"MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas...".
Un sólo periodista que sea víctima del abuso patronal –usando el despido laboral para censurar su libertad de informar, analizar e incluso criticar a quienes, integrantes de los sectores privado y público, aparecen en la escena de las cuestiones que han de ser discutidas por el interés, individual y colectivo, de la opinión pú-bli-ca– no deja de ser una ofensiva, en general y en su conjunto, a todas esas libertades que constituyen parte fundamental de los derechos humanos. La exageración en la molestia de la empresa MVS por el uso de su sigla fue un pretexto político para silenciar el periodismo de radiodifusión que estos profesionales llevaban a cabo. Es el periodismo de radiodifusión –según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B de su Artículo 6– “un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines en el Artículo 3 de esta Constitución”. La reacción de MVS fue una embestida contra Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Carmen Aristegui para impedirles su derecho a buscar y dar información, puesto que, asienta la Constitución como imperio de la ley: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. La polémica en los medios de comunicación, sobre el caso de los periodistas, ha sido tanto en pro como en contra. Aunque el balance es favorable para quienes han salido a dar la cara contra la agresión patronal; en cuyo abuso confluyen los intereses peñistas, de los empresarios y el resto de funcionarios que le han declarado la guerra a Méxicoleaks, porque éste recibirá todas las denuncias sobre corrupción. Esta polémica habla de que lo fundamental son las libertades de prensa: opinar, criticar y disentir. Derechos ejercidos por Aristegui, Huerta y Lizárraga y, en consecuencia, también es una acometida en general a ese haz de derechos. Y quienes están de acuerdo en defenderlos, ya que han dañado a tres periodistas, han actuado republicana y democráticamente al protestar. Reportero, columnista, analista, etcétera, que sea agredido por su trabajo, enmascarando la arremetida con un dizque despido laboral, debe ser defendido impugnando el ataque. Igual debe rechazarse la ofensiva que cualquier ciudadano sufra contra sus derechos y, sobre todo, contra los que hacen posibles las libertades, con sus garantías. En este caso: Huerta, Aristegui y Lizárraga han sido objeto de un exceso de autoritarismo privado y público. MVS y quienes los apoyan han cometido un golpe de censura, provocado una inquisición judicial tras la administrativa y, claramente, desatado una lucha anticonstitucional al violar artículos de la propia Constitución que hace posible al Estado, al gobierno y a la sociedad, para la convivencia pacífica del ejercicio de las libertades. Esta abusiva ofensiva contra Aristegui, Huerta, Lizárraga, por ejercer al máximo sus derechos-libertades en el periodismo de radiodifusión como servicio público, ha demostrado que los empresarios de MVS (como constantemente lo hacen Televisa y Tv Azteca) actúan como dueños –no usuarios– de una concesión, para sus intereses de poder político y económico. Y se deshacen, con o sin despidos laborales como camuflaje, de los periodistas que no se someten a sus disposiciones privadas (códigos de ética empresarial, por ejemplo) que ponen por encima de la legislación del derecho positivo y escrito, cuyo factor común es la Constitución como ley suprema. Y así, el hecho de privar de su trabajo a una periodista en ese contexto es más que suficiente para denunciar que se han mutilado las libertades de prensa. Y esto afecta a todos los derechos de la libre información. Censura a la crítica. No ha sido sólo un despido laboral en un arranque de vileza empresarial y doblez para quedar bien con el poder peñista, en cuya gestión golpista tuvo que ver el nuevo director de comunicación, el restaurantero Eduardo Sánchez. Se ha tratado de una maniobra para cancelar un programa donde se ventilaba información de contrapoder. MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas, censura contra la máxima publicidad de la información, prohibición de que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, supresión de la veracidad y pluralidad de la información y violaron la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de la radiodifusión. Peña, Vargas, Sánchez y MVS han pisoteado los derechos y libertades –con sus respectivas garantías– de los periodistas y reporteros que no es meramente un asunto “entre privados”, como seudoargumentó Osorio Chong, sino estrictamente público, porque un gobierno democrático y republicano ha de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes reglamentarias. Y como el peñismo es antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional, aparentemente se hizo a un lado cuando Vargas-MVS-Sánchez ejecutaban la venganza porque exhibieron los sobornos inmobiliarios a la esposa de Peña, a Videgaray y al mismo Peña. Al no atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el litigio, también se sumó al ataque de MVS y Peña contra la periodista. Esos cortesanos del peñismo han contribuido otra vez a generar más problemas en vez de aplicarse a resolverlos. No son dos o tres los que existen en la ya problemática situación nacional. Económica, social, cultural, médica y políticamente es un hervidero de injusticias para los que se demandan soluciones donde, colectiva e individualmente, les asiste la razón a sus demandas contra empresarios voraces, paridos del botín del neoliberalismo económico, y contra los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones a lo largo y ancho de la administración pública municipal, estatal, federal y de las empresas paraestatales. Los empresarios mexicanos han logrado sus multimillonarios capitales –como los Vargas-MVS (Wilbert Torre, El despido. La verdad de la salida de Carmen Aristegui del noticiario más escuchado, editorial Temas de Hoy, 2015)– con base en abusos, complicidades y mutuos sobornos con el presidencialismo; además de corrupción y explotación de los trabajadores, para practicar el capitalismo salvaje que ya hace tronar las amarras del peñismo. Al negarse a conocer jurídica-constitucionalmente el problema de Aristegui, los 11 cortesanos de la Suprema Corte y sus innecesarias facultades de tribunal constitucional se han entregado a las gestiones de Peña y Aurelio Nuño. Y sientan un precedente más de ignominia. Los mexicanos hemos de prepararnos para más problemas sin ninguna solución, centrados en la violación a los derechos humanos sobre los que Peña, en este 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pitorreado. Entre esos derechos, Peña y MVS-Vargas han pisoteado las libertades para buscar y recibir información, criticar los abusos y cuestionar a los funcionarios, si es que aún hay resabios de que el sistema es democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, si no [también] un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, social y cultural del pueblo”, atendiendo a resolver los problemas que le plantean.
Lo más seguro es que Peña, con los más de 15 millones de jornaleros sometidos a la esclavitud, sea la antítesis de Abraham Linconl; y el régimen sistema que preside es un despotismo con sus cortesanos en la extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ CONTRALINEA. AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI.
MÉXICO, D.F: Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la evaluación magisterial. Al negar el primer amparo promovido por los mentores, quienes aseguran que dicha evaluación viola su derecho a la estabilidad en el empleo, los ministros de la SCJN puntualizaron que la reforma educativa –promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2013– es coherente con tratados internacionales y permite controlar la calidad del Servicio Profesional Docente. Las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente no violan el derecho humano a la estabilidad en el empleo de los mentores, debido a que debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad, destaca el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas. Plantea, asimismo, que la Ley General del Servicio Profesional Docente no afecta los derechos de los maestros, ya que de no obtener un resultado favorable en su tercera evaluación, no serán cesados, sino que tendrán la oportunidad de continuar con su plaza, pero en otras tareas. El próximo jueves 25, los ministros discutirán otros argumentos jurídicos planteados por los abogados de los maestros, en el sentido de que los cuatro artículos de la ley secundaria violan el derecho a una audiencia previa y restringen el derecho constitucional a la libertad de trabajo. El pasado domingo 21, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtieron que acudirían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)si la SCJNrechazaba los amparos promovidos contra la reforma educativa y daba su aval a la evaluación docente. Manuel Fuentes Muñiz, asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, destacó ese día que 100 mil profesores interpusieron recursos de amparo ante la enmienda constitucional. “No confiamos en los ministros de la Suprema Corte de Justicia por la forma como se han conducido en este tipo de conflictos. Nos llama mucho la atención que transcurrió prácticamente año y medio desde que empezaron los primeros amparos y hasta ahora nos responden”, increpó.
El abogado sostuvo que los derechos humanos de los maestros no pueden desaparecer por decreto presidencial, la Cámara de Diputados o el Poder Judicial. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Al estilo del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, el gobernador sustituto Rogelio Ortega colocó en su administración a más de 40 familiares y amigos que, de manera simultánea, cobran en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). La nómina estatal de los beneficiarios, entre los que se encuentra el tío de Ortega Martínez, Rubén Darío Fuentes Alarcón, así como directores de planteles universitarios, exdirigentes del PRD y PT, y exmagistrados electorales, asciende a cerca un millón de pesos mensuales. En tanto, la UAGro destina más de 400 mil pesos por el mismo bloque de amigos y familiares de Ortega, indican reportes oficiales que obtuvo Apro. El hecho contrasta con el discurso de Ortega, quien ha señalado que su administración se enfoca en erradicar el grave problema de corrupción que caracterizó a la gestión de Aguirre Rivero, quien colocó a una veintena de familiares directos y amigos en puestos clave y que ahora se encuentran presos acusados de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. El informe derivado del cruce de nómina entre el gobierno estatal y la máxima casa de estudios de la entidad indica que el expresidente del Tribunal Electoral estatal, Arturo Pacheco Bedolla, gana 30 mil pesos como asesor de Rogelio Ortega y 7 mil como docente en la Unidad Académica de Derecho de la universidad. El exdirigente del PT en Iguala José Félix Carreto Palma y su hermano Roberto ganan 60 mil pesos también por asesorar a Ortega, y a la vez se desempeñan como docentes en la Preparatoria 10 de esa ciudad, donde cobran 13 y 8 mil pesos, respectivamente. El exsenador y exdirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano, recibe 32 mil 700 pesos como asesor del Ejecutivo estatal y 21 mil pesos como docente en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la UAGro. Además, el hermano de Samuel López Sollano cobra 4 mil pesos en el gobierno de Ortega y 6 mil como profesor en la Preparatoria 29 en Tixtla. Natalia Pineda Toledo, actual secretaria privada de Ortega Martínez, cobra 30 mil pesos en la administración central del Ejecutivo y 14 mil pesos por su función docente en la Preparatoria 10 de Iguala. Ricardo Castillo Barrientos, “asesor personal” del gobernador, tiene un sueldo de 53 mil pesos, pero aparte cobra 6 mil más como empleado en la Dirección de Posgrado e Investigación de la Universidad. Rubén Darío Fuentes Alarcón gana 11 mil pesos como jefe de la Coordinación General de la Zona Sur de la UAGro, y 40 mil también como “asesor” de su sobrino, el gobernador Rogelio Ortega. El secretario particular de Ortega, José Antonio García Flores, cobra 40 mil pesos en el gobierno y 7 mil como trabajador en la Dirección de Extensión de la universidad. Otro asesor de Ortega, Epifanio Ventura León, gana 10 mil pesos en el gobierno y 9 mil como asistente en la Preparatoria 21 de San Marcos. Mientras que el director de la Unidad Académica de Derecho, René Román Salazar, cobra 11 mil en la universidad y 30 mil como asesor del gobernador Rogelio Ortega. La profesora de la Preparatoria 1 de Chilpancingo, María del Carmen Trejo Ramírez, cobra 4 mil en la universidad y 15 mil en la administración de Ortega. Leonarda Paco Arciniega, esposa de Jorge Peto Calderón, gana 25 mil pesos en el gobierno estatal y 15 mil en la Dirección de Administración y Finanzas de la universidad. Peto Calderón es a su vez asesor en materia de agronomía de Rogelio Ortega, indica el reporte oficial. En el listado también destacan hijos de líderes sindicales y amigos del gobernador, como David Molina Gallegos, hijo de Jesús Molina, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro, quien gana 8 mil en la administración estatal y 2 mil 500 como becario en la organización gremial que encabeza su padre. Asimismo, Tonalli Rebolledo, hijo de Santos Rebolledo –amigo de Ortega Martínez–, cobra 5 mil pesos en el gobierno estatal y mil 500 en la Unidad de Ciencias Químico Biológicas de la universidad. Los hermanos Fernando y Gabino Solano Ramírez –también amigos del gobernador– son beneficiados con 40 mil pesos, respectivamente, de la nómina estatal. Al mismo tiempo, ambos cobran 18 mil y 16 mil pesos, respectivamente, como docentes en la Preparatoria 2 de Acapulco y el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano. Esta es parte de la lista de 48 amigos y familiares de Rogelio Ortega que laboran en la administración estatal y también en la universidad, y que se obtuvo del cruce de nóminas elaborado por áreas administrativas del gobierno y la rectoría. Desde marzo pasado, el rector Javier Saldaña Almazán reveló que al menos 470 funcionarios universitarios cobran otro salario en distintas dependencias gubernamentales, y al menos 24 estaban ocupando cargos en la administración de Rogelio Ortega Martinez. En ese momento, Saldaña Almazán se deslindó de estas irregularidades, al argüir que había solicitado a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad dar de baja de la nómina a los universitarios que actualmente laboran en la administración estatal.
“Yo desde octubre mandé un oficio al jefe de Recursos Humanos para que quienes ocuparan un espacio en el gobierno del estado, de manera visible o quien hubiera tenido la delicadeza y sensatez de haber pedido permiso sin goce de salario, que se le diera inmediatamente de baja, yo en esa parte cumplí”, justificó entonces el rector de la UAGro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
CIUDAD DEL CARMEN, Cam: Autoridades del ayuntamiento y dirigentes del sindicato petrolero agasajaron el pasado fin de semana al excampeón mundial Julio César Chávez e incluso utilizaron un helicóptero de Petróleos Mexicanos para pasearlo sobre el área de plataformas marinas. Invitado por el promotor boxístico quintanarroense José Alberto Gómez Millar, la leyenda del boxeo mexicano asistió a la función “Oil Stone Knock Out”, que estelarizaron el sábado aquí el duranguense Cristian ‘Diamante’ Mijares y el filipino Vergel “Superman” Nebran.
Los anfitriones fueron el líder de la sección 47 del STPRM, el temido Víctor Manuel Kidnie de la Cruz y el alcalde Enrique Iván González López. Ambos personajes arrastran señalamientos de malos manejos.
De hecho, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó en 2011 a González López por 10 años para ocupar cargos públicos por encabezar una red de corrupción en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la que fue delegado. Por ese delito, también se le impuso una multa de 35 millones 600 pesos. Pese a la sanción federal, el gobernador Fernando Ortega Bernés mantuvo a González López como secretario estatal de Salud y al año siguiente lo impuso como candidato “de unidad” del PRI a la alcaldía y como munícipe. El trienio de González López, quien será relevado en la alcaldía por el panista Pablo Lazarus, ha sido bastante cuestionado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y sus oscuras relaciones, como la que tuvo con el ahora expropietario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna. El pesaje de los boxeadores, por cierto, tuvo como escenario la Stella Maris, un monumento marino a la Virgen de El Carmen, que se conoce también como la Virgen de Oceanografía, porque el propietario de esa empresa le patrocinaría al ayuntamiento el proyecto, que se encuentra en el malecón.
Yáñez Osuna dejó a su amigo la obra a medias desde antes de que cayera en desgracia, por lo que el ayuntamiento debió concluirla. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSA SANTANA.
A partir del próximo 1 de julio, los sándwiches, tortas, burritos, tacos, flautas, sincronizadas, pizzas, hot dogs y otros alimentos preparados que se venden en tiendas como Oxxo o 7-Eleven pagarán IVA, informó el SAT.
A partir del próximo 1 de julio, los sándwiches, tortas, burritos, gorditas, quesadillas, tacos, flautas, sincronizadas, gringas, pizzas, hot dogs y otros alimentos preparados que se venden en tiendas como Oxxo o 7-Eleven pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%. Así lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26”, que publicó en su sitio web el pasado 16 de junio. El SAT explicó que estos productos deben pagar IVA pues entran en su definición de alimentos preparados y por ello el 16 por ciento del impuesto es aplicable. Agregó que la compra de esos alimentos implica el IVA, por lo que no importa si se consumen en el interior del establecimiento o se piden para llevar. “Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados en las tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini súpers”, tiendas de autoservicio y en general en cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos productos y que se encuentran en los refrigeradores o en el área de comida rápida o “fast food” según se trate”, indica la Resolución.
La “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26” completa:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos probó que el dirigente comunitario Sinar Corzo y un activista más fueran privados ilegalmente de la libertad, incomunicados y sometidos a tratos indignos por parte de autoridades municipales y estatales, tras encabezar una protesta pacífica de vecinos de la colonia Los Laureles, en Chiapas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes 22 de junio una reconvención contra el gobernador chiapaneco Manuel Velasco, así como contra los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, luego de que en agosto de 2013 el dirigente comunitario Sinar Corzo y un activista más fueran privados ilegalmente de la libertad, incomunicados y sometidos a tratos indignos por parte de autoridades municipales y estatales, tras encabezar una protesta pacífica de vecinos de la colonia Los Laureles. Tal como consta en la recomendación 18/2015 de la CNDH, el 2 de agosto de 2013 las autoridades municipales de Arriaga citaron a los vecinos de Los Laureles en el palacio municipal para dar respuesta a un pliego petitorio que estos presentaron en abril de 2013 y en el cual el grupo de ciudadanos demandaba básicamente cuatro cosas: la reactivación del suministro de agua potable hacia su comunidad, cortado desde hacía 30 días; fumigación urgente de su localidad para prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos; conclusión de obras de drenaje y, por último, que no fuese demolido su antiguo mercado, conocido como Coloso de Piedra. Siguiendo la indicación de las mismas autoridades municipales, este grupo de ciudadanos, conformado principalmente por mujeres y niños, acudió el 2 de agosto de 2013 a las oficinas del presidente municipal, Noé López Duque Estrada, para recibir la respuesta prometida, sin embargo, los vecinos de Los Laureles no fueron recibidos por el alcalde, sino por un contingente de policías municipales que les advirtió que no serían atendidos, por lo cual los vecinos decidieron ingresar al palacio municipal y realizar una protesta pacífica dentro de estas instalaciones. Tal como consta en un video difundido a través de Youtube, dicha protesta se realizó de forma totalmente pacífica y consistió en la exhibición de pancartas y coreo de consignas. Sin embargo, la respuesta de la autoridad municipal fue distinta: el video muestra cómo el alcalde Duque Estrada llega al lugar denostando a los manifestantes espetándoles la frase “¡¿quién grita, quien grita?!”, para luego calificar a su representante, Sinar Corzo, como un “loco”. El video muestra cómo el alcalde de Arriaga pide a los vecinos de Los Laureles desconocer a su líder y luego se ve a un acompañante del alcalde despotricar a gritos e insultos contra el señor Sinar Corzo, a quien privó de la libertad con apoyo de policías municipales, que se lo llevaron detenido. En esta acción, además, otro activista –cuyo nombre no fue especificado– también fue detenido ilegalmente por las autoridades de Arriaga, por intentar capturar los hechos con su cámara de video.
Según la CNDH, ambos activistas fueron inmovilizados mediante el uso de la fuerza, esposados, sometidos a malos tratos por la policía municipal de Arriaga, y luego, sin que se contara con ningún elemento en su contra, fueron encarcelados bajo la falsa acusación de agredir a funcionarios municipales, por lo cual permanecieron encarcelados más de 24 horas.
Para justificar esta respuesta represiva, los funcionarios municipales de Arriaga alegaron que ambos detenidos incurrieron en daños al inmueble (presuntamente por romper una ventana de vidrio) así como en agresiones físicas y amenazas contra servidores públicos –lo cual queda desmentido con el video de los hechos– y presentaron una demanda penal contra los activistas, fabricación de delitos en la cual participaron funcionarios estatales, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Cabe destacar que la represión de esta protesta y la detención de los dos activistas fue originalmente denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, sin embargo, el 14 de agosto de 2014, la CNDH decidió atraer la investigación del caso, ya que había transcurrido más de un año sin que el ombudsman chiapaneco emitiera pronunciamiento alguno. Desde la óptica de la CNDH, la agresión cometida por las autoridades chiapanecas contra Sinar Corzo y el segundo activista detenido el 2 de agosto de 2013 equivale a un ataque contra “defensores de derechos humanos”, ya que ésta condición la adquiere cualquier persona que ejerza el derecho, individual y colectivo, de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, tal como ocurrió en este caso, ya que los detenidos exigían “soluciones a los problemas que les afectan como comunidad”. Así, señaló la CNDH, “se llega a la conclusión de que hay elementos suficientes para evidenciar en el presente caso violaciones a varios derechos de personas defensoras de derechos humanos, como son el derecho a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno (…) derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos del municipio de Arriaga, Chiapas, y de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa”. Luego de analizar el video de la protesta, la CNDH constató que las acusaciones de daños, lesiones y amenazas formuladas por los servidores públicos de Arriaga “distan de la realidad y quedan desvirtuadas”. La recomendación 18/2015 destaca que en el video “incluso se alcanza a advertir que la puerta de cristal está intacta hasta después de la detención” de los activistas, quedando así en evidencia la fabricación de pruebas contra los manifestantes. La CNDH también ratificó que Sinar Corzo fue atacado “airadamente y con insultos (por) un particular que se encontraba en el mismo local”, y luego fue detenido “por la fuerza” y de “forma desproporcionada” por tres policías, los cuales lo inmovilizaron “sin que mediara agresión o conducta ilícita”. Además, destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el video muestra cómo funcionarios intentaron impedir que dicha grabación continuara realizándose. Los detenidos permanecieron incomunicados en la cárcel municipal por más de 24 horas, con lo cual no sólo se violó su derecho a la libertad y a la manifestación de las ideas, sino que también se violó su derecho a la seguridad jurídica, a la defensa –pues no se les permitió nombrar a un defensor de su confianza–, y al trato digno. Estas anomalías, principalmente las relacionadas con la privación del derecho a la defensa, fueron cometidas ya no por funcionarios municipales, sino por los agentes del Ministerio Público (es decir, de la Procuraduría Estatal de Justicia) que incomunicaron a los detenidos. Tras su investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que al menos ocho funcionarios municipales y estatales, empezando por el alcalde Noé López Duque, incurrieron en “actitudes (que) demuestran falta de honradez, imparcialidad y eficiencia (…) así como una falta de compromiso con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos. Asimismo, la CNDH calificó como una “simulación” del alcalde el proceso administrativo iniciado a nivel municipal contra dos de los policías que participaron en la agresión contra los ciudadanos, pues en realidad sólo se abrió expediente contra uno de los agentes municipales, al cual, finalmente, “no se le fincó responsabilidad alguna”. Por estas razones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, indemnizar económicamente a Sinar Corzo y al segundo activista detenido ilegalmente el 2 de agosto de 2013, y advirtió que presentará una denuncia ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas contra los dos funcionarios ministeriales que se prestaron para incomunicar a los dos acivistas.
Asimismo, la CNDH ordenó al Ayuntamiento de Arriaga que ofrezca una “disculpa pública institucional adecuada por la transgresión” cometida contra los manifestantes, y anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría municipal contra el alcalde Noé López Duque Estrada y otros cinco funcionarios locales por los abusos cometidos aquel 2 de agosto de 2013. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Luego de dejar las aulas desde el 1 de junio pasado, los integrantes de la CNTE acordaron terminar con el paro indefinido.
Mientras la Suprema Corte discute la constitucionalidad de la evaluación docente, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán anunciaron el regreso a clases este martes 23 de junio. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, Eugenio Rodríguez, confirmó que “el día de hoy se regularizan las clases en Michoacán”, tras firmar acuerdos con el gobierno estatal. “Estos logros son muy importantes para nosotros porque sientan las bases de lo que serán futuras batallas en defensa de la educación”, agregó.
A causa del paro que inició el 1 de junio pasado, las clases en la entidad se extenderán una semana más. El final oficial del ciclo escolar 2014–2015 estaba programado inicialmente el 14 de julio. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
La policía consiente las estafas en la calle República del Salvador, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.
El Centro Histórico no sólo es un punto de ventas y turístico. También es un centro de robos. En la calle República del Salvador, la misma por donde pasa el Metrobús, y a 6 cuadras de la oficina del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, se reúne un grupo de estafadores. -¿Qué es lo que está buscando?-, pregunta un hombre desaliñado al transeúnte despistado. El vendedor se ubica afuera de un laberinto de puestos. Aparece junto a otro, recargado en uno de los muros que da a la calle. El comprador necesitaba un tripié para una cámara de video. El vendedor hace una llamada para consultar si hay. Le ofrece de aluminio, de metal y le da diferentes precios, como todo un profesional del engaño. Su compañero va supuestamente por él, pero cuando sale no trae nada, sólo una nota con el precio: 350 pesos. Pide pagarlo. El comprador quiere ver el tripié. Le dicen que en un momento se lo traen porque está “arriba”. Se asoma y vuelve a ver un sinfín de negocios con artículos para computadoras, celulares y electrónica en general. Nadie le advierte nada al comprador. Sólo siente las miradas de los vendedores de adentro, que se percatan que está cayendo en el engaño. Antes de pagar, el comprador escucha una “oferta”. Los estafadores le dicen que le pueden poner internet “gratis” en su celular o una mica protectora. El comprador levanta la ceja pero cae. -¿Cuánto tiempo tardarán en ponerle internet?-, les pregunta. -Ni 5 minutos… Ni 5 minutos pasarán para que se dé cuenta de la estafa. Además del pago por el tripié y de dar su celular, los estafadores le piden la cámara para “probarla” con el tripié. Uno de los estafadores se adentra al laberinto de negocios con cámara, celular y 500 pesos como pago. Está a punto de esfumarse junto con su compañero. Todo es cuestión de segundos. En un par de minutos, mientras el otro se queda afuera con el comprador, el estafador hace una seña al incauto para que se adentre en el pasillo, que al principio es lineal, pero después da vuelta, se expande, llega hasta el otro lado de la calle. Además, hay un segundo piso. Mientras el comprador avanza en el pasillo, con uno de los estafadores de un lado, y el otro del otro, el primero se adentra hasta algún lugar desconocido, y el otro desaparece, cruzando la calle. Comienza la búsqueda de los ladrones. Justo al dar la vuelta en el pasillo, hay un policía del Estado de México, a quien el comprador le pregunta para dónde le dio uno de los estafadores. Dice no haber visto nada. “Por aquí pasan muchos”, se lava las manos. “Pero acaba de pasar. No es posible que no haya visto nada”. Por más que lo busca, por más que le insiste al policía del Estado de México, no da con al menos uno de los ladrones. Al salir a la calle República del Salvador, ya no está el otro. Después de llamar a la patrulla, el comprador espera unos 5 minutos, ahogado en la congoja. Y vuelve a pasar por República del Salvador. -¿Qué es lo que está buscando?.. La pregunta le rebota en los oídos. Ver a otro par de estafadores provoca que el comprador fragüe un plan en segundos: los va a acusar de cómplices del robo. Aunque uno de los dos se logra escabullir, el comprador no deja que el otro se le escape. De pronto, lo empiezan a encarar otros vendedores que aparecen como avispas. Un policía del DF que transita en el lugar se hace presente. El comprador le cuenta lo que está pasando pero el policía coincide con los delincuentes: “usted no lo puede acusar”. El elemento policiaco comienza a cuestionar al que denuncia en lugar de a los ladrones. Cuando llega la patrulla, nada cambia. E incluso, los policías advierten que si se llevan al estafador, “lo podemos acusar de secuestro”. El episodio se alarga por hasta 20 minutos, entre jaloneos con los otros estafadores que defienden a su compañero, y discusiones estériles con la policía. Al final aceptan llevárselo en la patrulla. Pero antes de subirlo, aparece uno de los líderes, fumando, y lanzando una pregunta: “Si te doy tus cosas, ¿se acaba este pedo?”.
Los policías no hacen nada pese a la flagrancia. El comprador acepta el trato y le devuelven sus cosas, tras encarar a una docena de estafadores y a 4 elementos policiacos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
46 propiedades pertenecen a diversos miembros de la familia Monreal. El delegado electo en la Cuauhtémoc ya dio su versión sobre el reportaje que publico El Universal.
La familia Monreal Ávila mantiene el control de mil 400 hectáreas de tierra de labor, cuatro ranchos agrícolas, plantas agroindustriales, gasolineras y fincas residenciales, dio a conocer el diario El Universal. El periódico obtuvo 46 certificados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del gobierno del estado de Zacatecas, que acreditan la posesión de igual número de inmuebles. En conjunto, Ricardo Monreal, su esposa y sus dos hijas poseen 19 propiedades, entre las que hay al menos siete fincas residenciales. Además se detectaron 27 certificados que identifican más de 15 predios distintos que son propiedad de los 13 hermanos del ex gobernador de esta Zacatecas. En el acervo oficial de registro hay nueve propiedades a nombre de María de Jesús Pérez Guardado, esposa de Ricardo. Entre ellas hay casas residenciales en zonas exclusivas de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe: Lomas de Bernárdez (Registro No. 6, vol 1634); Bonaterra (Inscrito No. 29, Folios 173-179). En Calzada Universidad (Inscrito No. 89, folio 122); en Conde de Santiago de la Laguna (Inscrito No. 5, Folio 38-44); así como en la vialidad Pedro Coronel (Reg. 21, folio 168-175); en el Centro Histórico (No. 3, folios 29-32), y una finca más en el centro de Fresnillo (No. 13, folios 13-16). Mientras que Ricardo Monreal aparece en el registro con cuatro propiedades. Una finca en Conde de Santiago de la Laguna (No. 10, folios 67-72), otra más en el fraccionamiento Francisco García Salinas (Inscrito No. 476, folio 157), ambas en el municipio de Guadalupe; así como un predio en la carretera rumbo al municipio de Valparaíso (Ins. No. 637, folio 157), y dos lotes fraccionados de la herencia en Puebla del Palmar, con una superficie de cinco hectáreas de agostadero y otras 12 hectáreas. (No. 695, folio 199). Tras la publicación del reportaje, el político del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que el rancho al que se hace referencia en la nota tiene más de 100 años siendo propiedad de la familia de su padre. En entrevista para Radio Fórmula, explicó que en las declaraciones patrimoniales que ha presentado contempla todas sus propiedades, detallando que “las principales fracciones están en el rancho Puebla del Palmar, de donde es originaria mi familia”. “Mi padre tenía un rancho y fraccionó a sus hijos antes de morir esta propiedad que era originalmente de los Monreal; tiene casi 100 años de ser de los Monreal”, precisó el político zacatecano. “Obviamente parece como escandaloso que sean 40 y tantas propiedades en una familia de 14 hermanos (…) Eso es lo que sucede. No hay nada que ocultar”, aseguró. Esta información, refirió, “surge de manera temprana a raíz del próximo proceso electoral que se vivirá en Zacatecas”.
Y reconoció que las propiedades en su declaración patrimonial coinciden con la información presentada en la nota de El Universal. La lista de propiedades que dio a conocer El Universal:
MÉXICO, D.F: Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, hijo de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fue recapturado esta madrugada en el estado de Jalisco, informaron fuentes del gabinete de Seguridad Nacional. El operativo encabezado por elementos del Ejército se realizó a las 2:00 de este martes sin emitir un solo disparo. “El Menchito” fue ubicado en las calles de Eva Briseño y Santos Degollado, colonia Lomas de Altamira frente al bosque Los Colonos, en el municipio de Zapopan. Este narcotraficante había sido detenido el 30 de enero del 2014 pero por falta de pruebas fue liberado el 26 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo con información oficial, “El Menchito”, segundo en el mando del CJNG, es el operador financiero del grupo criminal. El narcotraficante ya se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
El pasado 28 de febrero empezó la desintegración de este cártel con la detención de Abigael González Valencia, alias el Cuini, quien es considerado por las autoridades de Estados Unidos como el cerebro del CJNG, organización que le disputa al cártel de Sinaloa la plaza de Jalisco. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
"Estos concursos de promoción en educación básica son los primeros que se tenían previstos en la reforma educativa, y con ellos murió el sistema escalafonario anterior", aseveró el secretario de Educación.
El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, afirmó que continuarán garantizando el cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia del servicio profesional, en básica y media superior para el ciclo escolar 2015 y 2016. Al comparecer ante la Segunda Comisión de la Permanente en el Senado de la República, el funcionario sostuvo que con los concursos de promoción en educación básica, los pasados 20, 21 y 22 (de junio), los primeros que se tenían previstos dentro de la reforma educativa, “murió el sistema escalafonario anterior”. Sobre el comunicado del 29 de mayo de la SEP que anunció la suspensión indefinida de las fechas publicadas para la realización de la evaluación y que quedó sin efecto el lunes 8 de junio a través del comunicado 137, aseguró que no representó en ningún momento acto de molestia o privación de los derechos de los participantes. El boletín, dijo, “no tuvo consecuencias jurídicas”. A este respecto, abundó que la SEP y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente mantuvieron una total discreción sobre las razones del boletín para no verse impedidos a un debate político dado el curso del proceso electoral y, sobre todo, dada la discusión que había cobrado en la opinión pública mexicana. En su primera intervención ante los legisladores, Chuayffet Chemor expuso que la SEP reconoce el contundente y generalizado apoyo de la sociedad mexicana que se ha venido manifestando en diferentes ámbitos en defensa de la reforma educativa. “En este empeño, tengan la certeza, que los servidores públicos del Sistema Educativo Nacional habremos de sumarnos a la obligación que nos impone el estado de derecho no simplemente por suma; lo haremos con entusiasmo, con la convicción y el compromiso de que la educación es el detonador del desarrollo social que garantiza la justicia social”, subrayó. Evaluar, indicó, debe ser una conducta garantizada que nadie debe vulnerar, un interés superior en el que cada agente educativo tenga su propia parte de responsabilidad y cada autoridad el ejercicio pleno y cabal de su competencia. Expuso que a partir de que la decisión de aplicar las evaluaciones con el auxilio de las computadoras, la SEP celebró convenios con todas las autoridades educativas locales, mediante los cuales éstas se comprometieron a proporcionar la información sobre los domicilios de las sedes, los equipos de cómputo, incluida la conectividad necesarios para llevar a cabo su aplicación. El viernes 19 de mayo, diversas autoridades locales se encontraban todavía realizando los trabajos para poder contar con los elementos requeridos, por lo que no habían hecho los reportes. Ante ello, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional docente advirtió la necesidad de suspender la publicación del 31 de mayo, fecha de la convocatoria estatal, hasta lograr la certeza de la eficacia de los concursos, como ocurrió después. Los concursos se llevaron a cabo los días 20, 21 y 22 (de junio), como estaba programado. Se aplicaron en 30 entidades, con excepción de Michoacán y Oaxaca y en algunos puntos de Chiapas, donde no pudieron desarrollar su examen. En general, se registraron un total de 48 mil 171 participantes, pero por posposición el registro quedó en 47 mil 192 personas. Se presentaron 39 mil 367; es decir, 83.4 por ciento. Comparecencia del INEE En su comparecencia ante legisladores de la Segunda Comisión de la Permanente, los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) calificaron el proceso de evaluación que se llevó a cabo como un éxito y manifestaron su preocupación por el hecho de que no se haya realizado en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Al explicar a senadores y diputados sobre la decisión, que se dio en días pasados, de suspender la evaluación del servicio profesional docente aseguraron que el INEE no fue consultado al respecto y descartaron que una medida similar se vuelva a repetir.
En su exposición inicial, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INEE, dijo que no deben repetirse actos de autoridad como el ocurrido en días pasados –donde la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión del proceso de evaluación docente– ya que ponen en riesgo la legalidad y dañan la certeza de este mecanismo. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Comerciantes que exhibieron mantas a favor de candidatos ajenos al PRD denuncian persecución en la Delegación Gustavo A. Madero, pues ahora sus locales lucen sellos de clausura.
Después de la elección del 7 de junio, algunos negocios cuyos propietarios apoyaron con mantas a candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano amanecieron con sellos de la Delegación Gustavo A. Madero (GAM) en respuesta a la “traición” que efectuaron contra Víctor Hugo Lobo Román, el abanderado del PRD en esa demarcación. Los casos de clausura son interpretados como venganzas hacia pequeños comerciantes que abiertamente votaron en contra del grupo político que mantiene el poder en la segunda delegación más grande de la capital. Uno de los afectados es el propietario de un taller mecánico ubicado en la avenida José Loreto Fabela esquina con Pueblo de San Juan de Aragón, donde fue colocada una manta de apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano. Otro caso es el de un pequeño comerciante que por las noches vendía antojitos mexicanos y cuyo local operaba en la calle de Juan Francisco número 70, en San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero. “El pretexto es que no cumplen con ciertos requisitos de la Ley”, argumentan los afectados, quienes documentan estas acciones adjudicadas a la delegada en turno, Nora Arias, pareja sentimental de Víctor Hugo Lobo. En los sellos con color azul se lee la leyenda: “Clausurado, por infringir la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal”, escrito a mano por personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la GAM. El inmueble que aún ostenta la manta de apoyo a Movimiento Ciudadano exhibe al menos diez sellos de clausura azules colocados por autoridades de la GAM. Mientras que en el caso del taller mecánico son guinda con la leyenda “Suspensión de actividades”. La amenaza del Invea Una vez que pasó la euforia electoral, los pequeños comerciantes que negaron su voto al grupo político que impulsó la candidatura de Lobo temen sufrir las represalias a través de Nora Arias. Los comerciantes temen clausuras en cascada, a partir de que se enviaron diversas solicitudes al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para que se realicen verificaciones a establecimientos mercantiles. En medio de este ambiente hostil para quienes castigaron con su voto al PRD, Morena se resiste a dejar en manos del “lobo” los casi 3 mil 500 millones de presupuesto y el padrón cercano al millón de votantes que representa la delegación Gustavo A. Madero. Los morenistas ya impugnaron la elección, presentaron denuncias por rebase de topes de campaña y amagan con realizar protestas en la Ciudad de México hasta que el Tribunal Electoral del Distrito Federal dé paso al voto por voto, casilla por casilla. Las marchas que vienen… Ramón Jiménez López, el abanderado de Morena para jefe delegacional en Gustavo A. Madero, mantiene el argumento de que le arrebataron el triunfo. Y aunque ese parece ser un discurso muy trillado de los morenistas, “el profesor Ramón”, como le llaman sus simpatizantes, exhibe diversas razones para coincidir en su petición de que en Gustavo A. Madero las urnas deben abrirse. Édgar Torres Baltazar, uno de los dirigentes del Movimiento Alternativa Social (MAS) que apoyó a Morena con la estrategia de brigadistas promotores del voto, detalla las irregularidades a las que se siguen enfrentando quienes muestran simpatía por este partido. “Sospechamos que se está utilizando el C4 para amedrentar a nuestros brigadistas, pues apenas detectan algún movimiento de volanteo en las colonias, los policías o camionetas de la delegación Gustavo A. Madero inhiben a la gente”, acusa. Por la vía legal, el dirigente puntualiza que hay elementos suficientes para proceder con la apertura de paquetes y contar voto por voto las casillas de Gustavo A. Madero, en donde Víctor Hugo Lobo, quien ya fue delegado y heredó el poder a su pareja Nora Arias, fue declarado como el triunfador. De acuerdo con las cifras oficiales, en Gustavo A. Madero se registraron 27 mil votos nulos y la diferencia que hubo entre Víctor Hugo Lobo y Ramón Jiménez (de acuerdo con la cifra oficial) es menor a los 2 mil sufragios. “La Ley señala como causal de apertura de paquetes electorales que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o menor al uno por ciento de la votación y en este caso hubo una diferencia de mil 936 votos, lo que representa el 1.67 por ciento” Otra de las causales, explica Torres Baltazar, es que la anulación del voto sea superior a la diferencia entre los candidatos del primero y segundo lugar. “Hay actas que las solicitamos certificadas donde aparecen alterados los números, en relación con las actas que poseemos”, detalló. Desestabilizar en la GAM A dos semanas de la elección, Ramón Jiménez, el abanderado de Morena que reclama su triunfo ante el IEDF y el Tribunal Electoral, ha denunciado que el grupo de Víctor Hugo Lobo, que se hacen llamar “Lobos”, está causando desestabilidad en la delegación Gustavo A. Madero. Este grupo, conocido por acompañar a Lobo a mítines y todo tipo de reuniones políticas, ha impedido eventos de la oposición y de candidatos electos que buscan agradecer el voto a la ciudadanía. Jiménez López, quien encabeza la convocatoria a la movilización de Morena en diferentes delegaciones del Distrito Federal, fundamentalmente en el Zócalo, no pasa por alto los 27 mil votos nulos de Gustavo A. Madero en rechazo a la continuidad de Lobo y su grupo político. Y es que aunque Víctor Hugo Lobo ya recibió su constancia de mayoría que lo acredita como el ganador de la pasada contienda en Gustavo A. Madero, el escaso margen de votos entre él y Ramón Jiménez lo mantiene nervioso.
En miras de que el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) resuelve si se abren las urnas para un nuevo conteo, la guerra entre Morena y el PRD continúa. Los de Morena caminaron ayer 12 horas en el Zócalo para llamar la atención de los ciudadanos.
Buscan que todos sepan que se cometió un fraude. Exigen la renuncia de Héctor Serrano, el operador de dicho fraude, acusan. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
MÉXICO, D.F: Con la protección de policías del Estado de México, trabajadores de la empresa Autopistas de Vanguardia (Autovan), propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor predilecto de Enrique Peña Nieto, reiniciaron los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, pese a que el Tribunal Agrario decidió amparar a los comuneros para desechar ese proyecto. Desde el jueves 18 a la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla llegaron los trabajadores de la empresa Autovan de Hinojosa Cantú y, acompañados por policías ministeriales, reiniciaron las obras de excavación. La autopista que pretende conectar el área de mayor plusvalía del Estado de México ubicada en el municipio de Huixquilucan, con el Distrito Federal, fue autorizada por Peña Nieto en 2007 concesionándola a su amigo Hinojosa Cantú, quien para ello creó la empresa Autovan. Hinojosa Cantú ganó en abril de 2007 la concesión de la autopista, pero la obra no arrancó por falta de dinero fresco y por diferencias con los propietarios originarios de los terrenos de San Francisco Xochicuautla, una de las cinco regiones indígenas por donde pasará la vía. A escasos dos meses de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, el 23 de febrero de 2013, logró conseguir para su amigo un crédito de 2 mil 775 millones de pesos, recursos necesarios para arrancar los trabajos y que para ese tiempo llevaban casi cinco años de retraso. Del crédito que el gobierno peñanietista autorizó a Hinojosa Cantú salió el dinero para cubrir el costo del derecho de vía y 13 millones de pesos que Hinojosa Cantú entregó a 320 comuneros de Xochicuautla a cambio de que avalaran en asamblea comunitaria la entrega de sus terrenos. Los afectados iniciaron la defensa de su tierra y, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito “anuló” la asamblea general de comuneros de San Francisco Xochicuautla, razón por la que Armando Hinojosa Cantú debió suspender la obra. A pesar de ello, el 8 de octubre pasado el constructor obvió la resolución judicial en materia agraria y echó a andar la maquinaria de una de sus empresas y ganadora de la licitación, Autovan; lo anterior llevó a que el 3 de noviembre se enfrentaran comuneros y empleados de la empresa, respaldados estos últimos por 600 policías mexiquenses. Luego de frenarse el proyecto, narró Lucas Miguel Hernández, comunero de Xochicuatla y quien encabeza a los productores que rechazan entregar sus tierras, la gente de Hinojosa Cantú empezó nuevamente a comprar a los comuneros. De los 121 que rechazaban el proyecto, hoy quedan menos de cien. El nuevo, presidente de Bienes Comunales, Ángel Valdez, ha convencido a varios que estaban en la resistencia pagándoles 120 pesos por metro cuadrado, denuncia Lucas Miguel, “aunque sus cheques no tienen fondos pero eso ha bastado para dividirnos”. Desarticulada parte de la resistencia, Hinojosa Cantú decidió regresar con maquinaria y el respaldo de la policía mexiquense violentando la resolución judicial. “Nuevamente el día de hoy, 18 de junio de 2015, ha sido sitiada la comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla por trabajadores de la empresa Autovan SA de CV, custodiados de policías estatales, entre ellos personal del gobierno del estado y Policía Ministerial; Xochicuautla se encuentra inconforme y responsabiliza de los actos de hostigamiento al gobierno, ya que en ningún momento la comunidad otorgó permiso para que dicha empresa pudiera realizar los trabajos en nuestro territorio”, se señala en un comunicado emitido por los comuneros el jueves anterior. “Denunciamos los convenios que las autoridades de Bienes Comunales están realizando bajo la manga por millones de pesos que sólo tiene un beneficio personal para estas personas y que en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de población en general de Xochicuautla, mucho menos a las personas que se oponen a este proyecto, quienes sólo han recibido amenazas, hostigamiento, represión. “Responsabilizamos también al presidente municipal de Lerma, Erick Sevilla, por los actos ilegales que se cometen en contra de nuestra población indígena y nuestro bosque sagrado otomí, ya que este señor promueve y presume a nuestro municipio y sus pueblos como ‘pueblos con encanto y vocación turística’, lo cual repudiamos, pues ha llamado indios a los defensores del bosque y del agua, además de eso promueve y autoriza la destrucción de nuestros recursos naturales”, se lee en el comunicado. Los comuneros de Xochicuautla aún analizan convocar a otros pueblos para que los apoyen en su resistencia; por lo pronto, la maquinaria de Autovan ya ha destruido cuando menos dos kilómetros de bosque otomí, y en su acompañamiento están al día de hoy poco más de 50 granaderos que protegen a los trabajadores de la obra. Historia de la autopista En el segundo año al frente del gobierno mexiquense, Peña Nieto emitió la licitación para construir la autopista de 39 kilómetros, de los que 30 forman parte de un bosque y un santuario del agua en la zona otomí. Incluso, este último es considerado por el propio Hinojosa Cantú como “zona con gran capacidad de infiltración y representa tal vez el potencial con mayor riqueza de agua subterránea en la entidad”. En abril de 2007, Autovan “ganó” la concesión para construir la autopista Toluca-Naucalpan y operarla por 30 años, obteniendo como ganancia el cobro de peaje, pues se trata de una vía privada. Otro documento denominado “Asuntos prioritarios del sector comunicaciones del Estado de México”, con fecha del 10 de julio de 2007, establece que la obra sería de 34 kilómetros y tendría un costo de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, hoy se tienen programados 39 kilómetros. Y para arrancar el proyecto el gobierno ya entregó casi 3 mil millones de pesos a Hinojosa. Peor aún, de las cláusulas de la concesión estatal de 2007 y el crédito gubernamental federal se desprende un toma y daca de recursos. En septiembre de 2007, Hinojosa Cantú –dueño de HIGA, Eolo, Constructora Teya, Publicidad y Artículos Creativos, Mezclas Asfálticas de Calidad, Señales y Mantenimiento, consorcio IGSA Medica del Perú y ahora Ingeniería Inmobiliaria del Centro, firma esta última que es la que adquirió el terreno y vendió la casa a Angélica Rivera– recibió el título de concesión para “la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento” de la autopista. El documento establece que el concesionario deberá crear otra empresa, de ahí que el empresario consentido del régimen constituyera Autovan, así como un fideicomiso mediante el cual se indemnizará y comprará a comuneros propietarios de las hectáreas afectadas. A cambio, según el título, Hinojosa debió financiar algunas obras del entonces gobernador Peña Nieto. Se trata de 65 millones para la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio; 90 millones para la construcción de la conexión bulevar Aeropuerto, y 20 millones más para la construcción el ramal Huixquilucan. Un total de 175 millones de pesos frescos para subsidiar las obras de Peña Nieto en sus tiempos de gobernador mexiquense. El retraso en las obras, debido principalmente a conflictos con los comuneros de Xochicuatla y de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, Peña Nieto lo pudo revertir una vez que asumió la Presidencia de la República. Por decisión presidencial de Peña Nieto, pero que ejecutó su primo segundo Alfredo del Mazo, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banorte), y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), autorizaron “al empresario conocido” de Angélica Rivera unos 2 mil 775 millones de pesos “para el desarrollo de la nueva autopista Toluca-Naucalpan”. De acuerdo con el boletín de Banobras emitido el 23 febrero de 2013, se hace el préstamo “con el objetivo de mejorar la vialidad entre la zona norponiente del Valle de México con el Valle de Toluca, y Banorte junto con Fonadin autorizaron recursos por un total de 2 mil 775 millones de pesos”. Previamente, se añade en el comunicado, Fonadin otorgó a este proyecto una garantía de crédito para la liberación de derechos de vía. De los 2 mil 775 millones de pesos que entregó el gobierno federal a Hinojosa Cantú para la autopista, un día antes de que se diera a conocer públicamente ese recurso, el constructor y amigo de la pareja presidencial puso a trabajar parte de ese dinero, unos 600 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo hizo a través de la empresa llamada Infraestructura Institucional S de RL de CV. Así, la BMV reportó el 22 de febrero de 2013 como “eventos relevantes” la “inversión en deuda ‘Mezzanine’ en Autopistas de Vanguardia SA de CV –600,000,000.00–, adjudicada la concesión para la construcción, explotación, operación, administración, conservación y mantenimiento de la autopista que conectará al municipio de Toluca con el de Naucalpan”. Según el título de concesión, la empresa Autovan crearía un fideicomiso para el pago de tierras, sin embargo, fue el mexiquense Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) el que conformó el fideicomiso, por lo tanto, el que pagó a 320 productores de San Francisco Xochicuautla los bienes comunales. De acuerdo con el “convenio de ocupación previa” pactado entre el SAASCAEM y 301 productores, firmado el 16 de noviembre de 2011, éstos aceptaban el proyecto de la autopista, según la asamblea general de comuneros del 14 de agosto del mismo año. A cambio de esta aceptación avalada en la supuesta asamblea, los comuneros daban su visto bueno a la expropiación por causa de “utilidad pública” sobre 235 mil 736.42 metros cuadrados “de tierras de uso común”. Es decir, el gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto pagaría a los afectados un total de 55 millones 538 mil 758 pesos con 16 centavos, según se destaca en el convenio en poder de Proceso. Los afectados aceptan que ese dinero es como “pago de indemnización… mediante cheque y en una sola exhibición con cargo al fideicomiso constituido para tal finalidad en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de dicho convenio”. Los comuneros se obligan por su parte a “no impedir ni entorpecer las actividades y trabajos”. El convenio resalta que el gobierno estatal pagaría a los productores un total de 55 millones de pesos y que sería en una sola exhibición; sin embargo, dos años después, el 12 de julio de 2013, los comuneros recibieron, no del estatal, sino del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal Fondos Comunes (Fifonafe), 40 mil 410 pesos, según cheques en poder de Proceso. El repudio Desde el día en que se lanzó el concurso de licitación SCEM-CCA-01-06 para construir y operar la autopista Toluca-Naucalpan (en 2006), habitantes de Xochicuatla, principal grupo comunal de los siete que resultarán afectados con la autopista, empezaron movilizaciones en repudio del proyecto. José Luis Fernández Flores, Antonio Reyes Valdés y Lucas Miguel Hernández Josefa, comuneros de Xochicuautla, explicaron que en 2006 se lanzó la licitación; en abril de 2007 se informa que la ganó Armando Hinojosa Cantú, y en septiembre del mismo año se firma el título de concesión. Luego, en el 29 de octubre de 2007, el gobierno promueve que un grupo de habitante pida el reconocimiento de “comuneros de la comunidad”. De las 40 mil personas que viven en la zona por la que pasará la autopista, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 9 reconoció con carácter de comuneros a 882, a los que divide en 441 de San Francisco Xochicuautla, y 441 del Barrio La concepción. José Luis Fernández, originario de Xochicuautla, señaló que el gobierno estatal de Peña Nieto dividió con dinero a los 441 comuneros de Xochicuautla, los mismos que en octubre de 2007 pidieron el reconocimiento ante el Tribunal Agrario y quienes el 14 de agosto de 2011 resolvieron estar a favor de la autopista. “De los 441 que nos reconocieron, 320 votaron a favor y 121 lo hicimos en contra, por ello impugnamos la asamblea por tener irregularidades, eso provocó que la obra se detuviera; más tarde, el 15 de mayo de 2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito anuló la asamblea del 14 de agosto de 2011”, recordó Fernández. Con documento en mano, del que Proceso tiene copia, exhibe como se anula el “Convenio de ocupación previa” que algunos comuneros firmaron el 14 de agosto de 2011 con el gobierno mexiquense y por lo tanto la indemnización de poco más de 55 millones de pesos. José Luis Fernández, quien acusa al gobierno estatal peñanietista de haber comprado a algunos comuneros y dividirlos, mostró el cheque por 40 mil 410 pesos que el Fifonafe entregó el 12 de julio de 2013 “para votar a favor en aquella asamblea” y con lo cual les compraron sus terrenos. El documento que ampara el cheque mencionado va acompañado de un pagaré donde se establece que se recibió el recurso, “y en consecuencia otorgo a favor del Fifonafe el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del pago a que se refiere el presente recibo, por lo que expresamente no me reservo derecho de acción alguna que pudiera reclamar “. Pero hoy, advirtió Fernández, ese convenio y los pagos se tienen que echar para atrás, así como las obras de Hinojosa y Autovan, “porque ya ganamos el amparo en la última instancia y anuló dicha asamblea”.
Pese a ello, la maquinaria de Autovan sigue en los terrenos de Xochicuatla y ya cuenta con 30% de avance de la obra. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES (REPORTAJE ESPECIAL).
MÉXICO, D.F: De las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército en Tlatlaya hace un año, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando “maniobras instintivas de defensa” y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares, publica hoy el diario La Jornada. Apoyado en peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR), el periódico destaca que las armas de tres de los fallecidos dentro de una bodega en ese municipio mexiquense, estaban descargadas. De acuerdo con dichos peritajes, en ese enfrentamiento, los militares realizaron al menos 160 disparos y los supuestos delincuentes 12. Además, los militares impactaron 60 de esos disparos en la zona toráxica de las víctimas. En los documentos oficiales a que tuvo acceso La Jornada se menciona también que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y que casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres. Dichos peritajes determinaron también que los militares utilizaron en esa ocasión un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen. La Jornada informa a sus lectores que los peritajes sobre la matanza en Tlatlaya los obtuvo mediante una solicitud de información pública. El 17 de septiembre de 2014, Proceso, de manera simultánea con la revista Esquire, publicó un reportaje del periodista Pablo Ferri Tórtola en el que se da cuenta de las declaraciones de una de las tres sobrevivientes de la balacera ocurrida el 30 de junio en Tlatlaya. La testigo ofreció una versión muy distinta a la difundida por el Ejército y la Procuraduría General de la Republica, en el sentido de que los militares abatieron a esas personas en “legítima defensa”. Según la mujer, 21 de esos individuos fueron fusilados aun cuando ya se habían rendido. Y el 25 de ese mismo mes, el portal del semanario Proceso informó que un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, fueron presentados al Juzgado Sexto Militar, de los cuales ocho fueron ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense. El reporte del periodista Arturo Rodríguez García detalla que horas después de la información adelantada por el portal proceso.com.mx, la Sedena emitió un comunicado en el que confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición, sin precisar su graduación, adscripción ni arma.
Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia, e infracciones a deberes militares en el caso del teniente. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
