipio de Lázaro Cárdenas. Los legisladores Antonio Sosa López (PRI) y Sebastián Naranjo Blanco (PAN), integrantes de la comisión especial de seguimiento del Parque Industrial de la Isla de La Palma, lamentaron la falta de voluntad de los gobiernos michoacanos para resolver ese asunto. “Concluida la investigación y teniendo certeza de quiénes y cuántos incumplieron, evidenciando irregularidades que van desde el hacerse de terrenos a un costo irrisorio hasta el no cumplir con las cláusulas, como construir en un tiempo determinado, se puede proceder”, precisó Sosa López. Los trabajos efectuados por esa comisión, dijo, han servido de presión para que en cierta medida se reactiven las acciones, pues en algunos casos incluso se han iniciado las construcciones que estaban pendientes en El Cayacal. Sin embargo, agregó, ha faltado voluntad de los gobiernos en turno, “porque una vez que ya se tiene la información, cuando ya se pretende proceder, dicen: ‘espérate tantito’, y eso es lo que ha atorado una, dos y hasta cuatro veces el asunto”. En declaraciones al diario ‘Cambio’ de Michoacán, el también presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán demandó una transición normativa y que se cumpla con lo que marca la ley, y no esperar una decisión desde arriba. Por lo que toca propiamente a la Isla de La Palma, el diputado priista sostuvo que se tienen avances importantes, como el que en los próximos días se inicie el famoso cerco perimetral en el lugar. “Otro logro es que ya se lleva un avance de 100% del marco jurídico y las reglas de operación”. Sosa López señaló que a partir de la experiencia vivida en El Cayacal, en el caso de La Palma no se venderán terrenos, sino que sólo se concesionarán, salvo en 90 hectáreas en las que se prevé se ubique el Recinto Fiscalizado y donde la Administración Portuaria ya ha elaborado una carta de intención al respecto. Por su parte, el legislador Sebastián Naranjo Blanco refirió que si bien las facultades de la Comisión Especial se enfocan en la Isla de La Palma, en los trabajos que se han realizado han tenido conocimiento de lo ocurrido en el Parque Industrial de El Cayacal y las irregularidades ahí suscitadas.
“En la última reunión que tuvimos de la Comisión hablamos de la necesidad de que nuestras facultades pudieran ampliarse para poder emitir alguna opinión y realizar alguna investigación sobre El Cayacal”, resaltó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que ni la evaluación a los docentes ni la reforma educativa tendrán marcha atrás.
Pese a la lucha constante que ha mantenido la CNTE contra la reforma educativa, en específico contra la evaluación docente, ayer el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no hay marcha atrás. Después de la aplicación de las primeras evaluaciones a profesores el pasado fin de semana -a excepción de Chiapas, Oaxaca y Michoacán- el mandatario señaló que este nuevo modelo beneficia a todos, a maestros y alumnos por igual. “Se trata de un verdadero cambio de paradigma que enfrenta resistencia de algunas minorías”, dijo Peña Nieto durante un foro sobre educación en Jalisco. Agregó que durante el sábado y el domingo realizaron las pruebas 39 mil profesores de educación básica que aspiran a ser promovidos a cargos de dirección, supervisión o asistencia técnico-pedagógica. Sin embargo, maestros de la CNTE en Chiapas, Oaxaca y Michoacán no asistieron al proceso. “En Oaxaca le decimos a Emilio Chuayffet que no llovió ni tronó y la evaluación no pasó”, indicó el representante del sector estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Efraín Picasso Pérez. Y es que en días pasados, el titular de Educación Pública afirmó que “llueva o truene” habría evaluación docente. Pero no fue así. ¿De qué va la evaluación? 1. Informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales El director de cada escuela presenta un reporte sobre el trabajo de los profesores a su cargo. 2. Integración de expediente de evidencias de enseñanzas Los profesores integran un portafolio en el que incluyen datos sobre su escuela y su estrategia didáctica. 3. Examen de conocimientos Estas pruebas cuestionan qué haría cada maestro en situaciones específicas ante sus alumnos. 4. Planeación didáctica argumentada Los profesores hacen un diagnóstico de su grupo de alumnos. En él detallan su plan de clase y cómo evaluarán el aprendizaje de sus pupilos. ¿Y si reprueban? Si reprueban en tres oportunidades, los que tengan “nombramiento definitivo” dejarán las aulas y serán reubicados a tareas administrativas o se les ofrecerá un programa de retiro. Los que tengan “nombramiento provisional” dejarán de dar clases definitivamente. ¿Y si pasan?
Los profesores con “nombramiento provisional” tendrán nombramiento definitivo, y su siguiente evaluación será en un plazo no mayor a los 4 años. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: REDACCIÓN.
Perseguidos por los delitos de sus padres, los hijos de quienes fueron líderes de Los Templarios enfrentan una doble condena: dejaron atrás su vida de riqueza y ahora son blanco de las venganzas de quienes buscan saldar deudas de sangre.
Más allá de la guerra que persiste en Michoacán, donde siguen recios los enfrentamientos entre células de Caballeros Templarios y grupos de autodefensas, surge el drama de los otros perseguidos. El de las familias de los que fueron jefes de plaza del cártel que gobernó a Michoacán, y que hoy –asediados por los grupos de civiles armados de las autodefensas- se esconden con miedo. Atrás quedó la opulencia y displicencia de mujeres emperifolladas y juniors omnipotentes. La historia se ha revertido. Ahora sobre las familias de los principales jefes de plaza del cártel templario recae la venganza: pesan sendas sentencias de muerte. Por eso huyeron de Michoacán y se diseminaron en lo más recóndito del territorio nacional. Durante el auge de la época del terror, los michoacanos fueron sometidos al gobierno tácito que impusieron Nazario Moreno González “El Chayo”; Servando Gómez Martínez “La Tuta”; Enrique Plancarte Solís, “El Kike”; Dionisio Loya Placarte, “El Tío”; Samer José Servín, Héctor Chávez Quiroz, “El Mariachi”; Francisco Galeana Núñez, “El Pantera”; Jesús Vázquez Macías, “El Toro”; Joaquín Negrete Arriaga, “El Alegreti”; Héctor Guadalupe Partida y Heliodoro Moreno Anguiano. La mayoría del estado mayor del cártel está desmovilizada. Unos fueron abatidos y otros están encarcelados. De acuerdo a cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta marzo del 2015, ya habían sido detenidas mil 542 personas de las que al menos 268 eran parte de la estructura de mando de la organización criminal. Reporte Indigo pudo contactar a algunos de los hijos de los jefes de plaza que mantuvieron asolado todo el estado. Son parte de una realeza caída, que vive a hurtadillas, la mayoría de ellos en la absoluta pobreza. Fueron despojados de todo. Y lo que no les arrebataron, ellos mismos se lo quitaron: la mayoría ha cambiado de nombre. Tratan de sepultar un pasado que no solo no los deja vivir, sino que amenaza con hacerlos morir. En una suerte de venganza y barbarie, a las esposas e hijos de los que bajo la ley del terror gobernaron a Michoacán, les despojaron de todo. Los grupos de autodefensa, apenas ingresaron a las zonas controladas por los jefes del narco, decomisaron viviendas, vehículos, huertas, ganado, propiedades acumuladas ilegalmente. Pusieron precio a las cabezas de los familiares directos de los jefes templarios. Las opulentas mansiones que contrastaron con la pobreza reinante en los llanos y cañadas, desde la Costa hasta la Tierra Caliente, edificadas a gusto de los templarios, hoy son cuarteles de los grupos de autodefensa. En el mejor de los casos son casas abandonadas. Los añicos de cristales y paredes hablan del desprecio escupido por la población, que las blanqueó a pedradas. Por eso, algunos de los hijos de los jefes del narco decidieron no quedarse a ver cuál sería el resultado de su persecución. Los grupos de autodefensas han logrado detener a cerca de 36 familiares directos de jefes del narco y todos han sido procesados por el delito de lavado de dinero y/o uso de recursos de procedencia ilícita. Todos los detenidos se encuentran recluidos en cárceles federales. En los últimos tres años, al menos 18 familiares de jefes de plaza han aparecido ejecutados en las regiones de Lázaro Cárdenas, Sierra Nahua y Tierra Caliente. De ‘niña de papá’ a cajera de autoservicio Dice que le llame Elisa aunque no es su nombre verdadero. Tiene 24 años y desde el 2012 salió de Michoacán. Su intención era viajar a Estados Unidos, junto con su madre y hermanos, pero optó no llegar a Tijuana. “Dicen que allí andaba un grupo de autodefensas cazando a las familias de los templarios”, explica. “Nosotros no quisimos arriesgarnos”. Voltea hacia todos lados. Se le nota el temor. “Todos los días uno vive con miedo”, dice mientras esconde la mirada. En los últimos tres años se ha cambiado de ciudad y de nombre en dos ocasiones. Salió de Michoacán porque sobre ella pesan dos amenazas: violarla y matarla. Fue la sentencia que le dictó un grupo de autodefensas que busca vengar la muerte de por lo menos 12 niñas muertas a manos de su padre. Elisa todavía no puede creer por las que está pasando. El pelo rojizo con el que intenta cambiar su imagen ya amenaza con raíces rubias. “Es que no me lo he pintado. Se me olvida”, reconoce intentando sonreír al descubrir la mirada del reportero. “Hasta a eso me he tenido que ir acostumbrando”. Todos en su familia intentaron cambiar de imagen. Los muchachos, unos se raparon y otros se tiñeron también el pelo. Su mamá se hizo la base. “Se ve muy chistosa con su pelo chino. Parece una negrita güera”. -¿Cómo vivían en Michoacán? “No nos faltaba nada, más bien nos sobraba todo. Había lujos al por mayor. Yo era la niña consentida de mi papá. No había nada que no le pidiera y que no me lo cumpliera. Para un cumpleaños le pedí que me llevara banda, y me llevó tres bandas y me regaló un BMW. A mis hermanos sin que fuera ocasión especial les regalaba motocicletas y autos. El dinero era algo que nos sobraba. “Nosotros sabíamos que estaba con Los Templarios. Pero no sabíamos que le achacaron la muerte y violación de 12 niñas”. No puede contener el llanto cuando habla de su padre.
“Ahora los autodefensas quieren que yo pague por esas muertes, no creo que sea justo ¿o sí? Mi papá ya pagó con su muerte. Por eso es mi miedo de todos los días. Porque siento que en cualquier rato me raptan”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: Al PRI le funcionó la estrategia de compensar su pérdida de votos con la eventual ganancia del PVEM para conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque el saldo neto de la pérdida de un punto porcentual del PRI, entre la elección del 2012 y el 2015, y la ganancia de 1.3 puntos porcentuales del PVEM, representa únicamente 0.3 puntos de incremento, eso le permitió tener nueve diputados más de los que tiene en la actual legislatura, para llegar a los 250, exactamente el 50% de las curules. Así, aunque en conjunto apenas obtuvieron el 40.3% de la votación nacional emitida (32.6% del tricolor y 7.7% del verde), eso les permitió obtener una sobrerrepresentación de 9.7 puntos porcentuales, superior a los 8 que formalmente permiten la Constitución y la ley electoral. En la elección se combinaron varios factores que jugaron a favor de dicha coalición, que en realidad decreció en 2 puntos porcentuales en la votación total emitida (que es total de los votos depositados en las urnas) al pasar de 38% en 2012 a 36% en 2015. Al revisar la votación del PAN y de la izquierda en su conjunto (PRD, PT, MC y Morena –aunque este último no estaba en el 2012) resulta que los blanquiazules perdieron 4.9 puntos porcentuales, al pasar de 25.9 al 21.0, y la izquierda aumentó 1.2 puntos al pasar de 27 a 28.2%. Sin embargo, al llegar a la votación nacional emitida (que es la votación total emitida menos los votos nulos, los votos por candidatos no registrados, los votos por candidatos independientes y los votos de los partidos que no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida –la total menos los votos nulos–), que es la que se utiliza para hacer el reparto de las curules plurinominales y para medir el porcentaje de sobrerrepresentación, los números cambian porque en 2012 hubo 4.98% de votos nulos, muy similar al porcentaje de 2015, y 0.08% de votos por candidatos no registrados, lo que da un total de 5.07% que se restaron para obtener la votación nacional emitida; pero en el 2015 hay que agregar los porcentajes de los candidatos independientes y de los dos partidos que perdieron el registro; así se llega a un total de 10.48% de votos que se redistribuyen proporcionalmente en el resto de los partidos. Así, para efectos prácticos, el PRI y el PVEM, con el 36.1% de los votos depositados en la urnas, logran el 50% de las curules, es decir, una sobrerrepresentación de casi 14 puntos porcentuales, 6 puntos porcentuales más del 8% establecido en la legislación. El PRI y su aliado, aunque sí aumentaron su número de legisladores, decrecieron en su porcentaje de preferencia electoral. El saldo favorable para el PRI y su comparsa no es producto del respaldo de la ciudadanía al “proyecto que estamos impulsando”, como señaló el presidente Enrique Peña Nieto, sino de una muy buena ingeniería electoral que han venido perfeccionando a lo largo de cinco procesos electorales y que en esta ocasión se conjugó con los factores ya señalados. En la elección intermedia de 2003, la primera en la que el tricolor y el verde hicieron una alianza parcial, lograron en conjunto el 43.4% de la votación nacional emitida (VNE) y obtuvieron el 43.6% de la curules (218 diputados), lo cual resultó simplemente de haber logrado la representación equivalente a su votación. En la elección de 2006, en la que fueron en alianza total para las elecciones presidenciales, en las que cayeron al tercer lugar de la votación, incluso se quedaron con una subrrepresentación, pues lograron el 29% de la VNE y el 24.6% de las curules. En 2009 decidieron no hacer alianza alguna; su porcentaje de votación sumado fue de 46.8% y una representación de 52.8%, lo que les permitió tener el control de la Cámara de Diputados en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón. En 2012, nuevamente optaron por la alianza parcial y consiguieron en conjunto el 40% de la VNE y el 48.2% de las curules, es decir, ligeramente por encima de la sobrerrepresentación permitida, y fue esa curul adicional, que les dio el 0.2%, lo que les permitió tener la mayoría en la Cámara baja al sumar a los 10 diputados del Partido Nueva Alianza. Y en esta elección, con el 40.3% de la VNE, obtiene el 50% de la Cámara, lo que implica una sobrerrepresentación de casi 10 puntos porcentuales. La clave estuvo en el número de triunfos de mayoría relativa que alcanzaron (8 más que en la elección de 2012) y en la distribución de éstos entre los dos grupos parlamentarios (el PRI obtuvo 9 menos y el PVEM –que no logró ninguno en los distritos en los que participó sólo– 17 más), lo que les permitió a ambos partidos obtener un porcentaje de sobrerrepresentación: al PRI de justo los 8 puntos porcentuales y al Verde de 1.7, y así transformar un crecimiento porcentual que les debería redituar al PRI únicamente 1.5 diputados más en uno que le permitió ganar 9, es decir, 7.5 diputados más de los que le corresponderían. Así, al menos cuatro factores se conjugaron para permitir al tricolor y al verde eludir las disposiciones constitucionales y lograr una sobrerrepresentación mayor a la permitida: las fórmulas legales; la ingeniería electoral de los estrategas políticos; la dispersión de los votos de la izquierda, y el excesivo porcentaje de votos desperdiciados (nulos, por candidatos independientes y por dos partidos políticos que perdieron su registro).
Lo cierto es que el resultado no es un mayor apoyo al proyecto presidencial, sino una burla a la voluntad ciudadana, que en realidad se manifestó claramente en contra de los partidos que participaron en el Pacto por México y las reformas que impulsaron, ya que en su conjunto perdieron más de 15 puntos porcentuales entre una elección y otra; el PAN, 4.9; el PRI, 2.7, y el PRD, 7.5, si los porcentajes se obtienen en relación al total de votos depositados en las urnas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
TIXTLA, Gro: Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, confirmó que su hijo fue militar, pero “desertó” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. López Patolzin estuvo dos años activo en un batallón adscrito a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, de donde se retiró tras sufrir un accidente en las labores que realizó el Ejército durante la contingencia generada por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013, indica. En entrevista, el padre del soldado normalista advierte que su hijo no es el único militar que ha estudiado en la Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que reprochó que lo señalen como infiltrado y pretendan culparlo de la tragedia de Iguala. También considera que la falta de transparencia en el manejo de recursos económicos destinados por organizaciones y activistas, además de la falta de respuesta de las autoridades, han generado un gran desgaste físico y moral entre algunos de los padres de los jóvenes, por lo que prefirieron mantenerse alejados del movimiento, aunque siguen firmes en la exigencia de justicia. El pasado miércoles 16, Apro difundió una nota sobre las revelaciones que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que un soldado en activo forma parte del grupo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero decidió reservarse el nombre bajo el argumento de que se trata de información clasificada. En la edición que circula esta semana, el semanario Proceso publica un texto titulado “El enigma del soldado normalista desaparecido”, donde se indica que desde octubre pasado funcionarios federales y estatales tenían conocimiento de que al menos dos de los 43 estudiantes matriculados en Ayotzinapa eran militares en activo. De acuerdo con familiares de las víctimas, el normalista Julio César López Patolzin, de 25 años, perteneció al Ejército antes de ingresar a la Normal, y “no se vale que la estén agarrando contra mi hijo sólo porque fue militar y digan que es infiltrado, porque él ya había desertado”, dice Rafael López. El padre del joven desaparecido relata que el pasado viernes 19 acudió a una reunión privada en la Normal de Ayotzinapa, convocada por líderes del movimiento, quienes le reprocharon el pasado castrense de Julio César y le exigieron un documento oficial que avale su baja del Ejército. Como desertor, dice, no hay un oficio que acredite esa baja, y asegura que la madre de otro normalista desaparecido también dijo que su hijo había desertado de las filas castrenses y tampoco le habían dado una hoja para avalar su baja. Luego de destacar que Julio César no era el único militar que estudiaba en la Normal de Ayotzinapa, suelta: “Hay hartos a quienes ya no les gusta (la milicia), se salen, estudian (en la Normal) y terminan su profesión, y ellos no son investigados a pesar de que han pasado otras cosas”. De acuerdo con Rafael López, el resto de los padres acordaron exigir una respuesta a la Sedena para determinar quién es el soldado matriculado en la Normal de Ayotzinapa, y sostiene que él también pedirá información para conocer la situación de su hijo. “Los padres van a investigar directamente ante la Sedena y nosotros también vamos a pedir una explicación para evitar que manchen la imagen de mi hijo que sigue desaparecido”, expresa López Catarino, y asegura que él y su familia se sienten mal por los señalamientos. Asimismo, reprocha que hasta el momento no se haya esclarecido el tema del teléfono móvil de su hijo, que seguía activo después de la desaparición de los normalistas, y de acuerdo con el rastreo satelital se ubicó por última vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Ni los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ni las autoridades ministeriales federales y estatales, han dado seguimiento a esta línea de investigación que podría determinar el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, apunta.
Luego de señalar que se alejó del movimiento porque tiene que trabajar para mantener al resto de su familia, Rafael López resalta que en días recientes fue internado en el hospital general de Chilpancingo, pero nadie acudió a visitarlo para conocer su estado de salud, únicamente su familia estuvo con él. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Un mensaje en el que se advierte de una “cacería” de presuntos miembros de Los Zetas en Monterrey, Nuevo León circuló en las redes sociales el fin de semana pasado. Dicho mensaje empezó a circular el domingo a través de Facebook, luego de que en la mañana de ese día fueran hallados en distintos puntos de San Pedro, en el área metropolitana de Monterrey, tres cadáveres semidesnudos de jóvenes de unos 20 años y dos días después de que un comando ejecutara a 10 personas en el interior de una bodega en el municipio de García. Este último municipio es territorio dominado por el gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, de donde fue alcalde en el trienio 2009-2012. En el mensaje que empezó a circular tras estos hechos, los presuntos sicarios advierten que no están jugando y que van a torturar y matar “a toda la basura Z”. El mensaje dice: “Comunicado que me acaba de llegar: Con fecha de hoy (domingo 21) se les hace un comunicado a toda la población para que no anden en la calle a partir de las 10 de la noche dado que llego la caseria de mugrozoz (z) venimos por papo, catre, flako, el caguamo, el chino, lic chavez, el morado, el tompo y Ciro Nieto” (sic). Todos esos “achichincles”, acusa el mensaje, están secuestrando gente con apoyo de “Germán”, comandante de la Policía Municipal. Los azuzadores se identifican como miembros del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo, “trabajando todos unidos con el mayito y la reyna zambada patrona del pasifico todos juntos para el patron de patrones (Joaquín Guzmán loera el chapo Guzmán) no tomes ala lijera” (sic), advierten. Y advierten que no están jugando y que van a torturar y a matar a toda “la basura” Z. “No perdonaremos a nadie toda persona que ande alas 12 am ya sea caminando en moto o coches camionetas con poralisadas será levantado y torturado hasta que hable o muera. (sic) “No queremos confundirlos por eso agan caso es la casería de mugrozos la limpia total de Z estan advertidos con esta fecha empesaremos alevantar torturar y matar a todo aquel que tenga apariencia de halconzito o comandante de plaza no se anden paseando con musica en los carros recuerda que no venimos a jugar estas advertido mas vale que tambien envies este mensaje atoda tu familia amigos y demas por su propia seguridad atte: CDG y CDS” (sic), firman los presunto sicarios. El mensaje, difundido por el Blog del Narco, llegó a manos de un usuario de Facebook, cuyo nombre no se revela, quien a su vez afirmó que se lo hizo llegar la policía estatal. “Les llego a la SSPE. Hay que tener mucho cuidado. Saludos. Que tengan buen día. Aseguran que está programado un operativo para hoy (domingo) y mañana (lunes) por fuerzas federales. Así que por favor no se expongan. HÁGANLO SABER A TODOS ¡PORFAVOR! Ya empezaron con 10 muertos en García y hoy tiraron 3 ejecutados en calzada San Pedro”, concluye el mensaje. El domingo, el gobernador Rodrigo Medina confirmó que en las últimas 48 horas han sido asesinadas 22 personas y atribuyó la ola de violencia a “pugnas” entre los cárteles del Golfo y Los Zetas pero afirmó que no todos tienen relación y los calificó como “hechos aislados”. Los asesinatos más recientes se registraron el domingo en zonas habitacionales de San Pedro, donde fueron encontrados tres cadáveres y una cuarta víctima apareció con un tiro de gracia en otro punto de la ciudad. Incluso Medina reconoció que uno de los cuerpos fue arrojado frente a la residencia del actual secretario de Seguridad de San Pedro, Marcial Herrera, quien recientemente fue nombrado para ese cargo. “La violencia está provocada por los cárteles que operan en el noreste del país y se presume que en algunos de los casos sean ajustes de cuentas o reacomodos de estos grupos delincuenciales”, afirmó el gobernador al término de una reunión de todos los cuerpos de seguridad que vigilan el estado. El mandatario afirmó que hay líneas de investigación que ya fueron confirmadas para dar con los responsables e indicó que está trabajando para “recuperar la tranquilidad del estado”.
Adelantó que se reactivarán los puntos de revisión en las calles y el despliegue de todos los cuerpos de seguridad para vigilar la zona metropolitana, incluidas entradas y salidas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Ante la posible investigación al gobierno de Rodrigo Medina, operadores del PRI y del PAN intentan ‘sacar’ en esta legislatura algunos temas pendientes que serán clave a la hora de revisar las cuentas de la administración saliente.
El cierre de la actual legislatura en el Congreso estatal se dibuja complicado. A pocas semanas que concluya el periodo de los actuales diputados locales, se discuten temas clave para la revisión de cuentas de la administración que está por terminar. De acuerdo a fuentes al interior del Congreso, se lleva a cabo una operación de cabildeo entre los diputados del PRI y del PAN para, en esta legislatura, “sacar” adelante temas pendientes y posiciones sensibles para el gobierno de Rodrigo Medina. Entre estas se incluyen la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el nombramiento de magistrados del Poder Judicial del Estado y la revisión de más de un centenar de Cuentas Públicas del periodo 2012-2013. La ASE continúa acéfala después de la muerte del extitular Sergio Marenco en marzo del 2014, y sin duda podría influir en la revisión a los números del mandatario saliente. El Congreso ya ha intentado en tres ocasiones elegir a un nuevo responsable, sin embargo, no se ha logrado un consenso en medio de acusaciones de influyentismo y compadrazgo entre las diversas bancadas. La semana pasada la Comisión de Vigilancia del Congreso –que preside Rebeca Clouthier– aprobó lanzar la convocatoria para nombrar al sustituto de Marenco, lo que ha sido criticado por organismos intermedios. Otros cuatro nombramientos que están pendientes –y que también serán clave a la hora de llamar a cuentas a la administración medinista- son los de los nuevos magistrados del Estado. Los perfiles que sonaban son Raymundo González, Marco Antonio Rodríguez Barrientos, Francisco Javier Martínez Briones, Alejandro Carlin Balboa y Jesús Demetrio Cadena Montoya. Desde abril el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución para aumentar de 16 a 20 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Voces al interior de la legislatura señalaban a algunos candidatos como cercanos al gobernador. A otros los relacionaban con el PAN, específicamente con Raúl Gracia y el Grupo San Nicolás. Ayer operadores del PRI y del PAN trabajaban a marchas forzadas para incluir en la agenda de este periodo legislativo las diversas designaciones. Durante la sesión se acordó citar a una permanente extraordinaria esta misma semana, para ahí fijar una fecha para discutir los temas pendientes. Sin embargo, por la tarde la negociación continuaba y no se lograba establecer una ruta crítica. Incluso, algunos legisladores consideraban la opción de pasar “la papa caliente” a la próxima legislatura. Y es que el jaloneo no es para menos. Esta misma semana Reporte Indigo dio a conocer que las alianzas al interior del Congreso son clave para el destino del actual gobernador por lo que ya se trabajaba en la protección a Rodrigo Medina. En medio de una pugna electoral, el tricolor incluso habría estado dispuesto a ceder la alcaldía en el municipio de Guadalupe al PAN con tal de nombrar un auditor “a modo”. Dicho acuerdo tendría la bendición del panista Raúl Gracia y el Grupo San Nicolás, quien controla la mayoría del Congreso. Cierre complicado Rodrigo Medina culmina su sexenio envuelto en acusaciones de corrupción en las que se involucra a su padre Humberto Medina Ainslie. El mandatario entrante ha señalado que pondrá lupa a la administración de su antecesor, quien durante las elecciones fue severamente cuestionado. “Después de esta reunión (con Medina) algunos medios e editorialistas han estado dando opiniones diversas, siempre buscando ser adivinos, les he de decir con claridad que nuestro Gobierno investigará, revisará y llevará a juicio a quien haya desviado, tomado o robado el recurso público, esto sin importar nombre, de que sea de cualquier familia o de cualquier grupo político o de partido”, aseguró “El Bronco” en un post de Facebook.
“No cederemos en esta acción, terminaremos con la corrupción, en eso he sido y seguiré siendo claro y contundente, no se dejen influenciar por comentarios que no sean de mi parte, yo haré lo que dije que haría, ténganme confianza, cumpliré, ya lo verán”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: REDACCIÓN.
